Sociedad y poder

La Crónica, 29 de noviembre de 2007

   El agreste cabildeo de las televisoras, la intencionada confusión que han suscitado acerca de la reforma electoral y la indecisión de un buen número de legisladores están rindiendo frutos importantes: el amortiguamiento de las sanciones previstas en el proyecto de modificaciones al Código Electoral para las estaciones de televisión y radio que transgredan las nuevas disposiciones en materia de propaganda política constituye un retroceso respecto de la reciente reforma constitucional.

   Entre las sanciones que contemplaba el proyecto que está siendo elaborado por senadores y diputados de los principales partidos estaba la suspensión, durante varios días, de las transmisiones de aquellas emisoras que difundieran propaganda pagada en beneficio de algún partido o candidato. Ese castigo únicamente sería aplicado a las estaciones que reincidieran en dicha conducta. Es decir, se hubiera tratado de una sanción extrema para un comportamiento excesivo: si un concesionario decide transmitir mensajes pagados sabiendo que está prohibido y lo hace de manera reiterada, estará infringiendo la ley deliberadamente.

   Ahora esa conducta, de acuerdo con algunos legisladores, sería sancionada únicamente con la suspensión de la publicidad de la estación infractora durante un día o un día y medio. Senadores y diputados consideran que es preferible atacar el interés financiero de las televisoras, que depende en buena medida de la publicidad, antes que privar al público de sus telenovelas y espectáculos favoritos.

   Al admitir ese argumento de los concesionarios, el Congreso legitima la programación de las televisoras comerciales. ¿Qué es más importante para la sociedad, mirar la telenovela de más rating y las noticias tamizadas por el interés corporativo junto con las dosis de sensacionalismo que les imprime cualquiera de las dos televisoras nacionales, o que se garantice el cumplimiento irrestricto de las disposiciones en materia de propaganda electoral? Diputados y senadores aparentemente se inclinan por la primera opción. Con ello, contradicen la disposición que ellos mismos votaron hace dos meses y medio y que después de prohibir la contratación de propaganda política y establecer que la difusión de mensajes de campaña se realizará en los tiempos estatales en radio y televisión, indica al finalizar la tercera fracción del nuevo artículo 41 de la Constitución: “Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley”.

   El Código Federal Electoral tendría que reglamentar, pero no avalar o soslayar ese mandato constitucional. La cancelación de transmisiones debería ser una medida perentoria, que se aplicara solamente a quienes quebrantaran la ley una y otra vez.

   Ese viraje al menos inicial de los legisladores ocurre después de una semana de amagos mediáticos por parte de las televisoras y de algunas casas editoriales que difundieron versiones incompletas, o falsas, de las reformas que han sido consideradas para el Código Electoral. En varios medios se dijo que habría impedimentos a la libre expresión en programas de discusión política en radio y televisión pero nunca, uno solo de quienes hacían tales afirmaciones fue capaz de precisar en qué artículo de esos presuntos proyectos estaba contemplada una disposición tan ominosa.

   También hubo referencias, como si fuera nueva, a la cláusula que anticipa la presentación, antes de cada campaña electoral federal, de los lineamientos que los partidos sugieren para la cobertura de sus actividades en los medios de radiodifusión. Ya se aclaró que esa previsión se encuentra establecida desde hace más de una década en el inciso 10 del artículo 48 del Código Federal Electoral. Allí se dice que los partidos representados en el IFE se reunirán con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión “para sugerir” tales lineamientos. Aparentemente en alguna de las propuestas que circularon entre los legisladores en vez de “sugerir” se decía “presentar” o algo así, de tal manera que en vez de una recomendación, como ha venido ocurriendo durante por lo menos cuatro elecciones federales, podría tratarse de una instrucción que hubiera atentado contra la libertad editorial e informativa de los medios de comunicación.

   Los legisladores han vuelto a la fórmula actual y ahora prevén que esa disposición establecerá que el IFE, y su Comisión de Radiodifusión, “sugerirán” pautas para el manejo informativo de las campañas. Aun así, se trata de una norma innecesaria. Los partidos y la autoridad electoral no necesitan estar expresamente facultados por la ley para hacer todas las recomendaciones que quieran. La legislación existe para establecer derechos, obligaciones y sanciones. Si se trata únicamente de exhortaciones, no hace falta que estén previstas en el Código Electoral.

   De hecho, desde hace años hemos considerado que esa disposición del Cofipe resulta innecesaria e inútil. El ejercicio retórico que cada tres años hacen la autoridad electoral y los partidos para que los medios se conduzcan con equidad, objetividad, claridad y respeto en la cobertura de las campañas resulta anodino pero, además, parte de una suposición harto discutible. Ni los partidos ni la autoridad electoral debieran entrometerse en las decisiones de los medios aunque se trate de la cobertura de asuntos de tanto interés público como son las campañas electorales.

   Cada empresa de radiodifusión debe tener toda la libertad necesaria para informar o incluso dejar de informar acerca de esos temas. Si un noticiero decide darle voz o imagen solamente a algunos candidatos y no a todos, o si en vez de reportar los discursos de un mitin de campaña se ocupa de otros asuntos, sería resultado del punto de vista que decida tomar al respecto.

   Desde luego si en esa cobertura hay mentiras, distorsiones o difamaciones, la televisora o radiodifusora estará obligada a presentar aclaraciones de acuerdo con las disposiciones que ya existen en la actual ley electoral para que los partidos tengan derecho a réplica y ahora, además, gracias a la reglamentación que tendrá que garantizar a todos los ciudadanos ese mismo derecho recientemente incorporado a la Constitución.

