Sociedad y poder

La Crónica, febrero 13 de 2005

La mitad de los senadores presentes en la sesión del jueves por la tarde se negó a respaldar la iniciativa que hubiera permitido la reelección de los miembros del Congreso. La otra mitad apoyó esa posibilidad.

   A la mitad que discrepó con esa propuesta les han llovido descalificaciones no siempre escrupulosas. En cambio los legisladores que respaldaron esa propuesta están siendo considerados como impulsores de la democracia y el cambio político.

   Los votos de los 51 senadores que simpatizaron con esa iniciativa no fueron suficientes porque, tratándose de una reforma constitucional, se requería el respaldo de dos terceras partes de los legisladores de esa Cámara. En contra estuvieron 50 senadores y hubo una abstención.

   Partido en dos en ese tema, el Senado fue representativo de las adhesiones, dudas y francas discrepancias que suscita la posibilidad de que los legisladores sean reelectos. La Constitución Política permite que quienes han sido diputados federales o senadores vuelvan a desempeñar esa responsabilidad pero no el periodo inmediato.

Dos concepciones

   Las resistencias a la reelección forman parte de la historia, pero también de los equilibrios del sistema político mexicano. Es imposible olvidar la intensa convicción con la que, durante y después de la revolución de hace casi un siglo, se extendió el rechazo a la reelección. Hermanarla con la efectividad del sufragio ha sido uno de los apotegmas de la vida política nacional que comparten muchos mexicanos, más allá de las adhesiones partidarias que puedan tener.

   Otros, consideran que la imposibilidad para que se reelijan de manera inmediata constituye un obstáculo a la solidificación del Congreso como auténtico contrapeso al Poder Ejecutivo y al desarrollo de una verdadera carrera parlamentaria.

   Ambas posiciones se expresaron el jueves 10 de febrero, en uno de los debates más maduros que se han escuchado recientemente en el Congreso mexicano.

   Buena parte de los comentarios que se han dicho y publicado en los días recientes no toman en cuenta los argumentos expresados aquel día en el Senado. Se ha extendido la impresión de que la reelección inmediata de los legisladores es requisito indispensable en el avance democrático del país. Y al considerar que se trata de una posición  políticamente correcta –con su correspondiente contraparte– se tiende a soslayar los puntos de vista razonados que también se expresan  contra la reelección inmediata.

   La que se discutió y finalmente resultó aplazada el jueves, es una iniciativa de varios senadores para reformar los artículos 59 y 116 de la Constitución. Con ese cambio el primero de tales artículos hubiera establecido: “Los Senadores podrán ser electos de manera inmediata hasta por un periodo adicional. Los diputados podrán ser reelectos hasta en tres períodos consecutivos”.

   Actualmente el 59 Constitucional indica que “los senadores y diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el periodo inmediato”.

Sauri: moda e ilusiones

   El debate en Xicoténcatl comenzó con una ordenada intervención de la senadora priista Dulce María Sauri quien consideró que la reelección puede ser una necesidad pero, también, se ha convertido en una moda. Esa legisladora expresó seis objeciones a otras tantas “ilusiones”, como las consideró, que suelen apuntalar la reelección inmediata de senadores. Es pertinente detenernos en ellas porque sintetizan con claridad las objeciones a esa iniciativa.

   Sauri rechazó el argumento de quienes sostienen que la reelección les ofrece a los ciudadanos un mecanismo para sancionar a los legisladores. Al contrario, dijo, a quienes puede servir la permanencia de senadores o diputados es a grupos cuyos intereses coincidan con esos legisladores: “Se asume que al existir un Poder Legislativo con reelección continua, los legisladores responderán únicamente a los intereses de sus electores, pues sólo estos tendrán la posibilidad de ratificarlos con su voto. Poco se ha debatido sobre el riesgo que representan los poderosos e influyentes grupos de poder y de interés, con importantes recursos económicos para asegurar la reelección de los legisladores que le son afines y eliminar a los que le son incómodos. Intentarían y eventualmente lograrían cortar a grupos de legisladores para representar y proteger sus intereses, muy probablemente en demérito de los intereses colectivos de amplios grupos sociales”.

   Al buscar su reelección, se dice también, los senadores o diputados tratarán de acercarse a los votantes. Pero ese es un recurso de doble filo. Pretender la reelección inmediata podría llevar a los legisladores a tratar de congraciarse, más allá de principios o proyectos, con los ciudadanos: “Se presume que al existir reelección continua los legisladores establecerán relaciones políticas cercanas a sus electores y lejos de los intereses de los partidos políticos, ‘partidocracias clientelares’, se les llama. Es factible suponer que los mecanismos de negociación política y los canales de expresión de las demandas de las organizaciones populares, obreras, campesinas se trasladarían al Congreso de la Unión y se reflejarían en su relaciones con la administración pública. Podríamos ver nacer una nueva categoría política, el denominado ‘clientelismo legislativo’ ”.

Carrera parlamentaria

   Otro motivo frecuentemente esgrimido a favor de la reelección es la posibilidad de que haya una carrera parlamentaria. Suele sostenerse, explicó Sauri, “que los legisladores no tienen conocimiento de los temas que manejan, porque no tienen tiempo de aprender. Ese estereotipo ha sido cultivado por el Ejecutivo Federal para erosionar la imagen del Congreso ante la sociedad”.

   Y abundó la senadora: “Sin dejar a un lado la necesidad de fortalecer la profesionalización, vale la pena detenerse a pensar si esta justa demanda de la sociedad se resolvería por la permanencia de individuos en sus cargos o si tiene que ver, principalmente, con el diseño y operación institucional del propio Poder Legislativo”.

   En cuarto lugar la senadora recordó que la iniciativa que estaba a discusión proponía únicamente la reelección de los miembros del Congreso de la Unión. “Los defensores de la reelección inmediata aseguran que esta sólo se plantea para los legisladores federales, incluso el dictamen lo establece con claridad y deja libre la situación de definición en las constituciones de los estados a los congresos de las entidades federativas. De ninguna manera evolucionaría hacia una reelección presidencial”.

¿Y el Presidente?

   Algunos de los argumentos por la reelección senatorial y de diputados federales podrían tomarse en cuenta para proponerla, además, en otros poderes. Sauri lo explicó así: “No podemos dejar de considerar que en el mediano plazo muy probablemente surgiría el tema de la reelección del Ejecutivo. Ya se ha planteado la demanda de reelección continua de presidentes municipales, después puede presentarse como una necesidad la reelección del Presidente de la República con argumentos quizá muy semejantes a los que ahora se presentan: Rendición de cuentas, decisión de los electores, premio a la eficacia de sugestión, entre otros. La reelección continua de legisladores abre paso en forma por demás natural a la reelección presidencial, tal como ha sucedido en los últimos años en Perú, Argentina, Brasil, Colombia por sólo mencionar algunos ejemplos de América Latina”.

   Allí se encuentra uno de los tabúes que ni siquiera los promotores de la iniciativa recién discutida han enfrentado. El peso de la anti reelección sigue siendo tal que la sola posibilidad de extenderla a la Presidencia de la República intimida a la mayoría de quienes consideran que sería pertinente en el Congreso.

Ser o no distintos

   Otro argumento cuestionado por esa senadora sugiere que la reelección facilitaría la construcción de acuerdos entre el Congreso y el Ejecutivo. Sin embargo al tratar con legisladores que podrían permanecer en sus cargos el siguiente sexenio o trienio, mientras que él únicamente puede completar una gestión, habría un factor adicional de disparidad entre ambos poderes.

   En sexto lugar Sauri se ocupó de quienes sostienen que la reelección legislativa es necesaria para no ser, en ese aspecto, distintos a otros países. “Se ha subrayado que solamente México y Costa Rica prohíben la reelección continua de legisladores. Curiosamente son, asimismo, los dos países de mayor estabilidad política en América Latina y el Caribe en la segunda mitad del siglo XX. Ser diferentes en cuanto al sistema electoral mixto desde 1962, cuando se creó la figura de diputados de partido, también nos ha distinguido. Lo importante es cambiar porque ese cambio le sirve a la sociedad mexicana, no solo por dejar de ser distintos”.

Reforma integral

   La pregunta que los legisladores tendrían que hacerse, enfatizó Sauri, es si la reelección continua sirve “para que el gobierno esté a la altura de las expectativas de la gente o es tan solo un distractor y paliativo para no enfrentar los graves problemas que padecemos”.

   Lo importante, sugirió, es pensar en el diseño constitucional que requiere el sistema político mexicano. En ese plano la senadora fue más audaz que la iniciativa a la cual se oponía: “Existe un consenso en la necesidad de transitar de un sistema presidencial fuertemente centralizado en la figura del Presidente de la República, hacia un régimen semi presidencial en que el Poder Legislativo tenga corresponsabilidad en la ejecución de sus decisiones, a través de la obligación de formar gobiernos en función de la integración de una mayoría”.

   Esa es, ciertamente, una idea que ha circulado con insistencia. Pero no hay elementos para considerar que haya “consenso” en torno a ella. La posibilidad de que tengamos un régimen se mipresidencial, con contrapesos que ahora no existen delante del Poder Ejecutivo, ha sido atractiva. Pero no se puede decir que esa, igual que en el tema de la reelección legislativa, sea una discusión concluida.

   En todo caso la senadora Sauri no acompañó su adhesión a la semi parlamentarización del régimen mexicano con una propuesta. Pero sí consideró que “en un nuevo régimen político constitucional de estas características, la reelección continua tendría un propósito y una perspectiva diferentes”.

Amplio debate

   Trece senadores más subieron a la tribuna para discutir la reelección en el Congreso. César Jáuregui Robles del PAN, Demetrio Sodi del PRD y Genaro Borrego del PRI la apoyaron.

   Para Sodi, en contraposición con una de las opiniones de la senadora priista, la reelección les daría a los legisladores ventajas sobre los poderes económicos porque ya los conocerían los ciudadanos y no requerirían apoyos externos. Sin embargo, por muy famosos que sean, al tratar de permanecer en el escaño o la curul esos legisladores tendrían que hacer campañas que, en circunstancias como las actuales, son muy costosas.

   “La reelección –dijo Sodi– da autonomía de cualquier interés económico, porque tenemos la seguridad de una carrera legislativa. Y no lo que pasa ahora que todos los legisladores estamos preocupados (pensando) y después del 2006 qué”.

   Borrego anunció que disentiría de la mayor parte de los senadores priistas y que respaldaba la reelección porque en el país ya no existen las condiciones que la hicieron necesaria en los años treinta, cuando teníamos otro sistema político. “Ese sistema basado en la centralización del poder, en la figura del Presidente de la República ya no existe y ya no existirá. Es menester, por tanto, en coherencia con el espíritu original de los principios de la República –no los principios de ningún partido– redistribuir el poder en los espacios institucionales y ciudadanos que les corresponde”.

Razones y retórica

   Los priistas Humberto Roque Villanueva, Silvia Hernández, Óscar Cantón Zetina y David Jiménez González cuestionaron la reelección.    El primero de ellos se lució citando al filósofo político Edmund Burke y al sociólogo Karl Deutsch, así como al ex presidente estadounidense Woodrow Wilson y al politólogo Samuel Huntington. Consideró que más que profesionalismo y rendición de cuentas, lo que consigue la reelección “es una vinculación extraordinaria con los intereses económicos locales”. Y más que pensar en ella como mecanismo de rendición de cuentas, dijo ese legislador, sería preciso plantearse la revocación del mandato constitucional.

   La senadora Hernández advirtió el riesgo de que, con esa reforma constitucional, en los congresos locales proliferasen regímenes distintos para permitir, o impedir, la permanencia inmediata de los legisladores.

