A un año de la Ley Televisa

Publicado en La Crónica el jueves 29 de marzo de 2007

   No hubo razones que respaldaran aquella decisión de la mayoría senatorial. En patente aceptación de su indigencia argumental, los 81 senadores que el 30 de marzo de 2006 aprobaron la Ley Televisa dejaron la tribuna en manos de quienes se oponían a esas reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión. Durante varias horas los legisladores que habían encabezado la oposición a esas modificaciones reiteraron, sin encontrar una sola réplica, los muchos riesgos que implicaban para la soberanía del país sobre sus espacios radioeléctricos y para la diversidad comunicacional a la que tiene derecho la sociedad mexicana.
   La Ley Televisa, insistieron sus impugnadores, carecía de reglas equitativas para la asignación de nuevas concesiones de televisión y radio. Al establecer la oferta económica que presenten los interesados como criterio fundamental para el otorgamiento de frecuencias, se deja el desarrollo de esos medios al garete de los intereses mercantiles. La nueva composición de la Comisión Federal de Telecomunicaciones se advertía, desde entonces, como mero subterfugio para mantener las decisiones primordiales respecto de la radiodifusión en manos del gobierno federal. A los medios públicos y comunitarios, las nuevas disposiciones solamente los tomaban en cuenta para imponerles restricciones adicionales a las que ya padecían. Los cambios que aparentemente implicaba para la compra de espacios de propaganda por parte de los partidos eran esencialmente cosméticos y no atendían la necesidad de regular y limitar ese gasto. Tales reformas no implicaban un respaldo eficaz a la producción independiente ni a la diversidad de opciones en la televisión mexicana.
   Y lo más importante: al facultar a los concesionarios que ya tenían licencias de radio y televisión para que además de difundir señales de radiodifusión en esos espacios pudieran transmitir servicios de telefonía e Internet, entre otras opciones que ahora son posibles gracias a la digitalización de las telecomunicaciones, dichas reformas propiciaron un formidable negocio adicional para las principales empresas de ese ramo.
Las modificaciones al artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión permiten que esos concesionarios ofrezcan tales servicios adicionales sin establecer claramente la obligación para que, a cambio, le paguen por ello al Estado. En cambio las empresas que desde hace años brindan servicios de telefonía han tenido que pagar por ello cantidades muy altas, ya que las porciones disponibles para ello en el espectro radioeléctrico son limitadas y cada vez más cotizadas. El uso de un recurso natural por el que algunas empresas han pagado, podrá resultarles gratuito a los concesionarios de televisión y radio. La pérdida que tendría el Estado mexicano ascendería a varios miles de millones de dólares.
   Por eso, poco después de que fue abruptamente aprobada el 1 de diciembre de 2005 en la Cámara de Diputados, a esas reformas se les denominó Ley Televisa. Esa empresa, junto con Televisión Azteca, era indudablemente la beneficiaria principal de tales modificaciones legales. Pronto se comprobaría que, además de agraciada, Televisa era autora y promotora de dicha reforma.
   Solamente así podía explicarse el repentino proyecto que había presentado un hasta entonces oscuro diputado priista, Miguel Lucero Palma, sin conocimientos ni experiencia mostrados en el campo de las telecomunicaciones. Solamente así podía entenderse la insólita aquiescencia de los 327 diputados que el primer día de diciembre habían respaldado esa inopinada reforma. Algunos quisieron pensar que aquellos diputados se habían descuidado y que, confundidos en el maremágnum legislativo de fin de año, habían aprobado esas reformas sin entender su verdadero alcance.
   Ahora se sabe que, en todos los grupos parlamentarios, al menos los diputados más enterados conocían el significado de esas modificaciones legales. Todos ellos las aprobaron por instrucciones de sus respectivos candidatos presidenciales que, a su vez, de esa manera querían congraciarse con Televisa a unos cuantos días de que comenzaran las campañas formales hacia las elecciones del 2 de julio.

