Sociedad y poder

La Crónica, 29 de mayo

Cada vez que colocan un mensaje junto al cadáver de uno de sus ejecutados, o cuando hacen advertencias en anuncios en las calles (como las mantas que colocaron el fin de semana pasado en varios puentes de Ciudad Juárez), e incluso cada vez que suben a Internet un video con alguno de sus crímenes, las bandas de delincuentes quieren exhibirse.

Con esos desplantes, los criminales tratan de intimidar a sus adversarios y buscan reafirmarse a sí mismos dentro de sus peregrinos códigos de comportamiento. Pero sobre todo intentan generar un clima de aprensión en la sociedad. Quieren crear miedo. Y en esa tarea a veces encuentran la desprevenida colaboración de los medios de comunicación.

Cuando un delincuente publicita sus fechorías, aparte de las retorcidas motivaciones siquiátricas que pueda tener busca un efecto social. Y eso es lo que procuran las pandillas delincuenciales cuando alardean de sus crímenes. Los medios de comunicación difunden esas fechorías porque son noticia. En muchas ocasiones la publicación de asesinatos, secuestros y venganzas de las bandas delincuenciales le permite a la sociedad conocer las dimensiones crecientes del crimen organizado y aquilatar su gravedad. Pero la difusión reiterada y atropellada de esos hechos, especialmente cuando se publican imágenes atroces de tales crímenes, puede crear un efecto de aturdimiento.

Mostrados sin jerarquización ni contexto, tales hechos e imágenes llegan ya no a exhibir sino a trivializar esos acontecimientos criminales. Y una cosa es que los atentados del crimen organizado sean desdichadamente cotidianos y otra, que perdamos nuestra capacidad de asombro ante ellos.

En otros casos la presentación sin explicaciones ni marco crítico de dichos sucesos contribuye a propagar un clima de desazón en donde los ciudadanos, hartos de tales asuntos, pueden preferir la indulgencia de los criminales antes que la acción del poder público para enfrentarlos.

Esos efectos paradójicos e indeseables que alcanza la exposición de hechos criminales están despertando una preocupación legítima tanto en algunos medios como en el gobierno mexicanos. El combate al narcotráfico tiene aristas variadas y posiblemente una de las más importantes sea la exposición pública de los actos criminales.

El 12 de mayo pasado el presidente Felipe Calderón se inconformó porque los medios de comunicación, al divulgar sin mayor tamiz las acciones de los criminales, les ayudan a desplegar el terror. La reacción inopinada de varios medios y comentaristas que confundieron esa exhortación con una acusación llana (“¡a mí nadie me dice qué escribir señor presidente!” reclamaron coléricos algunos precipitados columnistas) llevó a Calderón a precisar una semana más tarde: la delincuencia organizada quiere aterrorizar a la sociedad y es pertinente que los medios lo tomen en cuenta “para no consecuentar dicha estrategia”.

Sería inaceptable que, para quitarle foro a los delincuentes, hubiera alguna forma de censura en los medios de comunicación. El presidente Calderón no ha sugerido eso. Pero también resultaría irresponsable que, solamente para reivindicar su derecho a la libertad de expresión, los medios y sus operadores no se plantearan el problema que significa estar en riesgo de hacerles el juego a las pandillas criminales.

Ese dilema ha motivado algunas discusiones y comentarios. El periodista Ricardo Alemán, en su columna de El Universal, mencionó la posibilidad de que haya un pacto de los medios mexicanos para definir criterios que sirvan en el manejo de las informaciones relativas al narcotráfico.

En Colombia hace 9 años, bajo el principio “preferimos perder una noticia antes que una vida”, los directivos de tres docenas de medios de comunicación establecieron un puntual “Acuerdo por la discreción” para elevar la calidad y propiciar la responsabilidad en la cobertura periodística de hechos violentos. Desde luego la situación mexicana no es idéntica a la de aquel apreciado vecino latinoamericano, que además del narcotráfico padece el amago de una despiadada guerrilla y de salvajes grupos paramilitares. Pero aquí ahora, como antes en Colombia, hay grupos delincuenciales que tratan de propagar sus crímenes para sembrar desconcierto y miedo.

El Acuerdo de los medios colombianos, suscrito en noviembre de 1999 a iniciativa de la Facultad de Comunicación y Periodismo de la Universidad de La Sabana en Bogotá, establece los siguientes seis compromisos:

“ 1. El cubrimiento informativo de actos violentos –ataques contra las poblaciones, masacres, secuestros y combates entre los bandos– será veraz, responsable y equilibrado. Para cumplir con este propósito, cada medio definirá normas de actuación profesional que fomenten el periodismo de calidad y beneficien a su público.

“ 2. No presentaremos rumores como si fueran hechos. La exactitud, que implica ponerlos en contexto, debe primar sobre la rapidez.

“ 3. Fijaremos criterios claros sobre las transmisiones en directo, con el fin de mejorar la calidad de esa información y evitar que el medio sea manipulado por los violentos.

“ 4. Por razones éticas y de responsabilidad social no presionaremos periodísticamente a los familiares de las víctimas de hechos violentos.

“ 5. Estableceremos criterios de difusión y publicación de imágenes y fotografías que puedan generar repulsión en el público, contagio con la violencia o indiferencia ante ésta.

“ 6. Respetaremos y fomentaremos el pluralismo ideológico, doctrinario y político. Utilizaremos expresiones que contribuyan a la convivencia entre los colombianos ”.

¿Qué medio mexicano, sensata y explícitamente, podría negarse a compromisos como esos? Desde luego todos podemos pensar de inmediato en los medios más notoriamente singularizados por la explotación del sensacionalismo y de las desgracias ajenas que hacen todos los días. Pero la sola existencia de un acuerdo en torno a principios básicos sería útil tanto para que los periodistas orientaran la cobertura de hechos suscitados por la delincuencia organizada como para que los televidentes, lectores y radioescuchas evalúen el desempeño de los medios.

La situación mexicana es distinta a la de Colombia. Qué bueno. Pero en los amagos de la delincuencia, el peso que alcanzan en los medios y la insuficiente reacción social ante el crimen organizado, tenemos similitudes que ameritarían una seria y extendida preocupación. En 1995 el profesor Manuel Vidal Noguera, de la Universidad Javeriana en Bogotá, ofreció una conferencia en donde después de calificar como narcoterroristas a las acciones criminales con las que el narcotráfico busca amedrentar a la sociedad y el Estado, explica: “El narcoterrorismo necesita la publicación espectacular de los hechos, y dentro de ella da la bienvenida a los adjetivos que se empleen, aún para condenarla, pues ellos potencian sus nefastos efectos”.

