Sociedad y poder

La Crónica, jueves 27 de marzo.

   Uno.  Al menos dos empresas de comunicación, Televisión Azteca y el Grupo Imagen, se negaron de manera explícita a difundir los spots de los partidos políticos que hace varias semanas les envió el IFE. Otros consorcios mediáticos, como Televisa, simplemente se hicieron remolones y, aunque sin manifestar rebeldía expresa, en la práctica desatendieron esas instrucciones de la autoridad electoral.

   Desde hace años el IFE está facultado para emplear parte del tiempo de transmisiones al que tiene derecho el Estado en todas las estaciones de televisión y radio en la difusión. Aunque la legislación electoral era muy clara al adjudicar tales atribuciones a la autoridad en ese ramo, de cuando en cuando algunos concesionarios se negaban a cumplir dicha obligación. La reforma constitucional promulgada el 13 de noviembre pasado robusteció y aclaró, a fin de que no quedase duda alguna, las facultades del IFE para disponer de tiempo estatal en todas las radiodifusoras y televisoras.

   El Artículo 41 de la Carta Magna señala en su tercera sección: “El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio de los derechos de los partidos políticos nacionales”.

   Allí se establece la proporción que, del tiempo que corresponde al Estado, el IFE puede ejercer tanto en periodos regulares como durante campañas electorales. También se indica que, de considerarlo necesario, la autoridad electoral puede disponer de más tiempo de transmisión.

   Ahora únicamente el IFE puede administrar y gestionar la transmisión de mensajes “dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos” en los medios electrónicos. Esas transmisiones “se harán en el horario que determina el Instituto”, indica el mismo apartado Constitucional.

   No hay vuelta de hoja: en materia de mensajes de los partidos el IFE dispone dentro de los parámetros indicados por la Constitución –y que el Código Federal Electoral reitera–  y los concesionarios de radio y televisión están obligados a obedecer.

   Sin embargo las autoridades del IFE comenzando por su nuevo presidente, el doctor Leonardo Valdés, presenciaron prácticamente impávidos durante varias semanas el desacato de las televisoras, las convocaron no a cumplir la ley sin chistar sino a una curiosa y extralegal negociación y finalmente establecieron una comisión en la que participan radiodifusores, gobierno y autoridad electoral,  a través de la cual gestionarán la difusión de los mensajes políticos.

   El temor de las nuevas autoridades del IFE para hacer cumplir la ley resulta inquietante. Ojalá sea expresión sólo de novatez y no de precoz cuan innecesaria rendición al poder mediático.

   De acuerdo con el Código Electoral el IFE puede multar y, si reinciden, puede ordenar la suspensión de entre una y 36 horas del tiempo comercializable en las estaciones de radio o televisión que se nieguen a difundir los mensajes proporcionados por la autoridad electoral. Y también está facultado, de acuerdo con el 41 Constitucional, para emprender “procedimientos expeditos que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones de radio y televisión de concesionarios y permisionarios que resulten violatorias de la ley”.

   Recursos legales y motivos, no les faltan para sancionar a las empresas de comunicación que se niegan a cumplir con esas obligaciones. ¿Qué esperan los consejeros del IFE para hacer valer su autoridad?

   Dos. El zipizape dentro del PRD es lastimoso, patético, de escándalo. El caudillismo que ejerce López Obrador es el motivo central, pero no el único, que ha propiciado la descomposición hoy evidente entre los perredistas. A las mañas y tretas que llevaron al PRD no pocos de los ex priistas se convirtieron en su columna vertebral, se añade el clientelismo embaucador de grupos como los que han sido la base social fundamental del perredismo en la ciudad de México. Personajes como Bejarano siguen siendo algo más que despreciable anécdota gracias al respaldo que en ellos tienen dirigentes como López Obrador y, ahora, Alejandro Encinas.

   Algún día habrá que recapitular sobre la trayectoria de Encinas, a quien todos sus adversarios respetan aunque no sean igualmente respetables muchos de sus operadores políticos. Cuando resulta que un sujeto conocido por su talante provocador y de personalidad tan viscosa como Gerardo Fernández Noroña es vocero de Encinas, parece claro que el horizonte de ese aspirante a la presidencia del PRD quedó lejos, muy lejos, de la izquierda que se quería distinguir por sus convicciones democráticas y por su integridad moral.

   A casi dos semanas de que se realizaron el 16 de marzo, nadie sabe quién ganó las elecciones en el PRD. Encinas, Noroña y socios se amparan en los conteos rápidos que, desde aquella noche, indicaron que ellos habían ganado. A esa posición debe haberle caído como balde de agua no helada, sino hirviente, la explicación que ayer ofreció en El Universal Roy Campos, responsable de uno de esos conteos:  “las irregularidades de la contienda rebasaron a los conteos rápidos y al PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) para ponerla en el camino de la calificación y el recuento, o tal vez la anulación”.

