Sociedad y poder

La Crónica, jueves 31 de enero

Santiago de Compostela. Las nuevas capacidades de los ciudadanos para desenvolverse en un mundo repleto de hechos, datos y desafíos y en donde todo tiende a trivializarse, es uno de los temas que se discute en el Congreso Fundacional de la Asociación Española de la Investigación de la Comunicación que se reúne en esta ciudad gallega con asistencia de varios centenares de académicos de España y algunos convidados latinoamericanos. En las sesiones que comenzaron este miércoles se busca actualizar y darle contenidos al concepto sociedad de la información que ha sido prematuramente denostado por quienes temen sus implicaciones corporativas o en rechazo a la especie de que todos los cambios contemporáneos tendrían que estar supeditados a las innovaciones tecnológicas.

   Las deliberaciones en esta ciudad emblemática de búsquedas contemplativas y extensas peregrinaciones permiten constatar la necesidad de entender y también acotar el poder de los medios de comunicación. En la disertación inaugural del Congreso el investigador Néstor García Canclini, mexicano por adopción y que fue presentado como “ciudadano latinoamericano”, dijo que además de aspirar a construir una sociedad del conocimiento habría que pugnar por una “sociedad del reconocimiento” en donde sean admitidas las diferencias y diversidades étnicas y culturales. Sin embargo, añadió, lo que tenemos de manera cada vez más extendida es una “sociedad del desconocimiento” pues a pesar de la abundante información que recibimos cada vez nos entendemos peor.

   García Canclini recordó al profesor británico Scott Lash para puntualizar: la sociedad está cada vez más desinformada por los medios de información. Esa paradoja se puede constatar en la prensa de cualquier latitud. La nota rosa se confunde con la nota roja, política y espectáculo se alternan en las prioridades de noticieros y periódicos, abunda la algarabía y escasea la explicación de los acontecimientos. El aturdimiento que suscitan toneladas de banalidades a las que se confunde con noticia obliga a que los ciudadanos, para ser precisamente eso, hagan esfuerzos de discernimiento y en la selección de la información que les resulte relevante.

   En el escenario mexicano ese aturdimiento es mayor. A la arbitrariedad de un sistema mediático sin contrapesos suficientes, se añaden la necedad de una clase política que no parece dispuesta a superar sus perspectivas de cortísimo plazo y la inmadurez de una sociedad que no se decide a ser suficientemente exigente tanto con sus políticos como con los medios de comunicación con los que nos tocó vivir.

   Seguimos sin saber discutir. En México no hay deliberación abierta sino desfile de vanidades ensimismadas ante prácticamente cualquier asunto, nodal o trivial, que inquiete en la agenda pública. Los temas que se ventilan lo mismo en espacios institucionales como el parlamento que en esos territorios acaparadores y a menudo condicionadores del espacio público que son los medios de comunicación, carecen de jerarquización y a menudo de argumentos. Un día nos inquieta una declaración estruendosa y aunque no tenga más sustento que la retórica le conferimos tanta relevancia que unas cuantas palabras se sobreponen a hechos, trayectorias y razones. Al día siguiente, esa o cualesquiera otra de las frases de ocasión habrán sido reemplazadas por nuevos golpes retóricos amplificados y propagados por los medios.

   En esas condiciones no hay debate posible, prácticamente en ningún tema. La argumentación más sólida, construida a fuerza de evidencias, alegatos y explicaciones, puede quedar súbitamente desbaratada, como castillo de naipes, ante una expresión hiriente, punzante o solamente esquiva pero con suficiente capacidad para conmover en los medios. El intercambio entre los actores de la vida pública queda sujeto, así, a la ocurrencia y al desplante, al no-argumento.

   Pensemos en cualquier asunto reciente. Uno de los no-debates más sobresalientes en estos días se desenvuelve acerca del destino de la industria petrolera. Hay quienes aseguran que sin inversión importante y expedita, las tareas necesarias para que Pemex siga explorando, administrando y extrayendo ese recurso natural quedarán paralizadas. Aparentemente todo el mundo admite que la empresa petrolera necesita dinero. Pero cuando hay quienes proponen revisar la política de inversiones destinada a Pemex, surge el discurso encendido de quienes claman a no dar un solo paso en esa dirección.

   No existe una discusión clara al respecto, en parte porque las posiciones de quienes abogan por la apertura o el mantenimiento de Pemex tal y como ha existido hasta ahora tampoco son transparentes. Hay mucha más ideología que datos, evaluaciones y prospectiva en ese tema.

   Lo mismo sucede en otros aspectos de la política económica. 14 años después de que comenzó a funcionar, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá es mucho más un espantajo en el debate político que un escenario de cuya evolución podamos tener claridad con cifras y hechos indisputables. Que hubo negligencia para que el campo se beneficiara de la ancha posibilidad de exportaciones que abría el TLC, ya lo sabemos. Que el mundo agrario sigue experimentando estancamientos graves tampoco es secreto. Pero acerca del Tratado y sus consecuencias abundan mucho más las especulaciones que el diagnóstico puntual. No es un tema de examen sino de litigio. Secuestrado así, por la ideología y la politiquería, el TLC no ha sido cabal instrumento de la política económica.

   Elija usted cualquier tema actual. O, por otra parte, pensemos en asuntos importantes que al carecer de espectacularidad mediática permanecen rezagados de la exposición pública. El narcotráfico y los recursos del Estado para enfrentarlo, la violencia en calles y carreteras de todo el país, la política financiera y su vulnerabilidad ante trastornos y presiones foráneas, los deficientes índices de aprovechamiento que padece toda la educación pública, la obsoleta legislación laboral y las inercias que impiden actualizarla, el régimen de partidos y las opciones para aderezar o sustituir al sistema presidencialista.

