Sociedad y poder

La Crónica, septiembre 22 de 2002

Enredado en la crisis más grave que el país haya enfrentado en los años recientes, el presidente Vicente Fox se empeña en mostrar un rostro optimista.

   La buena cara nunca viene mal pero los tiempos no están para fingimientos. Prodigar sonrisas cuando el temporal político amenaza con devastar parte de nuestros recursos no es muestra de templanza sino de irresponsabilidad. Y lo es, sobre todo, porque en buena medida el conflicto petrolero se ha desatado debido a la imprevisión y la ausencia de estrategia política del gobierno federal.

   Claro que en el origen del llamado “Pemexgate” se encuentra un sindicato corrupto, quizá el peor ejemplo del corporativismo autoritario que ha esquilmado a los trabajadores, al país y especialmente a la empresa pública en donde se ha enquistado.

   Pero a ese sindicalismo igual que a las estructuras enmohecidas pero aun funcionales del viejo aparato político no se las desarticulará con amagos judiciales insuficientemente sustentados, ni desprestigiándolas (como si su mala fama pudiese empeorar) delante de la sociedad. A esos viejos aunque todavía actuantes resabios del antiguo régimen solo se les desplazará con paciencia, perseverancia y sobre todo, inteligencia. Y desde luego con un escrupuloso cumplimiento de la legalidad, articulado con un esmerado oficio político.

Debilidades legales

   Pero, para desdicha del país y apuro del gobierno, nada de eso ha existido en la embestida presidencial contra los caciques petroleros. Muy al contrario, la operación que ha buscado el encarcelamiento de esos líderes para luego involucrar al PRI en el tráfico de recursos de origen pretendidamente ilegítimo ha incurrido en una torpeza tras otra. Al encausamiento sin suficiente consistencia legal se ha añadido una patética ausencia de operación política.

   El resultado, es el temor que se ha generalizado durante los días más recientes ante la posibilidad de que una huelga petrolera y un estancamiento político todavía peor afecten a la sociedad y a la economía con secuelas desastrosas para todos.

   Aparentemente el gobierno federal supuso, quién sabe a partir de qué despistadas evaluaciones, que el PRI dejaría solos a los dirigentes petroleros para que, sin mayor objeción, fuesen desaforados y encarcelados. Esa estimación soslayó las numerosas complicidades, no todas pero algunas de ellas sí de carácter ilegítimo, que articulan a ese partido.

   Pero además parece que se ha olvidado que el litigio contra el sindicato es solamente el primer paso en una escalada –legal o no– de revancha política en contra del PRI.

   Se trata de demostrar, primero, que la decisión de entregarle al sindicato petrolero más de mil millones de pesos a mediados de 2000 no tuvo sustento jurídico.

   El segundo paso sería la consignación de los dirigentes sindicales que recibieron ese dinero.

   El tercero, la inculpación al PRI por haberse beneficiado de una parte de tales recursos.

   Así pensado, el proceso de incriminación contra distintos personajes del régimen priista tenía cierta lógica. Pero ninguna de esas fases ha contado con la solidez jurídica suficiente.

   Todavía no se ha probado que Rogelio Montemayor haya actuado ilegalmente al autorizar esas transferencias al sindicato, que son de un monto escandaloso pero tienen una justificación al menos formal pues eran apenas una parte de la deuda que Pemex tenía con la organización laboral. Se puede considerar que es indebido, y hasta inmoral, que el sindicato reciba sumas tan altas, derivadas del contratismo que durante mucho tiempo lo favoreció y de prestaciones exageradamente cuantiosas. Pero ese es un problema que ahora no se está dirimiendo.

   El gobierno tampoco ha logrado acreditar, por lo tanto, que los dirigentes del sindicato petrolero hayan actuado de manera ilegal cuando recibieron ese dinero. Los motivos jurídicos de la petición de desafuero presentada por la PGR contra varios de esos líderes siguen siendo oscuros. Si tales recursos decidieron cederlos al PRI y excedieron los montos para donativos autorizados por la legislación electoral, la averiguación tendría que desarrollarse en el marco de esa normatividad. Si se quedaron con ese dinero o parte de él, los dirigentes petroleros quizá infringieron la legalidad de su sindicato pero ese no es un delito que pueda ser perseguido sin denuncia de los trabajadores.

   Al equivocarse en cada uno de los pasos que había previsto su estrategia de enfrentamiento con el sindicato petrolero y el PRI, la causa del gobierno federal ha sido endeble, incompetente y costosa.