   El director de Consulta Mitofsky puntualiza que, al fluir los datos del cómputo, “con 35% de avance Encinas aventajaba con 3.5 puntos; con 60% Ortega iba adelante con 3.1 puntos de ventaja; y finalmente, con 71%, Encinas mostraba 0.4 puntos más que Ortega”. Entonces, las autoridades del PRD suspendieron la publicación de esos datos.

   El grupo de Jesús Ortega insiste en que el cómputo prosiga. Encinas y su vocero se aferran a conteos como el ahora descalificado por el especialista que lo realizó. Lo único claro es que la diferencia entre los dos principales candidatos a la presidencia del PRD es de pocos votos. Tan pocos, que cuando el cómputo termine nadie quedará del todo satisfecho y el perdedor muy posiblemente demandará la intervención del Tribunal Federal Electoral.

   Sí, el mismo TRIFE al que, junto con el resto de las instituciones estatales, muchos de los perredistas mandaron al diablo hace menos de año y medio.

   Tres. Pero en materia de pena, no ajena sino propia para quienes alguna vez consideramos que podría ser congruente con su nombre, Alternativa Socialdemócrata está a punto de perpetrar su suicidio político.

   La Asamblea Nacional que el próximo domingo elegirá (o más bien reelegirá) al presidente de ese partido estará trozada por la mitad. El sector más destacado, empeñoso e influyente de ese partido, encabezado por Patricia Mercado, no estará plenamente representado en dicha Asamblea a la cual llegarán, sin embargo, delegados que fueron nombrados en reuniones de dudosa legalidad.

   Vaya, ni siquiera Patricia Mercado, que sin lugar a dudas es la figura cardinal de ese partido, tendrá acceso a dicha asamblea porque hace dos semanas la reunión para elegir a los delegados por el Distrito Federal fue saboteada por miembros del grupo afín al presidente del partido, Alberto Begné.

   Alternativa pudo sortear con enormes esfuerzos las dificultades iniciales de la construcción del partido. Luego padeció una dolorosa pero necesaria escisión, cuando la corriente de origen aparentemente campesino que participó en su fundación quería imponer una candidatura presidencial incongruente con los principios socialdemócratas que animan a Mercado y sus compañeros.

   Por decisión de Mercado y ese grupo, la dirección de Alternativa quedó a cargo de Begné durante la campaña electoral pero después de ella se fueron agudizando diferencias a veces por el manejo interno del partido, en ocasiones por las políticas de alianzas. En vez de que se consolidara un solo cuerpo de principios y propuestas, dentro de Alternativa decantaron dos grupos que no encontraron mejor solución que confrontarse en una elección nacional.

   Si el camino a esa elección hubiera sido escrupuloso, estaríamos ante un desenlace difícil pero en todo caso democrático. Sin embargo, a decir de Mercado y sus compañeros, la corriente de Begné utilizó prácticas tramposas y de manipulación para tener más delegados en la asamblea del próximo domingo.

   Así ocurrió cuando los representantes de los comités de acción política del partido, electos para la asamblea estatal del Distrito Federal, se reunieron el pasado 16 de marzo en el Hotel Crowne Plaza en la Colonia Nápoles. El Notario Luis Eduardo Zuno Chavira atestiguó el registro de esos delegados y los incidentes de la, a la postre, fallida asamblea.

   Aunque había 324 delegados, cuando se realizó una votación inicial para designar escrutadores se registraron 160 votos por una fórmula y 129 por la otra. Como la ausencia de votos suscitó sospechas que fueron debatidas por largo rato, hubo una segunda votación en la que, en total, se contabilizaron 331 votos. Es decir, había más votos que boletas de participación expedidas.

   Esas irregularidades, en un clima tenso y difícil, exasperaron los ánimos tanto entre partidarios de Begné que iban de playera blanca como entre adherentes de Mercado que portaban vestimenta roja. El Notario certificó que algunas personas de playera blanca impedían el cómputo de los votos. También registró el exabrupto de un miembro del otro grupo que azotó contra el suelo la mesa del presídium. El Notario indica en su recuento de hechos que ante esas circunstancias el presidente de la Asamblea, Humberto Trujillo, “me manifiesta que se suspende la Asamblea por no haber condiciones de seguridad”.

   En ese momento la Asamblea dejó de tener validez. Inmediatamente después se generalizó una trifulca. En distintos testimonios periodísticos se ha narrado cómo resultaron lesionados varios partidarios de Mercado. Aunque la Asamblea ya había sido levantada los partidarios de Begné la reinstalaron varias horas más tarde, ya sin miembros del otro grupo. De 324 delegados que había por la mañana, en esa segunda asamblea permanecían únicamente 140 –luego llegaron unos cuantos más–. Esos fueron los delegados que eligieron como nuevos dirigentes de Alternativa en el DF a Enrique Pérez Correa y José Carlos Díaz Cuervo, simpatizantes de Begné.

   Rota su legalidad interna, el partido a cuyos dirigentes nacionales elija la asamblea del domingo próximo quizá será otro, muy distinto, al que quisimos, respaldamos y defendimos los ciudadanos que en julio de 2006 votamos por Patricia Mercado. Será, en ese caso, un partido de usurpadores.