   Es explicable que los partidos quieran hacer sugerencias acerca de la difusión de sus campañas. Para eso no necesitan respaldarse en un artículo de la ley electoral. Y en todo caso, tales recomendaciones seguirán siendo emblemáticas e inocuas. Los medios de comunicación que son manejados con responsabilidad, no necesitan admoniciones de esa índole. Y aquellos que prefieren la distorsión, el sensacionalismo y la parcialidad como divisas de su comportamiento informativo, seguirán haciéndolo así al menos hasta que encuentren un nuevo contexto de exigencia y competencia.

   Si los legisladores están realmente preocupados por la información y el desempeño de los medios, lo mejor que podrían hacer es, en el plano de los asuntos electorales, dotar al IFE de los mejores recursos de supervisión y sanción. Y más allá de los comicios, tendrían que asumir con seriedad la asignatura pendiente que es la legislación para las telecomunicaciones y la radiodifusión. El único camino para que tengamos medios con la diversidad y la calidad que merece la sociedad mexicana radica en abrir más opciones en la televisión nacional, crear un auténtico y autónomo sistema nacional de medios públicos y propiciar la evaluación crítica de los propios medios por parte de los ciudadanos.

ALACENA: Un ciudadano para el IFE

   Seguramente cuando, mañana viernes, se cierre la inscripción de autopostulaciones para formar parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral, habrá suficientes opciones respetables e interesantes para que la Cámara de Diputados designe a los tres nuevos miembros de ese organismo. Entre ellas se encuentra la candidatura que ha presentado Arturo Martínez Nateras.

   Luchador social toda su vida, Martínez Nateras fue dirigente estudiantil en los años sesenta y preso político durante tres años, después de la represión al movimiento de 1968. Fue dirigente en el Partido Comunista Mexicano, en 1976 coordinó la campaña presidencial de Valentín Campa –cuya candidatura sin registro contribuyó a impulsar la reforma electoral– y una década más tarde participó en la dirección del Frente Democrático Nacional que respaldaba a Cuauhtémoc Cárdenas.

   Editor de revistas y libros, autor él mismo de textos importantes para entender el tránsito político del país en las décadas recientes, sus convicciones lo llevaron a colaborar con Luis Donaldo Colosio a comienzos de los años 90. En 1989 organizó el Seminario Internacional sobre Sistemas Electorales y entre sus libros se encuentra El sistema electoral mexicano. Entre 1990 y 1991 fue presidente municipal de su natal Tuxpan, en Michoacán.

   Acerca del proceso en el que ahora participa, Martínez Nateras considera: “En la elección de consejeros del nuevo IFE está en juego la voluntad de los actores políticos, la capacidad de los diputados para restituir a la sociedad una parte del poder y de la soberanía delegada. Todavía ahora y espero que por última vez, los ocho diputados de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, son depositarios del patrimonio de la construcción del acuerdo. Sin embargo en nuestro país ya nada se puede hacer al modo de las cúpulas sin la intervención de la sociedad”.

   Y de sí mismo, apunta: “No soy un improvisado ni mucho menos un advenedizo. Soy un demócrata experimentado,  con más de 40 años de una todavía breve hoja de vida”. Si los legisladores están buscando a un ciudadano con experiencia política, probadas cartas democráticas y conocimiento institucional pero que además quiera ser consejero electoral, allí tienen a uno.

La Crónica de Hoy, 22 de noviembre de 2007

   Los mitoteros que irrumpieron en Catedral no tienen disculpa: violentaron el derecho de los fieles que había en ese recinto a celebrar sin sobresaltos una ceremonia religiosa y, con amenazas e improperios, manifestaron una lamentable cuan significativa intolerancia.

   Tampoco tienen disculpa los dirigentes eclesiásticos que han querido aprovechar ese incidente para decirse perseguidos e intimidados. Ninguna autoridad puede, sensatamente, garantizar que no se repita un episodio como ese. La única manera de impedir una nueva agresión radica en desarrollar una auténtica cultura de la tolerancia. Pero la jerarquía de la iglesia católica está muy lejos de la civilidad y el respeto a las posiciones de otros que se requiere para contribuir a esa distensión.

   El PRD quedó colocado contra la pared de exaltaciones y autoritarismos que ese partido, y especialmente el presidente legítimo, han cultivado particularmente desde el año pasado. El mesianismo de Andrés Manuel López Obrador se encuentra tan debilitado como las audiencias que reúne en el Zócalo, pero dejó sembrado un rencor colmado de agresividad que será parte de la sociedad mexicana durante mucho tiempo. Reacio a las soluciones políticas el discurso de un fraude que jamás fue comprobado, pero que en algunos sectores ha tenido el efecto de la mentira repetida un millar de veces, no deja más salida que la confrontación.

   El cacique perredista, cuya hegemonía se mantiene gracias a la condescendencia de todas las corrientes dentro de ese partido, se confronta en el terreno de la retórica y los gestos simbólicos. Pero algunos de sus seguidores más primitivos son capaces de exhibir una intolerancia como la que mostraron cuando entraron en Catedral. Si el PRD fuera una organización seria, el suceso del domingo estaría siendo leído por sus dirigentes como advertencia de un desbordamiento que, aunque protagonizado por grupos minoritarios, podría maltratar muy seriamente la capacidad política de ese partido. Como no lo es, sus líderes consideran que basta con las disculpas a cargo nada menos que de Gerardo Fernández Noroña –profesional de la provocación– y con el sometimiento del secretario general de ese partido a las exigencias de los obispos.

