Sociedad y poder

La Crónica, jueves 28 de febrero.

La prohibición para fumar en sitios públicos tiene motivos que parecen incuestionables. Sin embargo la discusión en torno a las decisiones recientes del Senado y especialmente de la Asamblea Legislativa del DF, ha estado repleta de equívocos retóricos y fantochadas.

Por un lado se ha extendido, sin contexto crítico y a veces con más prejuicios que datos duros, una enardecida condena a los fumadores. Nuestro país se ha incorporado –aunque resulta discutible que eso sea indicio de modernidad– a la corrección política que está de moda y que persigue los hábitos que la mayoría, o sus intérpretes, consideran nocivos.

No discutimos los efectos dañinos del tabaco. Evidentemente fumar mucho, hace mucho daño. También beber demasiado aunque solamente sea agua y comer en exceso pueden convertirse en prácticas incómodas para la salud. Sin embargo se ha vuelto costumbre condenar al hecho en sí mismo de fumar, como si cada fumador hubiera decidido suicidarse a fuerza de inhalar consuetudinariamente.

Si así fuese, se trataría de una decisión que compete al albedrío de cada quien. Fumar, para quienes gustan hacerlo, puede ser una manera de disfrutar mejor la vida. Cada individuo debería tener plena libertad para consumir lo que le venga en gana siempre y cuando no afecte derechos ni libertades de los demás. Aquí es donde se suele incorporar un matiz harto razonable. Las exhalaciones de los fumadores pueden resultar incómodas y, en distinta medida y de acuerdo a cada circunstancia, pueden ser incluso malsanas para quienes los rodean.

El derecho de los fumadores entonces, y en eso todos estaremos de acuerdo, tiene como límite fundamental el derecho de quienes no fuman a no padecer, si no quieren, los humos del vecino.

Si de eso se trata, entonces la reglamentación acerca del uso del tabaco tendría que garantizar derechos de no fumadores pero también los de aquellos que deciden fumar. La medida más pertinente hubiera sido establecer la posibilidad de que algunos sitios públicos, como restaurantes y bares, fueran para fumadores. El acceso a ellos estaría limitado únicamente a mayores de edad.

Sin embargo la Asamblea Legislativa resolvió impedir del todo la opción de fumar en cualquier recinto público. Y el Senado aprobó una Ley para el Control del Tabaco que permite establecer zonas de fumar que serán auténticas reservaciones para segregar a quienes quieran consumir un cigarrillo: en ellas no se podrá comer, ni beber, ni nada más que apurar el pitillo (como dicen los españoles) con la culposa sensación de saberse en un gueto sanitario.

La votación de esas reformas estuvo acompañada de expresiones de rechazo testimonial por parte de los legisladores, tanto locales como federales, que estuvieron en desacuerdo con ellas. Algunos subieron a la tribuna cigarro en mano. Otros aseguraron que no acatarán tales reglas. En varios casos fue estrecha la diferencia entre el berrinche y la patanería.

Erigidos por sí mismos en benefactores de la salud social unos y en valedores de sus costumbres nicotínicas los otros, casi todos han soslayado una de las implicaciones principales que tiene la prohibición al consumo de tabaco en público. Nos referimos al ejercicio de responsabilidad personal que cada fumador podría y tendría que desplegar ante sus congéneres que no quieren aspirar tales emanaciones.

La discusión sobre las consecuencias fatídicas que puede tener la inhalación exagerada de nicotina o, por otra parte, las virtudes sociales, culturales o extasiantes del cigarrillo, son lo de menos ante la decisión de quienes se niegan a sobrellevar el humo de otros. Para no molestar, los fumadores pueden preguntar a las personas que los rodean si les permiten o no encender un cigarrillo. Y éstas, desde luego, están en posibilidad de consentirlo o no. Después de todo así es la convivencia entre la gente. Aquello que quiero hacer pero puede incomodar a los demás, se los consulto y subordino el ejercicio de mis deseos a la aquiescencia de mis vecinos.

Esa es una de las claves de la civilización. Para vivir en comunidad (con-vivir) tenemos leyes pero también cultivamos hábitos de tolerancia y respeto. La mayor parte de los dilemas en la relación con otros los resolvemos merced a normas de urbanidad que son, también, pautas de coexistencia. Cuando fallan, entonces llega el momento para la aplicación de las leyes.