La Crónica, jueves 20 de marzo

   En este 70 aniversario de aquella decisión valiente del general Lázaro Cárdenas se reiteró la fuerte carga simbólica que la nacionalización del petróleo sigue teniendo para los mexicanos. Recordar es reconocerse y en la remembranza del 18 de marzo nos advertimos como parte de una historia que no comienza ni termina ahora. Pero ningún país puede vivir de sus recuerdos. Y respecto del petróleo, la necesidad de tomar decisiones pronto y con seriedad condicionó las tres principales ceremonias con las que se conmemoró la expropiación de 1938.

   Andrés Manuel López Obrador ofreció, en el Zócalo de la ciudad de México, una visión del petróleo fundamentalmente anclada en la retórica y mirando hacia el pasado. El presidente Felipe Calderón Hinojosa mostró en Paraíso, Tabasco, una actitud de reconocimiento a la gesta histórica pero tan ayuna de definiciones sustanciales que resultó fundamentalmente estática respecto de los retos que hoy tiene nuestra industria petrolera. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano presentó en Morelia, Michoacán, una perspectiva fincada en la historia pero orientada a la solución de los problemas nodales de Petróleos Mexicanos. Paradójicamente, de esos tres mensajes el que menos se refociló en la épica de 1938 fue el que presentó el hijo del general Cárdenas.

   La de López Obrador, delante de un auditorio enardecido y complaciente, fue una postura cuya enjundia resultó inversamente proporcional a las ideas. El “presidente legítimo” se construye como referencia política a partir de la denostación de sus adversarios. En el mensaje del martes pasado abundaron expresiones al estilo de “¡ésos políticos y tecnócratas corruptos, acomplejados y vende patrias!”.

   Antes de que exista una propuesta formal y pública sobre ese tema, López Obrador ya decidió que Calderón y sus colaboradores quieren privatizar la industria petrolera. Él se opone por tres motivos: “la primera razón es la defensa de nuestra soberanía nacional”; “la segunda razón…es que sería una violación infame a nuestra Constitución Política”; “la tercera razón es que detrás de la privatización está el interés de un grupo para hacer negocios privados al amparo del poder público”.

   Como no discute con un proyecto ya conocido sino con el fantasma del que él asegura es el propósito de Calderón, la eficacia del discurso de López Obrador radica únicamente en sus coartadas autorreferenciales. Ciertamente la falta de definiciones del gobierno federal, reiterada en el mensaje que el presidente Calderón ofreció en Tabasco, alimenta esas especulaciones. Pero en todo caso, la postura de López Obrador no enfrenta los problemas actuales de la empresa petrolera.

   La administración de Pemex y diversos especialistas sostienen que a México se le está haciendo tarde para explorar las aguas profundas del Golfo de México. López Obrador simplemente considera que las principales reservas de crudo no están allí.

   Ante la preocupación de numerosos analistas de la cuestión petrolera por la extracción subrepticia de petróleo mexicano que podrían estar realizando empresas estadounidenses en los límites territoriales en el Golfo, López Obrador se limita a descalificar “la vacilada del ‘efecto popote’, para tratar de justificar la pretendida reforma a las leyes y permitir la asociación con empresas extranjeras”.

   Allí se agota el discurso, ayuno de propuestas, del despechado ex candidato presidencial. Esas limitaciones no le impiden llamar a una campaña nacional contra una privatización todavía incierta.

   El mensaje del presidente de la República, en Tabasco, no fue mucho más puntual en las propuestas aunque sí en el diagnóstico de la industria petrolera. Después de afirmar que “Petróleos Mexicanos no se privatizará”, Calderón ofreció datos alarmantes: al ritmo de producción actual, las reservas probadas nos durarán apenas 9 años; la producción diaria cayó en 300 mil barriles entre 2004 y 2007 y seguirá reduciéndose porque el yacimiento de Cantarell, de donde se extraía el 62% de la producción petrolera nacional, está extinguiéndose;  hoy en día tenemos que importar y subsidiar la venta de 4 de cada 10 litros de la gasolina que consumimos en México.

   El presidente anunció inversiones para respaldar a Pemex y, sin precisar plazos ni sitio, ordenó que se realicen estudios para construir una nueva refinería. Todo ello es importante pero no enfrenta las principales carencias de la paraestatal. Faltaron definiciones claras cuando dijo que es preciso “transformar a Pemex en una empresa que tenga la libertad suficiente en la toma de decisiones para que pueda utilizar mejor sus recursos y contratar, en las condiciones que más le convenga, a los mejores en su especialidad”.

   Con la campaña que despliega en numerosos medios audiovisuales, Pemex ha sembrado la inquietud acerca de la exploración en aguas profundas. Cabe preguntarse por qué la empresa petrolera dilapida centenares de millones de pesos en esa campaña en vez de utilizar el tiempo al que tiene derecho el Estado en las emisoras de radio y televisión.

   El presidente Calderón estima que Pemex debería “contar con el soporte técnico y operativo de empresas especializadas, que le permitan superar su rezago tecnológico y multiplicar su capacidad financiera y de ejecución”. Nadie se opondría a ello. El problema es en qué condiciones, a qué precio y con qué compromisos, Pemex recibiría ese respaldo.

