Sociedad y poder

La Crónica de Hoy, jueves 27 de septiembre de 2007

   El manotazo que el presidente Calderón dio el viernes sobre la mesa del escenario público mexicano tendría que suscitar más inquietudes y, sobre todo, decisiones más claras por parte del poder político. Ante un heterogéneo elenco integrado por mujeres y hombres a quienes una revista presuntamente especializada en ese tema ha calificado como líderes mexicanos, el presidente de la República enderezó una vehemente serie de reproches que dejaron aturdida a su audiencia y confundidos a la mayor parte de los medios de comunicación.

   Evidentemente el presidente Felipe Calderón estaba molesto. Quizá lo estaba con la ceremonia misma, en donde le ratificaban el reconocimiento como líder nacional frente a 300 personas catalogadas con la misma distinción. Posiblemente no se consideró idéntico a todas ellas, lo cual es comprensible si se advierte que en ese grupo había empresarios, comunicadores, políticos, deportistas y artistas, entre otros, de muy variadas aptitudes pero sobre todo de diversas y hasta contradictorias condiciones y famas públicas.

   También es probable que el presidente de la República haya desahogado en aquel encuentro la irritación acumulada por simulaciones y excesos de no pocos miembros de las elites económicas y políticas que suelen acudir a los gobernantes en busca de mayores privilegios. La recriminación a quienes se enriquecen a costa del esfuerzo de otros fue insoslayable: “Cuántas veces en nuestro México se ha roto nuestro tiempo, cuántas veces hemos perdido, cuántas crisis económicas en nuestro México reciente han mandado a más de la mitad de los mexicanos a la miseria otra vez. Cuántas fortunas se han construido sobre la sangre y sobre el dolor de esa mitad de mexicanos”.

   No sabemos cuántas, aunque no es difícil identificar a varios de los beneficiarios de tales fortunas. Con esa admonición el presidente convirtió a una ceremonia rutinaria en lo que posiblemente será uno de los momentos de inflexión más importantes en el transcurso de su gobierno.

   El presidente habló de congruencia. Jorge Ferráez, uno de los editores de la revista Líderes mexicanos, había dicho que los entrevistados en esa publicación suelen tener un sueño. Pero, dijo Calderón, “creer en algo implica también tener la fuerza para sostenerlo, no sólo la fuerza, sino la congruencia vital, escasa en nuestro tiempo, de ser coherente entre lo que se piensa y lo que se dice y todavía más escasa y quizá especie en extinción, la congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace”.

   Más tarde, aunque en una alusión un tanto oscura (aparentemente se refería al poeta T.S. Eliot) recalcó: “cuando el que es congruente es capaz de sacrificar y de mover, y cuando el que piensa, cree y hace lo que es congruente, es capaz de escapar a lo que los demás dicen, es capaz de ser, como dice Eliot, el fugitivo”.

   Así que si es consecuente con ese elogio de la congruencia, los hechos próximos del presidente Calderón tendrían que ser resultado de los dichos que con tanta elocuencia expresó. Decir que tenemos una sociedad profundamente desigual se ha convertido en lugar común. Pero que el presidente de la República cuestione las fortunas amasadas a costa del sacrificio de los mexicanos no es poca cosa.

   La consecuencia de ese diagnóstico, para que hubiera congruencia, necesitaría traducirse en una política económica capaz de redistribuir aunque sea parte de las fortunas que tienen unos cuantos en beneficio de los muchos que tienen casi nada. Y en una sociedad moderna y a la vez democrática únicamente hay un camino para emprender una operación redistributiva de esa índole: que el Estado tenga más recursos de origen fiscal.

   Quizá la exasperación del presidente Calderón esté relacionada con las egoístas reticencias de los dueños y beneficiarios del dinero para admitir del todo la tímida reforma fiscal que el gobierno propuso hace algunos meses. Las decisiones que, en ese terreno, tomó hace dos semanas el Congreso, significan un paliativo importante pero sobre todo insuficiente para que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de política social.

   El pequeño aumento que se dispuso al precio de la gasolina –y que ayer el presidente anunció que sería efectivo hasta el año próximo– fue una medida obligada por los tijeretazos que los grupos parlamentarios le impusieron a la propuesta inicial del Poder Ejecutivo. Todos los partidos son exigentes cuando señalan rezagos en las políticas públicas pero, en México, ninguno de ellos se arriesga con aumentos de impuestos como los que resultarían necesarios para proporcionarle al Estado una auténtica plataforma que le permitiera atender a la sociedad. La falta de compromiso con la cuestión fiscal es uno de los comportamientos que impiden considerar al PRD como auténtico partido de izquierda. Y en la reserva del PAN y el PRI para entrar a una verdadera reforma fiscal suelen influir los intereses de grupos empresariales.