Los fumadores podrían disponer de espacios adecuados en los sitios públicos, o incluso de recintos en donde se pueda fumar sin restricción territorial alguna. Nadie se molestaría si alguien enciende un cigarrillo en un lugar de esa índole y la libertad de los que fuman sería compatible con la de quienes no desean hacerlo. Las nuevas disposiciones, sin embargo, cancelan esa posibilidad de convivencia.

La prohibición de los derechos de una minoría en aras del derecho de la mayoría se justifica cuando no hay oportunidad de arreglo entre una y otra. Sería inaceptable que se admitieran las aficiones gastronómicas de un grupo de caníbales, o las preferencias sexuales de los pederastas. Pero en costumbres respecto de las cuales puede haber acuerdos razonables, no solo es posible sino además resulta deseable que haya entendimiento. Propiciar la transacción social es una de las variadas rutas hacia la construcción de ciudadanía. Y al contrario, sustituir el acuerdo por la restricción debilita o mantiene estancada la cultura cívica.

Prohibir, por lo general, solamente inhibe pero no persuade. Con los menores de edad hay que impedir cualquier consumo potencialmente nocivo e incorporar el entendimiento de estos temas, pero también de la tolerancia y el respeto, como parte de la educación fundamental. Hacia los adultos, que están en capacidad para determinar qué fuman o dejan de fumar, una política racional contra los efectos que ocasiona el uso desmedido del tabaco podría ofrecer explicaciones e información abundantes. La proscripción, en cambio, no es solución a mediano plazo.

En un libro maravilloso que toma claro partido por el consumo libre de tabaco (Los cigarrillos son sublimes) Richard Klein recuerda: “La represión del tabaco suele garantizar su regreso bajo una forma mucho más virulenta. La demonización de un hábito por sus efectos nocivos para la salud lo convierte en algo irresistible, lo envuelve con la seducción del vicio y el poderoso atractivo de lo que debe permanecer oculto. La censura estimula irremisiblemente la práctica que se propone inhibir y, por lo general, la vuelve más compulsiva, precisamente por su clandestinidad”.

La prohibición contra los fumadores también debilita el ejercicio de la ciudadanía por las fuertes cargas de fundamentalismo conservador que a menudo la acompañan. No queremos decir que todos los que se oponen a que se fume en público practican una suerte de fascismo sanitario. Pero en la prepotencia de muchos de quienes promueven y aplauden esa interdicción hay un sesgo de intolerancia que vale la pena señalar aunque implique asumir una postura políticamente incorrecta.

El fanatismo constituye la peor forma de ceguera porque se asume de manera voluntaria. El fanático se considera cruzado de una causa en aras de la cual todo se vale. Peor aún, con frecuencia la causa queda desplazada por el combate contra todo aquello que la rodea. Los fanáticos del antitabaquismo en ocasiones pasan de la defensa de sus pulmones, a la negación del cigarrillo como parte de las costumbres sociales. Inclusive llegan falsear la historia.

Hace tres años, cuando Francia celebró el centenario del nacimiento de Jean Paul Sartre, los organizadores de aquellos festejos mandaron hacer un cartel para promover una exposición en la Biblioteca Nacional. Allí aparecía fotografiado el agudo filósofo existencialista con la mirada miope, la frente ancha, el saco de tweed y un extraño ademán en la mano derecha. Pronto se supo que los autores del cartel habían mutilado la fotografía original para quitarle a Sartre el característico cigarrillo que siempre portaba, prácticamente como señal de identidad. Aquel Sartre no fumador era una caricatura del original: una imagen desnaturalizada por la manía del antitabaquismo.

Abundan los ejemplos de esa asociación entre prohibicionismo antitabaco e intolerancia social, histórica, política incluso. Ese dejo de suficiencia que exhiben algunos defensores de las prohibiciones recientes difícilmente estará al servicio de asuntos o causas más relevantes. Fernando Savater, en un artículo publicado en enero de 2006, lo explica de manera inmejorable: “Lo peor de todo, a mi vicioso entender, es el airecillo virtuoso que rodea la proclamación ufana de estas medidas. Tal como señaló Chesterton: ‘Si hay algo peor que el debilitamiento moderno de los grandes principios morales es el reforzamiento de los pequeños principios morales’. En efecto, nuestra sociedad se va haciendo cada vez más virtuosa, pero con una uve cada vez más minúscula”.

