Sociedad y poder

Texto publicado en La Crónica el jueves 25 de octubre de 2007 .
La decisión que tomará en menos de tres semanas será una de las más delicadas que la Junta de Gobierno de la UNAM haya asumido en sus más de seis décadas de existencia. Creada por la Ley Orgánica que en enero de 1945 estableció la actual organización de la Universidad Nacional, la Junta de Gobierno ha designado, desde entonces, a 13 rectores.
Los nombramientos de Rector son diferentes en cada ocasión. A veces se realizan en medio de conflictos como los que llevaron a renunciar a Ignacio Chávez en 1966, Pablo González Casanova en 1972 o Francisco Barnés en 1999. Sin embargo la mayoría de los relevos en el gobierno de la UNAM han sido transiciones sin apuros. Nabor Carrillo a fines de los años 50 y Javier Barros Sierra en los 60, así como Octavio Rivero y Jorge Carpizo en los 80, terminaron sus periodos de 4 años. Guillermo Soberón en los 70 y José Sarukhán en la última década del siglo fueron reelectos y estuvieron 8 años cada uno a cargo de la Rectoría.
También fue reelecto, como es sabido, Juan Ramón de la Fuente cuyos dos cuatrienios dejan una Universidad estable y en donde los haberes no logran ocultar los deberes. El proceso para relevarlo es un tanto novedoso gracias a la visibilidad pública que la UNAM ha reafirmado pero, sobre todo, debido a las nuevas circunstancias políticas del país.
Esta será la segunda designación de Rector que ocurre durante la gestión de un presidente de la República no priista. Hace cuatro años la reelección del doctor De la Fuente fue prácticamente cuestión de trámite. Ahora, en cambio, a la presencia de un gobierno federal que ha dicho que no quiere pero que, antes que nada, no puede influir directamente en las decisiones de la Junta de Gobierno, se añade la postulación de varios aspirantes de trayectoria sólida y aptitudes competitivas que quieren llegar a la Rectoría.
La declaración del presidente Felipe Calderón que antier, aludiendo a la próxima designación, se comprometió a respetar la autonomía de la UNAM, es pertinente aunque las circunstancias nacionales han afianzado la capacidad de esa institución para resolver internamente el nombramiento de sus autoridades. La Junta de Gobierno tiene hoy un margen de decisión absoluto y esa es una de las circunstancias que propician el interés alrededor del actual proceso.
La capacidad de esos 15 académicos para tomar una determinación que afectará a centenares de miles de universitarios es quizá la principal y más cuestionada paradoja de la estructura de gobierno en la Universidad Nacional. Las dilatadas dimensiones de la UNAM, que tiene 33 mil 300 profesores e investigadores, más de 286 mil estudiantes y 23 mil trabajadores administrativos, podrían conducir a pensar que una resolución tan importante no puede estar en manos de 15 personas. Pero hay que recordar que la democracia, tal y como la conocemos para representar a los ciudadanos, no es el método adecuado para adoptar decisiones que alcanzan consecuencias académicas.
La Junta de Gobierno cuenta con absoluta libertad y discrecionalidad para designar al Rector, lo mismo que a los directores de facultades e institutos. Sus quince integrantes son designados de manera escalonada, y a propuesta del Rector, por el Consejo Universitario. Ese mecanismo fue establecido por el Congreso de la Unión a iniciativa de la misma UNAM y después de una difícil temporada de inestabilidad a mediados de los años 40.
Para nombrar al Rector La Junta, de acuerdo con la Ley Orgánica, “explorará, en la forma que estime prudente, la opinión de los universitarios”. Luego, la designación tiene que ser aprobada por al menos 10 de sus 15 integrantes.
Esas son las únicas reglas que la Ley Orgánica le impone a la Junta de Gobierno para nombrar al Rector. En muchas ocasiones dentro de la Universidad se han propuesto otras normas, para acotar la discrecionalidad de la Junta o modificar la designación de sus integrantes. En el actual proceso, en todo caso, el mecanismo para nombrar al Rector tiene tal reconocimiento dentro de la Universidad que prácticamente nadie lo cuestiona.
Esta vez la Junta de Gobierno ha recibido a centenares de grupos de universitarios, tanto en el campus principal como en algunas de las unidades periféricas de la Universidad. Dentro de varios días dará a conocer los nombres de quienes considera que “cumplen óptimamente” con los requisitos que determina la legislación universitaria y, de entre ellos, a mediados de noviembre designará al nuevo Rector. Hace 8 años, De la Fuente fue designado el 17 de noviembre.