Más adelante el profesor Noguera puntualiza, en esa exposición que luego fue publicada en la revista Signo y sociedad: “Yo jamás sería partidario de la censura a la prensa, por ningún motivo y en ninguna circunstancia… Pero sí esperaría de los medios de comunicación que, justo en el momento en que más lo necesito como ser humano aterrorizado y horripilado por los actos de terror, me ayudaran a comprender la situación, a hacerme conciente de ella, a encontrar los asideros racionales del terror a otra serie de hechos, sucesos, datos y fenómenos, de manera que pudiera reducir y manejar la angustia que provocan. Esperaría de los medios que me ofrecieran toda la gama de posibles explicaciones, pues lo que necesito en esos momentos, durante la larga ola narcoterrorista, por ejemplo, es reducir la incertidumbre, recordemos que ‘a nada teme más el ser humano, que a ser tocado por lo desconocido’ ”.

Después de esa referencia a Elías Canetti, el profesor colombiano reclama de los medios: “Esperaría que los medios de comunicación, depositarios de la confianza ciudadana expresada en forma de libertad política, ejercieran un importante liderazgo de la opinión pública para restituir los lazos de cohesión social que busca deshacer el terrorismo. La evidencia empírica… demuestra consistentemente que el narcoterrorismo victimiza sistemáticamente a la población civil cuando se dirige al Estado para modificar sus políticas, ensañándose contra ella para deslegitimarlo, desestabilizarlo y volver a la sociedad contra el garante de su seguridad, a quien cobardemente han reducido a la impotencia, pues cuentan a su favor con la sorpresa, la sevicia calculada, la vulnerabilidad de los múltiples blancos civiles, urbanos y rurales”.

Una de las varias vías para reaccionar ante el narcoterrorismo se encuentra en los medios de comunicación. Claro, para emprender esa acción conjunta tendríamos que reconocer que hay problemas superiores a las querellas políticas y al estruendo mediático. Una decisión así, más allá de sus consecuencias inmediatas, subrayaría que por encima de diferencias y ambiciones circunstanciales la sociedad –y en este caso sus medios de comunicación– pueden tener causas comunes, nacionales. Aunque sea por elemental necesidad de supervivencia.

La Crónica, jueves 22 de mayo

Acordar la calidad de la educación con Elba Esther Gordillo equivale a pactar el combate a la delincuencia con “El Chapo” Guzmán. El problema fundamental del sistema educativo en este país no son la carencia de recursos, la insuficiencia tecnológica, las enormes carencias en la infraestructura de las escuelas ni la desorientación de los planes de estudio. El lastre cardinal que arrastra la educación básica en México es la pervivencia de un sindicato manejado con estilos y ambiciones caciquiles y que impide la expresión libre y participativa de los maestros.

Por eso el presidente Calderón se ha equivocado al propiciar primero, y festejar ahora, un pacto que lejos de enfrentar el problema central de la educación mexicana contribuye a eludirlo e incluso, quizá, a incrementarlo. La fuente del poder que detenta Elba Esther Gordillo radica en primer lugar en la mezcla de convenencierismo, complacencia e incluso intimidación que ha sido capaz de ejercer sobre el gobierno. Ese poder se lo dio Carlos Salinas de Gortari cuando la colocó hace 19 años al frente del sindicato de maestros y le fue refrendado por los siguientes titulares del Ejecutivo Federal. Ernesto Zedillo y Vicente Fox nunca quisieron enfrentar el poder atrabiliario de la líder magisterial, que creció debido al vacío institucional en el que se han desarrollado el SNTE y sus iniciativas políticas.

El gobierno actual resolvió mantener esos acuerdos con la señora Gordillo. Aparentemente el presidente Calderón cree que le debe a “la maestra” parte de los votos que le permitieron ganar, con el pequeño margen que todos recordamos, las elecciones de hace casi dos años. En todo caso, el convenio anunciado el 15 de mayo refrenda el pacto entre el gobierno y el SNTE, aparentemente con propósitos plausibles pero sin quebrar la hegemonía corporativa que ejerce el sindicato no solamente sobre los profesores sino en perjuicio del sistema de enseñanza todo.

El otro factor que le ha permitido a esa dirigente mantener e incrementar su influencia entre los maestros es el control de contrataciones, promociones, licencias y prerrogativas para los maestros. No es un secreto la utilización de esos recursos lo mismo para premiar a los profesores que se disciplinan a la dirección nacional del sindicato que para castigar a quienes discrepan. La existencia, dentro del SNTE, de importantes secciones que disienten respecto del liderazgo nacional no ha propiciado un auténtico contrapeso ni, en la mayoría de los casos, una gestión menos autoritaria de las prestaciones laborales. Las secciones inicialmente disidentes han establecido un pragmático entendimiento con la señora Gordillo y los dirigentes que ella encabeza.

Una de las medidas más relevantes en la “La Alianza por la calidad de la educación” es la decisión para que el ingreso y promoción “de todas las nuevas plazas y todas las vacantes definitivas” se realicen por concurso de oposición público. Sin embargo no se ha establecido con qué reglas, ni con cuáles dictaminadores se evaluará el ascenso o la contratación de esos profesores. El documento que se ha distribuido con los resultados de la “Alianza” indica que el dictamen se realizará “de manera independiente” pero no hay especificaciones al respecto. Y sobre todo, esa medida está limitada a las plazas nuevas y las que vayan quedando libres. La promoción de los más de un millón 100 mil profesores que hay en la educación básica seguirá atada a los viejos y clientelares mecanismos que el país ha padecido durante décadas.

La otra medida que ha sido muy publicitada en la cobertura periodística de la “Alianza” es, en palabras del presidente Calderón, la entrega de “un bono anual a las maestras y los maestros que consigan los mayores avances en el logro educativo de sus alumnos”. Sin embargo el documento oficial de ese acuerdo no menciona el término “bono”. Allí se apunta únicamente la decisión de “crear el Programa de Estímulos a la Calidad Docente” que tendrá el propósito de “estimular el mérito individual de los maestros en función exclusiva de los resultados de logro de sus alumnos”. Aparte de la deplorable sintaxis de esa frase, llama la atención su carencia de precisiones. Cómo se determinará el avance de los estudiantes, qué ha de entenderse por “logro” y, otra vez, a cargo de quiénes y con qué parámetros se realizará esa evaluación, es algo que no precisa la “Alianza”.

En algunas informaciones en la prensa se dijo que esa estimación del mérito de alumnos y maestros correría a cargo del Ceneval, sin advertirse que ese Centro está dedicado a la evaluación de la enseñanza superior. En otras, se dice que el “logro” de los alumnos será determinado con la prueba Enlace, que actualmente mide el desempeño escolar en temas específicos de matemáticas y español. Sin embargo a esa prueba no se le menciona en el documento de la “Alianza” salvo en una ocasión, cuando se dice que los profesores cuyos alumnos tengan bajo rendimiento “en pruebas estandarizadas como Enlace” deberán tomar cursos “especialmente orientados” (no se dice orientados a qué).