   La Arquidiócesis se ha empeñado en exprimirle todo el jugo político que sea posible a esa inexcusable torpeza de algunos seguidores del PRD. Por primera vez en mucho tiempo la iglesia se puede decir acosada, aunque sea solo por un incidente tan circunstancial como el que suspendió durante 10 minutos la misa del domingo.

   Si la rabia ante las insistentes campanadas que incomodaban a los asistentes del mitin en el Zócalo fue espontánea, confirma el espíritu soliviantado que se mantiene en algunos segmentos de los militantes de ese partido y que se nutre en panfletos como el que ahora lleva a la cinematografía el otrora respetado director Luis Mandoki. La (in) cultura del fundamentalismo político se reproduce, con ánimo autocomplaciente, dentro del PRD y en las periferias de ese partido.

   Y si, como sugieren algunos comentaristas, el piquete de enardecidos aguardaba a las puertas de Catedral esperando la señal para entrar con gritería prefabricada, se habría tratado de una triple torpeza de ese partido. El episodio dominical lesiona la de por sí mala fama del PRD. Además desplazó de la información periodística el mitin y el discurso de López Obrador. Y en tercer lugar le regaló a la jerarquía eclesiástica un pretexto casi inmejorable para fortalecer su presencia pública.

   La cúpula de la iglesia católica y los líderes del PRD, especialmente el ahora ex candidato presidencial, no han tenido malas relaciones. Cuando gobernó la ciudad de México, López Obrador invitaba con frecuencia al cardenal Norberto Rivera y otros clérigos a inauguraciones y convivios significativos para su precampaña política. En reconocimiento al trato deferente que le dispensaban, el entonces jefe de Gobierno les regaló cinco predios en los que se había proyectado la Plaza Mariana, ampliación de la Basílica de Guadalupe, y que tenían un valor de 156 millones de pesos (como informó con todo detalle La Crónica de Hoy el 20 de febrero de 2004). La construcción de ese proyecto quedó congelada y actualmente el destino de esas 3 hectáreas es incierto.

   Mantener esa relación le interesa más al PRD que a la Iglesia Católica. Por eso ayer el secretario general de dicho partido fue al Ministerio Público a presentar una denuncia, por los hechos del domingo, junto con el presidente del “Colegio de abogados católicos”. Armando Martínez Gómez se ha convertido en uno de los personajes más conspicuos del flanco derecho de la vida mexicana: ha estado en la primera línea en el combate contra iniciativas como la ley de sociedades de convivencia y la despenalización del aborto, se opone militantemente a la eutanasia y en julio pasado anunció que presentaría, a nombre del Arzobispado, una iniciativa de reformas constitucionales para que el Estado ofrezca educación religiosa en las escuelas y para permitir que los sacerdotes hagan prédicas políticas desde el púlpito.

   Esta semana, Martínez Gómez acusó a la señora Rosario Ibarra de Piedra de haber instigado la agresión del domingo pasado. El sentido de responsabilidad de esa abnegada luchadora contra la represión es bastante peregrino, pero considerar que dio la voz de alerta para el asalto a Catedral resulta desmesurado. Como es sabido, la señora Ibarra estaba en plena alocución cuando tañían las campanas de Catedral y se preguntó en voz alta a qué podría deberse que el repiqueteo durase tanto. Pero en ningún momento arengó contra la iglesia. Sin embargo el dirigente de los “abogados católicos” denunció que la iniciadora de la irrupción había sido ella. Y ayer el secretario general del PRD lo acompañó a presentar una querella judicial, contra-quien-resulte-responsable, por ese incidente.

   Aunque no es reciente, la avenencia del PRD con la jerarquía eclesiástica nunca había llegado tan lejos. El hecho de que Guadalupe Acosta Naranjo, secretario general de ese partido, se ponga al servicio del abogado de tantas causas conservadoras, da cuenta de la desesperación que ha cundido en la dirigencia perredista a causa del altercado en Catedral pero, sobre todo, de la profunda confusión que domina las coordenadas políticas de ese partido.

   Por lo general, el PRD ha sido más que condescendiente con los intereses e incluso con el siempre insatisfecho afán de la jerarquía eclesiástica para ganar más presencia e influencia públicas. A contrapelo de las tradiciones laicas que mantienen las izquierdas en casi todo el mundo, en México el PRD y varios de sus principales dirigentes han confundido la defensa de la democracia con las prerrogativas políticas de la iglesia católica. No han querido entender que el laicismo implica separación entre la religión y la política y, también, respeto a las convicciones religiosas –o a la ausencia de ellas– de cada individuo.

   Con la sencillez de quienes tienen conceptos claros, el filósofo Fernando Savater ha escrito sobre tales principios: “Vivir en una sociedad laica significa que a nadie se le puede impedir practicar una religión ni a  nadie se le puede imponer ninguna. O sea, que la religión (incluida la actitud religiosa que niega y combate las doctrinas religiosas en nombre de la verdad, la ciencia, la historia, etc…) es un derecho de cada cual, pero nunca un deber de nadie y mucho menos de la colectividad. Las jerarquías eclesiásticas –ninguna, nunca– no tienen derecho a convertirse en una especie de tribunal general de última instancia que decida lo que es moral e inmoral en la sociedad, lo que debe ser legal o lo que ha de ser prohibido, quién es digno de gobernar y quién debe ser éticamente repudiado. Las autoridades religiosas no son autoridades morales ni legales: pueden establecer lo que es pecado para sus feligreses, no lo que ha de ser delito para todos los ciudadanos ni indecente para el común del público”.