   Cantón Zetina se apartó de la discusión conceptual y ofreció una arenga política para considerar que la reelección legislativa “abriría la puerta para modificar la Constitución vigente, y desaparecer, totalmente, el Estado social; se busca lograr por la vía legislativa, lo que no se ha podido hacer por la vía de la alternancia en el Ejecutivo”. No explicó por qué la reelección le sirve a las derechas pero su alocución indicó la malquerencia que la reelección había suscitado en el priismo intolerante y duro que sigue habiendo en el Congreso. A diferencia de otros senadores de ese partido, a la intervención de Cantón Zetina le faltaron argumentos y le sobraron adjetivos.

   Jiménez González advirtió que, con la reelección inmediata, se fortalecerían cotos de poder en el Congreso y se evitaría la movilidad política al cerrarles el paso a quienes no han tenido la oportunidad de ser legisladores.

Cambio aislado, limitado

   También se expresó contra la reelección Raúl Ojeda Zubieta, senador por el PRD. Descalificó la creencia de que así habría profesionalización de los legisladores. Quienes llegan a las cámaras ya tienen conocimientos y experiencia políticos y además hay asesores que los respaldan.

   Lo que sería necesario, consideró Ojeda, es impulsar cambios más ambiciosos: “la verdadera reforma de fondo del sistema político mexicano, un paquete integral que abarque desde reforma electoral (hasta la) reforma de la Ley de Radio; que la ciudadanía vea que no sólo logramos acuerdos cuando el beneficio es nuestro”. Si la reelección se aprobara, anticipó Ojeda, los ciudadanos considerarían que los senadores solamente aprueban reformas para su conveniencia. Más tarde el senador Javier Corral, del PAN, recordó que la iniciativa establecía, en un artículo transitorio, que la reelección podría beneficiar a los miembros de la Legislatura que la aprobase.

   En respaldo de la propuesta hablaron la senadora Sara Castellanos del Partido Verde y los panistas Jorge Zermeño y Javier Corral. Los ciudadanos deben tener la capacidad de decidir, en las urnas, si sus representantes permanecen o no en el Congreso, dijo Zermeño. Corral, por su parte, exhortó para que al votar los senadores tomasen en cuenta el futuro y no solamente la situación circunstancial de nuestro sistema político.

   La mayoría de los legisladores panistas respaldó la reforma. Pero Luisa María Calderón Hinojosa votó por la abstención porque, a su juicio, la profesionalización y el fortalecimiento del Congreso no se lograrían con una “reforma aislada”. Lo que haría falta son reformas para que los legisladores rindan cuentas efectivas a sus electores. “¿Quién nos dice que en vez de lograr la profesionalización no estaremos incentivando las tareas de gestoría, que se alejan de la verdadera responsabilidad del legislador, y que son mucho más redituables, electoralmente hablando?” insistió esa senadora por Acción Nacional.

   Devuelta a comisiones, la iniciativa sobre la reelección inmediata de los legisladores tendrá que aguardar a otro momento. Promotores e impugnadores de esa propuesta ofrecieron ideas. De ambas partes hay razones atendibles. Quizá lo pertinente sea ubicar esa medida dentro de una colección más ambiciosa de reforma institucional para el sistema político mexicano.

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La Crónica, junio 12 de 2005

Ahora que el Poder Judicial lo ha declarado inocente del asesinato por el que estuvo más de 10 años en prisión, Raúl Salinas de Gortari tiene que seguir atendiendo asuntos legales debido a las denuncias de enriquecimiento ilícito que se le han formulado desde hace tiempo. Las cuantiosas sumas de dinero y la ostentación de influencia personal y política que hacía durante el gobierno de su hermano Carlos le ganaron a ese personaje la animadversión –en muchas ocasiones extralógica pero también a partir de elementos reales– de importantes sectores en la sociedad mexicana.

   Pero Raúl Salinas, como ahora tanto se dice, no fue encarcelado por ese enriquecimiento sino porque lo acusaron de haber asesinado a su ex cuñado, el ex gobernador de Guerrero y secretario general del PRI José Francisco Ruiz Massieu. El tribunal que examinó el abultadísimo expediente determinó que no había sustento para tales imputaciones de asesinato.

   Diez años con casi cuatro meses habrá estado Raúl Salinas en la cárcel desde que fue aprehendido el último día de febrero de 1995. Ese fue el tiempo que se llevaron la indagación de la PGR y la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, su evaluación en sucesivos juzgados, las apelaciones de la defensa y el análisis de todo el expediente hasta la decisión final.

Galimatías judiciales

   Diez años y medio, prácticamente. En ese lapso Raúl Salinas de Gortari estuvo varios años sometido a formas de vigilancia que atentan contra los derechos humanos en la cárcel más rigurosa del país. Luego lo llevaron a otro penal en donde también padecía un régimen penitenciario de excepción porque no le permitían tener las prerrogativas que disfrutaban otros internos.

   Ahora que se ha reconocido su inocencia, no sólo Raúl Salinas tiene asuntos pendientes que debe resolver y aclarar. El encarcelamiento injusto y la difamación de la que fue víctima nadie los va a reparar. Al menos, el caso de Raúl Salinas de Gortari tendría que ser motivo de obligatoria reflexión para el sistema judicial mexicano en todos sus niveles y, también, para la sociedad entera.

   Precisamente en estos días la Suprema Corte de Justicia estableció un convenio para que sus sesiones sean televisadas. Qué bueno. Los asuntos que se discuten en ese organismo resultan, con creciente frecuencia, de tanta importancia nacional que algún interés despertarán sus deliberaciones.

   Pero la transparencia que con esas transmisiones se pretende, alcanzará sólo a la cúpula del sistema judicial. Los motivos y, cuando las hay, las razones de quienes imparten justicia en otros niveles del complejo aparato de justicia que tenemos en este país no suelen ser conocidos, y menos comprendidos, por los ciudadanos. Inclusive cuando los expedientes judiciales alcanzan notoriedad mediática pocas veces se les atiende –y se les entiende– con el esmero que sería necesario.

Irregular investigación

   El del ingeniero Raúl Salinas de Gortari ha sido, desde hace 10 años, un caso seguido con atención mediática y social debido a la notoriedad del acusado y, desde luego, de la víctima cuyo homicidio se le imputó. Pero en la apreciación que predominó acerca de ese caso, pesaron más las consideraciones subjetivas que el examen de las evidencias aportadas por el Ministerio Público.

   La indagación a cargo de la PGR estuvo saturada de tantas irregularidades que, por encima de evidencias, los medios propalaron acerca de ella los rasgos excéntricos y vulgares que muy pronto la definieron. La inhumación clandestina de una osamenta para pretender que era la del desaparecido diputado Manuel Muñoz Rocha y el pago de medio millón de dólares a Fernando Rodríguez, el único testigo que involucró a Raúl Salinas en la conspiración para asesinar a José Francisco Ruiz Massieu, formaron parte de esa campaña vergonzosa y circense que no buscaba hacer justicia sino, al contrario, impedir su cabal aplicación.

   Cuando no tenía evidencias con frecuencia la Procuraduría General, sobre todo entre 1995 y 1997, las inventaba. Y cuando no contaba siquiera con documentos que parecieran respaldar sus imputaciones, esa dependencia del gobierno federal propalaba filtraciones entre periodistas.

   Ahora se confirma que esas presuntas evidencias nunca fueron suficientes para fincar una acusación sólida contra Raúl Salinas de Gortari. Sin embargo varios jueces las consideraron satisfactorias y expidieron o ratificaron la sentencia.

   Ese desaguisado se ha resuelto, nomás con 10 años de tardanza, gracias a la resolución que tomó el jueves pasado por la noche en Tribunal Colegiado en Toluca. Pero más allá del asunto estrictamente legal, también en amplios segmentos de la sociedad y en los medios de comunicación se juzgó como asesino, sin pruebas, al hermano del ex presidente Carlos Salinas.

Montajes de faramalla

   Aunque los montajes de la PGR en aquellos años fueron faramallescos y era imposible tomarlos como concluyentes, en los medios y el mundo político hubo quienes condenaron abiertamente a Raúl Salinas. En la sociedad mexicana prevalecía el convencimiento de que la contratación de una vidente, la osamenta en El Encanto y el soborno a Fernando Rodríguez eran signo de acusaciones falsas. Y sin embargo, en todos esos sectores se mantuvo un ánimo de linchamiento que condescendió con la reclusión de Raúl Salinas aunque se sabía que no había motivos sólidos para culparlo de la muerte de su ex cuñado.

   La contratación de La Paca y sus allegados tendría que haber sido motivo suficiente para que el Procurador y el subprocurador, Antonio Lozano Gracia y Pablo Chapa Bezanilla, fueran cesados. Mucho más, el soborno de medio millón de dólares para propiciar una declaración incriminadora contra Raúl Salinas. Pero ni en la clase política, ni en los medios, ni en la sociedad mexicana de esos nada lejanos años, se levantaron suficientes voces para exigir seriedad en la investigación sobre el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

   La crisis económica era realmente amenazadora, el país se encontraba estancado en muchos terrenos, los asesinatos políticos y la irrupción guerrillera de 1994 seguían enturbiando el panorama público… Era difícil mirar los acontecimientos con serenidad y abstraerse del clima de crispación que dominaba en aquellos años. Pero aún así no deja de llamar la atención la pasividad, lindante con la complicidad, que con escasas excepciones hubo en la sociedad mexicana –medios y comentaristas críticos incluidos– ante las acusaciones sin suficiente sustento que se enderezaban contra Raúl Salinas. En marzo de 1995 escribimos, recordando al macartismo estadounidense que tan puntualmente había bautizado cuatro décadas antes la escritora Lillian Hellman, que estábamos entrando a un Tiempo de canallas. Posiblemente no hemos logrado salir de esa ominosa etapa.

Mirar e incriminar

   Durante la década reciente, amplios sectores del entramado mediático y de la sociedad mexicana vieron solamente lo que querían ver en el encausamiento contra Raúl Salinas. El soborno para favorecer la declaración de un testigo fue dispensado, o soslayado, como si hubiera sido un asunto menor. Las extravagancias y tropelías del fiscal Pablo Chapa fueron asumidas como anécdotas.

   Llamativos, a esos episodios se les restó importancia como indicadores del timo al que se estaba conduciendo al sistema judicial. Pero a su vez, cobraron tanta relevancia pública que desplazaron la divulgación y discusión de otros rasgos en el juicio contra Raúl Salinas.

   A estas alturas casi nadie se acuerda, por ejemplo, de la manera como el juez Ricardo Ojeda Bohórquez tomó en cuenta, como evidencia contra Raúl Salinas, un segmento de tres segundos en donde, según dijo, se podía apreciar una mirada de complicidad con el entonces diputado Manuel Muñoz Rocha.

   Al referirse a esa supuesta evidencia el juez, que en enero de 1999 le impuso a Raúl Salinas una sentencia de 50 años de prisión, advertía que el registro de esa mirada “por sí solo no sería motivo para fincarle una responsabilidad penal, en el delito que se le imputa”. Pero junto con otros elementos, al juez le pareció que esa grabación “sirve de apoyo” a la acusación contra Salinas como autor intelectual del crimen.

Imaginaria complicidad

   El intercambio de miradas ocupa las reflexiones del juez Ojeda entre las páginas 3170 y 3180 de la sentencia que expidió contra Salinas. De ese asunto esta columna se ocupó los días 20 y 21 de mayo de 1999 y vale la pena recordarlo porque ejemplifica la ligereza del proceso cuyo desenlace ahora ha sido rectificado a favor de Raúl Salinas.