   Y a propósito de compromisos y costos, el mensaje presidencial en Tabasco dejó ver uno de los lastres que el gobierno ha decidido seguir cargando en cualquier eventual renovación de Pemex cuando Calderón reconoció “la responsabilidad en la defensa de sus agremiados, la responsabilidad con la empresa y con el país, con la cual se ha conducido el sindicato, su dirigencia y su líder Carlos Romero Deschamps”. Tan inciertas y quizá tan costosas como los tratos que pretende con empresas extranjeras, son las alianzas que el gobierno panista ha decidido mantener con el sindicalismo de origen priista, ideología convenenciera y acreditada corrupción.

   Frente a la demagogia de López Obrador y las indefiniciones de Calderón, el discurso de Cuauhtémoc Cárdenas en Morelia fue de agradecible mesura y seriedad. Gran parte de las carencias que se deploran hoy, subrayó, se deben a la exacción que el país ha hecho de su industria petrolera. Ahora, sin embargo, los yacimientos se están agotando y no hemos tenido una política para restituir las reservas.

   El cuestionamiento de Cárdenas va más allá de la situación petrolera e involucra a la política económica: “La ineficiencia de las autoridades recaudadoras para cobrar impuestos  se ha resuelto imponiendo a Pemex un sistema de pagos por adelantado y con una fiscalidad que absorbe el 74 % de sus ingresos por la venta de crudo y algo más por otros conceptos. La pregonada estabilización macroeconómica y el equilibrio en las finanzas públicas, no provienen de una mayor eficiencia en el gasto, sino del embargo del presupuesto de las empresas públicas, en especial Pemex y Comisión Federal de Electricidad, a las que se impide disponer de recursos autorizados de inversión…”

   Igual que Calderón, Cárdenas destaca la dependencia mexicana respecto de las empresas de refinación extranjeras y ofrece otro dato: la importación de gasolinas nos cuesta 15 mil millones de dólares al año. Pero además, alerta, nuestras refinadoras están diseñadas para  crudo ligero y no pueden procesar el de tipo pesado por lo que es indispensable modificar el sistema nacional de refinación y construir dos nuevas refinerías (Calderón anunció al menos una de ellas).

   La petroquímica, indicó Cárdenas, “acumula más de quince años de estancamiento, deterioro, baja utilización de su capacidad instalada, ruptura de cadenas productivas nacionales y crecimiento de las importaciones, cuya factura supera ya los diez mil millones de dólares anuales”. La organización de Pemex en varias empresas ha significado “una separación rígida y una relación comercial entre filiales que las hace conducirse como si se tratara de negocios separados y en competencia”.

   La deuda de Pemex, documentada en los llamados pidiregas que han alcanzado los 50 mil millones de dólares, “no es sino una doble contabilidad que lleva el gobierno para cuadrar las cuentas que oficialmente rinde a los organismos internacionales, que no ignoran la existencia de esa deuda pero se engañan a sí mismos al no registrarla como tal”. Esa deuda, dice Cárdenas, “debiera ser absorbida y en su caso renegociada por el gobierno federal, descargando de ese pesado lastre al sector energético”.

   La exploración en aguas profundas en el Golfo, a juicio del hijo del General, es necesaria pero no tiene por qué realizarse con contratos de riesgo como sugiere el video gubernamental que todos conocemos. Esos contratos, recuerda Cárdenas, “están expresamente prohibidos por nuestra Constitución”.

   Para Cuauhtémoc Cárdenas esa exploración puede realizarse con tecnologías compradas o contratadas pero sin compartir riesgos e inversiones con empresas privadas: “no existe razón para que la industria nacionalizada no sea la que reciba el 100% de los beneficios del petróleo que se extraiga de las aguas profundas”. De cualquier forma, si esos trabajos de exploración comenzaran hoy tendríamos que aguardar 8 o 10 años antes de que se extrajera el primer barril de petróleo.

   De allí la insistencia del fundador del PRD –un partido hoy tan lejano de cualquier deliberación seria y atrapado por el canibalismo de las corrientes que lo están despedazando– en que, además de la exploración profunda, la empresa petrolera emprenda otras tareas: “construir refinerías, extender la red de ductos, modernizar terminales de almacenamiento, explorar en aguas someras, reactivar campos maduros, explotar los yacimientos en tierra, conceder autonomía presupuestal y liberar de la deuda en pidiregas a Pemex”.

   Además, Cárdenas Solórzano apremió al gobierno mexicano para que acuerde con Estados Unidos las condiciones de explotación de los yacimientos submarinos en la zona transfronteriza en el Golfo de México.  

   Allí hay una opción integral para que conmemoremos las 7 décadas de petróleo nacionalizado pensando responsablemente en el futuro sin darle la espalda a la historia. Por desgracia, es altamente posible que la obcecación revanchista de López Obrador y la perspectiva limitada que hasta ahora ha mostrado el presidente Calderón les impidan aquilatar la propuesta que presenta Cárdenas.      