   Podríamos enumerar otros asuntos. Tan solo en esa media docena es posible encontrar una miríada de opiniones, la mayoría de ellas polarizadas, repletas de adjetivos y por lo general ayunas de datos duros.  En todo el mundo se afinan las previsiones ante una posible recesión desatada por nuevas dificultades del sistema financiero especialmente –pero no sólo– en Estados Unidos. Mientras tanto, en México quedamos atrapados entre el optimismo insuficientemente fundado del gobierno y el tremendismo sin soluciones que se pone de moda tanto en las oposiciones políticas como en la también simplificadora comentocracia. En otro tema, las nuevas vulgaridades que profiere Andrés Manuel López Obrador y las réplicas también ramplonas que encuentra dentro y fuera de su partido interesan más que la por lo visto abandonada discusión sobre la reforma del Estado.

   El coordinador de los senadores del PAN había aceptado el reto de ese ex candidato presidencial para debatir acerca de la industria petrolera. Hubiera sido una oportunidad útil en el esfuerzo por racionalizar una discusión analíticamente inasible mientras siga sometida a la adjetivación y la descalificación. Al parecer esa discusión no ocurrirá y no por decisión de Santiago Creel sino de su partido. A los panistas les inquieta más la sombra del “peje” que el esfuerzo para desazolvar las atascadas vías del debate público. Pero más que preguntarse sobre las razones del senador, los comentaristas adocenados a las principales empresas mediáticas aprovechan el incidente para cobrarle a Creel las facturas políticas que le ha significado su reciente compromiso con la creación de límites al desbordado poder de los consorcios comunicacionales.

   Cuando un colega mexicano que lleva varias semanas en España me pregunta qué hay de nuevo en nuestro país, me descubro enumerando un rosario de anécdotas. No pasa nada. Pero deberían ocurrir muchas cosas. Y más hueco aun es el territorio del debate de ideas que no cumple las exigencias del país ni de la presencia global que México ha logrado.

   El domingo pasado en la colaboración para varios diarios del mundo que reproduce el periódico El País, el analista inglés Timothy Garton Ash arrojó una propuesta asaz sugerente. Los líderes de las naciones industrializadas que se congregan en el llamado G-8, dice ese escritor, deberían ampliarse e incluir a seis países más: China, India, Brasil, México, Sudáfrica e Indonesia. Se trata, advierte ese autor, de una propuesta arbitraria y discutible. Pero tiene suficientes dosis de realismo para ser considerada con seriedad. Actualmente el G-8 reúne a los gobiernos de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia.

   Propuestas como esa, más allá de su posibilidad específica, confirman que en el resto del mundo hay interés y preocupación por México. Nos toman en serio pero, a juzgar por la estrepitosa forma y el insustancial fondo de nuestro debate público, no nos tomamos en serio a nosotros mismos.

   Mientras tanto aquí en Santiago de Compostela nos disponemos a insistir en que la sociedad de la información tendría que ser el contexto para fortalecer la ciudadanía en un proceso que tenga como eje la deliberación racional y enterada. En México estamos muy distantes de avanzar en y hacia una sociedad de la argumentación. A lo que apenas llegamos es a una estridente y frívola sociedad del argüende.

La Crónica, 24 de enero de 2008

El video de René Núñez Cosío, o de quien aparenta ser él, ya no se encuentra en YouTube. El lunes pasado ese archivo en Internet había sido buscado por 6 mil personas. Ayer miércoles eran más de 24 mil. La mayoría se quedó con la intención de ver las escenas íntimas en donde aparecen un hombre y una mujer y que han sido utilizadas para desacreditar a ese candidato a la alcaldía de Los Cabos, en Baja California Sur. Tales escenas fueron suprimidas del video, al menos en el mencionado sitio de Internet.

   La noticia del video circuló ampliamente por la Red desde la semana pasada. A los domicilios electrónicos de millares de sudcalifornianos llegaban las ligas que conducían a ese archivo digital. Uno de los temas de la campaña de Núñez Cosío ha sido la reivindicación de los valores familiares. Al comienzo de la grabación se le veía refiriéndose a ese tema. Luego, de pronto, eran insertadas las escenas privadas. Los autores del video quisieron evidenciar la real o presunta contradicción entre el discurso y la vida personal de Núñez.

   Ese candidato aseguró que el video era un montaje. Entrevistado en radio por Ciro Gómez Leyva primero negó y luego dudó cuando le preguntaron si el individuo que aparece en tales escenas era él. Eso es lo de menos. Si a Núñez Cosío le tendieron una celada y lo grabaron sin su consentimiento, se trata de una trasgresión a su privacía. Si el video es falso y fue producido para engañar, estaríamos ante una difamación audiovisual. Cualquiera que sea la índole de ese delito, además fue perpetrado para tener consecuencias políticas.

   El domingo 3 de febrero habrá elecciones en Baja California Sur. Serán renovados el Congreso local y los cinco ayuntamientos de esa entidad. En el municipio de Los Cabos las preferencias ciudadanas han favorecido al candidato de la coalición que integran PRD, PT y Convergencia. De acuerdo con la encuesta que levantó Consulta Mitofsky en los primeros días del año, Óscar René Núñez Cosío tenía el 38.2% en la intención de voto. El candidato de la coalición PRI y PVEM, Ángel Salvador Ceseña, tenía 24.9% y Francisco García Valdez, postulado por el PAN, alcanzaba 12.7%.

   Posiblemente esas estimaciones influyeron para que algunos de los adversarios de Núñez Cosío hicieran y promovieran el video. En todo caso, la competencia política en Baja California Sur ha sido afectada por ese incidente. Fuera y posiblemente dentro de esa entidad nadie o casi nadie conoce las propuestas de los candidatos a gobernar Los Cabos y el resto de los municipios sudcalifornianos. Pero en muy diversos medios se habla del video erótico, por lo general con más sorna que desaprobación.

   Por eso tanto como el video mismo, que es expresión de una política vulgar y despreciable, suscita preocupación la indiferencia de los partidos políticos y sus dirigentes no solo en Baja California Sur. El episodio que mencionamos tendría que haber originado una inmediata y categórica condena de todos los partidos pero se le ha querido ver solamente como un asunto aislado o provinciano.