   No sería inverosímil que esas circunstancias hayan estado presentes en el ánimo del presidente Calderón cuando expuso su concepción sobre el liderazgo que requiere el país. Los líderes que estaban presentes en aquella reunión y los que han sido catalogados como tales por la mencionada revista tuvieron, dijo, “más posibilidades que una niña que ni siquiera llegó a los dos años de edad en la montaña de Guerrero”. Todos ellos, disfrutaron de “más oportunidades que una joven en las orillas de Chimalhuacán que ha sido prostituida a sus 13 años en La Merced en la ciudad de México”.

   El país, de acuerdo con el razonamiento social del presidente, tiene más exigencias hacia ellos que para mexicanos como esas niñas. De allí que “esta minoría selecta, esta élite, tiene una responsabilidad enorme con su generación y con nuestro tiempo; pienso que esta minoría selecta que a final de cuentas marca cadencias en una generación, tiene mucho más que hacer que los demás”.

   A esas alturas de su discurso, que fue improvisado según las escasas crónicas periodísticas sobre ese acto, Calderón estaba claramente disgustado. No por la riqueza y las virtudes desarrolladas por tan variados dirigentes nacionales sino por la ausencia, o la insuficiencia, de su compromiso social. Entonces acudió a José Ortega y Gasset para hablar de las generaciones que se abandonan a un destino arrellanado y transcurren sin dejar huella en la historia: “se pierden, se hunden, se callan, se opacan en la mediocridad, se opacan en el miedo, en el temor, en la desesperanza, en la inercia”, dijo.

   No hay duda de que la que hemos tenido hasta ahora en la conducción de los asuntos nacionales –y no nos referimos únicamente al gobierno sino también a los negocios, los gremios e incluso el pensamiento crítico, entre otras áreas– ha sido una generación de miras estrechas en comparación con los desafíos del país. Cuando Ortega y Gasset se refería a ese asunto (especialmente en El tema de nuestro tiempo, publicado en 1923) era para explicar que una generación son las masas y los sujetos destacados que las componen. Aunque esa distinción entre “los individuos superiores y la muchedumbre vulgar” es bastante chocante, precisamente porque no reconoce la disparidad de oportunidades que hay en toda sociedad desigual, a Ortega le sirve para no incurrir en una interpretación colectivista ni individualista de la historia.

   A Calderón lo que le interesaba subrayar en su alocución del viernes 21 de septiembre era el exiguo compromiso de los líderes y su reticencia para coincidir en una idea común acerca del país que pretenden. A veces, recordó, “ese pequeño grupo de periodistas y de deportistas y de artistas y de políticos y de servidores públicos y de trabajadores, hace a un lado la gran tentación humana de quedarse sentado a la orilla del camino”. Entonces es “cuando esas minorías selectas y sus muchedumbres que la siguen transforman la historia”.

   La preeminencia de intereses particulares por encima de lo que a falta de mejor definición podríamos denominar como el interés nacional así como la profusión de rencillas, confusiones e incluso simplezas y torpezas que dominan el escenario público, son para inquietar a cualquiera que intente pensar en el futuro del país más allá de la agobiada coyuntura de todos los días. No sólo carecemos de liderazgos dignos de ese nombre. Tampoco tenemos un proyecto de país en torno al cual podamos articular decisiones y compromisos de los sectores fundamentales.

   Apenas unos días antes de su severo discurso, el presidente Calderón conoció las presiones de los dueños de las empresas mediáticas más importantes que han intentado frenar el proceso de reformas constitucionales en materia de comunicación y política. Por esas mismas fechas las fotografías del rancho de Vicente Fox ya eran escándalo mediático y político. El discurso del presidente, en cambio, pasó desapercibido en muchos noticieros y periódicos.

   Quién sabe en qué medida la codicia de los barones mediáticos y la impudicia de Fox y su esposa influyeron en el ánimo presidencial. Pero sin duda a unos y otros les quedaba como mandada a hacer la descripción que Calderón hizo, aparentemente recordando a Gandhi, de las faltas en las que pueden incurrir quienes tienen a su cargo decisiones importantes: “pecados nuestros verdaderamente son: uno, hacer política sin principios; hacer comercio sin moral, hacer oración sin sacrificio”.

   No conocemos a ciencia cierta a qué personas o instituciones se refería. Pero podríamos pensar en algunos comunicadores destacados cuando Calderón ambiciona “un México distinto al de la oruga docta que pontifica y se sube allá a su torre de marfil y que tarde o temprano queda convertida en pedestal de imbéciles”.