Las solicitudes de entrevista han sido tantas que los miembros de la Junta, organizados en cinco grupos, apenas se dan abasto para recibir durante unos minutos a los universitarios que acuden a tales audiencias. Es difícil que en esos breves encuentros se puedan expresar argumentos ampliamente razonados. De cualquier manera, esos centenares de solicitudes indican que entre los universitarios hay interés por el actual proceso. Muchos grupos llegan con pliegos de respaldo a uno u otro de los profesores que quieren ser Rector. La cantidad de adhesiones seguramente pesará en el ánimo de la Junta de Gobierno. Pero en su decisión tendría que ser determinante la calidad: no solo de los apoyos sino, especialmente, de la trayectoria y las propuestas de los aspirantes a la Rectoría.
Seguramente nunca, como en este proceso, los perfiles de quienes buscan ser rectores habían sido ampliamente conocidos dentro y fuera de la Universidad. Los medios de comunicación pueden ser útiles para divulgar biografías y argumentaciones. Pero, al final, no será la exposición pública el criterio que prevalezca en la determinación de la Junta. Por eso resulta un tanto absurdo, y sobre todo descomunal, el empeño de quienes desde la administración central de la UNAM promueven a uno de los aspirantes a la Rectoría.
En apoyo al candidato de esas autoridades, se ha desplegado un manejo de prensa que muchos suponían ajeno a la Universidad o imposible en estos tiempos. Se han ejercido, además, recursos de presión para reunir firmas de profesores y directores, o para convocar a estudiantes y trabajadores, que resultan inadmisibles en cualquier sitio pero especialmente en la UNAM.
El anverso de esas prácticas es la decisión franca de ocho profesores para manifestar su anhelo de regir en la Universidad. Entre ellos se encuentra una mujer, la bióloga Rosaura Ruiz, que forma parte del equipo del actual rector como secretaria de Desarrollo Institucional. También testimonial es la candidatura del politólogo Luis Javier Garrido Platas, que utilizará su postulación para cuestionar el mecanismo de designación.
Los dos aspirantes con más posibilidades de llegar a la Rectoría son los doctores José Narro Robles y José Antonio de la Peña.
Médico el primero, su cercanía con el actual rector es tan estrecha que constituye lo mismo su principal ventaja que su mayor debilidad. Director de la Facultad de Medicina, José Narro ha desempeñado un papel importante en algunos de los momentos difíciles de la Universidad durante las últimas décadas, es conocido por sus capacidades negociadoras y se le puede identificar fundamentalmente como político. Fuera de la UNAM ha sido, entre otras cosas, director de la Fundación Cambio XXI del PRI y secretario general del IMSS. Lamentablemente para su postulación algunos de sus adherentes más entusiastas, sobre todo en la administración de la Universidad, se han excedido en el intento para recabar respaldos al doctor Narro.
José Antonio de la Peña Mena cuenta con una sólida, extensa y ampliamente reconocida carrera académica. Ha sido director del Instituto de Matemáticas, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y, recientemente, director de Desarrollo Científico en el CONACYT. Tiene una apuesta, razonable y factible, por la calidad en la enseñanza y la investigación.
Si las candidaturas más fuertes que son las de Narro y de la Peña llegasen a una situación de equilibrio en la Junta de Gobierno, posiblemente habría margen para alguno de los cuatro aspirantes restantes. El ingeniero Gerardo Ferrando Bravo fue secretario administrativo de la UNAM en la gestión del rector Soberón y, recientemente, director de la Facultad de Ingeniería. Anteriormente delegado en Venustiano Carranza y director del Metro, Ferrando no ha logrado unificar en respaldo suyo al gremio de los ingenieros. El politólogo Fernando Pérez Correa es uno de los profesores más prestigiados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la que es director desde hace 7 años y medio y cuya estabilidad consiguió después de un difícil inicio de gestión. Diego Valadés, que hasta hace un año fue exitoso y activo director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, antes ocupó una larga lista de notorios cargos dentro y fuera de la Universidad. Fernando Serrano Migallón, también abogado pero además economista y filósofo, ejerce un segundo periodo como director de la Facultad de Derecho y es conocido por una generosa bonhomía.
En estos días, los aspirantes están siendo invitados a facultades e institutos a fin de que digan por qué quieren llegar a la Rectoría. Esa es otra novedad del proceso actual: aunque no tienen consecuencias directas sobre la decisión que tomará la Junta, en tales reuniones se exterioriza la necesidad de que haya cauces institucionales y más espaciosos para que los universitarios se expresen acerca de la autoridad que regirá en su institución.
En esos encuentros, de la misma manera que seguramente ocurrirá cuando la Junta de Gobierno los convoque formalmente, se  manifiesta cuáles aspirantes cuentan con un proyecto integral y académico y quiénes solamente tienen ganas de llegar a la Rectoría. En mi opinión el candidato con una propuesta más completa y atributos personales más idóneos para encabezar a la UNAM es el doctor José Antonio de la Peña. La semana próxima explicaré por qué.

