Sociedad y poder

La Crónica, 27 de diciembre de 2007.

   Mientras nos recuperamos de las fiestas navideñas y nos disponemos para despedir al año es poco el margen –y sobre todo el ánimo– para ocuparnos de asuntos de actualidad política. Muchos comentaristas en los diarios, durante esta semana de plano bajan la cortina de sus columnas y artículos. Otros, aprovechan para desempolvar temas que no habían tratado o se ocupan de asuntos amables, de acuerdo con el regocijo, auténtico o impostado, que campea en estas fechas. Los libros que leímos recientemente, el cine que nos gustó, nuestra música favorita, salpican de recomendaciones los espacios de opinión en la prensa.

   Un recurso más para cumplir la cita con los lectores consiste en reflexionar acerca de temas trascendentes, pero desde la óptica mundana que resulta propia de la prensa diaria. Significados de la religión, las fiestas devotas y paganas, la simbología del año nuevo e incluso la futilidad de creencias, celebraciones o despedidas al final del período anual, aparecen con regularidad en los medios.

   Y desde luego, la práctica más usual radica en llenar los espacios periodísticos de fechas, frases y resúmenes. No es exagerado decir que cuando las noticias se acaban, comienzan los recuentos. Desde semanas antes, en las redacciones de los diarios y en los medios electrónicos se preparan notas y programas enteros que cumplirán con la previsible pero además inducida expectativa de balances anuales que hay entre el público.

   A los seres humanos, quizá por efecto de la civilización pero acaso también de manera espontánea, nos gusta cerrar ciclos. La oportunidad de celebrar la terminación de una etapa pero asimismo la necesidad de voltear sobre el camino andado, se conjugan para propiciar esa afición por revisar haberes y deberes. Así ocurre, tanto en el ámbito privado como en la vida pública.

   En estas fechas de diciembre la avidez por el jolgorio precede a la inclinación por el inventario de lo hecho en el transcurso del año. Brindis, posadas, cenas y congratulaciones, han sido manifestaciones de sociabilidad más propicias al aturdimiento que a la reflexión. Después de Navidad, nos encontramos en la segunda mitad de ese periodo a veces nebuloso e impar al que la experiencia mexicana denomina como el puente Guadalupe – Reyes. Son los días para el sosiego, después de un rebumbio al que resultó prácticamente imposible sustraerse.

   Cada quien emprende, aunque sea fugazmente, el balance de lo que hizo y dejó de hacer durante el año que está concluyendo. Habrá quien privilegie los beneficios o las carencias materiales, en tanto que para otros lo más importante habrá sido el afecto que encontró o que pudo prodigar. Aquello que conocimos, aprendimos o disfrutamos, quizá resulte más relevante en el plano personal que las realizaciones o los yerros por las que se nos conoce laboral y profesionalmente.

   En la vida pública, las apreciaciones sobre lo que hemos hecho y dejado de hacer son tan variadas como las perspectivas desde donde se realizan. No son pocos los mexicanos que evalúan con dureza al gobierno porque sus condiciones de vida no son tan favorables como creyeron o como les prometieron que serían. Otros, en cambio, si han podido mantener las condiciones de privilegio que ya disfrutaban considerarán que las cosas en el país no marchan tan mal como a menudo se dice.

   El que termina ha sido un año de tránsito, recomposiciones y definiciones iniciales en el terreno de la política mexicana. La heterogeneidad del Congreso no impidió que los partidos tomasen acuerdos en temas importantes como la reforma electoral y la aprobación del Presupuesto. Sin embargo esa capacidad de acuerdo sirvió también para castigar al IFE y se quebró cuando los líderes parlamentarios intentaban designar a los nuevos consejeros electorales.

   Las instituciones judiciales, especialmente la Suprema Corte, han adquirido una notoriedad que en ocasiones resulta perjudicial para la ecuanimidad con que se deberían aplicar las leyes. Los ministros de la Corte tuvieron el acierto de enfrentar al poder mediático encabezado por Televisa, cuya ley a modo declararon inconstitucional. Luego, varios de ellos evidenciaron su conservadurismo cuando se ocuparon de las denuncias contra el gobernador de Puebla en el asunto de Lydia Cacho.

