Crónicaabr/25/07 

La Crónica, 26 de abril de 2007

En la querella en torno al aborto se enmarañaron argumentos científicos, realidades sociales, exigencias éticas, convicciones morales, creencias desatadas, apremios religiosos. Cada hebra de esa embrollada madeja enredó una discusión de antemano condenada a resultar infructuosa. Para que haya intercambio auténtico se requiere no solo de un contexto común sino, además, que los debatientes compartan algunas premisas básicas. Y el del aborto es de esos temas irremediablemente polarizados porque hay quienes, ante la ciencia, imponen sus creencias. 

   La investigación científica ha esclarecido sin lugar a dudas que el embrión, durante sus primeras semanas de desarrollo, no es un ser humano. Pocos temas de la biología y la medicina han sido motivos de una divulgación tan extensa como ese. Pero tales razones de nada sirven cuando hay quienes prefieren suponer que el ser humano existe desde el momento de la concepción. Las diferentes apreciaciones acerca de ese inicio paralizan cualquier discusión seria. Así ha ocurrido en todo el mundo y no podría haber sido de otra manera en este episodio que, entre otras cosas, forma parte del tortuoso pero a veces fructífero avance mexicano dentro de la modernidad. 

   Los puntos de vista de quienes se oponen al aborto antes de las 12 semanas de gestación resultan comprensibles como expresión de convicciones determinadas por la fe; son apreciables en tanto forman parte de posiciones realmente existentes en la sociedad mexicana. Pero no son respetables.  

   Una falsa cortesía habitualmente nos lleva a sostener que las posiciones de los otros son respetables aunque no coincidamos con ellas. Pero las ideas y las actitudes que se derivan de ellas no son para ser enaltecidas y mucho menos veneradas, sino para discutirlas. Las personas que las sostienen merecen respeto pero sus ideas, no necesariamente. Y así ocurre en el espinoso debate acerca del aborto. 

   La Asamblea Legislativa del DF tomó este martes 24 de abril una decisión pertinente e importante. Más allá del significado y los efectos específicos que la despenalización del aborto antes de las 12 semanas tendrá en beneficio de la salud y los derechos de las mujeres en la ciudad de México, esa votación reivindica el laicismo en nuestra vida pública y constituyó un rechazo al fundamentalismo. 

   Las distorsiones de quienes muestran imágenes de fetos desarrollados como si se tratase de embriones de menos de tres meses hicieron imposible un debate auténtico. La propaganda de los grupos anti aborto y del Partido Acción Nacional ha sido mentirosa e histérica. De por sí mutuamente excluyentes, las posiciones de partidarios y antagonistas del aborto fueron esquematizadas en los spots y desplegados de prensa que hablan de mártires inocentes cuando no puede haber víctimas si no hay individuos.  

   Falso dilema, en este asunto la decisión no estaba entre la libertad individual de las mujeres y sus parejas y la defensa de la vida de los no nacidos, sino entre el mantenimiento de creencias morales y religiosas de carácter privado por encima de derechos sociales. A esa disyuntiva se la pretendió enmascarar con una campaña chantajista que ha inquietado a no pocos ciudadanos pero que, a final de cuentas, delinea opciones muy claras. Entre Chespirito y Paulina, los mexicanos defienden el derecho de esa y muchas otras jóvenes a ser madres cuando así lo decidan y no cuando las circunstancias o los abusos las obliguen a ello. 

   Esas posiciones fueron expresadas el martes en la Asamblea Legislativa. Aunque con limitaciones y acotado por la polarización, hubo un interesante intercambio. No llegó a ser debate auténtico porque esgrimía más las razones y convicciones de cada quien que los argumentos para refutar las posturas contrarias. Pero el solo hecho de que durante varias horas ese cuerpo legislativo haya ventilado tales puntos de vista habla bien de sus integrantes y de los partidos, todos, allí representados. 

   Las presiones de la jerarquía eclesiástica incrementaron la importancia de la decisión que tomaría la Asamblea. De pronto no estuvo en juego únicamente la libertad de las mujeres para resolver si han  de ser madres o no, sino además la libertad de los legisladores y los partidos para tomar decisiones de interés público. Oponerse a los amagos de los obispos y del Papa no es liberalismo trasnochado sino reivindicación de la democracia que hemos querido y podido construir.  

