La Crónica, 31 demayo de 2007

Aun antes de que los ministros de la Suprema Corte comiencen a discutir los
puntos más relevantes de la ley Televisa, los defensores de esa
contrarreforma ya experimentaron sus primeras derrotas. No me refiero a las
decisiones iniciales que la Corte asumió en días pasados, cuando se ocupó de
asuntos como el veto a quienes ya formaron parte de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones para seguir siendo considerados en el proceso de
integración de ese organismo, o los discriminados medios permisionados que
tienen derechos inferiores a los que disfrutan las radiodifusoras y
televisoras de índole comercial. Cuando digo que los defensores de la ley
Televisa han sufrido los primeros tropiezos en este proceso de discusión y
rectificación legales quiero recordar la manera como las dos televisoras
comerciales se han exhibido a sí mismas, al desplegar un comportamiento
abusivo, calumnioso y cínico en contra de algunos de los impugnadores más
notorios de esa contrarreforma.
En un esfuerzo bastante patético para confundir acerca de esa discusión
las dos televisoras, proponiéndose lo contrario, han enaltecido la imagen
pública del ex senador Javier Corral Jurado.
Al hoy presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información,
Televisión Azteca le recrimina estar sosteniendo posiciones contrarias a las
que, según esa televisora, Corral manifestaba hace pocos años. La semana
pasada, en todos sus noticieros, Azteca difundió una pieza que por respeto a
los periodistas tenemos que negarnos a considerar como noticiosa. Allí se
dice que cuando era legislador, Corral promovió una iniciativa de ley de
telecomunicaciones en donde se proyectaba que los integrantes de la Comisión
Federal de ese ramo fuesen ratificados por el Senado después de haber sido
propuestos por el Ejecutivo Federal.
Aquel proyecto era un documento de trabajo y nunca pudo fructificar como
iniciativa debido a la oposición de muchos de los legisladores que, más
tarde, aprobarían las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y
Televisión ­–las cuales por economía verbal pero también para subrayar a la
entidad que elaboró, promovió, defiende y gana más con tales modificaciones,
han sido denominadas ley Televisa–. En aquella propuesta de Ley de
Telecomunicaciones, Corral y otros senadores sugerían la creación de un
organismo regulador verdaderamente autónomo, no sólo por el procedimiento
para designarlo sino antes que nada por las capacidades que tendría. Esa
convicción la mantuvieron cuando, el año pasado, cuestionaron la ley
Televisa. Quienes hayan seguido las discusiones sobre ese tema, entre enero
y marzo de 2006, recordarán el énfasis que esos legisladores hacían sobre la
debilidad que tendría la Cofetel con el diseño que resultaba de tales
reformas. Así que cuando le reprochan a Corral una supuesta inconsecuencia,
los merolicos de Televisión Azteca (perdón por el adjetivo, pero no es
posible considerar periodistas a quienes simplemente repiten un libelo que
les han escrito) dicen mentiras al referirse de manera parcial a aquella
propuesta de Ley de Telecomunicaciones.
En lo personal, me parece que la participación del Senado en la
ratificación de los integrantes de la Cofetel es un aspecto reivindicable de
la ley Televisa y no he estado de acuerdo con la impugnación que los ahora
ex senadores hicieron de ese apartado. Pero antes que nada, lo que hace
falta es una Comisión capaz de administrar las telecomunicaciones y la
radiodifusión y que no sirva únicamente como oficialía de partes de las
televisoras y la SCT que es como la plantearon las reformas del año pasado.
Corral no ha sido inconsecuente. Pero, de haberlo sido, ¿qué importancia
tendría para la discusión de las leyes de medios? Todos los legisladores
matizan, complementan o rectifican sus posiciones: esa es, cuando se
encuentra sustentada en ideas, la esencia de la deliberación parlamentaria.
Si ese ahora ex legislador hubiese cambiado de opinión nada habría de
extraño al respecto. Pero no lo hizo y la televisora propiedad de Ricardo
Salinas Pliego se empeñó en inventarle una conducta en la que no incurrió.
Lo que ha querido Televisión Azteca es restarle legitimidad a la
preocupación social alrededor de la ley de medios. En vista de que Corral es
uno de los promotores más perspicaces y activos de la impugnación a esas
reformas, la televisora quiso mostrar una aparente debilidad del ex senador.
No había tal. Pero incluso cuando Corral exigió espacio para ejercer su
derecho de réplica, Televisión Azteca se burló de él afirmando que de
ninguna manera le facilitaría esa posibilidad.
La cantinela de la presunta inconsecuencia de Corral ha sido repetida en
otros medios, tanto en la radio como en columnas en la prensa escrita.
Incluso periodistas que a juzgar por sus apresurados textos no se han tomado
la molestia de estudiar las reformas que están siendo discutidas -como
varios interesados columnistas financieros y ayer, en Milenio, Carlos Marín-
han repetido esas versiones. Desprovistos de argumentos para defender a la
ley Televisa, quieren contribuir a la campaña de desconcierto sumándose al
intento para descalificar a Corral. En realidad se califican a sí mismos.
También la semana pasada y concatenada con la campaña de Azteca, Televisa
difundió perseverantemente, en sus noticieros, una decisión judicial acerca
de un litigio que ha mantenido durante varios años con el mismo ex senador.
Cuando Corral fue candidato al gobierno de Chihuahua su partido, Acción
Nacional, contrató espacios para propaganda en los canales locales de dicha
empresa. Al término de la campaña Televisa se negó a entregarle al partido
las facturas por esa venta de spots y sin tales documentos el PAN no podía
pagarlos. La actitud de la empresa era resultado de un capricho que además
pretendía, como se ha visto ahora, convertirse en presión contra Corral.
Televisa de Chihuahua les explicó a los dirigentes estatales del PAN que
solamente aceptaría el pago si el dinero lo aportaba Corral personalmente.
Ante esa pretensión inusitada e ilegal, el conflicto se fue a los
tribunales.
Cuando Televisa ha informado, también en sus principales noticieros,
acerca de la sentencia de un juez para que el pago se realice, ha omitido
explicar las circunstancias de ese litigio. No es una información sino un
amago lo que transmitió en esa nota. Las aclaraciones del PAN de Chihuahua
insistiendo en que no desconoce la deuda y que se trata de un compromiso del
partido y no de su ex candidato, no recibieron cobertura significativa.
Tampoco la explicación de Corral que, además, ha recordado que ese proceso
legal todavía no concluye.
La insistencia para estropear la imagen de un personaje público da cuenta
de la debilidad de los argumentos, así como de la aprensión que las
televisoras tienen respecto de Corral y quienes comparten sus puntos de
vista. Tanto la campaña de calumnias de Azteca como la campaña
desinformadora de Televisa han sido tan burdas que no calaron en el ánimo de
la sociedad activa, interesada en estos asuntos, que es a la que las
televisoras quisieran convencer. La respetabilidad del licenciado Corral no
ha variado un ápice. Y sin quererlo las televisoras han demostrado, en vivo
y en directo, por qué necesitamos un régimen de medios distinto al que
padecemos ahora.
Esas campañas confirman el patrimonialismo convenenciero, el desprecio al
debate y el autoritarismo mediático que campea en las dos empresas. Quienes
han creído que Televisa ha cambiado porque de cuando en cuando muestra
alguna apertura a puntos de vista diversos, podrán constatar de qué manera
utiliza sus frecuencias no para informar sino para tratar de golpear a
quienes considera sus adversarios. Quienes han querido suponer que en
Televisión Azteca no todo es lo mismo, encontrarán en este caso la
confirmación de un comportamiento faccioso que se difundió incluso en los
noticieros del 40 -el canal que, como es imposible olvidar, está en manos de
esa empresa como resultado de un proceso repleto de ilegalidades–.
Al margen de spots y libelos disfrazados de noticias, la discusión en la
Corte sigue. Sabremos, como se nos ha anunciado, de qué están hechos los
ministros. Por lo pronto hemos podido corroborar la inescrupulosidad
profesional, la desvergüenza corporativa y la ineficaz pero injuriosa
prepotencia de las que están hechas las dos televisoras comerciales.

