Sociedad y poder

Publicado en La Crónica el 26 de julio de 2007

Las circunstancias y su propia habilidad, pero sobre todo la facilidad con que en la desastrada vida pública mexicana se esparcen imágenes y reputaciones hinchadas de propaganda pero de escasa densidad política, le han permitido a Elba Esther Gordillo situarse como personaje indispensable para el gobierno y los partidos. Indudablemente la “maestra”, según la denominan aunque el magisterio que ha ejercido es tan peregrino como escasamente edificante, tiene una influencia real lo mismo dentro del sindicato en donde ejerce un cacicazgo hasta ahora sin antagonistas significativos que gracias al partido que construyó, promovió y ahora mangonea más allá de cualquier principio democrático. Pero su peso político ha sido magnificado, especialmente después de las elecciones presidenciales del año pasado.

   Una lectura apresurada –pero que ella auspició interesadamente– de aquellos resultados, sugirió que el pequeño margen de votos que le permitió ganar a Felipe Calderón fue aportado por el partido Nueva Alianza, creado por Gordillo después de su ruptura con el PRI. Todo parece indicar que el actual Presidente de la República está convencido de que tiene con la “maestra” una deuda política esencial. De otra manera no se explica por qué le ha entregado parte del control de la educación pública que ejerce a través de Fernando González Sánchez, el subsecretario de Educación Básica que no tiene para ese cargo más credencial que ser yerno de la señora Gordillo.

   El hecho de que Nueva Alianza haya obtenido muchos más votos en las elecciones para senadores y diputados que en la presidencial, propició la especie de que ese partido había respaldado, de manera deliberada, a Calderón. La mayoría de los electores de Nueva Alianza, según esa versión, habrían sufragado por los candidatos de ese partido al Congreso y, para la presidencia, por el candidato del PAN. Sin embargo el análisis de los resultados electorales y varias encuestas levantadas aquel 2 de julio a la salida de las casillas permitieron documentar un comportamiento distinto.

   Al comparar los votos para Calderón con la concentración de los votos en las casillas en donde hubo más sufragios para Nueva Alianza  el analista Javier Márquez, de la empresa encuestadora Ipsos-Bimsa, encontró que no había relación alguna entre ambas votaciones. En cambio sí la había con los votos de los candidatos del PRI y de la Coalición por el Bien de Todos (“La revista” de El Universal, 24 de julio de 2006). La encuesta que esa empresa realizó el día de la elección confirmó que, entre quienes habían votado por los candidatos a diputados de Nueva Alianza, el 28% había favorecido con su voto para la presidencia a Andrés Manuel López Obrador y un porcentaje idéntico a Roberto Madrazo. Únicamente 23% de los votantes para diputados de Nueva Alianza votó, a su vez, por Calderón.

   Meses más tarde, en la edición de septiembre de 2006 de la revista Letras Libres, los investigadores Enrique Ochoa Reza y Alberto Saracho Martínez, después de analizar estadísticamente la votación en las casillas para determinar en qué medida los sufragios por Nueva Alianza  beneficiaban a uno u otro de los candidatos presidenciales, concluyeron que la mayor parte de quienes sufragaron por diputados o senadores de ese partido lo hicieron, en la urna presidencial, por López Obrador.

   En otras palabras: a diferencia de la versión que deliberadamente ha querido propalar la señora Gordillo, los votos de Nueva Alianza no fueron fundamentalmente para Calderón sino para el candidato presidencial del PRD. Si hubiera atendido a explicaciones como esas, quizá el presidente de la República no se hubiera considerado tan comprometido con “la maestra” y sus intereses. Además de la subsecretaría de Educación Básica, las designaciones de los titulares del ISSSTE, la Lotería Nacional y el Sistema Nacional de Seguridad Pública fueron resultado de gestiones de Elba Esther Gordillo.

   A esas cuotas de poder, hay quienes las han considerado consecuencia de una alianza del presidente Calderón con la señora Gordillo. Pero las alianzas políticas se establecen a partir de intereses y para alcanzar metas comunes. En este caso no ha sido claro en qué coinciden uno y otra. En cambio cada vez resultan más explícitas las discrepancias (y no por desacuerdos programáticos, sino debido a su afán por alcanzar mayor influencia) de la maestra con la política educativa del gobierno.