   Cuando las sinrazones de la religión se confunden con los asuntos seculares, comenzamos a estar en problemas. La agenda pública no ha de resolverse a partir de creencias ni por autos de fe. Por eso ha resultado apropiado, aunque sus consecuencias sean solamente simbólicas, el reclamo formal que presentó el partido Alternativa para que sean sancionados los funcionarios eclesiásticos que instigaron en contra de la decisión que tomaría la Asamblea. 

   La jerarquía eclesiástica y los grupos fundamentalistas que se apoyan en ella, en el partido en el gobierno o en ambos, son los grandes derrotados en este episodio. A pesar de admoniciones cataclísmicas y de amenazas que fueron desde la excomunión hasta intimidaciones nada alegóricas, la sociedad no se ha dejado arredrar. A diferencia de los obispos, la mayor parte de los mexicanos distingue con claridad entre los ámbitos religiosos y los del orden civil. La separación indispensable entre Estado e iglesias hoy también se expresa en las fronteras, cada vez más claras, entre convicciones religiosas y decisiones personales. 

   El derecho de las mujeres y sus parejas a resolver acerca de los asuntos de su vida íntima no es una reivindicación menor. Por ella, han pugnado durante muchos años algunos de los grupos feministas y comprometidos con las libertades sociales e individuales que hoy celebran la despenalización del aborto. La decisión de la Asamblea Legislativa no es mérito de un solo partido sino del reconocimiento, en los partidos que hicieron mayoría, de tales derechos.  

   El cumplimiento de esos derechos no será sencillo. Además de infraestructura hospitalaria se requerirán campañas de orientación y prevención. La reforma legal no pretende propiciar el aborto sino garantizar condiciones médicas y sanitarias suficientes para las mujeres que decidan acudir a esa medida.  

   Habrá, posiblemente, inconformidades que lleven este asunto a la Suprema Corte de Justicia. De ser así, resultará absolutamente indispensable que los magistrados examinen la cuestión del aborto con la mayor escrupulosidad científica, médica y desde luego jurídica –y sin tropezar en ligerezas y prejuicios como los que algunos de ellos manifestaron al discutir las denuncias de los militares despedidos porque padecían Sida–.  

   La querella en torno al aborto no está saldada en México. Es un tema que nos acompañará por largo tiempo, brincando de cuando en cuando sobre todo conforme las mujeres de otros estados, y sus representantes, quieran compartir un derecho que ahora se encuentra restringido a las ciudadanas del Distrito Federal. Los fundamentalismos de tapujos moralistas, o religiosos, no desaparecerán. Seguirán requiriéndose explicaciones, documentación y aclaraciones. Pero indudablemente la decisión del 24 de abril en la ciudad de México será pionera. No es desenlace, sino punto de partida en la defensa de las libertades sociales.      

ALACENA: Quisquillosa Corte 

   Por lo pronto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación perdió una extraordinaria oportunidad para guardar silencio. El anuncio de televisión difundido por el PAN en donde un supuesto juez condena a un feto a ser abortado constituye una burda y maniquea caricatura, es de pésimo gusto estético y político y dibujó en toda su crudeza la vulgaridad con que ese partido y sus dirigentes quisieron enfrentar la despenalización del aborto. Pero es impensable que, a partir de ese spot, alguien pudiera creer que en México los jueces puedan tomar una decisión así.  

   El de ese anuncio televisivo es un juez de toga y martillo, parapetado en un estrado, como los que vemos a menudo en las películas estadounidenses. Nadie con el más elemental conocimiento del sistema judicial mexicano podría creer que la tosca parodia que muestra el anuncio panista es real.  

   Sin embargo los ministros del máximo tribunal del país se inconformaron, manifestando una susceptibilidad o una intolerancia preocupantes. A ese paso van a querer censurar el legendario programa radiofónico La tremenda corte. 

