Sociedad y poder

El sueldo del presidente

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Crónica, 

15 de Marzo de 2007

Manida y demagógica, aquella frase que pretende otorgar salario mínimo al
presidente para que vea lo que se siente expresa, sin embargo, un extendido
reproche. Ni la alternancia de un partido a otro, ni los recursos para la
transparencia en la información pública, ni el frecuente escrutinio de
algunos medios en asuntos como esos, han logrado erradicar en la sociedad
mexicana la presunción de que los más altos funcionarios del Estado abusan
de sus cargos concediéndose desmedidas remuneraciones.

Posiblemente los sueldos de los altos cargos en la administración pública
mexicana no constituyan una porción significativa del Presupuesto Federal.
Pero ese no es el problema. En un país con tan amplias y desmoralizadas
franjas de la sociedad, que subsisten con salarios de miseria y a menudo ni
siquiera con ellos, el solo conocimiento de que hay funcionarios públicos
que ganan cien o doscientas veces el equivalente al salario mínimo suscita
irritación y alienta la muy esparcida desconfianza respecto de la política y
quienes la ejercen.

El tema, de suyo sensible, ha sido motivo de abundante lucro a veces por
parte de algunos de los políticos que han disfrutado salarios desmedidamente
cuantiosos y, en otras, por parte de medios de comunicación que se dan vuelo
denunciando sueldos excesivos porque saben que al público le gusta que a los
funcionarios al menos los expongan con denuncias de esa índole. (No estaría
mal, de paso, que aun cuando se trata de empresas privadas el público
conociera, como es frecuente en otros países, las remuneraciones que reciben
los conductores de los principales noticieros de radio y televisión).

Los sueldos en los altos niveles de la administración pública tienen que ser
elevados. No puede pretenderse que a un profesional con reconocida
especialidad en su campo y a quien se le encarga el cumplimiento de una
responsabilidad importante, el país le pague unos cuantos miles de pesos.
Pero en todas las áreas del Estado ha sido frecuente que, a los salarios
nominales, se añadan sobresueldos, compensaciones, vales, aguinaldos y otras
retribuciones que en ocasiones multiplican ese ingreso financiero.

Hoy en día el presidente de la República tiene un sueldo de 152 mil pesos y
no resulta exagerado. Pero con frecuencia, cuando nos enteramos del salario
de un secretario o subsecretario de Estado, de un ministro judicial o de un
legislador, no necesariamente sabemos el monto completo de las retribuciones
que le paga el país. No está mal que nuestros funcionarios públicos más
relevantes obtengan remuneraciones congruentes con las obligaciones que
desempeñan. Pero en ocasiones se les ha pasado la mano.

La clase política advierte las consecuencias de tales abusos. La iniciativa
de reformas constitucionales que el martes pasado -13 de marzo- aprobó el
Senado establece que ninguna remuneración que el Estado mexicano otorgue a
sus funcionarios será mayor a la que reciba el presidente de la República.
El salario del titular del Ejecutivo Federal es determinado en el
Presupuesto anual de egresos federales. Ahora, si esa reforma legal se
aprueba, habrá un sueldo total y máximo que no podrá ser complementado por
ninguna otra remuneración.
La nueva formulación propuesta para el artículo 127 constitucional -en donde
actualmente sólo se dice que la retribución para el presidente y otros
funcionarios será “adecuada e irrenunciable” y que se determina cada año-,
define los alcances de esa remuneración: “toda percepción en efectivo o en
especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios,
recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, aportaciones a
fondos de retiro o ahorro y cualquier otra, con excepción de los apoyos, y
los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del
trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”.

Así que se acabarían los apoyos cuantiosos para alquiler o adquisición de
vivienda, las contribuciones millonarias a los fondos de ahorro, los
aguinaldos que en ocasiones equivalían a la mitad del ingreso de todo el año
o los acuerdos especiales para que la pensión de los altos funcionarios
exceda sustancialmente la que recibe la mayoría de los trabajadores del
Estado.

No están del todo claras las consecuencias que esa reforma tendría sobre las
retribuciones que, de manera especial, el Estado les entrega a los ex
presidentes de la República o, cuando han fallecido, a sus deudos.

En una democracia con un funcionamiento normal de sus instituciones y sin la
rispidez que padece la vida pública mexicana, a nadie le inquieta saber que
a los ex presidentes, el país que gobernaron les paga un sueldo vitalicio.
Aquí, como todos sabemos, por una parte la aciaga fama pública que algunos
de nuestros ex presidentes han parecido empeñados en fraguarse a toda costa
y por otro lado las revanchas políticas de las que han sido víctimas, hacen
de sus remuneraciones un tema delicado y polémico.