Publicado en La Crónica de Hoy, jueves 18 de octubre de 2007

El doctor Juan Ramón de la Fuente fue designado en noviembre de 1999 para encabezar a una Universidad que se encontraba secuestrada. La UNAM no padecía una crisis académica, organizativa ni existencial. Los universitarios querían enseñar, estudiar y trabajar pero el grupo que había tenido cerradas sus principales instalaciones desde abril de aquel año no solamente no los dejaba sino que perpetraba frecuentes agresiones contra ellos. La mayoría de esos universitarios permaneció al margen del conflicto dominada por el pasmo, la indolencia o la indiferencia. Pero la responsabilidad principal en aquella prolongada confiscación de las actividades académicas era del gobierno del presidente Ernesto Zedillo que se resistía a ordenar el desalojo de las instalaciones universitarias.
El mérito inicial del Rector De la Fuente consistió en crear las condiciones para que la recuperación del campus principal de la Universidad resultara inevitable. A diferencia de las anteriores autoridades universitarias, tuvo mejores posibilidades de interlocución con el gobierno porque había formado parte de él. Luego su tarea principal, que cumplió con éxito notable, consistió en devolverle a los universitarios la confianza que habían perdido en sus capacidades para cumplir con sus tareas esenciales y, a la vez, reconstruir el aprecio de la sociedad mexicana hacia la principal de sus instituciones de educación superior.
Allí radica el logro considerable que hoy se le reconoce a Juan Ramón de la Fuente. No es verdad, como se ha dicho, que levantó a la Universidad de sus cenizas porque nunca estuvo destrozada. Abrumada y quizá pasmada, sí. De allí que el Rector haya  desplegado una intensa labor, especialmente publicitaria, para renovar el prestigio de esa institución.
Cuanto éxito pudieron identificar y sobre todo suscitar los propagandistas de la Universidad, lo han consagrado en extensas y efectivas campañas de prensa. Particularmente, los más recientes de los ocho años de este Rectorado estuvieron volcados a propagar grandezas y reconocimientos de la Universidad.
La designación de la UNAM como una de las mejores universidades del mundo, los merecidos premios de sus académicos más conspicuos, las becas que obtienen alumnos brillantes, la declaración del viejo campus como patrimonio de la humanidad, han sido motivo de orgullo para los universitarios pero también de engreimiento para sus principales autoridades. Mostrar el vaso medio lleno de la realidad universitaria ha sido un recurso inteligente y eficaz. De la Fuente concluye su administración en medio de generalizadas y logradas congratulaciones. Pero dentro de la Universidad no existe necesariamente el sentimiento de satisfacción y entusiasmo que pudieran indicar esas alabanzas.
Cuando se nos informa que a la UNAM se le ubica entre las instituciones de educación superior mejor calificadas, a los universitarios desde luego nos da gusto. Pero muchos nos preguntamos acerca de la seriedad de esas evaluaciones porque las dificultades que enfrentamos todos los días están muy lejos de la excelencia académica que quisiéramos en nuestra institución. Los reconocimientos a nuestros colegas y alumnos más destacados nos enorgullecen, pero no desvanecen la preocupación constante por los insuficientes salarios que reciben los profesores más jóvenes o por la ausencia de un plan de jubilación satisfactorio para los más viejos. Qué bueno que el campus donde estudiamos y hemos trabajado por décadas tenga el amparo de la Unesco; pero en la mayoría de las facultades las instalaciones sanitarias son deplorables y los alumnos casi no cuentan con espacios para convivir y compartir. La UNAM es una institución enorme y apreciada; pero la calidad de la enseñanza que reciben muchos de los jóvenes que pasan por sus aulas no les permite encontrar acomodo en un mercado de trabajo tan estrecho como competitivo.
Esas son realidades que la diestra propaganda de la Universidad no toma en cuenta pero que profesores, investigadores y estudiantes conocemos todos los días. La presencia pública que hoy tiene la UNAM nos resulta muy gratificante y se debe en gran medida al esfuerzo del Rector De la Fuente. Pero la atención a los requerimientos de la Universidad y la vocación crítica de esa institución hacen pertinente recordar que dicha gestión ha sido de contraluces y que los faltantes al cabo de ella no resultan menores. Estos son algunos de ellos.