La Crónica de Hoy, jueves 21 de febrero

   Otrora tema solamente de especialistas y de los profesionales directamente vinculados con ellos, hoy en día resulta evidente que los medios de comunicación son asunto de todos. Así lo confirma la creación, ayer miércoles 20 de febrero, del Frente Nacional por la Reforma de Medios Electrónicos que reúne a medio centenar de organizaciones. Agrupaciones de la sociedad como Poder del Consumidor, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Salud Integral para la Mujer, participan allí junto a sindicatos y coaliciones sociales como el de Trabajadores de la UNAM y la Unión Nacional de Trabajadores. Están, desde luego, grupos afines al análisis y la docencia alrededor de los medios como la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y agrupaciones que defienden usos sociales específicos de la comunicación como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México. Hay organismos gremiales y profesionales directamente relacionados con los medios como el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa y la Asociación Nacional de Documentalistas. Destaca la participación de la Asociación Nacional de Actores y la Asociación Nacional de Intérpretes, que tienen entre sus principales fuentes de trabajo a las empresas de radiodifusión cuyo desempeño se pretende regular con una nueva legislación. El Frente se conformó a iniciativa de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, que encabeza el ex senador Javier Corral Jurado.

   Apenas constituido formalmente en un encuentro en el Club de Periodistas, representantes y miembros del Frente caminaron dos calles para llegar al Senado de la República en donde habían solicitado reunirse con los legisladores directamente involucrados en la revisión de las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. Estuvieron presentes Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva del Senado y una decena de legisladores más, miembros de PAN, PRD, PVEM y PRI. El encuentro era pertinente no sólo porque a los senadores tendría que interesarles el nacimiento de una coalición que se propone influir para que se reforme una legislación específica sino porque algunos de ellos, en las semanas recientes, han dicho que a corto plazo no habrá modificación en la normatividad para los medios de comunicación. El senador Creel dijo, en cambio, que tienen hasta el mes de abril para construir una nueva ley de medios.

   En ese encuentro Aleida Calleja, dirigente de los radiodifusores comunitarios, relató cómo y con quiénes se conforma el Frente. Miguel Ángel Granados Chapa, presidente del Consejo Consultivo de la AMEDI, recordó los muchos esfuerzos que se han desplegado para actualizar la legislación aplicable a los medios desde que, hace más de tres décadas, el diputado priista Luis M. Farías confesó, considerando que ya no tenía más por hacer en ese tema, que los legisladores no le habían hallado la cuadratura al círculo. El investigador Alberto Aziz Nassif mencionó las demandas principales del nuevo Frente.

   Allí también, a invitación de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, presenté la intervención que transcribo a continuación.

* * *

      Hace cuatro décadas un destacado embajador mexicano consideraba que la más importante de las “nuevas formas de participación” de la sociedad de nuestro país tendría que desarrollarse en los medios de comunicación. Ese ciudadano escribía: “Resulta escandaloso que la radio y la televisión sean todavía propiedad privada y que constituyan un negocio como cualquier otro. Al mismo tiempo, su nacionalización no sería un verdadero remedio: el monopolio del Estado en materia de información no es menos peligroso que el de los negociantes. El ejemplo de Rusia y aún el de Francia no recomiendan la nacionalización. Una solución intermedia consistiría en substituir el concepto de propiedad por el de uso: los que deben dirigir la radio y la televisión son aquellos que efectivamente la usan, es decir, los productores y los consumidores. La creación de consejos u otros organismos que se encargasen de la dirección de los programas de radio y televisión, podría ser un experimento en la democracia social de la participación”.

   Aquel sobresaliente personaje explicaba: “Esos consejos estarían compuestos por la representación del Estado y, enseguida, por la de los radioyentes y televidentes, los maestros, los hombres de ciencia, los escritores y los poetas, los músicos, los artistas, los técnicos en radio y televisión, los periodistas… en suma, todos aquellos que participan efectivamente en la función informativa, ya sea como emisores o receptores. Se aseguraría así no sólo la libertad de información sino el derecho que todos los ciudadanos tienen a usar de la facultad humana por excelencia: hablar, oír y responder…”  [Octavio Paz, Carta del 6 de septiembre de 1968 al C. Secretario de Relaciones Exteriores (Antonio Carrillo Flores). Reproducida en Vuelta No. 256, marzo de 1998].