   Raymundo Riva Palacio, de El Universal, viajó a San Diego para entrevistar a Elba Esther Gordillo. El periodista privó a sus lectores del relato que pudo haber realizado acerca del escenario de esa conversación a la orilla del mar en isla Coronado, en San Diego, en donde “la maestra” tiene una casa en la que pasa largas temporadas.

   Quedaron sin respuesta inquietudes como las que el mismo Riva Palacio manifestaba el 29 de agosto de 2005, cuando escribió en ese diario acerca de Elba Esther Gordillo: “Además de su habilidad política para sobrevivir, otro factor que le ha ayudado es la forma como ha repartido dinero a medios y periodistas a lo largo de los años para tener, cuando menos como colateral, impunidad. Probablemente es una de las explicaciones por las que está intelectualmente sobrevalorada y por las que nunca se le ha pasado por la caja de rendición de cuentas para que explique de dónde una maestra rural de Chiapas pudo adquirir una enorme mansión cerca de Cuautla, una renovada casa en la isla Coronado en San Diego, una propiedad en el lujoso París, departamentos y casas repartidos en varias de las zonas más prósperas de la ciudad de México, y gastar decenas de miles de pesos en ropa cada mes”.

   Lo que sí manifestó Gordillo en la reciente entrevista, que apareció el pasado lunes 23 de julio, fue la palmaria contrariedad que le suscita Josefina Vázquez Mota como secretaria de Educación Pública: “no sabe nada del tema”, dice. Lejos de ser auténtica prioridad de su gobierno como asegura el presidente Calderón, la educación se ha convertido en campo de batalla entre las ambiciones de una dirigente sindical autoritaria y conservadora y el pasmo de una administración que tiene al adversario dentro de casa.

   Quizá Calderón y su gobierno, en busca de la aquiescencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, trataron de congraciarse con la maestra… y se les pasó la mano. De ser así, cayeron en otra de las ofuscaciones que suele causar la figura de Gordillo. Evidentemente ella controla al sindicato. Pero si cuenta con esa capacidad, es debido al clientelismo que los gobiernos priistas cultivaron respecto de esa y otras organizaciones gremiales y que pasa por la mediación de centenares de líderes locales que acaparan, regatean y confieren numerosas prestaciones a cargo del erario público.

   Los maestros de todo el país han tenido que condescender con esos dirigentes, y con el liderazgo nacional que los cohesiona, para obtener ascensos, sobresueldos, descansos y otras prerrogativas a las que posiblemente tienen derecho pero que, gestionadas de esa manera, son vistas como prebendas. Si Elba Esther Gordillo y los líderes en los que se apoya han podido monopolizar el control del sindicato durante más de 18 años es debido, fundamentalmente, a la complacencia de los profesores ante esa situación que seguramente es abusiva, y hasta indigna, pero ante la cual les ha resultado cómodo resignarse.

   Ahora Elba Esther Gordillo decidió extender de manera indefinida su presencia como mandamás del sindicato. En marzo de 2005 había reformado los estatutos del SNTE para crear una “presidencia”, cargo por encima de cualquier organismo de gobierno sindical y en el cual, por supuesto, se colocó ella misma. Y a comienzos de este mes, dispuso que el Consejo Nacional del sindicato prorrogara por varios años la gestión de la actual dirigencia.

   En este caso Gordillo y su grupo ni siquiera se molestaron para reunir un congreso nacional del sindicato y dejaron en un organismo de menor jerarquía la decisión de reelegirlos. No hubo consulta, ni explicaciones, ni aviso previo a los trabajadores de la educación acerca de esa medida que ha sido legitimada por el gobierno federal. Y es que el sindicato, igual que el partido Nueva Alianza que inventó, patrocinó y maneja, son instrumentos de una dirigente que sabe utilizar la influencia con la que ya cuenta para dar la apariencia de que tiene más poder del que en realidad detenta. El presidente Calderón primero fue rehén de esa imagen de poder que despliega la “maestra”. Ahora, al mantener y reproducir esas cuotas y cotos de influencia, se ha convertido en cómplice de esa política al más arcaico estilo.