La Crónica de Hoy, jueves 13 de marzo

Ni heroína ni engañada, y tampoco ingenua: Lucía Andrea Morett Álvarez fue víctima, si acaso, de su propio ofuscamiento. Sólo con una apreciación intensamente distorsionada de la realidad política latinoamericana, alguien puede considerar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia luchan por la justicia. Sólo con un insensato fundamentalismo, alguien puede internarse en la selva en busca de un campamento guerrillero sin entender los riesgos que corre.
Ahora, esa ex estudiante de literatura dramática y teatro, junto con sus padres y algunos de sus profesores, sostiene que se encontraba en el reducto de las FARC en Ecuador, como parte de una investigación académica. Ni siquiera ellos se lo creen. Es natural que sus allegados quieran proteger a la joven mexicana, sobre todo mientras se resuelve su situación jurídica después de la violenta incursión del Ejército de Colombia, el 1 de marzo pasado, al campamento en donde dormían ella y los miembros de las FARC, con quienes se encontraba. Pero tanto su biografía política como la decisión misma de acudir a ese reducto, sugieren que Lucía Morett y el resto de sus acompañantes mexicanos hacían algo más que turismo revolucionario.
Ella se llevó un susto terrible y algunas heridas. Pero al menos varios de sus compañeros están muertos. Uno se puede preguntar, siempre sin entender plenamente su contexto, qué rabias e insatisfacciones convencieron a esos muchachos para secundar una causa tan sombría como la que representan las FARC. La indigencia de opciones para involucrarse en la vida política en nuestro país, la hostilidad que suelen encontrar los jóvenes cuando incursionan en asuntos públicos, el descrédito de partidos e instituciones, forman parte de ese panorama calamitoso y pesimista.
Pero también habrán influido la complacencia política y la charlatanería intelectual que han campeado en México respecto del aventurerismo político. Cuando Lucía Morett tenía 12 años estalló la revuelta neozapatista, a la cual se rindieron acríticamente todas las izquierdas. Cuando tenía 16 y estaba en la Preparatoria le gritó consignas en respaldo al EZLN al entonces presidente Ernesto Zedillo, durante un acto público en Texcoco. Cuando cumplía 18, había ocurrido la extensa cuan absurda huelga en la UNAM.
No sabemos qué impronta dejaron acontecimientos de tal corte en la formación política de esa estudiante de Literatura Dramática que a los 26, estaba en un campamento clandestino de la guerrilla colombiana. Pero varios de sus acompañantes a Ecuador se habían enredado con el zapatismo y más tarde, en el apoyo a grupos latinoamericanos como el que constituyen las FARC.
En ese compromiso personal y político se puede apreciar una actitud solidaria, generosa quizá, que llevó a tales jóvenes a respaldar la lucha armada mucho más allá de las actitudes testimoniales y en un país distinto del suyo. Pero junto con ello, hay una lamentable y en este caso, costosa miopía política cultivada en el estruendo que define todos los días a la vida pública mexicana y muy especialmente en la atonía deliberativa que —en contraste con el rebumbio mediático— impera en el campus universitario.
El hecho de que se familiarizaran con esas luchas y encontrasen cauces para respaldarlas dentro de la Universidad Nacional, ha suscitado opiniones apresuradas y prejuiciadas. Desde hace muchos años distintos movimientos políticos y sociales, de las más variadas latitudes, encuentran eco en la heterogénea comunidad universitaria.
La Universidad no sería eso —universal, abierta, plural— si no acogiera la diversidad e incluso la intensidad de esas expresiones políticas. El problema, entre otros, no es que estén presentes y obtengan adeptos sino que en algunas ocasiones el proselitismo alrededor de ellas ha ocurrido en contra del interés e incluso del patrimonio de la mayoría de los estudiantes y profesores.
Algunos medios de comunicación han difundido, escandalizados ante un hecho en absoluto nuevo, la existencia de cubículos, en algunas facultades del campus universitario, en donde se reúnen los simpatizantes de grupos política y militarmente beligerantes como las FARC. Que se manifiesten, no es inadecuado. Pero que los adherentes de esos grupos se apropien de espacios de reunión y salones de clase no es tanto indicio de pluralidad y tolerancia sino de temor o negligencia por parte de los universitarios.
Es grave que en la Universidad haya espacios académicos embargados por motivos políticos, pero lo es más el desinterés para recuperarlos. Desde hace una década el auditorio “Che Guevara” dejó de constituir el escenario privilegiado para la deliberación académica, la difusión cultural y también, claro, la discusión política, que había sido durante casi medio siglo. Desde la huelga de hace una década se encuentra ocupado por grupos aislados de la mayoría de los estudiantes y profesores.