   Aquel mexicano se llamaba Octavio Paz y era embajador en India cuando, el 6 de septiembre de 1968, dejó registro de esas propuestas en una carta al secretario de Relaciones Exteriores. Supongo que los directivos de Televisa, tan proclives como son a descalificar a quienes proponen mecanismos de regulación social para los medios electrónicos, tendrán algún comedimiento antes de emprender contra ese Premio Nobel una campaña como las que han afectado a varios de los legisladores –algunos de ellos están aquí presentes– que se han propuesto reformar el régimen mexicano en materia de comunicación.

   Lúcida y previsora como gran parte de sus reflexiones, aquella iniciativa de Octavio Paz subrayaba la influencia de los medios de comunicación que, como no son cualquier negocio, tienen que estar normados por reglas capaces de reivindicar el interés de la sociedad.

   La regulación de los medios no atenta contra la libertad, como a veces se dice con lamentable simpleza. Toda libertad, para ser algo más que retórica, necesita reglas. Y el ejercicio de la libertad en los medios y delante de ellos requiere de normas capaces de garantizar el derecho de los ciudadanos a disponer, en su consumo de mensajes mediáticos, de varias opciones y no solamente una –o dos, casi siempre tan deplorable una como la otra, en el caso de la televisión–. Reglas que protejan derechos como el de réplica, que auspicien la pluralidad y establezcan contrapesos al poder a menudo salvaje de los medios privados favoreciendo la existencia de medios no comerciales como los de índole pública y los comunitarios, son las que desde hace largo rato el Poder Legislativo le ha regateado a la sociedad mexicana.

   La diversidad de intereses, experiencias y aspiraciones de esta sociedad no se refleja en los medios, especialmente la televisión. Por eso es preciso que haya más opciones locales y nacionales en el campo del audiovisual mexicano. También hace falta que las concesiones sean otorgadas por concurso y no discrecionalmente como ha sucedido hasta ahora; que sus usufructuarios paguen al Estado el valor real por el aprovechamiento de las frecuencias que les son concesionadas; que haya límites a la concentración de muchos medios en pocas manos que se ha constituido en el dique más importante para la apertura de la comunicación en México.

   La amalgama técnica y funcional que hoy existe entre la radiodifusión y las telecomunicaciones, hace necesario que la nueva legislación unifique y actualice normas que hasta ahora han permanecido disociadas en las leyes federales de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Promover la competencia tiene que ser un recurso para desarrollar y no para abatir la calidad tanto en los contenidos como en los servicios de tales medios. Esas tareas habrían de ser ejercidas por una autoridad regulatoria con autonomía institucional y atribuciones sólidas, pero antes que nada con respetabilidad entre sus interlocutores y en la sociedad cuyos intereses representará. A la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones la integran funcionarios que, en su mayoría, son polichinelas de las corporaciones a las que presuntamente regulan.

   La nueva legislación no tiene que ser compleja, ni excesivamente detallada. A fin de que sea una legislación socialmente útil hoy, tanto como mañana, resulta necesario que establezca principios generales lo mismo para el aprovechamiento del espacio radioeléctrico que capaces de propiciar la diversidad, el respeto y la responsabilidad, entre otros valores, en los contenidos de la radiodifusión. Será pertinente que los legisladores no se dejen sorprender con artificios o fundamentalismos tecnológicos como los que el año pasado trajeron al Congreso, y luego quisieron propagar en la Suprema Corte, los promotores de la Ley Televisa. Y tendrán que recordar que en este, como en pocos asuntos nacionales, el tiempo apremia.

   Un mes después de que escribió las líneas que mencionamos anteriormente Octavio Paz atestiguó, indignado, la intolerancia de un sistema político que se enredaba en sus propias tinieblas. El país que tenemos 40 años más tarde es distinto en casi todo, pero las reglas para la comunicación siguen siendo las mismas. Peor aún, los medios más relevantes siguen siendo los mismos y continúan atendiendo a los mismos intereses que en aquel 1968.

   En ese año el poeta mexicano explicaba, con la llaneza de quienes discurren con claridad, que a los ciudadanos los medios tenían que permitirles hablar, oír y responder. Ese anhelo sigue dificultado hoy por la cerrazón y la arrogancia de los medios de más alcance, especialmente las televisoras privadas. La posibilidad de que con los medios y no a pesar de ellos seamos auténticamente ciudadanos, señores senadores, está en sus manos.

La Crónica, jueves 14 de febrero.