   El presidente Felipe Calderón ha podido gobernar en condiciones menos difíciles a las que se podían prever hace un año, cuando había asumido el cargo en medio de una desusada tensión. Los adversarios de ese gobierno no han sido los partidos, sino poderes fácticos como el que constituye la delincuencia organizada. Pero las turbulencias de una vida política estrepitosa e inmadura, junto con la crudeza de acciones criminales cada vez más frecuentes y extendidas, les han impuesto al gobierno y al país todo una circunstancia que limita el desarrollo económico y que resulta cada vez más asfixiante para la sociedad.

   De esa vida política inmadura son responsables los partidos, pero también otros actores del escenario público. Los dirigentes sociales y sus organizaciones que mantienen prácticas clientelares, los líderes empresariales que intencionalmente confunden el interés de la sociedad con el de sus negocios, los obispos que no desperdician ocasión para amagar en defensa siempre de privilegios corporativos, contribuyen al estruendo de un escenario público repleto de palabrería y desconcierto.

   En el deterioro, más que en el saneamiento de ese ambiente, contribuyen notoriamente los medios de comunicación. La propensión a destacar los dichos antes que los hechos y sobre todo a lucrar con el estrépito que resulta de los desencuentros y las recriminaciones entre los personajes públicos, ha llevado a los medios a ser, con frecuencia, mucho más elementos disruptivos que articuladores de la vida pública. Dentro de ellos, habitualmente resulta más desorientadora que esclarecedora la actividad de una “comentocracia” –como Jorge Castañeda ha denominado a quienes desde los espacios periodísticos conforman la opinión publicada– que pocas veces se esfuerza por buscar explicaciones que trasciendan las admoniciones o descalificaciones maniqueas.

   Esos, son elementos de un balance que solamente resultaría útil si de él obtuviéramos enseñanzas para enmendar algunos de los defectos de nuestra vida pública en el año que está por comenzar. Lamentablemente los procesos históricos, y sobre todo sus deformaciones, no se modifican al compás del calendario. El nuevo año amanecerá, por lo que toca a la política, tan envejecido y deslustrado como, en esos aspectos, termina el actual 2007.

   Los rituales de fin de año son paradigmáticos del anhelo para cambiar las cosas a golpe de recursos mágicos. En algunos países se acostumbra que, cuando llega la medianoche del 31 de diciembre, la gente arroje por la ventana platos, cubiertos y hasta muebles para simbolizar el desprendimiento que se busca respecto de lo viejo en beneficio de las cosas nuevas. Hay quienes, en otras latitudes, salen a la calle cargando maletas vacías en una metáfora de la disposición con que inician el año para llenar de nuevas experiencias las alforjas personales. También sacan escobas para barrer el umbral de la casa.

   Al terminar el año hay quienes estilan ponerse alguna prenda de color rojo dizque para atraer buenas vibraciones. Y lo más sencillo, aparte del riesgo de atragantamiento, es el ritual de las doce uvas, supuestamente para conjurar los riesgos de cada uno de los meses del nuevo ciclo anual –en lo personal, prefiero siempre que las uvas estén destiladas y procesadas en una copa de vino–.

   Respecto de la vida política, no podemos vestir de rojo a nuestros políticos y locutores, ni sería posible echar por la ventana a los partidos, medios y corporaciones que tenemos. Tampoco hay escoba capaz de barrer las impurezas de nuestro escenario público. Así que, con realismo pero sin resignación, advirtamos activos y pasivos de nuestra vida pública de la misma manera que lo hacemos en el plano personal. Siempre pensaremos que el año que termina podría haber sido mejor. Hay que empeñarnos para que el año que comienza sea tan fructífero como lo merecemos. Feliz 2008.

La Crónica, diciembre 20 de 2007

   Atrapada en las indecisiones de sus grupos parlamentarios, al postergar la designación de los nuevos consejeros del IFE la Cámara de Diputados violó por lo menos cuatro disposiciones de la reforma constitucional que sus integrantes habían aprobado tres meses antes.

   Esa transgresión forma parte del vergonzoso espectáculo que ofrecieron los diputados –y con ellos los dirigentes nacionales de los partidos representados en San Lázaro– al enredarse en una ya proverbial incapacidad para tomar acuerdos cuando están en juego cuotas de poder que cada segmento de la llamada clase política considera irrenunciables.

   Apenas un mes antes, el 13 de noviembre, había quedado promulgada la reforma constitucional que a mediados de septiembre fue aprobada por los mismos diputados que ahora la infringieron. Junto con las importantes modificaciones constitucionales en materia electoral, allí estaban contenidas las disposiciones transitorias para la sustitución de los consejeros del IFE que serían destituidos sin que jamás hubiera explicación política expresa ni justificación legal alguna para ello.