La llamada “Alianza por la calidad en la educación” incluye medidas importantes que no tendrían que haber sido pactadas con el sindicato porque forman parte de las atribuciones, e incluso obligaciones, del gobierno federal. Entre ellas se incluyen el equipamiento de 14 mil planteles y la rehabilitación de otros 27 mil, la atención a la seguridad en 37 mil escuelas ubicadas en zonas que se consideran de alta delincuencia, la convocatoria a universidades para que ofrezcan cursos a los maestros de enseñanza básica, el desarrollo en las escuelas de campañas de prevención de enfermedades y la dotación de becas para alumnos pobres. Todo eso está muy bien pero no debiera depender de alianza alguna.

También se ha dicho que habrá un nuevo énfasis en la incorporación de tecnologías digitales para respaldar la enseñanza en las escuelas. Se promete la dotación de computadoras “a maestros que logren su certificación de competencias digitales” pero, mucho ojo, no se dice que tendrán ese recurso todos los profesores que acrediten esas destrezas, ni se explica en qué consistirá dicha prueba. Para las escuelas, se menciona el “equipamiento con conectividad de centros escolares en 155 mil aulas adicionales a las existentes” lo cual permite suponer, tras ese lenguaje innecesariamente cifrado, que habrá computadoras con Internet en otros tantos salones de clase. Pero no se explica qué se hará con tales equipos. Peor aún, se indica que desde este año habrá “prueba y experimentación con 4 modelos de tecnología”. En los años recientes la educación básica ha tenido demasiadas experiencias en ese terreno, algunas fallidas y otras no, para que la SEP deba emprender nuevos ensayos. La Enciclomedia, que padeció la desventura de ser el juguete favorito del presidente Fox, tuvo numerosos errores iniciales y le ha costado al país varios miles de millones de pesos. Mal que bien, la Enciclomedia ya existe en los últimos grados de primaria. Sería un enorme disparate desaprovechar esa experiencia y esa infraestructura.

Ni el remozamiento y la atención a enormes carencias materiales en las escuelas, ni el empleo de nuevas tecnologías, tenía que haber sido pactado con el SNTE. Mucho menos la reforma de contenidos y la enseñanza del inglés en la educación básica, de las cuales tampoco se ofrecen detalles en el parco e insuficiente documento al que se denomina “Alianza por la calidad”. Y los aspectos a los que más relevancia se ha otorgado en los comentarios posteriores al 15 de mayo, que son la evaluación de nuevos maestros y de los estudiantes, están sujetos a mecanismos en cuya determinación seguirá participando la cúpula sindical.

Es decir, los responsables más importantes del estancamiento educativo, cuyos criterios corporativos han propiciado la sujeción de los profesores al interés de la antidemocrática cúpula sindical, continuarán teniendo un papel central en la evaluación de la enseñanza. Y esa evaluación ni siquiera será para todos sino únicamente para las nuevas plazas y aquellas que queden libres.

Mal escrito y mal difundido, el documento es equívoco desde su presentación. El que se ha publicado, no es un convenio en sentido estricto sino un folleto que contiene varias tablas en las que se acomodan decisiones, consecuencias y medidas específicas. No hay firmantes de ese documento ni explicación de sus motivaciones ni del diagnóstico que los habría conducido a tales coincidencias. Los únicos compromisos precisos que allí se mencionan son los que anuncia el gobierno federal.

Así que, en sentido estricto, lo que se dio a conocer el 15 de mayo no es alianza. Ni es por la calidad en la educación. Una y otras –alianza y calidad– de todos modos serían contradictorias si tienen como actor al sindicato nacional cuya dirigente se ha convertido en el principal problema para la educación en México.

Revista emeequis,  19 de mayo

Mostrador

Ahora resulta, según algunos, que gracias a la ocupación del Congreso por parte del PRD y sus aliados tenemos debate acerca de la reforma energética. Abierta aún la herida que ellos mismos se infligieron en el ánimo de la sociedad, los dirigentes del Frente Amplio Progresista y varios de sus propagandistas quieren propalar la versión de que sin toma del Congreso no habríamos tenido deliberación pública sobre el petróleo.

Pero no es cierto. El asalto a los salones de sesiones en San Lázaro y Xicoténcatl, que entorpeció aunque no paralizó el trabajo de las cámaras de Diputados y Senadores, sirvió para postergar la discusión y las decisiones acerca de la reforma petrolera. Pero de ninguna manera propició el debate que finalmente comenzó el martes 13 de mayo y seguirá, en dos y hasta tres sesiones semanales, hasta fines de julio.

Dieciséis días –del 10 al 25 de abril– duró esa ocupación de los recintos parlamentarios en rechazo a las iniciativas de reforma petrolera del presidente Felipe Calderón. Diputados y senadores de los partidos del FAP no dijeron una sola palabra, de manera específica, acerca de esas propuestas. No era discusión, sino obstrucción lo que deseaban propiciar.

Ahora, en la primera de las sesiones que organiza el Senado, el ex diputado José Agustín Ortiz Pinchetti dijo, a nombre del FAP y de acuerdo con La Jornada del 14 de mayo, que ese debate no habría sido posible sin las acciones de resistencia cívica “que secundaron los legisladores del FAP mediante la toma de las tribunas legislativas”.

Ese diario aseguró, en su editorial del mismo día, que tales acciones “sentaron las bases para una discusión sana, plural y necesaria”.

Pero no fue así. El debate ya había sido acordado en el Senado el día previo a la ocupación de las tribunas. La noche del miércoles 9 de abril la Junta de Coordinación Política resolvió convocar a una discusión con 12 temas: “1. Principios que deben regir la reforma energética que México requiere. 2. Régimen fiscal de Pemex, presupuesto y finanzas públicas. 3. Exploración, explotación y restitución de reservas. 4. Yacimientos transfronterizos: negociación, exploración y explotación.
5. Autosuficiencia de petrolíferos (refinación de petróleo). 6. Tecnología e investigación científica en el campo petrolero. 7. Transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y combustibles. 8. Organización y administración de Pemex. 9. Política e instrumentos para impulsar la industria nacional relacionada con el sector petrolero (proveeduría y construcción). 10. Política e instrumentos para impulsar la industria petroquímica. 11. Órganos reguladores de la actividad petrolera y energía y 12. Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en Pemex”. (La Crónica, jueves 10 de abril).

