Sociedad y poder

La Crónica, jueves 28 de junio de 2007

   La decisión de la Corte para aplazar su sentencia acerca del comportamiento del gobernador de Puebla le dio un respiro –apenas ligero y efímero, pero respiro de todos modos– no solo a Mario Marín sino, junto con él, a su partido. Estos no son, definitivamente, los mejores tiempos para el PRI. A juzgar por lo maltratado que se ve ese partido pero especialmente debido a la obstinación de sus dirigentes para proteger a los priistas más indefendibles no hay un solo elemento que permita guardar alguna esperanza –si es que alguien quisiera tenerla– en el porvenir del Revolucionario Institucional.

   Mario Marín, Ulises Ruiz y Jorge Hank Rohn son, hoy en día, los priistas más visibles. El primero de ellos ha sido acusado por atropellar las garantías individuales de la empeñosa periodista Lydia Cacho. El gobernador de Oaxaca se excedió ostensiblemente en el mando de la fuerza pública para reprimir un movimiento desbordado y exaltado y que había prescindido de cualquier otra demanda para insistir, antes que nada, en la renuncia del mandatario estatal. A Hank Rohn, la autoridad electoral en Baja California le aplicó una ley local que impide la postulación de funcionarios electos cuya gestión no haya terminado, como sucede con él cuya responsabilidad como presidente municipal le impide, según esa disposición, ser candidato a gobernador.

   Personajes de historias diferentísimas, esos notorios priistas viven, hoy, destinos paralelos. La suerte de los tres pende de resoluciones judiciales.

   El caso contra Mario Marín quedó postergado pero antes de ello se conoció el proyecto de resolución que, a la cabeza de la comisión investigadora que había creado la Corte, presentó el ministro Juan Silva Meza. Allí se confirma que el gobernador de Puebla orquestó el acoso judicial contra la periodista Lydia Cacho para congraciarse con su amigo, el empresario textil Kamel Nacif. En esa maniobra el gobernador fue auxiliado por la procuradora del estado de Puebla, por magistrados del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad y por una juez local. Contra todos ellos, se proponen medidas judiciales. Y contra el gobernador, de aceptarse las recomendaciones del ministro Juan Silva, se dejaría al Congreso de la Unión la posibilidad de inhabilitarlo para que fuese sometido a juicio.

   Es altamente posible que, presentado a los legisladores federales, el caso del gobernador Marín no prosperase porque lo defienden sus correligionarios del PRI. Es de esperarse que así ocurra y no en virtud de una elemental solidaridad entre militantes sino debido a la connivencia de intereses y complicidades que constituyen el principal, si no es que el único, elemento de cohesión de ese partido. Además del agravio a la periodista Cacho, en este asunto se ha comprobado la sumisión de la justicia en Puebla a los caprichos del gobernador. Y detrás de todo ello, se mantienen las denuncias acerca de las redes de pederastia de las que podrían ser activos cómplices algunos protegidos de Mario Marín.

   Al comprometerse en la defensa de ese gobernador, el PRI manifiesta de qué lado está en la reivindicación de las leyes y en la defensa de los derechos humanos. Lo mismo le sucede con Ulises Ruiz, cuyo caso también está pendiente de solución en la Suprema Corte. Los dirigentes de la APPO no estuvieron exentos de numerosas culpas. Pero el encarcelamiento al que se encuentran sometidos, las penas desproporcionadas que se les han impuesto y la vigilancia policiaca extrema que se mantiene en Oaxaca, no han cancelado la inquietud social en esa entidad. Ahora no solamente los maestros sino además grupos significativos de empresarios, consideran que la gestión de Ruiz estorba el remedio a las tensiones políticas oaxaqueñas.

   Para salvaguardar a los gobernadores de Oaxaca y Puebla, el Revolucionario Institucional ha puesto en juego su peso parlamentario.   La ecuación que proponen los priistas es tan elemental como impúdica: si Acción Nacional les ayuda a detener las sanciones contra Ruiz y Marín, a cambio el PRI respaldaría la propuesta de reforma fiscal del gobierno federal. Para los priistas, la defensa de esos impresentables gobernadores se ha convertido en prioridad incluso por encima del interés de la sociedad.