Emilio Azcárraga Jean fracasa en su intento para torcer la historia cuando dice que Televisa no le debe nada a la clase política mexicana. Habla de la relación entre esa empresa y el Estado como si su padre no hubiera afirmado, desfachatado como solía comportarse, que en Televisa todos eran soldados del PRI. Soslaya la inmensa cantidad de favores que cada uno de los gobiernos, priistas y panistas, le han dispensado a Televisa desde que hace casi seis décadas surgió la televisión en este país. Pretende que la hegemonía mediática que usufructúa se debe al esfuerzo de esa corporación y no a la relación de conveniencias mutuas que ha mantenido con cada uno de los presidentes que gobernaron durante dicho lapso. Pero ese ejercicio de desmemoria es fallido.

En un evento para empresarios realizado el viernes pasado el dueño de Televisa trató de abolir 60 años de privilegios que propiciaron el crecimiento de ese consorcio: “A nosotros no nos han regalado nada –afirmó, de acuerdo con la información de Blanca Estela Botello en Crónica–. O sea, que si tenemos el canal nueve es porque los del ocho no pudieron, y si Sky está sólo porque Directv no pudo, entonces ¿ahora me van a castigar porque soy competitivo o porque gano? Creo que eso está mal. Necesitamos darle la vuelta y decidir y pensar en que exista más competencia y cómo fortalecemos las posiciones de México afuera”.

Azcárraga Jean esquiva la historia de esos “triunfos” corporativos. El canal 8, propiedad de empresarios regiomontanos, había surgido en 1968 para competir con Telesistema Mexicano, la empresa propiedad de la familia Azcárraga. Logró tener una producción original pero no resistió las presiones del consorcio que para entonces ya tenía 3 canales en la ciudad de México. El gobierno mexicano influyó en esas presiones y autorizó expresamente la fusión de ambas empresas en diciembre de 1972. No es cierto, como dice Azcárraga Jean, que “los del 8” no hayan podido. Su padre y su abuelo no los dejaron, con la complicidad del gobierno.

El otro caso fue similar. Sky se quedó con el mercado de la televisión satelital mexicana cuando DirectTV no resistió argucias acaparadoras como las que condujeron a retirarle los derechos a las transmisiones de partidos de futbol. En México, a diferencia de lo que sucede en todo el mundo, las empresas de televisión abierta no están obligadas a proporcionar sus señales a todos los sistemas de televisión de paga. Ese intencionado proteccionismo le impidió a DirecTV ofrecer un servicio completo a sus suscriptores mexicanos y por eso tuvo que cerrar operaciones en nuestro país.

Esos son los laureles que reivindica Azcárraga Jean. Ahora convoca a crear condiciones para que haya más competencia. Si lo dijera en serio estaríamos ante un viraje de 180 grados en la conducta de su empresa que siempre ha pugnado por evitar, a toda costa, la presencia de otros actores en el campo de la televisión mexicana.

Así sucedió recientemente cuando la empresa estadounidense Telemundo, asociada con un grupo de inversionistas mexicanos, pretendió que el gobierno mexicano abriera licitaciones para una nueva cadena de televisión. En complicidad con TV Azteca, la empresa de Azcárraga desató una sucia campaña de desinformación en sus noticieros acerca de la intermediación en la venta de medicamentos. Con esa repentina inquietud por los productos farmacéuticos, las televisoras quisieron golpear los intereses del socio mexicano de Telemundo que entre otras cosas es propietario de una firma distribuidora de medicinas.

Ahora, sin embargo, Azcárraga Jean proclama (según la versión que de esas declaraciones publicó La Jornada): “así como Telemundo ha querido entrar a México, yo he querido entrar a Estados Unidos. A mí me corrieron de Estados Unidos. Ahí vemos como los americanos (sic) y su gobierno defienden a las empresas americanas”.

La historia de Televisa en Estados Unidos es distinta a la de Telemundo en México. En Estados Unidos sí está permitida la inversión extranjera en medios de comunicación pero limitada a un máximo del 25%. Lo que Azcárraga quiso fue primero sobrepasar ese máximo y las autoridades de aquel país se lo impidieron. Luego, asociado con otras empresas de medios, participó en el intento para comprar Univisión y su propuesta financiera fue inferior a la que finalmente ganó. Si Televisa salió de la operación directa de televisión abierta en Estados Unidos fue porque sus cálculos financieros fallaron.