   El Artículo Cuarto Transitorio dice con toda claridad que, en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de esa reforma constitucional, la Cámara de Diputados tendría que haber integrado el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Ese plazo se cumplió el 13 de diciembre.

   Los legisladores tenían tan presente esa fecha que desde comienzos de la semana pasada intensificaron sus negociaciones para designar a los consejeros del IFE. El calendario que establecieron incluyendo el proceso de auto postulaciones, la inopinada descalificación de buena parte de los inscritos y la extravagante pasarela a la que fueron sometidos quienes llegaron a esa fase, estaban diseñados precisamente para respetar el plazo que concluía el día 13.

   Ahora sin embargo, en una mezcla de cinismo y prevaricación a la cual los diputados han querido denominar realismo político, sostienen que no quebrantaron la ley. Además de tramposos han resultado mentirosos.

   Junto al incumplimiento del plazo legal, la Cámara de Diputados contravino la reforma constitucional al no haber designado al nuevo presidente del IFE. Una tercera infracción ha sido el desacato al mandato para que, además, eligiera a dos nuevos consejeros electorales. Y una cuarta, la omisión para elegir a quienes, de entre los actuales consejeros, terminarán su mandato en agosto de 2008 y a los que continuarán hasta octubre de 2010.

   Como resultado de esa indolencia de los diputados, el Instituto Federal Electoral quedó descabezado. Luis Carlos Ugalde no podía seguir al frente de esa institución porque la reforma constitucional le había puesto plazo fijo a la arbitraria terminación de su encargo.

   Los líderes parlamentarios quisieron justificar su propia incuria para acordar la designación de los nuevos consejeros acudiendo a una leguleyada que ni siquiera ellos mismos se creen. El Artículo Cuarto Transitorio, que establece los plazos para la integración del Consejo General del IFE, incluye en su último párrafo la siguiente disposición:

   “Los consejeros electorales y el consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán en sus encargos hasta en tanto la Cámara de Diputados da cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo”.

   Ese párrafo ha sido esgrimido por algunos de los diputados federales, especialmente por Emilio Gamboa que coordina la fracción del PRI, para manifestar que no hay ilegalidad al postergar la designación de los nuevos consejeros electorales. Somos tan previsores, han dicho esos legisladores, que al redactar los transitorios incluimos una cláusula de seguridad por si nos demorábamos en la designación de los consejeros.

   También en eso mienten tales diputados. La reforma constitucional no la diseñaron ellos sino los senadores. La Cámara de Diputados aprobó sin modificación alguna la minuta que le envió su colegisladora. Y la previsión que incluye el citado párrafo del Cuarto Transitorio no deja lugar a dudas. Allí se aclara que los consejeros electorales que ya ocupaban esos cargos al momento de la promulgación de la reforma constitucional, seguirían en ellos durante los 30 días que, cuando mucho, transcurrirían hasta la designación de los nuevos funcionarios del IFE. Allí seguirían, se dice, “hasta en tanto la Cámara de Diputados da cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo”. ¿Y qué es lo que dispone tal artículo? Pues precisamente los plazos para esos nombramientos: 30 días a partir de la publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial.

   Los legisladores, cuando redactaron la reforma constitucional, estaban tan seguros de que en 30 días lograrían los acuerdos suficientes para designar a las nuevas autoridades electorales que, además de señalar un plazo específico, dejaron sin efectos los nombramientos de consejeros suplentes que el Congreso aprobó en octubre de 2003 cuando eligió a Luis Carlos Ugalde y al resto de los miembros del Consejo General del IFE.

   Así que por donde se le mire no había manera de evitar, dentro de la ley, el cumplimiento de esa disposición. Los diputados la transgredieron a sabiendas de lo que estaban haciendo. Y actuaron así ante la incapacidad de sus dirigentes parlamentarios para ponerse de acuerdo en la designación de tres ciudadanos para el IFE.

   Esa infracción crea una situación de incertidumbre tanto para la autoridad electoral como para el sistema político mismo. Seguramente nadie declarará ilegal al actual Consejo del IFE aunque habría motivos jurídicos para hacerlo. Pero la erosión política que se infligen a sí mismos y que propagan por el resto del entramado legislativo e institucional señala ya los límites de la extraordinaria capacidad de acuerdos que el Congreso había demostrado tanto en la reforma constitucional como en la elaboración del nuevo Código Federal Electoral.