   Habrá quien considere que se trata de una medida política, como si la única política posible fuera la del tráfico de influencias y la coacción. También se puede estimar que ese es, simplemente, vulgar chantaje. Mientras el gobierno del presidente Felipe Calderón y el PAN resuelven qué hacer en esos litigios, los líderes parlamentarios del PRI se pavonean ufanándose de la posición estratégica que, según dicen, tiene hoy su partido como fiel de la balanza de las decisiones en ambas cámaras.

   Quizá se equivocan. Indudablemente, aliado con el PRI, Acción Nacional tiene en cada una de las cámaras mayoría suficiente para aprobar la reforma fiscal y cualquier otra iniciativa. Pero también la tendría si contara con los votos del PRD tanto en San Lázaro como en Xicoténcatl. Hace varios meses hubiera sido impensable que los perredistas respaldaran una propuesta del gobierno cuya elección descalificaron con tanto ahínco. Pero hoy, dentro del PRD se abren paso las posiciones de quienes reconocen que si no hacen política (y política es antes que nada el ejercicio de tomar acuerdos en torno a posiciones comunes) quedarían marginados del escenario público.

   Aunque el aniversario de la elección presidencial le dará nueva notoriedad a Andrés Manuel López Obrador y a las posiciones intolerantes dentro del PRD, en distintos frentes los perredistas que ocupan responsabilidades de elección popular ejercen su derecho a ser reconocidos como interlocutores del gobierno. La comida que los gobernadores que son miembros de ese partido tuvieron con el presidente Calderón, así como los encuentros de legisladores perredistas con el secretario de Hacienda, forman parte de esas definiciones políticas.

   Si no fuera con el PRD, el PAN todavía tiene la posibilidad de alcanzar mayoría en ambas cámaras sin contar con el PRI, siempre y cuando entablase acuerdos con varias de las fracciones parlamentarias más pequeñas. Los diputados que no forman filas en ninguno de los tres partidos principales suman 61 (el 12% de los 500 legisladores que hay en esa Cámara) y habría diversas combinaciones para que los 206 diputados panistas lograsen, con algunos de ellos, el mínimo necesario. En el Senado, en donde Acción Nacional tiene 52 de 128 escaños, los legisladores del PVEM, Convergencia y el Partido del Trabajo, además de un senador sin partido, son 17.

   Así que al menos desde el punto de vista aritmético, pero con serias posibilidades de que los números sean políticamente realistas, el PRI no resultaría absolutamente indispensable para que el gobierno y su partido lograsen la fiscal y quizá otras reformas. De hecho, los más interesados para que dentro del PRD prevalezca la línea de obcecación y terquedad de López Obrador son los priistas más dinosáuricos. Mientras el PRD se mantenga refractario a la política y sus decisiones, el PRI le resultará más necesario al gobierno y al PAN.

   ¡Qué paradoja! O qué situación tan emblemática de los intereses que hay detrás de las diversas expresiones de la vieja política, tanto en el priismo elemental como en el segmento más ofuscado del PRD. Hoy en día, la mejor posibilidad que tienen personajes como Mario Marín y Ulises Ruiz para quedar a salvo de la aplicación de la justicia es el endurecimiento en el PRD –para que, entonces, el PRI le resulte indispensable al gobierno y al PAN–. Los extremos se juntan. O, quizá, nunca han estado muy distantes.

   El desconocimiento legal de la candidatura de Jorge Hank Rohn para el gobierno de Baja California se añade a esas vicisitudes del PRI pero, también, confirma hacia donde soplan las adhesiones y afinidades en ese partido. El alcalde con licencia es víctima de una curiosa disposición legal que fue aprobada hace cinco años por su partido. La decisión del Tribunal Electoral de aquella entidad para aplicar la ley invalidando la postulación de Hank, ha sido tomada por priistas dentro y fuera de Baja California como muestra de que hay una confabulación en su contra. Pero la única maquinación que hoy damnifica a ese partido la han cometido los propios priistas. El problema de Hank Rohn no es principalmente el incumplimiento del artículo 42 de la Constitución de Baja California sino el abuso excesivo del poder, la insolente jactancia de un enriquecimiento no siempre claramente lícito, la exhibición de aficiones y costumbres ofensivamente onerosas. La personalidad de Hank Rohn es controvertible ética, pero también estéticamente. A ese individuo, el PRI lo respalda para que sea gobernador.