Unas horas más tarde ocurrió la ocupación de las sedes legislativas. Al cabo de 16 días, el 25 de abril, la misma Junta de Coordinación Política del Senado anunció los Foros de Debate sobre la Reforma Energética con este temario:

“1. Los principios que deben regir la Reforma Energética en México. 2. Análisis constitucional de las Iniciativas de Reforma Energética. 3. Transición y seguridad energéticas. 4. Importancia del sector energético en el desarrollo nacional y regional. 5. Destino de la renta petrolera de México. 6. Exploración, explotación y restitución de reservas petroleras. 7. Yacimientos transfronterizos: negociación, exploración y explotación. 8. Autosuficiencia de petrolíferos: refinación de petróleo. 9. Política e instrumentos para impulsar la industria petroquímica. 10. Transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados. 11. Órganos reguladores de la actividad petrolera y energética. 12. Relaciones con compañías extranjeras y jurisdicción de tribunales extranacionales. 13. Régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. 14. Situación financiera y presupuestal de Petróleos Mexicanos: vías para mejorarla. 15. Tecnología e investigación científica en el campo petrolero. 16. Organización y administración de Petróleos Mexicanos. 17. Adquisiciones, contratos y obras públicas de Petróleos Mexicanos. 18. Política e instrumentos para impulsar la industria nacional relacionada con el sector petrolero. 19. Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en Petróleos Mexicanos”.

El temario ahora vigente es prácticamente idéntico al que fue acordado antes de la ocupación de las tribunas. Hay 7 rubros nuevos (en los puntos 2, 3, 4, 5, 12, 14 y 17) que podrían caber en algunos de los 12 iniciales.

La ocupación del Congreso no auspició el debate petrolero. En vez de ello, lo demoró y exacerbó. Y en eso estamos.

Ahora que se han cumplido 10 años de la muerte de Octavio Paz, quizá es oportuno colocar en este sitio dos textos que escribí en abril de 1998.

La Crónica, 21 de abril de 1998

Octavio Paz: “Que lean poesía”

Lucidez, transparencia, búsqueda, clarividencia… Las palabras, danzarinas e insuficientes, sirven para colmar de reconocimientos al poeta enorme cuya muerte ahora deploramos pero que era, y no hay que olvidarlo, pertinazmente irreverente con ellas. A las palabras, Octavio Paz las utilizaba, no las veneraba. Las hacía respetables por el contenido del cual las dotaba, por las ideas que comunicaba a través de ellas. Pero estaba muy lejos de su actitud una idolatría como la que, convenenciera o improvisadamente, ahora se le puede profesar a él mismo.

Octavio Paz, hombre de letras, maestro inimitable en el manejo del lenguaje, era gracias a ello y junto con eso, intelectual. Hombre de ideas, jamás lo fue de dogmas. Incluso, hay que reconocerlo autocríticamente, su fobia a los fundamentalismos le valió censuras y reproches en un ambiente cultural que durante largo tiempo, era más proclive al aplauso fácil que al reconocimiento de ideas renovadoras.

En esa resistencia a los dogmas se encuentra el cimiento de la congruencia en la obra de Paz. En las letras lo mismo que en las ideas, su obsesión fue la búsqueda. Ya en la metáfora innovadora que en el verso desatado de rigideces, o en la libertad ensayística y en la diversidad temática de sus reflexiones, Paz era ejemplar demostración de la amplitud de miras del auténtico trabajo intelectual.

Junto con ello y sin condescendencias a las causas de moda, supo asumir compromisos que se reflejan en su obra y en su biografía como hombre público. La adhesión con la República en España, la desaprobación de la masacre en Tlatelolco o más recientemente, la exigencia por la modernización mexicana fueron, entre otros, momentos de una vida señalada por la búsqueda y la coherencia.

Nada nuevo decimos con todo lo anterior. Nada nuevo se dirá sobre el poeta que falleció anteanoche, pero la unanimidad de reconocimientos da cuenta de la magnitud que tenía entre nosotros la presencia, como referente lúcido, del Premio Nobel. Acaso esta propagación de textos suyos y opiniones sobre sus poemas y ensayos, sirva para que a Paz se le lea más –y mejor– y lo releamos con la mirada ávida de hallazgos y reencuentros que hay en el transcurso de toda su obra.

Leer a Paz: podría llegar a ser, con algo de ánimo constructivo, una tarea fundamental para las instituciones culturales de México. Buen provecho se obtendría de ello. Cuando se supo que le habían otorgado el Nobel, hacia octubre de 1990, un reportero le preguntó en Nueva York qué le recomendaría al presidente de los Estados Unidos. “Que lea poesía”, fue la respuesta del autor de Piedra de sol. ¿Y al presidente de México?, le insistieron. “Pues que también lea poesía”.

Paz añadió entonces: “Pero no sólo los políticos deben hacerlo; los sociólogos y los especialistas de las llamadas ciencias políticas (aquí hay una contradicción en los términos, porque creo que la política es más arte que ciencia) requieren de un acercamiento a la poesía porque siempre hablan de las estructuras, de las fuerzas económicas, de la fuerza de las ideas y de la importancia de las clases sociales, pero poquísimos hablan del interior de los hombres. Y el hombre es un ser más complejo que las formas económicas e intelectuales”.

Reconociendo esa dimensión humana y por lo tanto veleidosa de los procesos sociales, Paz reflexionó con infrecuente lucidez sobre los cambios de su tiempo. No tuvo condescendencias para señalar al autoritarismo del sistema político mexicano o las iniquidades del llamado socialismo real, como no las había tenido antes para diseccionar la personalidad del mexicano o, luego, las tendencias de la poesía contemporánea.

Pero no era un intelectual que se quedase azorado con las novedades políticas o literarias, aunque las hubiera previsto o hubiese contribuído a moldearlas. Tenazmente, Paz buscó explicaciones y cuando era posible advertencias, en la historia del país y del mundo. “¿Cuál puede ser la contribución de la poesía en la reconstitución de un nuevo pensamiento político?”, se preguntaba él mismo en una entrevista publicada en Vuelta en julio de 1989. Y respondía: “No con ideas sino con algo más precioso y frágil: la memoria. Cada generación los poetas redescubren la terrible antigüedad y la no menos terrible juventud de las pasiones…”

Esa reivindicación de la memoria, que lo llevó a escribir ensayos deslumbrantes sobre la historia de las letras mexicanas, estaba presente en las explicaciones que Paz encontró en otras regiones y ante otras culturas del mundo. En esa multiplicidad de afluentes, afianzó su universalidad y, a sus lectores, nos hizo un poco más contemporáneos y un poco más humanos. Es preciso releerlo, con gozo y provecho, para participar de ese ejercicio de memoria y también, claro, para compartir ese empleo irreverente a la vez que afectuoso con el que Octavio Paz hacía lucir a Las Palabras: “Dáles la vuelta/ cógelas del rabo (chillen, putas) / azótalas…/ hazlas, poeta/ haz que se traguen todas sus palabras”.

La Crónica, 26 de abril de 1998

Cuatro momentos de Octavio Paz

Antes que en los libros, Octavio Paz cultivaba en el periodismo la polémica y la cavilación sobre asuntos públicos. No se dejaba alterar fácilmente por las veleidades de la coyuntura. Pero es evidente que durante las décadas recientes, la presencia crítica de Paz contribuía –o pretendía hacerlo– a la reflexión de asuntos relevantes de la sociedad y la política mexicanas.