   En ese apartado de la sentencia, así como entre las páginas 55267 y 55296 del expediente con las actuaciones judiciales del caso, se analiza un video grabado por reporteros de Televisa el 28 de septiembre de 2004 en el Hospital Español poco después de que, herido de muerte, José Francisco Ruiz Massieu había sido llevado a ese nosocomio. Además de una entrevista con uno de los médicos que trató de impartirle los primeros auxilios en esa grabación se aprecian los gritos, el desconcierto y la expectación de docenas de amigos y familiares que estaban llegando al hospital.

   En el tumulto, de acuerdo con la narración que aparece en las actas judiciales, se alcanza a ver al entonces diputado Manuel Muñoz Rocha –a quien Fernando Rodríguez González señaló después como la persona que, por indicaciones de Raúl Salinas, le había encargado que contratase a un pistolero para que atentara contra Ruiz Massieu–.

   El video era aparentemente útil como prueba porque, en su declaración ministerial, Rodríguez González dijo que aun cuando él no se encontraba aquella tarde en el Hospital Español Muñoz Rocha, que sí estuvo, le aseguró que en algún momento Raúl Salinas de Gortari se le aproximó, le dio una palmada en el hombro y le dijo “bien”. Ese presunto gesto, a partir de una declaración de tercera mano, fue tomado por el Ministerio Público como señal de que Salinas y Muñoz Rocha estaban coaligados en el crimen.

   Lo que el video mostró fue que en ningún momento Muñoz Rocha y Salinas intercambiaron palabras ni palmada alguna porque estuvieron distantes uno del otro. Pero en vez de considerarlo como demostración de la falsedad del testimonio de Rodríguez González el juez Tercero de Distrito Penal encontró –o quiso encontrar– un indicio de complicidad entre aquellos personajes.

Evidencia en 3 segundos

   La grabación dura 11 minutos con 36 segundos. De ellos, las escenas que sugieren algún acercamiento entre Muñoz Rocha y Raúl Salinas, tienen una extensión de tres segundos. El análisis de ese pequeño segmento, realizado el 21 de febrero de 1997 en el juzgado de Almoloya, era tan subjetivo que cabía preguntarse si el resto de la sentencia estuvo afectada por otros sesgos de esa índole.

   Ante el video examinado cuadro por cuadro, el secretario del Juzgado identificó un momento en el que Muñoz Rocha dirige la mirada hacia los miembros de la familia Salinas que habían acudido al hospital. En una primera descripción dejó asentado que entre muchas otras personas se identificaba “hacia el fondo de la escena, mirando de frente a la cámara, Manuel Muñoz Rocha, sin que se aprecie hacia dónde dirige la mirada, porque la nariz del procesado [Raúl Salinas de Gortari] y el pelo de la señora Paulina impiden esa apreciación”.

   Uno de los agentes del Ministerio Público Federal pidió entonces que el secretario del Juzgado determinara a quién miraba Muñoz Rocha. La nueva descripción, indicó lo siguiente: “aparecen en escena seis personas, de espaldas a la cámara, dos de ellas inidentificables por sólo verse el cabello oscuro, uno de ellos alzando una cámara fotográfica, una tercera persona vestida de saco azul rey, que fue identificado como el señor Raúl Salinas Lozano, atrás de él quien fue identificada como la señora Paulina Castañón y a espaldas de ésta el ingeniero Raúl Salinas de Gortari, y al fondo el señor Manuel Muñoz Rocha, sin que se aprecie que entre éste y el señor Raúl Salinas haya diversas personas, y la mirada de aquél estaba dirigida hacia éste, apreciándosele a Manuel Muñoz Rocha únicamente el ojo izquierdo. Doy fe”.

   Ante una nueva petición para que fueran certificadas las escenas del siguiente segundo de ese video, el secretario del juzgado dejó establecido: “en la proyección aparecen las personas referidas… con la salvedad de que el inculpado Raúl Salinas de Gortari aparece volteando hacia el lado derecho, sin apreciarse hacia dónde dirige la mirada, por no observar sus ojos en la escena”.

Apreciar sin explicar

   A pesar de la vaguedad de esa descripción el Ministerio Público consideró que allí se probaba que Muñoz Rocha, en el video, “mira fijamente al inculpado”

   Sus defensores y el propio Raúl Salinas alegaron entonces que de una fracción tan pequeña del video no podía concluirse que Muñoz Rocha lo hubiera volteado a ver, específicamente, a él. Las escenas cuadro por cuadro de esos tres segundos no eran suficientemente claras para determinar que Muñoz Rocha miraba sólo a una persona. Además, como dijo el secretario del juzgado, solamente se apreciaba uno de los ojos del entonces diputado.

   Cuando el acusado solicitó que esa apreciación fuera revisada con una impresión ampliada de tales escenas, el juez acordó que tal petición no era procedente, “en virtud de que el Secretario tiene fe pública y sus apreciaciones audiovisuales no ameritan explicación”.

   El juez se empeña tanto en defender a Rodríguez González –que había recibido medio millón de dólares para ofrecer ese testimonio– que incluso le dispensa haber dicho, falsamente, que Raúl Salinas y Manuel Muñoz se habían saludado en el Hospital –lo cual, por otra parte, no hubiera tenido nada de extraño–. “No quiere decir que Fernando Rodríguez haya mentido, ya que a él se lo dijeron, aunque no lo vio” dice la sentencia del juez Ojeda.

   “Lo que sí es innegable –continúa ese fragmento de la extensa sentencia–  es que Fernando Rodríguez no mintió al decir que Manuel Muñoz Rocha se vio con el acusado imprevistamente, en el Hospital Español; sin embargo, al observar el videocasete en cámara lenta… se advierte que es evidente que Manuel Muñoz Rocha trataba de buscar la mirada del acusado y acercarse a él y que en un determinado momento se cruzaron las miradas y se nota en ellas un sentimiento de complicidad y disimulo, aun cuando no se observe ‘una palmada’ como refiere el acusado, ni se escucha que le haya dicho ‘bien’…”

   Aunque en la revisión de uno de los tres segundos pertinentes del video el secretario del Juzgado dejó asentado que si bien Muñoz Rocha veía de frente a la cámara no se apreciaba “hacia dónde dirige la mirada”, el juez decidió considerar que resultaba “evidente” que el entonces diputado priista buscaba la mirada de Raúl Salinas.

   Y aunque en la siguiente escena, según la misma descripción a partir del video exhibido en la audiencia judicial, de Muñoz Rocha se veía “únicamente el ojo izquierdo” y al tercer segundo la mirada de Raúl Salinas no se apreciaba, “por no observar sus ojos en la escena”, el juez Ojeda decidió que, aquella mañana trágica en el Hospital Español, Muñoz Rocha “trataba de buscar la mirada del acusado”.

   Con ese fragmentario registro, el juez que condenó a Raúl Salinas dictaminó: “de la simple observación del video en forma pausada (o cámara lenta) se puede advertir la complicidad y acuerdo que existía entre el acusado y el desaparecido diputado Manuel Muñoz Rocha a través de sus miradas”.

Tribunal mediático

   Desde luego esa fue solamente una, entre otras, de las evidencias que Ojeda Bohórquez utilizó para condenar a Raúl Salinas. Es una sola pero ejemplifica el enorme descuido y, quizá, la prejuiciada malquerencia con que se desarrolló el proceso que tuvo a Raúl Salinas en prisión durante más de 10 años hasta que, el jueves, el Tribunal Colegiado le otorgó el amparo contra esa sentencia.

   El universo de las actuaciones y decisiones judiciales suele ser hermético al escrutinio de una sociedad que, por lo demás, no se detiene a examinar con detalle documentos tan farragosos como los que forman parte de esas diligencias. Pero episodios como el que hemos descrito fueron intencionalmente ignorados por muchos de quienes condenaron a Raúl Salinas, no en los juzgados formales sino en el con frecuencia inicuo tribunal de la opinión pública.

   Más allá del sufrimiento injusto que padecieron Raúl Salinas de Gortari y su familia, tendría que ser tiempo de preguntarnos qué le pasó a la sociedad mexicana que fue capaz no sólo de tolerar sino de, en algunos momentos, aplaudir un empleo tan abusivo de la justicia.

    Podría ser momento para establecer cuántas arbitrariedades judiciales más han sido posibles gracias a los respaldos mediáticos y políticos que han encontrado.

   Prácticamente nadie, sin embargo, se hará esos cuestionamientos. Es políticamente incorrecto. Resultará de mal gusto. Pero una sociedad y un sistema político que no examinan sus propios errores y abusos corren el riesgo de volver a padecerlos.

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La Crónica, 20 de abril de 2005

Cuando se decía que el cardenal Joseph Ratzinger era la mano derecha del papa Juan Pablo II no se expresaba solamente la cercanía personal de esos dos dirigentes de la Iglesia Católica sino, además, la ubicación política de ese teólogo de origen alemán.

   La designación de Ratzinger como sucesor del Papa recién fallecido confirma decisión de la cúpula eclesiástica para darle continuidad a las posiciones ideológicas y a los equilibrios internos que procuró Juan Pablo II dentro de esa Iglesia. Y significa, también, un enfático respaldo a las tesis más conservadoras en materia de derechos individuales para los fieles católicos.

   Juan Pablo II tenía un discurso avanzado en asuntos de política social –particularmente en su insistencia para combatir la pobreza– y conservador en temas relacionados con decisiones personales como el aborto y la homosexualidad. Esa segunda vertiente es la que sale fortalecida con la elección de Ratzinger.

   El humo blanco tras la cuarta votación ayer en El Vaticano confirmó la solidez de las redes políticas que Ratzinger construyó durante casi un cuarto de siglo como prefecto de la poderosa e intransigente Congregación para la Doctrina de la Fe. Esa dependencia de la jerarquía católica representa las tendencias más atrasadas de una iglesia empeñada a ser reconocida como tradicionalista.

   La censura como costumbre, la intolerancia como método y la imposición dogmática en contra de la razón y la deliberación, han sido históricamente definiciones centrales de la Congregación que Ratzinger no tuvo interés alguno en modificar. Se trata del “Santo Oficio” que tantas persecuciones desató, en distintas épocas, con el pretexto de reivindicar la fe.

   Tales han sido la escuela política, los usos principales y las cartas que avalaron a Ratzinger ante el Colegio Cardenalicio. Si algo se puede agradecer en una trayectoria tan insistentemente comprometida con la reivindicación dogmática de los principios más atrasados de la Iglesia es su incuestionable claridad. La biografía de Ratzinger, particularmente en las últimas décadas, no deja lugar a duda alguna: se trata de un personaje convencido, promotor y militante de posiciones de derechas.

   No hay estereotipos gratuitos en ese diagnóstico. Ratzinger ha mantenido una trayectoria comprometida con las vertientes fundamentalistas –con frecuencia sectarias– de la Iglesia Católica. Su combate al reconocimiento de las parejas de homosexuales, la negativa recalcitrante a reconocer el derecho al aborto cuando así lo consideran necesario las mujeres y sus compañeros, el rechazo a discutir siquiera la posibilidad de resolver las simulaciones que con frecuencia acarrea el celibato de los sacerdotes o a tomar en cuenta las propuestas para abrir el ministerio sacerdotal a las mujeres, han formado parte de las cruzadas de Ratzinger contra la actualización de la Iglesia Católica.

   A él le correspondió enfrentar, en décadas recientes, la heterodoxia de sacerdotes que buscaban una teología o una práctica pastoral comprometidas con los requerimientos sociales de nuestro tiempo. Amenazas y censuras, así como excomuniones, expulsiones y persecuciones, han sido recursos empleados por ese personaje –adverso, además, al diálogo con otras iglesias cristianas–.