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La Crónica de Hoy, 19 de abril de 2007

   Las primeras versiones acerca de la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario eran absolutamente indignantes. Esa mujer de 73 años había fallecido, se aseguraba, a causa de una violación aparentemente perpetrada por miembros del Ejército Mexicano. Mujer, anciana e indígena: la triple indefensión de la señora Ascensio subrayaba la atrocidad que, de acuerdo con tales informaciones, se habría cometido en contra suya.     A la estupefacción ante ese crimen se añadió, desde luego, la exigencia para que fuese castigado con la mayor severidad posible. Las versiones iniciales parecían demasiado contundentes: se dijo que antes de fallecer en una clínica, la señora Ascensio había dicho que los soldados “se le habían echado encima”; el diagnóstico de los médicos que le atendieron mencionaba desgarramientos como los que produce una violación; la autopsia determinó que había muerto de traumatismo craneoencefálico e informó que en sus partes genitales había “líquido seminal en abundancia”.  

   Con tales evidencias, y con justa razón, la indignación se extendió. La Secretaría de la Defensa Nacional se apresuró a declarar que las muestras recogidas en el cuerpo de la señora serían cotejadas con pruebas de sangre de los militares destacados en el área de Zongolica, en Veracruz, para determinar si los culpables se encontraban entre ellos.    Pocos días más tarde, sin embargo, se fue conociendo otra versión. Una nueva autopsia, dispuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encontró que no había rastros de la supuesta violación. La necropsia inicial, realizada por el Ministerio Público local, había estado mal hecha y no examinó los órganos internos. El cráneo no estaba fracturado. Las muestras tomadas fueron guardadas con descuido y en ellas los análisis de laboratorio no identificaron células espermáticas.  

   De acuerdo con la autopsia realizada por personal de la CNDH en presencia de miembros de la Procuraduría de Justicia de Veracruz y de la Procuraduría de Justicia Militar, la señora Ascensio murió debido a una anemia aguda y de úlcera gástrica. El contraste entre esa y la versión inicial era tan acentuado que, para algunos, resultó ridículo. El viraje en la reconstrucción de la muerte de esa indígena de Zongolica era demasiado brusco para que lo aceptaran quienes preferían aferrarse a la versión del ataque tumultuario.     Para colmo, el diagnóstico que resultaba de la segunda necropsia no lo dio a conocer la CNDH sino el presidente de la República en un fallido intento para restarle importancia a ese asunto. El presidente Felipe Calderón estaba al tanto de esos resultados porque la autopsia fue presenciada por médicos militares. Y se le ocurrió participárselos, sin que viniera a cuento, a una reportera de La Jornada cuando lo entrevistaba en Los Pinos. 

   El escenario quedó dispuesto, así, para un nuevo tema de polarización. Hubo quienes, con buena e indignada voluntad pero en ocasiones con ideologización excesiva, vieron en la muerte de Ernestina Ascensio una confirmación de la prepotencia del poder contra los más pobres. El gobierno, se sugirió entonces, quiere encubrir un abuso de los militares. La torpeza de la Secretaría de la Defensa cuando declaró que el líquido seminal recogido por la Procuraduría veracruzana sería confrontado con el ADN de los soldados en Zongolica fue tomada como confirmación de la existencia de esas muestras (las cuales la Sedena nunca dijo que tuviera en su poder). La declaración del presidente Calderón, desde esa perspectiva, confirmaba la manipulación gubernamental. Las fotografías del cadáver que mostraban una gran mancha de sangre fueron comentadas como evidencia del maltrato que habría sufrido doña Ernestina sin advertirse que habían sido tomadas después de la necropsia que, como es comprensible, deja huellas de líquido hemático.    También con precipitación y quién sabe por qué más el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, respaldó la versión del ataque contra la señora Ascensio. Y por otro lado las declaraciones del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, fueron tachadas como parciales e interesadas por quienes están convencidos de la versión inicial que ofreció la Procuraduría de Justicia de Veracruz. 