Durante los ocho años recientes la reforma de la Universidad quedó suspendida. El compromiso que hizo el rector De la Fuente con los huelguistas de 1999 para realizar un nuevo congreso universitario (que hubiera sido parodia más que secuencia del que tuvimos en 1990) se convirtió en un grillete que dificultó la discusión de otras iniciativas.
El Estatuto General de la Universidad y el Estatuto del Personal Académico quedaron intocados a pesar de las numerosas consultas para modificarlos. El Reglamento de Estudios de Posgrado sí fue reformado pero sin una discusión suficiente acerca de sus implicaciones.
Los organismos colegiados en la UNAM tuvieron escasa presencia en la vida y las decisiones académicas y con frecuencia fueron desplazados por medidas de las autoridades administrativas.
Seguimos sin tener un bachillerato a la altura de las exigencias de la sociedad y la Universidad. El establecimiento en algunas áreas del sistema 3-2-3 que pretende resolver licenciatura, maestría y doctorado en solamente ocho años, propicia que los jóvenes concluyan más rápido su formación universitaria pero enfrenta dificultades importantes como las deficiencias con las cuales llegan a los estudios profesionales.
La investigación tuvo un desarrollo desigual. Las áreas en donde ya había un desempeño de excelencia –particularmente en las ciencias básicas– tenían un impulso que supieron mantener. La creación de “macroproyectos” pretendió favorecer el intercambio multidisciplinario pero en ocasiones solamente significó la acumulación de proyectos individuales que ya existían bajo una nueva y superflua cobertura institucional. La sobrestimación del trabajo colectivo ha dado lugar a la formación de grupos que solamente en apariencia funcionan como tales.
Ensimismada en su notoriedad social, la UNAM no ha sabido articular una relación de mayor y mejor cooperación con el resto de las universidades del país. La Universidad Nacional se ha convertido en competidora y no en colaboradora de la mayor parte de las instituciones de educación superior de carácter público en México.
Esos y otros temas se discuten poco dentro de la Universidad. Ello se debe en parte a la apatía que muchos universitarios mantienen respecto de los asuntos sustanciales de su institución. Pero también ha existido una notoria resistencia de la administración central para admitir opiniones críticas acerca de la situación de la Universidad. Hace tres años y medio, por ejemplo, cuando Crónica publicó de manera destacada una nota acerca de la gran cantidad de alumnos que reprueban una y otra vez las materias que llevan en la UNAM, se desató una indignada respuesta de varios funcionarios de Rectoría que consideraron que se trataba de un complot en contra de esa institución.
La siguiente semana comentaré, en este espacio, el proceso que ha abierto la Junta de Gobierno para designar al nuevo Rector de la UNAM y posteriormente ofreceré una opinión sobre los candidatos a desempeñar esa responsabilidad. Es pertinente que dentro y fuera de la Universidad Nacional tengamos un diagnóstico capaz de tomar en cuenta merecimientos, pero también insuficiencias en la administración que la ha encabezado durante ocho años. Proponer, como sugieren algunos universitarios y especialmente la administración actual, que la mejor opción es la continuidad, puede conducir a la UNAM no a un mayor desarrollo sino a un inadmisible estancamiento.

La Crónica, jueves 11 de octubre 2007

     Quién sabe si el presidente Calderón sabía, mientras hablaba ayer ante los radiodifusores, que su discurso no estaba siendo transmitido en directo por la mayoría de las estaciones de televisión y radio. Tan prestas como fueron hace exactamente un mes para encadenarse mientras protagonizaban ante los senadores el patético espectáculo que tantas recriminaciones les ha propiciado, ayer los dueños de las radios y televisoras privadas dispusieron que la comida anual de la Cámara Nacional que las reúne, y en la que es tradición la presencia del titular del Ejecutivo Federal, fuese difundida con hora y media de retraso.