   En la más reciente de sus obras, el pequeño Diccionario del ciudadano sin miedo a saber (Ariel, Barcelona, 2007), Savater precisa: “El laicismo no es una opción institucional entre otras: es tan inseparable de la democracia como el sufragio universal”.

   Así que los vocingleros del domingo, al violentar la misa, atentaron contra uno de los fundamentos del Estado laico que es el derecho de todos a profesar las creencias que quieran. Pero también los obispos y sus acólitos violentan frecuentemente esos principios cuando intentan imponer sus concepciones morales al resto de la sociedad. Ahora el representante legal de los intolerantes obispos es escoltado por el secretario general del PRD para presentar una denuncia judicial. Si alguna vez se habló de la iglesia en manos de Lutero, ahora podríamos reconocer que al menos una parte de la izquierda se encuentra en manos… de Norberto.

La Crónica, noviembre 15 de 2007

  La primera reacción ante el categórico triunfo del PRI en Puebla ha sido desempolvar el catálogo de siempre útiles y antaño inevitables lugares comunes: contundente, arrollador, carro completo, ha podido decirse de la operación política que le permitió a ese partido ganar todas las diputaciones de mayoría y casi el 70% de los municipios (entre ellos casi todas las ciudades) en aquella entidad. Ese lenguaje, con el que era usual comentar los incidentes de la vieja política mexicana, viene a cuento porque en las elecciones del domingo se reeditó la escena de un PRI que gana de manera tan impetuosa que pareciera que nada hubiera sucedido en el país durante los últimos años.

   El asombro ante esos resultados es mayor debido a la pésima imagen pública que envuelve al gobernador Mario Marín Torres desde que, en febrero del año pasado, se conoció la procaz conversación telefónica que había sostenido con el desdichadamente célebre empresario Kamel Nacif. Aquel diálogo, en donde el negociante textilero acusado de pederastia agradecía la intervención del gobernador para hostigar a la periodista Lydia Cacho que develó sus tropelías, colocó a Marin en el sótano de las simpatías nacionales. Dentro y fuera de esa entidad se daba por descontado que el gobernador tendría que renunciar y que, a causa de ese desprestigio, la fuerza electoral de su partido declinaría significativamente en Puebla.

   Posiblemente aquella vergonzosa conversación influyó de manera significativa para que en julio de 2006 el PRI obtuviera en Puebla solamente el 23% de los votos en la elección presidencial. Pero desde entonces ese partido desplegó una labor de reconstrucción política que ha tenido como consecuencia el resultado del domingo pasado.

   A muchos observadores de la política mexicana y quizá a no pocos ciudadanos, especialmente en el Distrito Federal, les resulta difícil entender por qué los poblanos avalaron, al votar por su partido, a un gobernador de tan maltratada fama pública y que ha estado involucrado con personajes tan execrables como su interlocutor de aquella bochornosa conversación telefónica. Se requiere tener cara bastante dura para seguir en el escenario público después de la divulgación de aquella charla. Pero evidentemente el resultado electoral, que reivindica al PRI y por lo tanto a ese personaje político, tuvo causas mucho más amplias.

   El Revolucionario Institucional se llevó todas las posiciones electorales en el Congreso local y buena parte de los ayuntamientos porque en Puebla, igual que en casi todo el país, no han desaparecido las redes clientelares ni las prácticas que las han alentado durante largo tiempo. La crisis nacional del PRI posiblemente propició que ese entramado de relaciones caciquiles y corporativas dejase de funcionar con la eficacia de otras épocas. Pero en cuando pudieron recuperarse los viejos operadores electorales de ese partido volvieron a lo suyo, lo cual no es sorprendente. Un gobernador que confiesa haber manipulado al Poder Judicial para perseguir a una periodista incómoda, es perfectamente capaz de acudir a recursos de la vieja política en busca de ventaja en una elección.

   Los priistas en Puebla, además, se beneficiaron de la pésima actuación política de sus adversarios. Los candidatos del PAN, especialmente en la capital del estado, aparentemente confiaron en que se mantuvieran los resultados electorales del año pasado y  llegaron a las campañas tarde y divididos. A diferencia de la tenaz presencia en esa entidad de los dirigentes nacionales del PRI para respaldar a sus correligionarios, los líderes del PAN parecen haberse desentendido de esa elección. Por otra parte los medios de radiodifusión locales tomaron partido por los candidatos del PRI al menos cuando decidieron no transmitir algunos spots panistas en donde se recordaban las conversaciones telefónicas del gobernador Marín.

   También hay que considerar que no todo el PRI en esa entidad se encuentra mimetizado a los intereses ni a los hábitos del gobernador. La  candidata ganadora en la capital del estado, Blanca Alcalá Ruiz, se ha apresurado a manifestar cierta distancia respecto del gobernador.

   La mayoría de los poblanos estuvo ausente de los comicios. En todo el estado la tasa de participación fue cercana al 50% y en las zonas con más ciudadanos registrados, como la propia capital, apenas superó el 40%. Esa circunstancia favoreció a los candidatos del PRI, que suelen tener un voto duro más fiel que el de otros partidos. Las elecciones del domingo en Puebla confirman que, por lo general, la abstención beneficia al Revolucionario Institucional.