   Puede ser expresión de algo más importante. Cuando a la competencia política se incorporan elementos disruptivos como el que estamos comentando, no solamente resultan perjudicados los personajes directamente involucrados en una contienda electoral específica. También terminan por ser afectados todos los protagonistas del escenario partidario y, junto con ellos, la política misma. Quizá ante la noticia del video haya ciudadanos que se pregunten por la congruencia del candidato Núñez. Pero sobre todo, habrá quienes constaten la ordinariez de los recursos y la ausencia de argumentos no de uno solo, sino del conjunto de los candidatos y partidos que compiten en esas y otras elecciones. Habrá perdido, a la postre, la imagen y la respetabilidad de la política.

   El caso que mencionamos confirma, además, la versatilidad que tiene el aprovechamiento político de las nuevas tecnologías de la comunicación. Internet y sus cada vez más accesibles recursos audiovisuales pueden ser empleados de manera perversa pero también virtuosa. El problema no son esos medios de comunicación e interacción sino la manera como se les utiliza. En YouTube por ejemplo, las campañas presidenciales en Estados Unidos han tenido un espacio inédito para la difusión de mensajes que complementan la propaganda en medios convencionales. En España, ahora mismo, la televisión pública se asoció con YouTube para recabar en ese sitio las preguntas que los ciudadanos quieran presentar a los candidatos del PSOE y el Partido Popular. Una selección de ellas serán planteadas en entrevistas de dicha televisora.

   Los escándalos de contenido sexual son tan antiguos como la política moderna pero han adquirido mayor notoriedad gracias a los medios de comunicación. Sus efectos pueden ser contradictorios e incluso distintos a los que pretenden quienes los provocan. En su célebre investigación sobre El escándalo político el investigador británico John B. Thompson recuerda: “Una de las razones por la que los escándalos sexuales tienen la capacidad potencial de producir perjuicios a las figuras políticas, a sus partidarios y a los gobiernos de los que puedan formar parte, es la que se relaciona con el factor de la hipocresía. La revelación de actividades sexuales ilícitas puede ser políticamente perjudicial si pone en compromiso las políticas que abrazan en público las figuras políticas (o bien sus partidos o gobiernos) –y puede ser perjudicial en este sentido incluso en aquellas circunstancias en que la capacidad vinculante de las normas y los códigos relevantes sea débil–. En otros casos, la posición de una figura política puede verse socavada por un escándalo que se produce como consecuencia de una actividad sexual ilícita pero que es alimentado por una mezcla de hilaridad y resentimiento. Puede que muchas personas no encuentren chocante la actividad que se les acaba de revelar, y puede que en la conducta práctica de sus propias vidas no se adhieran (o no se adhieran coherentemente) a esas normas y códigos relevantes. Sin embargo, puede ocurrir perfectamente que sientan un resentimiento hacia los políticos que tienen la temeridad de prescribir a otras personas formas de conducta a las que ellos mismos no se adhieren”. (El escándalo político, Paidós, Barcelona, 2001).

   Ese es el resultado que buscaron los autores del video relacionado con el candidato Núñez Cosío. Sin embargo en ocasiones las revelaciones o imputaciones de esa índole se revierten contra quienes las propagan. Hace exactamente 10 años, en los últimos días de enero de 1998, el presidente Bill Clinton era el centro de un intenso escándalo cuando se conocieron las travesuras que practicaba con la joven Mónica Lewinski en la trastienda del Despacho Oval. Los medios de comunicación más influyentes en Estados Unidos desataron entonces una indignada campaña moralista, acusando a Clinton por esa conducta personal. No obstante, las encuestas mostraron que la confianza de los estadounidenses hacia su presidente no se había modificado de manera sustancial: mientras gobierne bien que haga lo que quiera en su vida personal, consideró la mayoría de los ciudadanos.

   Aquel incidente permitió constatar que los escándalos políticos, incluso si tienen rasgos tan personales como cuando se entremeten en asuntos privados, pueden alcanzar efectos paradójicos. La madurez de la sociedad llega a ser un dique al tráfico político con la vida privada.

   Quienes no alcanzan esa madurez son algunos dirigentes políticos nacionales. Hace algunos días Leonel Cota, presidente del PRD, dijo acerca del comentado video: “que me digan qué hombre o qué mujer no ha tenido relaciones sexuales extramaritales; el ser humano tiene derecho a ejercer su sexualidad, no creo que en este mundo deban criticarse las preferencias sexuales”.

   De esa manera, el también ex gobernador de Baja California Sur contradijo los desmentidos que el candidato René Núñez  había presentado acerca de ese video. Pero, peor aún, al tratar de restarle importancia Cota incurrió en una expresión de mal gusto y ofensiva para las mujeres cuando dijo que el video, “más que perjudicar a René, lo beneficia, sobre todo con el género femenino”.

   Política sucia y políticos torpes: qué combinación.

La Crónica, 17 de enero de 2008

   Cuando Emilio Portes Gil fue designado Secretario de Gobernación, en 1928, tenía 38 años y había sido –dos veces– gobernador de Tamaulipas.

   Una década más tarde Ignacio García Téllez asume la misma responsabilidad, a los 41 años y después de haber sido Rector de la Universidad Nacional.

   En 1940 el secretario de Gobernación es Miguel Alemán Valdés, con 40 años y que había sido gobernador de Veracruz.

   En 1948, cuando asume la secretaría de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines tenía 58 años y había sido gobernador de Veracruz.

   Ángel Carvajal en 1952 tenía 51 años y también había gobernado Veracruz antes de llegar a Gobernación.

   En 1958 Gustavo Díaz Ordaz tenía 47 años cuando ocupó ese cargo. Antes había sido oficial mayor en la misma Secretaría, así como senador por Puebla.