   Únicamente una de las frecuencias de Radio Fórmula y XEW y quizá alguna otra emisora transmitieron, en la ciudad de México, el discurso presidencial mientras ocurría. Muchas otras estaciones y un canal de cada una de las televisoras privadas lo hicieron de manera diferida. En ningún caso, hasta donde pudimos apreciar, esas estaciones advirtieron a sus audiencias que no se trataba de una transmisión en vivo.

   Tan desusado tratamiento al discurso presidencial puede tener varias explicaciones. Quizá los radiodifusores decidieron no alterar la hora de la comida de la mayoría de los televidentes y radioescuchas y por eso dejaron el mensaje del presidente Felipe Calderón para después de los postres. Pero es inevitable suponer que tal decisión estuvo relacionada con las secuelas de la fallida campaña que esos empresarios levantaron contra las reformas constitucionales que los dejaron sin el gasto que hacían los partidos en la contratación de propaganda electoral.

   Posiblemente los radiodifusores quisieron supervisar el discurso presidencial antes de transmitirlo. Quizá temían que el presidente de la República apoyara el proceso de reformas constitucionales que acaba de terminar con el voto favorable de 30 legislaturas estatales y que fue impulsado por los tres partidos más importantes del país. De haber sabido que sería tan complaciente con ellos, es altamente probable que lo hubieran difundido en directo y por muchas más frecuencias.

   El mensaje del presidente Calderón era esperado porque su gobierno no ha manifestado con claridad una posición pública ante esa reforma, aunque es evidente que el voto del PAN tuvo que haber contado con su anuencia.

   Hubiera sido una oportunidad relevante para que, más allá de expresar una definición acerca de las modificaciones constitucionales, el presidente alzara la mira y ofreciera algunas definiciones para las fases próximas en ese proceso legislativo que son las reformas al Código Electoral –en donde habrá un capítulo especial para normar las nuevas relaciones entre procesos políticos y medios de comunicación– y, después a la legislación para los medios y las telecomunicaciones.

   El presidente, sin embargo, decidió desaprovechar esa ocasión. En vez de un discurso que le permitiera contribuir a esa discusión nacional –y con el que pudiera afianzar la vocación de liderazgo que dice tener pero con la que solamente cumple de manera retórica y a veces ni siquiera en ese plano– Calderón ofreció una alocución ritual, solícita casi, y muy parecida a las que dirigían sus antecesores en otras celebraciones de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.

   Sin contexto crítico ni analítico, las exhortaciones que formuló a la responsabilidad y a un ejercicio comprometido de la libertad resultaron equívocas. Decir que es preciso ejercer la libertad de expresión con respeto a los demás sin recordar, aunque fuese de manera general, las reiteradas transgresiones a esa norma –por ejemplo, por parte de Televisión Azteca– hizo de tal señalamiento una formulación protocolaria.

   Repetir que concesionarios y permisionarios de la radiodifusión se encargan de un servicio de interés público que influye en la cultura cívica sin advertir que la gran mayoría de los contenidos en la televisión no se hace cargo de esa función, fue como decir nada ante un auditorio colmado de empresarios que no han querido distinguirse por la autoevaluación y mucho menos por la autocrítica.

   La transición de la radio analógica a la digital, que suscita inquietudes y confusión entre los radiodifusores que han sido causantes de que el gobierno no defina el estándar tecnológico que será utilizado en México para ese cambio, el presidente la abordó en busca del aplauso de los concesionarios pero sin ofrecer una solución. No es claro el alcance de la promesa presidencial cuando dijo que habrá mecanismos para que “todos los radiodifusores, desde la televisión hasta las más modestas estaciones de amplitud modulada” emprendan el tránsito tecnológico. Lo que México tiene que hacer es decidir cuál o cuáles de los formatos digitales que ahora existen será utilizado para sustituir a las bandas de AM y FM. Y si alguien requeriría de apoyo para renovar sus equipos a fin de sintonizarse con la nueva radio digital serían los radioescuchas, mucho más que los empresarios.

   La otra promesa de Calderón se refirió a las concesiones vencidas o que están por vencerse. Es natural que entre los radiodifusores cuyos títulos de concesión han caducado o están por llegar a su término exista “incertidumbre y zozobra” como dijo el presidente. Pero incurrió en una eventual contradicción, que puede tener consecuencias graves, cuando consideró: “Nuestro deber como gobierno de la República es conciliar los legítimos intereses de todos los que participan en la industria con las disposiciones contenidas en las leyes sobre la materia y las resoluciones judiciales en la misma”.