Pero es más delicada y onerosa la abstinencia crítica que se ha mantenido respecto de esas acciones y, en general, del aventurerismo político independientemente de que tenga siglas zapatistas, colombianas, cegehachistas u obradoristas entre otras vertientes. Allí es donde la Universidad ha fallado como espacio de examen analítico de las realidades políticas contemporáneas.
Por convicción y adhesión políticas en algunos casos, pero en la mayoría de las ocasiones por pachorra intelectual, los universitarios no han sabido propiciar —salvo en unas cuantas y excepcionales ocasiones— la discusión concienzuda de esas y otras expresiones de la lucha política. La inercia y la aprensión se han combinado para inhibir el escrutinio puntual de esos temas. De tal manera, en ausencia de discusión crítica suficiente el aventurerismo político ha encontrado campo fértil en el espacio universitario, siempre hospitalario pero también incauto con las expresiones políticas más disímbolas.
Ése, y no la presencia de pancartas o grafitis de apoyo a intereses tan cuestionables como los que promueven las FARC, es el problema central en la presencia de tales grupos en el campus. La Universidad ha sido congruente con sus mejores tradiciones de apertura y solidaridad al recibir expresiones de esa índole. Pero ha sido inconsecuente respecto del ejercicio crítico, que siempre forma parte del auténtico quehacer académico, al eludir el examen riguroso de tales manifestaciones.
Por otra parte, el hecho de que en algunos espacios universitarios se encomie al aventurerismo político no significa que así ocurra en todas las aulas o en todas las escuelas de la UNAM. Sin embargo, algunos malquerientes de la Universidad han preferido ver, en este caso, a una institución postrada ante tales expresiones. Y esa no es la situación de la Universidad en nuestros días. Un columnista de asuntos financieros, Carlos Mota, escribió en Milenio que la Filosofía, tal y como se enseña en esa institución, resulta inútil porque cuando fue a ofrecer una conferencia los estudiantes de esa disciplina no comprendieron su insistencia en que la Universidad debe formar cuadros para las grandes empresas. Desde luego que puede y debe hacerlo, pero eso no implica que todos los egresados de la universidad pública tengan como único horizonte un cargo en Nokia o Cemex como quisiera ese columnista.
A su vez, en su colaboración de antier en El Universal el presidente nacional del PAN, Germán Martínez, con motivo de las vicisitudes de Lucía Morett y sus compañeros se refirió a “la UNAM, campus Ecuador”. Las correrías sudamericanas de esos alumnos y egresados de la Universidad Nacional fueron de una irresponsabilidad trágica que nos obliga a formularnos muchas preguntas e, insistimos, a refrendar la necesidad de la crítica dentro y fuera de los espacios académicos. Pero una comparación como la que hace el principal dirigente del partido en el gobierno, solamente puede ser tomada como expresión de pésimo gusto para no considerarla signo de patética ignorancia sobre la situación de las universidades públicas en este país.
Las FARC son un grupo indefendible que ha secuestrado a centenares de personas, que mantiene en vilo a Colombia y otras naciones en esa región y cuya equidistancia de cualquier causa social se demuestra en el papel que desempeña en la distribución regional de estupefacientes. Con toda razón, hace un par de días la experimentada periodista española Maite Rico escribía en El País: “Por su componente mafioso y el poder del narcotráfico, las FARC no son una guerrilla convencional. Consciente de ello, el objetivo del Gobierno no es tanto liquidar a las FARC, tarea harto improbable, como forzarla a negociar sin condiciones. Pero el apoyo logístico y político prestado a la guerrilla por Ecuador y Venezuela (que ha enviado armas y dinero) puede dificultar el empeño de Colombia de poner fin a casi cuatro décadas de horror”.
Los documentos localizados en la computadora portátil de “Raúl Reyes”, el dirigente de las FARC a quien buscaban y mataron los militares colombianos que asaltaron el campamento en donde además estaban los jóvenes mexicanos, están contribuyendo a evidenciar esa relación perversa entre guerrilla y narcotráfico. El bombardeo y luego el asalto militar al campamento, instalado más allá de la frontera de Colombia, constituyó sin lugar a dudas una transgresión a la soberanía de Ecuador. Pero el gobierno ecuatoriano tampoco puede ofrecer cuentas claras en este episodio porque resultó claro que alojaba en su territorio a un grupo armado de otro país.
Está probado que las FARC son una pandilla de traficantes y secuestradores. Con tales individuos se comprometieron los jóvenes mexicanos que, como Lucía Morett, acudieron a ofrecer in situ el respaldo que le dispensaban a ese grupo dentro de nuestro país. La agresión que sufrieron en Ecuador es condenable, pero no resultó sorprendente. Fueron víctimas de un engaño expresamente consentido, de un tergiversado voluntarismo, de un exasperado —y a la postre provocador— aventurerismo.