No siempre despertaba unanimidades –al contrario—. Pero la pluma aguda y ilustrada del poeta, solía incorporar el aire fresco de las cosas bien pensadas y bien dichas aún en varios de los asuntos más conflictivos.

Paz solía defender el derecho de otros a expresar ideas e incluso, a discrepar con él. Quizá no siempre era todo lo tolerante que ahora puede pretenderse, pero él mismo daba a conocer con intención polémica sus reflexiones más puntillosas. Con ese mismo ánimo abierto al intercambio y que naturalmente no excluye la discrepancia, será útil volver sobre los millares de cuartillas que Paz escribió sobre asuntos de la vida pública mexicana.

Las páginas de las revistas que dirigió están colmadas de textos que en su momento tuvieron la intensidad del debate directo y que, sin dejar de ser elegantes, rehuían los lugares comunes. Luego, Paz acostumbraba recoger muchos de esos artículos (no todos, por cierto) para nutrir sus libros.

En Plural, la revista que dirigió entre 1971 y 1976, encontramos contribuciones como las siguientes, en donde la fugacidad del momento político era discutida sin perder la perspectiva histórica ni la elegancia literaria.

Desnudar a los jefes de su poder

En 1972, Plural organizó un encuentro con el tema Los Escritores y la Política, publicado en el número 13, de octubre de 1972. A partir de un texto de Paz, había comentarios de Carlos Fuentes, Juan García Ponce, Jaime García Terrés, Carlos Monsiváis y algunos otros. En su invitación al debate, el director de la revista cuestionaba la dualidad PRI-Presidente y luego de un rápido recorrido por la formación de la política en los siglos recientes, dictaminaba que: “Los partidos modernos son iglesias sin religión dirigidas por clérigos blasfemos”.

El de los intelectuales y la política es uno de los grandes temas, nunca del todo resueltos y con el inconveniente de que sólo suele ser analizado a partir de situaciones específicas, en la reflexión moderna sobre los asuntos públicos.

En aquel texto, Paz establecía contrastes entre los políticos y los escritores a partir de preguntarse a quiénes representa cada uno de esos gremios. Su respuesta podía ser incluso desconcertante: el escritor no se representa ni siquiera a sí mismo. Pero junto con ello incorporaba uno de los elementos que, intencional o espontáneamente, habría venido y seguiría siendo frecuente en su actitud intelectual, lo mismo delante de las letras y el arte que en temas específicamente políticos: el pensador, para cumplir con su vocación, debe dudar permanentemente. No se trata de dudar de todo y ante todo, lo cual se convertiría en inseguridad para sostener convicciones o, como Paz sugeriría en un texto posterior y que reproducimos más adelante, en fuente de indefiniciones.

Ahora que hay quienes, evidentemente a destiempo, se conduelen porque Paz no tuvo una presencia política más activa y explícita (ahora incluso se ha dicho que debió haber sido un líder activo del pueblo de México) son especialmente recuperables estas palabras, con las que concluía aquel texto de octubre de 1972:

“La palabra del escritor tiene fuerza porque brota de una situación de no-fuerza. No habla desde el Palacio Nacional, la tribuna popular o las oficinas del Comité Central: habla desde su cuarto. No habla en nombre de la nación, la clase obrera, la gleba, las minorías étnicas, los partidos. Ni siquiera habla en nombre de sí mismo: lo primero que hace un escritor verdadero es dudar de su propia existencia. La literatura comienza cuando alguien se pregunta: ¿quién habla en mí cuando hablo? El poeta y el novelista proyectan esa duda sobre el lenguaje y por eso la creación literaria es simultáneamente crítica del lenguaje y crítica de la misma literatura. La poesía es revelación porque es crítica: abre, descubre, pone a la vista lo escondido –las pasiones ocultas, la vertiente nocturna de las cosas, el reverso de los signos. El político representa a una clase, un partido o una nación; el escritor no representa a nadie. La voz del político surge de un acuerdo tácito o explícito entre sus representados; la voz del escritor nace de un desacuerdo con el mundo o consigo mismo, es la expresión del vértigo ante la identidad que se disgrega. El escritor dibuja con sus palabras una falla, una fisura. Y descubre en el rostro del Presidente, el César, el Dirigente Amado y el Padre del Pueblo la misma falla, la misma fisura. La literatura desnuda a los jefes de su poder y así los humaniza. Los devuelve a su mortalidad, que es también la nuestra”.

Indignación, moral de corto plazo

Pero la sola descripción del poder, por penetrante y develadora que sea, no siempre basta. El intelectual suele querer levantar su voz e influir: respaldar o condenar, hacer públicas posiciones que den cuenta de su ciudadanía. Un año más tarde, con motivo del golpe de Estado en Chile, Paz escribía desde una estancia en Cambridge un vehemente artículo titulado “Los Centuriones de Santiago” en donde compartía las condenas a la represión en contra de la sociedad chilena y algunos de sus principales dirigentes. Pero no quería quedarse allí. La descalificación de Pinochet y sus esbirros quedaba muy clara, pero además el poeta mexicano sostuvo:

“Condenar la acción de los militares chilenos y denunciar las complicidades internacionales que la hicieron posible, una activas y otras pasivas, puede calmar nuestra legítima indignación. No es bastante. Entre los intelectuales la protesta se ha convertido en un rito y una retórica. Aunque el rito desahoga al que lo ejecuta, ha perdido sus poderes de contagio y convencimiento. La retórica se gasta y nos gasta. No protesto contra las protestas. Al contrario: las quisiera más generalizadas, enérgicas y eficaces. Pido, sobre todo, que sean acompañadas o seguidas por un análisis de los hechos. La indignación puede ser una moral pero es una moral a corto plazo. No es ni ha sido nunca el sustituto de una política. Renunciar al pensamiento crítico es renunciar a la tradición que fundó el pensamiento revolucionario y abrazar, ya que no las ideas, los métodos intelectuales del adversario: la invectiva, la excomunión, el exorcismo, la recitación de las autoridades canónicas. Lo ocurrido en Chile ha sido una gran tragedia. También ha sido, digámoslo sin miedo, una gran derrota. Una más en una larga serie de derrotas. ¿Por qué y cómo? Hay que hacer un examen de la situación nacional e internacional, valorar las fuerzas sociales en juego, reflexionar sobre los métodos empleados y reconocer –aunque sea humillante para los dirigentes y los teóricos, engreídos con sus frágiles esquemas– que los resultados han sido desastrosos…” (Este texto, igual que el anterior sobre El Escritor y el Poder, fueron recopilados luego en el libro El Ogro Filantrópico, cuya primera edición es de 1979).