   En 1963 Luis Echeverría cumplía 41 años y había sido oficial mayor y subsecretario de Gobernación antes de encabezar esa dependencia.

   Mario Moya Palencia sustituyó a Echeverría el 11 de noviembre de 1969. Entonces, tenía 36 años con casi 5 meses. Había sido director de Cinematografía y de la empresa estatal productora de papel, así como subsecretario de Gobernación.

   En 1976, cuando ocupó la secretaría de Gobernación, Jesús Reyes Heroles tenía 55 años. Había sido presidente del PRI y director de Pemex y del IMSS entre muchas otras responsabilidades.

   De esa secretaría se hizo cargo Enrique Olivares Santana en 1979. Tenía 59 años, había sido gobernador de Aguascalientes y líder de la mayoría en el Senado.

   En 1982, cuando fue designado Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz tenía 46 años y había sido director de Gobierno en esa dependencia.

   Fernando Gutiérrez Barrios tenía 61 años en 1988 cuando se hizo cargo de la Segob. Había sido subsecretario de Gobernación y gobernador de Veracruz.

   Patrocinio González Blanco alcanzaba 59 años cuando se ocupó de la Secretaría. Antes, fue senador y gobernador de Chiapas.

   Jorge Carpizo tenía 49 años cuando, a comienzos de 1994, fue designado Secretario de Gobernación. A esa edad ya había sido Rector de la UNAM, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Procurador General de la República.

   Esteban Moctezuma Barragán tenía 40 años cuando se ocupó de Gobernación a fines de 1994. Había sido oficial mayor en Programación.

   Emilio Chuayffet había sido gobernador del Estado de México entre otros cargos cuando en 1995, con 44 años, fue Secretario de Gobernación.

   Francisco Labastida, en 1998, cumplió 56 años. Había sido secretario de Energía y gobernador de Sinaloa al llegar al Palacio de Covián.

   Diódoro Carrasco en 1999 , tenía 45 años y había sido gobernador de Oaxaca.

   Santiago Creel en 2000, a los 45 años, había sido consejero en el IFE, diputado federal y candidato al gobierno del DF.

   Carlos Abascal Carranza en 2005 tenía 55 años, había sido dirigente empresarial y secretario del Trabajo.

   Francisco Ramírez Acuña en 2006 cumplió 54 años y había sido gobernador de Jalisco.

   Todos esos antecesores de Juan Camilo Mouriño Terrazo tenían más edad que él –excepto uno– y una experiencia política en casi todos los casos más notoria que la suya cuando comenzaron a despachar como titulares de Gobernación.

   Podría suponerse que la llegada de Mouriño a esa responsabilidad es síntoma de los nuevos tiempos, en un país en donde la edad promedio es de aproximadamente 25 años. Por supuesto más edad no significa necesariamente mayor capacidad para la administración pública, como demostraron algunos secretarios de Gobernación. Pero no dejan de ser inquietantes por una parte la juventud y, especialmente, la escasa trayectoria en ese terreno de quien desde ayer ocupa la posición política por excelencia en este país.

   Quizá también sucede que la Secretaría de Gobernación ha perdido la centralidad política que tenía en otros tiempos. Después de Los Pinos y en no pocas ocasiones antes que en la residencia presidencial, en la casona de Bucareli se dirimían por las buenas o por las malas, o incluso se anticipaban o provocaban, los conflictos más relevantes. Hoy nos encontramos ante una desconcentración de la política que se ejerce tanto en la negociación dentro del gobierno y delante de él como en los partidos, las cámaras legislativas, los medios de comunicación y otros espacios, institucionales o no.

   El arbitraje presidencial, fuente del poder a veces colosal y en otras ocasiones discreto pero incontestable que ejercía el secretario de Gobernación, ya no es necesario en todos los casos. Frente al gobierno y al margen suyo han surgido, o han logrado espacios propios, otros actores de la vida pública.

   Pero precisamente debido a esa complejidad del escenario público el gobierno necesita, más que nunca, del ejercicio de la política. Hay que hacer política (¡mucha política! urgía Jesús Reyes Heroles) más hoy que ayer, porque la existencia de fuerzas partidarias y sociales diversas, ninguna de las cuales acapara el poder como sucedía antes, exige de un ejercicio constante de interlocución, negociación y avenencia con todas ellas.

   No parece haber duda sobre los motivos de Felipe Calderón para designar a Juan Camilo Mouriño en Gobernación. El presidente despliega una ambiciosa operación para controlar, a través de sus más allegados, posiciones claves de la conducción gubernamental. Colocó en Desarrollo Social a Ernesto Cordero, fiel colaborador suyo durante todo el sexenio anterior. Ahora pone como responsable de la política interior a su hombre más cercano.

   Mouriño, por lo general, se ha mantenido a la sombra de Calderón. Por eso la edad, y especialmente su rápida trayectoria por unas cuantas responsabilidades públicas, obligan a tener dudas sobre la idoneidad para ese cargo del nuevo secretario de Gobernación.

   No es, como se ha dicho, el más joven que ha llegado a esa posición. Mario Moya Palencia, cuando se encargó de Gobernación, tenía unas semanas de edad menos que los 36 años con 5 meses y medio con los que ahora cuenta el joven Mouriño. Esa no constituye una limitación esencial y en algunos casos no la es en absoluto. Pero la ausencia o escasez de adistramiento específicamente político sí puede ser una desventaja costosa para el presidente y, por lo tanto, para el país.

   El nuevo secretario de Gobernación no es bisoño en esas lides pero tampoco se le ha conocido vuelo propio. Fue diputado local y luego federal, por el PAN, hace dos legislaturas. Allí conoció a Calderón. Encabezó la Comisión de Energía en San Lázaro y formó parte de la Comisión Permanente entre 2001 y 2002. En esas tareas Mouriño tuvo un perfil bajo. Solo en contadas ocasiones ocupó la tribuna, entre otras en diciembre de 2001 para proponer el horario de verano y, ocho meses después, en una comparecencia del entonces secretario de Energía Ernesto Martens. En abril de 2003 el diputado Mouriño pidió licencia para competir por la presidencia municipal de Campeche pero perdió esa elección. Calderón lo nombró asesor suyo cuando ocupó la Secretaría de Energía y en 2004 lo hizo subsecretario de Electricidad. Luego fue el primer coordinador de la campaña presidencial.