La Crónica, jueves 19 de julio de 2007

La extraordinaria facilidad con la que Zhenli Ye Gon se convirtió en personaje central en las agendas mediática y política constituye uno de los más lamentables signos de la confusión que prolifera en la vida pública mexicana. Numerosos medios de comunicación, a la caza de la estridencia con la que suelen sustituir a la auténtica indagación periodística, hicieron de las declaraciones de Ye Gon asunto de primera línea en cuanto comenzó a despotricar contra funcionarios del gobierno federal. Sin que se tomara en cuenta que se trataba de un prófugo, acusado de narcotraficante, de pronto ese ciudadano de origen chino se volvió referente indispensable.

   Posiblemente, el fracaso propagandístico de la conferencia de prensa que sus abogados ofrecieron ayer en Washington sea tan decepcionante para esas expectativas de espectacularidad que a partir de ahora la estrella mediática de Ye Gon comience a declinar. Pero la amplísima cobertura que suscitó en los noticieros radiofónicos al comenzar la tarde –y antes, en extensos espacios tanto en televisión como en los diarios– indicaba que a Ye Gon se le ha reconocido como declarante sobresaliente más allá de los notorios déficit de credibilidad que tienen sus afirmaciones.

   Ayer, para decepción de conductores, reporteros y editores mediáticos, las acusaciones de Ye Gon se desbarataron al confirmarse que no están respaldadas mas que por su vehemente propósito para que el gobierno mexicano atenúe los cargos en su contra. Sus abogados no presentaron los testimonios ni los documentos que algunos esperaban. Los supuestos videos que decían tener, primero dijeron que los darían a conocer solamente si a Ye Gon se le privaba de la vida pero más tarde él mismo admitió que no dispone de grabación alguna. Confrontado una y otra vez por los reporteros que lo interrogaban por teléfono, dijo que no está seguro de que el misterioso personaje que según él le dio a guardar 250 millones de dólares sea realmente el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Y no sostuvo acusación alguna contra el presidente Felipe Calderón.

   Deshinchada la enorme burbuja mediática que se ha creado con ese asunto, valdrá la pena preguntarse cómo es que tantos noticieros y periódicos consideraron que las imputaciones de Zhenli Ye Gon eran noticia de primera plana. O, para decirlo de otra manera, cómo es que tantos periodistas se apoyaron en una fuente de credibilidad tan peregrina.

   Cuando, en marzo pasado, la Procuraduría General anunció el hallazgo de 205 millones de dólares en la casa de Ye Gon, ese asunto mereció la atención mediática porque se trata de una suma descomunal sobre todo para estar oculta en billetes. Pero el interés por esa fortuna declinó durante varios meses hasta que, en los primeros días de julio, Ye Gon pasó de las secciones policiacas a las páginas de información política. Para ello, le bastó con inventar una rocambolesca historia en la que involucraba al gobierno actual.

   Las inculpaciones de Ye Gon no resisten análisis alguno. El más elemental sentido común tendría que bastar para considerarlas como simples recursos que, en la desesperación, ese personaje quiso esgrimir para mostrarse como perseguido político cuando ha sido señalado como traficante de sustancias ilícitas y posible fabricante de drogas. La trama que atribuye el origen de los 205 millones de dólares a operadores del partido en el gobierno que tenían un plan desestabilizador en caso de perder la elección presidencial del año pasado, es tan inverosímil que no merecería atención ni conmiseración. Pero en un contexto ceñido por la estridencia mediática y la desconfianza políticas, incluso paparruchas como las de Ye Gon reciben cobertura extensa e intensa.

   Los medios han tenido una parte notable en la magnificación de este episodio. Pero la llamada clase política, algunos de sus actores por torpeza y otros más bien por bajeza, han profundizado y reproducido ese empantanamiento. El gobierno federal, cuya impericia comunicacional resulta crecientemente palmaria, respondió primero con sorpresa y luego con turbación a las nebulosas acusaciones de Ye Gon. El secretario del Trabajo se comportó como si hubiera sido directamente aludido por ese personaje cuando, desde la primera información acerca del complot relacionado con la campaña presidencial panista, solamente se hablaba de un individuo de nombre similar al suyo.

   La nota de dos reporteros de la agencia AP puntualizaba que, ante la posibilidad de que la persona a la que aludía como “Javier Alarcón” fuera el secretario del Trabajo, a Ye Gon le mostraron dos fotografías delante de las cuales vaciló en un primer intento, sin identificar de inmediato al secretario Javier Lozano Alarcón. Ye Gon y sus abogados querían insinuar acusaciones sin formularlas directamente. La misma actitud han tenido ahora, al desconocer una carta con imputaciones similares que fue publicada a principios de esta semana.