Presionar con la huelga

   En el plano de la moralidad los líderes petroleros son indefendibles. Pero el gobierno que pretende promover el cambio no podía combatirlos solamente con impugnaciones éticas y descalificaciones políticas. Ya se sabe que esos líderes son unos sinvergüenzas. El problema es demostrar que al serlo han infringido las leyes y que, por ello, ameritan sanciones penales.

   Nade de eso parecen haber pensado los secretarios de Estado y el presidente Fox que resolvieron, de todos modos, emprender esa embestida que los ha colocado –y con ellos, al país entero– en un callejón de donde todos saldrán lastimados.

   Como si no fuera suficiente la ausencia de perspicacia política y jurídica en la articulación del llamado Pemexgate, la petición de desafuero fue presentada tres semanas antes de la fecha señalada para la huelga petrolera.

   Los caciques sindicales tuvieron, de esa manera, la extraordinaria oportunidad de utilizar el amago de la huelga para defenderse de las acusaciones que les hace el gobierno.

   Ya se sabía que a la dirección del sindicato, más que el aumento salarial le inquietaba la averiguación contra varios de sus integrantes. Durante las negociaciones con la empresa los líderes gremiales pretendieron negociar, junto con los asuntos laborales, las presiones del gobierno. Como no hubo acuerdo al respecto el emplazamiento se prorrogó hasta el 1 de octubre próximo.

   Gracias a la PGR que tenía demasiada prisa por entregar a la Cámara de Diputados las peticiones de desafuero, ahora los caciques sindicales han podido defenderse amenazando con paralizar las operaciones de la empresa más grande de México.

Costosa desarticulación

   Quizá –ojalá– la huelga pueda evitarse.

   El gobierno federal, comenzando por su principal integrante está volcado –ahora sí– a propiciar un arreglo que tendrá que incorporar los aspectos políticos, jurídicos y laborales que complican al enmarañado Pemexgate.

   El PRI ha reconocido que tiene un papel por desempeñar en todo este litigio y, sin abandonar a los líderes petroleros, ha colaborado en la búsqueda de un acuerdo. Sin embargo no hay concertación en los diferentes espacios de operación política que, al estar desarticulados, propician reacciones contradictorias.

   Al mismo tiempo que en Los Pinos el presidente de la República conversa con el presidente nacional del PRI, en claro reconocimiento de que esta crisis no tendrá arreglo si no es con el concurso de ese partido, en San Lázaro el PAN propone que la comisión de diputados que habrá de evaluar las peticiones de desafuero tenga una integración inaceptable para los priistas.

   Dos miembros del PAN, uno del PRI y otro del PRD es la fórmula que se iba a votar el jueves en el Palacio Legislativo. Esa composición sería aprobada por panistas y perredistas que, juntos, reúnen al 52% de los diputados. Pero era improcedente desde el punto de vista de los priistas, que tienen tantos diputados como Acción Nacional.

   Sea cual sea la manera como se integre la comisión instructora, es evidente que no hay articulación entre lo que se hace en el Congreso y lo que se promueve desde el gobierno. La separación y el respeto entre los poderes no tiene por qué significar desconcierto, que es una de las vías del desgobierno.

Política y justicia

   A la política no solo se le ha descuidado. Incluso se la ha despreciado como si se tratase de una actividad vergonzante. Cuando se dice que el orden jurídico es contradictorio con los acuerdos políticos se incurre en una gravosa ignorancia, como si la política fuese solo arreglos ilícitos e impropios.

   La política no tiene por qué estar disociada de la legalidad. Ni viceversa. Precisamente, la virtud de una política democrática radica en la legitimidad que tiene al estar sustentada en las leyes. Pero el Estado de derecho ofrece márgenes para tomar decisiones que siempre están propiciadas, o matizadas, por consideraciones políticas.

   Política y justicia no solo no tienen por qué ser contradictorias. Inclusive en la articulación inteligente de una y otra, radica una de las claves de todo buen gobierno.

   Por eso cuando se dice que en la solución a ese enorme enredo que es el Pemexgate hay que separar la política de la justicia, se puede incurrir en un enorme error.

   Desde luego es pertinente que una, no esté subordinada a la otra. Sería inaceptable que, por consideraciones políticas, el ministerio público o el poder judicial dejasen de cumplir sus responsabilidades en la persecución de delitos plenamente acreditados.

   Pero cualquiera que sea el arreglo al que pueda llegarse, tendrá que implicar oficio político junto con acatamiento pleno al marco legal.

Chantaje y consecuencias

   Esa conjunción no se ha advertido en las soluciones que, según se ha dicho, ensaya el gobierno federal.