   No es de extrañar que los inmediatamente afectados por esa reforma, que son los propietarios de las cadenas de la televisión privada, señalen de manera acusadora, e incluso festejen marrulleramente, el desatino de los diputados al postergar la designación de los consejeros electorales. Lo menos que podría decirse es que esos legisladores les regalan a sus adversarios una espléndida ocasión para denostar al Congreso. Pero es inevitable recordar que las posiciones más críticas respecto de las empresas de radiodifusión privada se han extendido especialmente en el Senado y mucho menos en la Cámara de Diputados. Y uno de los operadores del fallido intento para acordar la designación de los consejeros electorales ha sido nada menos que Emilio Gamboa Patrón, el coordinador priista a quien por muchos motivos se ha podido considerar, en distintas circunstancias, como abanderado de Televisa.

   Claro que si Gamboa y su fracción han desempeñado un papel central en este diferendo ha sido por omisiones de los partidos que tienen más representantes en San Lázaro. Según distintas versiones, el desencuentro de los diputados se originó en la obcecación del PRD para no aceptar como presidente del IFE a nadie que no fuera don Genaro Góngora Pimentel. Los motivos del PAN para oponerse a ese ministro de la Corte no han sido claros y aparentemente están más fundados en suposiciones acerca de las simpatías de Góngora que en hechos o decisiones verificables.

   Pero como quiera que fuese, era un hecho que ese personaje no reunía el consenso de los tres partidos que se ha considerado necesario para que la nueva autoridad electoral tenga suficiente respaldo político. Al aferrarse a una sola opción el grupo parlamentario del PRD, comenzando por su coordinador Javier González Garza, se convirtió en simple correa de transmisión de las fobias y los vetos de Andrés Manuel López Obrador. Gracias a ellos, el ex candidato presidencial consiguió boicotear la designación de la autoridad electoral.

   Los diputados del PRI y el PAN, al carecer de una política precisa que orientara esa decisión, quedaron atrapados en el regateo por posiciones coyunturales. Con el vulgar trapicheo al que quedó supeditada esa designación y junto con los ya mencionados atropellos legales, el IFE quedó más maltratado que nunca.

   En ese contexto adquiere mayor sentido la decisión de Luis Carlos Ugalde. Con su renuncia, anunciada el viernes 14 de diciembre, el consejero presidente les reviró a los diputados la bofetada política que le habían propinado al destituirlo. Quienes han incumplido la ley y ponen en riesgo la estabilidad del IFE son ellos. Los promotores de la remoción jamás demostraron que Ugalde hubiera cometido alguna falta legal. En cambio, quienes lo separan de ese cargo no son siquiera capaces de cumplir los plazos y las formas de las modificaciones constitucionales que ellos mismos aprobaron.

   La renuncia de Ugalde tiene alcances políticos y también éticos. Allí se dice, con toda razón: “El IFE no puede ser sujeto de los vaivenes y desacuerdos de los partidos. El IFE merece respeto porque lleva a cabo una función central en beneficio de los ciudadanos. La dignidad del IFE está por encima de los intereses de los partidos”.

   La torpeza política de los diputados le dio al doctor Ugalde la oportunidad de reivindicar una dignidad que nunca dejó de tener como presidente del IFE pero que ha sido especialmente ostensible en la última decisión que tomó al ejercer esa responsabilidad. Luis Carlos Ugalde se va del IFE con la certeza de que cumplió razonablemente bien con las complejas obligaciones de ese cargo. Las equivocaciones políticas que pudo haber tenido nunca fueron resultado de la mala fe y jamás implicaron contravención de la ley.

   El patético espectáculo que ofrecieron los consejeros electorales, que cuando tuvieron necesidad de reemplazar a su presidente se interesaron más en dirimir rencillas domésticas que en preocuparse por el IFE, contribuye a explicar algunas de las dificultades que enfrentó Ugalde durante su gestión. Es difícil llegar lejos con la mayor parte de esos consejeros, que no han sido capaces de mirar más allá de la esquina de Tlalpan y Periférico Sur. Andrés Albo, uno de los más rescatables de entre ellos y que en distintas circunstancias ha manifestado prudencia y talento, quedó provisionalmente a cargo de la presidencia.