   Reacio a distinguir entre religión y asuntos terrenales, Ratzinger es partidario de que la Iglesia presione a los dirigentes políticos para que se comporten de acuerdo con los dogmas de esa corporación. El año pasado el cardenal Theodore McCarrick, arzobispo de la Arquidiócesis de Washington, le preguntó qué debía hacer ante posiciones como la del senador John F. Kerry, candidato presidencial del Partido Demócrata, que respetaba el derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto.

   Ratzinger aclaró esas dudas en una carta privada dirigida a McCarrick y al presidente de la Conferencia de Obispos estadounidenses, Wilton Gregory. A los políticos que respaldaran acciones como el aborto y la eutanasia, indicó, la Iglesia debía negarles la comunión.

   “No todos los asuntos morales –aclaró Ratzinger– tienen el mismo peso que el aborto y la eutanasia”. La Iglesia Católica está por la paz pero si un gobernante declara una guerra o decide la ejecución de un prisionero, esos no son motivos para que se le regatee la eucaristía. “Entre los católicos puede haber una legítima diversidad de opinión acerca de emprender una guerra o aplicar la pena de muerte, pero de ninguna manera en relación con el aborto y la eutanasia”, dijo en aquella carta.

   Esas son algunas de las posiciones que Joseph Ratzinger ha impulsado en y a nombre de la Iglesia Católica. Con esas coordenadas se inicia el pontificado de Benedicto XVI.

ALACENA: Ratzinger Fan Club

Ayer el sitio web de The Cardinal Ratzinger Fan Club quedó saturado. Se trata de un espacio no oficial que, además de remitir a discursos y textos de ese personaje, ofrece cachuchas con el nombre de Ratzinger (11.99 dólares ) y camisetas o tarros de cerveza (14.99 dólares) con la efigie del hasta ayer cardenal nacido en Bavaria.

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El Correo de Guanajuato y otros diarios, 30 de junio de 2005

Detrás de su escritorio, en la oficina que ocupó durante años en la Colonia Roma, don Rafael Galván tenía un retrato de José María Morelos. Tocado con el proverbial paliacate, empuñando un machete en la mano derecha, el insurgente aparecía entre blasones coloridos como si se dispusiera a la batalla. El centro del cuadro era la mirada: no se trataba del Morelos hierático que suelen rescatar los museos sino de un hombre con incertidumbre, arrojo y miedo.

Tal era la expresión que a Galván le gustaba contemplar, sin duda porque se reconocía en ella. Don Rafael era el dirigente de la Tendencia Democrática de los trabajadores electricistas. Había encabezado, desde los años cincuenta, sucesivos esfuerzos de organización sindical independiente.

Michoacano como el Morelos que le cuidaba las espaldas, Rafael Galván Maldonado nació en Uruapan el 7 de noviembre de 1919. Al parecer fue hijo del general revolucionario Rafael Buelna. Le tocó vivir, adolescente apenas, los años inquietantes del cardenismo. Estudió Ingeniería Mecánica en el Politécnico y Economía en la UNAM. A los 15 años trabajó en Radio Revolución, estación del Partido de la Revolución Mexicana y desde entonces se relacionó con el sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio del que, en 1943, fue designado secretario general.

Como dirigente de ese gremio, estableció una alianza con la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Eléctrica la cual poco después llegó a dirigir. En 1951 consiguió una plaza de base como trabajador electricista en la planta que había en La Boquilla, al sur de Chihuahua. Poco después creó la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas, que era otro eslabón en la perseverante cadena de organismos cada vez más amplios de cuya fundación Galván sería el motor fundamental.

La Confederación Mexicana de Electricistas (1954), el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (1960), la Confederación Nacional de Trabajadores (1961) y en alguna medida el Congreso del Trabajo (1966) fueron resultado del empeño organizador de Galván que estaba convencido de que mientras más amplios fueran los sindicatos, mejores resultarían las posibilidades de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales pero, también, la situación del país.

Para Galván los sindicatos no eran solamente frentes de lucha gremial sino, sobre todo, organismos llamados a impulsar un proyecto nacional. Ese afán por reivindicar banderas nacionalistas (primero en la industria eléctrica y luego con un proyecto de transformaciones más amplio) y el compromiso que tenía con la democracia, lo enfrentaron con los dirigentes tradicionales del sindicalismo.

Había tenido simpatías con el trostkismo cuyo componente moral lo diferenciaba de otras vertientes en las izquierdas y más tarde, creador de instituciones, se incorporó a la política institucional para ser senador priista por Michoacán entre 1964 y 1970. El STERM, que encabezaba en esos años, fue víctima de una intensa persecución por parte del charrismo enquistado en el Sindicato Nacional de Electricistas hasta que Galván promueve la unificación de las dos organizaciones para dar lugar, en 1972, al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas, SUTERM.

Los dirigentes tradicionales marginan y finalmente expulsan del sindicato a Galván y a sus compañeros. Así nace la Tendencia Democrática que en 1975 proclama la Declaración de Guadalajara, un proyecto de amplio aliento que propone desde la democracia y la independencia sindicales hasta la reorientación de la economía con un sentido popular. Para Galván la democracia sin ideas estaba incompleta. Democracia es programa, solía decir.

Con esas banderas, los electricistas encabezan grandes movilizaciones por todo el país y en julio de 1976 la fuerza pública los contiene cuando intentan estallar una huelga nacional.

Mermado por el acoso gubernamental, el movimiento de los electricistas se disuelve en 1977 y Galván se propone, entonces, participar en la organización de un amplio frente que denomina Movimiento Sindical Revolucionario. A ese afán destina la revista Solidaridad, de la que se había encargado desde los años cincuenta. En esas tareas estaba empeñado cuando falleció el 3 de julio de 1980.

El edificio ubicado en Zacatecas 94 en donde Galván pensó, organizó y debatió durante tantos años y en donde conservaba aquel cuadro de Morelos, se convirtió en sede del Instituto de Estudios Obreros que llevó su nombre. El pasado 7 de junio dicho Instituto, encabezado por antiguos trabajadores electricistas, donó ese inmueble a la Universidad Autónoma Metropolitana para la creación de un centro de difusión y documentación sobre asuntos laborales.

El próximo domingo se cumple un cuarto de siglo de la muerte de don Rafael Galván. En el panorama de desbarajuste y estruendo que define hoy a nuestra vida pública, las lecciones de integridad y patriotismo que ofreció ese mexicano ejemplar parecen más necesarias que nunca.

La Crónica, marzo 20 de 2005

La disputa por el desafuero ha sido causa de estridencia pero, también, de distracciones. Gracias a ella hemos dejado de advertir el que quizá constituya el problema central de nuestra vida política y que es la superficialidad y debilidad de nuestros partidos.

Entretenidos en las acusaciones mutuas entre el gobierno federal y Andrés Manuel López Obrador, observadores profesionales y ciudadanos han soslayado las cada vez más frecuentes inconsistencias de los partidos que, hipotéticamente, tendrían que ser pilares y a la vez motores de la institucionalidad política que hemos creado.

Ninguno de los tres partidos nacionales está siendo capaz de resolver ordenadamente sus respectivas contradicciones internas. Ninguno, por lo tanto, está contribuyendo a la distensión y al reencauzamiento que hacen falta en la desbordada vida pública mexicana.

En algunos casos la ausencia de auténtica vida interna para la que no cuentan con tradiciones ni prácticas sólidas; en otros la inestabilidad de proyectos y convicciones y en varios más simplemente la falta de certidumbre por parte de sus dirigentes y militantes en los compromisos básicos que siempre requiere la política organizada, hacen de nuestros partidos organizaciones vistosas y estrepitosas pero, por dentro, profundamente huecas y con frecuencia inoperantes.

Nuevos espacios

El surgimiento y la expansión de cauces no tradicionales para expresar algunas de las tensiones de la vida pública han contribuido al debilitamiento de los partidos. En todo el mundo la proliferación de movimientos sociales y ciudadanos –que emplean mecanismos tan heterodoxos como la creación de redes apuntaladas en la Internet o, más recientemente, el envío de mensajes de texto por teléfonos celulares– afecta a los partidos, sobre todo cuando no saben cómo imbricarse con esas nuevas realidades.

La insoslayable presencia de los medios de comunicación de masas forma parte de ese nuevo contexto en donde los partidos tienden a ser desplazados como instrumentos privilegiados en la presión y la expresión públicas. Algunas de las funciones tradicionales de los partidos –como la representación directa de intereses comunitarios o la deliberación de los asuntos públicos más importantes– se cumplen en espacios mediáticos como la televisión y la radio o, a veces, son reemplazadas por cabildeos privados o apremios en la prensa. Los escenarios y de alguna manera también las rutinas del quehacer político han cambiado y en los partidos pocas veces existe sensibilidad suficiente para advertir esas condiciones.

Tenemos, así, nuevos espacios para hacer política con políticos hechos en estilos arcaicos. Los dirigentes formados en la vieja escuela están habituados al desplante autoritario o al clientelismo pero pocas veces anteponen la deliberación y el diálogo que suelen ser el corazón de la política. De allí, junto con causas como las antes mencionadas, el desbordamiento que padecen los partidos debido a sus zozobras internas.

PRD, caudillismo

Con distintas causas pero similares tendencias, los tres partidos nacionales han manifestado en días recientes las dificultades que experimentan para resolver sus conflictos domésticos. Decisiones ambiguas en un PRI que no aprende a discutir y resolver democráticamente sus diferendos; posiciones refractarias a la democracia en Acción Nacional; caudillismo y avasallamiento de cualquier disidencia dentro del PRD: ese es el panorama que ofrecen hoy los grandes partidos a una sociedad que cotidianamente encuentra nuevos motivos para desconfiar de ellos.

El de la Revolución Democrática es un partido definido por la inconsecuencia. No solo es ajeno, hoy en día, al nombre que solo por costumbre todavía lo identifica. También le ha dado la espalda a las tradiciones políticas a partir de las cuales fue creado y a no pocos de sus militantes más empeñosos.

Otrora comprometido con la democracia –o eso, al menos, creían muchos de sus integrantes– el PRD se ha convertido en la organización política nacional más distanciada de ese valor de la vida pública. La condicionada participación, la deliberación escasa y desde luego las decisiones y expresiones de ese partido, se encuentran hoy en día fundamentalmente definidas por la subordinación a un personaje autoritario y caudillesco.

Andrés Manuel López Obrador es el hombre que quizá podría darle al PRD un triunfo nacional pero que, al mismo tiempo, acabará con ese partido político como tal. La vida interna, las designaciones de candidatos y dirigentes y las prioridades del PRD se encuentran supeditadas a los intereses políticos del jefe de Gobierno de la ciudad de México. Hoy en día allí no se toma una sola decisión relevante si no es consultada en las oficinas de López Obrador.

Al gusto de AMLO

Así como en el viejo aunque no del todo desplazado régimen las acciones del PRI eran diseñadas o al menos autorizadas en Los Pinos, actualmente las determinaciones del PRD tienen que ser avaladas en el Zócalo en donde tiene sus oficinas el jefe del gobierno local.

La apropiación del PRD por parte de López Obrador y sus intereses apenas comienza. El día de hoy se formalizará la designación de Leonel Cota Montaño como presidente nacional de ese partido. Es posible que la participación de militantes del PRD sea escasa. No suele haber interés en un proceso de elección partidaria cuando el resultado puede anticiparse con tanta certeza. Pero, sobre todo, es difícil que aun los más abnegados miembros de un partido se involucren en una votación tan vacía de propuestas.

Nadie sabe qué ha propuesto el hasta hace poco gobernador de Baja California Sur para que lo elijan presidente del PRD. Qué ideas, cuál visión del partido, qué diagnóstico de la situación del país… prácticamente nada ha dicho el inminente líder nacional perredista en parte porque no le hace falta.