   Más tarde entre priistas, panistas y perredistas habría, de diferentes maneras, impulsores de la Ley Televisa que deploraron haberse comportado de esa manera porque al cabo de pocos meses comprobaron que esa empresa de comunicaciones no favorecía a sus candidatos como inicialmente habían esperado.
La unanimidad y la precipitación del 1 de diciembre fueron tan escandalosas que al menos propiciaron una intensa atención pública sobre la Ley Televisa. Productores, cineastas, actores, técnicos, académicos y periodistas, entre otros, comprendieron los peligros que implicaban aquellas reformas y mantuvieron ante ellas una informal pero muy destacada coalición ciudadana. Forzado a escuchar posiciones acerca de la minuta que ya había sido aprobada por los diputados, el Senado abrió audiencias en donde las razones contra la Ley Televisa sobrepasaron, en cantidad y calidad, a los parcos pero prepotentes defensores de esas modificaciones.
   A favor de la Ley Televisa se manifestaron, exclusivamente, los intereses empresariales a través de diversas voces. Empleados de despachos de asesoría jurídica contratados primero para escribir dicho proyecto de ley y luego para propagandizarlo, se hicieron cargo de esa defensa. Pero no eran argumentos sino coacciones e intimidaciones lo que estaba en juego. A no pocos de los firmantes de documentos contra la Ley Televisa, personeros de esa empresa les recriminaron que hubieran asumido tales posiciones y trataron de intimidarlos. El cabildeo más intenso era delante y dentro de los partidos políticos, a cuyos senadores también les hicieron ofertas y exigencias, según fuese el caso. A los radiodifusores que por diversos motivos se habían inconformado con la Ley Televisa también los llamaron a cuentas. Y en la industria de las telecomunicaciones, cuyos directivos habían rechazado tales reformas entre otros motivos porque no conducían a un auténtico aprovechamiento de la convergencia digital, las coacciones incluyeron amenazas de Televisa para dejar de comprarles insumos o servicios.
   En esa operación fueron cosechados los 81 votos senatoriales por la Ley Televisa. No había convicciones sino conveniencias detrás de ellos. Lo más notable fue cómo, ante tal despliegue de recursos para forzar la decisión legislativa en beneficio de la corporación mediática más influyente y arrogante, hubo 40 senadores que votaron en contra —cuatro más, se abstuvieron—.

  
   Varias semanas después, el 4 de mayo, 47 senadores presentaron en la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad respaldado con una extensa documentación. Aunque el conservadurismo y el apego a los poderes fácticos que han demostrado algunos de sus integrantes no ofrecen demasiado margen para esperar una resolución favorable a esa impugnación, de la decisión de la Corte depende, en parte, el futuro de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. La otra vía para enmendar el allanamiento de esos sectores a un puñado de intereses privados, se encuentra en las nuevas reformas que puedan emprender los actuales legisladores. No hay que olvidar que la Ley Televisa implicó la modificación de unos cuantos artículos en un par de leyes federales y que el régimen legal de la radiodifusión mexicana sigue siendo tan obsoleto como hace décadas.
   Mientras tanto, las reformas de hace un año han propiciado la conformación de una nueva Comisión Federal de Telecomunicaciones en la cual se encuentran peones y aliados de las grandes televisoras —está presidida por Héctor Osuna, quien fue uno de los senadores que encabezaron la defensa de la Ley Televisa—. El acatamiento de ese organismo al interés de los monopolios de la radiodifusión se ha manifestado en algunas de sus primeras decisiones y sobre todo en la indefinición con que mantiene asuntos relevantes como las solicitudes de nuevas frecuencias para televisión.
   Otra consecuencia de la Ley Televisa fue la propagación, en segmentos significativos de la sociedad mexicana, de las posiciones discrepantes respecto de esa empresa y del régimen de radiodifusión que tenemos en México. Una de las expresiones de ese nuevo contexto crítico ha sido la revitalización de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información cuyo nuevo presidente, Javier Corral Jurado, tomó posesión la semana pasada, el martes 20 de marzo, en una ceremonia realizada en la Facultad de Derecho de la UNAM.
   Conocido como uno de los impugnadores más perseverantes al régimen de privilegios mediáticos que cristalizó en la Ley Televisa, Corral recordó en esa ocasión que muchos de los miembros de la Asociación somos los que impugnaron aquella reforma pero nos define mucho más que esa coyuntura: “Nosotros somos los que estamos a favor de la democratización de los medios de comunicación electrónica en México, los que consideramos que como el agua, que como la seguridad, que como el medio ambiente, como la salud y la educación, la información es un bien público y no una mercancía, que esa industria poderosa e influyente de la radio y la televisión debe ser también un servicio público y no sólo un negocio, que se hace millonaria con los recursos públicos destinados a la política electoral y a los partidos, y se ha vuelto obstáculo para el verdadero debate, de la auténtica discusión de los problemas del país, que no las intrigas palaciegas de los políticos entre sí, sino la pobreza insultante, la desigualdad como principal cáncer que destruye la vida nacional”.

Publicado en La Crónica el jueves 22 de marzo de 2007 

 De la izquierda hay que hablar en plural. Con esa denominación se distinguen tantas prácticas, posturas y tradiciones que resultaría imposible encontrar un denominador común para todas las formaciones políticas y, más aún, para todos los individuos que se consideran de izquierda.