   Actualmente, de 1488 concesiones y permisos que existen para radio en Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada en todo el país, hay aproximadamente 54 que vencieron el año pasado y otras 69 que habrán vencido en 2007. Antes el gobierno federal renovaba sin chistar esos títulos de concesión. Con la Ley Televisa, los radiodifusores pretendieron que las concesiones fueran por 20 años y que su refrendo fuese automático. Sin embargo la decisión de la Suprema Corte de Justicia que modificó esa reforma legal y que indica que las renovaciones deben estar sujetas a licitación dejó en la penumbra legal a las concesiones que no fueron refrendadas por el gobierno anterior ni por la actual administración.

   Asegurar que conciliará el interés de los radiodifusores colocados en ese trance y las decisiones judiciales fue un exceso del presidente Calderón porque las reglas a las que habrán de sujetarse las renovaciones de los títulos de concesión no las define él sino el Poder Legislativo. Así que no sólo eludió respaldar las reformas constitucionales recientes sino, además, presentó una postura que podría ser contraria a la de la Suprema Corte y se inmiscuyó en el proceso legislativo que se encuentra en curso para renovar las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones.

   Repitió, eso sí, que las pautas de su gobierno en ese terreno están definidas por tres “C”: cobertura, convergencia y competencia. Pero quizá ese encomiable propósito carece de otro atributo que tiene la misma inicial: congruencia. No la hay cuando, hace unos días, su secretario de Comunicaciones anunció que el año próximo no habrá nuevas concesiones de televisión. ¿Cómo, entonces, aumentará la cobertura y, sobre todo, cómo habrá competencia en ese medio de comunicación si el gobierno desalienta la posibilidad de que haya nuevas frecuencias?

   Con razón al término de la emisión diferida, más de 90 minutos después del momento en que Calderón había dicho esas palabras aunque a radioescuchas y televidentes se les hizo creer que se trataba de un evento en tiempo real, el conductor de la transmisión en radio, Iñaki Manero, de Grupo ACIR, pudo concluir que había sido “un discurso conciliador, un discurso amigable”.

   No tenía por qué ser agresivo. Pero el presidente pudo haber pensado no solamente en el reconocimiento de la audiencia que tenía delante suyo sino en los intereses de la sociedad radioescucha y televidente.

   Intentando, en cambio, congraciarse con los radiodifusores, Calderón dijo que su gobierno ha cerrado “más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal” y que hará lo mismo con varias docenas más. Enhorabuena si se trata de emisoras que han querido hacer negocio a costa de una frecuencia que no les había sido adjudicada. Pero en años anteriores las acciones del gobierno contra estaciones sin licencia intentaron afectar a pequeñas radiodifusores comunitarias que no habían tramitado su permiso debido a las enormes complicaciones administrativas que encontraban para ello. Una docena de estas radios comunitarias, no obstante, obtuvo permisos legales durante el gobierno anterior.

   El presidente Calderón afirmó, antes de recibir una emocionada ovación: “no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos, nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”.

   Tiene toda la razón. Sin embargo no quedó claro si se refería a las radiodifusoras que el año pasado fueron ocupadas en Oaxaca o al violento asalto que hace menos de 5 años, en diciembre de 2002, ordenó el empresario Ricardo Salinas Pliego contra las instalaciones de transmisión del Canal 40.

   Si el presidente Calderón toma en serio sus propias palabras, su gobierno tendría que revisar el litigio, aun no concluido, entre Televisión Azteca y el concesionario legítimo del Canal 40.

   Todavía está por verse si, en sus relaciones con los consorcios de televisión y radio, el gobierno promoverá el cumplimiento y la actualización de la ley o se conformará con un poder y una presencia política diferidos.

Publicado en La Crónica de Hoy, jueves 4 de octubre de 2007

   Tenía que ocurrir. Tarde o temprano, alguno de los empresarios que aparentemente fueron chantajeados por la esposa del presidente Fox haría pública las presiones que recibió para ofrecer regalos o contribuciones que beneficiaron a Marta Sahagún y su familia.

   Luis Miguel Moreno Vélez, de la empresa de consultoría MM, le platicó al reportero Alberto Aguirre, de El Universal, que hace cinco años llevó a Los Pinos un jeep “Wrangler X” que le solicitó la señora Sahagún. Ella quería regalárselo al presidente Vicente Fox con motivo de su segundo informe de gobierno.