   Hank, Ruiz y Marín son los tres, aunque con diferentes trayectorias e infracciones, paradigmas de un priismo arbitrario y arcaico que no ha querido desaparecer. Los tres están acusados de atropellos legales de distinta índole pero, además, tienen una pésima fama pública forjada con sus propias y ostensibles acciones. El PRI para protegerlos, presiona con dejar de apoyar reformas de ley. Pero en una alianza parlamentaria ese partido no es necesariamente indispensable. Y de cara a la sociedad, al comprometerse con personajes como ésos el PRI confirma en dónde siguen estando sus verdaderas querencias. ¿Arquetipos? Ah, qué tipos. 

La Crónica de Hoy, 21 de junio de 2007

Decepcionante. Limitada. Tímida. A las iniciativas de ingresos que presentó ayer el gobierno federal es difícil denominarlas reforma fiscal, por lo menos de acuerdo con el sentido transformador y casi redentor que se le ha adjudicado a ese término. Los nuevos impuestos en realidad no son tales: funcionarán, en lo fundamental, como instrumentos para garantizar el pago de los gravámenes que ya existen. A la economía informal únicamente se la condena a dosificar sus depósitos bancarios o a prescindir de ellos. A los estados y municipios se les confieren atribuciones un poco más amplias pero siempre dentro del mismo esquema fiscal que ha existido hasta ahora.

   Con el más importante de los impuestos cuya aprobación le propuso ayer la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión, así como con las tímidas medidas contra la evasión fiscal que forman parte de ese paquete de iniciativas, el gobierno espera aumentar sus ingresos en 1.5 puntos del PIB en 2008 para llegar a 2.8 puntos en 2012.

   Toda la arquitectura del paquete fiscal se encuentra articulada por esos objetivos. Y ellos, dependen del éxito que tengan las estimaciones realizadas por el secretario Agustín Carstens y su equipo.

   Para que esas metas pudieran alcanzarse, sería necesario que la nueva “Contribución empresarial a tasa única” realmente sirva, según se indica en la iniciativa correspondiente, “como un impuesto de control para el ISR, gravando con una tasa del 19% los ingresos después de deducir la inversión y la adquisición o renta de los bienes y servicios independientes”.

   Las empresas y las personas físicas con actividad empresarial tendrán que pagar ese porcentaje (que será inicialmente del 16% para aumentar tres puntos hasta 2009) a cuenta del impuesto sobre la renta que deberían entregar tanto por sus propios ingresos como por los que retienen a sus clientes. Pero aunque se dice que ese impuesto “hace más equitativa la tributación”, influirá fundamentalmente sobre aquellos que ya cumplen con sus obligaciones fiscales y no implica un paso sustancial para forzar al pago de contribuciones al amplio universo de evasores.

   Esa contribución podría ser atenuada con un crédito para estimular la creación de empleos pero cuyas reglas (establecidas en el “Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y se Establece el Subsidio para el Empleo”, ¡uf!) son inversamente proporcionales a cualquier intento para simplificar los procedimientos fiscales.

   La “CETU”, que es como se abrevia la nueva contribución, sustituiría al Impuesto al Activo. Pero los cálculos que se hacen acerca de su eficacia son mucho más difusos que las obligaciones inmediatas que impondrá a quienes ya son contribuyentes.

   Una segunda iniciativa que el Congreso tiene desde ayer bajo su consideración es la “Ley del impuesto contra la informalidad” que gravaría con una tasa del 2% los impuestos en efectivo cuyo monto acumulado sea mayor a 20 mil pesos y que, en un mes, sean realizados en la o las cuentas bancarias de personas físicas o morales. Ese también es un impuesto de control con el que se pretende fiscalizar las actividades de quienes, encontrándose en la economía informal, no suelen hacer declaración fiscal.

   De inicio, ese impuesto reconoce el fracaso en el seguimiento de las cuentas bancarias que la Secretaría de Hacienda anunció hace varios años que emprendería precisamente para determinar si el pago de impuestos correspondía a los ingresos que declarasen o dejasen de manifestar los contribuyentes. La nueva medida podría desalentar la utilización de cuentas bancarias y quizá propiciar el surgimiento de otros mecanismos para guardar e invertir el dinero de quienes tienen ganancias en actividades por las cuales no declaran impuestos.