   Son palabras durísimas. No tardaremos en saber si obedecieron a convicciones ya decantadas o simplemente a un arrebato momentáneo. Cuando vienen del poder político, no es difícil advertir la distancia de los dichos a los hechos. Al presidente Calderón, que por lo visto es aficionado a ese pensador español, quizá no le resulte ajena esta frase de Ortega y Gasset cuando decía que, en su país: “A la república solo ha de salvarla pensar en grande, sacudirse de lo pequeño y proyectar hacia lo porvenir”. Si el presidente se resolviera, está a tiempo de emprender o al menos de intentar con seriedad un cambio de esa índole. Claro, si realmente eso es lo que quiere.

Texto publicado el jueves 20 de septiembre en La Crónica de Hoy

Hechos, mentiras y aspavientos

Raúl Trejo Delarbre

Los dueños de las televisoras y sus voceros dicen que las reformas en materia electoral atentan contra la libertad de expresión. No es cierto: lo que impedirán esas modificaciones, cuando se complete el proceso de reforma constitucional, será que los particulares contraten propaganda política. Allí no hay novedad alguna.
Desde hace 14 años el Código Federal Electoral reserva para los partidos el privilegio de contratar ese tipo de mensajes. Sin embargo, no existía una sanción expresa contra esa disposición. Por eso el año pasado las autoridades del IFE no pudieron tomar medidas específicas cuando el Consejo Coordinador Empresarial patrocinó anuncios en televisión para descalificar a uno de los candidatos presidenciales. Con la reforma constitucional y luego, con las modificaciones que tendrán que ser establecidas a la legislación reglamentaria, esas actitudes ahora recibirían sanciones importantes.
No es la libertad de los ciudadanos lo que impide esa reforma constitucional sino el privilegio de los adinerados para pagar spots en televisión en caso de que quisieran hacerlo. Se trata, por ello, de una modificación legal que refuerza la equidad en la competencia electoral.
Los dueños de las televisoras no quieren mirarlo así. De la misma manera que están acostumbrados a considerar que la televisión y la radio son propiedad suya (sin reconocer que se trata de medios que difunden a través del espacio radioeléctrico que es patrimonio de la Nación), ahora suponen que la libertad política puede tasarse en pesos y centavos. Con ese mismo desparpajo, creen que la cultura política de los ciudadanos es la que permite forjar los programas de mayor rating y peor calidad —que transmiten por las frecuencias de las que son concesionarios.
Acaso por ello, los dueños de tales empresas mediáticas consideran que sus televidentes y radioescuchas creerán a pie juntillas la sarta de mentiras que insisten en propalar a través de esas frecuencias. De repente las televisoras, que durante tantos años se han beneficiado de una relación convenenciera con el poder político, descubrieron que los dirigentes de los partidos y los legisladores tienen intenciones perversas y autoritarias. De pronto despotrican en contra del sistema político del que durante tanto tiempo y de manera tan constante y sonante se han beneficiado.
Quizá los dueños de tales empresas suponen que sus televidentes y radioescuchas les creen. Posiblemente, encarrerados en el vértigo autorreferencial que han construido, piensan que los locutores a los que han habilitado como presentadores y comentaristas más destacados suscitan suficiente confianza. No pueden advertir que la gente no cambia de canal simplemente porque no hay más opciones en el dial de la televisión nacional. Los telespectadores padecen, pero no necesariamente comparten los juicios sumarios y los dicterios atrabiliarios que ahora pululan en algunos de los principales noticieros.
Envalentonados con la inercia de la audiencia cautiva y confundiendo el rating con el consenso ciudadano, los magnates mediáticos tuvieron motivos para esperar que la hegemonía de la pantalla y el dial sería imperecedera. La clase política les ha demostrado que no. La reacción de algunos de los jeques mediáticos se parece a la de esos dictadorzuelos africanos o caribeños a quienes la ira popular depone de manera tan fulminante que durante mucho tiempo siguen ordenando, exigiendo y disparatando como si nada hubiese ocurrido.
La diferencia es que estos magnates mediáticos conservan el poder enorme que significa el acaparamiento de frecuencias televisivas y mediáticas. El desconcierto ante la mutación de un escenario social y político que no aciertan a entender redobla su arrogancia. Su capacidad de hegemonía ideológica está socavada pero de ninguna manera ha desaparecido. Su propia soberbia los condujo a perder algunos de los aliados que durante tanto tiempo los favorecieron desde el poder político. Sin embargo mantienen frecuencias y, aunque crecientemente críticas, también audiencias.