   A Marta Sahagún le gustaba hacer caravana con obsequio ajeno. Pedía que le dieran para ella, a su vez, mostrarse dadivosa. Eso hizo a través de la Fundación Vamos México que durante todo un lustro recibió donativos de empresarios y organismos públicos para, luego, repartir parte de ese dinero entre instituciones de beneficencia o, directamente, entre personas agraciadas con tal magnanimidad.

   La misma desfachatez con que le pidió a Moreno Vélez que le regalara el vehículo –que se dice costó 250 mil pesos– porque era igualito al que utilizaba el presidente Bush en su rancho en Texas, Sahagún la esgrimía al pedir donaciones para sus proyectos sociales que siempre tuvieron inclinaciones políticas.

   A ese empresario se le puede recriminar por qué hasta ahora denuncia el obsequio que se vio compelido a entregar. Al parecer el reportero se le acercó para comprobar esa información y él simplemente la corroboró. Moreno se dedicaba a organizar sorteos y hace varios años le propuso a Sahagún la realización de algunos de ellos para la fundación Vamos México. Aparentemente la esposa del presidente comenzó a requerirle distintos obsequios a cambio de esos contratos. El 1 de septiembre de 2002 él llevó, personalmente, el jeep rojo a la residencia presidencial. La factura quedó a nombre de otro empresario, que había mediado para acercar a Moreno con la señora Fox.

   El mencionado diario informa que dicho vehículo no aparece en la declaración patrimonial del presidente. Así que no es aventurado preguntarse ¿cuántos de los bienes que usufructúa la familia Fox no fueron resultado de transacciones similares? La señora pedía, los empresarios interesados en hacer negocios o simplemente en congraciarse con la esposa del Presidente de la República transigían y las pertenencias del consorcio Fox-Sahagún se incrementaban aunque no quedase registro de ellas en el inventario oficial de sus bienes.

   La propensión de la señora Sahagún para hacer negocio utilizando su influencia política e incluso a costa de recursos públicos no ha sido un secreto. Todavía no cumplían un año en Los Pinos cuando la para entonces ya esposa del presidente Fox inauguraba la Fundación Vamos México, a partir de contribuciones que solicitaba de manera muy persuasiva. Contrató al músico Elton John para que el 21 de octubre de 2001 cantara en el Castillo de Chapultepec y vendió a 10 mil pesos cada boleto para ese concierto.

   El 12 de octubre de aquel año escribimos en Crónica: “Aunque las metas de ‘Vamos por México’ sean de señalada nobleza, se trata de una organización privada. El dinero que recabe lo administrará según los criterios personales de sus directivos. Tendrán todo el derecho a hacerlo porque para eso han creado esa razón social. Pero los fondos que se obtengan con el mencionado concierto habrán sido posibles gracias al usufructo ilícito de un recinto y de facilidades oficiales… La señora Fox ha dicho que quiere dedicarse a promover acciones que beneficien a los pobres. Se trata de una aspiración meritoria. Sin embargo para echar a andar su proyecto emplea instalaciones, personal, facilidades y patrimonio del gobierno federal… Está construyendo una institución paralela a los organismos y los cauces que el Estado mexicano tiene para cumplir con sus responsabilidades en el combate a la pobreza. Nada habría de discutible si los recursos que obtendrá –100 millones de pesos, según se ha dicho– la señora Fox los entregase a la Sedesol, al Instituto Indigenista, al ISSSTE o al DIF, entre tantas opciones posibles”.

   Esas prácticas acercaban sobremanera al matrimonio Fox con las costumbres patrimonialistas que durante largo tiempo tanto les cuestionó su partido, Acción Nacional, a los gobernantes priistas. El 14 de mayo de 2002 esta columna, que en aquellos tiempos aparecía diariamente, consideraba acerca de Vamos México: “Se trata de una institución privada cuyo funcionamiento ha sido respaldado con recursos públicos y, notoriamente, con gestiones a cargo de la esposa del presidente de la República. Allí se encuentra un conflicto de intereses y una fuente de posibles acciones ilegales que podrían convertirse, en el futuro, en uno de los flancos más débiles en la gestión del presidente Fox”.