   Los estados y municipios reciben una parcial satisfacción al perenne reclamo para intervenir más y con mejores beneficios en la recaudación fiscal. Una propuesta de reforma constitucional que forma parte del paquete anunciado ayer les permitiría a los estados crear impuestos para la venta final de gasolinas, diesel, tabacos y cervezas. Los municipios recibirían al menos la quinta parte de esa recaudación. También se propone sustituir la tenencia vehicular con impuestos estatales pero… hasta el año 2014.

   En otra iniciativa, el gobierno propone gravar con un recargo del 20% la participación en juegos con apuestas y sorteos. Y, sorprendentemente, se propone una tasa del 50% a la venta de pinturas en aerosol. Los motivos para ese inesperado cuan elevado impuesto no son financieros sino patrimoniales y, quizá, estéticos: se busca, dice uno de los documentos de Hacienda, “desalentar la pinta de bienes inmuebles públicos y privados, en algunos casos monumentos históricos, oficinas, fábricas, casas habitación y medios de transporte público y privado”.

   El impuesto anti graffiti podría inaugurar una curiosa filosofía fiscal. Para evitar los accidentes automovilísticos se podrían incrementar los gravámenes a las gasolinas (mientras menos coches más peatones a salvo); o para que lleguemos a estar a salvo de las marchas callejeras podría haber un impuesto especial a los zapatos, de tal manera que los marchistas consuetudinarios lo pensaran dos veces antes de gastar las suelas así encarecidas.

   Ya en serio, la debilidad fundamental de las propuestas que ayer presentó el gobierno del presidente Felipe Calderón es la ausencia de intención alguna para gravar los ingresos de quienes más dinero ganan en este país.

   Las iniciativas del Dr. Carstens y sus asesores son muy imaginativas. Pero le dan la vuelta a los únicos mecanismos fundamentales que existen para expandir la recaudación. El primero de ellos, Perogrullo dixit, es aumentar los impuestos. El otro, es combatir la evasión.

   Para aumentar los impuestos (asunto que a nadie le gusta pero que suele definir la diferencia entre los gobiernos que toman decisiones necesarias y los que solamente deciden cuando con ello quedan bien con la sociedad o algunos de sus grupos de interés) solamente hay dos caminos básicos: gravar el consumo o gravar los ingresos.

   La primera posibilidad ha sido vetada por algunos de los partidos nacionales, a pesar de los estudios que han demostrado que la generalización del IVA haría pagar mucho más a los que más gastan que a los pobres. La otra, consiste en gravar las ganancias. Sobre todo las ganancias más altas comenzando, por ejemplo, por aquellas que resultan de actividades especulativas como sucede con las inversiones en las bolsas de valores.

   Esa es la reforma fiscal que el doctor Carstens y el maestro Calderón se han negado a impulsar. En vez de ella presentaron las ingeniosas propuestas que desde ayer deben estar estudiando senadores y diputados. El diagnóstico que se ofrece en la presentación de tales iniciativas quizá es impecable: la recaudación en México es menor al 10% del PIB, la tercera parte de los ingresos del sector público provienen del petróleo, la tasa de evasión en el pago del ISR y el IVA es del 27% sobre la recaudación potencial. Tenemos muchas necesidades e insuficientes ingresos.

   Si la propuesta fiscal presentada ayer tiene éxito significaría, en el mejor de los casos, un incremento, dentro de 5 años, de aproximadamente el 10% en los ingresos del sector público. Actualmente, con datos para 2006, el total de esos ingresos equivalen al 24.7% del Producto Interno Bruto. La estimación de Hacienda supone que entre CETU y mejorías en la eficiencia recaudatoria, la Federación podría recibir ingresos adicionales equivalentes al 2.8% del PIB para 2012.

   En 2008, esos rubros significarían una mejoría del 1.5% –siempre respecto del PIB– que equivalen más o menos a la séptima parte del total de los ingresos no petroleros que recibe el gobierno federal (y que ascienden a 11 puntos del PIB).