En México en cambio, la inversión extranjera directa está prohibida en medios de comunicación y hay quienes acuden al subterfugio de la inversión neutra, como el grupo español Prisa en su alianza radiofónica con Televisa. Lo más saludable sería, por ello, que en nuestro país hubiera reglas claras, y desde luego límites, para la inversión foránea directa en medios de comunicación de toda índole. Si hubiera reciprocidad como pretende Azcárraga, el mercado mediático en este país debiera abrirse a la inversión extranjera. Pero lo que han él y Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca, han procurado, es mantener el monopolio que ejercen sobre la industria audiovisual. Quieren competencia afuera, pero no dentro del país.

Quizá la congruencia no sea la mejor virtud de Azcárraga Jean. Pero la jactancia que manifiesta no se compadece de la realidad, ni de la historia de su familia y de la empresa que encabeza. El dueño de Televisa aseguró: “No sé qué haya pasado en otras (empresas), pero en Televisa, a nosotros no nos regalaron nada, nosotros nos hemos topado con varias crisis, varios presidentes y varios políticos que sí se han robado muchísimo dinero”.

Así que ahora resulta que las numerosas concesiones, las facilidades en materia de telecomunicaciones, la aplicación laxa de una legislación de por sí magnánima con los consorcios comunicacionales que ya existen y la decisión política para impedir que surja una competencia eficaz delante de Televisa y ahora de Azteca, no han sido resultado de una sostenida condescendencia del gobierno federal. Azcárraga Jean miente cuando dice que a esa empresa el gobierno no les regaló nada.

Los creadores de Televisa quedaron en deuda con el presidente Miguel Alemán Valdés que, a fines de su sexenio, resolvió que el modelo para la televisión mexicana sería comercial y que en 1950 le obsequió la concesión del canal 2 a Emilio Azcárraga Vidaurreta.

Ese empresario y su familia fueron favorecidos por el presidente Adolfo Ruiz Cortines que, en 1955, permitió el surgimiento del monopolio de la televisión mexicana cuando los propietarios del 2 y los canales 4 y 5 se fusionaron en Telesistema Mexicano.

Adolfo López Mateos le brindó a la empresa de los Azcárraga abiertas facilidades para explotar la red nacional de microondas y en 1960 auspició una Ley Federal de Radio y Televisión tendenciosamente favorable al interés de los empresarios privados.

Gustavo Díaz Ordaz estaba tan a gusto con la alianza que mantenía con la familia propietaria de Televisa que en 1967 designó consejero suyo a Emilio Azcárraga, aunque a fines del año siguiente se distanció de él.

Luis Echeverría Álvarez fue el presidente que con más claridad entendió los riesgos que implicaba el poder desmedido de la televisión privada e intentó establecer un contrapeso con una televisión de propiedad estatal que, sin embargo, nunca tuvo recursos ni autonomía suficientes. Pero en 1972 aprobó personalmente la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente ( propietaria del canal 8 ) para crear Televisa.

Con José López Portillo, durante el auge petrolero el gobierno gastó como nunca antes en la compra de publicidad en los canales de Televisa. Eran de antología los regalos que Emilio Azcárraga Milmo le enviaba al presidente de la República, entre ellos un Mercedes Benz blindado (según el relato de Claudia Fernández y Andrew Paxman en la excelente biografía El Tigre. Grijalbo, 2000).

A Miguel de la Madrid, Televisa le debe servicios como la creación de un sistema de comunicaciones satelitales que fue ampliamente aprovechado por esa empresa y la negativa a autorizar concesiones a empresas que pudieran competir con Azcárraga.

A Carlos Salinas de Gortari Televisa le debe la venta, por 100 millones de dólares, de 62 concesiones con las que armó la cadena nacional del canal 9. Poco antes, el nuevo dueño de Televisión Azteca había pagado seis veces y media más por las cadenas nacionales encabezadas por los canales 7 y 13. Las relaciones de Televisa con Carlos Salinas resultaron tan fructuosas que la noche del 23 de febrero de 1993, cuando ese presidente encabezó una cena para pedirle a los hombres más adinerados del país que apoyaran las finanzas del PRI, después de que cada banquero o empresario allí presentes ofrecía medio millón o un millón de dólares Azcárraga Milmo sorprendió a todos comprometiéndose a aportar 70 millones de dólares.