La Crónica, jueves 6 de marzo.

Hace menos de dos meses Juan Camilo Mouriño llegó a la Secretaría de Gobernación para resolverle problemas al presidente Felipe Calderón. Hoy, sin embargo, se ha convertido en uno de los problemas centrales para el gobierno federal.

Cuando se hizo cargo del ministerio avecindado en Bucareli se comentó mucho la edad del nuevo secretario, que a sus 36 años ha sido uno de los titulares más jóvenes que ha tenido Gobernación. Ahora, vueltas que da la vida, puede convertirse en uno de los inquilinos más efímeros del Palacio de Covián.

A ese dilema, que tendría que afrontar el nuevo Secretario pero sobre todo su jefe directo, ha llegado la indolencia para responder a las acusaciones sobre posible tráfico de influencias por parte de Juan Camilo Mouriño.

Los contratos que según se ha dicho suscribió con Pemex en representación de una de las empresas transportistas propiedad de su familia quizá no fueron ni son ilegales, aunque a ese respecto hay varias interpretaciones jurídicas. Pero si no lo son, no se entiende por qué Mouriño no ofreció una respuesta clara cuando, el domingo 28 de febrero, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer copias, supuestas o reales, de esos documentos.

Tuvo que transcurrir casi una semana para que, con desgano y casi como si despreciara tener que referirse a ese asunto, el titular de Gobernación dijera que le parecía “mezquino” que se le acusara de beneficiarse de la política cuando ha sido su actividad política la que lo alejó de los negocios familiares.

En esa aclaración al político Mouriño le faltaron algunas precisiones. No explicó por qué, si ya estaba al margen de las empresas, fue él quien suscribió los convenios que se han difundido y que, como no han sido refutados, podemos suponer que son auténticos.

Si, como se ha dicho, esos convenios entre la empresa de transportes de la familia Mouriño y Petróleos Mexicanos fueron suscritos entre 2002 y 2003, entonces resultará innegable que de alguna manera el ahora titular de Gobernación quedó atrapado en un conflicto de intereses. Hasta agosto de 2003 era diputado federal y había presidido la Comisión de Energía en San Lázaro. A fines de ese año fue nombrado Coordinador de Asesores del Secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa.

Negligencia o descuido, o simplemente resultado de la suposición de que todo está bien mientras no transgreda frontalmente una disposición legal, Mouriño tendría que haber enterado a su jefe de entonces, que es el mismo de ahora, acerca de la existencia de esos contratos. Si uno de los motivos principales por los que llegó a Gobernación es la negociación de la reforma para los energéticos ahora es un interlocutor poco fiable, al menos precisamente en ese tema, ante los suspicaces dirigentes y legisladores de los partidos políticos con los que tiene que tratar.

Esos legisladores discuten la creación de una comisión especial que indagaría los contratos a terceros otorgados por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. La insistencia del PAN para que si se ha de revisar a la empresa de la familia Mouriño también se documenten licitaciones o asignaciones con las que pudieran estar relacionados dirigentes de otros partidos, retrasó la aprobación de ese grupo de trabajo parlamentario.

La exigencia de Acción Nacional es razonable solamente en parte. Los panistas quieren diluir en un contexto de generalizados abusos los resultados posiblemente adversos de una investigación acerca de los negocios de Mouriño. Pero decir que ese posible tráfico de influencias no es tan escandaloso porque otros funcionarios han realizado transacciones similares, equivale a resguardarse en una de las más miserables coartadas políticas que es el mal de muchos. Con el mismo argumento hace tres años había quienes objetaban el proceso de desafuero contra López Obrador. Todos los políticos, decían, infringen la ley; no se vale sancionar a unos cuantos; en tierra de ciegos el medio honesto es rey, después de todo qué tanto es tantito.

Por otro lado, aunque sea frecuente que los funcionarios a cargo de la asignación de recursos o la resolución de licitaciones tomen decisiones de manera discrecional, en este caso no estamos ante una determinación que beneficia a terceros. El favorecido con la autorización de contratos de una empresa pública es el propio Mouriño que, no hay que olvidarlo, firmó tales documentos como representante de una empresa privada.

La legalidad de tal asignación, que no decidió el ahora titular de Gobernación sino algún otro funcionario, tendrá que ser dilucidada por la comisión legislativa y en todo caso por autoridades judiciales. Ya sabemos que una gran cantidad de comisiones camarales sirve para dos cosas: para nada y para que parezca que algo se hace. Pero mientras se mantenga e independientemente de sus hallazgos, su sola existencia sería denuncia constante del recelo que ocasiona el secretario Mouriño.

Y qué lástima porque además de la franca confianza del presidente de la República, Mouriño parecía tener talento y entusiasmo para enfrentar las exigencias que impone la secretaría más importante del gabinete. Lo que quizá no ha tenido es la perspicacia que solo dan la experiencia y el conocimiento directo de la circunstancia política mexicana.

Solo en ausencia de ese atributo se explica la tardanza primero y la ligereza, después, de la contestación que Mouriño ofreció el viernes pasado a las acusaciones de tráfico de influencias. Si los contratos son falsos, tendría que haberlo denunciado de inmediato. Si son reales pero considera que no implican una infracción legal, también hubiera sido apreciable una explicación. Si haber firmado tales documentos resultó ilegal, ya se le está haciendo tarde para dimitir.

Posiblemente el presidente Calderón se resiste a prescindir de su secretario más apreciado para no darle un triunfo a su principal adversario político. El autoproclamado presidente legítimo se dedica a cazar errores y a explotarlos, magnificándolos cuando puede. No importa cuánta demagogia, estridencia o alharaca tenga que desparramar: el ex candidato derrotado considera que le va bien mientras peor le vaya al gobierno del presidente Calderón.