Sería deseable que a los ex presidentes se les garantizara un ingreso
decoroso, sin excesos ni subterfugios. La custodia que deben recibir por
parte de la fuerza pública no tiene por qué contabilizarse como parte de esa
remuneración. Pero en cambio si algún ex presidente quiere recursos para
mantener una iniciativa personal -como hizo Luis Echeverría con el Centro de
Estudios del Tercer Mundo, o como hace ahora Vicente Fox en el mausoleo que
se autoerige en Guanajuato- esos proyectos tendrían que pasar por los
procesos de aprobación y verificación presupuestal, en el Poder Legislativo,
por el que transita cualquier propuesta que pretende recibir fondos
públicos.

¿Qué sueldo debiera recibir un ex presidente? Mientras en la sociedad no se
extienda la convicción de que al país le resulta provechoso remunerar con
suficiencia a quienes lo han gobernado, es difícil encontrar argumentos para
que a los ex presidentes, no se les entregue la misma pensión que recibe el
resto de los trabajadores del Estado cuando se jubilan. Esa pensión, de
acuerdo con la Ley del ISSSTE, no puede ser mayor a 10 salarios mínimos. No
estaría mal revisar ese límite, que resulta injusto con trabajadores de
remuneraciones más altas y que actualmente equivale a 15 mil 171 pesos
mensuales. Sin embargo eso establece la ley para los trabajadores del
Estado.

Es poco para un ex presidente, desde luego. Pero puede suponerse, sin
exageraciones, que durante los seis años de su encargo, y aún antes, han
podido abonar cuotas suficientes a algún fondo de retiro para tener un
ingreso que complemente la pensión que les entregue el Estado. Para
recibirla, desde luego, tendrían que retirarse del servicio público. O
podrían no aceptarla y seguir trabajando, sin cargo al erario, como dicen
que hace Ernesto Zedillo.

La reforma constitucional fue aprobada en el Senado, de manera unánime, por
106 votos -aunque ese día pasaron lista 113 legisladores- y ha sido
resultado de dos iniciativas. Una, presentada en noviembre pasado por el
senador perredista Pablo Gómez y la otra, enviada en enero por el presidente
Felipe Calderón. Antes de la votación hablaron a favor de ella tres
senadores, Pedro Joaquín Coldwell del PRI, José González Morfín del PAN y el
ya mencionado Pablo Gómez Álvarez del PRD.
La reforma constitucional sería aplicable a todos los servidores públicos,
tanto de la Federación como de los estados y municipios, de las dependencias
paraestatales y de cualquier organismo público e incluso de carácter
autónomo. Ahora debe ser discutida por la Cámara de Diputados y, si se
ratifica allí, en las legislaturas de los estados. Pero no es difícil que a
San Lázaro lleguen presiones a fin de que no se apruebe. La disminución que
esa reforma puede significar en el ingreso real de no pocos funcionarios
llegaría a ser tan significativa que ya hay protestas, soterradas pero
amplias, en las cúpulas de la administración pública y especialmente en
organismos paraestatales.

Sería injusto, y hasta infame, pretender que al presidente, como ha rezado
aquella sentencia, le paguen el salario mínimo. Pero el ajuste general en
las remuneraciones más altas y sobre todo el establecimiento del límite
máximo que plantea la reforma constitucional podría tener réditos políticos
que ojalá los partidos, y sus funcionarios en posiciones de gobierno,
quieran entender y respaldar.

ALACENA: Sueldos universitarios
Sobresueldos y complementos son recursos para incrementar artificiosamente
las remuneraciones de los altos funcionarios. Pero en instituciones públicas
como las universidades, se han establecido compensaciones y bonos que
complementan el nominalmente precario ingreso de profesores y otros
trabajadores aunque no se les reconoce, para efectos legales, como parte de
su salario. Con el mismo espíritu con que ahora se enfrenta la simulación
que ha existido en los sueldos de altos funcionarios, el Congreso y las
universidades públicas tendrían que resolver esa irregularidad que se
mantiene en perjuicio de los derechos salariales de decenas de miles de
trabajadores académicos en todo el país.

trejoraul@gmail.com
http://sociedad@wordpress.com

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Written by Raúl Trejo Delarbre

marzo 17, 2007 a 4:57 am

Una respuesta

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  1. ¿Cuál es el sueldo actual de un expresidente en México?

    Ewin F. Fernandez

    abril 3, 2007 at 3:24 am


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