   En alguna medida, Soberanes está cosechando los resultados de un comportamiento fuertemente definido por la frivolidad y la improvisación durante varios años. Su frecuente interés en el aplauso mediático más que en el rigor de las indagaciones o de las recomendaciones que tiene la atribución de emprender y formular, le han conducido a buscar una frecuente cobertura mediática y, a veces, a opinar sin ton ni son. Ahora comprueba cuán veleidoso es el cobijo mediático.    Pero no es únicamente ese funcionario sino, además, la respetabilidad de la institución que encabeza lo que está siendo cuestionado. Y llama la atención la caprichosa apreciación de quienes, cuando les gustan, aplauden las determinaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero las descalifican cuando no se ajustan a sus simpatías o prejuicios ideológicos.  

   La investigación de la CNDH sobre la muerte de la señora Ascensio ha sido encabezada por Susana Thalía Pedroza, que es la misma Visitadora General que tuvo a su cargo la indagación sobre los abusos que cometió la policía en mayo de 2006 durante el desalojo de los comuneros de San Salvador Atenco. En aquella ocasión, las conclusiones que presentó esa funcionaria fueron aplaudidas por quienes hoy reprueban su examen sobre los acontecimientos del 25 y el 26 de febrero en Zongolica.     La investigación sobre la muerte de la señora Ascensio tendría que despejar cualquier duda. Si hay una sola evidencia sólida de que murió a causa de una agresión, el expediente judicial debería quedar abierto hasta que el caso se esclareciera de manera incuestionable y los culpables, si los hubiera, fuesen castigados.  

   Eso tendría que ocurrir en un escenario, dentro de toda esta tragedia, acotado por condiciones ideales. Lamentablemente la muerte de doña Ernestina se convirtió en bandera política tanto para el municipio de Soledad Atzompa que espera recibir más apoyo institucional a partir de este acontecimiento como para quienes por diversas causas, que van desde la convicción auténtica hasta la pragmática conveniencia, quieren culpar al gobierno federal y al Ejército.     Una nueva indagación estaría menoscabada por la inescrupulosidad del Ministerio Público –que no trató ni conservó las evidencias de esa muerte con el cuidado que señalan las pautas más elementales en esos asuntos– y acotada por los sectores de la opinión mediática que ya tomaron partido sobre este asunto. Así que persistirán dos versiones: una, respaldada por las ganas de creer en la consumación de un crimen y la otra, afianzada en la indagación de la CNDH.  

   Extraviadas entre escabrosos pormenores de carácter forense, quedan algunas preguntas fundamentales que nadie ha tratado de responder. ¿Por qué, si es que así ocurrió, habría soldados tan desquiciados que llegasen a violentar de esa manera a una anciana? ¿Por qué, si es que hubo crimen y los culpables fueron otros, habría tanto interés en desacreditar al Ejército? Junto a esas interrogantes está el resultado de la investigación de la CNDH, la cual tampoco tendría motivos para desacreditarse a sí misma con una pesquisa falseada. Y está el hecho, ese sí irrefutable, de la pobreza y el abandono en los que vivía Ernestina Ascensio y que todavía a la hora de su muerte la perjudican con una impartición de justicia improvisada e inescrupulosa.    ALACENA: Una década sin Pablo Pascual 

   El próximo sábado, 21 de abril, se cumplirán 10 años de la muerte de Pablo Pascual Moncayo. Había nacido en 1944. Su trayectoria política y académica (dirigente del sindicalismo universitario, promotor de la insurgencia obrera, diputado federal, militante de una izquierda que se empeñaba en ser moderna, economista, profesor universitario, comentarista en la prensa) no alcanza a describir la venturosa red de afectos y simpatía que construyó en los sectores más variados.     La generosidad personal, la valentía en cualquier circunstancia, las convicciones transparentes que desplegaba Pablo, formaban parte de una actitud que trascendía a la política y con la cual vivía y enseñaba a vivir. A veces a nuestros amigos muertos los recordamos con desconsuelo. A Pablo no habrá, entre quienes tuvimos el extraordinario privilegio de conocerlo, quien no lo recuerde con una sonrisa. 