   También es posible que en ese resultado haya influido el desinterés del gobierno federal para vencer al partido del gobernador Marín. O, para decirlo de otra manera, quizá tuvo alguna consecuencia el aparente propósito del presidente Felipe Calderón para no enfrentarse a Marín en busca, tal vez, de la adhesión de los legisladores federales que le son fieles a ese gobernador. Esa era una hipótesis que ayer se mencionaba con insistencia en los medios de aquella entidad y que a los candidatos panistas les permitía considerar que perdieron debido a factores externos y no a la debilidad de Acción Nacional en Puebla.

   En todo caso, parece claro que el descrédito que Mario Marín padece en la opinión publicada no es necesariamente compartido por los poblanos. Numerosos comentaristas y conductores se han preguntado, en el transcurso de esta semana, por qué los ciudadanos no castigaron, rehusándose a votar por su partido, la conducta del antipático gobernador.

   Algunas respuestas las podemos encontrar en el análisis de periodistas poblanos como Arturo Rueda, que escribe la columna “Tiempos de Nigromante”. En uno de sus textos de esta semana ese periodista recuerda que en Puebla: “Cientos de organizaciones campesinas, obreras, taxistas, concesionarios, abogados, jóvenes, y hasta la dominación que ejercen pastores y sacerdotes son mecanismos de control político muy difíciles de romper. El priísmo gana y supervive siempre gracias a su control corporativo”.

   El año pasado ese control se debilitó debido a que la situación jurídica del gobernador, cuando fue denunciado el acoso contra la periodista Lydia Cacho, parecía incierta. Gracias a ello y a la polarización política nacional el PAN pudo ganar en Puebla. De acuerdo con Rueda: “Sucede que en el 2006 se disolvieron los controles corporativistas al interior del estado por dos razones. Una, que a causa del escándalo Cacho y la muy alta probabilidad de que Marín fuera destituido de la gubernatura, todas las organizaciones, federaciones y asociaciones dejaron de escuchar las instrucciones del partido y de Gobernación. Y dos, como Madrazo entró derrotado a la elección presidencial, los líderes corporativos no tenían incentivos para participar en la campaña tricolor y prefirieron voltear hacia el panismo, y en especial al perredismo por la victoria casi cantada de López Obrador. Por ello fue que 350 mil votos tricolores se trasladaron a la Coalición por el Bien de Todos”. En aquella ocasión el PAN obtuvo el 37.5% de los sufragios en Puebla y el PRD el 32.3%.

   Más tarde, sin embargo, conforme se alejó la posibilidad de ser llevado a juicio político, Marín recuperó capacidad de maniobra. Siguiendo la reflexión de Rueda, que el año pasado fue despedido del programa que conducía en una radiodifusora en represalia porque se empeñaba en seguir mencionando las acusaciones de Cacho contra el gobernador: “¿qué ocurrió entonces entre julio del 2006 y noviembre del 2007? Pues que con diligencia y paciencia Marín se dedicó a reactivar los controles corporativos que se habían disuelto en la campaña presidencial. La expectativa de permanecer en el poder, la recuperación de su imagen mediática y el gasto desmedido en obras de relumbrón consolidaron el llamado a los líderes que en tropel comenzaron a acudir a Gobernación, desde donde se operaron todos los compromisos”.

   Eso es, al menos en parte, lo que sucedió en Puebla.  El resultado del domingo beneficia políticamente a Marín, aunque no lo descargue de la apreciación pública suscitada por sus complicidades con personajes como Nacif. En Puebla, como en otros sitios del país, el PRI no está desplazado del escenario político aunque para ello tenga que acudir a las viejas prácticas de siempre, con los mismos personajes de siempre. O para machacar otro estereotipo, en este caso monterrosiano, el dinosaurio permanece. Quizá nos habíamos adormilado suponiendo que ya no estaba allí.

ALACENA: Narro, Rector

   También a propósito de la UNAM, con motivo de la decisión que anteanoche y con menos discusión de la que se esperaba tomó la Junta de Gobierno, se ha podido hablar del éxito de viejas prácticas corporativas. Esa sombra sobre su designación forma parte de los retos más importantes del nuevo Rector. El doctor José Narro Robles tiene la experiencia y la sagacidad política necesarias para saber que, además de consolidar avances de la administración saliente, necesita procurar la calidad académica más allá de discursos autocomplacientes como una forma, entre otras, para establecer distancia respecto de su antecesor en la Rectoría.

La Crónica, 8 de noviembre de 2007

La próxima reforma legal para los medios de comunicación tiene que ser integral, incluyente y ambiciosa. De otra manera no tendría sentido la extensa discusión que se mantiene ahora mismo y que se reavivó hace algunos meses cuando la Suprema Corte de Justicia desechó los artículos más importantes de la ley Televisa. A raíz de aquella decisión judicial, el Senado de la República conformó un “grupo de trabajo plural” integrado por los coordinadores y varios legisladores de cada uno de los grupos parlamentarios así como por los presidentes de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos. El Grupo elaboró una agenda de temas a discutir en la revisión de la legislación para las telecomunicaciones y la radiodifusión y desde el mes pasado ha invitado a varias organizaciones e instituciones a que presenten puntos de vista al respecto.
Ayer, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) entregó en el Senado sus propuestas para esa reforma legal. Junto con otros miembros de la Asociación tuve el privilegio de acompañar a Javier Corral Jurado, presidente de la Asociación, en la presentación de ese documento.
En ese texto manifestamos que la reforma legal para los medios y las telecomunicaciones no tendría sentido si no se la reconoce como uno de los pasos más importantes para construir en México una auténtica sociedad de la información. Los grandes medios de comunicación han permanecido acaparados por un puñado de concesionarios. El privilegio de difundir por radio y televisión ha estado supeditado al capricho o la conveniencia del poder político. Los contenidos en muchos de esos medios han estado definidos por el afán de lucro y no por la responsabilidad social. El acaparamiento y la incapacidad para enfrentar el contraste y la diversidad han llevado a las corporaciones mediáticas más influyentes a oponerse militantemente a cualquier apertura que propicie la competencia, especialmente en la televisión abierta.