   Desde luego, no se trata de montos desdeñables. El 1.5% del PIB equivale a casi todo el gasto educativo que la Federación realizó el año pasado. El 2.8%, que es la meta para 2012, equivaldría al gasto programable que el año pasado ejerció el gobierno federal en Agricultura y Desarrollo Rural, Educación, Desarrollo Social y Salud (rubros que significaron, respectivamente, 0.5%, 1.6%, 0.3% y 0.4% del PIB). No es poco, pero no basta. Esa, junto con la razonable incertidumbre que se puede tener respecto de las metas que anuncia, es la otra flaqueza de la propuesta fiscal del gobierno.

La Crónica, jueves 14 de junio de 2007

Los antes promotores y hoy dolientes de la Ley Televisa no se cansan de distorsionar los hechos. A veces la reacción inmediata a un golpe fuerte es el intento por negar la realidad. Pero las versiones que ahora propagan algunos personeros de las televisoras no son resultado del estacazo que les propinó la Suprema Corte sino parte de una campaña que pretende minimizar los fallos de la semana pasada y, al mismo tiempo, dificultar las consecuencias de la virtual abrogación de las reformas que han sido denominadas como Ley Televisa.

Los cambios dispuestos por la Corte en respuesta a la demanda de inconstitucionalidad de los hoy merecidamente célebres 47 ex senadores que desafiaron la Ley Televisa se pueden agrupar en cinco temas.

1. Se cancela la utilización discrecional del espectro radioeléctrico adicional. Este, que era el meollo de las reformas del año pasado significaba, como saben bien los lectores, la posibilidad de que los concesionarios de televisión y radio utilizaran prácticamente a su antojo, sin necesariamente pagar por ello y tan solo con presentar un aviso administrativo, el espacio adicional que gracias a la conversión al sistema digital habría en las frecuencias que les han sido asignadas. Los artículos 28 y 28-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, suprimidos ahora por la Corte, permitían tal exceso y por ello habían sido considerados como la columna vertebral de la llamada Ley Televisa.

2. Concesiones. En este renglón hubo cuatro cambios importantes.

a) La asignación de concesiones “a través de subasta pública”, como decía el artículo 17-G de la Ley de Radio y TV, fue cancelada. Ese procedimiento implicaba que las nuevas licencias de radiodifusión comercial serían entregadas a quien ofreciera más dinero.

b) La vigencia de las concesiones tendría que ser de 20 años, según las reformas incorporadas el año pasado al artículo 16. Ese plazo era excesivo en comparación con otros países e incluso con la tradición mexicana pues aquí las concesiones más recientes han sido otorgadas, por lo general, para 12 años. La Corte eliminó ese término fijo y estableció que serán hasta por 20 años.

c) El refrendo de las concesiones era prácticamente automático gracias a las reformas de 2006. Ahora todas las concesiones tendrán que ser revisadas antes de su vencimiento, como parte del ajuste dispuesto por los ministros en el artículo 16.

d) Para la adjudicación o renovación de una concesión será indispensable el visto bueno de la Comisión Federal de Competencia. Antes, el artículo 17-E de la misma ley de Radio y TV establecía únicamente la obligación de solicitar esa opinión.

3. Permisos. La Corte consideró que la desigualdad en los trámites que debían emprender los solicitantes de concesiones (es decir, licencias para radiodifusión mercantil) y permisos (que son las licencias para radiodifusión no comercial) era inconstitucional. Por eso, eliminó de sendas fracciones del artículo 20 de la Ley de Radio y Televisión tres disposiciones que acentuaban la discrecionalidad del gobierno en el transcurso de esas gestiones. La disposición que obligaba a los solicitantes de permisos a entregar “cuando menos” la información enumerada en otras fracciones, la que permitía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinar “de considerarlo necesario” la realización de entrevistas con los solicitantes de permisos y la posibilidad que esa dependencia tenía para resolver “a su juicio” el otorgamiento de tales licencias, fueron suprimidas de la ley.

4. Cofetel. La Corte resolvió que era inconstitucional la prohibición que establecía un artículo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones para que los funcionarios que ya formaban parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, fueran considerados como candidatos a seguir siéndolo en la nueva designación que se haría a partir de las reformas de 2006. Pero además, dictaminó que la atribución que esas reformas le concedían al Senado para vetar los nombramientos que el Presidente de la República hiciera para conformar la Cofetel también era contraria a la Constitución.

