Sociedad y poder

La Crónica, 5 de julio de 2007 

   Mañana se cumplirán tres décadas. La noche del 6 de julio de 1977 el gobierno del presidente José López Portillo y el rector de la UNAM, Guillermo Soberón, emprendieron una extensa represión contra la huelga que desde 16 días antes habían mantenido los trabajadores administrativos y académicos de esa Universidad. Ese día, al terminar una concurrida manifestación, agentes vestidos de civil iniciaron la aprehensión de los dirigentes del sector académico del sindicato. Por la noche, 20 mil policías cercaron Ciudad Universitaria. A las 5 de la mañana del jueves 7 de julio irrumpieron en el campus, detuvieron a aproximadamente mil profesores y trabajadores administrativos y golpearon a muchos de ellos. La huelga duró cuatro días más, hasta que fueron liberados todos los detenidos.

   Treinta años después aquel episodio parece de ficción política. Los trabajadores en huelga lo único que querían era el reconocimiento del sindicato que habían formado tres meses antes y un contrato colectivo que reconociera derechos laborales de ambos sectores. Los sindicatos de trabajadores administrativos y académicos, STUNAM y SPAUNAM, se habían fusionado para crear el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México pero las autoridades de esa institución se negaban a admitirlo como interlocutor de ambos gremios. Meses antes, el SPAUNAM había propuesto un recuento para comprobar que representaba a la mayoría de los profesores e investigadores sindicalizados.

   Esas peticiones hoy difícilmente serían motivo para un conflicto como el que se desarrolló en 1977. Pero en aquella época las autoridades de la Universidad se negaban a aceptar que sus trabajadores tenían derechos sindicales. El año anterior, el rector Soberón había propuesto un apartado constitucional paralelo a los que ya existen en el artículo 123 –que regula los derechos laborales– que cancelaría el derecho de los trabajadores universitarios para tener sindicatos únicos y hacer huelga.

   Aquella iniciativa de las autoridades de la UNAM fracasó cuando el presidente Luis Echeverría entendió que no resolvería los problemas laborales en las universidades. Así que la exigencia de reconocimiento que planteó el nuevo sindicato universitario fue uno de los primeros asuntos que debió enfrentar la administración de López Portillo. Durante varios meses la Rectoría se negó a dialogar con el sindicato. El STUNAM no tuvo más remedio que emplazar a huelga para el 20 de junio. Solamente a mediados de ese mes, y a instancias del gobierno, se abrió un espacio de negociaciones pero ya era tarde.

   Nunca antes una suspensión de labores había ocurrido de manera simultánea en todas las instalaciones de la UNAM. A la participación comprometida de la gran mayoría de los trabajadores, se fue añadiendo una creciente solidaridad de otros sectores de la sociedad. Conforme se desarrollaba, la huelga suscitaba el interés de los trabajadores en el resto de las universidades públicas del país –que hacían paros en respaldo a sus colegas de la UNAM– así como de muy diversos sindicatos. Una iniciativa para reunir víveres en beneficio de los huelguistas congregó a millares de personas que acudieron a donar alimentos en Ciudad Universitaria. A las manifestaciones convocadas por el STUNAM iban decenas de miles. En la Universidad, varios funcionarios renunciaron a sus cargos en la administración en desacuerdo con la actitud del Rector.

   La huelga se fortalecía pero también arreciaba la intransigencia de su contraparte. El Congreso del Trabajo y el PRI consideraron que la huelga era una provocación política. En varias escuelas los directores llamaron a los alumnos para que tomasen clases en instalaciones habilitadas fuera de la Universidad, al mismo tiempo que Televisa ofrecía espacios para que se impartieran cursos por televisión. No se trataba de iniciativas académicas sino propagandísticas. El 29 de junio, cerca de 100 mil personas participaron en una manifestación del STUNAM pero el noticiero de Televisa dijo habían sido 7 mil.

   Junto con esa campaña para simular que la huelga se debilitaba, el Rector y sus colaboradores emprendían otras formas de amago contra el sindicato. Solicitaron a la Junta Federal de Conciliación que declarase la inexistencia de la huelga y ese organismo respondió que el movimiento era, simplemente, ilegal. Más tarde presentaron en la PGR una denuncia por despojo y sabotaje que sería el pretexto legal para la intervención policiaca. A fines de junio, a petición de esas autoridades fue suspendido el servicio de energía eléctrica en Ciudad Universitaria. Y por esas fechas la Rectoría presentaba un ultimátum: los trabajadores que no regresaran a sus labores el 1 de julio serían despedidos.

   La advertencia fue notoriamente desairada. Para simular que iba en serio, la Rectoría convocó a nuevas contrataciones de trabajadores. Acudieron cerca de 10 mil personas pero se trataba de un engaño: las autoridades universitarias se burlaron de la necesidad de esos ciudadanos que buscaban empleo.