La Crónica de Hoy, 12 de abril de 2007

Ignacio Carrillo Prieto se echó a cuestas una causa que lo sobrepasó. La fiscalía que ejerció durante más de cinco años tenía propósitos meritorios pero acabó por convertirse en expresión de las lacras que decía perseguir. Con el pretexto de reparar abusos del poder, incurrió en otros nuevos. A nombre de la impartición de justicia, cometió ilegalidades cuya sanción sigue pendiente.  

   El fracaso de la “Fiscalía especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado” cuyo largo nombre (¡uf!) ya era indicio de la imprecisión de las tareas que tenía asignadas, no debiera cancelar el derecho que el país tiene para saldar cuentas con su propia historia. Pero su desmedido y tortuoso desempeño tendría que ofrecer una lección cívica, legal y política: es inadmisible que quienes indagan y sancionan infracciones –antiguas o recientes– actúen con la ligereza y la irresponsabilidad que, en varias de sus decisiones principales, singularizaron la gestión de Carrillo Prieto. 

   Creada en noviembre de 2001, cuando todavía había quienes creían que el gobierno de Vicente Fox se distinguiría de la discrecionalidad con que ejercieron el poder casi todos los presidente priistas, esa Fiscalía adscrita a la Procuraduría General de la República tenía el encargo de indagar a profundidad y, en la medida de lo posible, castigar los crímenes cometidos contra mexicanos que fueron reprimidos cuando luchaban por sus derechos políticos. Las masacres contra los estudiantes del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, así como la llamada guerra sucia contra los grupos guerrilleros de los años setenta, constituían los episodios principales que ocasionaban el surgimiento de la Fiscalía.  

   El legítimo afán de muchas de sus víctimas para que aquellos sucesos tuvieran un esclarecimiento oficial y sus responsables fuesen castigados, alentó desmedidas expectativas respecto de esa oficina de la PGR. La responsabilidad legal por los homicidios cometidos en Tlatelolco y San Cosme, entre otros, había caducado o estaba por vencer. Así que en el terreno de la impartición de justicia era poco lo que podía lograrse. Una comisión capaz de expedir un veredicto político, apoyado en un sólido bagaje documental, posiblemente hubiera sido más eficaz. Pero Carrillo Prieto y, por lo visto, el gobierno que lo designó, aspiraban a resultados más espectaculares. La posibilidad de ver tras las rejas a algún ex presidente, o a varios ex funcionarios de gobiernos priistas, parece haber sido más atractiva que la auténtica búsqueda de la justicia histórica y política. 

   Quizá por eso Carrillo Prieto se convirtió en perseguidor, sin contar en todos los casos con motivos legales suficientes, y así perdió la autoridad moral que pudo haber tenido para ofrecerle a la sociedad un dictamen serio, completo y acreditado acerca de excesos cometidos por el Estado mexicano en décadas anteriores. 

   Como sus indagaciones no bastaron para identificar con toda claridad a los culpables de crímenes como los que hemos mencionado, el Fiscal quiso fabricarlos. El 26 de julio pasado La Crónica dio a conocer la denuncia de César Augusto Osorio, quien había sido director general de Investigaciones Ministeriales “B” de la Fiscalía y que, según dijo, fue despedido cuando se negó a consignar inocentes. 

   De acuerdo con ese funcionario, Carrillo Prieto le había exigido una cuota de culpables para ser procesados: 25 responsables de la matanza del 2 de octubre de 1968. “Cuando yo le hice notar que eso era técnicamente imposible y que moralmente era deleznable y criticable, entonces me impidió definitivamente el ingreso a las oficinas y me quitó el trabajo”, declaró.    

   Es posible que entre las personas señaladas por Carrillo Prieto hubiera auténticos culpables de crímenes que se quedaron sin castigar. Pero el caso del capitán Luis de la Barreda Moreno, cuya inocencia ha sido ratificada por varios tribunales federales después de once acusaciones penales en su contra, manifiesta un deliberado –e incluso enfermizo, podría considerarse– afán persecutorio. 

   De la Barreda Moreno era subdirector Federal de Seguridad en 1968. Esa circunstancia, así como especulaciones sin sustento demostrable, llevaron a la Fiscalía Especial a consignarlo como uno de los responsables en “la planeación y dirección” de la operación que desembocó en el crimen de Tlatelolco. En aquellos días, sin embargo, De la Barreda Moreno estuvo internado en el Centro Médico Nacional y no pudo haber planeado ni mucho menos dirigido la represión contra los estudiantes del 68.  