La Crónica, 24 de mayo de 2007

La denuncia del IFE destapó nuevas y quizá más graves irregularidades. La autoridad electoral encontró que, de los anuncios transmitidos en radio y televisión que se difundieron como parte de las campañas del año pasado, hay por lo menos 281 mil que no fueron registrados por los partidos políticos en los informes de gastos de campaña que tienen obligación de presentar.

   A tal señalamiento, de por sí delicado y que permite confirmar las anomalías a las que da lugar nuestro actual sistema de propaganda política, se añade la denuncia del senador Ricardo Monreal, del PRD, que asegura que esos spots no registrados por los partidos fueron pagados con dinero del narcotráfico. Y al escándalo que esa gravísima acusación que Monreal endereza contra todos los partidos –incluyendo el suyo– aunque no ofrece una sola prueba, se añade la revelación que ayer hizo José Guadalupe Acosta, secretario general del mismo PRD: los spots que contrató la Coalición que encabezaban los perredistas no son 165 mil como dice el IFE sino 460 mil.

   Una autoridad electoral que reporta 281 mil anuncios de campaña hasta ahora sin patrocinador reconocido; un senador que asegura que hubo mil millones de pesos de dinero sucio que el narcotráfico invirtió en las campañas (de acuerdo con la información publicada ayer miércoles en Crónica); un partido político que lejos de considerarlas abultadas, dice que las cifras del IFE se quedaron cortas… Antes de hundirnos en la perplejidad es pertinente acudir a varias precisiones. Y hay que separar los señalamientos serios de las frivolidades.

   Durante todo el proceso electoral la empresa Ibope realizó, por encargo del IFE, un monitoreo de los anuncios de campaña que se difundieron en radio y televisión. Ese monitoreo comprendió el registro diario, durante todo el día, de las transmisiones de 161 canales de televisión y 222 estaciones de radio en 20 ciudades del país. La metodología con que se realizó ese trabajo fue conocida y aprobada por los partidos que tienen representación en el IFE.

   En México hay muchas más emisoras. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene registradas 1488 estaciones de radio y 733 de televisión. El universo monitoreado por el IFE no las incluyó a todas pero sin duda incorporó a las estaciones con mayor audiencia en el país y, desde luego, a todas las de carácter nacional.

   Gracias a ese monitoreo el IFE tiene grabados cada uno de los anuncios de campaña que se difundieron entre el 19 de enero y el 28 de junio –que fue el plazo oficial de las campañas electorales– en las 20 plazas estudiadas. Esos spots la autoridad electoral los puede consultar, incluyendo varios segundos de las transmisiones previa y posterior a la difusión de cada uno de ellos, en un programa informático que fue creado para tal seguimiento. Los funcionarios del IFE a cargo de esa tarea tienen la certeza de que todos y cada uno de los spots que han reportado fueron transmitidos. Desde luego, puede haber muchos anuncios más que no quedaron registrados porque se encontraban fuera del universo que fue motivo del monitoreo.

   A la autoridad electoral, esa información le resulta útil para cotejarla con la información de los gastos realizados durante las campañas y que los partidos tuvieron que haberle entregado varios meses después de la elección federal. En esos informes cada partido debe indicar cuánto gastó y en qué conceptos. Cuando se trata de contratación de espacios en medios electrónicos el partido tiene que presentar un inventario de los anuncios por los cuales pagó, así como el horario preciso en que fueron transmitidos.