Para encabezar a ese partido Leonel Cota no necesita demasiados votos. En realidad solamente le ha hecho falta uno, el de López Obrador.

No han sido necesariamente sus méritos como estratega político y mucho menos el conocimiento que tiene de ese partido los atributos gracias a los cuales esta noche a Cota se le proclamará como presidente nacional electo del PRD.

Su mérito principal y prácticamente el único será haber resultado beneficiario de la confianza del caudillo más influyente en ese partido. Por lo demás, sería difícil que Cota Montaño tuviera propuestas especialmente enteradas acerca de lo que quiere para el PRD. No conoce al partido. Hace poco más de seis años era miembro del PRI y, después, ese lapso lo dedicó fundamentalmente a gobernar Baja California Sur.

El PRD elegirá hoy como presidente nacional a un personaje ajeno a su historia y desarrollo pero que ha sido consagrado por López Obrador.

Vieja estructura

Las cosas no son tan simples en el Partido Acción Nacional que no logra transitar del autoritarismo familiar en el que pudo vivir durante varias décadas al diseño de un partido moderno, amplio y diverso.

En el transcurso de los años recientes el PAN ha crecido tanto en cantidad de afiliados como en presencia pública pero sus normas internas no se han modificado de manera similar a ese desarrollo. Aunque han experimentado algunos cambios los Estatutos panistas mantienen la estructura vertical, que concentraba una gran cantidad de atribuciones en unos cuantos dirigentes, que le permitieron estabilidad y cohesión durante largo tiempo. La recientemente ejercida facultad del presidente nacional para designar al coordinador de los diputados federales es uno de los muchos resabios de aquella estructura autoritaria que se mantiene en dicho partido.

En otras épocas, Acción Nacional estaba fundamentalmente acotado a unos cuantos grupos que se ponían de acuerdo sin necesidad de llevar sus diferencias a los órganos formales de deliberación. No había auténticos litigios internos, al menos de manera frecuente. De cuando en cuando algunos inconformes con esos procedimientos se marchaban del partido –como hicieron en octubre de 1992 los militantes encabezados por Pablo Emilio Madero– gracias a lo cual en vez de fracturarlo le daban nueva estabilidad al PAN.

Ese era un partido de posiciones políticas claras –más allá de que con frecuencia pudieran resultar profundamente discutibles– y de actitudes que procuraba identificar con la moralidad pública. De esa manera el PAN se contraponía a la fama y las prácticas del PRI y la mayoría de sus gobernantes.

Pero el partido creció, se volvió exitoso, conquistó posiciones de poder. Y sin embargo, internamente no se ajustó a esas nuevas condiciones. Por un lado, la presencia pública del PAN comenzó a estar matizada por los logros y muy especialmente los tropiezos de sus gobernantes más emblemáticos. Por otro y a consecuencia de su crecimiento en Acción Nacional se han desarrollado grupos de interés que no siempre encuentran cauces para tener presencia y hacer política.

En vez de cosechar el prestigio que podría resultar del primer gobierno no priista en la historia contemporánea de México, Acción Nacional comenzó a padecer el descrédito suscitado por los notorios errores del presidente y sus colaboradores. Peor aún, al quedar cercado por un grupo cuyos intereses no pasan necesariamente por reivindicaciones panistas Fox se apartó del partido e incluso en algunas ocasiones lo ha visto como fuente de reproches a su gobierno.

Desconcierto panista

La reciente elección de un nuevo presidente nacional podía haber sido motivo de cohesión para los panistas. Sin embargo el triunfo de Manuel Espino, que provenía de un grupo distinto a los que tradicionalmente habían dominado en el PAN, fue recibido con desconfianza e intolerancia por los perdedores y quienes simpatizan con ellos.

Así como en los mentideros mediáticos se esparció la versión de que esa elección interna la ganaría Carlos Medina Plascencia, dentro del PAN los grupos dominantes estaban convencidos de que el presidente del partido sería el político guanajuatense. Cuando la mayoría de los consejeros nacionales votó por Espino, algunos de los panistas que perdieron fueron incapaces de elaborar una explicación congruente para ese resultado.

Varios de ellos han sostenido que en ese partido hay un viraje a la derecha. Quizá así ocurrirá pero ese argumento no esclarece por qué la mayoría de los miembros del Consejo Nacional respaldaron a Manuel Espino Barrientos.

Luego se ha dicho que ese era el candidato de Vicente Fox y su esposa y que en los días previos hubo una intensa labor desde la Presidencia de la República para persuadir a los consejeros panistas a favor de Espino.

Si esa fue la causa de aquella votación entonces la mayoría de los consejeros son dirigentes de endebles convicciones políticas y se dejan manipular, o amedrentar, por unas cuantas llamadas telefónicas.

Entre esa facha del PAN y la supeditación que el PRI tuvo durante décadas a las prescripciones que le impartían desde Los Pinos, no habría diferencia alguna. Los panistas que para descalificar la elección de Espino han sostenido que se debió a una maniobra del presidente y su esposa están logrando desacreditar a su partido con mayor contundencia que ninguna de las escisiones, anteriores o recientes, que ha experimentado Acción Nacional.

Sin novedad en el PRI

En el PRI nada ha cambiado excepto la subordinación al Presidente de la República. La culminación de la XIX Asamblea Nacional de ese partido, a comienzos de este mes, parecía la desembocadura de un proceso de reconsideraciones y ajustes para modernizarlo después de la derrota de 2000 y ponerlo a tono con la nueva competitividad de la política mexicana.

Pero prácticamente nada cambió en el PRI. El más publicitado de los acuerdos recientes fue el texto sobre política energética en su Programa de Acción. Aunque ya no defiende la inmovilidad de las disposiciones constitucionales sobre la exclusividad del Estado en el petróleo y la electricidad, la nueva definición tampoco propone la apertura a la inversión privada como inicialmente se dijo en una lectura apresurada en numerosos medios e incluso por parte del secretario de Gobernación que se precipitó al aplaudir ese supuesto cambio.

Nada sustancial cambia en el PRI, comenzando por la costumbre de aparentar que hay novedades cuando realmente solo se modifican detalles cosméticos. El nuevo PRI no existe mas que en la propaganda de quienes hacen negocio con los abundantes recursos que ese partido y sus dirigentes están invirtiendo para que parezca que a su interior hay competencia política.

Las componendas por encima de los principios siguen definiendo conductas, orientación y destino del Revolucionario Institucional. Esa es la política que sabe hacer Roberto Madrazo Pintado y a la cual, con tal de recuperar el gobierno, se subordinará la mayoría de los miembros de ese partido.

Tenemos tres partidos nacionales ensimismados en sus propios litigios, los tres de miras cortas y ambiciones intensas. El horizonte de todos ellos apenas llega hasta julio de 2006. Sus metas los empequeñecen. Sus insuficiencias pesan sobre una vida pública a la que no tienen aptitud para dar aliento ni perspectivas.

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La Crónica, 1 de febrero de 2005

Les da pena decir que se trata de un partido político pero consideran que han cubierto los requisitos legales para ser registrados como eso: los dirigentes de Nueva Alianza, cuya asamblea constitutiva tuvo lugar el sábado 29 de enero, aparentemente apuestan a una política distinta a la convencional. Sin embargo sus antecedentes políticos, cuando los tienen, se encuentran en el circuito de las rutinas priistas más ordinarias.

   A Guillermo Xiuh Tenorio Antiga, que a sus 27 años ha sido dirigente de la agrupación política nacional Conciencia Política y ahora es coordinador de Vinculación de Nueva Alianza, le parece que en el emblema de esa recién creada organización no debe aparecer la palabra partido porque tiene una “connotación negativa”. Ese término, “si acaso lo pondremos en letras chiquitas y hasta abajo”, le dijo a la reportera Claudia Herrera de La Jornada.

   Esos nuevos políticos que abominan de la política, aparentemente lograron la hazaña de satisfacer los complejos y costosos requisitos que la ley federal electoral establece para el registro de nuevos partidos. El IFE dirá si lo consiguieron pero mientras tanto comienzan a figurar en el elenco partidario nacional.

   La primera duda sobre esa organización es cómo logró reunir los afiliados y asambleas necesarios para el registro. La explicación que se ha propalado al respecto, aunque los dirigentes de ese grupo lo niegan, es que se trata de un partido patrocinado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

   En varios casos, de acuerdo con notas periodísticas que se pueden localizar en los últimos seis meses, a las asambleas de Nueva Alianza asistieron importantes grupos de profesores del SNTE. Otra vinculación importante es la colaboración cercana que algunos dirigentes de Nueva Alianza han tenido con la profesora Elba Esther Gordillo.

   Miguel Ángel Jiménez Godínez, politólogo de 38 años, es el presidente del nuevo partido. Igual que varios de sus compañeros en esta aventura es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

   Varios diarios señalaron ayer y antier que Jiménez Godínez es casi desconocido en el escenario político mexicano. Pero en un reportaje de Alberto Aguirre y Marco A. Martínez publicado en diciembre pasado en Reforma él mismo describe su trayectoria profesional: al egresar del ITAM en 1991 fue contratado por el también politólogo Leo Zuckerman para colaborar en la asesoría técnica de la Presidencia de la República. “He trabajado en Presidencia y en la Secretaría de Gobernación, di clases en el ITAM y después me fui a estudiar a Inglaterra, trabajé en el Banco Mundial y de regreso se me abrió la oportunidad de reinsertarme en México entre otras cosas como asesor del SNTE. Es un vínculo profesional y político desde hace muchos años”.

   Cuando le preguntaron si ha trabajado con la profesora Gordillo, el hoy dirigente de Nueva Alianza respondió: “Tengo una consultoría que fundé en 1994, que ha seguido vigente, me he especializado en estudios de opinión, yo soy encuestólogo. Soy del circuito de los encuestólogos. Desde hace muchos años, ha sido mi parte de vinculación profesional con el SNTE. Desde hace muchos años hago estudios de opinión de los candidatos del sindicato a las elecciones”.

   Sin embargo otras fuentes mencionan a Jiménez como uno de los operadores políticos que más cercanía han tenido, en los años recientes, con la maestra Gordillo. En un estudio sobre el panorama electoral mexicano, publicado en 2003, el especialista estadounidense George W. Grayson describe a Jiménez como un “experimentado jefe del equipo” de Elba Esther Gordillo. Y aunque no se trate de una fuente respetable, se puede recordar que una de la conversaciones telefónicas que le fueron grabadas de manera ilegal a la profesora Gordillo era con Miguel Ángel Jiménez.

   Sus dirigentes dicen que Nueva Alianza es resultado de la fusión de tres agrupaciones. Jiménez dirigía la Asociación Ciudadana del Magisterio. Conciencia Política, encabezada por Tenorio, tenía entre sus propósitos estudiar y promover políticas públicas hacia los jóvenes. Y al Movimiento Indígena Popular lo encabeza Enrique Ku Herrera, que ha sido diputado federal por el PRI, secretario de Acción Indígena en ese partido y Secretario de Trabajo y Conflictos de Educación Indígena en el comité nacional SNTE.

   El secretario general del nuevo partido es Alberto Cinta Martínez, director del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Varias notas en la prensa estadounidense identifican a alguien de ese nombre como responsable del restaurante de la Casa Lamm. Refiriéndose a la arquitectura de ese inmueble, Cinta considera: “Algunas personas en México han pasado de la Edad de Piedra a la Edad Media destruyendo edificios sin consideración. Este edificio es un gran clásico. La nueva generación de arquitectos puede proporcionar más a los sentimientos de un lugar sin convertirse en intrusos”.