Aquella exigencia de Paz estaba dirigida especialmente a las izquierdas. No dejaba de ser notable –lo es ahora– que a diferencia de los cartabones en los que a menudo se le ubicó, Paz no tomara distancia de las preocupaciones sociales de aquellas izquierdas sino para demandarles inteligencia autocrítica. Allí podía apreciarse, junto con la discusión sobre la posibilidad del socialismo en un país insuficientemente desarrollado, la reiteración de las tareas que para Paz podía desplegar el intelectual sin dejar de serlo: reprobar con toda la intensidad posible tropelías como las de los militares chilenos, pero ir más allá. Buscar explicaciones, cuestionar, dudar, más que una actitud quería ser un método.

Escepticismo, poder, credulidad

Ese método podía orientar actitudes ante los galanteos mutuos entre el poder político y los intelectuales. A comienzos de 1976, el PRI organizó una publicitada reunión de escritores y artistas con el candidato presidencial, José López Portillo. Paz nunca fue singularmente distante del poder, pero una cosa era haber representado a México como embajador, o reunirse a discutir y departir con gobernantes y miembros de la clase política y otra, participar en un acto de campaña. No es que el compromiso político expreso sea fatalmente indeseable. Pero la contribución que mejor pudieran hacer quienes tienen o debieran tener a las ideas y las palabras como instrumentos de trabajo, está más en la duda creativa que en el aplauso complaciente.

Octavio Paz publicó entonces, en Plural No. 53, de febrero de 1976, un exigente y sarcástico artículo titulado “El Desayuno del Candidato”. Allí el poeta postulaba, entre otros rasgos de una inmadura nación:

“En un país donde el Poder Legislativo es una ´claque´disciplinada y obsequiosa que cada año, en esas apoteosis burocráticas que son los Informes Presidenciales, rompe el ‘récord’ mundial de la duración de los aplausos;

“…en un país donde gobierna un Partido que desde hace medio siglo gana todas las elecciones y que, como el Grifón que vio Dante en el Purgatorio y que era una alegoría de Nuestro Señor, cambia sin cesar y nunca deja de ser el mismo;

“…en un país donde la televisión y la radio son propiedades de una empresa particular, con excepción de una pequeña parte en manos del Gobierno;

“en un país donde, salvo poquísimos y conocidos casos, la prensa es un negocio, un altavoz de los grandes intereses privados y de la burocracia política que nos gobierna;

“…en un país donde la conciencia popular se distingue por su pasividad, su resignación, su desaliento y su nihilismo, es decir: por su inconsciencia;

“en un país donde la opinión pública no tiene ni fuerza ni medios para expresarse y en el que las formas predilectas de la crítica son el chiste político y el rumor, productos ambos del escepticismo y la credulidad (estas actitudes no son incompatibles sino en apariencia: el alma roída por el escepticismo está ya madura para la superstición, el que duda de todo acaba por todo creerlo y las antesalas de César están llenas de nihilistas en busca de empleo);

“…en un país, en suma, donde apenas si hay grupos y voces independientes;

“¿cuál es la función de los intelectuales?

“La respuesta está en todos los labios: concurrir al desayuno ritual que se ofrece al Candidato del PRI a la Presidencia de la República”.

Los atributos del país de 1976 que enumeraba el poeta en aquel artículo eran varios más, pero en todo caso la anterior transcripción nos deja ver las limitaciones en la cultura política, junto con las reiteraciones en las costumbres de las élites políticas e intelectuales: unas ya un tanto superadas y las otras, todavía presentes. Veintidós años después de esa descripción, en México existen contrapesos políticos, espacios de expresión y una diversificación partidaria y mediática que en aquellos tiempos no teníamos. La función de los intelectuales, en cambio, no ha dejado de ser en muchos casos complaciente cuando se trata de mimetizarse a las causas de moda. Si ya no con el PRI, ahora alrededor de otros actores políticos se echa de menos una exigencia crítica como la que Paz desplegó, demostró y reclamó.

Poesía y alma; crítica y luz

En diciembre de 1976, al presentar el primer número de la revista Vuelta, Octavio Paz citaba a Gibbon en la siguiente frase: “Todo lo que los hombres han sido, todo lo que ha creado su genio, todo lo que su razón ha ponderado, todas esas obras que se acumulan en nuestras ciudades –todo eso ha sido hecho por la crítica”. Y apuntaba Paz: “Tal vez el gran historiador exageraba. No demasiado: un pueblo sin poesía es un pueblo sin alma, una nación sin crítica es una nación ciega”.

La Crónica, jueves 15 de mayo

Desinformado, ignorante y grosero, el subprocurador Juan de Dios Castro Lozano se comportó con alarmante patanería el día que recibió a los representantes de una docena de organismos internacionales que vinieron a México para indagar atentados recientes contra periodistas y la libertad de expresión.

Era el 21 de abril pasado. Ese día se cumplían dos semanas del asesinato de las jóvenes locutoras, indígenas triquis ambas, de la radiodifusora comunitaria “La voz que rompe el silencio” en San Juan Copala, en Oaxaca. Era natural que ese episodio, hasta el día de hoy impune, dominara el interés de los delegados de organismos como el International Press Institute, Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa,

También era explicable que, en vista de que las asesinadas formaban parte de una radiodifusora indígena, una de las voces más atendibles en esa reunión fuera la de Aleida Calleja, la inteligente vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y protagonista central del reciente empeño de esas emisoras para obtener su regularización en México.

Los delegados de la misión internacional que visitaba nuestro país durante la tercera semana de abril se habían entrevistado con periodistas y funcionarios de diversas instituciones. En ese recorrido era de especial importancia su encuentro con la autoridad del gobierno mexicano expresamente responsable de los temas que les interesan. Castro Lozano es subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad en la Procuraduría General de la República. Era posible suponer que pocos, como él, estarían minuciosamente enterados de episodios de persecución a comunicadores como el que desembocó en el asesinato de las locutoras indígenas Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores.

Pero no. En aquella reunión el subprocurador Juan de Dios Castro manifestó una inquietante intolerancia, además de una patética ignorancia sobre asuntos en los que tendría obligación de estar bien informado.

Ante la insistencia de la representante de las radios comunitarias para subrayar que el asesinato de las locutoras triquis era una agresión contra periodistas, Castro se empeñó en regatearles esa condición. No eran mas que amas de casa, subrayó. ¿O qué, acaso tenían contrato como periodistas? Con paciencia franciscana, Calleja le explicó que en México para ser periodista no hace falta tener credencial, o una relación contractual formalizada de esa manera.

Esas aclaraciones tendrían que haber sido innecesarias porque entre los derechos humanos, de cuya reivindicación en la PGR es responsable el licenciado Castro, están los derechos de los periodistas. Ahora sabemos que para el subprocurador esa calidad profesional únicamente se alcanza cuando hay un contrato de por medio. Pero no es así como funcionan los medios de comunicación en México en donde, incluso cuando hay grandes sindicatos como en la radiodifusión, es infrecuente la existencia de contratos entre los periodistas y las empresas que difunden su trabajo.