   En las ciudades en donde se realizó el monitoreo fueron difundidos 757572 anuncios de campaña en radio y televisión. Se trata de spots de todas las campañas federales: para presidente, diputados y senadores.

   Al comparar ese inventario con los reportes financieros de los partidos, la autoridad electoral encontró que los partidos no dieron cuenta de 281026 anuncios –es decir, el 37%– en esos informes de sus campañas.

   Algunas de esas omisiones pueden deberse a errores técnicos en la contabilidad de los partidos. Pero también puede haber ocurrido que los partidos hayan realizado contrataciones de manera subrepticia y de las cuales no informaron a la autoridad electoral. Y también puede haber sucedido que, en algunos casos, la transmisión de numerosos anuncios de campaña no haya sido resultado de las gestiones de los partidos sino de la contribución (que en ese caso sería ilegal) de otras instituciones, o de ciudadanos a título individual. Una tercera posibilidad es que algunas empresas de radio y televisión hayan transmitido spots por equivocación (a veces en algunas emisoras insertan publicidad como relleno para extender los cortes de estación) o, en otra hipótesis, para respaldar a algún candidato.

   La diversidad de situaciones que pueden haber originado los 281 mil spots de cuya transmisión hasta ahora no hay responsables, es tal que la autoridad electoral dio a los partidos un plazo de varias semanas para que ofrezcan las aclaraciones que quieran presentar. Mientras tanto, el IFE puede solicitar a las empresas de televisión y radio que le informen quién patrocinó, o quién resolvió transmitir, esos spots.

   Las empresas de radio y televisión no están legalmente obligadas a entregarle esa información al IFE. Pero poco antes de las elecciones algunas de las más importantes, incluyendo a Televisa y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, suscribieron con el IFE convenios de colaboración merced a los cuales se comprometieron a entregar informes regulares de la propaganda que los partidos irían contratando en cada emisora. Las empresas no cumplieron de manera sistemática con esa obligación que ellas mismas habían aceptado y ahora el IFE puede requerirlas para que lo hagan.

   El IFE no puede obligar a las televisoras y radiodifusoras a que entreguen esa información. Pero a las que se nieguen a hacerlo, les resultaría sumamente comprometedor quedar señaladas como cómplices de irregularidades electorales posiblemente muy graves.

   Si, una vez que se depure el inventario de 281 mil spots irregulares con las aclaraciones que presenten los partidos, resulta que hay una cantidad aún considerable de anuncios que fueron transmitidos y que los partidos mismos no admiten haber pagado, nos encontraríamos ante varios posibles delitos electorales.

   Aquellos de esos anuncios que los partidos contrataron a escondidas o cuyas facturas no hayan requerido como es su obligación, podrían ser considerados como gastos de campaña que incurrirían en una o dos infracciones: por no haber sido reportados como tales y quizá, también, por haber excedido el límite de erogaciones que la ley establece para los partidos en cada campaña.

   Aquellos ciudadanos o empresas que hubiesen pagado spots de manera directa, habrían transgredido la disposición legal que adjudica a los partidos la exclusividad en la contratación de propaganda electoral.

   Y las empresas de radio y televisión que hubieran difundido anuncios de campaña como cortesía a uno o varios partidos y sin haber recibido pago por ello, habrían entregado una donación en especie que está prohibida y que también constituye un delito electoral.

   El IFE, en esos casos, puede solicitar la intervención de la Secretaría de Hacienda si considera que alguna empresa tuvo ingresos que no han sido reportados como tales. O puede enterar de esa irregularidad a la Fiscalía de Delitos Electorales de la PGR.

   Así que el asunto de los 281 mil spots da para mucho. Pero hasta donde podemos apreciar no hay sustento para denuncias como la del senador Monreal. No hay que cerrar los ojos ante la posibilidad de que la delincuencia organizada esté interesada en respaldar candidatos a cargos de elección, sobre todo en las regiones en donde tiene influencia y quiere incrementarla. Pero es preciso desbrozar esos casos de la situación nacional.

   Los spots que le sobran al secretario general del PRD pueden haber sido difundidos en plazas a donde no llegó el monitoreo del IFE. Pero aun así parecen demasiados. Es altamente posible que se trate de una exageración más de ese partido.

   Mientras tanto, hay varios sesgos que se pueden identificar en la información acerca de los 281026 spots hasta la fecha considerados como irregulares.

   Más de la mitad de esos spots, el 51.5%, difundieron propaganda a favor de la Alianza encabezada por el PRI. El 27% fueron anuncios del PAN. El 17%, de la Coalición por el Bien de Todos. El 4.2% de Nueva Alianza y el 0.3% de Alternativa.

   De esos spots, el 88% fueron difundidos por radio y el 12% en televisión. Sin embargo entre el total de spots registrados en el monitoreo del IFE –tanto los que son reconocidos por los partidos como aquellos que siguen sin ser aclarados– el 80% fue de anuncios en radio y el 20% en televisión.

   Es decir, la mayor parte de tales irregularidades se cometió en la radio. Y, al mismo tiempo, la mayor parte de esos anuncios benefició a la campaña del PRI.

   No es difícil imaginar a no pocos empresarios de la radiodifusión en algunos estados, que recibieron sus concesiones de los gobiernos del PRI y que por esa y otras circunstancias tienen compromisos con ese partido, tratando de beneficiar a sus candidatos difundiendo más anuncios de los que les pagaron.

   Tal escenario no exime de responsabilidad a las televisoras nacionales que también pudieron haber transmitido anuncios de cortesía. Si no lo hicieron, la mejor manera de aclararlo consiste en entregarle cuentas claras al IFE.