La Crónica, jueves 13 de diciembre de 2007

   Una de las mejores noticias en los tiempos recientes había sido la decisión de casi 500 ciudadanos para competir por las tres posiciones que el revanchismo de los partidos dejó vacantes en el Consejo General del IFE. El rango de habilidades disciplinarias y experiencias políticas de esos aspirantes era muy amplio: abogados, politólogos, profesores, economistas; especialistas en temas electorales; viejos y recientes luchadores sociales; comentaristas con alguna presencia mediática; antiguos consejeros del propio IFE y ex funcionarios de organismos electorales en los estados; investigadores universitarios; miembros del sistema judicial… Evidentemente no todos tenían méritos suficientes pero entre esos casi 5 centenares había una pléyade sorprendentemente cuantiosa.

   Por eso tenía gran importancia el proceso de selección a cargo de los partidos en la Cámara de Diputados. Sabiéndose culposos de la decisión para remover al todavía hoy presidente del IFE y a dos consejeros más, los diputados montaron un dispositivo en donde el show prevaleció sobre la deliberación.

   Desde el primer momento fue claro que la designación de los consejeros sería una decisión política como siempre ha ocurrido. No puede suceder de otra manera porque se trata de responsabilidades eminentemente políticas por mucho que, además, se requieran cualidades específicas para fungir como autoridad electoral. El problema es que el nombramiento de estos tres consejeros y la selección de aquellos que tendrán que ser destituidos antes de cumplir los siete años para los que fueron designados en 2003 está condicionada por una decisión injusta.

   La venganza política impulsada atrabiliariamente por el PRD, admitida marrulleramente por el PRI y admitida dócilmente por el PAN para deponer al presidente del IFE y a dos consejeros más, llevó a los diputados a improvisar un mecanismo de selección que supuestamente sería cristalino y pulcro. Pero de los 500 iniciales, los filtros establecidos para llegar a 106 candidatos fueron tan crípticos como caprichosos.

   En el poco más de un centenar de ciudadanos admitidos para ser entrevistados por las comisiones de diputados quedaron mexicanos notables por su conocimiento del tema electoral así como, en algunos otros casos, por su respetabilidad personal y política. El problema de esa lista no eran tanto los agraciados con un sitio en ella como varios de los excluidos, que tenían tantas o mejores credenciales que la mayor parte de aquellos 106.

   Nadie en San Lázaro ha sido capaz de explicar por qué de esa selección fueron apartados académicos de tan puntual conocimiento de los temas electorales como Álvaro Arreola Ayala y Yolanda Meyenberg Leycegui, investigadores en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Arreola tiene varios años estudiando las legislaciones electorales del país y cuenta con experiencia práctica pues fue consejero electoral en el Estado de México. Meyenberg ha trabajado temas de cultura política y reformas institucionales y participó en la oficina de Comunicación del pasado gobierno federal.

   Como ellos, hay varios casos notorios de aspirantes que reunían todas las condiciones formales y varias de las cualidades políticas pertinentes para formar parte del cuerpo directivo del IFE pero que fueron inopinadamente descartados de esa posibilidad. Otro de ellos,  Pablo Javier Becerra Chávez, investigador y profesor en la UAM Iztapalapa, considera en una carta publicada este miércoles en el diario Reforma: “Los ciudadanos descartados nunca fuimos informados puntualmente de las razones de nuestra exclusión ni de los requisitos que, supuestamente, no cumplimos. No pretendo que mi participación en dicho proceso deba concluir necesariamente con mi inclusión entre los finalistas, pero me parece inaceptable que la Comisión de Gobernación pase por encima de mi trayectoria y de la de colegas de gran valía…”

   Esa queja y otras similares quedarán sin respuesta porque si algo define al proceso de selección que montaron los diputados, es la discrecionalidad. Las entrevistas con los 106 aspirantes fueron públicas pero no por ello hubo mayor transparencia. Gracias a que se difundieron en el Canal del Congreso fueron públicos méritos y personalidades de todos ellos pero, sobre todo, la ordinariez que desplegaron algunos legisladores contra los aspirantes que quisieron suponer adversarios suyos.

   La retahíla de insolencias que la diputada Layda Sansores descargó contra la doctora María Marván Laborde dibujó con nitidez la vergonzosa carga de necedad que sigue existiendo en nuestro Poder Legislativo. Heredera, literal y políticamente, del viejo caciquismo priista, si algo ha definido durante los años recientes a la ahora diputada Sansores es la carencia de principios a la que, en estos tiempos de difuminación de la realidad en aras de la corrección política, algunos denominan simplemente pragmatismo. Esa fue la diputada que, sin credencial democrática alguna y para sonrojo de la mayoría de sus colegisladores, propició con sus agresiones que la doctora Marván desistiera de seguir participando en el proceso para la llegar al Consejo del IFE.