Los concesionarios que ahora se encuentran en vilo tropiezan con sus propias mentiras. Propalan versiones falsas acerca de la reforma constitucional, en parte confiando en aquella máxima goebbelsiana acerca de la patraña que se repite hasta ser tenida como cierta. Pero sobre todo, esos radiodifusores apuestan a lo que mejor saben hacer que es atolondrar, saturar, aturdir al teleauditorio. El mensaje antipolítico que propagan resulta inverosímil y carece de autoridad ética alguna. Los símiles que emplean son caricaturas de su propio discurso.
Con una retórica golpista, algunos de los concesionarios le llaman chavista a la reforma constitucional que desazolvará la competencia política, cuya dependencia respecto al poder del dinero y las exigencias del rating se ha vuelto insufrible para nuestro país. Pero los chavistas son ellos.
La figura y las acciones del presidente de Venezuela son harto cuestionables. Atenido al predominio carismático que mantiene respecto de una buena parte de la población en esa nación, Chávez ha querido prescindir del Congreso, se ha negado a someterse al orden legal, ha querido sustituir con una visión única a la diversidad que hay en la clase política y la sociedad venezolanas y parece determinado a que en ese país no haya más discurso que el suyo. A Chávez los partidos políticos le parecen prescindibles y quiere suplantarlos con una sola opción para la vida pública en Venezuela: la que representa él mismo.
En México, las televisoras despliegan un discurso chavista. Con motivo de la reforma constitucional en materia electoral se han ubicado en contra de la división de poderes, las decisiones del Congreso, el régimen de partidos y, por lo tanto, en contra de la diversidad en la vida pública mexicana. En varias ocasiones se han opuesto, con enorme agresividad, a que haya nuevas cadenas de televisión. El chavismo de algunos concesionarios y muy especialmente de Televisión Azteca reproduce algunos de los rasgos mesiánicos, intolerantes y fundamentalistas del cacique venezolano.
A ese discurso y esos intereses se allanan algunos gobernadores. El coahuilense Humberto Moreira perdió una de las mejores oportunidades que jamás ha tenido para quedarse callado. Aparentemente confiado en congraciarse con las televisoras o quizá, también, esperanzado en acaudillar una revuelta de mandatarios estatales contra un peregrino centralismo en materia electoral, ese gobernador se colocó en el flanco de la contrarreforma, en una posición adversa a la modernización del sistema político. Al anunciar la decisión que según él tomarán los diputados locales en Coahuila acerca de la reforma constitucional violentó la soberanía de esos legisladores y reprodujo un comportamiento caciquil muy parecido por cierto, y toda proporción guardada, al absolutismo del venezolano Chávez.
Aunque inicialmente mencionó el tema de la libertad de expresión, atendiendo al guión que con tanto empeño propagan las televisoras en el estéril intento para detener las decisiones de los congresos locales, Moreira también alude a una supuesta pretensión de los políticos del DF para violentar el federalismo en materia electoral. Se refiere a la propuesta para incorporar al artículo 41 constitucional, entre otras, la siguiente medida:
“El Instituto Federal Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable”.
En otras palabras, el IFE se encargaría de organizar comicios estatales siempre y cuando se lo pidan los estados. No existe intromisión alguna porque la participación de ese Instituto dependerá de una invitación previa. De aprovecharse esa disposición la experiencia y la capacidad operativa, pero sobre todo la respetabilidad del IFE, estarían al servicio de los procesos electorales en los estados. Desde luego, hará falta que en el siguiente paso de la reforma electoral, que serán los ajustes necesarios en el Código Federal de esa materia, se establezca en qué condiciones, con qué reglas y a cargo de qué autoridades (tendrían que ser, deseablemente, los congresos locales) los estados pueden solicitarle al IFE ese respaldo.
La transparencia y la equidad electorales ganarían, en cada entidad, con esa posibilidad. Por eso es natural que se inquieten los gobernadores que están acostumbrados a que, en sus estados, las elecciones sigan a cargo de organismos electorales a los que ellos controlan.
Esas y otras inconsecuencias atestiguaremos en los próximos días. Quizás cuando se apacigüen los vendavales desatados por la reforma constitucional en materia electoral y su fundamentalismo se haya atenuado, los radiodifusores ahora encrespados entiendan que en México existen nuevas condiciones de la competencia política que no han sido dictadas por una oligarquía partidaria sino que han sido exigencia de una sociedad cada vez más harta, lo mismo de los mandamases políticos que de los tiranuelos mediáticos.