   The Associated Press publicó aquellas declaraciones mes y medio después de haber entrevistado a Ye Gon. La agencia explicó que demoró en hacerlo porque la investigación periodística que realizaba sobre ese caso aun no concluía. Pero las dio a conocer cuando la PGR declaró que los abogados de Ye Gon querían presionar al gobierno mexicano con la especie de que el dinero encontrado en marzo había sido reunido para respaldar la campaña de Acción Nacional. La AP transmitió las declaraciones de Ye Gon sabiendo que la información era parcial y sin que el trabajo de sus reporteros hubiera terminado. Casualmente, ese despacho informativo fue enviado el 1 de julio, a tiempo para que fuese publicado en el aniversario de la elección presidencial.

   Al desconcierto que esa noticia causó en el gobierno, se añadió la suspicacia que la historia del negociante de origen chino desató en variados segmentos de la política mexicana. Hay quienes, en el PRI, han comparado a Zhenli Ye Gon con Carlos Ahumada aunque nadie vio al primero de ellos entregando maletas repletas de dinero a dirigente político alguno. Otros, como los líderes de la Unión Nacional de Trabajadores, aprovecharon ese lance para golpear declarativamente a Lozano Alarcón –incluso algunos de ellos pidieron su renuncia, como si las acusaciones sin pruebas de un individuo reputado como criminal bastaran para que suscitar una decisión de esa índole–.

   Los más zafios, entre quienes le han conferido verosimilitud a Ye Gon, han sido los dirigentes del PRD que han querido ver confirmadas, en esas acusaciones, sus gastadas quejas acerca de las elecciones del año pasado. Aunque se vuelvan cómplices o al menos comparsas de un delincuente, para los líderes de ese partido los enemigos de su enemigo son sus amigos.

   Ayer, en un deplorable artículo en Excélsior, el presidente nacional de ese partido, Leonel Cota Montaño, aseguraba que en la conferencia de prensa de este miércoles tendría que ocurrir uno de tres escenarios: “1. Se dan a conocer las pruebas que sustentan la acusación y el escándalo adquiere proporciones grotescas. 2. Se pospone la conferencia con cualquier argumento porque hay negociaciones en curso entre las partes. 3. Se cancela porque ya se logró un acuerdo aceptable para Zhenli Ye Gon”. 

   Para Cota Montaño no había más opciones porque ha querido creer, o ha querido sostener, que las acusaciones de Ye Gon son ciertas. Por eso no se le ocurrió que, simplemente, la conferencia de prensa se derrumbaría por carencia de elementos para satisfacer las abultadas expectativas que habían suscitado los abogados estadounidenses de ese personaje. Y es que, para Leonel Cota, Zhenli Ye Gon no es un difamador que busca eludir la aplicación de la justicia sino un “empresario caído en desgracia”.

   Con dirigentes políticos como ese, no resulta sorprendente la mezcolanza de turbación y descomposición que domina en el escenario público. Tal vez haya mucho por aclarar, acaso sancionar, en las circunstancias que durante varios años favorecieron los negocios de Ye Gon y sus posibles vínculos con redes delincuenciales. Pero las desorbitadas fabulaciones de ese personaje no hubieran tenido verosimilitud alguna en una clase política segura de sus responsabilidades ni en una sociedad convencida de los principios básicos que hacen sólido a un país.

Publicado en La Crónica de Hoy, 12 de julio 2007

La mejor manera de no entender el caso Monitor es considerar que se trata de un litigio entre buenos y malos. Y eso es, precisamente, lo que hacen numerosos cuan bienintencionados comentaristas. De un lado, en esa apreciación maniquea, consideran que José Gutiérrez Vivó y su programa han sido víctimas, debido a sus simpatías políticas, de una ominosa persecución gubernamental. Y en el flanco de los malos, ubican al poder político junto con el Grupo Radio Centro.