   Con sinrazones y contradicciones, la nómina de 106 quedó reducida a 39. Y otra vez, los motivos para seleccionar a unos sí y a otros no quedaron en la oscuridad. Puesto que no se conocieron los criterios que supuestamente utilizaron los diputados para calificar a más de 100 aspirantes, puede suponerse que hubo alguna dosis de ignorancia y antipatía para descartar a varios de ellos.

   Nos quedamos sin saber por qué fueron excluidos ciudadanos como Mireille Rocatti, ex presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Rosa María Mirón Lince, investigadora en asuntos electorales y ex consejera del Instituto Electoral del DF; Fernando Serrano Migallón, sobresaliente director de la Facultad de Derecho de la UNAM y autor de obras sobre legislación electoral o Arturo Martínez Nateras, que además de ofrecer como aval su trayectoria política personal hizo propuestas muy puntuales sobre lo que hubiera hecho de llegar al IFE.

   A pesar de todo ello, si anoche los diputados responsables de la designación seguían entrampados, acaso no era por falta de opciones interesantes para cubrir las tres posiciones en el Instituto Federal Electoral. Entre los aspirantes que se mantuvieron hasta la fase final hay ciudadanos de largo y respetado recorrido en el servicio público como los ex embajadores Jorge Eduardo Navarrete y Ricardo Valero. Está el ministro de la Suprema Corte Genaro Góngora Pimentel, a quien se le atribuyen simpatías políticas que él no ha querido tomarse la molestia de esclarecer. Hay varios ex funcionarios electorales como el ex presidente del IEDF Javier Santiago Castillo, la ex consejera de ese mismo Instituto María Elena Homs Tirado, el ex presidente del Tribunal Electoral José Fernando Ojesto y los ex consejeros del IFE Virgilio Rivera –que por algo habrá obtenido la mayor calificación en la puntuación que adjudicaron los diputados– y Mauricio Merino Huerta, mencionado desde hace varias semanas entre quienes tenían más posibilidades de ser seleccionados y que ayer en su artículo de El Universal advirtió a los partidos: “El consenso político que han venido anunciando no puede ser un asunto cosmético ni trivial, sino el principio de la reconstrucción de los acuerdos que le permitan a México volver a la ruta de la consolidación democrática”.

   También hay académicos de sólida obra en el campo de la ciencia política y la sociología como Víctor Alarcón Olguín, José Fernández Santillán y Leonardo Valdés Zurita, éste último además ex consejero electoral en el IEDF. Similar es la experiencia de Pablo Arredondo Ramírez que, a su desempeño como investigador y funcionario académico en la Universidad de Guadalajara, aúna la experiencia que tuvo durante tres elecciones como consejero en el Consejo Local del IFE en Jalisco. Arredondo podría aportar la visión de los estados del país que no siempre está presente en el organismo electoral pero, sobre todo, el conocimiento que tiene como especialista en la influencia política de los medios de comunicación.

   Y está desde luego, ampliamente conocido gracias a la comprensión especializada pero también a la sensatez que ha manifestado en el análisis de asuntos electorales el jurista y politólogo Lorenzo Córdova Vianello, cuya colaboración en varios medios de comunicación no le ha impedido desarrollar una fructífera carrera en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Lorenzo Córdova conoce los entresijos del IFE ya que fue asesor del presidente de ese Instituto durante los primeros años de esta década. Luego se fue a hacer su doctorado de Investigación en Turín. Córdova Vianello sabe de esos temas, está en una edad en donde la juventud comienza a ser una ventaja, cuenta con respeto y reconocimiento de los partidos, es inteligente y tiene sentido del humor.

La Crónica, jueves 6 de diciembre de 2007

La decisión que hace una semana tomó la Suprema Corte de Justicia ha sido entendida como respaldo a la impunidad. Los ministros sabían que la virtual exoneración del gobernador de Puebla tendría esa lectura en el ánimo de una sociedad profundamente indignada desde que se conoció la soez conversación telefónica de dicho funcionario con el empresario Kamel Nacif. Hubiera sido indeseable que se dejaran presionar por la opinión publicada acerca de ese caso. Pero en vez de tomar con seriedad la relevancia y las implicaciones de las agresiones denunciadas contra la periodista Lydia Cacho, la mayor parte de los ministros razonó su voto con carambolas y contradicciones.