La Crónica, jueves 13 de septiembre de 2007

   Desafiados por las televisoras, los senadores manifestaron una cohesión jamás vista al menos en los años recientes. Con alusiones a la entereza de Belisario Domínguez invocada por el perredista Carlos Navarrete o recordatorios del panista Santiago Creel y el priista Manlio Fabio Beltrones al poder fáctico de los consorcios comunicacionales, la sesión de anoche en Xicoténcatl se convirtió en enfática respuesta del poder político a las bravatas de la mediocracia.

   Horas antes, los jeques del poder mediático, ahora acompañados por algunos jeques empresariales, habían reiterado y profundizado sus reproches contra los legisladores. Igual que el día anterior, les sobró retórica y les faltaron argumentos. El presidente de la Cámara de la Industria de la Radiodifusión advirtió que, de aprobarse, la reforma constitucional “acotaría la libertad de expresión”. El presidente de la Concamín denunció que “los legisladores están agarrando de rehén a este país”. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial consideró “inaceptable que se pretenda privar a la sociedad de la posibilidad de expresar libremente sus puntos de vista”. Y dos voceros de TV Azteca exigieron posponer la aprobación de esa reforma.

   Desmesurados, acaso porque no tienen más contraste que el espejo de autocomplacencias que ellos mismos han creado, los concesionarios de la televisión, respaldados por la quizá desinformada aquiescencia de numerosos concesionarios de radio, tensaron al máximo su desafío al poder político. Sergio Sarmiento sintetizó ese encrespado estado de ánimo: “no podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos cuantos dirigentes de partidos políticos”.

   Sin embargo la presuntamente secuestrada parece tomar con serenidad el diferendo entre el poder político y la mediocracia. Las arengas soliviantadoras, que han sido especialmente agresivas en los canales concesionados a Ricardo Salinas Pliego, no tendrán más consecuencia que el berrinche expresado de esa tan patente cuan patética manera. La respuesta de los legisladores, unificados gracias a la altanería de los consorcios televisivos, fue la votación que, al filo de las 10 de la noche aprobó, en lo general, el dictamen para reformar varios artículos constitucionales. 110 votos a favor y 11 en contra corroboraron ese viraje del Senado respecto del poder mediático.

   Los empresarios de la radiodifusión, en este episodio, han sido tan quejumbrosos como mentirosos. Saben muy bien que en el dictamen votado ayer en el Senado no hay una sola disposición que restrinja la libertad de expresión. La frase que podría haber implicado alguna limitación en ese terreno fue modificada el día anterior. Al contrario, una de las reformas incorpora al artículo 6º. Constitucional el derecho de réplica, que es una reivindicación de la sociedad que hasta ahora solo había sido reconocido de manera parcial por las leyes en este país.

   La reforma aprobada anoche y que ahora deberá pasar la prueba de una Cámara de Diputados quizá más susceptible a presiones mediáticas y corporativas tiene dos ejes principales. Uno de ellos es la modificación radical en las relaciones entre partidos y medios de comunicación electrónicos, que hasta ahora han sido determinadas por el dinero. Con tal de recabar fondos para comprar espacios en televisión y radio, candidatos y dirigentes políticos establecían los más variados compromisos con adinerados de toda índole. Y con tal de obtener descuentos y sitios preferentes para la difusión de sus spots, los partidos se consideraban obligados a tener un comportamiento obsequioso y de cuando en cuando sometido al interés de los consorcios de la radiodifusión. Ayer mismo (“autocríticamente”, dijo) el senador Navarrete admitió acerca de esa relación entre partidos y televisoras que, hasta hace poco, “todos fuimos a tocar las puertas traseras de las empresas para entrar a la competencia electoral”.

   Esa peregrinación no se repetirá. La contratación de propaganda política queda prohibida. Quizá los empresarios de la radiodifusión confunden la libertad de expresión con las prerrogativas del dinero para adquirir espacios en los medios electrónicos. Pero esa no es una libertad de la sociedad. Durante las campañas del año pasado los partidos gastaron al menos 589 millones de pesos en la contratación de tiempos en radio y 1384 millones de pesos en la compra de espacios en televisión.

   El país ya no tendrá que hacer gastos como esos. Pero lo más importante es la modificación que esa reforma impondrá en la relación entre la política y los medios de comunicación. Las radiodifusoras y especialmente las televisoras tendrán que dejar de ver a los partidos como clientes y quizá comiencen a considerarlos como interlocutores.