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La Crónica, enero 23 de 2005

Una guerra desemboca solamente en la derrota de uno de los contendientes o en un armisticio. Pactar con el narcotráfico sería inadmisible: implicaría el reconocimiento, por parte del Estado, de que hay un poder comparable al suyo.

   Así que cuando el gobierno federal encuentra en los asesinatos en Matamoros una declaración de guerra por parte de las pandillas de narcotraficantes, además de la gravedad de esa escalada de agresiones está admitiendo que, de este trance, no hay más desenlace que la aniquilación de esos grupos o el sometimiento del Estado a sus intereses criminales.

   De esas dimensiones es el desafío que ha presentado el narcotráfico. Cuando el jueves por la noche se refirió a “esta guerra contra el crimen organizado” la presidencia de la República resaltaba la gravedad de las ejecuciones de seis empleados del reclusorio de alta seguridad en Matamoros.

   Todo parece indicar que se trata de una venganza ante las medidas, adoptadas unos cuantos días antes, para desarticular la red de complicidades que había construido en el penal de La Palma el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén. No es un secreto la influencia que ese criminal tiene sobre la vida social –incluyendo a menudo la impartición de justicia– en Matamoros y otras zonas de Tamaulipas.

Venganza anunciada

   La respuesta de grupos como ese después de la ocupación de La Palma por parte de más de 750 militares y agentes policiacos y el traslado a otros penales de algunos de los secuaces de Cárdenas Guillén, se esperaba desde varios días antes.

   Pertrechado en una amplia experiencia en el seguimiento de las tropelías del narcotráfico, el martes 18 de enero el periodista José Blancornelas escribió en La Crónica: “Osiel Cárdenas Guillén está pensando cómo vengarse. Es lógico. Posiblemente contra quienes le servían adentro y afuera del penal. Tal vez a delegados de la Procuraduría General de la República. O agentes federales. En la secretaría de Seguridad, desde Ramón Martín Huerta para abajo. O hasta periodistas”.

   La venganza de ese capo del narcotráfico, en opinión de Blancornelas, dependía de que encontrara cómo transmitir instrucciones a los cómplices que tiene fuera de La Palma, donde había creado tantas connivencias que algunos lo consideraban el verdadero poder dentro de ese reclusorio en el Estado de México.

   Todo parece indicar que Cárdenas Guillén encontró la manera de comunicar esas indicaciones. Su desquite recayó sobre seis trabajadores del Centro Federal de Readaptación Social en Matamoros que fueron asesinados el jueves por la mañana.

   Esa noche en Toluca Leonardo Oceguera Jiménez, abogado del grupo de narcotraficantes que encabeza Benjamín Arellano Félix, fue asesinado de cinco balazos cuando llegaba a su casa.

   La batalla entre pandillas de la droga se traslapa con la guerra que el gobierno federal advierte por parte de esos grupos.

   Si en esa guerra estamos, resulta indispensable actuar en consecuencia. Un enfrentamiento de esa índole supone invertir todos los recursos posibles, tensar los ánimos y hacer el mayor esfuerzo porque en una guerra pocas veces hay desenlaces intermedios. Se apuesta a ganarlo o perderlo todo.

   En la guerra contra el narcotráfico, sin embargo, el gobierno federal está actuando con escaso respaldo en el resto del Estado y en la sociedad. Gran parte de los actores políticos del país se han desentendido en ese litigio. Los ciudadanos, al mismo tiempo, permanecen impávidos ante un enfrentamiento cuya gravedad no se reconoce cabalmente. Estamos dejando solo al gobierno en la guerra contra las pandillas de la droga.

Advertencias desoídas

   Las respuestas del gobierno al reto del narcotráfico han sido tardías y, como se puede apreciar, insuficientes. La capacidad corruptora de esos grupos ha trasminado a los cuerpos de seguridad pública, entró a los penales y se instala también en algunas áreas de la sociedad mexicana.

   El poder de Osiel Cárdenas dentro de La Palma se conocía desde hace meses. En octubre de 2004, en su columna de Milenio, el periodista Jorge Fernández Menéndez publicó fragmentos de las cartas que enviaba ese narcotraficante con instrucciones a sus lugartenientes fuera de La Palma. Negocios, represalias, recompensas e indicaciones muy directas, eran comunicadas en varios mensajes confiscados en una casa en Metepec que servía como refugio a un grupo de enlace de ese delincuente.

   Esa no fue la única advertencia. El viernes pasado La Jornada publicó fragmentos de una carta que, según se dice allí, varios custodios de La Palma le dirigieron el 14 de octubre anterior pasado al presidente Fox, así como a los secretarios de Gobernación y Seguridad Pública y a otros funcionarios. En ese documento previenen que la falta de personal hacía imposible el resguardo del penal. “De 120 elementos que había por cada compañía, ahora sólo hay 40”, se quejan. Y explican: “Hemos sido rebasados en todos los ámbitos de la seguridad que el centro nos exige para dar cabal cumplimiento y resguardo y por falta de personal no es posible controlar ciento por ciento todas las áreas”.

   La situación era desesperada pues, según esos custodios “la delincuencia organizada cuenta con todo el poder económico y en cualquier momento podría atacar, como ya ha ocurrido en otros centros penitenciarios”. Advertían de la posibilidad de una fuga masiva o de una operación externa para rescatar a varios reclusos.

   Advertencias, había. Pero las autoridades no actuaron, o si lo hicieron no fue de manera suficiente, para atajar esa red de relaciones. Solamente hasta que, el último día de 2004, fue asesinado en La Palma el también narcotraficante Arturo Guzmán Loera –hermano de El Chapo, que encabeza una banda rival a la de Cárdenas Guillén– hubo decisión e interés para modificar el tráfico de privilegios dentro de ese reclusorio.

Traslados y aliados

   La ocupación militar de La Palma, el 14 de enero, dio cuenta de la descomposición del régimen carcelario en ese lugar. Todavía está por precisarse la connivencia que pudieron tener autoridades del penal con Osiel Cárdenas, pero se ha asegurado que había comprado la colaboración de otros conocidos reclusos.

   El traslado a otros reclusorios de los narcotraficantes Miguel Ángel Caro Quintero y Miguel Ángel Beltrán, así como del secuestrador Daniel Arizmendi, tenía el propósito de desbaratar la organización de Cárdenas Guillén dentro de La Palma.

   También fueron reubicados los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras, que están acusados de haber colocado, en 2001, tres bombas de fabricación casera en otras tantas sucursales bancarias de la ciudad de México. A esos jóvenes se les identifica con el Ejército Popular Revolucionario, un grupo clandestino de cuya dirección aparentemente forman parte sus padres.

   No se han publicado evidencias de la colaboración de los hermanos Cerezo con el grupo de Cárdenas Guillén dentro de La Palma. La información ofrecida por autoridades judiciales indica que se les veía cerca de esa pandilla cuando había problemas en el penal. Otras versiones indican que colaboraban en la organización de los reclusos para apoyar las protestas que promovía Cárdenas Guillén para presionar a las autoridades de La Palma.

   Héctor y Antonio Cerezo, de 25 y 27 años, fueron trasladados a otros penales. Su hermano menor, Alejandro, que acaba de cumplir 23 años, permaneció en el reclusorio ubicado en el Estado de México.

Narcos movilizados

   En todo caso, es un hecho que Cárdenas Guillén y otros narcotraficantes han desplegado formas de presión política, y para adquirir presencia pública, que trascienden el hermetismo que habitualmente buscan –estén o no en prisión– los jefes de grupos criminales.

   El año pasado ese personaje conversó telefónicamente durante largo rato en el noticiero de televisión del periodista Carlos Loret de Mola. Como parte de su campaña para lograr mejores condiciones en La Palma, publicó un desplegado en la prensa.

   El 16 de enero pasado 150 custodios de La Palma mantuvieron un plantón en desacuerdo con las declaraciones del entonces titular de reclusorios, Carlos Tornero, quien había sugerido que algunos de ellos estaban en connivencia con los jefes criminales dentro del penal.

   Ese mismo día unas varios centenares de personas –algunos medios dijeron 600 o 700– trasladadas desde Tamaulipas, Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Michoacán, realizaron un mitin afuera de La Palma para exigir que terminara el aislamiento de reclusos como Osiel Cárdenas que habían sido llevadas a celdas de confinamiento especial.

   Esos manifestantes llegaron en una veintena de autobuses y hospedados en varios hoteles, algunos de ellos de cuatro o cinco estrellas,  en el área de Toluca. Varios de esos simpatizantes de Cárdenas Guillén dijeron que les habían pagado por hacer ese viaje.

   La capacidad de movilización y, sobre todo, el empleo de recursos que suelen utilizar grupos sociales o políticos, no terminó en ese acarreo. Tres días más tarde, una demostración más vistosa por el escenario que buscaron y la indumentaria de algunos de sus participantes llamó la atención en la explanada del Palacio Legislativo en la ciudad de México.

Diligentes diputados

   Muy elegantes, custodiadas por guardaespaldas y transportándose en camionetas blindadas, varias esposas de narcotraficantes recluidos en La Palma llegaron el miércoles 19 por la mañana a San Lázaro a fin de exigir que la Cámara de Diputados intercediera para que se respeten los derechos de sus familiares presos.

   Extravagante –por decirle de alguna manera– esa demostración, resultó aun más sorpresiva la condescendencia que encontró en varios diputados del PRD. Unos 200 parientes de presos en La Palma aguardaron media hora para que media docena de sus representantes fuera recibida por los diputados Arturo Nahale, Santiago Cortés Sandoval y Gilberto Ensástiga.

   Seis mujeres de otros tantos capos del narcotráfico manifestaron sus quejas por el reciente operativo en La Palma. El diputado Ensástiga fue especialmente diligente para atenderlas. Según las informaciones periodísticas habló por teléfono con José Luis Soberanes, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde consiguió que fueran recibidas.

   La nota de Reforma indica: “Las señoras salieron de San Lázaro acompañadas por Ensástiga para ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y escoltadas por policías del agrupamiento Cisnes de la SSP-DF”.

   Todo ciudadano tiene derecho a ser escuchado y la reclusión, incluso en penales de seguridad especial, no tiene por qué suprimir derechos elementales. Pero no deja de ser peculiar el comportamiento de los mencionados legisladores perredistas, notoriamente interesados en acceder a las demandas de aquellas distinguidas señoras. Tenemos la impresión de que Ensástiga y sus compañeros de bancada legislativa no demostrarían el mismo esmero para atender a cualquier ciudadano que llegase a tocar a las puertas de San Lázaro.

Indiferencia y tontería

   Queremos suponer que la cortesía de esos diputados del PRD no se debe a contubernio alguno sino a simple tontería de su parte. Pero también se puede advertir que esa torpeza para distinguir entre un caso ordinario de transgresión a los derechos humanos y las presiones de los narcotraficantes para mantener privilegios y capacidad de maniobra dentro de los reclusorios, forma parte de la escasa importancia que buena parte de la clase política le reconoce al desafío del crimen organizado.

   Ese miércoles no habían ocurrido los asesinatos de seis custodios del penal en Matamoros. Pero ya eran ampliamente conocidos los negocios e incluso venganzas que, desde la prisión de La Palma, habían orquestado líderes mafiosos como Cárdenas Guillén.

   Así que la decisión de recibir con un trato privilegiado a los familiares de algunos de esos presos no puede considerarse como simple descuido por parte de los mencionados diputados del PRD. Ese beneplácito solo puede entenderse dentro del clima de indiferencia que hemos mantenido ante las amenazas del narcotráfico.