La Corte resolvió, por 6 votos a 4, que no quedó demostrada la violación grave de garantías individuales de esa periodista. Tiempo atrás, en febrero de 2006, el Senado le había solicitado que determinara la existencia o no de tales infracciones de acuerdo con una disposición del artículo 97 Constitucional que permite la creación de comisiones especiales para averiguar hechos “que constituyan una grave violación de alguna garantía individual”.

Hace un par de años Lydia Cacho fue demandada por el empresario Nacif debido a las denuncias que presenta en su libro Los demonios del edén acerca de las redes de pederastia en donde aparecían mencionados ese y otros personajes. A raíz de esa demanda, en diciembre de 2005 fue detenida en Cancún y trasladada a Puebla por policías judiciales. El carácter punitivo de esa aprehensión fue revelado en la conversación telefónica difundida el 14 de febrero de 2006 y que el país conoció con una irritación que no cesa. Aunque obtenida de manera ilegal, esa grabación expone la en muchos sentidos vulgar complicidad de Nacif con el gobernador poblano para hostigar a la periodista.

La Corte tenía que establecer si esos acontecimientos significaron una “grave violación” de garantías individuales. En abril de 2006 designó una comisión investigadora cuyas conclusiones les parecieron insuficientes a los ministros. Una nueva comisión, encabezada por el ministro Juan Silva Meza, comenzó en enero de 2007 su propia indagación. La discusión del informe que presentó a fines de junio tuvo que demorarse varios meses debido a que, antes, la Corte quiso reglamentar el tratamiento que daría a investigaciones de esa índole.

Después de una indagación amplísima, que recabó el testimonio de 117 personas y requirió informes de empresas telefónicas y autoridades judiciales de varias entidades, el ministro Silva consideró que sí existió violación grave de las garantías individuales de la periodista Cacho y que contra ella hubo una acción concertada de autoridades de Puebla y Quintana Roo. La propuesta de dictamen acusó al gobernador Mario Marín Torres, al ex secretario de Gobierno, el procurador, el secretario de comunicaciones y a una docena más de funcionarios y agentes judiciales de Puebla. También se culpó a media docena de funcionarios y agentes de Quintana Roo y, por otra parte, al presidente del Tribunal de Justicia de Puebla así como a ocho miembros más del poder judicial en esa entidad.

Las acusaciones presentadas por el ministro Silva Meza acreditaban una comprometedora maraña de complicidades e impunidades en dos de los tres poderes del estado de Puebla. Posiblemente esa amplitud y contundencia de las imputaciones influyó en la decisión final de la mayoría de sus colegas en la Corte. Aceptar las propuestas de Silva podría haber conducido a que el Congreso tuviera que declarar la desaparición de poderes en Puebla y, desde luego, la inhabilitación del gobernador Marín.

La discusión de ese dictamen ocupó al pleno de la Corte los días 26, 27 y 29 de noviembre. Durante dos de ellos, el debate entre los ministros se dedicó primero a establecer si la picante charla entre el aquiescente gobernador Marín y su confianzudo amigo Nacif podía ser tomada como prueba. El ministro Silva había advertido que el origen ilegal de ese documento impedía que se le considerase válido. Pero otros ministros recordaron que el propio gobernador aceptó que la conversación era suya.

Luego, el Pleno discutió durante varias horas si la Comisión investigadora tenía facultades para, además de las violaciones a las garantías de Cacho, investigar el problema de la pederastia y la pornografía infantil en México. El informe del ministro Silva contiene impresionantes datos acerca del crecimiento de esos delitos. A los ministros que impugnaban la inclusión de esos temas se les olvidó que ellos mismos, cuando designaron a la Comisión, la mandataron para que además de indagar una posible confabulación contra Cacho, tomaran en consideración otros elementos “que a su vez pudieran constituir violaciones graves de garantías individuales”.

El tema central, que consistía en determinar si existió “violación grave de garantías”, los ministros lo enfrentaron desde perspectivas diversas, varias de ellas notoriamente insuficientes. Los cuatro que consideraron que sí hubo tal transgresión –José Ramón Cossío, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y desde luego Juan Silva Meza– coincidieron en que, además, hubo acción concertada de autoridades contra esa periodista. Y entre los seis que votaron en contra menudeó el esfuerzo para restarle importancia a las denuncias de Cacho.

Para el ministro Cossío, había versiones encontradas acerca del traslado de Lydia Cacho a Puebla. Pero recordó que además de ese episodio existieron violaciones a sus garantías individuales en los trámites del proceso judicial.