5. Radiodifusoras indígenas. Aquí no hubo cambio, pero 5 de los 9 ministros consideraron que la ley debería establecer mecanismos claros para que se cumpla el derecho constitucional de las comunidades indígenas a tener acceso a concesiones o permisos de radio y televisión. Esa propuesta, resultado del dictamen presentado por el ministro Salvador Aguirre Anguiano y no de la demanda de inconstitucionalidad de los 47 ahora ex senadores, no alcanzó los votos necesarios para propiciar una modificación legal aunque tuvo consenso de la mayoría de los ministros que discutieron estos asuntos.

Las consecuencias inmediatas de esas decisiones en la Corte tendrían que ocurrir al menos en cuatro escenarios.

El primero de ellos es la renovación total o parcial de la Cofetel. Las decisiones de los ministros le permiten al Presidente de la República sustituir a los cinco, o solamente a algunos de los actuales integrantes de ese organismo. En una lectura rigurosa de los acuerdos refrendados hace una semana, la actual Cofetel tendría que desaparecer. Todos sus integrantes fueron designados como resultado de un procedimiento que ahora la Corte considera que fue inconstitucional.

Un segundo resultado será –aunque no hay plazos claros ni voluntades definidas para ello– la reforma no de unos cuantos artículos sino de las leyes, completas, de Telecomunicaciones y Radio y Televisión. En dicha tarea, el esfuerzo reformador de los legisladores más comprometidos en este asunto se enfrentará a la intencional tortuosidad de diputados y senadores influidos por las televisoras y que prefieren que no haya cambio legal alguno.

Por lo pronto, y en tercer lugar, el Congreso podría aprobar una reforma al Código Federal Electoral para prohibir la contratación de propaganda electoral en medios electrónicos. De esa manera se terminaría con el dispendioso gasto que, con cargo a recursos fiscales, suelen ejercer los partidos. También acabaría la enorme fuente de irregularidades que hay en la discrecionalidad que tienen las empresas de televisión y radio para hacer descuentos o bonificaciones que atentan contra la equidad en la competencia electoral. En vez de la propaganda pagada, los partidos podrían difundir sus mensajes en los espacios de los que todavía dispone el Estado tanto en radio como en televisión.

En cuarto término, el gobierno tendrá que determinar si el Acuerdo para la transición a la televisión digital que fue expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en julio de 2004 seguirá vigente o no. Ese Acuerdo facultó a que las televisoras para que, por cada concesión que ya tenían, recibieran otra a fin de que en una siguieran difundiendo televisión en formato analógico y en otra contenidos en televisión digital de alta definición. Con ese Acuerdo, además de duplicar las frecuencias en beneficio de las televisoras el gobierno de Fox dispuso que la televisión digital en México serviría únicamente para difundir imágenes en formato de alta definición. Sin embargo las posibilidades de la digitalización televisiva son mucho más amplias y además de alta definición México podría tener más frecuencias, aunque no todas con la misma calidad de imagen. Aquella decisión tomada en 2004 por la SCT fue duramente criticada durante la discusión de la Suprema Corte la semana pasada. Ahora el gobierno del presidente Calderón puede rediseñar el futuro de la televisión mexicana asumiendo un formato digital más flexible que no sólo procure que haya imágenes de mejor definición técnica sino que, antes que nada, permita que tengamos más canales en la televisión abierta.

Las modificaciones que la Corte dispuso para la legislación de los medios electrónicos son drásticas y fundamentales. Sin embargo Héctor Osuna, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, considera que se trata únicamente de cambios “cosméticos”. Él mejor que nadie, puesto que la promovió con desfachatado ahínco el año pasado cuando era senador, sabe que la Ley Televisa quedó desbaratada con las decisiones de la Corte.

Uno de esos cambios implica que su propia designación como miembro de la Cofetel fue ilegal. Por eso Osuna, en vez de preocuparse por el maquillaje, tendría que presentar su renuncia para facilitar la renovación de ese organismo.