   Sin embargo la realidad, latosa como suele ser, resulta más compleja. Si bien hay testimonios acerca de la malquerencia que el presidente Vicente Fox le llegó a tener a Monitor, hasta ahora no se han conocido evidencias de que hubiera promovido un boicot publicitario. De haber ocurrido así, el ahora por fortuna ex presidente podría haber incurrido en un delito al traficar con la influencia que tenía con el propósito de ejercer una presión política. Pero la fragilidad de las finanzas del Grupo Monitor es imposible adjudicársela al encono gubernamental, a menos que supongamos que el Estado tiene obligación de respaldar a las empresas de comunicación que las opiniones de moda consideran como políticamente correctas.

   Del gobierno de Felipe Calderón, la única queja que ha formulado Gutiérrez Vivó se refiere a la negativa para que el presidente le concediera una entrevista. Sin embargo en distintos espacios en la prensa y en algunos sectores de la sociedad se ha extendido la especie de que el actual gobierno censuró a Monitor.

   La ruina financiera del Grupo Monitor no es para alegrar a nadie –excepto a aquellos que, entre sus competidores comerciales, tienen una apreciación obtusa del mercado radiofónico–. Aunque progresivamente alicaída, la opción informativa que representaba satisfacía las expectativas de un segmento importante de la audiencia en el Valle de México. A pesar de los vaivenes y las inconsecuencias en sus filiaciones y apuestas políticas el trabajo profesional de Gutiérrez Vivó y sus colaboradores con frecuencia fue de tal manera innovador que, como rezaba su eslogan, Monitor marcaba el paso en la radio.

   La pluralidad que distinguió en algunas de sus mejores épocas a ese noticiero fue, antes que nada, resultado de una apuesta comercial. Ello no es en absoluto cuestionable porque el propósito de Grupo Monitor igual que de cualquier empresa era, antes que nada, hacer negocio. Por eso es posible recordar que, no pocas ocasiones, dicha pluralidad y los sesgos políticos del noticiero estuvieron supeditados a consideraciones empresariales más que a criterios de índole profesional.

   Pero si la pluralidad, modulada por las apreciaciones de Gutiérrez Vivó, era negocio para Monitor, no lo fue tanto, en cambio, su afán de autonomía corporativa. Allí es donde, posiblemente, se encuentra el mensaje más ominoso que deja la desaparición (temporal, esperamos) del noticiero de Gutiérrez Vivó. Su rompimiento con el Grupo Radio Centro desembocó en un litigio prolongado y enmarañado en donde quedó de manifiesto el talante sañudo de quienes conducen los negocios de la familia Aguirre pero, también, la vulnerabilidad de una empresa mediana cuando se aparta de la interesada cobertura que pueden ofrecer los grupos mediáticos de mayor calado.

   Mientras más se extendía, el diferendo con Radio Centro resultaba más dañino para la inestable situación de Monitor. En ese trayecto Gutiérrez Vivó seguramente cometió errores empresariales y políticos. Quedó crecientemente aislado en el terreno que le interesa más a un radiodifusor, que es el de la cobertura de las señales que transmite. Las dos estaciones que administra en el Valle de México (en las frecuencias 1320 y 1560 de Amplitud Modulada) tienen alcance muy limitado e indudablemente para muchos anunciantes el noticiero dejó de ser atractivo. Entonces Monitor dependió cada vez más de la publicidad oficial.

   Azolvadas sus relaciones con el gobierno de Fox, Gutiérrez Vivó entregó –literalmente– sus frecuencias al gobierno de la ciudad de México: los contenidos de al menos una de ellas, Radio Bienestar, fueron determinados por el gobierno de López Obrador en virtud de un convenio con Grupo Monitor. Triste y costosa paradoja: para afianzar su independencia respecto de Radio Centro y del gobierno de Fox, Monitor se hizo dependiente del gobierno de la ciudad de México.

   Ahora muchos de quienes atribuyen al gobierno federal la suspensión de las transmisiones de Monitor soslayan esas vicisitudes comerciales y políticas pero, sobre todo, sugieren que el gobierno mismo resuelva ese problema. Sin embargo los 21 millones de dólares que Radio Centro se niega a pagarle a Gutiérrez Vivó como recomendó el tribunal internacional cuyo veredicto se habían comprometido a aceptar esas dos partes depende, ahora, de una decisión del Poder Judicial. Y proponer que Monitor reciba una dotación de publicidad gubernamental muy por encima de la que es contratada en otras emisoras, implicaría un trato preferencial harto discutible. Lo que tendríamos que considerar, en ese terreno, es la pertinencia de abolir toda la publicidad que el Estado contrata en medios electrónicos e impresos.