Si hubiéramos de ser rigurosos, habría que recordar que bajo tal nombre solían designarse las posiciones que luchaban por la justicia social, que anteponían los principios al pragmatismo, que hacían de la democracia un compromiso y no una coartada. Pero cuando desde las izquierdas, o con esa fachada, se perpetran abusos e incluso latrocinios, cuando no son la democracia y sus reglas sino los resultados que les convienen, aquellos que están dispuestos a aceptar grupos y personajes de izquierdas y cuando en nombre de ellas se mantienen prácticas clientelares, que trafican con el interés, la representación e incluso la dignidad de las personas, entonces pareciera claro que nos encontramos ante una crisis del concepto, pero sobre todo, de la política identificada con ese flanco de la vida pública.
Cuando hay quienes consideran que son de izquierda políticos tan distantes de los principios y tan distintos del respeto a la democracia como Bejarano, López Obrador, Leonel Cota, Rosario Robles o incluso ahora viejos y nuevos caciques del PRI, evidentemente hay una intensa confusión conceptual —o, en todo caso, un inescrupuloso tráfico de apariencias con la idea misma de la izquierda—. Qué lejanos quedaron, con todo y lo discutibles que en su momento pudieron haber sido, trayectorias y definiciones políticas como las de Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Heberto Castillo, Arnoldo Martínez Verdugo, Rafael Galván o Alejandro Gascón Mercado, entre tantos otros dirigentes de izquierda cuya sola enumeración confirma la amplitud pero también la coherencia en postulados sociales y democráticos que los singularizaba.
Lo que por lo general hoy se denomina como izquierda no es sino una colección —que sería patética si en medio de la confusión política de los años recientes no hubiese alcanzado tanta influencia social— de inescrupulosidades, desfachateces y convenencierismos.
De ese panorama y desde perspectivas muy variadas, desde el mes pasado el investigador Roger Bartra, con respaldo de la Fundación Friedrich Ebert, está animando una serie de discusiones sobre la izquierda, la democracia y la crisis política en México. Los lunes por la tarde han acudido, a sendas reuniones en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dirigentes y analistas como Soledad Loaeza, José Woldenberg, Jesús Ortega, Juan Villoro, Christopher Domínguez y Juan Molinar. Para las reuniones próximas están anunciadas participaciones de Patricia Mercado, Víctor Manuel Durand, Jorge Alcocer, Pablo Gómez, Enrique Krauze y el propio Bartra, entre otros. La semana pasada en ese seminario, en una sesión que comenzó con una brillante y provocadora ponencia de Denise Dresser, dije entre otras cosas lo siguiente.
Cuando las actuales izquierdas mexicanas —o los grupos a los que se acostumbra adjudicar esa denominación— discuten algo, suele ser con la mira puesta en las circunstancias y dificultades más inmediatas. El debate de ideas, que en otros sitios es consustancial a las izquierdas, aquí sólo existe de manera accidental y ocasional.
No siempre fue así. El talante discutidor de las izquierdas mexicanas en otros tiempos se tradujo incluso en desencuentros y escisiones tan intensos como, con frecuencia, irreparables. No nos detendremos aquí en el recuento de las copiosas aunque a veces absortas polémicas que surcaron el panorama de las izquierdas en este país durante por lo menos medio siglo, hasta ya entrados los años 80 de la centuria pasada. Pero es imposible dejar de recordar la intensidad discursiva y con frecuencia la fundamentalista vehemencia con que se discutían asuntos como la caracterización del Estado mexicano, la condición de las vanguardias respecto del conjunto de la sociedad, las distinciones entre partidos de cuadros y partidos de masas, así como la necesidad o la inutilidad de las reformas al régimen político de este país. La índole marginal que durante gran parte de ese periodo tuvieron las izquierdas mexicanas propiciaba que aquellos diferendos se convirtieran, a menudo, en el centro de las inquietudes de sus militantes. Pero si la discusión o la especulación en exceso definían en parte a aquella izquierda ensimismada, muy pronto la impremeditación y el pragmatismo serían distintivos de las fuerzas y coaliciones políticas que la sucedieron.
El espacio de la izquierda mexicana, a diferencia de las izquierdas en otros países, había sido fundamentalmente ideológico. Aunque en la creación de los grandes sindicatos y centrales obreras la participación de militantes de ese signo e incluso las decisiones del Partido Comunista Mexicano resultaron significativas, muy pronto las corrientes de izquierda fueron desplazadas, a veces merced a la persecución y la represión, de las organizaciones gremiales más importantes. A diferencia de los grandes partidos de ese signo en países europeos y en América del Sur, la izquierda mexicana alcanzó una débil implantación en los sindicatos. Más tarde su presencia en los movimientos sociales fue desigual.
No obstante, la izquierda en México había tenido una imagen favorable tanto en la sociedad como, incluso, en áreas del mundo político que podrían haberse considerado antagónicas a ella. En 1932, Vicente Lombardo Toledano, creador del sindicalismo moderno en este país, estipulaba que “el camino está a la izquierda”. Tres décadas más tarde el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, declaró que su gobierno era “de izquierda, dentro de la Constitución”. E incluso en el nada remoto 1995 el entonces secretario general del Partido Acción Nacional afirmó, a propósito de una encuesta acerca de la tendencia ideológica de los militantes panistas, que él se consideraba como de “centro izquierda” (Suplemento Enfoque, Reforma, 2 de abril de 1995. Ese dirigente del PAN, llamado Felipe Calderón, ahora es Presidente de la República.
En la década de los 90, por lo general las encuestas que indagaban acerca de la identificación ideológica de los ciudadanos encontraban que muy pocos se consideraban a sí mismos de derecha. Ocurría la misma reacción que el dirigente socialista Alfonso Guerra identificó en Europa: “Hay pocos que se autoproclaman de derecha, porque el término ha adquirido un tono cultural muy negativo. Todas las derechas se autodefinen ‘de centro’ en una operación de maquillaje ideológico” (Alfonso Guerra, Diccionario de la izquierda. Planeta, Barcelona, 1998).
En México la derecha, al menos en el terreno de las imágenes públicas, tenía escasa implantación social. En este país, más allá de inconsecuencias y enmascaramientos, pretenderse de izquierda era políticamente correcto —incluso antes de que la corrección política, ese inventario de fundamentalismos tan avasalladores como irreflexivos, se hubiera puesto de moda—. Sin embargo en los años más recientes las preferencias a favor de la derecha, como señal de identidad entre los ciudadanos, han venido incrementándose.
En octubre de 2005 la encuesta “Panel México 2006”, realizada por Grupo Reforma y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, encontró que el 24% de los ciudadanos en este país se consideraba entre la centro-izquierda y “muy de izquierda”, en tanto que el 21% se identificaba en alguno de los rangos de la derecha (19% se colocaba al centro, 12% dijo que en ninguna de esas adscripciones y 25% no sabía o no contestó). Eso es algo de lo mucho que ha cambiado en el escenario político mexicano. A diferencia de épocas anteriores, ahora cada vez más mexicanos se consideran de derecha. Aun es preciso saber qué entienden por “derecha” e “izquierda”. En todo caso, por lo menos desde mediados de la primera década del nuevo siglo, la mayoría de los ciudadanos en México identifica al PAN con la derecha y al PRD con la izquierda. Una encuesta de Consulta Mitofsky levantada en agosto de 2005 encontró que para el 61% de los ciudadanos Acción Nacional era de derecha aunque el 21% consideró que es de izquierda. Al PRI, el 48% lo consideró de derecha y el 31% de izquierda. Y al PRD, el 36% lo calificó de izquierda en tanto que para el 35% de los ciudadanos ese partido era de derecha. Quizá no están equivocados.