Responsabilidad en huelga

   En muchos otros países, una provocación como las que recientemente ha promovido el narcotráfico ameritaría la respuesta, cohesionada y enfática, de las fuerzas sociales y políticas. En España por mencionar un solo caso– el reto del terrorismo suscita el rechazo unido, más allá de sus desavenencias políticas, de todos los partidos.

   Sin embargo en México pareciera que el narcotráfico y sus tropelías son problema nada más del gobierno federal.

   Incluso, sin mucha suspicacia, casi podría considerarse que hay grupos políticos que esperan que estos incidentes debiliten aun más al gobierno o a algunos de sus principales funcionarios.

   Cuando el presidente de la República asegura que utilizará “toda la fuerza del Estado” reconoce la amenaza que implica el narcotráfico.

   Pero ese riesgo no lo entienden así otros segmentos y personajes del mundo político.

   Enfrascados en el chismerío mutuo, en la frívola búsqueda de notoriedad y sobre todo en una lucha política que la mayor parte de ellos despliega sin más interés que el de promoverse a sí mismos, dentro de todos los partidos se mantiene una actitud de indolencia ante los crímenes del narcotráfico.

   El gobierno federal dice que está en guerra contra ese poder fáctico y hasta ahora no se ha conocido una expresión de claro respaldo por parte de las direcciones nacionales del PAN o del PRI.

   El viernes por la mañana la reportera Irma Losada, de Formato 21, le pidió a Andrés Manuel López Obrador una declaración sobre los acontecimientos en Matamoros.

   “No voy a opinar, no, no quiero opinar ahora”, respondió el jefe de Gobierno.

   La también reportera radiofónica Karina Nalda, de Radio Mil, insistió: “¿Se reforzó la seguridad al exterior de los penales de la ciudad?”.

   Entonces López Obrador, que quiere ser presidente de México y de quien tan solo por esa aspiración se esperaría un comportamiento responsable ante el reto del narcotráfico, quiso salir del paso de esta manera:

   “Me declaro en huelga de entrevistas y de respuestas… siempre respetan mi derecho al silencio y es viernes hoy, vamos a cambiar, vamos a pensar en otras cosas”.

   Como era viernes y no quería decir algo que compitiera noticiosamente con la obra que inaugurará el día de hoy, López Obrador le hizo el vacío a la necesidad nacional de enfrentar al narcotráfico. No pudo o no quiso advertir que si dejamos solo al gobierno federal, los perdedores de esa guerra vamos a ser todos nosotros.

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El Correo de Guanajuato y otros diarios, 26 de junio de 2005

Es altamente posible que Marcos solo esté buscando parte de los reflectores que ha perdido. Conocedor de los impulsos mediáticos, sabe que en el fárrago de murmuraciones, reproches y amonestaciones que abundan en la escena pública mexicana solamente el estruendo es capaz de abrirse paso en el interés de la prensa. Pero también hay la probabilidad de que el dirigente guerrillero realmente esté anunciando una nueva etapa en el movimiento que encabeza desde hace dos décadas –y que todos conocimos junto con el comienzo de 1994–.

Confuso como muchos de sus comunicados pero más sibilino que de costumbre, el texto del “subcomandante” publicado el viernes pasado deja abiertas numerosas preguntas sobre el destino que busca para su movimiento. Allí anuncia una próxima decisión que, como es su costumbre, atribuirá a las “bases” indígenas de las que se dice solamente vocero aunque es ampliamente sabido que él encabeza la dirección del Ejército Zapatista.

“Ahora –dice Marcos– estamos consultando nuestro corazón para ver si vamos a decir y hacer otra cosa. Si la mayoría dice que sí, pues vamos a hacer todo lo posible por cumplir. Todo, hasta morir si es preciso. No queremos parecer dramáticos. Lo decimos nada más para que quede claro hasta dónde estamos dispuestos a llegar”.

Ineludible dramatismo

Por la temporada en la que aparece, dicho anuncio pareciera indicar que por fin el EZLN se va a dedicar a la lucha política de carácter institucional. Pero a continuación el dirigente acota: “O sea que no ‘hasta que nos den un puesto, una cantidad de dinero, una promesa, una candidatura’ ”.

Más adelante y aunque había señalado que no sería dramático, el enmascarado que tanto interés suscitó hace once años y medio y que de manera cíclica ha regresado a la escena política insiste: “Será una decisión difícil y dura, como de por sí ha sido nuestra vida y nuestra lucha. Durante cuatro años hemos estado preparando las condiciones para presentarle a nuestros pueblos puertas y ventanas, para que, llegado el momento, tuvieran todos los elementos para elegir por cuál ventana asomarse y cuál puerta abrir. Y es que así es nuestro modo. O sea que la dirección del EZLN no dirige, sino que busca caminos, pasos, compañía, orientación, ritmo, destino. Varios. Y entonces le presenta a los pueblos esos caminos y analiza con ellos qué pasa si seguimos uno u otro rumbo. Porque, según el camino que andamos, hay cosas que serán buenas y cosas que serán malas, o sea que no hay camino que puras cosas buenas. Y entonces ellas, las comunidades zapatistas, dicen su pensamiento y deciden, después de discutir y por mayoría, por dónde vamos todos. Y entonces pues dan la orden”.

Más allá de la demagogia populista de esas líneas, pareciera que anuncian un viraje o al menos un cambio significativo en el comportamiento del EZLN y su dirigente más notorio. Al no indicar de manera clara a qué se refiere Marcos deja abierta la posibilidad de numerosas especulaciones ante esa decisión que dice inminente. Esa vaguedad se afianza en la despedida del comunicado, que La Jornada publicó el viernes 24 de junio: “He dicho, al inicio de esta carta, que no era una despedida. Bueno, pues resulta que para algunos sí lo es. Aunque para otros será lo que es en realidad, es decir, una promesa…”

Alerta inexplicada

Unos días antes el dirigente neozapatista había anunciado un estado de alerta que también ocasionó abundantes especulaciones. Numerosas voces piadosas, dentro y fuera del país, clamaron contra la presunta agresión que, se creía, estaban a punto de sufrir los militantes del EZLN.

Marcos no aclaró los motivos de esa situación de urgencia aunque al parecer estaban relacionados con el hallazgo de sembradíos de droga que, según se dijo inicialmente, había efectuado el Ejército Mexicano en la zona de influencia neozapatista. El gobierno informó luego que tales cultivos no estaban en esa área. No ha quedado claro si esa precisión se debió a una decisión política para evitar querellas con el neozapatismo o si el Ejército Mexicano se equivocó al informar de esa operación antinarcóticos.

En todo caso y en el transcurso de la misma semana, Marcos buscó notoriedad con dos asuntos distintos. El anuncio de la alerta en territorios zapatistas conmovió a los medios de manera muy curiosa. De pronto se extendió un vivo interés ante la posibilidad de un asunto dramático y acaso violento pero nadie sabia, a ciencia cierta, a qué se debía tal alarma.

Luego, cuando Marcos hace un anuncio de mayor trascendencia política porque podría significar un cambio sustancial en el comportamiento del EZLN, los medios casi no le hicieron caso. Le ocurrió como a Pedro, el del lobo. A fuerza de anunciar falsamente una tragedia, cuando avisó de un asunto de veras grave ya no le hicieron caso.

Pasamontañas y paliacates

El comportamiento actual de Marcos puede entenderse mejor si recordamos la manera como conquistó hace once años la atención de los medios. En aquellas fechas, en el libro Chiapas, la comunicación enmascarada que apareció a mediados de 1994, escribimos lo siguiente acerca de él.

La imagen y los textos del “subcomandante” Marcos han despertado interés, controversias, animadversiones, adhesiones, descalificaciones e ilusiones de lo más variadas. La presencia de este personaje en el imaginario colectivo como le dicen los especialistas en cultura popular, tiene numerosas aristas.

A pesar de la variedad de significados e incluso de discursos en los versátiles comunicados y en las asiduas comparecencias mediáticas del subcomandante Marcos, no dejan de llamar la atención dos vertientes en los mensajes del EZLN. Por un lado se encuentran las demandas, las urgencias y hasta las miserias de los campesinos indígenas que estarían constituyendo las bases del grupo armado. Por otro se encuentra el líder, uno sólo, que destaca notablemente dentro del grupo dirigente de tal suerte que puede ser identificado como algo más que vocero.

El pasamontañas de Marcos adquiere una definición, y una notoriedad, más intensas que los paliacates de los campesinos indígenas. Hubo, entonces, una mezcla de sentido común y de sinsentido, junto con la amalgama de simplificada sabiduría milenaria y enteradas coartadas posmodernas, que formaba parte de la complejidad del subcomandante, de su imagen, que los medios rescataron de maneras muy diversas.

Su fuerte es la emoción

Incluso Octavio Paz, autor de algunos de los textos más severos con la fascinación que en una parte del mundo intelectual despertaba el pasamontañas, llegó a reconocerle méritos al estilo de Marcos, a diferencia de la retórica de nuestra politiquería tradicional:

“El lenguaje de los líderes del PRI es un lenguaje de funcionarios: frases hechas de cartón y de plástico; el sub-comandante Marcos, aunque desigual y lleno de subidas y caídas como un tobogán de montaña rusa, es imaginativo y vivaz. … A veces es chabacano y chocarrero; otras brioso y elocuente; otras satírico y realista: otras machacón y sentimental. Una prosa accidentada: elevaciones y batacazos. Su fuerte no es el razonamiento sino la emoción y la unción: el púlpito y el mitin” (Vuelta núm. 208, marzo de 1994).

En su revista, Paz reconocía el triunfo de la retórica y del talento teatral que le habían permitido a Marcos ganar los primeros meses del conflicto, al menos en la batalla sentimental, pero real, por la llamada opinión pública. Delante de la palabrería con frecuencia hueca del poder político y sobre todo, añadimos nosotros, en un panorama de desconfianza por parte de un amplio sector de ciudadanos, las epístolas del subcomandante y sus comparecencias en los medios fueron atractivas para muchos entre quienes buscaban nuevas certezas.

Hay quienes consideraban que la postmodernidad era coartada para abandonar todos los paradigmas, lo cual significaba hacer a un lado todas las utopías. El ya mencionado Paz recordó en aquellos años que, por lo pronto, en las reacciones estupefactas o apresuradas ante la crisis de Chiapas, que llegaron a legitimar a la violencia como método, asistíamos “a la entronización del lugar común y a la canonización de la ligereza intelectual”.

Información y confusión

Los medios de comunicación, en aquel 1994 cumplieron un importantísimo papel para promover una conciencia nacional en contra de una solución armada al conflicto en Chiapas. La preocupación social ante la eventualidad de una solución de fuerza apareció rescatada, y reflejada, en los medios de comunicación de masas. Esa, fue una de las contribuciones más trascendentes de los medios y sus operadores, que desde el inicio del conflicto respaldaron y quizá acaso también propiciaron, la actitud del gobierno para concertar y no tratar de doblegar al EZLN.

Al mismo tiempo, en la divulgación muy amplia de lo que ocurría a partir del levantamiento armado, los medios propiciaron un nuevo reconocimiento, social y nacional, de la pobreza que se padece en ese y en otros estados del país. No es que la pobreza no existiera, o que no se tuviera conciencia de ella. Sin embargo la crisis de Chiapas obligó a voltear hacia el México más desposeído pero que, a pesar de la modernidad que en tantos sentidos define al país (entre otros, en la existencia de medios de comunicación tecnológicamente muy avanzados) no siempre era recordado, o tomado en cuenta por la sociedad misma.

Pero los medios, también, contribuyeron a divulgar la confusión sobre lo que sucedía en Chiapas y varios de ellos, en su complacencia y falta de distancia crítica, formaron parte de las condiciones, y de los actores, que animaron esa ligereza intelectual a la que se refería Octavio Paz. La facilidad con que fue admitida la popularidad entre mítica y milenarista del subcomandante, nos recordaba las limitaciones que se mantenían en el desarrollo de la cultura política mexicana.