   El dirigente de la CTM, Leonardo Rodríguez Alcaine, habituado como está a los arreglos pragmáticos y alegales fungió como vocero del gobierno al decir, a mediados de la semana, que bastaría con que el sindicato petrolero le devolviese a Pemex el dinero en litigio para que todo quedase resuelto. Se dice incluso que podrían regresar solo 640 de los más de mil millones de pesos que el gobierno asegura fueron transferidos indebidamente de la empresa al sindicato.

   Para los líderes petroleros un acuerdo de tal naturaleza implicaría reconocer que ese dinero lo recibieron de manera ilegítima y ellos han sostenido todo lo contrario. Incluso afirman que la deuda de Pemex con el sindicato era casi cinco veces superior a los mil millones de pesos que les entregaron.

   Quizá un arreglo en esos términos sería explicable si las circunstancias fueran fundamentalmente adversas a los caciques sindicales.

   Lamentablemente no es así. No son ellos sino el gobierno y el país quienes se encuentran con el agua –casi– al cuello ante la posibilidad de la huelga petrolera.

   Muy a pesar de lo que durante varias semanas dijeron voceros oficiales y oficiosos del gobierno, la suspensión de labores en las instalaciones de Pemex es una posibilidad real. Si la huelga estallase la sociedad se volcaría contra los dirigentes sindicales. Pero aun así, ellos estarían ejerciendo un derecho gremial porque la suspensión de labores sería, formalmente, para obtener mejores salarios.

   Podemos considerar que se trata de un chantaje. Nunca como ahora los líderes petroleros se han empeñado en llegar a la huelga para defender el interés laboral de los trabajadores. Pero al mismo tiempo los indicios disponibles sugieren que esos caciques sindicales cuentan, entre sus representados, con apoyo suficiente para bloquear la industria petrolera.

   Por lo pronto, la posibilidad de la huelga ha tenido costos para México. Aunque el panorama internacional ha experimentado problemas que influyen en las finanzas de nuestro país, la devaluación del 3.5% del peso en tan solo dos días y los altibajos de la bolsa no pueden disociarse del nerviosismo que suscita el Pemexgate.

   Al mismo tiempo y aunque no se cuenta con datos precisos, se ha dicho que en el transcurso de la semana varios miles de millones de dólares salieron de México a causa de ese conflicto. Como de costumbre esos desplazamientos indican un inexistente compromiso de inversionistas y especuladores con el interés de nuestro país. Pero son reacciones que cuestan y que cuentan.

Dos estilos, un conflicto

   Sin embargo, más que un realismo responsable que condujera a una negociación lícita y realista el presidente Vicente Fox ha querido aparentar que las cosas no son tan graves.  

   El viernes en una ceremonia de la Universidad de las Américas el titular del Ejecutivo comenzó su alocución:

   “Muy buenos días. Buena mañana el día de hoy, buenas lluvias en el país. El país marcha y marcha bien, afortunadamente. Estamos optimistas, como siempre”.

   El presidente dijo más adelante que conflictos como el de Pemex, él los maneja apoyado “en el diálogo y la negociación fructífera”. Ojalá que así sea. Pero no hay que olvidar que esta crisis se desató por falta de esos atributos en la actuación del gobierno.

   Eso decía el presidente Fox la mañana del viernes. Un par de horas más tarde, en Ciudad Acuña, el presidente nacional del PRI se refería al mismo trance de la siguiente manera:

   “Lo que hoy vemos no es reconfortante. La situación del país nos preocupa. La falta de acuerdos políticos en torno a los temas sustantivos de la agenda nacional, el riesgo presente  de polarización y la poca sensibilidad para entender las consecuencias que esto puede traer, sumados a un entorno internacional complicado, empiezan a generar resultados negativos para México”.

   Se trata de dos estilos, de dos discursos, para describir una misma realidad.

   No puede pretenderse que representantes de fuerzas políticas tan distintas como las que encabezan Vicente Fox y Roberto Madrazo tengan expresiones y diagnósticos idénticos sobre una situación política en la que son, además, antagonistas.

   Pero cuando mientras el presidente de la República asegura con optimismo que el país marcha bien y que el diálogo prospera y el dirigente del partido con más gobernadores y legisladores se manifiesta preocupado y dice que no hay acuerdos políticos estamos en una situación realmente difícil.

   Eso, además del estilo. La alusión del presidente a las “buenas lluvias” no debe haberles resultado precisamente simpática a los millares de damnificados por las inundaciones en distintos sitios de la República.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

–0–