Crónica, 

15 de Marzo de 2007

Manida y demagógica, aquella frase que pretende otorgar salario mínimo al
presidente para que vea lo que se siente expresa, sin embargo, un extendido
reproche. Ni la alternancia de un partido a otro, ni los recursos para la
transparencia en la información pública, ni el frecuente escrutinio de
algunos medios en asuntos como esos, han logrado erradicar en la sociedad
mexicana la presunción de que los más altos funcionarios del Estado abusan
de sus cargos concediéndose desmedidas remuneraciones.

Posiblemente los sueldos de los altos cargos en la administración pública
mexicana no constituyan una porción significativa del Presupuesto Federal.
Pero ese no es el problema. En un país con tan amplias y desmoralizadas
franjas de la sociedad, que subsisten con salarios de miseria y a menudo ni
siquiera con ellos, el solo conocimiento de que hay funcionarios públicos
que ganan cien o doscientas veces el equivalente al salario mínimo suscita
irritación y alienta la muy esparcida desconfianza respecto de la política y
quienes la ejercen.

El tema, de suyo sensible, ha sido motivo de abundante lucro a veces por
parte de algunos de los políticos que han disfrutado salarios desmedidamente
cuantiosos y, en otras, por parte de medios de comunicación que se dan vuelo
denunciando sueldos excesivos porque saben que al público le gusta que a los
funcionarios al menos los expongan con denuncias de esa índole. (No estaría
mal, de paso, que aun cuando se trata de empresas privadas el público
conociera, como es frecuente en otros países, las remuneraciones que reciben
los conductores de los principales noticieros de radio y televisión).

Los sueldos en los altos niveles de la administración pública tienen que ser
elevados. No puede pretenderse que a un profesional con reconocida
especialidad en su campo y a quien se le encarga el cumplimiento de una
responsabilidad importante, el país le pague unos cuantos miles de pesos.
Pero en todas las áreas del Estado ha sido frecuente que, a los salarios
nominales, se añadan sobresueldos, compensaciones, vales, aguinaldos y otras
retribuciones que en ocasiones multiplican ese ingreso financiero.

Hoy en día el presidente de la República tiene un sueldo de 152 mil pesos y
no resulta exagerado. Pero con frecuencia, cuando nos enteramos del salario
de un secretario o subsecretario de Estado, de un ministro judicial o de un
legislador, no necesariamente sabemos el monto completo de las retribuciones
que le paga el país. No está mal que nuestros funcionarios públicos más
relevantes obtengan remuneraciones congruentes con las obligaciones que
desempeñan. Pero en ocasiones se les ha pasado la mano.

La clase política advierte las consecuencias de tales abusos. La iniciativa
de reformas constitucionales que el martes pasado -13 de marzo- aprobó el
Senado establece que ninguna remuneración que el Estado mexicano otorgue a
sus funcionarios será mayor a la que reciba el presidente de la República.
El salario del titular del Ejecutivo Federal es determinado en el
Presupuesto anual de egresos federales. Ahora, si esa reforma legal se
aprueba, habrá un sueldo total y máximo que no podrá ser complementado por
ninguna otra remuneración.
La nueva formulación propuesta para el artículo 127 constitucional -en donde
actualmente sólo se dice que la retribución para el presidente y otros
funcionarios será “adecuada e irrenunciable” y que se determina cada año-,
define los alcances de esa remuneración: “toda percepción en efectivo o en
especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios,
recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, aportaciones a
fondos de retiro o ahorro y cualquier otra, con excepción de los apoyos, y
los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del
trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”.