La Crónica, jueves 7 de junio de 2007

En varias ocasiones durante sus argumentadas –y a la postre afortunadas– deliberaciones de los días recientes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia aludieron al pensamiento de Luigi Ferrajoli. Ese profesor de filosofía del Derecho fue citado por el ministro David Góngora cuando recordó una sentencia de la Corte Constitucional Italiana acerca de la concentración de los medios de comunicación en aquel país. El mencionado autor italiano consideró entonces que resulta inaceptable que la ley del mercado sea la única que domine para determinar el régimen de los medios de comunicación. El de los medios es un asunto estrechamente vinculado con la libertad y la democracia, apuntó el ministro citando a Ferrajoli.

   Aquella referencia al pensador italiano está tomada del artículo de Ferrajoli “La ley sobre la información. Libertad y propiedad” que apareció en enero de 2004 en La revista que publicaba el diario Il Manifesto. Se trata de un texto que cuestiona la excesiva concentración de concesiones de televisión en manos del entonces primer ministro Silvio Berlusconi pero que, más allá de esa peliaguda coyuntura, reflexiona acerca de la paradójica capacidad que los medios electrónicos tienen para reducir la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas. El acaparamiento de muchos medios por parte de pocos empresarios suele trocarse en autoritarismo de la radio y especialmente de la televisión.

   La línea argumental inspirada en Ferrajoli, fue reiterada por el ministro Góngora y varios de sus colegas en algunas de las sesiones que la Corte tuvo durante las dos semanas recientes. En ese ejercicio de discusión abierta, con argumentos claros y enterados, de frente a la sociedad y aprovechando los medios televisivos de la propia Corte y del Congreso, los ministros han ofrecido una alentadora muestra de pedagogía cívica.

   El método mismo de discusión, con ponencias que se nutrieron en el estudio de los ministros y sus grupos de trabajo así como en la convocatoria a especialistas en asuntos técnicos, resultó ejemplar. Y el contenido de las deliberaciones indicó una clara voluntad no sólo para mostrar de qué están hechos sino, además, para asumir una perspectiva amplia que no quedase acotada por consideraciones de detalle ni por los muchos intereses que han estado en juego en las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión.

   Ante las presiones de las televisoras, los ministros mantuvieron un comportamiento autónomo y sustentado tanto en su propia autoridad como en una reconocible dignidad. Quienes durante largo tiempo hemos deplorado la inexistencia de contrapesos ante el poder habitualmente desbordado de las televisoras, hemos presenciado con enorme satisfacción la manera razonada y razonable con que la Corte se erigió como factor de equilibrio en este litigio. Sus determinaciones invalidan los privilegios que las inopinadas reformas del año pasado otorgaban a las televisoras. Pero además, establecen parámetros desde ahora insoslayables para una renovación del marco jurídico de los medios electrónicos en México.

   El dictamen cuyo proyecto elaboró el ministro Salvador Aguirre Anguiano advertía que una concentración de medios de radiodifusión como la que existe en México atenta contra la pluralidad a la que tiene derecho la sociedad. A esas consideraciones se añadieron, en días recientes, contribuciones como las del ministro Góngora que en varias sesiones recalcó el derecho que los ciudadanos tienen a que se encuentren garantizadas las libertades de expresión e información. Tales prerrogativas no se pueden ejercer cabalmente cuando las opciones mediáticas no corresponden a la diversidad que existe en la sociedad, o cuando el interés de pequeños grupos privados se sobrepone ostensiblemente al interés de las audiencias de la televisión y la radio.

   Al eliminar el aprovechamiento prácticamente vitalicio de las concesiones y establecer que en la asignación de nuevas frecuencias la autoridad administrativa tendrá que tomar en cuenta la trayectoria y las propuestas de programación de los aspirantes a difundir en radio y televisión, la Corte redimió el interés público en la utilización del espectro radioeléctrico. En todo el mundo las concesiones tienen vigencias de entre 5 y 11 años y resultaba desmedido que en México fueran, obligatoriamente, de 20 y con refrendo prácticamente automático.

   Al desechar el artículo 28 de la Ley de Radio y Televisión que les regalaba a los concesionarios el privilegio de utilizar las frecuencias con servicios adicionales a los de radiodifusión de la manera que quisieran, sin requerir mas que una notificación administrativa y sobre todo sin pagarle por ello al Estado, los ministros reivindican el dominio de la Nación sobre el espectro radioeléctrico. Y de paso ponen a cada quien en su lugar en el escenario de la radiodifusión mexicana.