Así, primero López Obrador y algunos de sus socios más conspicuos ensayaron la descalificación del nuevo secretario de Gobernación cuestionando que hubiera nacido fuera del país. La retórica xenófoba que desparramaron fue de un provincianismo y un atraso políticos bastante patéticos.

Lamentablemente, en el asunto de los contratos la denuncia de López Obrador ha sido posible gracias a una pifia de Mouriño. A estas alturas el presidente de la República tendrá que hacer un arqueo de costos y beneficios políticos. De otra manera, la inexperiencia que se le atribuye a su hombre en Bucareli resultaría ser extensiva también a Los Pinos.

emeequis, 24 de febrero

   Llegué a La Habana la mañana del 23 de junio de 2001. Justo cuando aterrizó el avión de Mexicana, no muy lejos de allí Fidel Castro se desmayaba delante de 60 mil personas y de las cámaras de la televisión cubana que difundieron el incidente a todo el país. Fueron el calor al comienzo de verano, la fatiga y la tensión, pero seguramente también era la edad del Comandante que en aquellas fechas estaba por cumplir 75 años.

   Nunca antes Fidel Castro había tenido un tropiezo así. Resistió amagos estadounidenses y exigencias soviéticas, salió vencedor cuando todos los países americanos –excepto México– se coaligaron en contra suya, se impuso a innumerables aunque quizá mitificados intentos de asesinato. Lo que no pudo someter fue al tiempo y aquel desvanecimiento, que primero dejó estupefactos y de inmediato aterrados a sus asistentes y a los funcionarios que lo acompañaban en el mitin en el barrio habanero de El Cotorro, confirmó que también para él los años pesaban.

   Aquella mañana en el aeropuerto de La Habana dominaba un pesado silencio. Apenas bajé del avión alcancé a mirar en los televisores el desconcierto de quienes aguardaban a que el Comandante se recuperase. El ministro de Relaciones Exteriores Felipe Pérez Roque, se acercó a los micrófonos para demandar algo así como “calma y valor, en nombre del partido y del gobierno”.

    Aquel incidente no le impidió al Comandante volver a las extensas peroratas. Tampoco fue obstáculo para que al año siguiente, en abril de 2002, exhibiera la torpeza del presidente Fox cuando lo invitó a que viniera a un encuentro en Monterrey, estuviera en la cena y se fuese de inmediato para no importunar a Mr. Bush. Ni lo fue para que en la primavera de 2003 el gobierno de Cuba encarcelara a 75 personas, algunos de ellos escritores, con acusaciones tan peregrinas como tener en sus casas libros de autores extranjeros o haber consultado sitios de movimientos anticastristas en Internet.

   Parecía que Fidel Castro había emprendido un intencional proceso de aislamiento. Las esperanzas de apertura política quedaron diferidas a cada encarcelamiento de cubanos disidentes y con cada balandronada de supuesta autarquía respecto del resto del mundo. Como el retraimiento no ha sido completo, turistas y familiares que visitan la isla dan cuenta de las proverbiales carencias sin resolver, del desánimo que entristece el talante bullanguero de los cubanos, de la difícil pero constatable batalla que dan algunos para que se reconozca su derecho a la diversidad en todos los terrenos.

   Vinieron la enfermedad que obligó a Castro a someterse a varias operaciones por lo menos a partir de mediados de 2006, la separación de los numerosos cuan todopoderosos cargos que ejercía en el gobierno y el Partido, la sustitución del uniforme verde olivo por el pants con todo y logotipo de Adidas.

   El anuncio, el 19 de febrero pasado, del apartamiento formal de cualquier responsabilidad tanto en la estructura del gobierno, podría permitirle a Fidel Castro retirarse con tranquilidad del mando político que él mismo admite ya no está en condiciones de ejercer. Pero en esa decisión todos reconocen una maniobra para dominar a trasmano o, en todo caso, resolver su propia sucesión sin haber permitido flexibilización alguna en el sistema político. Como dijo aquel otro controvertido personaje, se va pero no se va.

   A Fidel Castro lo llegamos a considerar emblema de entereza ante los poderosos y de dignidad en condiciones adversas y como adelantado del mundo que hemos querido construir. Pero también ha sido ejecutor de represiones, el culpable de la cerrazón política, el autócrata que dispone su propia sucesión. Quisiéramos quedarnos con el Fidel de la empeñosa expedición del Granma, con el que reivindicó la soberanía de su país, el que resolvió carencias sanitarias y logró la alfabetización de los cubanos. Por desgracia la realidad prácticamente nunca se ajusta a nuestras ilusiones. No hay dos sino un Fidel Castro y su obra bienhechora no justifica los excesos y fundamentalismos.

   A fuerza de esperado, el retiro de Fidel casi no produjo sorpresas. Quienes lo sucedan, seguirán exigiéndoles a los cubanos calma y valor en nombre de una revolución marchita. Adiós, Fidel. Gracias por las ilusiones. Lástima por las inconsecuencias.