   Esa acusación, así como las otras que fueron enderezadas contra De la Barreda Moreno, fueron desmontadas por sus abogados y al cabo de tres años su inocencia quedó plenamente acreditada. Pero en ese lapso él y su familia debieron transcurrir por circunstancias en extremo penosas, que seguramente contribuyeron para que en junio pasado sufriera un triple infarto cerebral que estuvo a punto de llevarlo a la muerte. Su hijo, el doctor Luis de la Barreda Solórzano, ha sostenido un ejemplar esfuerzo primero para defender el nombre y la inocencia de ese ex funcionario que, según todas las evidencias, fue injustamente acusado. Y ahora, para exigir que Carrillo Prieto sea castigado por esa ilegal persecución. 

   Recientemente, el Ministerio Público Federal reabrió la averiguación previa que se inició contra Carrillo Prieto a partir de una denuncia presentada por el doctor De la Barreda en septiembre de 2005. Inicialmente la PGR había resuelto no ejercer acción penal considerando que la consignación contra el capitán De la Barreda Moreno no había sido responsabilidad del fiscal Carrillo Prieto sino de Abel Flores, uno de los agentes del Ministerio Público adscritos a esa Fiscalía. El doctor De la Barreda Solórzano demostró que el Fiscal Especial era plenamente responsable de aquella consignación y además ha denunciado al mencionado agente del Ministerio Público. 

   De la Barreda Moreno y su familia tienen pleno derecho a que se les haga justicia. Y más allá del desenlace que tenga ese nuevo episodio, es claro que la gestión de Carrillo Prieto fue un auténtico desastre. Ahora el ex fiscal promociona el pretenciosamente denominado “Informe Histórico a la Sociedad Mexicana 2006” con el que, en la práctica, concluyó su gestión en noviembre pasado. Aunque allí se reúnen datos de interés y se hace un interesante recuento a partir de archivos gubernamentales y algunos testimonios, en realidad es poco lo que hay de novedoso en ese documento. En sus 742 páginas, organizadas en 12 capítulos, hay más un frecuente afán de autojustificación que una explicación precisa de cómo ocurrieron los crímenes cuya averiguación le fue encomendada a esa Fiscalía. En ese documento, por cierto, no aparece una sola acusación en contra del capitán De la Barreda Moreno.  

   Qué fracaso. Y qué patético. Si la indagación de los crímenes históricos tiene sentido es para que aprendamos a evitarlos pero, jamás, para que con el subterfugio de sancionarlos se cometan nuevas arbitrariedades. 

ALACENA: El sindicato Minero - Metalúrgico   Como dirigente obrero Napoleón Gómez Urrutia ha sido altamente discutible desde que fue impuesto por su padre, sin que tuviese trayectoria sindical alguna, al frente de los mineros y metalúrgicos. Sus operaciones financieras siguen resultando dudosas. Pero la maniobra para destituirlo, hace más de un año, pasó por encima de la legalidad y, según las evidencias disponibles, de la voluntad de la mayoría de los trabajadores de ese gremio. Hacía tiempo que el gobierno no se entremetía en un sindicato como hizo entonces, desfachatada y autoritariamente, el gobierno del presidente Fox. Solamente a los miembros del Sindicato Minero corresponde decidir quién los dirige, aunque resuelvan tener un liderazgo tan controvertido como el que encabeza Gómez Urrutia.–0–

Publicado en Crónica el jueves 5 de abril 

La encuesta de la revista Nexos confirmó la diversidad y dispersión pero, sobre todo, la estrechez y el estancamiento de la literatura mexicana de nuestros días. No tenemos grandes obras que sirvan como punto de referencia y condensen paradigmas o rumbos en materia de gusto literario. Tal circunstancia, que ante una producción literaria ambiciosa y próspera sería expresión de pluralidad y contraste creativo, en el panorama actual es signo de escasez en esa materia.