   Los principales concesionarios y muy especialmente los propietarios de las dos televisoras comerciales han estado acostumbrados a considerar que la radiodifusión en México es propiedad suya. Más aún, por lo general se han comportado como si el espectro radioeléctrico fuese una más de sus posesiones. Las decisiones de la Corte desmienten esa pretensión patrimonialista.

   La televisión y la radio son actividades de interés público. Las frecuencias de radiodifusión y el espacio en el que se difunden son propiedad de la nación. La radiodifusión privada ocupa un sitio importantísimo en el panorama de los medios electrónicos pero no es el único actor ni sus intereses son los únicos que pesan allí. Esos principios parecen elementales pero los empresarios mediáticos más influyentes, particularmente en la televisión, no han querido entenderlos.

   Quizá la decisión de la Corte contribuya a que esos capitanes de empresa y quienes les sirven pongan los pies en la tierra. Nadie ha propuesto que Televisa o Azteca desaparezcan. Pero no tienen por qué ser las únicas opciones en el campo de la televisión comercial mexicana. Nadie ha propuesto que dejen de desarrollarse. Pero tendrán que hacerlo reconociendo que están sometidas a reglas y, antes que nada, al dominio de la nación sobre el espacio abierto que usufructúan.

   Las decisiones de la Corte significan, también, un revés a la irresponsabilidad que en diciembre de 2005 y marzo de 2006 manifestaron las cámaras de diputados y senadores al aprobar las reformas ahora reconocidas como inconstitucionales. En el trabajo de revisión legislativa que emprenderá de inmediato el Congreso tendrá que considerar no solamente las decisiones de los magistrados sino, también, el cuestionamiento allí implícito al descuido con que aprobó la Ley Televisa.

   Varios de los integrantes de la anterior Legislatura lograron distanciarse de las convenencieras mayorías que dominaban en ambas Cámaras. Particularmente, los 47 senadores que interpusieron el ahora fructífero recurso de inconstitucionalidad supieron conducir sus desacuerdos con inteligencia política y jurídica. Las decisiones de la Corte no habrían sido posibles sin la perseverancia de ex senadores entre quienes destacan Javier Corral Jurado, Manuel Bartlett Díaz, Dulce María Sauri, Raymundo Cárdenas, Felipe de Jesús Vicencio y César Raúl Ojeda. Todos ellos, más allá de banderías partidarias, supieron entender en la disputa por la ley Televisa un tema fundamental en el tránsito democrático de nuestro país y lo asumieron como causa sin arredrarse ante las muchas presiones que recibían.

   Todos ellos, igual los ministros de la Corte, seguramente comparten preocupaciones como las que con autoridad y claridad ha expresado el ya mencionado Luigi Ferrajoli. En otro fragmento del texto recordado por el ministro Góngora, ese autor italiano alerta contra los efectos de la televisión sobre el interés de los ciudadanos: “Ese poder –el poder empresarial– viene a sobreponerse y a traslaparse con un derecho de libertad, la libertad de prensa, de opinión y de información, y entonces a acapararlo y estrujarlo. Los derechos de libertad, más que limitar al poder están, de alguna manera, limitados… la relación cada vez más estrecha entre la información y los poderes políticos de hecho, y no solo en Italia, están sofocando tanto al pluralismo como a la libertad de información”.

   Precisamente ha sido Ferrajoli quien, en un ensayo publicado en 2000, clasificó a los “poderes salvajes” que amenazan la estabilidad de las sociedades y los Estados contemporáneos. Algunos de ellos son de carácter delincuencial y otros son poderes de carácter extralegal, entre los cuales podemos reconocer a los medios de comunicación tal y como han funcionado en Italia o México.

   Si el poder mediático ha podido desarrollarse con tanta prepotencia e impunidad como las que hemos conocido en este país ha sido tanto por la ineficacia del marco jurídico como por la ausencia de contrapesos suficientes. Ambas carencias, han comenzado a ser resueltas gracias a las decisiones de la Suprema Corte.