Sociedad y poder

La Crónica, jueves 31 de julio

Hastiado de una discusión sin coordenadas claras y que mientras más se prolongaba más confusa estaba resultando, el presidente Felipe Calderón decidió convocar a una consulta nacional sobre la reforma petrolera. No importaba que esa figura jurídica no estuviese contemplada en la Constitución, ni que el gobierno careciera de atribuciones específicas para organizarla. Se trataba de una decisión política. “Mi gobierno –declaró el presidente en cadena de televisión y radio– acatará siempre la voluntad del pueblo y ese será el significado de la consulta nacional. Desde luego, en este asunto tenemos una posición y exhortamos a los ciudadanos para que se manifiesten a favor de las iniciativas de reforma que he presentado al Congreso de la Unión”.

Inicialmente algunos diputados y senadores del PAN estuvieron en desacuerdo porque una consulta destinada a recoger el parecer de la población acerca de iniciativas que ellos mismos tenían que impulsar, podía ser considerada como una forma de presión ilegítima contra el Congreso. Pero cuando entendieron que de esa manera parecería que tendrían mayor respaldo social, se subieron entusiasmados al carro de la consulta.

El gobierno fue juez y parte porque organizó, promovió, supervisó y contó los votos de esa consulta y, antes, difundió extensamente las posiciones que convocaba a respaldar. El Instituto Federal Electoral, aunque tampoco tiene atribuciones específicas en ese terreno, acordó brindarle asesoría técnica a la Secretaría de Gobernación. “Nuestro compromiso está con la sociedad y la falta de precisiones del Cofipe no será obstáculo para que cumplamos con él”, dijo orgulloso el presidente del IFE.

La consulta iba a contracorriente de la discusión parlamentaria y fue vista como un ejercicio de propaganda por los partidos en la oposición. PRI y PRD se apresuraron a descalificarla porque sabían que la intensa publicidad desplegada por el gobierno federal forzaría los resultados a favor de las iniciativas del presidente.

A fin de evitar confrontaciones en aquellas entidades gobernadas por miembros de partidos de la oposición, el secretario de Gobernación dispuso que la consulta se realizara únicamente en Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala y Querétaro, entidades gobernadas por el PAN. También habría urnas en los municipios más importantes que se encuentran gobernados por ese partido, así como en las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo en la ciudad de México.

A convocatoria del gobierno, un grupo de especialistas diseñó el cuestionario de la consulta. Después de largas deliberaciones y con asesoría de la Universidad Iberoamericana, el comité a cargo de esa tarea presentó las dos preguntas que serían puestas a consideración de los habitantes en nueve entidades:

“Actualmente en la explotación, transporte, distribución, almacenamiento y refinación de los hidrocarburos (petróleo y gas) participan empresas privadas como contratistas de Pemex. ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo en que esa participación pueda regularizarse para que se encuentre plenamente normada por las leyes?

“¿En general, usted está de acuerdo o no está de acuerdo en que se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso de la Unión?”.

Hubo quienes señalaron que esas preguntas eran insuficientes y que estaban formuladas de tal manera que inducían a la confusión de los ciudadanos. Otras voces, recordaron que un asunto de tanta complejidad como la reforma petrolera no debería ser reducido a dos dilemas planteados de manera tan esquemática. Había muchos ciudadanos que no hubieran querido votar “sí” o “no” por esas opciones, sino plantear soluciones intermedias en algunos temas del complejo entramado que significa la cuestión petrolera.

Los organizadores de la consulta desestimaron tales reparos. En busca de legitimidad publicitaria, Gobernación designó un “comité ciudadano”, que según se dijo supervisaría la organización de la consulta y que estuvo integrado por las siguientes personas: Carlos Elizondo, Héctor Aguilar Camín, Francisco Barrio, María Amparo Casar, Sari Bermúdez, Paz Fernández Cueto, Jorge Castañeda, Pablo Hiriart, Kate del Castillo, Leo Zuckermann, David Páramo y Enrique Krauze. No importó que todos ellos tuvieran ya una opinión favorable a las propuestas del presidente. De la misma manera que el gobierno federal actuaba con parcialidad en la organización de la consulta, ellos lo harían como supuestos supervisores de un ejercicio de expresión ciudadana respecto del cual ya tenían una opinión definida.

Durante las semanas previas, los gobernadores, presidentes municipales y delegados panistas se volvieron comprometidos militantes de la consulta. No hubo acto público ni conciliábulo privado en donde no buscaran cómo impulsarla. Aunque el ideario de su partido los compromete con la democracia y habían querido que uno de sus signos distintivos fuese la ruptura con los viejos procedimientos que la cultura política priista le impuso al país durante tanto tiempo, los panistas no vacilaron en utilizar recursos públicos y apremios de toda índole para movilizar votos a favor de las iniciativas presidenciales.