   Allí y cuando encabezó la Oficina de la Presidencia, Mouriño fue circunspecto. Contribuyó a cabildear las iniciativas gubernamentales y a construir puentes en los difíciles meses inaugurales de la nueva administración. Paradójicamente se supo más de su enfrentamiento con Manuel Espino, a quien se empeñó en desplazar de la dirección nacional del PAN, que de su trato con otros partidos.

   La fama de “duro” se volvió parte de la semi leyenda de Mouriño, aunque hasta ahora no hay evidencias suficientes para estimar si esa apariencia corresponde a su auténtico talante. Tampoco las hay para evaluar sus apreciaciones sobre el país, los temas que lo conmueven, sus convicciones.

   Ni fu, ni fa. No se sabe si la parquedad de Mouriño obedece a una intencional cautela, o simplemente a un pragmatismo comprometido con los resultados aunque equidistante de las ideas. El beneficio de la duda que siempre existe en esos casos se mantendrá durante poco tiempo porque, en su nueva responsabilidad, ese funcionario tendrá que asumir definiciones y, desde luego, decisiones.

   Hasta ahora, aunque ineficiente, Francisco Ramírez Acuña le servía al presidente Calderón como pararrayos desde Gobernación. Trato que no se establecía, o litigio que no se resolvía, podían achacarse a la impericia o la dejadez del ex gobernador tapatío. Mientras tanto Mouriño, desde Los Pinos, operaba decisiones que no pasaban por Bucareli. Ahora, con un titular de Gobernación cuya principal cualidad es su cercanía con el presidente, Calderón dejará de tener ese recurso.

   En junio pasado Juan Camilo Mouriño estuvo en Galicia donde su padre es propietario del Celta de Vigo, un equipo de futbol de larga historia y que en aquella ocasión descendió a la segunda división española. Allí fue entrevistado por F. Franco, de El Faro de Vigo, que publicó esa conversación el 10 de julio de 2007. En aquella nota el periodista describía así a Juan Camilo Mouriño: “Un hombre que ha llegado a tales responsabilidades en el gobierno de un país tan grande y tan complejo tiene que tener por fuerza una buena mano izquierda para conciliar, mano derecha para golpear la mesa cuando la ocasión lo exija y, en síntesis, notorias habilidades políticas para poner la brújula en una geografía cultural y sentimental tan rica, diversa e intensiva (a veces de cuidados intensivos) como la mexicana. Sin embargo, el hombre que tenemos delante en el salón de esa casa viguesa y paterna de Saiáns que un día fuera del alcalde Soto, con las islas Cíes al fondo de la mirada, exhibe una sencillez en las formas que no casa con esa etiqueta de Supremo Deshacedor que le ha puesto alguno de sus adversarios. No destaca por su elocuencia al modo de un Demóstenes pero tampoco le falta para expresar una serie de ideas claras y precisas, un concepto de país y de gobierno. Por algo le habrá puesto ahí Felipe y por algo otros no han podido evitarlo”.

   Brazo derecho de Calderón, le han calificado numerosos comentaristas. Político de mano izquierda, estimaba su entrevistador gallego. Ya se verá qué tanto es lo uno, o lo otro.

La Crónica, 10 de enero de 2008

   Orondo y jactancioso, la tarde del domingo 14 de octubre de 2001 Lino Korrodi llegaba a Madrid en el vuelo de Iberia desde la ciudad de México. Mientras bajaba del piso superior en donde estaba la primera clase, anunciaba entusiasmado que horas más tarde se firmaría la participación del Grupo Prisa como copropietario de las estaciones radiofónicas de Televisa.

   En aquel tiempo el fundador de Amigos de Fox todavía no se distanciaba del Presidente de la República. Al contrario, participaba en numerosos asuntos privados y públicos a la sombra del titular del Ejecutivo Federal y hacía notar su influencia en negociaciones como la que esa tarde de otoño culminaría en una ceremonia en la Embajada de México en la capital española.

   Aquel fin de semana el presidente Fox cumplía cuatro días de gira por Europa y Korrodi llegaba justo a tiempo para estar presente en la firma del acuerdo entre las empresas mediáticas más importantes de España y México. El convenio de Prisa y Televisa tenía relevancia específica porque significaba un desembolso de 60 millones de dólares por parte del consorcio encabezado por Jesús de Polanco –­­50 de ellos para comprar la mitad de la propiedad accionaria de las 17 estaciones de radio que Televisa tenía en México y otros 10 millones de dólares para una ampliación de capital–. En virtud de esa transacción, Televisa se encargaría de administrar las finanzas de su división radiofónica en tanto que Prisa sería responsable de los contenidos de tales emisoras.

   Además ese acuerdo, que firmaron De Polanco y Emilio Azcárraga Jean, significaba la formalización de una alianza para la cual ambas empresas habían interpuesto numerosos regateos. Desde tiempo atrás, Televisa tenía un evidente interés para invertir en España pero se había acercado sobre todo a corporaciones mediáticas identificadas con grupos políticamente conservadores. Durante varios años el representante de Televisa en ese país había sido Luis María Ansón, director de ABC, diario conocido por sus posiciones de derechas.

   Cuando Televisa advirtió que la filiación política de esos socios podía obstaculizar sus negocios en España, emprendió un viraje que culminaría aquella noche del 14 de octubre. No era una rectificación fácil porque ocurría en contra de la opinión del gobierno del Partido Popular, encabezado por el presidente José María Aznar.