El subprocurador cuestionó entonces la irregularidad de “La voz que rompe el silencio”, que no ha obtenido permiso legal para transmitir. Pero no era esa falta administrativa, sino el asesinato de dos locutoras lo que buscaba indagar la delegación de organismos entre los cuales también había representantes de las organizaciones Artículo 19, la Fundación para la Libertad de Prensa y la Federación Internacional de Periodistas. Sería terrible que, para Castro Lozano, el hecho de que la Secretaría de Comunicaciones no haya expedido el permiso de esa estación justificase el crimen contra las dos comunicadoras.

Pillado en falta una y otra vez, Castro Lozano dijo entonces que esos asesinatos ocurrieron en un estado en donde el gobernador forma filas en un partido que apoya a las radios comunitarias. El subprocurador suponía que el crimen por cuyas indagaciones le iban a solicitar explicaciones se había cometido en Guerrero, y no en Oaxaca.

El municipio en donde se encuentra San Juan Copala es Putla de Guerrero. Ese nombre llevó a la confusión de Juan de Dios Castro. Es entendible, pero aun así resulta inadmisible, que hubiera recibido a la delegación que lo visitaba sin documentarse acerca de los asuntos que iban a plantearle. Todavía más preocupante es el hecho de que, siendo responsable del área del gobierno mexicano destinada a indagar agresiones contra periodistas –la Fiscalía Especial de la PGR para esos asuntos depende del subprocurador Castro Lozano– ese funcionario ignorase en qué estado ocurrió el asesinato de las locutoras indígenas.

Encrespado el encuentro debido a los reiterados yerros del subprocurador, sus visitantes querían distender la conversación. Calleja le insistió en la pertinencia de las preocupaciones que le habían ido a manifestar y subrayó: “no veo, licenciado Castro, por qué nos trata como si fuéramos enemigos del Estado”.

En vez de aprovechar esa oportunidad para enderezar la reunión, el subprocurador la utilizó para ahondar sus diferencias con los delegados internacionales que habían acudido a su oficina y especialmente con la vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias:

-“¡Usted sí. Usted es enemiga del Estado por las afirmaciones que hace!”, le recriminó Juan de Dios Castro a Aleida Calleja.

No obstante la estupefacción de sus interlocutores y la incomodidad evidente entre los visitantes internacionales, Castro no quiso entender las dimensiones del despropósito en el que había incurrido. Más tarde, para que no quedase duda –y de acuerdo con la crónica del reportero Álvaro Delgado publicada en Proceso del 4 de mayo– le hizo al representante del organismo internacional Capítulo 19, Darío Ramírez, el siguiente comentario acerca de Calleja; “Porque es mujer le tengo consideración y, además, está hablando con el subprocurador”.

Así que por dictamen del subprocurador de la PGR, la destacada ciudadana Aleida Calleja es enemiga del Estado mexicano.

Difícilmente el licenciado Castro Lozano habría podido enderezar esa descalificación de manera tan desafortunada e injusta.

La trayectoria de Aleida Calleja es pública y no hace falta que se le reivindique recordando episodios como el meritorio esfuerzo que encabezó hace un tres años para obtener la legalización de una docena de radiodifusoras comunitarias. Basta decir que, lejos de la paranoia o la perplejidad del subprocurador, las de esa acreditada luchadora social han sido convicciones plenamente identificadas con la reivindicación de las instituciones públicas y del Estado en nuestro país.

Fue precisamente la confianza en la capacidad del Estado y de las leyes, con todo y sus imperfecciones, lo que llevó a varias radios comunitarias a buscar su regularización jurídica hace algunos años. Ha sido esa certidumbre la que ha orientado el denuedo de Calleja y de muchos de sus compañeros que hoy pugnan por la existencia de una legislación que, entre sus reconocimientos a la diversidad deseable en la radiodifusión, ofrezca garantías a medios de comunicación de naturaleza comunitaria.

Así que lejos de estar enemistada con el Estado, Aleida Calleja es de las ciudadanas gracias a quienes todavía hay esperanzas para que el Estado en México represente de manera cabal a la sociedad.

Por eso las acusaciones que le endosó el subprocurador Juan de Dios Castro resultan especialmente inaceptables. Por eso las organizaciones internacionales cuyos representantes fueron agredidos, junto con Calleja, por ese funcionario, le han dirigido al presidente Felipe Calderón una carta razonadamente indignada en donde exigen una explicación y una disculpa pública del gobierno federal.

“Los miembros de la Misión Internacional –dice esa misiva– desean externar su preocupación ante la acusación realizada por el Subprocurador a una de las delegadas, así como la falta de profesionalismo que denotan los comentarios del titular de la Subprocuraduría, pues sus afirmaciones en torno al caso de las periodistas asesinadas fueron de mucha imprecisión, así como la falta de disposición percibida en la investigación y protección a periodistas. Lo sucedido nos parece grave cuando la acusación fue hecha por un funcionario de alto nivel y es el encargado de los derechos humanos y atención a víctimas del delito”.

Dislate o desliz, la actitud de Juan de Dios Castro Lozano llama la atención, además, a la luz de su trayectoria política. No es un improvisado. Ha sido diputado federal en cuatro ocasiones, fue senador entre 1994 y 2000, en el sexenio anterior fue presidente de la Cámara de Diputados y Consejero Jurídico de la Presidencia de la República. Aunque fuese en honor a esa trayectoria, pero sobre todo porque su conducta le está ocasionando al gobierno del que forma parte más problemas de los que resuelve, el subprocurador Juan de Dios Castro Lozano debería disculparse. O renunciar.

La Crónica, 8 de mayo

Un millón de pesos diarios. Esa es la cantidad que el gobernador de Jalisco ha regalado a instituciones y empresas privadas desde que tomó posesión de ese cargo, en marzo del año pasado. Los 90 millones de pesos que decidió donar a la iglesia católica para la construcción de un santuario cerca de Tlaquepaque constituyen el obsequio más cuantioso y polémico, pero no el único, que Emilio González Márquez ha otorgado con dinero público.

Donativos a las televisoras, transferencias a firmas privadas, un regalito que mandó hacer para entregarle al Papa en El Vaticano y gratificaciones varias a fundaciones identificadas con grupos católicos, son parte del derroche del cual se ufana el gobernador de Jalisco. Se trata de 420 millones de pesos hasta fines de abril. El reportero Alejandro Almazán hizo el detallado recuento de esos gastos en la edición más reciente de la revista emeequis.

A quienes han cuestionado la discrecionalidad con que gasta dinero que no es suyo, sino de los ciudadanos, el gobernador González Márquez respondió el 23 de abril con la ordinariez que ha sido profusamente comentada en todo el país. Las mentadas de madre le han sido revertidas por muchos de sus conciudadanos en diversos actos públicos realizados para reclamarle no sólo por lenguaraz, sino por abusar de su cargo al frente del gobierno jalisciense.