   La única vía para que el gobierno auspiciara el retorno radiofónico de Gutiérrez Vivó sería que le abriera espacio en algunas de las estaciones que tiene el Estado, como sucedió hace varios años cuando el periodista Francisco Huerta fue despedido de una emisora comercial y encontró la hospitalidad de Radio Educación. Sin embargo es difícil imaginar al creador de Monitor detrás de los micrófonos de alguna emisora gubernamental.

   En el plano de la radio comercial, que es la que a Gutiérrez Vivó le ha interesado y en la que se sabe desenvolver, la mejor posibilidad pareciera estar en una inyección de capital privado a partir de la alianza con algún grupo empresarial. Y allí volveríamos al aciago reconocimiento sobre la precariedad de las estaciones medianas y pequeñas ante las corporaciones mediáticas ya existentes o que comienzan a surgir.

   Además de su audiencia y de su equipo de trabajo, parte del patrimonio que tiene Grupo Monitor son las dos frecuencias de AM en las que transmitía en la ciudad de México y que le cedió Radio Centro a consecuencia del acuerdo comercial que entablaron hace varios años. Desde el 29 de junio, cuando el noticiero dejó de transmitirse, en esas estaciones se difunde música clásica y de cuando en cuando algunos otros contenidos. Esas frecuencias han sido objeto de una controvertible compraventa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendría que haber supervisado con escrupulosidad. Radio Centro se las entregó a Gutiérrez Vivó como parte de una operación más amplia –como si esas frecuencias hubieran sido propiedad de la empresa de la familia Aguirre, que solamente las tenía concesionadas– y ahora su destino es incierto. Sin embargo los transmisores y las antenas desde donde se difunden esas señales son propiedad de Radio Centro.

   La casi total suspensión de la programación que nutría a esas frecuencias abre un nuevo frente de problemas para Monitor pero también para las autoridades de radiodifusión. Este caso reitera la necesidad de que contemos con una legislación capaz de propiciar que las frecuencias sean asignadas con criterios de diversidad y calidad.

   El cierre de Monitor es, mientras tanto, una pésima noticia para sus radioescuchas pero antes que nada para sus trabajadores. Al rezago que tenían en el pago de sus salarios, se añaden las dos semanas que mañana se cumplirán de la cancelación de transmisiones. No hay que olvidar que Gutiérrez Vivó decidió dejar de transmitir ante la inminencia de una huelga que había sido anunciada para el 30 de junio. Los motivos para tomar esa decisión pueden ser explicables. Pero de cualquier manera estamos ante un paro patronal, declarado para impedir la huelga que había sido emplazada por un sindicato. No deja de resultar curioso que la mayor parte de los cuestionamientos ante este episodio sean enderezados contra circunstancias y actores externos al litigio y no contra la empresa que resolvió, unilateral y repentinamente, cerrar una fuente de trabajo.

La Crónica, 5 de julio de 2007 

   Mañana se cumplirán tres décadas. La noche del 6 de julio de 1977 el gobierno del presidente José López Portillo y el rector de la UNAM, Guillermo Soberón, emprendieron una extensa represión contra la huelga que desde 16 días antes habían mantenido los trabajadores administrativos y académicos de esa Universidad. Ese día, al terminar una concurrida manifestación, agentes vestidos de civil iniciaron la aprehensión de los dirigentes del sector académico del sindicato. Por la noche, 20 mil policías cercaron Ciudad Universitaria. A las 5 de la mañana del jueves 7 de julio irrumpieron en el campus, detuvieron a aproximadamente mil profesores y trabajadores administrativos y golpearon a muchos de ellos. La huelga duró cuatro días más, hasta que fueron liberados todos los detenidos.

   Treinta años después aquel episodio parece de ficción política. Los trabajadores en huelga lo único que querían era el reconocimiento del sindicato que habían formado tres meses antes y un contrato colectivo que reconociera derechos laborales de ambos sectores. Los sindicatos de trabajadores administrativos y académicos, STUNAM y SPAUNAM, se habían fusionado para crear el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México pero las autoridades de esa institución se negaban a admitirlo como interlocutor de ambos gremios. Meses antes, el SPAUNAM había propuesto un recuento para comprobar que representaba a la mayoría de los profesores e investigadores sindicalizados.