   Este episodio, y las secuelas que pueda tener, ratifican la necesidad de acabar con la dependencia que los partidos, y por ello la vida política, experimentan respecto de los medios electrónicos. Los partidos gastan mucho en la contratación de propaganda porque disponen de grandes sumas de dinero público. Y no hay fiscalización que pueda resultar absolutamente eficaz cuando se trata de un universo de estaciones, empresas, partidos y donantes tan amplio y con tantas posibilidades para eludir las reglas que ahora existen. El único remedio para terminar con esa dependencia y con dichas contribuciones irregulares radica en eliminar de nuestras campañas electorales la posibilidad de adquirir propaganda pagada en la televisión y la radio. Nos ahorraríamos muchas complicaciones. Y además, bastante dinero.

Publicado en La Crónica, jueves 17 de mayo

   En su análisis acerca de las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión cuya inconstitucionalidad está siendo estudiada por la Suprema Corte de Justicia, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano hace un diagnóstico serio y exigente acerca de los medios de comunicación.

   El artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión no pasa la prueba de ese ojo crítico: “los actuales concesionarios de servicios de radiodifusión tienen un poder sustancial en el mercado de la radio y la televisión abiertas, por lo que el otorgamiento de mayores privilegios para la obtención de concesiones en materia de telecomunicaciones, implicará la traslación de su posición preponderante en su mercado al segmento de los servicios de telecomunicaciones, provocándose así que las actividades tanto de radiodifusión como de servicios adicionales de telecomunicaciones, se concentren en unos cuantos agentes económicos, en lugar de que se abran a la competencia y se logre una mayor diversidad y pluralidad tanto en los medios masivos de comunicación, como en materia de telecomunicaciones” (página 497).

   Esa reforma es inconstitucional porque vulnera los fines que de acuerdo con la Carta Magna debieran tener los medios de comunicación. Dice el ministro: “la radiodifusión debe entenderse como un componente fundamental de la sociedad de la información, en este contexto, la optimización del uso del espectro radioeléctrico puede y debe abrir opciones democratizadoras debido al uso de nuevas tecnologías (digitalización). Este proceso no debe entenderse como un mero proceso tecnológico, sino que debe implicar el establecimiento de políticas sobre aspectos fundamentales de esta nueva sociedad de la información, tales como la recuperación y repartición del espectro radioeléctrico, la reglamentación de nuevos servicios de telecomunicaciones y una política de servicios masivos de educación, cultura e información que fortalezcan el desarrollo de las capacidades de la población marginada y más excluida del desarrollo” (pp. 415-416).

   Esas verdades torales orientan la reflexión del ministro Aguirre Anguiano en su extensa ponencia, para llevarlo a  concluir que cinco de los artículos reformados el año pasado e impugnados por 47 senadores son total o parcialmente inconstitucionales.

   Los ministros de la Corte han conocido argumentos de sobra en respaldo a la solicitud de inconstitucionalidad. También han escuchado la defensa de intereses creados que propalan las empresas televisoras con exageraciones y mentiras como las siguientes.

   “Si se modifican las reformas de 2006 México quedará al margen del avance tecnológico”. El desarrollo de las comunicaciones en nuestro país no ha dependido de las reformas a las dos mencionadas leyes federales. Lo que resultaría afectado es el modelo de expansión sustentado en la promoción de las nuevas tecnologías para las telecomunicaciones en beneficio de unas cuantas empresas.

   Ese modelo, promovido por Televisa y con menor notoriedad por Televisión Azteca, postula el desarrollo de la televisión de alta definición (a la que abreviaremos como TAD) en manos de esas empresas y como eje para el aprovechamiento de las franjas del espectro radioeléctrico en las que se propagan señales de radiodifusión. Actualmente cada canal de TAD necesita un espacio de 6 megahertz para difundir su señal y esa es la porción del espectro radioeléctrico que, por cada uno de los canales que ya tenían, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les asignó a dichas empresas para que difundan televisión de ese tipo.

   Las televisoras dicen que en esos 6 mhz no pueden transmitir nada más que TAD. Y en efecto, con la tecnología que hoy se encuentra más difundida en México y Estados Unidos cada canal de alta definición requiere de ese espacio. Sin embargo la tecnología cambia a cada momento y es previsible que, en pocos años, la TAD requiera solamente de 2 o 3 mhz por canal.

   Lo que singulariza al desarrollo tecnológico para los soportes digitales es la posibilidad de comprimir cada vez más información en menos espacio. Ahora es factible, por ejemplo, guardar todo el contenido de una colección de casi 2000 CDs de audio en un Ipod que podemos transportar a cualquier sitio. De la misma manera, la digitalización de las señales permite que cada vez se pueda transmitir más contenidos en menor espacio del espectro radioeléctrico.

   Esa es la realidad tecnológica que ocultan los promotores de la ley Televisa. Si a cada televisora se le deja en posibilidad de utilizar como quiera los 6 mhz que hoy tiene por cada canal de televisión, dentro de pocos años podrá enviar señales de TAD en un espacio menor al que tiene asignado y entonces usaría los megahertz restantes para difundir otros servicios de telecomunicaciones (telefonía, Internet, radio digital, etcétera). Por otro lado, la televisión digital no tiene por qué ser en todos los casos de alta definición. Una señal digital de televisión convencional puede difundirse en un espacio de tan solo 1.5 mhz. Es decir, en el espacio que ocupa un canal de alta definición pueden caber tres o cuatro canales de televisión con imagen de menor calidad pero con mayor variedad de contenidos. Todas esas posibilidades quedan canceladas con la apropiación del espectro radioeléctrico que la ley Televisa les permite hacer a las empresas que actualmente disfrutan del 95% de las concesiones para televisión comercial en este país. El desarrollo tecnológico que promueve la ley Televisa es estático, uniforme y excluyente. Pero no es el único al que podría acceder nuestro país.