Así que se acabarían los apoyos cuantiosos para alquiler o adquisición de
vivienda, las contribuciones millonarias a los fondos de ahorro, los
aguinaldos que en ocasiones equivalían a la mitad del ingreso de todo el año
o los acuerdos especiales para que la pensión de los altos funcionarios
exceda sustancialmente la que recibe la mayoría de los trabajadores del
Estado.

No están del todo claras las consecuencias que esa reforma tendría sobre las
retribuciones que, de manera especial, el Estado les entrega a los ex
presidentes de la República o, cuando han fallecido, a sus deudos.

En una democracia con un funcionamiento normal de sus instituciones y sin la
rispidez que padece la vida pública mexicana, a nadie le inquieta saber que
a los ex presidentes, el país que gobernaron les paga un sueldo vitalicio.
Aquí, como todos sabemos, por una parte la aciaga fama pública que algunos
de nuestros ex presidentes han parecido empeñados en fraguarse a toda costa
y por otro lado las revanchas políticas de las que han sido víctimas, hacen
de sus remuneraciones un tema delicado y polémico.

Sería deseable que a los ex presidentes se les garantizara un ingreso
decoroso, sin excesos ni subterfugios. La custodia que deben recibir por
parte de la fuerza pública no tiene por qué contabilizarse como parte de esa
remuneración. Pero en cambio si algún ex presidente quiere recursos para
mantener una iniciativa personal -como hizo Luis Echeverría con el Centro de
Estudios del Tercer Mundo, o como hace ahora Vicente Fox en el mausoleo que
se autoerige en Guanajuato- esos proyectos tendrían que pasar por los
procesos de aprobación y verificación presupuestal, en el Poder Legislativo,
por el que transita cualquier propuesta que pretende recibir fondos
públicos.

¿Qué sueldo debiera recibir un ex presidente? Mientras en la sociedad no se
extienda la convicción de que al país le resulta provechoso remunerar con
suficiencia a quienes lo han gobernado, es difícil encontrar argumentos para
que a los ex presidentes, no se les entregue la misma pensión que recibe el
resto de los trabajadores del Estado cuando se jubilan. Esa pensión, de
acuerdo con la Ley del ISSSTE, no puede ser mayor a 10 salarios mínimos. No
estaría mal revisar ese límite, que resulta injusto con trabajadores de
remuneraciones más altas y que actualmente equivale a 15 mil 171 pesos
mensuales. Sin embargo eso establece la ley para los trabajadores del
Estado.

Es poco para un ex presidente, desde luego. Pero puede suponerse, sin
exageraciones, que durante los seis años de su encargo, y aún antes, han
podido abonar cuotas suficientes a algún fondo de retiro para tener un
ingreso que complemente la pensión que les entregue el Estado. Para
recibirla, desde luego, tendrían que retirarse del servicio público. O
podrían no aceptarla y seguir trabajando, sin cargo al erario, como dicen
que hace Ernesto Zedillo.

La reforma constitucional fue aprobada en el Senado, de manera unánime, por
106 votos -aunque ese día pasaron lista 113 legisladores- y ha sido
resultado de dos iniciativas. Una, presentada en noviembre pasado por el
senador perredista Pablo Gómez y la otra, enviada en enero por el presidente
Felipe Calderón. Antes de la votación hablaron a favor de ella tres
senadores, Pedro Joaquín Coldwell del PRI, José González Morfín del PAN y el
ya mencionado Pablo Gómez Álvarez del PRD.
La reforma constitucional sería aplicable a todos los servidores públicos,
tanto de la Federación como de los estados y municipios, de las dependencias
paraestatales y de cualquier organismo público e incluso de carácter
autónomo. Ahora debe ser discutida por la Cámara de Diputados y, si se
ratifica allí, en las legislaturas de los estados. Pero no es difícil que a
San Lázaro lleguen presiones a fin de que no se apruebe. La disminución que
esa reforma puede significar en el ingreso real de no pocos funcionarios
llegaría a ser tan significativa que ya hay protestas, soterradas pero
amplias, en las cúpulas de la administración pública y especialmente en
organismos paraestatales.

Sería injusto, y hasta infame, pretender que al presidente, como ha rezado
aquella sentencia, le paguen el salario mínimo. Pero el ajuste general en
las remuneraciones más altas y sobre todo el establecimiento del límite
máximo que plantea la reforma constitucional podría tener réditos políticos
que ojalá los partidos, y sus funcionarios en posiciones de gobierno,
quieran entender y respaldar.