   Lo más grave era la ausencia de interlocución. La Rectoría se negaba a dialogar mientras la huelga no fuese levantada. El 5 de julio la dirección sindical y representantes del Rector acordaron, en pláticas privadas, una posible ruta de solución al conflicto pero a la mañana siguiente las autoridades universitarias cancelaron esas reuniones. Ese día comenzó la represión contra el sindicato.

   La tarde del miércoles 6 de julio se realizó la manifestación más concurrida de la huelga. Algunos calcularon que había 200 mil personas. Cuando concluía, en sitios distintos, fueron detenidos varios de los dirigentes sindicales del sector académico. Horas más tarde, centenares de vehículos policiacos cruzaban por Insurgentes y Avenida Universidad para apostarse en las afueras del campus.

   Aunque sabían que la intervención policiaca era inminente, los trabajadores administrativos y académicos se mantuvieron en las guardias de su huelga. Muchos más, llegaron al campus al enterarse del posible desalojo. Con gran valentía, centenares de profesores y trabajadores de la Universidad aguardaron la llegada de la fuerza pública. Hay que recordar que estábamos en 1977, cuando no se había cumplido siquiera una década de la masacre de Tlatelolco.

   A las 5 de la mañana los efectivos policiacos entraron a Ciudad Universitaria. En algunos sitios se escucharon disparos de metralleta. Con los policías uniformados llegaron agentes vestidos de civil, armados con pistolas y palos y que golpeaban a los trabajadores que encontraban. En facultades como Ciencias, Filosofía y Psicología, los trabajadores cerraron con llave las instalaciones y aguardaron, sentados en torno a sus banderas de huelga, la llegada policiaca. En esas y muchas otras escuelas los agentes rompieron puertas y se robaron equipo y bienes de la Universidad.

   Cerca de mil trabajadores fueron detenidos. Algunas horas más tarde la policía allanó las oficinas que el STUNAM tenía en la Colonia del Valle y en Coyoacán. También fue ocupado y saqueado el Centro Nacional de Comunicación Social, en donde el sindicato se proponía realizar una conferencia de prensa (las instalaciones del CENCOS permanecieron ilegalmente ocupadas por la policía durante mes y medio).

   Allanado el campus principal, los miembros del Comité de Huelga del STUNAM que no habían sido aprehendidos pudieron reunirse en la UAM Xochimilco. Varios integrantes del sector académico del sindicato habían tenido que esconderse porque la policía los fue a buscar a sus domicilios. La huelga seguía, ya no en Ciudad Universitaria pero sí en docenas de instalaciones de la UNAM en otros rumbos del DF. En todas ellas los huelguistas mantuvieron una singular entereza. Gracias a esa actitud el comité de huelga pudo exigir la liberación de los trabajadores detenidos. Al final, todos fueron excarcelados excepto seis dirigentes del sector académico del sindicato: Eliezer Morales Aragón, Pablo Pascual Moncayo, Erwin Stephan Otto, José Woldenberg Karakowsky, Rosalío Wences Reza y Jorge del Valle Cervantes.

   Además de golpear al sindicato las autoridades de la Universidad, con respaldo del gobierno, quisieron dividirlo. Por eso únicamente fueron consignados dirigentes del sector académico. En el flanco administrativo, surgió una corriente que proponía refundar el sindicato gremial y que no tuvo eco entre los trabajadores.

   Presionados por Jesús Reyes Heroles, que era Secretario de Gobernación, los dirigentes del sector administrativo del STUNAM, encabezados por Evaristo Pérez Arreola y Nicolás Olivos Cuéllar, consideraban que la huelga tenía que levantarse de inmediato. El gobierno ofrecía reconocer al STUNAM como representante de los trabajadores administrativos y de un sector de los académicos, la devolución de sus oficinas, la salida de la policía de las instalaciones universitarias, la anulación de los despidos y el pago de la cuarta parte de los salarios caídos. Pero aun había seis profesores detenidos y el Comité de Huelga mantuvo el movimiento hasta que fueron puestos en libertad, con una pequeña fianza, la tarde del lunes 11 de junio. El gobierno dejó vigentes los cargos por el delito de despojo (como si se hubieran robado la Universidad cuando lo que hicieron fue ejercer el derecho de huelga) hasta que, dos años más tarde, esos académicos fueron incluidos en una de las amnistías que decretó el presidente López Portillo.

   Seguramente el STUNAM cometió errores en aquella huelga. La dirección sindical supuso que el formidable respaldo social que estaba consiguiendo le permitiría evitar que la reprimieran. Pero sin la intolerancia del Rector y el autoritarismo del gobierno, ese conflicto no habría desembocado en la ocupación policiaca del campus que hoy es tenido como patrimonio de la humanidad.

   Hoy el país es distinto. No del todo, pero hay cosas que han cambiado. Creo que quienes hace 30 años sostuvimos aquella huelga por nuestros derechos sociales podemos pensar que tales cambios en el país se deben, aunque sea un poco, a episodios como ése.