También debido a la presunción de uso inadecuado de recursos públicos los donativos del gobernador, especialmente los 90 millones de pesos que prometió al llamado Santuario de los Mártires, han sido causa de una averiguación que la Cámara de Diputados solicitó, por unanimidad, la semana pasada. Esa indagación, que les fue requerida a las secretarías de Gobernación y de la Función Pública, tiene sustento en la normatividad para el ejercicio de recursos a cargo de los gobiernos estatales y, además, en la legislación para las corporaciones eclesiásticas.

Aunque dice que es para alentar al turismo, el donativo de 90 millones de pesos estará destinado a respaldar la construcción de un recinto religioso (“el más grande de América Latina”, se ufana la jerarquía de la iglesia católica en Jalisco) en el cerro del Tesoro, cerca de la capital tapatía. Quizá al gobernador González Márquez y a quienes con tanto fanatismo como el suyo defienden esa donación les resultaría útil atender al artículo 3 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público expedida en 1992:

“El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derechos de terceros. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa”.

Evidentemente la entrega de una suma de dinero, del monto que fuese pero especialmente si asciende a la cantidad que González Márquez autorizó para sus amigos de la Diócesis de Guadalajara, constituye un gesto de favoritismo. Cualquier otra corporación eclesiástica podría considerarse con derecho a recibir un regalito similar para no padecer discriminación por parte del gobernador de Jalisco.

Con ese donativo, González Márquez confirma la subordinación que tiene respecto del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, el jactancioso patriarca de la iglesia católica en Jalisco. La proclividad de ese personaje para lucrar políticamente con el falseamiento de asuntos públicos se ha confirmado con las versiones distorsionadas que ha propalado acerca del asesinato de su antecesor, el arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo.

Así también, la construcción del llamado Santuario de los Mártires dista de ser un proyecto para favorecer al turismo en Jalisco. Se trata de una obra para respaldar a los segmentos más conservadores de la iglesia católica. Es decir, el gobernador González Márquez no solamente ha transgredido la Ley de Asociaciones Religiosas al destinar dinero público a una corporación eclesiástica. Además apoya, con recursos del Estado, a una de las facciones más retardatarias de la iglesia católica. Eso es jugar con fuego.

Los mártires a los que se pretende recordar con el presunto santuario no se distinguieron por sus obras piadosas, ni por contribución alguna a la doctrina de la iglesia católica. Se trata de fieles que se alzaron en armas contra el Estado mexicano con motivo de las restricciones al ejercicio de los ritos religiosos que impuso el gobierno de Calles a fines de los años 20 del siglo pasado.

El encono entre defensores y antagonistas de la iglesia católica constituyó una fase de auténticos desgarramientos en la sociedad mexicana hace ocho décadas. En ambas partes de ese diferendo hubo fanatismo y excesos, en ocasiones de notable violencia y arbitrariedad. Con la construcción del Santuario en Tlaquepaque el clero de Jalisco reanima esas discrepancias y lo hace de la peor manera, exaltando a personajes respecto de los cuales existen juicios históricos bastante contradictorios.

Los llamados mártires de Jalisco fueron víctimas pero, antes que nada, corresponsables de la conflagración social y política que anidó en ese y otros estados en los años de la guerra cristera. Entre la docena de militantes católicos que recientemente fueron beatificados y en cuyo honor se quiere erigir el nuevo monumento, destacan José Anacleto González Flores y Miguel Gómez Loza. El primero de ellos apuntaló en Jalisco uno de los bastiones más intolerantes y –literalmente– belicosos de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Gómez Loza lo respaldó y según diversos testimonios participó en acciones de violencia como el asalto, el 19 de abril de 1927, al ferrocarril que iba a la ciudad de México.

La historiadora Laura Campos Jiménez, en su libro Los nuevos beatos cristeros. Crónica de una guerra santa en México, relata que Gómez Loza respaldó a los sacerdotes José Reyes Vega, Jesús Angulo y Aristeo Pedroza así como al guerrillero Victoriano Ramírez, apodado “El Catorce”, que descarrilaron el tren a 7 kilómetros de La Barca, en Jalisco.

Al día siguiente, 20 de abril de 1927, El Universal Gráfico reseñó: “El criminal acto que hizo víctimas no sólo a la escolta, que se batió heroicamente, sino a una parte del pasaje, fue consumado por la gavilla capitaneada por los curas Vega, Pedroza y Angulo, el licenciado Loza y el cabecilla apodado ‘El Catorce’. La escolta sucumbió ante la superioridad numérica de los levantados y la fiereza de estos que hizo víctimas, en forma espantosa y con una crueldad subleva, a una parte del pasaje”.

Campos Jiménez explica: “La gavilla de cristeros que llevó a cabo este salvaje atraco, tuvo conocimiento de primera mano a través de Miguel Gómez Loza (ahora beato) que la sucursal Guadalajara del Banco de México, enviaría por ferrocarril una importante suma de dinero a México el citado 19 de abril, el cual habrían de asaltar y hurtar”.

Allí mismo se transcribe el testimonio del miliciano cristero Luis Rivero del Val: “Los cristeros se apostaron bien parapetados en ambos lados de la vía, dominando el convoy. El destacamento a cuyo cuidado iban los pertrechos se diseminó por todos los carros y ocupó las ventanillas, desde las cuales hicieron fuego incesantemente, sin importarles la seguridad del pasaje, el cual tirado contra el piso de los mismos carros, quedó expuesto a las balas de los atacantes. El combate duró casi tres horas, hasta que sucumbió el último hombre de la escolta, que dicho sea en su honor, se portó con fiera valentía. Una vez dominada la situación subieron los rebeldes al tren, se apoderaron de las armas, pertrechos y dinero que en él se conducían… posteriormente regaron los carros con el combustible de la máquina y les prendieron fuego”.

Lo hicieron con todo y muchos de sus ocupantes. El Universal Gráfico del 21 de abril informó: “Subieron los rebeldes sin escuchar a las mujeres que pedían piedad. Bajaron del tren los pasajeros que pudieron hacerlo, pero se quedaron los niños y heridos. Los asaltantes, sin miramiento alguno, regaron de chapopote los carros y les prendieron fuego, consumiéndose por completo y oyéndose en medio de la hoguera los gritos de quienes se quemaban vivos”.

La investigación de Campos Jiménez ofrece otros ejemplos de la saña de quienes luego serían beatificados por la iglesia católica. Seguramente de la otra parte también hubo excesos. Así fue, deplorable y absurdamente, la guerra cristera.

Esas cenizas son las que remueve el “santuario” de Sandoval Íñiguez. Esos abusos de los cristeros en Jalisco son los que respalda el gobernador Emilio González Márquez. El gobernador de Jalisco no solamente utiliza dinero público para respaldar una causa particular. Además a esa causa la singularizan la división y el odio entre los mexicanos.