ALACENA: Sueldos universitarios
Sobresueldos y complementos son recursos para incrementar artificiosamente
las remuneraciones de los altos funcionarios. Pero en instituciones públicas
como las universidades, se han establecido compensaciones y bonos que
complementan el nominalmente precario ingreso de profesores y otros
trabajadores aunque no se les reconoce, para efectos legales, como parte de
su salario. Con el mismo espíritu con que ahora se enfrenta la simulación
que ha existido en los sueldos de altos funcionarios, el Congreso y las
universidades públicas tendrían que resolver esa irregularidad que se
mantiene en perjuicio de los derechos salariales de decenas de miles de
trabajadores académicos en todo el país.

trejoraul@gmail.com
http://sociedad@wordpress.com

La Crónica, 8 de marzo de 2007

   La confusión y el embuste se encuentran en las antípodas de la deliberación racional. La antidemocracia se nutre de mitos. Su contraparte, se asienta en los hechos. La contribución principal de Carlos Tello Díaz al esclarecimiento de las recientes elecciones no consiste en recordarnos que Andrés Manuel López Obrador es un mentiroso. Eso ya lo sabíamos. El mérito notable en 2 de julio, un libro que ha sido menos leído que discutido, se encuentra en la reconstrucción de ese día y, especialmente, de los datos acerca de la votación que iban ofreciendo las encuestas a la salida de las casillas y más tarde los conteos rápidos.

   Más que revelaciones, el libro de Tello Díaz ofrece documentadas constataciones. Ya se conocía que durante todo ese domingo las casas encuestadoras registraron los vaivenes de una elección en donde los dos principales candidatos a la presidencia se alternaban en la delantera. Ya se sabía que, conforme fueron cerrando, de las casillas de votación llegaron datos que confirmaban lo muy disputada que estuvo la elección.

    La contribución de ese libro al conocimiento de tales hechos radica en presentar, hora tras hora y aderezada con una sabrosa crónica de sus personajes principales y sus circunstancias, las cifras que surgían en el transcurso de la jornada electoral. Y de manera específica el dato político e informativo, pero también histórico y moral, es la comprobación de que el candidato presidencial de la Coalición por el Bien de Todos supo, desde la noche del 2 de julio, que no había ganado la elección.

   El episodio de ese libro que más ha sido comentado muestra a López Obrador haciendo, en privado, un reconocimiento abierto a la derrota que acababa de sufrir. La ausencia de fuentes expresas para documentar ese momento ha sido tomada como debilidad en la investigación de Tello Díaz. Sin embargo 2 de julio es mucho más que ese incidente, de la misma manera que la elección presidencial tuvo una complejidad que supera, con mucho, los arrebatos y las falsedades del candidato de la Coalición.

   La ventaja que acarreaba desde más de un año antes de la elección, la debilidad inicial del candidato presidencial del PAN y la actitud de no pocos medios de comunicación en donde ya fuese para encomiarlo o para denostarlo se le trataba como seguro ganador, contribuyeron a crear una falsa pero extendida percepción acerca de las posibilidades de triunfo de López Obrador. Tanto en segmentos importantes de la sociedad mexicana como en la clase política y mediática, durante la primera mitad de 2006 se fue extendiendo la certeza de que el vencedor sería el candidato del PRD.

   Para algunos, partidarios de López Obrador, aquella era una ilusión que tenía algo de voluntarismo pero que se afianzaba en datos como los que ofrecían las encuestas durante los primeros meses del año. Para otros, simplemente se trataba de una lectura resignada pero desactualizada. Ni unos, ni otros, estuvieron suficientemente dispuestos a entender las variaciones en las preferencias políticas de los ciudadanos.

   Hasta el mes de marzo López Obrador mantenía varios puntos de ventaja. Pero en abril todas las encuestas conocidas registraron un avance importante en las preferencias de voto por Felipe Calderón.  Eso podía advertirlo cualquier lector de periódicos. Al hacer un promedio de los datos de cinco encuestas (Consulta, GEA-ISA, El Universal, Reforma y Parametría) en marzo se podía observar que la intención de voto por López Obrador era de 39 puntos y por Calderón de 31.8. Pero al siguiente mes esa situación cambió: el candidato de la Coalición tenía 34.2% y el panista 36.6% de las intenciones de voto y descontando a los ciudadanos todavía indecisos. Calderón siguió adelante todo mayo y en junio los dos candidatos iban empatados.

   Al terminar junio cuatro de dichas encuestas, consultadas por el autor de esta columna, indicaban que la intención de voto le favorecía a López Obrador por diferencias que en la mayor parte de los casos eran inferiores al margen de error. En otra más se advertía una ventaja, pero también pequeña, del candidato del PAN. En otras palabras, estábamos ante un empate. Quienquiera que ganase las elecciones lo haría por una diferencia de votos muy pequeña.

   Para entonces López Obrador en público despotricaba contra las encuestas pero, en privado, se enteraba de ellas. La que encargaba a la firma Covarrubias a comienzos de mayo le informó –según sabemos ahora gracias al libro de Tello Díaz– que, sin reasignar indecisos, él tenía 29% de preferencias de voto frente a 34% de Calderón. Y aunque un día sí y otro también mandaba al diablo a las encuestas, sabía que la competencia estaba muy cerrada.