La acumulación de muchos recursos comunicacionales en pocas manos reforzó el poder que de por sí confiere siempre el privilegio de acceder a una concesión de radio o televisión. Y esa capacidad de influencia, convirtió a los principales concesionarios en un poder que en ocasiones se ha colocado al margen del Estado y ha querido sobresalir por encima de las instituciones legales. Ese afán acaparador les permitió incluso, a los consorcios comunicacionales, promover y lograr la aprobación de una reforma legal que ampliaba los privilegios que ya tenían.
Aquellos excesos, sumados a los que han cometido cuando han tratado de subordinar a sus designios a segmentos importantes de la clase política mexicana, han encontrado resistencias y respuestas muy importantes. Hace año y medio, cuando estaba a discusión la contrarreforma a las leyes federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones a las que no resultó exagerado denominar como ley Televisa, no fueron pocos los legisladores que, especialmente en el Senado de la República, se manifestaron en contra. La acción de inconstitucionalidad promovida por casi medio centenar de ellos permitió que, un año después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara los puntos más relevantes de aquellas modificaciones legales.
Esa histórica decisión de la Corte contribuyó a crear un contexto propicio a la reforma constitucional en materia electoral que en septiembre pasado aprobó el Congreso de la Unión y la cual, a pesar del tosco rechazo que le opusieron algunos concesionarios de televisión y radio, fue impulsada por los partidos políticos más importantes. La consecuencia necesaria de tales decisiones es ahora la instauración de una auténtica reforma para las leyes que regulan a las telecomunicaciones y la radiodifusión. Esa, lejos del abuso en beneficio de unos cuantos que constituía la ley Televisa, tendrá que propiciar una modificación decisiva y en beneficio de la pluralidad y la democracia en el panorama actual de los medios de comunicación en México.
El avance tecnológico de los años recientes ha favorecido la existencia de nuevos y cada vez más difundidos recursos para almacenar, propagar y reproducir cantidades de información crecientemente cuantiosas. Sin embargo, el desarrollo en nuestro país de esos recursos ha sido limitado y desigual. No han existido políticas públicas suficientemente amplias y capaces de proporcionar a la mayoría de los mexicanos acceso franco, constante y de calidad lo mismo a tecnologías interactivas como Internet y la telefonía que a medios de difusión como la televisión y la radio. La brecha digital se ha añadido a otros factores de escisión social que ya padecíamos. Los proyectos estatales para utilizar Internet se han limitado a promover la administración y la gestión electrónicas pero no han propiciado el aprovechamiento de tales recursos por parte de los ciudadanos. La telefonía, tanto fija como celular, ha tenido una expansión considerable aunque hay zonas del país en donde se han desarrollado de manera irregular. También en esta área de las comunicaciones el interés monopólico ha obstaculizado la diversificación de empresas que, junto con una auténtica y eficaz regulación estatal, podría mejorar la calidad y reducir los precios al consumidor de tales servicios.
La revisión de la legislación para las telecomunicaciones y la radiodifusión tiene que estar orientada por la búsqueda de un auténtico proyecto de sociedad de la información para este país. Por tal proyecto, entendemos al contexto de normas jurídicas y políticas públicas que pretenda la equidad, la participación, la construcción del conocimiento y la solidificación de la cultura cívica de los mexicanos.
En su propuesta de reforma integral para los medios de comunicación y las telecomunicaciones, la Amedi reivindica antes que nada derechos de los ciudadanos como los de réplica, expresión e información. También considera que a la radiodifusión se la debe reconocer como servicio público.
El espectro radioeléctrico es y debe seguir siendo propiedad de la nación: cualquier usufructo con propósitos comerciales tiene que ser a cambio de una contraprestación económica pero los criterios para asignar la concesión deben tomar en cuenta, antes que nada, el servicio que recibirá la sociedad.
A la convergencia digital se la debe aprovechar plenamente, siempre a partir de las políticas que establezca la autoridad reguladora y privilegiando, por encima de cualquier otro, el interés público. Y para que haya congruencia entre el desarrollo tecnológico que hoy amalgama formatos, canales y modalidades para la difusión de los mensajes, se propone la creación de una sola ley federal tanto para la radiodifusión como para las telecomunicaciones.
La regulación de tales áreas tendría que estar a cargo, siempre en concordancia con esos principios, por un órgano autónomo respecto de los poderes estatales como, por supuesto, de las empresas a las que normaría. La creación de ese organismo haría necesaria una reforma constitucional para que la asignación de concesiones no sea privilegio del Ejecutivo Federal sino responsabilidad de la nueva entidad autónoma.
Acceso, conectividad y diversidad son otros principios que normarían el nuevo marco legal, siempre de acuerdo con la propuesta de la Amedi. La garantía de acceso universal requiere políticas de Estado a fin de diversificar la educación, el aprovechamiento y los recursos para acceder a Internet y aprovechar creativa y participativamente sus contenidos, así como la obligación para que los contenidos de televisión y radio que se propagan en señales abiertas sean incluidos en todos los servicios que difunden a esos medios de manera codificada o de paga. La conectividad, exige de la mayor flexibilidad posible para la interconexión de las redes digitales, independientemente del formato o de los contenidos que propaguen. La diversidad, implica entre otras consecuencias que en la asignación de concesiones se tomen en cuenta requerimientos de grupos étnicos, universidades e instituciones educativas y organismos comunitarios.
La legislación deberá garantizar los principios de pluralidad, libertad de expresión y derecho a la información con responsabilidad. Se sugiere, por ejemplo, que en la radiodifusión haya pautas para clasificar la programación. También hacen falta reglas para que el derecho de réplica recientemente consagrado en la Constitución sea realidad. En otro tema, se considera que los productores tienen derecho a que los contenidos de su autoría sean difundidos sin censura, modificaciones o confiscaciones de cualquier índole.
La Amedi propone que en la radiodifusión pueda haber inversión extranjera directa, con límites precisos, con lo cual terminaría la simulación que significa la inversión enmascarada a la que hoy en día acuden empresas extranjeras para participar en medios de nuestro país.
Y de manera especial, la Asociación promueve la existencia de medios de radiodifusión auténticamente públicos: con autonomía funcional respecto del resto del Estado, financiamiento versátil que incluya recursos fiscales junto con el derecho a comercializar espacios y vinculación con la sociedad que sea un referente para afianzar calidad y variedad de sus contenidos.
Esos son los principios que orientan las propuestas de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información entregadas ayer, en un documento de 66 cuartillas, al Grupo Plural de senadores. El texto completo estará disponible en los sitios del grupo senatorial: http://www.senado.gob.mx/telecom_radiodifusion/ y de la propia Amedi: http://www.amedi.org.mx Estas propuestas seguramente no ganarán consenso en Televisa ni en Televisión Azteca. Pero ya se ha demostrado que la animosidad de esas empresas (que, por cierto, cada vez tienen menos respaldo entre otros radiodifusores) no es indispensable para abrir espacios a la democracia. Lo que se requiere es decisión y cohesión de los legisladores para completar la delimitación del poder mediático que iniciaron en junio pasado los ministros de la Corte al invalidar la contrarreforma del año pasado y prosiguieron en septiembre los propios senadores y diputados con las reformas constitucionales que moderan la influencia política de la radio y la televisión.