   Hoy en día los ven como adversarios. Pero no quieren acordarse de la escandalosa docilidad con que esos partidos y el gobierno anterior hicieron suyas, a veces sin siquiera aderezarlas con un mínimo rigor jurídico, las leyes y reglamentos que salían de las corporaciones mediáticas. Los “unos cuantos dirigentes de partidos” de los que hoy se quejan las televisoras, les parecían prohombres de la edificación democrática cuando se comportaban como personeros suyos.

   Separar al dinero de la política mediática no es atentar contra la libertad de expresión. Pero si la prohibición para comprar propaganda en medios electrónicos fuese desatendida, ameritaría sanciones que podrían llegar a “la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley”. Es natural que los hasta ahora intocados concesionarios de la radiodifusión se inquieten ante una advertencia como esa. Pero no tendrían de qué inquietarse si no tienen previsto transgredir la ley.

   El otro polo de esta reforma es el esfuerzo de los partidos para tener mayores controles sobre la autoridad electoral. La creación de una contraloría designada por la Cámara de Diputados y de un “órgano técnico” para fiscalizar a los partidos nombrado por el Consejo del IFE pero separado de él son dos medidas que limitan la independencia de la autoridad electoral. Y sobre todo la destitución de tres de los actuales consejeros, entre ellos el Presidente del IFE, sigue siendo una decisión caprichosa e inopinada.

   En los artículos transitorios del dictamen se dice cuándo deberán ser designados, de manera escalonada, los consejeros que tendrá el organismo electoral durante los siguientes seis años. Pero no se establece con qué procedimiento serán seleccionados los tres que dejarán el cargo en cuanto la reforma constitucional sea aprobada y los otros 3 cuya gestión, en vez de concluir en 2010 como estaba previsto, llegará únicamente hasta el año próximo.

   Ese es el haz y el envés de la reforma electoral. La cancelación de la propaganda pagada en medios electrónicos constituye una de las medidas más importantes que se han tomado, durante varios años, en la ya larga cadena de modificaciones legales para facilitar la competencia política. La destitución de varios consejeros electorales (al menos ya no todos ellos como se pretendía la semana pasada) constituye un exceso imprudente y revanchista por parte de los partidos contra la autoridad electoral.

   Pero no hay abuso contra la libertad de expresión ni contra los medios de comunicación. Los espantajos creados por la CIRT y las televisoras terminarán por desmoronarse. Quizá entonces pueda comenzar a reconstruirse una relación hasta ahora convenenciera y perversa entre el mundo político y los medios de comunicación más influyentes. Anoche mismo el senador Pedro Joaquín Coldwell les ofrecía una salida decorosa cuando estimaba que, ya sin el dinero público que reciben por motivos políticos, “los medios ganarán calidad y estatura moral para criticar al poder”.

   El acceso a los medios continuará siendo importante para los partidos. Candidatos y dirigentes seguirán buscando espacios en noticieros y programas de distinta índole pero ya no tendrán que comprar publicidad para contentar a esas corporaciones. La propaganda política seguirá resultando fundamental en las campañas electorales pero ahora no será pagada con dinero público porque se transmitirá en espacios del Estado en los medios electrónicos.

   Durante las campañas (que en el caso de las elecciones presidenciales serán de 90 días) los partidos tendrán acceso, entre todos, a 41 minutos diarios en cada estación de radio y televisión. El IFE dispondrá, para difundir mensajes de promoción electoral, de otros 7 minutos diarios.

   Y ya que no gastarán en la contratación de medios electrónicos, es pertinente que los partidos reciban menos dinero. La nueva fórmula para definir cuántos pesos le entregará el Estado a cada partido implica ahorros como los que también anoche, al refutar las mentiras de un asesor jurídico de Televisa, explicaba en la tribuna de Xicoténcatl en senador Ricardo García Cervantes. Si la reforma no se aprueba, en las campañas de 2009 los partidos recibirán 2670 millones de pesos (que significarían, con campañas de 71 días, casi 38 millones de pesos diarios). Con las nuevas reglas, dentro de dos años los partidos recibirán 800 millones de pesos que, gracias a la reducción en los plazos para campañas, equivaldrán a 13.3 millones de pesos diarios.

   La reforma constitucional tiene otras consecuencias sobre las que será preciso detenerse más adelante. Entre ellas se encuentran la reglamentación de precampañas, nuevas atribuciones del IFE para organizar elecciones locales y prohibición para que los sindicatos puedan formar partidos políticos.

   Cara y cruz de una reforma contradictoria: por un lado es preciso advertir la iniquidad que cometen los partidos con el árbitro electoral. Y al mismo tiempo, se puede reconocer un saludable desplante de emancipación de esos partidos respecto de la inmoderada mediocracia. Quizá sea, decía anoche el senador Pablo Gómez, “el principio del fin del miedo de la clase política a los concesionarios de la televisión”. Quizá.