   El gobierno español hubiera preferido que Televisa se aliara con alguna de las empresas de medios cercanas al PP y no con el Grupo Prisa, cuya simpatía con el Partido Socialista Obrero Español se manifestaba cotidianamente en medios como el diario El País. Pero en el acercamiento de Televisa y Prisa fueron definitivas las gestiones de dos personajes sólo en apariencia disímbolos.

   Carlos Slim, que ya era el hombre más adinerado de México, estaba interesado en auspiciar la expansión internacional de Televisa aparentemente porque pretendía incrementar la participación accionaria que ya tenía en esa empresa. Su principal competidor en negocios de telefonía en América Latina era la Telefónica de España. Y esta corporación, dentro de España misma, estaba asociada con las empresas rivales del Grupo Prisa. Así que respaldar el crecimiento de Prisa era una manera de enfrentar a Telefónica.

   Para manejar ese acercamiento Slim contó con la colaboración de Felipe González, ex presidente del gobierno español. Aunque ideológicamente podría haber parecido que esos dos personajes eran como el agua y el aceite, González era asesor del empresario mexicano y utilizó su ascendiente en las decisiones de Prisa para facilitar el convenio con Televisa. Aquella tarde del 14 de octubre, al ex presidente Felipe González se le podía ver en el vestíbulo del elegante hotel Villa Magna, en el Paseo de la Castellana, haciendo antesala para que lo recibiera Carlos Slim.

   Al comprar la mitad de Televisa Radio, el Grupo Prisa quería apuntalar el crecimiento en América Latina que había iniciado poco antes al adquirir una porción de Radio Caracol en Colombia, entre otras inversiones en la radio del nuevo Continente. También esperaba tener, desde México, una punta de lanza para incursionar en el mercado de la radio en español en Estados Unidos.

   Con tal afán, los directivos de Prisa entendieron el respaldo del presidente Fox como un aval para desplegar ese y otros negocios en México. En el terreno de la radio estaban muy interesados en contratar a José Gutiérrez Vivó, quien para entonces ya había roto con el Grupo Radio Centro.

   Quizá llevados por ese entusiasmo, los empresarios españoles cometieron un error jurídico y otro de índole profesional. El primero, consistió en la ilegalidad del acuerdo que suscribieron con Televisa porque la Ley Federal de Radio y Televisión establece que las empresas de radiodifusión solamente pueden ser propiedad de ciudadanos mexicanos. La operación suscrita aquel 14 de octubre se pertrechaba en un subterfugio pretendidamente legal, que es la llamada inversión neutra establecida en la Ley de Inversiones Extranjeras para socios no mexicanos que tienen derecho a recibir utilidades pero no a participar en las decisiones de las empresas en donde se pone en práctica ese régimen. Y aunque disfrazada como tal, ha resultado clarísimo que la que tiene Prisa en Televisa Radio no es en manera alguna inversión neutra. Desde el acuerdo suscrito por el ahora fallecido Jesús de Polanco y Emilio Azcárraga Jean, quedaba establecido que la parte española estaría a cargo de la programación de las estaciones de radio y de todas las decisiones inherentes a ella. Esa transgresión jurídica solamente pudo ser dispensada gracias al beneplácito del presidente Fox al acuerdo entre Prisa y Televisa.

   El error profesional, resultado en parte de la ignorancia pero también de cierta soberbia, consistió en suponer que las radiodifusoras que manejaría en México, así como en otros países de América Latina, podrían tener contenidos similares, o incluso idénticos, aderezados con algunos espacios de programación local. Los directivos de Prisa imaginaron que los radioescuchas en Colombia, Chile, México o Panamá, entre otros países, recibirían alborozados los programas producidos en España, o con cartabones análogos a los que desarrollaba allí la Cadena Ser, que es el brazo radiofónico original de ese consorcio. Pero los programas de pretensiones continentales, o incluso trasatlánticas, fueron un fracaso rotundo –aunque no sonoro porque tuvieron escasa audiencia–. Y es que la gente de Prisa terminaría constatando que en Colombia prefieren contenidos locales, de la misma manera que en México tiene más éxito la radio hecha por y para mexicanos. No se trata de chovinismo mediático sino de la cercanía cultural y social que distingue a la radio.

   Fue precisamente con programas locales como XEW, la estación emblemática de Televisa Radio, se levantó del marasmo que padecía. Los noticieros de Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y Javier Solórzano (difundidos, respectivamente, por las mañanas, a media tarde y antes de la noche) adquirieron personalidades propias y afianzaron audiencias constatables gracias a la destreza profesional de esos tres comunicadores y a la libertad con que podían trabajar. El hecho de que la gestión de los contenidos en esa emisora no estuviera a cargo de Televisa, sino de Prisa, resultó definitorio para que esa libertad fuera posible. La libertad periodística podría significar un buen negocio comercial y, también, político.

   Antes de las elecciones presidenciales de 2006, los directivos de Prisa comprendieron que la cercanía que habían tenido con el gobierno de Fox podía comprometer sus negocios en México en caso de que el vencedor fuera Andrés Manuel López Obrador. Desde el año anterior y durante los primeros meses de las campañas formales, la cobertura que hacía el diario El País de la elección mexicana era notoriamente favorable a ese candidato presidencial. Solamente cuando la postulación de Felipe Calderón fue crecientemente competitiva y especialmente después del 6 de julio, el diario emblemático del Grupo Prisa comenzó a cuestionar a López Obrador.

   El 3 de febrero de 2006, después de buscarlo en varios sitios del país, tres directivos de Prisa se reunieron en Villahermosa con López Obrador. Aparentemente conversaron también con otros candidatos presidenciales. Aquel encuentro era parte de las relaciones publicas que Prisa desplegaba para asegurar sus negocios en México pero además fue visto con interés en algunos segmentos de la clase política de nuestro país.  10 días más tarde el reportero Emilio Viale dio a conocer en La Crónica un correo electrónico que Liévano Sáenz, ex secretario particular del presidente Ernesto Zedillo, le había enviado el 9 de febrero al representante del Grupo Prisa en México, Antonio Navalón. En aquel mensaje, Sáenz decía que la reunión en Villahermosa había sido “una determinación visionaria y posiblemente magistral”.