Publicado en La Crónica de Hoy, jueves 1 de noviembre de 2007

¿Qué Universidad Nacional necesita el país? ¿Cuál es el Rector idóneo para consolidar a esa Universidad? Tales son las preguntas pertinentes ahora que se discute la designación del próximo Rector de la UNAM. Más allá de adhesiones y compromisos, las grandes cuestiones en este proceso giran alrededor de la calidad en las tareas universitarias y en la capacidad para conducir a esa institución.
La UNAM que quisiéramos los mexicanos, y estoy seguro de que la primera persona del plural en este caso no es abusiva, debería ser una institución cuyos egresados fueran suficientemente aptos para contribuir, ahora y en el futuro, al desarrollo del país. Los profesionistas universitarios tendrían que estar capacitados para aprender constantemente, de acuerdo con las exigencias de un mundo en donde el conocimiento se reelabora de manera incesante. Las viejas carreras, que dotaban al estudiante de un repertorio fijo de habilidades, ya no bastan. Los profesionistas de este siglo tienen que saber ilustrarse, compartir y competir en diversos campos. Su formación ha de ser interdisciplinaria y versátil.
La preparación que hoy les ofrece la Universidad Nacional a sus estudiantes no siempre cumple con tales requerimientos. Solamente el 48.5% de los recién egresados de esta institución contaba con empleo permanente, de acuerdo con una indagación de la Dirección General de Planeación de la UNAM realizada entre 2004 y 2005. El 21% estaba dedicado a preparar su tesis o a seguir otros estudios pero más del 22% únicamente contaba con empleo temporal, laboraba con su familia o no hallaba trabajo.
De los que sí tenían empleo, el 59% de los egresados de la UNAM ganaba menos de 4 salarios mínimos al mes. De esos egresados con ocupación remunerada, el 36% había conseguido empleo en actividades insuficientemente o nada relacionadas con los estudios de licenciatura que habían cursado.
Ser egresado de la UNAM es fuente de orgullo por muchos motivos. El prestigio social de esa institución, reanimado durante la gestión que está concluyendo, indudablemente pesa en la satisfacción de quienes pasan por sus aulas. Pero ese gusto no resuelve todas las exigencias al momento de disputar un puesto de trabajo en el mercado laboral. Por ello, y para cumplir a plenitud la responsabilidad que el país le asigna en la formación de sus profesionistas, la UNAM tiene que renovarse.
Me he detenido en las dificultades laborales que enfrentan los egresados porque allí se encuentra una de las debilidades de esta Universidad. La UNAM que México requiere necesitaría potenciar lo mejor de sí misma en beneficio de la formación de sus estudiantes y en el desarrollo de una investigación del más alto nivel académico. Para cumplir con esas tareas hace falta romper inercias y suscitar nuevas interacciones dentro de dicha institución. La UNAM padece un esclerotizado aparato administrativo que es imperioso renovar y flexibilizar. Todo ello precisa de una conducción con proyecto, experiencia y liderazgo.
Entre los profesores que aspiran a ser considerados por la Junta de Gobierno para la designación de Rector hay quienes tienen conocimiento de las encrucijadas administrativas de la Universidad; otros cuentan con destreza y relaciones políticas; algunos más se distinguen por haber labrado meritorias carreras académicas. El doctor  José Antonio de la Peña posee una comprobada pericia en la gestión universitaria, la deliberación y la negociación para resolver asuntos institucionales no le son ajenas y es uno de los investigadores más prestigiados con los que cuenta la Universidad.
De la Peña hizo el bachillerato en la Preparatoria 6 de la UNAM. Cursó licenciatura, maestría y doctorado en Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la misma Universidad. Luego realizó una estancia postdoctoral en Zurich. Sus prendas más notorias, pero no las únicas, se encuentran en el campo de la investigación porque es allí donde ha obtenido reconocimientos muy destacados. Es investigador titular en el Instituto de Matemáticas, autor de más de un centenar de artículos académicos, ha dictado un número similar de conferencias en una veintena de países y es el matemático mexicano cuyos trabajos han recibido más citas en publicaciones internacionales. Especialista en álgebra, en 1994 recibió el Premio en Ciencias Exactas de la Academia Mexicana de Ciencias y en 2005 el Premio Nacional de Ciencias en el área de Ciencias Exactas y Naturales.