   Y el 4 de diciembre de aquel 2002: “Al presidente, la Fundación Vamos México le permite disponer de recursos frescos, líquidos y que no están sometidos al papeleo ni a la supervisión que hay en la administración pública, para satisfacer necesidades de promoción y atención sociales. Sin molestas contralorías, Vamos México le permite dispensar favores con tanto desprendimiento como el que desplegaron muchos de sus antecesores. Así como casi todos los presidentes del viejo régimen favorecían requerimientos de la gente con recursos públicos y en una actitud clientelar y populista, el presidente Fox lo hace con recursos privados. La Fundación le sirve para cumplir con funciones de gobierno que antaño eran desempeñadas con cargo al Estado. A su señora esposa, esa organización le permite mostrarse como benefactora de la sociedad”.

   Algunos resultados de las gestiones de Marta Sahagún fueron consignados en los informes financieros de la Fundación. A partir de ellos sabemos que Televisa fue el donante más espléndido, pero no el único. Entre 2002 y 2005 Vamos México recibió por lo menos 72 millones de pesos de esa televisora.

   Tales estados financieros reflejan todas las contribuciones recibidas por Vamos México. El 4 de febrero de 2004 esta columna señalaba: “No aparecen, por ejemplo, las aportaciones a proyectos específicos que la Fundación recibió en 2002. Entre ellas se encuentran 19 millones de pesos para la donación de 50 autobuses o las cantidades aun indeterminadas que obtuvo para imprimir la discutida Guía de Padres de la que, según se dijo, fueron editados un millón 184 mil ejemplares”.

   “Vamos México –decíamos hace tres años y medio– parece haber establecido una contribución de un millón de pesos como cuota a varios de los hombres más ricos de México. Sus apellidos o las razones sociales de sus negocios aparecen registrados junto a esa cifra: Alejandro Burillo, el Hospital Ángeles, la Cervecería Modelo, Alfredo Harp, Kimberly Clark, El Universal, Miguel Alemán Velasco, Televisión Azteca, Bachoco… De los donativos por 71 millones 990 mil pesos que la Fundación recibió en 2001, al menos 42 millones procedieron de entregas de, precisamente, un millón de pesos. No parecen contribuciones surgidas de una espontánea filantropía sino una cuota fija que docenas de hombres de negocios facilitaron, resignados o interesados, ante la convocatoria de la esposa del presidente”.

   “Se trata –decíamos el 1 de marzo de 2005– de la esposa del Presidente de México. Esa es la posición formal, y principalísima, que tiene la señora Sahagún de Fox. Gracias a ella, y no a cualquiera otra de sus adscripciones institucionales, numerosos funcionarios del gobierno federal escuchan, obedientes, las sugerencias que les hace y los empresarios más destacados del país se consideran obligados a contestarle el teléfono”.

   Entre 2001 y 2005, de acuerdo a sus documentos públicos, Vamos México recibió contribuciones por más de 497 millones de pesos. En ese lapso, entregó donativos por 340 millones de pesos. No hay registro claro del destino que tuvieron los más de 157 millones de pesos de diferencia.

   A los negocios políticos, sociales o de cualquier índole que la señora Sahagún haya realizado con su Fundación, habrá que añadir las dádivas no documentadas que pudo haberse procurado cuando su marido era presidente. Quizá ahora comiencen a conocerse otros episodios como el del jeep rojo que tan ufano manejaba el licenciado Fox.

   El ex presidente afirma que es él quien debe ser criticado, que quisiera servirle de pararrayos a su esposa. No hace falta que lo diga: los abusos que pudieron haber cometido Sahagún y sus familiares fueron corresponsabilidad, por acción u omisión, del ahora ex presidente de la República.

   El 2 de marzo de 2003 esta columna decía: “Al presidente Fox le inquieta que haya quienes quieren ver caer, o tropezar, a la pareja presidencial. A muchos mexicanos nos sobresalta la posibilidad de que él, con su señora esposa, hagan tropezar al país”.

ALACENA: Regreso a Acteal

   El 22 de diciembre se cumplirán 10 años de la masacre de Acteal, en Chiapas, en donde fueron asesinados 45 indígenas –niños, mujeres, hombres–. La discusión acerca de ese pavoroso episodio se reactivará gracias al reportaje de Héctor Aguilar Camín cuya primera de tres partes aparece en la edición de octubre de la revista Nexos. Más allá de versiones mitificadas o políticamente correctas, allí se muestran hechos apoyados en una amplia documentación.