   El 2 de julio la misma casa encuestadora le informó a López Obrador que, a las 11 de la noche, su conteo rápido –realizado con datos ya computados en casillas electorales– revelaba que iban empatados con 36% cada uno. Y una hora más tarde, en ese conteo, el candidato del PAN tenía una delantera de un punto.

   A pesar de esos datos López Obrador proclamó que él había ganado la elección. Lo de menos es si admitió o no delante de sus allegados que en realidad había perdido. El libro de Tello Díaz demuestra que ese candidato dispuso de información oportuna y suficiente que le permitió saber que, en una elección muy reñida, él quedaba en segundo sitio. Además de encuestas como la de Covarrubias, López Obrador se enteró de la información que surgía del centro de cómputo que había instalado Televisa porque durante la tarde había enviado allí a uno de sus hijos.

   Los datos de la elección no sustentaban la rabieta de López Obrador y mucho menos la mascarada que protagonizó en los siguientes meses. Muchos ciudadanos quisieron creerle y lo acompañaron por un trecho en esa ruta de colisión consigo mismo y con los principios democráticos más elementales. Pero también resulta sorprendente el encandilamiento de no pocos funcionarios, dirigentes y analistas que durante varios meses, antes de las elecciones, estuvieron inamoviblemente convencidos de que ese sería el vencedor aunque las encuestas mostraban que la elección estaría muy competida.

   Peor aun fue la postura de quienes, después del 2 de julio, apostaron a la anulación de las elecciones con el propósito de que se formara un gobierno interino. Cuando después de las elecciones leímos acerca de esa posibilidad creímos que se trataba de un desvarío sensacionalista en algunas columnas de infidencias políticas. Ahora que el libro de Tello Díaz ofrece nombres y presuntos beneficiarios de aquella maniobra, que no ha sido desmentida y en la que habrían participado algunos importantísimos funcionarios universitarios, tenemos que reconocer que la ofuscación y la inescrupulosidad en la vida pública mexicana se han extendido mucho más de lo que hubiéramos pensado. El libro de Carlos Tello Díaz ayuda a despejar mitos y brumas que han dificultado la evaluación del 2 de julio pero también revela improvisaciones y pobrezas de nuestras elites políticas.  

ALACENA: Despenalización a medias

   La despenalización de los delitos de prensa –calumnias, injurias, difamación– para que su sanción sea exclusivamente pecuniaria es buena noticia. Lamentablemente a los senadores –y antes a los diputados, que el año pasado aprobaron esa reforma al Código Penal– se les olvidó que en la Ley de Imprenta se mantienen condenas de prisión para los periodistas que incurran en “ataques a la vida privada” –cárcel de 8 días a 6 meses–, injurias “que causen afrenta ante la opinión pública” –6 meses a 2 años– y “ataques a la moral” –arresto de hasta 11 meses–. El próximo 9 de abril la Ley de Imprenta cumplirá 90 años.

SOCIEDAD Y PODER

Raúl Trejo Delarbre

Publicado en La Crónica de Hoy el jueves 1 de marzo de 2007 

   La escena no podía ser más emblemática de los peliagudos cuan contradictorios tiempos actuales. Felipe Calderón, militante de toda la vida de una oposición que cuestionaba con invariable aspereza los vicios del viejo corporativismo sindical, ahora que es presidente acude nada menos que a la cueva de aquellos arcaicos líderes. Allí estaba el 24 de febrero, para conmemorar los 71 años de la CTM. Centenares de trabajadores lo vitorearon, no porque esa fuera su convicción sino porque así les exigían los animadores de aquella ceremonia, cuando después de su discurso recibió el saludo de Joaquín Gamboa Pascoe.   

   Se trata del líder que arribó a la dirigencia de la CTM hace 19 meses, a la muerte de Leonardo Rodríguez Alcaine. No tiene la picardía del atrabiliario dirigente electricista pero en alguna ocasión se permitió desplantes como cuando hacia 1988, siendo líder de los trabajadores del Distrito Federal, les replicó a varios reporteros que le preguntaron si no era inadecuado que él anduviera en automóviles ostentosos. “¡Qué les pasa! ¿Qué, porque los trabajadores están jodidos yo también debo estarlo?”.  

   Es el mismo Gamboa Pascoe que por aquellas fechas perdió ante Porfirio Muñoz Ledo la elección para senador en el DF. El mismo que fue señalado como beneficiario de la construcción de decenas de miles de casas con recursos del Infonavit. Distante de la austeridad que Fidel Velázquez procuraba exhibir Gamboa Pascoe, aficionado a los safaris en África, ha sido todo desplante, todo oropel, todo bluff.   

   Ese es el dirigente a quien el presidente Calderón fue a saludar en  su mismísima guarida, hoy tan deteriorada que apenas si se sostiene gracias a la inexistencia de corrientes que pugnen por la democracia en los sindicatos y a la complacencia del gobierno que en este nuevo sexenio panista, a la usanza del convenenciero priismo, sigue alentando una relación de condescendencias y simulaciones respecto del viejo corporativismo sindical.  