El ministro Genaro Góngora afirmó que, independientemente del valor probatorio de la conversación telefónica entre el gobernador y el empresario, las irregularidades en el procedimiento bastaban para demostrar una violación grave de garantías individuales.

Según el ministro Gudiño, la violación de garantías individuales y el concierto de autoridades, está plenamente demostrado gracias a la concatenación lógica de las pruebas presentadas por la Comisión. El ministro Silva ratificó su propuesta de resolución.

El más beligerante contra esa iniciativa fue Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Más que contundente en el terreno jurídico, resultó insistentemente burlón contra sus colegas e incluso al referirse a Lydia Cacho. Al ministro le parecía que las declaraciones de esa periodista, que cuando llegó a Puebla después de haber sido aprehendida en Cancún dijo que no había padecido incomunicación, tortura o presiones, descalificaban la denuncia que ella misma presentó después. Aguirre decidió que, entre las declaraciones de Cacho acerca de su traslado, la versión auténtica era la que había manifestado cuando, exhausta e intimidada, respondió que no tenía queja: “lo que no reconozco es su derecho a cambiar las versiones de lo que le pasó”.

Para Aguirre, la conversación telefónica entre Marín y Nacif fue de “contenido más o menos soez” como si en la ordinariez hubiera medias tintas. Se mofó de la denuncia de Cacho acerca de una camioneta presuntamente ocupada por pistoleros al servicio de Nacif y que el día de su detención siguió a la comitiva judicial: “hay quien se puede intimidar con una bicicleta, con una camioneta marca Liberty, o con un trailer, para mí esto carece de toda significación”.

La ministra Margarita Luna Ramos consintió: “me queda clarísimo; nada más bastó ver el expediente para… advertir que sí pudo haber muchas violaciones a sus garantías individuales”. Pero sostuvo que como son “posiblemente resarcibles” por otros cauces jurídicos, la Corte no tenía motivos para emitir una recomendación. Sin embargo la Constitución no señala que la aplicación del artículo 97 pueda ocurrir únicamente cuando los afectados en sus garantías individuales no tengan otro recurso legal.

El ministro Mariano Azuela convino en que toda violación de garantías individuales es grave. Pero en este caso “no está probada la violación gravísima de garantías individuales”. Así que además de interpretarla en perjuicio de la víctima, Azuela enmendó la Constitución: la violación de garantías tiene que ser “gravísima” (whatever that means) para que la Corte se manifieste al respecto.

El ministro Sergio Valls Hernández fue más directo: “no tenemos elementos que nos permitan afirmar con plena certeza y no en base a suposiciones, que se produjeron violaciones leves o graves a las garantías individuales de la señora Cacho”.

En cambio la ministra Olga Sánchez Cordero dijo que no había evidencias de tortura física pero sí de “tortura sicológica” como dice que sucede en cualquier traslado de acusados de una entidad a otra. En este caso, “parece ser que estos agentes sí fueron un poquito más allá”. La ministra Sánchez reveló: “he platicado con varias personas que estuvieron presentes cuando menos cuando ella llega precisamente al juzgado”. Según tales personas, Cacho inicialmente dijo que no fue maltratada durante el traslado a Puebla. No deja de resultar irregular que la ministra Sánchez haya tomado en cuenta, y quizá buscado, testimonios ajenos al expediente que presentó el ministro Silva.

El presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, coincidió en que hubo violaciones a las garantías individuales de Cacho pero “no adquieren el calificativo de graves”. Además opinó que no hubo acción concertada de autoridades. Y aunque la famosa llamada telefónica hubiera tenido el valor de prueba, dijo, no significaba que el gobernador se hubiera puesto de acuerdo con algún otro funcionario en contra de Cacho. Lo que esa grabación hubiera demostrado era “una intervención aislada para que se llevara adelante un proceso penal” que, si acaso, había tenido “irregularidades menores”.

En otras palabras, para quienes negaron que hubo violación de garantías individuales el problema central se redujo a la dimensión de los agravios que padeció Lydia Cacho. Qué tanto es tantito, después de todo.

En las transcripciones de las tres sesiones no encontré la expresión que por lo menos media docena de comentaristas le han atribuido a Aguirre Anguiano: “si a miles de personas las torturan en este país, ¿de qué se queja la señora?” Varios de los ministros dijeron abundantes ligerezas en esa discusión. No hace falta que les inventen otras.