   En ese contexto, pero antes que nada gracias al talante profesional de sus conductores, los noticieros de XEW tuvieron una apertura que no había existido en dicha emisora. Pero no sólo ellos. Las principales radiodifusoras del país le dieron a las campañas electorales una cobertura equitativa. En el transcurso de aquella crispada y confusa temporada, López Obrador decidió que el de Carmen Aristegui era de los pocos espacios en los que quería confiar. En realidad no era el único noticiero radiofónico interesado en darle voz al para entonces ex candidato presidencial pero él, como parte del proceso de aislamiento que padeció, se negaba a participar en la mayoría de los medios que lo invitaban.

   Esa preferencia, así como la búsqueda de enfoques distintos a los convencionales e incluso abiertamente contestatarios en algunos temas, le permitieron a Carmen Aristegui singularizar a su noticiero e interesar a una audiencia creciente y significativa. El éxito que había alcanzado, hace inverosímil la versión de que Hoy por hoy de la mañana fue cancelado debido a problemas financieros. El “modelo editorial” que reivindica Prisa para sus noticieros (“basado en el trabajo en equipo y el derecho a la información plural”) no es distinto del que practicaban esa periodista y sus colaboradores.

   La cancelación –lamentable y cuestionable– del noticiero de Aristegui no fue una determinación administrativa sino política. Fue una decisión del Grupo Prisa, independienteme de las complacencias, anuencias o alianzas que pueda haber buscado con ella. Se trata de una decisión que no es distinta a otras que, también por conveniencias de negocios, ha tomado ese consorcio en México y otros sitios de América Latina. Incluso en España, ahora mismo, después de que el actual gobierno ha tenido reticencias con la expansión de algunos negocios de ese consorcio, los espacios periodísticos de Prisa tratan al presidente José Luis Rodríguez Zapatero con una severidad que no se les conoció en años anteriores.

La Crónica, jueves 3 de enero de 2008

La demanda de amparo que varios escritores y periodistas promovieron contra una de las fracciones de la reforma constitucional en materia electoral confirma que, en ocasiones, los buenos propósitos marchan por senderos tortuosos y contradictorios. Esos intelectuales, la mayor parte de ellos muy destacados, consideran que la prohibición a la contratación de propaganda electoral en radio y televisión “conculca su libertad de expresión”.

   Para llegar a esa afirmación, los promotores de la demanda parten de varias suposiciones erróneas. Persuadidos quizá por una información parcial, confunden la libertad de expresión con la posibilidad de comprar espacios en medios electrónicos. Y entonces, ofuscados por el disgusto que les suscita esa taxativa, consideran que todas sus posibilidades para expresarse públicamente quedan impedidas por la nueva disposición constitucional.

   En la petición de amparo que presentaron en diciembre esos escritores y periodistas estiman, según la información periodística: “En razón de las actividades lícitas que desarrollamos, quedamos automáticamente excluidos del derecho a la libre expresión de las ideas a través de la contratación de tiempo de transmisión en los medios masivos de comunicación, así como a deliberar y crear espacios para la discusión pública de temas que interesan a la comunidad”. Allí aparecen varias contradicciones.

   La reforma constitucional, en el tema que es motivo de esa demanda, no cancela derechos de particulares debido a la actividad que realizan. Simplemente establece que nadie, absolutamente nadie, podrá contratar espacios para propaganda política en televisión o radio. En esa restricción están incluidos los poderes públicos, las instituciones civiles o privadas, los ciudadanos a título individual y desde luego los partidos políticos. La única propaganda de carácter electoral que se podrá difundir en medios electrónicos será aquella que, a petición de los partidos, encauce el Instituto Federal Electoral en los tiempos de carácter estatal que ya existían en televisión y radio y que ahora serán utilizados para transmitir tales mensajes.

   Los motivos de esa disposición han sido ampliamente argumentados. La contratación de propaganda electoral en televisión y radio llegó a ser una fuente de distorsiones cada vez más graves en contra de la equidad deseable en la competencia electoral. Las empresas televisoras, beneficiaban o perjudicaban a los partidos al ofrecer tarifas y horarios de transmisión discrecionales. El gasto en contratación de spots en esos medios ascendió a cerca de 2 mil millones de pesos en las campañas electorales de 2006. Y, por otra parte, la intervención de particulares que produjeron y financiaron anuncios electorales añadió un ingrediente más de arbitrariedad a la competencia entre los partidos.

   Cuando estaban por realizarse las elecciones de aquel 2006, el Consejo Coordinador Empresarial promovió una campaña mediática contra la candidatura de López Obrador. Independientemente de que estuviéramos o no de acuerdo con los contenidos de esos anuncios, se trataba de mensajes ilegales. Desde tiempo atrás el Código Federal Electoral, en su artículo 48, establecía que solamente los partidos políticos tenían derecho a “contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto”.

   Los escritores y periodistas que ahora se inconforman porque la reforma constitucional reitera esa prohibición nunca reclamaron contra ella durante los más de 10 años que estuvo vigente en el Cofipe. En 2006 los empresarios que pagaron spots pudieron burlar esa disposición porque no estaba acompañada de sanciones a quienes la infringieran. Ahora sí habrá multas para quienes quebranten esa norma pero, desde luego, no se encuentran establecidas en la Constitución sino en el Código Federal Electoral aprobado por el Congreso en diciembre pasado y cuya promulgación ha sido inquietantemente demorada por el Presidente de la República. Las sanciones que allí se establecen son especialmente severas con la empresas de radiodifusión que acepten dinero por difundir propaganda electoral.