Millares de funcionarios públicos fueron designados para que invitasen a sus amigos y familiares a esa votación. Como si se tratase de campaña electoral y en un derroche de recursos jamás visto, el gobierno federal distribuyó playeras, gorras, tazas, pegotes para los automóviles, pancartas que se colocaron en oficinas públicas, pulseras, botones y otros artículos, todos con lemas como ¡La consulta va!, Defendamos al petróleo, Dile sí al progreso, Vota sí: la consulta es tuya. Los consorcios de radio y televisión se beneficiaron de una generosa derrama financiera que compró spots para difundir esos lemas. No solamente se invitaba a participar en la consulta, sino con clarísimo énfasis se llamaba a votar “sí” en ambas preguntas.

Para el gobierno y su partido, la consulta se convirtió en momento de gran definición política. Las divisiones dentro del PAN se atenuaron ante la necesidad de enfrentar los fundados cuestionamientos de otros partidos. Aunque era apoyada por Nueva Alianza y el Verde Ecologista, resultaba claro que la consulta era iniciativa y compromiso de los panistas y del gobierno federal. En el Congreso, diputados y senadores blanquiazules se esforzaban para enfrentar los reclamos del PRD, especialmente por la nula transparencia acerca del gasto invertido en la consulta.

El domingo en que se realizaría la consulta fue de trabajo obligatorio para decenas de miles de empleados públicos. Pero más allá de quienes tenían responsabilidades específicas como organizadores o propagandistas, las mesas de votación estuvieron casi vacías. Los fotógrafos de prensa se hartaron de tomar placas de jefes de casilla durmiendo o jugando dominó ante la falta de votantes. Y si algo no hubo fue respeto al secreto en la votación. Miles de ciudadanos fueron coaccionados a cruzar las boletas por el “sí”, ante la vista complaciente y exigente de los representantes partidistas.

En varias ciudades se comprobó el acarreo y la presión sobre los votantes. Dirigentes del PRD hicieron algunos esfuerzos para insistir en que la consulta debía ser libre y que toda presión resultaba ilegal. Ese empeño resultó inútil porque, cuando los identificaban como opositores, eran corridos con cajas destempladas de las mesas de votación. En varios casos esos líderes partidarios se hicieron acompañar por notarios que dieron cuenta de las irregularidades y anunciaron que presentarían denuncias legales por la manipulación que perpetraba el gobierno federal.

Hacia el mediodía era evidente que la consulta había sido desairada. Elba Esther Gordillo había prometido la participación de un impresionante número de profesores pero nunca se comprobó que todos ellos hayan asistido y hubo sospechas de que, quienes sí fueron, votaron por el “no”. La dirigente del PAN en el DF, Mariana Gómez, declaró que no importaba cuánta gente acudiese a votar sino el porcentaje de los ciudadanos que preferirían el “sí”.

En la capital del país el desaseo fue documentado por miembros y simpatizantes del PRD que se las ingeniaron para votar en varias ocasiones. Alejandra Barrales, dirigente local de ese partido, dio a conocer un video en el que se aprecia con toda claridad a un individuo que votó, en distintas casillas, en ¡35 ocasiones! Evidentemente la tinta que se utilizaba para marcar a quienes habían votado no era indeleble, o los responsables de las casillas se hacían de la vista gorda suponiendo que quienes votaban más de una vez lo harían por el “sí”.

En respuesta a esa y otras denuncias el dirigente nacional del PAN declaró que ni las estratagemas ni la insidia del PRD lograrían demeritar la consulta: “nuestras mesas de votación quedaron instaladas a tiempo, los ciudadanos que han querido hacerlo están participando, la consulta va y es un éxito pésele a quien le pese”, dijo Germán Martínez con su habitual enjundia.

Ya por la noche, el cómputo en casi todas las casillas fue rápido porque en la mayoría habían votado dos o tres docenas de personas. No obstante los resultados no fueron conocidos sino hasta varios días después. Cuando los críticos de la consulta sugirieron que al PAN y al gobierno se les había caído el sistema o que estaban demorándose para maquillar los resultados, el secretario de Gobernación respondió tronante: “esas no son mas que demostraciones de impotencia de la izquierda delirante”.