A Ernesto Zedillo no solamente esa empresa sino su actual propietario, le deben un servicio enorme. A la muerte de su padre, Emilio Azcárraga Milmo, el presidente Zedillo gestionó personalmente la operación financiera y política que le permitió a Emilio Azcárraga Jean quedarse con el control accionario de Televisa que era disputado por las familias Burillo y Cañedo.

Y qué no puede decirse de la sumisión que tuvo respecto de Televisa el presidente Vicente Fox Quesada. Uno tras otro, accedió a todos los caprichos que le planteaba esa empresa incluyendo la promulgación en 2002 de un Reglamento de la Ley de Radio y Televisión elaborado por esa empresa y el apadrinamiento en 2006 de la malhadada Ley Televisa.

Cada uno de los presidentes mexicanos, desde hace seis décadas, respaldaron o al menos permitieron la expansión del poder económico y político de Televisa. El presidente Felipe Calderón, hasta ahora, no ha sido la excepción. Quién sabe qué sabe, o qué teme Azcárraga Jean, que hace declaraciones tan aventuradas. Es absolutamente falso que a su empresa no le hayan regalado nada. Al contrario. Y si Televisa ha tenido tratos con políticos que han robado mucho dinero, por lo menos ha sido cómplice de ellos al contar con esa información y no denunciarlos.

La Crónica, 7 de febrero de 2008

Para conmemorar el aniversario de la Constitución, antier en Querétaro, el presidente Felipe Calderón leyó un discurso de aproximadamente 7 cuartillas. En ese espacio se refirió por lo menos 28 veces a la ley, las leyes o a la “Ley Fundamental” que es el documento que cumplió 91 años. En otras 10 ocasiones el presidente mencionó, aunque no definió, el término legalidad. Dos de ellas las utilizó para convocar al país todo –poderes constitucionales, gobiernos municipales, estatales y federal, “a la sociedad entera”– a un acuerdo por la legalidad y la seguridad.

   Nadie que apueste por la política institucional, ceñida a reglas y compromisos entre los actores de la vida pública, querrá ni podrá rehusarse a un arreglo de esa índole. El solo hecho de formar parte de alguno de los poderes constituidos ya sea como gobernantes, legisladores o jueces, hace de los servidores públicos sujetos obligados a un acuerdo tácito, pero también a reglas muy explícitas, con la legalidad. Y entre los ciudadanos, aunque a veces las leyes existentes no nos gusten es indudable que al tener derechos contraemos obligaciones y la primera de ellas es el acatamiento al orden jurídico.

   Todo eso resulta demasiado evidente. Pero al parecer no lo es tanto para el presidente Calderón porque si no se le nutre de contenidos específicos, el acuerdo al que emplazó en el Teatro de la República quedará en pura palabrería.

   La vieja política mexicana está repleta de discursos huecos. La redundancia en el lugar común y el abuso de una retórica que se agotaba en sí misma formaron parte de las rutinas del poder político. Quienes lo encabezaban, en buena medida por carecer de un proyecto de país o debido a que para ellos el proyecto nacional era aquel que se ajustaba a sus conveniencias, acudían con frecuencia a esos discursos repletos de fórmulas grandilocuentes pero ayunos de precisiones conceptuales y programáticas.

   Sería prematuro considerar que el discurso que el martes 5 de febrero ofreció el presidente Calderón para homenajear a la Constitución recala en esa triste y gastada tradición. Si le da contenido al pacto por la legalidad y la seguridad, ese mensaje quedará registrado como preámbulo de una cadena de decisiones posiblemente importantes. Pero si queda en la retórica sin sustancia estaremos ante una nueva expresión de la política que, a falta de fondo, se constriñe a las formas.

   A la legalidad, en ese discurso, el presidente Calderón la consideró como la vía que le permitió al país pasar a una convivencia ordenada y armónica después de los tiempos turbulentos que dieron origen a la Constitución. Legalidad e igualdad, dijo luego, son las garantías consagradas por la Constitución liberal de 1857. Es la vía para acercarnos “a los sueños e ideales de nuestros próceres”. También constituye el principio que debe regir a todo acto de autoridad. La formulación que más se acercó a explicar ese término la ofreció el presidente cuando consideró: “los ciudadanos deben ver, en el cumplimiento de la ley, la mayor garantía de los derechos, la sociedad debe sujetar su actuar cotidiano al orden legal. Ésta es la base de una auténtica cultura de legalidad”.