   “Si se modifica la Ley Televisa no habrá convergencia tecnológica”. La digitalización de las telecomunicaciones permite que en el mismo canal en donde ahora se difunde un servicio, se puedan propagar varios más. A la posibilidad de suministrar por una misma vía servicios de televisión, telefonía e Internet se le ha denominado “triple play”. Esos servicios se pueden propagar por cable o por el espacio aéreo y su abastecimiento de manera conjunta permite que emisores y consumidores ahorren costos.

   En México esa convergencia existe ya, independientemente de las reformas legales. Desde hace varios años Telmex vende Internet de banda ancha a los suscriptores de su servicio telefónico y está en capacidad de transmitir, además, por esas líneas digitales, canales de televisión. En la ciudad de México la empresa Cablevisión, propiedad de Televisa, ya tiene autorización para además de los canales de televisión y el servicio de Internet que brinda por el mismo conducto, ofrecer telefonía. Esa convergencia no se debió a las reformas de 2006. El “triple play” que propicia la ley Televisa es, en realidad, la concentración de tales servicios en pocas empresas para que tengamos solamente one player.

  ”La desaparición de esas reformas implicaría volver al antiguo sistema discrecional y presidencialista en la asignación de concesiones”. Hasta el año pasado el otorgamiento de concesiones de televisión y radio estuvo a cargo del presidente de la República. A partir de la Ley Televisa esa facultad se encuentra… en las mismas manos. La Comisión Federal de Telecomunicaciones que surgió merced a la Ley Televisa no tiene auténtica autonomía. A sus integrantes los designa el Presidente de la República y muchas de sus facultades están subordinadas a la autoridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

   La reforma de 2006 no estableció garantías para que los integrantes de la Cofetel estuvieran a salvo de conflictos de intereses con las empresas del sector que deben regular. Por ello, entre los actuales comisionados hay funcionarios que tuvieron estrecha relación laboral y política con alguna de las televisoras. La Cofetel de hoy en día no es autónoma respecto del gobierno y tampoco respecto de las empresas cuyo desempeño debe supervisar.

   Esa reforma establece que las nuevas concesiones de radiodifusión serán asignadas por subasta pública. Es decir, que aquellos que ofrezcan más dinero tendrán licencias para transmitir por televisión y radio. No está mal que el Estado obtenga recursos por esas concesiones. Pero asignarlas solamente de esa manera implica la rendición del poder estatal y del interés de la sociedad al poder del dinero. En la mayoría de los países de América y Europa las autoridades en materia de telecomunicaciones toman en cuenta,  para otorgar concesiones de televisión y radio, las propuestas de programación, el servicio que brindarán al público y las ofertas financieras que presenten los interesados.

* * *

   Algunos promotores de la ley Televisa suelen ostentar terminajos técnicos aparentemente complejos con el propósito de simular que, para determinar cuál es la legislación pertinente en ese campo, hace falta un conocimiento muy especializado. Con ello no pretenden ilustrar, sino secuestrar la discusión de estos asuntos.

   Pero los ministros de la Corte no requieren pericia técnica peculiar para dictaminar sobre las reformas del año pasado. Lo que al país hace falta en estas materias, desde el terreno de la ley, es contar con principios generales que permitan:

   a) el dominio del Estado en la administración del espectro radioeléctrico, que es parte del patrimonio nacional;

   b) que esa administración esté a cargo de una autoridad verdaderamente autónoma, tanto respecto del poder presidencial como de los poderes fácticos a los que debe regular;

   c) la existencia de condiciones de equidad para las empresas que operen y quieran operar en ese campo;

   d) el aprovechamiento, sin modelos tecnológicos cerrados ni excluyentes, de los beneficios que propician la convergencia digital y la propagación de las telecomunicaciones;

   e) la promoción de la diversidad, la competencia y la pluralidad en las opciones comunicacionales que reciben los mexicanos.

   Esos principios son desconocidos por las reformas del año pasado. Ahora la Corte tiene la posibilidad de enderezar los excesos y abusos que ha implicado la ley Televisa.

Publicado en La Crónica, 10 de mayo de 2007 

   No hacía falta que el senador Santiago Creel reconociera que se trató de una imposición para que supiéramos que la Ley Televisa estuvo definida por la coacción que las televisoras ejercieron sobre la mayor parte de la clase política mexicana. Hace más de un año quedó suficientemente claro que las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión buscaban, exclusivamente, ampliar los negocios de las empresas que ya tenían concesiones para difundir por esos medios.  

   Aquella propuesta, desde su redacción, fue impulsada desde las oficinas corporativas de Televisa. Allí fueron contratados los despachos jurídicos y de relaciones públicas que se encargaron del cabildeo con los legisladores. De allí surgieron los amagos contra los empresarios de la radiodifusión y las telecomunicaciones que estaban disgustados con una reforma que favorecía el interés de los más grandes pero que no significaba cambios sustanciales en la administración del espectro radioeléctrico. De esas oficinas salieron las convocatorias a los dirigentes nacionales y candidatos presidenciales de los tres partidos más importantes para exigirles que apoyasen tales reformas. Allí se redactaron y financiaron los desplegados en la prensa, las sugerencias a columnistas de negocios y las campañas en televisión y radio que pretendían descalificar a los legisladores que a pesar de tales coacciones se opusieron a la Ley Televisa. 

   Todo eso fue ampliamente conocido, documentado y denunciado entre diciembre de 2005 –cuando la Cámara de Diputados requirió nada más que de 7 minutos para aprobar esas reformas– hasta el 30 de marzo, cuando sin enfrentar los argumentos en contra la mayoría en el Senado ratificó la Ley Televisa. En el transcurso de esos cuatro meses se conocieron las amenazas que ese consorcio televisivo utilizó tanto con otros empresarios, como con políticos de todos los partidos.  