De la Peña es profesor, desde 1981, en la Facultad de Ciencias. Sin embargo sus contribuciones en el campo de la docencia han llegado a otros niveles educativos. Es autor de cuatro libros de texto para secundaria. Uno de ellos, Geometría y el mundo, fue seleccionado para las Bibliotecas de Aula en las secundarias públicas y tuvo un envidiable tiraje de 100 mil ejemplares. Ha coordinado proyectos de enseñanza de las matemáticas como el que se encuentra en www.interactiva.mate.unam.mx y ha ofrecido cursos a profesores de esa asignatura. Su inquietud por la divulgación de dicha disciplina lo llevó a ser corresponsable en el diseño de la Sala de Matemáticas del Museo Universum en Ciudad Universitaria.
De la Peña fue durante dos periodos, hasta 2006, director del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional. Su aptitud para la gestión académica y en la interlocución con los poderes públicos se manifestó cuando, entre 2002 y 2004, fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y, en esos mismos años, Coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. En 2007 ocupó, durante varios meses, la dirección adjunta de Desarrollo Científico y Académico del CONACYT.
Esa experiencia podría permitirle a De la Peña mantener o tender los puentes necesarios para que la UNAM profundice una interacción creativa con el resto de la sociedad y, desde luego, con las instituciones del Estado mexicano. De la Peña es un académico muy destacado. Pero la promoción de proyectos, la construcción de interlocuciones, la negociación –la política, en fin, a la cual no hay que confundir con la politiquería– son tareas que sabe desempeñar con inteligencia y eficiencia.
Junto a esos atributos, De la Peña cuenta con un proyecto de reivindicación académica, sustentado en propuestas realistas, para que toda la Universidad se beneficie de lo mejor que hay en esa institución y enmendar deficiencias en donde existan. Dice que la vida universitaria no debiera concluir cuando el alumno deja las aulas y que, para sus egresados, la UNAM tendría que ser una referencia permanente en donde sigan actualizando sus conocimientos. Al bachillerato hay que entenderlo como una oportunidad y no como un lastre para la Universidad. Los planes y la estructura de la licenciatura es preciso revisarlos a partir de los cambios que han experimentado el país y el mundo. Las dependencias de la UNAM (facultades, institutos, planteles del bachillerato, etcétera) podrían tener distintas formas de interrelación para comenzar a dejar de ser las islas, distanciadas unas de otras, que constituyen hoy en día. En la planta académica es de extrema urgencia incorporar a jóvenes y, a los profesores de edad avanzada, ofrecerles opciones dignas cuando quieran retirarse. El liderazgo científico de la Universidad tiene que procurar el desarrollo sustentable del país, con un nuevo impulso a la creación de tecnología. La extensión cultural debiera mirar más hacia los estudiantes de todos los niveles de la Universidad. En la formación escolar, desde el bachillerato, hay que promover cursos propedéuticos de comprensión de lectura, matemáticas elementales y apreciación de la cultura. Para la evaluación del trabajo académico es pertinente justipreciar el trabajo de calidad de acuerdo con la especificidad de las tareas docentes o de investigación. Al entramado administrativo de la Universidad se requiere descargarlo de fardos innecesarios. La UNAM debiera utilizar su presencia nacional para estimular la calidad académica en otras instituciones públicas de educación superior en el país y a fin de que todas ellas tengan presupuestos estables. A través de sus posgrados, la Universidad Nacional tendría que ser un nuevo polo de influencia cultural y académica en América Latina.
Esas son unas cuantas de las propuestas que José Antonio de la Peña tiene para la UNAM. Las anoté a vuelapluma el viernes pasado cuando, igual que el resto de los aspirantes a Rector, acudió a conversar con los investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales. En exposiciones como esa, quienes no lo habían escuchado han quedado positivamente sorprendidos por el diagnóstico sin complacencias, pero sin estridencias y articulado con propuestas en cada tema, que De la Peña hace de la situación de la Universidad y por la comprensión que tiene de los asuntos de la institución. Es un académico honesto, trabajador y joven –recién cumplió 49 años–. Estoy persuadido de que sería buen Rector en mi Universidad.
Sin embargo no todas son virtudes en el perfil de ese aspirante a la Rectoría. A contracorriente de la extendida y juiciosa adhesión que suscitan los pumas, De la Peña es partidario de las chivas del Guadalajara. Él se justifica diciendo que se aficionó al futbol desde niño, antes de conocer a la Universidad. En fin, nadie es perfecto.