   Esas peticiones hoy difícilmente serían motivo para un conflicto como el que se desarrolló en 1977. Pero en aquella época las autoridades de la Universidad se negaban a aceptar que sus trabajadores tenían derechos sindicales. El año anterior, el rector Soberón había propuesto un apartado constitucional paralelo a los que ya existen en el artículo 123 –que regula los derechos laborales– que cancelaría el derecho de los trabajadores universitarios para tener sindicatos únicos y hacer huelga.

   Aquella iniciativa de las autoridades de la UNAM fracasó cuando el presidente Luis Echeverría entendió que no resolvería los problemas laborales en las universidades. Así que la exigencia de reconocimiento que planteó el nuevo sindicato universitario fue uno de los primeros asuntos que debió enfrentar la administración de López Portillo. Durante varios meses la Rectoría se negó a dialogar con el sindicato. El STUNAM no tuvo más remedio que emplazar a huelga para el 20 de junio. Solamente a mediados de ese mes, y a instancias del gobierno, se abrió un espacio de negociaciones pero ya era tarde.

   Nunca antes una suspensión de labores había ocurrido de manera simultánea en todas las instalaciones de la UNAM. A la participación comprometida de la gran mayoría de los trabajadores, se fue añadiendo una creciente solidaridad de otros sectores de la sociedad. Conforme se desarrollaba, la huelga suscitaba el interés de los trabajadores en el resto de las universidades públicas del país –que hacían paros en respaldo a sus colegas de la UNAM– así como de muy diversos sindicatos. Una iniciativa para reunir víveres en beneficio de los huelguistas congregó a millares de personas que acudieron a donar alimentos en Ciudad Universitaria. A las manifestaciones convocadas por el STUNAM iban decenas de miles. En la Universidad, varios funcionarios renunciaron a sus cargos en la administración en desacuerdo con la actitud del Rector.

   La huelga se fortalecía pero también arreciaba la intransigencia de su contraparte. El Congreso del Trabajo y el PRI consideraron que la huelga era una provocación política. En varias escuelas los directores llamaron a los alumnos para que tomasen clases en instalaciones habilitadas fuera de la Universidad, al mismo tiempo que Televisa ofrecía espacios para que se impartieran cursos por televisión. No se trataba de iniciativas académicas sino propagandísticas. El 29 de junio, cerca de 100 mil personas participaron en una manifestación del STUNAM pero el noticiero de Televisa dijo habían sido 7 mil.

   Junto con esa campaña para simular que la huelga se debilitaba, el Rector y sus colaboradores emprendían otras formas de amago contra el sindicato. Solicitaron a la Junta Federal de Conciliación que declarase la inexistencia de la huelga y ese organismo respondió que el movimiento era, simplemente, ilegal. Más tarde presentaron en la PGR una denuncia por despojo y sabotaje que sería el pretexto legal para la intervención policiaca. A fines de junio, a petición de esas autoridades fue suspendido el servicio de energía eléctrica en Ciudad Universitaria. Y por esas fechas la Rectoría presentaba un ultimátum: los trabajadores que no regresaran a sus labores el 1 de julio serían despedidos.

   La advertencia fue notoriamente desairada. Para simular que iba en serio, la Rectoría convocó a nuevas contrataciones de trabajadores. Acudieron cerca de 10 mil personas pero se trataba de un engaño: las autoridades universitarias se burlaron de la necesidad de esos ciudadanos que buscaban empleo.

   Lo más grave era la ausencia de interlocución. La Rectoría se negaba a dialogar mientras la huelga no fuese levantada. El 5 de julio la dirección sindical y representantes del Rector acordaron, en pláticas privadas, una posible ruta de solución al conflicto pero a la mañana siguiente las autoridades universitarias cancelaron esas reuniones. Ese día comenzó la represión contra el sindicato.

   La tarde del miércoles 6 de julio se realizó la manifestación más concurrida de la huelga. Algunos calcularon que había 200 mil personas. Cuando concluía, en sitios distintos, fueron detenidos varios de los dirigentes sindicales del sector académico. Horas más tarde, centenares de vehículos policiacos cruzaban por Insurgentes y Avenida Universidad para apostarse en las afueras del campus.