   En aquellos días se pudo verificar la exigencia que los dirigentes nacionales del PAN y el PRI les formularon a sus respectivos senadores para que apoyasen la Ley Televisa. El miércoles 22 de marzo el presidente nacional del PAN, Manuel Espino, se reunió con los senadores de ese partido para exigirles que aprobasen la Ley Televisa porque esa decisión, dijo, beneficiaría a los panistas en la campaña electoral que estaba en curso. El jueves 23 ocurrió lo mismo entre los senadores del PRI: sus dirigentes les manifestaron que el respaldo a esas reformas beneficiaría la candidatura de Roberto Madrazo.  

   También en el transcurso de marzo del año pasado fue evidente el manejo artificioso que Televisa y Televisión Azteca hacían de ese tema en sus noticieros, en una nueva comprobación de que para esas empresas el interés público no existe cuando están de por medio sus propios negocios. 

   El ahora senador Santiago Creel estaba en campaña cuando todo eso ocurría y es improbable que no se hubiese enterado de primera mano de ese escandaloso tráfico de influencias a cargo de las televisoras. Si no lo denunció a tiempo fue por precaución o miedo, o porque no le parecía tan grave. No sería el primer político cuya aprensión ante la capacidad de represalia de las televisoras lo lleva, incluso, a magnificar el poder de tales empresas.  

   En todo caso Creel conocía bien los intereses y los modos de las televisoras. En octubre de 2002 el entonces secretario de Gobernación fue el operador de Marta Sahagún para que fuera abolido el 90% del tiempo al que hasta entonces tenía derecho el Estado en las frecuencias concesionadas de radio y televisión y para que hubiera un reglamento dictado punto por punto por la empresa propiedad de Emilio Azcárraga Jean. Tres meses más tarde consintió el latrocinio que la empresa de Ricardo Salinas Pliego cometió al enviar a un grupo de pistoleros a asaltar la antena del Canal 40. Y en mayo de 2005, unos días antes de renunciar a Gobernación para competir por la candidatura presidencial del PAN, Creel le regaló a Televisa el permiso para operar 65 casinos en todo el país. 

   El senador Creel, por supuesto, conoce el poder de las televisoras. Se ha doblegado a él en tantas ocasiones que posiblemente ya está cansado de hacerlo. Quizá el ahora senador ha tenido un rapto de honestidad y lucidez. Posiblemente en los meses recientes haya tenido condiciones para reflexionar sobre los riesgos que significa para el país el poder desbocado, insaciable e insolente de las empresas que acaparan el 95% de las concesiones para televisión comercial. Acaso tuvo ocasión de conocer los estudios de legislación comparada que muestran el vergonzoso rezago de México junto a países latinoamericanos y europeos en donde la televisión y la radio están definidas por la competencia y la diversidad porque hay diques a la concentración de muchos medios en pocas manos y existen autoridades regulatorias capaces de otorgar nuevas frecuencias con criterios de calidad y variedad.  

   Posiblemente el senador Creel leyó, en el Diario de los Debates de la Cámara de la que ahora es destacado integrante, las argumentaciones que presentaron a fines de marzo del año pasado los senadores que se batieron con denuedo, en contra de la línea que había en sus partidos, para subrayar las perversiones jurídicas y el reforzamiento de privilegios que implicaba la Ley Televisa. Probablemente conoció las transcripciones de las audiencias que a comienzos de febrero convocó la Comisión de Comunicaciones del propio Senado y en donde los defensores de la Ley Televisa quedaron reducidos en el terreno de las razones aunque sabían que contaban con la amedrentada mayoría que en esa Cámara había impuesto el poder de la televisión. Acaso también revisó las consideraciones que presentaron la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal Electoral e incluso la Comisión Federal de Telecomunicaciones que había entonces y que coincidían en alertar contra aquella reforma. O puede haber leído el recurso que 47 senadores de la anterior Legislatura presentaron a la Corte para demandar que tales reformas sean declaradas anticonstitucionales. 

   Documentos, experiencia y testimonios, no deben haberle faltado al senador Creel para concluir, como hizo el viernes 4 de mayo, que en la aprobación de la que muchos denominamos Ley Televisa “las cosas fueron más bien una imposición que una negociación en donde fue una sola visión, no la que surge de una pluralidad de intereses”.  

   Pero quizá, junto con todo eso, lo que ocurrió es que el senador Creel simplemente se hartó. Se cansó de contemplar la expansión descomunal del poder que las televisoras adquieren no porque los contenidos que transmiten sean especialmente perspicaces, ni porque a la sociedad mexicana le hagan falta, sino fundamentalmente gracias a la negligencia y la ignorancia que los políticos mexicanos, en su gran mayoría, han tenido respecto de las grandes empresas mediáticas. Quizá lo terminó de convencer el amplio proyecto de sentencia que ha presentado el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en donde se recogen varios de los principales argumentos de los ahora ex senadores que hace un año solicitaron que a esas reformas se les declarase anticonstitucionales. 

   Dicho proyecto reconoce la arbitrariedad que implica la llamada Ley Televisa, entre otros motivos porque a las empresas que ya disfrutan de concesiones les permite hacer con ellas un negocio adicional, por el cual no tendrían que ganar una licitación ni pagar derechos, al ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones en el ancho de banda que deje libre la digitalización de las señales de televisión y radio.  

   Por esa y otras transgresiones, la Suprema Corte de Justicia podría encontrar motivos de anticonstitucionalidad en las reformas del año pasado a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión. Esa posibilidad está ocasionando que las presiones que antes padecieron los legisladores, ahora estén siendo dirigidas contra la Corte. Bastaría con asomarse a las antesalas de los ministros para constatar el intenso cabildeo que realizan tanto empleados de las televisoras como, incluso, miembros de la Cofetel que fueron designados gracias a la Ley Televisa. 