La Crónica de Hoy, jueves 6 de agosto de 2007

   Sacar a la diputada Zavaleta de la transmisión televisiva de la ceremonia del sábado en San Lázaro fue una inexcusable torpeza de la Secretaría de Gobernación. La protesta de todos los grupos parlamentarios ha sido entendible e inevitable, máxime porque la censura no solo afectaba a una legisladora del PRD sino, antes que nada, a la presidenta de la Cámara de Diputados.

   Ahora sin embargo los partidos, o al menos PRD y PRI, insisten en perpetrar, en contra de la autoridad electoral, un abuso mucho más grave. La destitución de los consejeros del IFE sería un acto de revancha política por motivos desdichadamente impolíticos, como se comentaba hace una semana en esta página.

   Los legisladores que han clamado su legítima indignación por la exclusión electrónica al discurso de la diputada Ruth Zavaleta miran la paja en el veto ajeno. No quieren percatarse del tremendo atropello que están a punto de formalizar al incluir la remoción forzosa de los consejeros entre los cambios que implicaría la nueva reforma electoral.

   El desagravio a la presidenta de la Cámara fue del tamaño de la falta cometida contra su investidura. El breve mensaje censurado en la transmisión oficial fue incluido horas más tarde, en medio de la programación habitual de los canales de televisión. Gracias a ello tuvo una audiencia muy superior a la que hubiera logrado en los minutos previos a la llegada del presidente Calderón para entregar su informe de Gobierno.

   No era gran cosa lo que decía Zavaleta en ese mensaje. Las machincuepas retóricas para justificar su ausencia de la Cámara hubieran sido incomprensibles fuera del marco de acontecimientos absurdos, algunos de ellos rayanos en la esquizofrenia política, que ha singularizado al comportamiento de los partidos y especialmente al PRD. Durante varias semanas la sociedad mexicana, inerme ante las andanadas de inconsecuencias que le propina la llamada clase política, presenció el extravagante regateo por la ceremonia del informe.

   Los acuerdos finales, francamente nimios, fueron tomados unos minutos antes de que el presidente llegara a San Lázaro. Esa premura explica en parte la omisión del discurso de la diputada Zavaleta en la transmisión para los canales de televisión. Pero no hay duda de que se trataba de una decisión explícita. Manuel Feregrino, periodista de Radio Fórmula, ha narrado cómo los conductores de la transmisión televisiva estaban listos para aparecer en pantalla en cuanto comenzara la intervención de la diputada del PRD. Ya estaba previsto sacarla del aire.

   Ese desacierto, cometido por alguien con alta capacidad de decisión en el círculo cercano al presidente de la República, afectó mucho más al gobierno que al partido de Zavaleta. El mensaje que al día siguiente leyó Calderón en Palacio Nacional fue desplazado, en muchos medios, por la murmuración acerca de la censura a la legisladora perredista. Ese discurso, con miga y formulaciones interesantes, fue desatendido también debido al contexto autolaudatorio en donde lo expuso el presidente Calderón.

   No cabe duda de que la ceremonia de cada 1 de septiembre tiene que cambiar. La obligación constitucional para que el titular del Ejecutivo le informe al Congreso acerca de la situación del país es uno de los pocos puentes institucionales que hay entre ambos poderes. Conviene vigorizarla con mecanismos de interlocución en donde, junto con el intercambio, se aseguren respeto y reconocimiento mutuos. Si se acuerdan de atender ese tema, los legisladores podrían resolverlo antes de que, el año próximo, el 1 de septiembre se les venga encima. Faltan 360 días para esa fecha. Sería imperdonable que los dilapidaran en nuevos dimes y diretes.

   Aunque quién sabe. La capacidad de buena parte de esa llamada clase política para magnificar las disputas pequeñas y perder el horizonte de los asuntos realmente importantes parece inagotable. A menudo pareciera que sus integrantes se empeñan en ponerse zancadillas unos a otros y no en reconocer que los avances, cuando los hay, pueden legítimamente ser reivindicados por todos.

   Esa ineptitud para el acuerdo está atrancando las dos reformas que todos han considerado indispensables pero que se han enredado en disputas mezquinas y de exiguo aliento. La reforma fiscal, que de por sí era limitada y luego fue mermada por presiones empresariales y recelos partidarios, ahora se encuentra amenazada por las dificultades para acordar la reforma electoral. PRD y PRI insisten en negociar aspectos de una con cargo a la otra. Si no hay acuerdo en todo, amagan, no habrá acuerdo en nada.