   Calderón, además, estimó que todo abuso de poder y todo atentado contra la legalidad deben ser sancionados. En la lucha por la legalidad, añadió, ningún miembro de la sociedad debe quedar excluido. De allí su convocatoria al acuerdo “por la legalidad y la seguridad”.

   Legalidad es, en términos llanos, la cualidad de legal y el conjunto de normas legales que rigen en un país. Cuando el presidente de la República exhorta de manera tan enfática a que compartamos y cumplamos la legalidad, evidentemente anuncia él mismo su compromiso con ella. Pero el pacto que anuncia difícilmente podría ir más allá de una mera enunciación de reiteraciones porque todos, querámoslo o no, estamos obligados por el orden jurídico.

   Quizá, entonces, más que esa exhortación resulta relevante el hecho de que el presidente Calderón considere necesario formularla. Si el titular del Ejecutivo Federal cree que los responsables de instituciones y los ciudadanos todos, que de cualquier manera están obligados con el orden jurídico, deben hacer explícito ese compromiso, no puede ser sino porque advierte que el cumplimiento de la legalidad es débil o insuficiente. Y entonces podemos preguntarnos si una exhortación como la de Querétaro es la vía más pertinente para propiciar que las leyes se cumplan en nuestro país.

   Si esa admonición hubiera sido formulada por algún comentarista, o por un actor de la vida política sin responsabilidades institucionales, no habría motivo peculiar para ocuparnos de ella. Pero quien convocó a un pacto por la legalidad fue nada menos que el Presidente de la República. Como gobernante que es de todos los mexicanos resulta explicable que el presidente Calderón presente recomendaciones y amonestaciones. Pero además de ellas a la ley se le cumple, valga la perogrullada, haciéndola cumplir.

   Allí es donde falla la exhortación del presidente Calderón y no porque se pueda decir que su gobierno incurre en ilegalidades, sino porque se desempeña en un contexto acotado por ellas. Cuando los partidos políticos –incluyendo el partido del presidente de la República– transgreden la reforma constitucional que ellos mismos establecieron como sucede con la designación de los consejeros del IFE, para mencionar uno de los casos en donde con mayor impudor los legisladores disponen, modifican y rectifican a sus anchas, evidentemente es difícil reivindicar la legalidad.

   Con ese entorno tiene que lidiar quienquiera que se proponga propiciar el cumplimiento de la legalidad. Lograrlo no es solamente asunto de aplicar el orden jurídico, ni podrá conseguirse únicamente predicando con el ejemplo. Además hace falta consolidar una cultura de la legalidad comenzando por la todavía en buena medida cerril clase política que tenemos.

   Junto con esa clase política, hay actores de la vida pública para los cuales no hay más legalidad que aquella que ampara sus negocios e  intereses. Esa es la idea que prevalece acerca de las leyes en varios de los consorcios mediáticos más importantes del país. Para algunas de tales empresas se ha vuelto costumbre despotricar contra los políticos –y no faltan motivos para eso– sin reconocer los muchos atropellos que ellas mismas cometen tanto contra sus audiencias como con los mecanismos de competencia salvaje que practican a menudo. No habrá cultura de la legalidad sin un auténtico compromiso de los medios de comunicación. Allí se encuentra uno de los principales escollos para cualquier cruzada por el cumplimiento de las leyes.

   En ese panorama, además de incitar a la legalidad y de desempeñarse en observancia a ella el presidente de la República está obligado a conciliar entre las principales fuerzas nacionales, especialmente con los partidos. Gobernar, en la actual circunstancia mexicana, requiere de diálogo y arreglos constantes. En su discurso de Querétaro el presidente Calderón mencionó el término “acuerdo” en 3 ocasiones. Pero solamente una vez, y no en referencia a la conciliación que se requiere ahora sino para aludir a la pluralidad que había en el Constituyente de hace 91 años, mencionó la palabra “política”.

   Hace un siglo, en vísperas del movimiento social que luego daría lugar a la Constitución de 1917, había quienes sostenían que para gobernar se necesitaba poca política y mucha administración. Luego tuvimos gobiernos que, por ausencia de capacidad y/o voluntad, quisieron hacer lo contrario. Hoy en día México requiere de sus gobernantes mucha administración pero también mucha política. Sin ambos atributos, no habrá legalidad ni admoniciones que valgan.