   La posibilidad de que dicha ley se modifique está propiciando una reacción exasperada y sumamente nerviosa de varias empresas de radiodifusión, comenzando por la que más se ha beneficiado con tales reformas. Por eso a Santiago Creel la Cámara de la Radiodifusión, que sigue supeditada a la hegemonía de Televisa, le respondió con tanta vehemencia. Por eso ayer en la radio el ahora senador Javier Orozco Gómez, veterano soldado al servicio de los radiodifusores, cuando quiso defender las reformas ahora impugnadas solamente acertó a decir que los legisladores que hace un año pidieron la declaración de inconstitucionalidad “fueron engañados por Javier Corral” como si no hubiera numerosos motivos para rechazar tales modificaciones legales y como si 47 senadores, adultos todos y entre ellos algunos bastante curtidos políticamente, pudieran haber sido engatusados por uno solo de ellos. Esas actitudes –tristes, torpes, inverosímiles– confirman la pobreza de argumentos de quienes defienden la Ley Televisa.  

   Quizá algo de todo eso es lo que entendió ahora Santiago Creel. Dicen que más vale tarde. Quién sabe. En todo caso cuando considera que si la Corte no modifica la Ley Televisa entonces lo harán los legisladores, el senador Creel adelanta una obviedad y un compromiso. Es deseable que la Corte rechace la acumulación y concentración de privilegios que implican tales reformas, en los términos que han sido sugeridos por el ministro Aguirre Anguiano.  Pero aunque esas reformas fuesen desechadas, seguiría haciendo falta una seria revisión de las leyes para los medios electrónicos. El auténtico cambio en la normatividad para la televisión y la radio solamente puede emerger en el Poder Legislativo. Así que el senador Creel y quienes, como él, reconocen ahora los peligros que implica para el país y la sociedad el poder excesivo de las empresas mediáticas, tienen mucho por hacer. 

Publicado en La Crónica, jueves 3 de mayo de 2007  

 Ayer estaban por cumplirse dos horas del debate entre los candidatos a la presidencia de Francia cuando Ségolene Royal se indignó: “estamos llegando al colmo de la inmoralidad política”, le dijo a Nicolas Sarkozy que había dicho que defiende el derecho de los niños discapacitados para encontrar sitio en las escuelas públicas de Francia. La candidata socialista recordó que eso era precisamente lo que ella había exigido durante años, ante la negativa del gobierno del cual ha formado parte el hoy candidato conservador.     

   Centelleantes sus intensos ojos verdes, enrojecido el rostro y levantando la voz hasta un tono que rompía con el diálogo casi en todo momento terso que habían sostenido, Madame Royal manifestó en ese momento una capacidad de indignación que podría ser la clave del triunfo o la derrota en las elecciones del domingo próximo. Aunque en el debate que ayer miércoles por la noche difundieron todas las televisoras en Francia, se contrastaron dos visiones diferentes para el futuro de ese país. Seguramente muchos de los electores, particularmente la ancha franja que todavía al comienzo de este semana estaban indecisos, habrán tomado nota de esa diferencia entre los candidatos.     Sarkozy, que es tan brillante como perverso, entendió de inmediato la peculiaridad de aquella situación. Su rival lo había llamado mentiroso e inmoral. Y frente a la tranquilidad casi flemática –algunos querrán decir cínica– que estaba manifestando, la candidata del Partido Socialista desplegaba una emotividad que no necesariamente se contradecía con la inteligencia que hace falta para llegar al Palacio de Elíseo. Entonces reviró:    

-Señora Royal, para ser presidente hay que mantener la calma y usted no logra hacerlo.  

-No cuando se cometen injusticias.  

 -La señora Royal ha perdido la serenidad   

-Estoy enojada, sí. Me enojo ante las injusticias y las mentiras. La cólera a veces resulta saludable.  

-Me está usted atacando. No le permito que me hable así.  

 -Estoy diciendo que no dice la verdad. Y yo no miento.  

-Se enfada usted con mucha facilidad. Un presidente de la República tiene que guardar la serenidad porque enfrenta responsabilidades muy fuertes. 

-La diferencia entre nosotros es que tenemos distintas concepciones morales de la política. 

   Hasta entonces, en un debate que se extendió durante dos horas y 40 minutos, los dos candidatos habían enfatizado en las diferencias que representan uno respecto del otro en asuntos fundamentalmente económicos. A pesar de que bajo el mando de cualquiera de ellos el gobierno de Francia estaría ceñido por las mismas circunstancias, en el transcurso del encuentro se fueron definiendo las coordenadas de izquierda y derecha que reivindican Royal y Sarkozy.    La candidata socialista propone mayores atribuciones al Estado para respaldar especialmente a las empresas medianas y pequeñas, regulación del trabajo para distribuir entre más personas y sin detrimento en la remuneración las horas laborales actualmente disponibles, fortalecer los fondos de pensiones con los ingresos que resultarían de gravar las ganancias bursátiles, viviendas de interés social y nuevos empleos especialmente para los jóvenes que recién egresan de las universidades.     Sarkozy, que encabeza a la Unión por un Movimiento Popular, propone que el Estado tenga menos empleados, reducir los impuestos, promover la competencia económica y el ahorro, mantener la semana laboral de 35 horas, ceñirse al actual sistema de pensiones y hacer de Francia “un país de propietarios”.    En varias ocasiones el hasta hace dos meses ministro del Interior, que ha sido cuestionado por la represión policiaca contra los jóvenes que hace año y medio protagonizaron algaradas en varios barrios periféricos de París, tropezó ante precisiones de la candidata socialista. Royal le reclamó el escaso respaldo que el gobierno central otorga a las regiones de Francia, de las que se manifestó más conocedora que su rival. Cuando ella se refirió a la propuesta socialista para invertir en el desarrollo de una economía del conocimiento, Sarkozy eludió el tema diciendo “tengo libertad de palabra, no voy a seguir su método”. Al discutirse las opciones para generación de energía Royal, que propone disminuir el uso de plantas nucleares, le preguntó a su oponente qué porcentaje de la energía que se consume en Francia es de ese origen. “Más o menos la mitad” dijo el ex ministro. “Se equivoca, es apenas el 17%” replicó Royal ante un confundido Sarkozy. 