   Al revolver ambas discusiones los partidos extravían el sentido de cada una de tales reformas. Resulta aberrante que los recursos para el gasto público dependan del regateo alrededor de prerrogativas electorales o, peor aún, de la vendetta política contra los consejeros del IFE. Pero en eso están.

   La iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral incluye medidas sustanciales como la reducción del dinero que se destina a los partidos y de los plazos para las campañas. Pero otras de esas propuestas pueden tener un carácter regresivo.

   Actualmente el financiamiento a los partidos tiene dos componentes: el 30% se distribuye de manera igual entre todos los partidos y el 70% de acuerdo con los porcentajes de votación que hayan obtenido. La iniciativa mantiene solamente el segundo de esos criterios, con lo cual serían afectados los partidos más pequeños.

   Más preocupante es la creación de dos organismos que limitan las facultades del Consejo General del IFE. Se propone que haya una Contraloría, designada por la Cámara de Diputados, que fiscalizaría los gastos del Instituto. Si el Instituto es autónomo el Congreso no tiene por qué designar a su contralor. Con el mismo criterio los diputados podrían nombrar a la contraloría de la UNAM, por ejemplo.

   Por otro lado se establece que la fiscalización de las finanzas de los partidos estaría a cargo de “un órgano técnico del Consejo General”. En sus indagaciones, ese órgano técnico no estaría limitado por los secretos bancario y fiscal. Pero esa atribución, que ciertamente es de gran importancia, queda restringida a dicho organismo en vez de que se trate de una facultad del propio Consejo General.

   En otra de las enmiendas constitucionales se prohíbe “la propaganda electoral que denigre a las instituciones, los partidos o las personas”. Es entendible el propósito para evitar las campañas descalificatorias. Sin embargo en las campañas políticas son frecuentes las asperezas y las imputaciones mutuas. ¿Cómo se calificará cuándo una afirmación es denigratoria (es decir, que ofende la fama pública de alguien)?. La mejor manera de sortear o al menos disminuir la agresividad en las campañas radica en propiciar espacios para la deliberación y el intercambio de ideas. Pero nada de eso hay en la iniciativa.

   No hay una sola palabra acerca de la regulación para el acceso de los partidos a la televisión y la radio. Algunos legisladores han dicho que ese tema lo excluyeron de la propuesta que circula desde hace varios días para evitar presiones de las televisoras. Pero parece que sucedió lo contrario: es decir, que debido al cabildeo y los amagos de las empresas de televisión y radiodifusión la iniciativa de reformas constitucionales no precisa cómo habría de garantizarse la presencia de los partidos en tales medios.

   La única fórmula para que modifiquemos la dependencia que hoy tienen los partidos respecto de las empresas mediáticas consiste en cancelar cualquier tipo de contratación para espacios de propaganda política. Los partidos podrían anunciarse en espacios gratuitos, a cargo de los tiempos estatales que todavía existen en la televisión y la radio y con mediación de la autoridad electoral.

   La propuesta de reforma constitucional, por otra parte, precisa y amplía facultades del Tribunal Federal Electoral aunque reduce a 9 años el encargo (ahora es de 10 años) de los magistrados que lo integran. Igual que para los consejeros del IFE, se establece que la renovación de los magistrados del Tribunal sería de manera escalonada.

   Esa modificación no tendría que conducir a la sustitución, ahora mismo, de los consejeros del IFE. Pero si así ocurriera no habría motivo para que no fueran reemplazados, también, todos los miembros del Tribunal. Si los partidos insisten en remover ahora a los consejeros no será por necesidades de la reforma electoral sino por el pueril aunque muy costoso afán de venganza que mantienen algunos de sus dirigentes.

   De hecho, la propuesta de reforma constitucional establece plazos nada apremiantes para que entren en vigor varias de las nuevas reglas. Los cambios al régimen de financiamiento público para los partidos comenzarían a aplicarse en 2010. Si aguardarán hasta entonces para que funcione el nuevo régimen de dinero público, ¿por qué no pueden esperar también para iniciar la designación escalonada de consejeros electorales? Ya lo sabemos, aunque ahora se rehúsan a reconocerlo: con esta reforma los partidos –al menos PRD y PRI– no pretenden fortalecer sino minar a la autoridad electoral. Por eso la defenestración de los consejeros les resulta fundamental.

   Junto con su autonomía, habrán tirado por la ventana la respetabilidad de la autoridad electoral que contrasta de manera tan ventajosa con la estropeada fama pública de los partidos políticos.