El personaje Marcos, por lo demás, ha podido ser evaluado de muchas formas. Compartimos la impresión que, breve y contundentemente, fue descrita por Luis Miguel Aguilar (en nexos núm. 196, abril de 1994): “Marcos remite más bien al sujeto que saca una pistola en el restaurante y entre tiro y tiro nos tiene de rehenes durante horas contándonos su vida, cómo ha luchado por su familia, lo buen hombre que ha sido y, además, nos inflige varios ‘chistes’ “.

Durante varios años, Marcos y el movimiento neozapatista mantuvieron como rehén a una sociedad sorprendida y preocupada. Junto con ella los medios de comunicación, aunque con excepciones, por su encandilamiento y apresuramiento fueron también rehenes (pero sobre todo, rehenes de sus propias limitaciones) en la crisis de Chiapas.

Trillado sentimentalismo

Eso, palabras más o menos, decíamos hace once años. En el transcurso de ese tiempo la capacidad de Marcos para soliviantar a los medios se ha desgastado. Indudablemente conserva algunos de los resortes retóricos y dramáticos que ha sabido utilizar con tanta eficacia. Pero todo por lucir se acaba y los reflectores que tanto han alumbrado y posiblemente encandilado al dirigente del EZLN ahora tienen otros motivos de atracción.

La explicación de Octavio Paz sigue siendo valiosa para comprender la eficacia pero también las limitaciones mediáticas y acaso también políticas de Marcos: su fuerte no es el razonamiento sino la emoción. Pero, puede añadirse ahora, las emociones solas no sirven para mantener tensión y atención mediáticas.

Además la presencia de Marcos compite ahora con otras figuras. Hoy en día el escenario público mexicano está copado por personajes que, como el dirigente guerrillero, unen los atributos del púlpito y el mitin. Si lo llegó a tener, Marcos ya no cuenta con el patrimonio de la capacidad de exaltación en los medios ni es el único que busca atraer estrujando el sentimentalismo de la gente.

Las epístolas del subcomandante hace tiempo dejaron de emocionar incluso entre sus partidarios. Precursor en la declinación y el enrarecimiento del debate público, Marcos paga hoy las consecuencias de una situación de deterioro político que él contribuyó, como pocos, a crear y usufructuar.

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La Crónica, marzo 22 de 2005

Aunque lo llamó informe trimestral, el que presentó ayer Andrés Manuel López Obrador parecía mensaje de despedida al cargo que ocupa desde hace 51 meses. El trimestre actual no ha concluido y las cifras que presentó casi no se refieren a las acciones del gobierno de la ciudad de México en el transcurso de este año sino a lo que dice ha logrado desde que tomó posesión en diciembre de 2000.

   El propósito de López Obrador era dirigir un mensaje político. Eligió el 21 de marzo para cobijarse en la figura de Benito Juárez.

   El juarismo de López Obrador es fundamentalmente de consejas y voluntarismo; se asienta más en la mitología que en la historiografía. El Juárez que redime es el personaje íntegro y pétreo que resistió presiones sin claudicar en la defensa de la Constitución. Es más un personaje hierático y estatuario que colmado de humanidad y contradicciones como era, más acá de la leyenda, el verdadero Juárez.

   López Obrador rescata al Juárez defensor de la institucionalidad pero soslaya al gobernante que se perpetuaba alevosamente en la Presidencia. Y más que reivindicarlo trata de utilizarlo: Juárez como emblema de integridad republicana en contraste con las inconsecuencias e incoherencias del gobierno federal de nuestros días. La ignorante animosidad que en los primeros momentos de su gobierno manifestó el presidente Vicente Fox en contra de Benito Juárez, nutre la obsesión y la eficacia de López Obrador en sus intentos para apropiarse de la figura del Benemérito.

   Ayer en el Auditorio Nacional, convenientemente atestado de empleados del DF y beneficiarios de sus programas de asistencia social, López se apoyó en Juárez para prefigurar a su equipo de gobierno. El mensaje fue triple: no obstante las vicisitudes jurídicas que tiene por delante López Obrador piensa en el futuro; ese porvenir político incluye nombres y apellidos; y de paso, se resguarda en un juarismo retórico pero vistoso.

   En reconocimiento tácito a la ligereza con que ha presentado su programa, dijo que el proyecto es básico pero “lo determinante es un buen gabinete”. Al referirse a su hipotético equipo de gobierno, aunque lo haga de manera tan oblicua, López Obrador deja la impresión de que ya piensa –y decide– en función del poder que aspira alcanzar en julio del año próximo. En esa apuesta les lleva ventaja a sus rivales.

   Entonces mencionó a Juárez, en cuya época “actuaron los hombres públicos, los funcionarios, los intelectuales y los periodistas más inteligentes y patriotas que haya tenido México. Los liberales eran políticos cabales y han sido considerados, con razón, como el grupo de ideólogos más brillante, más tenaz y desinteresado que se haya dado en nuestro país”. A ese grupo quisiera imitar López Obrador. Pero, francamente, la comparación es bastante desmesurada.

   ¿En qué área del equipo del jefe de Gobierno, o en cuál de los grupos que le son adictos, pueden encontrarse personalidades como Melchor Ocampo, Santos Degollado, Manuel Doblado, Sebastián Lerdo de Tejada?

   ¿Quiénes, dentro o fuera del círculo de simpatizantes de López Obrador, serían el Francisco Zarco, el Ignacio L. Vallarta, el Ignacio Ramírez del siglo XXI?

   ¿Cómo puede pretenderse una comparación semejante cuando las finanzas de López Obrador estaban manejadas por aquel señor que apostaba displicentemente en Las Vegas mientras otros de sus colaboradores más destacados llenaban bolsillos y portafolios con dólares de todavía hoy incierta procedencia?

   La comparación es históricamente ofensiva si se recuerda a varios de quienes acompañaron a Juárez en la gestión de los asuntos financieros: Miguel Lerdo de Tejada, José María Mata, José María Iglesias, Matías Romero, Guillermo Prieto.

   López Obrador, refiriéndose a los colaboradores de Juárez, recordó una expresión de Antonio Caso según la cual aquellos personajes “parecían gigantes”. Ese párrafo del discurso de ayer aparece, idéntico, en el libro Un proyecto alternativo de Nación que López Obrador publicita por todo el país.

   Evidentemente la frase le gusta y le encuentra un significado quizá más que político. La misma expresión la mencionó López Obrador el 5 de diciembre de 2000 en su discurso de toma de posesión: “El gabinete de Juárez es el mejor que hemos tenido en toda nuestra historia. Eran políticos inteligentes, patriotas y honrados, hombres que parecían gigantes…”

   De acuerdo con Daniel Cosío Villegas –en su espléndida Historia moderna de México– lo que dijo Caso en su obra El problema de México y la ideología nacional  refiriéndose a la época de Juárez y sus colaboradores fue: “entonces los hombres parecían gigantes”.

   La grandeza de las personas y especialmente de los hombres públicos se aquilata según sus circunstancias. Hasta ahora y a pesar de sus aspiraciones, de López Obrador y la mayoría de sus colaboradores es imposible decir que recuerdan aquella expresión de Caso sobre la apariencia de gigantes. Más bien sugieren todo lo contrario.

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La Crónica, enero 31 de 2005

Decía Albert Einstein –en estas fechas justamente conmemorado por el centenario de la teoría de la relatividad– que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. La ciencia suele superarse a sí misma e introduce elementos de progreso en las sociedades. En cambio las creencias llegan a ser fuentes de estancamiento e incluso de involución.

   Cuando cada quien las resuelve de manera personal, las creencias son asunto de la esfera privada y pueden ser, incluso, respetables. Cuando se traducen en conductas que afectan y hasta lesionan los derechos de otros, estamos ante expresiones de intolerancia que puede llegar al fanatismo.

   De esa índole es la actitud de la Unión Nacional de Padres de Familia y su actual dirigente, el señor Guillermo Bustamante Manilla, que ahora dedica sus esfuerzos a censurar la campaña de la Secretaría de Salud para promover el uso del condón y el respeto a las preferencias sexuales de los ciudadanos.

   Hoy en día los especialistas en prevención del SIDA coinciden, en todo el mundo, en que el empleo del preservativo es el mejor recurso contra esa pandemia. Pero la UNPF se empeña en perseguir a las autoridades mexicanas que cumplen con su obligación de explicar e impulsar el empleo del condón.

   Esa organización, de acuerdo con una nota publicada el miércoles 26 de enero en Crónica, considera que la campaña sobre el condón, “conlleva el mensaje de usarlo en coitos con personas desconocidas como son las prostitutas o parejas casuales que pueden ser incluso del mismo sexo, lo que significa que junto con la promoción del condón se invita a prácticas sexuales irresponsables y, entre los jóvenes se convierte en un ataque frontal hacia la familia”.

   El deber de la autoridad sanitaria es explicarle a la gente qué opciones tiene para protegerse en las relaciones sexuales. Con quién las practique es asunto de cada individuo. Sin embargo grupos como la mencionada Unión pretenden que a los jóvenes y adultos se les oculte esa información. Si esas objeciones tuvieran éxito el resultado sería, literalmente, criminal. Al carecer de indicaciones claras, miles de mexicanos podrían ser víctimas del SIDA.

   Esa Unión Nacional tiene, como se decía antes, un rancio conservadurismo no solo por la vieja y autoritaria moralidad en la que dice respaldar sus posiciones sino porque dentro de dos años cumplirá nueve décadas de promover actitudes retardatarias y en contra de las responsabilidades del Estado hacia los ciudadanos.

   Ahora, junto con la cruzada contra el condón, la UNPF quiere vetar los mensajes patrocinados por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

   El primero de esos spots, llamado “La cena”, reproduce una conversación entre una madre y su hijo:

   –Te veo enamorado mi hijito, ¿cuánto llevan?

   –Ya cinco meses.

   –¿Y le gustó la idea de venir a cenar con la familia?

   –Sí, le encantó. Es más: preparó un postre que te va a fascinar.

   –Mmmm. Espero que le guste lo que yo cociné. Y por cierto, ¿cómo me dijiste que se llama?

   –Oscar mamá, ya te lo había dicho, se llama Oscar.

   A continuación se escucha a un locutor que dice: “¿Te parece raro? En nuestra sociedad cada vez es más común vivir esta situación. La homofobia es la intolerancia hacia la homosexualidad. La igualdad comienza cuando reconocemos que todos tenemos el derecho a ser diferentes”.

   El otro mensaje, titulado “Preguntas”, dice a una sola voz: “Si ves a un homosexual o lesbiana en la calle, ¿ves para otro lado? ¿Sientes ganas de ofenderlo o que desaparezca? Si una persona cercana a ti es gay, ¿le dejas de hablar? ¿Sientes odio por los diferentes a ti? ¿Sabias que lo que tienes es homofobia, es decir, un odio irracional? La tolerancia a la diferencia sexual es más sana que el odio. Acéptalos”.

   Los dos mensajes reconocen como adultos a sus destinatarios y no promueven conducta sexual alguna. Simplemente parten de la existencia de opciones y preferencias sexuales que son una realidad, cada vez menos escondida, en la sociedad mexicana.

   Sin embargo el presidente de la UNPF considera que la homosexualidad es una “desviación sexual” y que las autoridades de Salud lo que deberían hacer es ofrecer tratamientos a quienes la padecen. Mientras más insiste Bustamante en esas posiciones,  más evidente resulta que los mensajes contra la intolerancia y la homofobia son necesarios.