   El de la candidata socialista fue un discurso que buscaba interlocutores específicos: obreros desempleados, gente sin vivienda, padres de familia que no encuentran escuela para sus hijos, viudas que reciben pensiones exiguas, empresarios de negocios pequeños que no tienen respaldos fiscales para desarrollarse y, muy especialmente, jóvenes a quienes ofreció medio millón de nuevos puestos de trabajo y fianzas estatales para que puedan conseguir vivienda. Podría decirse que para Royal, el ejercicio de gobernar pasa por la capacidad para involucrar a la sociedad.    El de Sarkozy fue, en cambio, un discurso centrado en la autoridad del gobierno: mano fuerte contra los delincuentes, discrecionalidad en los apoyos lo mismo a empresas que a grupos sociales, rechazo a una amnistía a los migrantes ilegales. Esas diferencias fueron transparentes cuando se refirieron a la educación. Para el candidato de derecha en la escuela debe haber “respeto a la autoridad, exigencia, enseñanza de una moralidad compartida” y clases por las tardes. Para Royal, lo importante es garantizar la igualdad de los alumnos, revalorizar el trabajo de los profesores, enfrentar la violencia en los planteles y otorgar apoyo individualizado a los alumnos con problemas para estudiar: “no quiero que a algunos niños se les programe para fracasar y a otros para tener éxito”.    Fue un intenso e inteligente e, incluso, ejemplar debate de ideas. Sarkozy y Royal, que no eluden reconocerse como de derecha e izquierda en una sociedad en donde ambos flancos de la política están claramente perfilados, discutieron y rebatieron con argumentos.     La forma estaba habilitada para propiciar un fondo de esa índole. A diferencia de la mayor parte de los debates políticos que hemos tenido en México en los años recientes y que son extralógica imitación de los debates en Estados Unidos, el que se realizó ayer en Francia fue en torno a una mesa que permitía que los candidatos estuvieran, sentados, frente a frente. Dos moderadores otorgaban la palabra pero sin ceñirse a un rígido esquema previo. Un par de enormes relojes indicaban el tiempo que había ocupado cada candidato, de tal manera que los moderadores podían propiciar espacios similares para ambos.  

   Royal y Sarkozy se miraron mutuamente todo el tiempo, como en cualquier discusión seria. No hablaron para las cámaras. Debatieron uno con el otro. No iban ataviados para cumplir con algún canon mercadotécnico sino para mostrarse ellos mismos. Las mancuernillas del candidato conservador llamaban más la atención que el casi imperceptible, collarcillo que tenía Royal. Ligera de maquillaje, con el cabello suelto, la candidata enfrentaba las ventajas y los inconvenientes de ser mujer y fue capaz de hacer señalamientos durísimos sin perder la sonrisa. Solo en el momento que hemos señalado, ella reaccionó furiosa ante la mentira de su oponente que se erigía en defensor de la escuela para niños discapacitados cuando según Royal ha sido lo contrario, Sarkozy pareció controlar la situación. Pero había sido a costa de que le dijeran mentiroso e inmoral. Y eso en una cultura política tan madura que propicia un debate de ideas y no de imprecaciones como el de ayer, puede significar el éxito o el fracaso en la elección presidencial.    Antes del debate las encuestas indicaban que Sarkozy recibiría alrededor del 52% de los votos, en tanto que para Royal la expectativa era de 48%. Así de cerrada, en esa diferencia sin duda influirá el debate de anoche.    El domingo son las elecciones en Francia, después de una primera vuelta en donde participó el 85% de los ciudadanos. Junto con el resultado, habrá sido relevante la discusión sin desgarramientos pero también sin falsas cortesías, la confrontación de ideas en un contexto de civilidad, la posibilidad de debatir sin subterfugios, el cotejo de dos proyectos distintos sin que esas discrepancias propicien que uno excluya fatalmente al otro.     Fuera de artificios retóricos como los que hemos mencionado y en los que se expresaron las personalidades de ambos contendientes, en el debate de anoche no había espacio para las acusaciones ni las descalificaciones personales. Ninguno de los candidatos llevaba documentos incriminatorios ni tenía sorpresa alguna preparada para desacreditar al contrincante. Juego limpio, en el fondo y la forma. Las enseñanzas que la política francesa ofrece para nuestro desastrado escenario público son numerosas y envidiables.    

   ALACENA: El violín

    La película de Francisco Vargas Quevedo es como un mazazo en la conciencia y las emociones. Con una sencillez narrativa que solamente tienen las grandes obras, una fotografía directa y rigurosa cuyo blanco y negro acentúa las situaciones límite que allí se plantean y con actuaciones cristalinas como la que en primer lugar desempeña el músico guerrerense don Ángel Tavira, El violín es una cinta de excepción. La guerrilla que allí aparece podría haber surgido en casi cualquier país latinoamericano pero está maliciosamente emparentada con el paisaje mexicano. La violencia representada con una crudeza a ratos indignante nos resulta demasiado cercana para suponer que no pudo haber ocurrido por estos rumbos. La conmovedora historia del violinista y su familia contrastados con la ferocidad militar –con soldados verosímiles porque entre ellos hay además emoción y compasión– deja lecciones de cólera y tristeza. Demoledora e impactante, El violín es una metáfora de sí misma: así como el músico campesino contrapone sus interpretaciones a la brutalidad también la película enfrenta, retratándolos, aspectos de una realidad que quisiéramos abominar.