   La reforma constitucional y su ley reglamentaria ratifican y precisan una restricción que ya existía y la hacen extensiva a los partidos políticos. Nada, absolutamente nada, cambiará en el ejercicio de la libertad de expresión. Los promotores del juicio de amparo se equivocan cuando dicen que ahora “estarán automáticamente excluidos del derecho a la libre expresión de las ideas a través de la contratación de tiempo de transmisión en los medios masivos de comunicación, así como a deliberar y crear espacios para la discusión pública de temas que interesan a la comunidad”. Esa exclusión ya existía. Quizá no se habían dado cuenta porque nunca tuvieron interés ni necesidad para contratar espacios en televisión o radio. Y no los tuvieron, entre otros motivos porque muchos de ellos son asiduos participantes en espacios de discusión y opinión que hay en los medios electrónicos.

   Los espacios de discusión e información seguirán existiendo en medios de toda índole. La libertad para expresarse en ellos no cambia ni un ápice debido a la reforma constitucional. Allí se encuentra el meollo del preocupante error en el que incurren los escritores y periodistas que promueven el amparo judicial. La libertad para expresarse en los medios no varía, porque nunca ha dependido de la posibilidad de contratar espacios pagados en ellos. Sin embargo, en una voltereta retórica tan arriesgada como desatinada, a partir de esa inexactitud se llega a la conclusión de que la opinión y la discusión en los medios electrónicos quedarán limitadas.

   En la demanda de amparo, de acuerdo con las versiones periodísticas, se dice que la reforma constitucional elimina “el derecho de los quejosos para acceder a los medios masivos de comunicación, con igualdad y equidad”.

   Pero el ejercicio de tales atributos –igualdad y equidad– no ha dependido jamás, hasta donde sabemos, de la capacidad que esos escritores y periodistas, o cualquier ciudadano, puedan tener para pagar spots en televisión y radio. Estamos seguros de que a ninguno de ellos les han cobrado por difundir sus declaraciones y opiniones –al contrario, en vista de que con frecuencia se trata de un trabajo profesional, son las televisoras y radiodifusoras las que tienen que remunerarles a esos opinantes frecuentes sus interesantes contribuciones–.

  El politólogo Federico Reyes Heroles, que ha encabezado la solicitud de amparo, ejemplificó en una entrevista una de las consecuencias que le preocupan de la reforma reciente: “si sale un candidato racista o un xenófobo donde sea, no podríamos salir a rentar un spot y decir que estamos en contra” (Milenio, 22 de diciembre). En efecto, los ciudadanos inconformes con ese presunto candidato no podrían contratar un anuncio pagado, en el también hipotético caso de que reunieran los fondos suficientes para ello. Pero tendrían la posibilidad de impugnarlo a través del mismo medio o de otros, ya fuese en sus propias colaboraciones periodísticas o haciendo valer el derecho de réplica, que precisamente en esta reforma, fue incorporado al artículo 6º. de la Constitución y cuya reglamentación está pendiente.

   En los últimos día de diciembre, la solicitud de amparo fue desechada por una juez federal. Los demandantes habían anticipado que insistirían por otros cauces legales. Es plausible que quienes no estén de acuerdo con una disposición legal tengan instrumentos jurídicos para impugnarla. Sin embargo en este caso hay un impedimento formal porque resulta bastante peregrino objetar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Por eso, igual que la que mencionamos, distintos jueces han rechazado otras demandas de amparo que presentó el Consejo Coordinador Empresarial contra la misma reforma constitucional.

   Al margen de esa discordancia jurídica lo más importante es el hecho de que varios escritores y periodistas, entre ellos algunos que habitualmente defienden sus puntos de vista con razones y hechos de reconocible solidez, en esta ocasión hayan incurrido en una postura tan desacertada. Acaso, en su adhesión a esa demanda influyó el disgusto contra los partidos políticos que han tomado decisiones tan inicuas como la destitución de los consejeros del IFE. Seguramente muchos de ellos están sinceramente convencidos de que hay una transgresión grave a la libertad de expresión.

   Quienes así lo consideran olvidan que la convivencia social obliga a que, siempre, el ejercicio de las libertades tiene limitaciones. Aunque la libertad de tránsito es una garantía constitucional, no tengo derecho a entrar al Periférico en sentido contrario. Aunque hay libertad para trabajar, la Constitución misma aclara que existen actividades ilícitas e incluso, hay profesiones cuyo ejercicio requiere de un título legal. Aunque la de expresión es una de nuestras libertades esenciales, hay reglas para ejercerla. No tengo derecho a pintarrajear con una opinión mía las paredes de un domicilio particular ni a pegar carteles en un monumento público, ni lo tengo para entrometerme en la vida privada de nadie, porque la libertad de expresión jamás se ejerce de manera irrestricta.

   Esas limitaciones, que son normales pero además necesarias en cualquier sociedad y sistema político, se les olvidan a los promotores del amparo. Algunos de ellos han llegado a decir que, a causa de la reforma constitucional, ahora no será posible criticar a los funcionarios públicos ni a los dirigentes políticos. Si así fuese, yo hubiera querido estar entre los primeros en oponerse a dichas modificaciones legales. Pero no es verdad que la reforma tenga tales consecuencias. Lejos de vulnerar libertades la actualización constitucional, en ese tema, propicia una competencia política menos inequitativa.

   En otros momentos he cuestionado aspectos que me han parecido indeseables de esa reforma constitucional en materia electoral. Junto a ellos, considero que ha sido un acierto terminar con la discrecionalidad que la radio y sobre todo la televisión han ejercido al manejar la propaganda electoral. No fue inesperado que Televisa y TV Azteca se inconformaran, incluso de manera tan tramposa y pendenciera como hizo la empresa de Salinas Pliego, contra esas nuevas disposiciones legales. Tampoco lo fue el respaldo de varios organismos patronales a esa causa de las televisoras. Lo que ha resultado preocupante es, por las exageraciones y confusiones que implica, la demanda de amparo de escritores y periodistas. Debido al respeto y aprecio que les ten a muchos de ellos he querido tomar en serio sus razones y señalar por qué me parecen erróneas y desafortunadas.