   Aunque sabían que la intervención policiaca era inminente, los trabajadores administrativos y académicos se mantuvieron en las guardias de su huelga. Muchos más, llegaron al campus al enterarse del posible desalojo. Con gran valentía, centenares de profesores y trabajadores de la Universidad aguardaron la llegada de la fuerza pública. Hay que recordar que estábamos en 1977, cuando no se había cumplido siquiera una década de la masacre de Tlatelolco.

   A las 5 de la mañana los efectivos policiacos entraron a Ciudad Universitaria. En algunos sitios se escucharon disparos de metralleta. Con los policías uniformados llegaron agentes vestidos de civil, armados con pistolas y palos y que golpeaban a los trabajadores que encontraban. En facultades como Ciencias, Filosofía y Psicología, los trabajadores cerraron con llave las instalaciones y aguardaron, sentados en torno a sus banderas de huelga, la llegada policiaca. En esas y muchas otras escuelas los agentes rompieron puertas y se robaron equipo y bienes de la Universidad.

   Cerca de mil trabajadores fueron detenidos. Algunas horas más tarde la policía allanó las oficinas que el STUNAM tenía en la Colonia del Valle y en Coyoacán. También fue ocupado y saqueado el Centro Nacional de Comunicación Social, en donde el sindicato se proponía realizar una conferencia de prensa (las instalaciones del CENCOS permanecieron ilegalmente ocupadas por la policía durante mes y medio).

   Allanado el campus principal, los miembros del Comité de Huelga del STUNAM que no habían sido aprehendidos pudieron reunirse en la UAM Xochimilco. Varios integrantes del sector académico del sindicato habían tenido que esconderse porque la policía los fue a buscar a sus domicilios. La huelga seguía, ya no en Ciudad Universitaria pero sí en docenas de instalaciones de la UNAM en otros rumbos del DF. En todas ellas los huelguistas mantuvieron una singular entereza. Gracias a esa actitud el comité de huelga pudo exigir la liberación de los trabajadores detenidos. Al final, todos fueron excarcelados excepto seis dirigentes del sector académico del sindicato: Eliezer Morales Aragón, Pablo Pascual Moncayo, Erwin Stephan Otto, José Woldenberg Karakowsky, Rosalío Wences Reza y Jorge del Valle Cervantes.

   Además de golpear al sindicato las autoridades de la Universidad, con respaldo del gobierno, quisieron dividirlo. Por eso únicamente fueron consignados dirigentes del sector académico. En el flanco administrativo, surgió una corriente que proponía refundar el sindicato gremial y que no tuvo eco entre los trabajadores.

   Presionados por Jesús Reyes Heroles, que era Secretario de Gobernación, los dirigentes del sector administrativo del STUNAM, encabezados por Evaristo Pérez Arreola y Nicolás Olivos Cuéllar, consideraban que la huelga tenía que levantarse de inmediato. El gobierno ofrecía reconocer al STUNAM como representante de los trabajadores administrativos y de un sector de los académicos, la devolución de sus oficinas, la salida de la policía de las instalaciones universitarias, la anulación de los despidos y el pago de la cuarta parte de los salarios caídos. Pero aun había seis profesores detenidos y el Comité de Huelga mantuvo el movimiento hasta que fueron puestos en libertad, con una pequeña fianza, la tarde del lunes 11 de junio. El gobierno dejó vigentes los cargos por el delito de despojo (como si se hubieran robado la Universidad cuando lo que hicieron fue ejercer el derecho de huelga) hasta que, dos años más tarde, esos académicos fueron incluidos en una de las amnistías que decretó el presidente López Portillo.

   Seguramente el STUNAM cometió errores en aquella huelga. La dirección sindical supuso que el formidable respaldo social que estaba consiguiendo le permitiría evitar que la reprimieran. Pero sin la intolerancia del Rector y el autoritarismo del gobierno, ese conflicto no habría desembocado en la ocupación policiaca del campus que hoy es tenido como patrimonio de la humanidad.

   Hoy el país es distinto. No del todo, pero hay cosas que han cambiado. Creo que quienes hace 30 años sostuvimos aquella huelga por nuestros derechos sociales podemos pensar que tales cambios en el país se deben, aunque sea un poco, a episodios como ése.