   “Don Joaquín”, como le dijo el presidente, está llegando a los 80 años y fue beneficiario del nepotismo que coloca en posiciones de responsabilidad pública a los yernos de desprestigiados dirigentes sindicales. Su suegro era Jesús Yurén, uno de los “cinco lobitos” que tomaron el control de la CTM y le heredó la dirigencia de la Federación de Trabajadores del DF.   

   No dudamos que el presidente de la República haya tenido que hacer de tripas corazón para mostrarse tan complaciente con Gamboa Pascoe. Las responsabilidades del gobierno imponen esas y hasta peores amarguras. Calderón no puede rehusar apoyo alguno y aunque la CTM se encuentra tan alicaída que prácticamente nadie se acordaba de ella, quizá en el gobierno hay quienes creen –erróneamente– que todavía representa a núcleos importantes de trabajadores.   

   Aunque se trataba de una visita de cortesía y desde luego de avenencia política, al presidente no le hacía falta prodigarse en elogios tan desmedidos como cuando aseguró que la CTM “para el gobierno tiene un reconocimiento especial, porque se trata de una organización que demanda, pero también propone, que cuestiona, pero que sobre todo construye, que trabaja  y trabaja intensamente por el bienestar de sus agremiados y por el bien de México”.  

   Quizá el presidente Calderón se dejó llevar por el entusiasmo postizo que lo rodeaba. Pero se le pasó la mano. Esas frases, tan laudatorias como huecas, son idénticas a las que pronunciaban los presidentes del antiguo régimen pero ellos al menos eran del mismo partido que los líderes cetemistas. Y quizá ninguno de ellos, acaso porque conocían a ese podrido sindicalismo mucho mejor que Calderón, llegó a ensanchar de manera tan artificiosa la membresía de la CTM: “Sé que dirigirme a ustedes, señor secretario, señores dirigentes, señoras y señores, es dirigirme a millones y millones de trabajadores en todo México”.   

    Y eso no es cierto. Javier Aguilar García, que es el estudioso más serio y sistemático de la situación de la CTM, ha estimado que hace algunos años la afiliación de esa central se había reducido a menos de 900 mil trabajadores. E iba para abajo: posiblemente hoy los cetemistas son menos de 500 mil. Así que si al presidente Calderón le dijeron que hablaría ante los líderes de millones, simplemente lo engañaron.  

   Es natural, incluso deseable, que el gobierno tienda puentes con todas las fuerzas de la sociedad. Si ha de impulsar algunas de las muchas reformas que prometió –y respecto de las cuales tendrá que emprenderse un inicial corte de caja la próxima semana, cuando se cumplan los primeros 100 días de esta administración– Calderón requiere suficientes aliados. Pero con socios políticos como Gamboa Pascoe el presidente no llegará lejos.  

   En el terreno del sindicalismo la contracción política del sector encabezado por los telefonistas y la UNT, que no se reponen de la equivocada apuesta que hicieron por López Obrador, ha impedido que Calderón encuentre allí la interlocución que habían tenido otros gobiernos. E incluso la UNT, y sus dirigentes, se parecen cada vez más al sindicalismo estancado y a los líderes auto perpetuados en las secretarías generales a quienes tanto combatieron hace tres décadas.  

    Es comprensible que Calderón procure no desperdiciar cualquier ocasión para acercarse al llamado mundo del trabajo. Pero no necesita hacerlo de manera tan reverente.   

   Quizá sería mucho pedir que, desde su posición actual, el presidente recupere aquellos principios del PAN que con perspectivas conservadoras, pero de talante democrático, consideraban que el viejo sindicalismo aherrojaba la libertad y la dignidad de los trabajadores. Pero podría recordar los varios proyectos de reforma laboral que se encuentran estancados desde hace años y que, con matices distintos, coinciden en establecer normas para propiciar la participación de sus agremiados en la vida de los sindicatos.   

   El presidente podría reconocer, por lo menos, que al hablar frente a los anticuados dirigentes sindicales no necesariamente se dirige a los trabajadores de los sindicatos encabezados por esos líderes. Quizá entonces consiga conciliar, en esos difíciles trances, la ética con la estética. No vaya a ser que a fuerza de departir y convenir con ellos Calderón comience a parecerse a esos dirigentes espurios a los que tanto cuestionó en otros tiempos y con los que ahora, ni modo, tiene que alternar. 

Decíamos ayer  

   Estoy de vuelta en Crónica gracias a una muy amable invitación de su director general, Guillermo Ortega Ruiz. Fui colaborador del diario durante nueve años, hasta junio de 2005. Ahora que regreso no puedo ni querría dejar de reconocer la talentosa conducción que ejerció Pablo Hiriart en esta casa editorial, de la que es fundador y a quien se deben los méritos primordiales que ha tenido el periódico.   

   Como lector que antes que nada soy de Crónica, lamento el alejamiento reciente de varios de sus colaboradores más perspicaces y entiendo los diferentes motivos de su ausencia en estas páginas. Estoy convencido de que en la medida en que mantenga el respeto que ha tenido hacia la opinión crítica y profundice su compromiso con la diversidad y el profesionalismo editoriales, este diario conservará e intensificará la presencia pública que ha alcanzado.  –0–