Con menos de la quinta parte de las casillas computadas y a partir de proyecciones realizadas por Consulta Mitofsky, Juan Camilo Mouriño anunció los resultados iniciales. Casi dos millones de ciudadanos habían acudido al llamado del gobierno y su partido. En la primera pregunta, el 87% respondió a favor del “sí”. En la segunda, el porcentaje por la respuesta positiva fue del 84%.

Esos resultados no sorprendieron a nadie. La intensa campaña de propaganda, la intervención directa del gobierno a favor del “sí”, el traslado forzoso de decenas de miles de personas e incluso la contratación de artistas y conductores para que recomendasen esa opción en programas de televisión y radio, hacían posible anticipar tales porcentajes. Lo que nadie y sobre todo los organizadores de la consulta esperaban, era una participación tan baja.

El número de personas que decidió ir a la consulta era menor a la mitad de los asistentes que previeron el gobierno y el PAN. Sin embargo, habituados a la simulación política, presentaron esos resultados como ejemplo de participación y conciencia cívicas. Manuel Espino, que había sido designado coordinador de la consulta por parte del frente de partidos que la promovían, declaró retador: “No obstante las presiones ilegítimas de la izquierda y de los políticos a la antigua, la sociedad mexicana ha ofrecido una muestra de madurez y responsabilidad. El respaldo abrumador a las iniciativas de reformas presentadas por el presidente Calderón para modernizar a la industria petrolera constituye una exigencia que los legisladores de ninguna manera podrán soslayar. El triunfo del ‘sí’ es un triunfo de la sociedad mexicana”.

Tres días más tarde Juan Camilo Mouriño y los coordinadores del PAN en ambas cámaras federales llegaron al Senado para entregar los resultados de la consulta. Allí los increpó Carlos Navarrete, el líder de los senadores del PRD: “nuestro partido jamás aceptará los resultados de una maniobra espuria como ésa. No se trató de un ejercicio democrático sino de una autoconsulta”, dijo. Similares apreciaciones manifestó Guadalupe Acosta, a nombre del PRD: “No puede tener valor alguno una consulta convocada, organizada y sancionada por el gobierno, con recursos públicos que fueron utilizados de manera facciosa. Los mismos que la organizaron, llamaron a votar por el ‘sí’. Los mismos que contaron los votos fueron los que vigilaron esa caricatura de consulta”, denunció. Sin embargo Gustavo Madero, líder de los senadores del PAN, insistió: “El resultado de la consulta debe ser vinculatorio para todos nosotros. El Congreso tiene que escuchar la decisión del pueblo de México”.

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emeequis, julio 28 de 2008

Terminaron los foros. Habrá consulta. Ya juegan varias iniciativas. La confusión es mayor. De esa escueta e insatisfactoria manera podría sintetizarse el estado de la cuestión petrolera casi cuatro meses después de que el presidente Calderón presentó un paquete de cinco propuestas de reforma legal, luego de 21 foros organizados por el Senado y tras intensas cuan revueltas semanas de discusión ideológica y política.

Se han derrochado ponencias, entablado debates y para cuando circule esta edición de emeequis se habrá realizado la consulta que dispusieron los opositores a las propuestas del gobierno federal. Todos sabemos que se trata de un diferendo relevante. Pero si alguien, a partir de esa información, asegura que ha podido entender cuáles son las mejores opciones para la reforma petrolera será porque tiene información confidencial o porque, simplemente, en realidad no ha comprendido nada.

La de este domingo no es un ejercicio de consulta democrática sino un acto de propaganda. Quienes organizan y difunden e incluso aquellos que vigilarán ese ejercicio, son funcionarios y ciudadanos que ya tienen una opinión definida acerca de las iniciativas del gobierno federal. La única incertidumbre es cuánta gente participará en esa mascarada. No se trata de una consulta para saber la opinión de los ciudadanos sino para ratificar el dictamen que resolvieron promover, sobre la cuestión petrolera, el gobierno de la ciudad de México y el PRD.

Las preguntas de esa consulta ofrecen información parcial, o inducen la decisión de quienes acudan a responderlas. Hubo un diseño torpe de esas interrogantes pero en realidad cualesquiera otras habrían resultado discutibles, porque el problema de fondo radica en buscar que la gente responda “sí” o “no” en asuntos tan complejos que no pueden ser resueltos de manera esquemática.

El mes pasado la empresa Investigaciones Sociales Aplicadas y el Grupo de Economistas y Asociados plantearon en una encuesta telefónica varias modalidades acerca del tema petrolero, para confirmar que la opinión de la gente cambia de acuerdo con la manera de frasear una pregunta.

A la pregunta ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo que se privatice PEMEX?, el 75% de los ciudadanos en la encuesta nacional dijo que, por supuesto, está en desacuerdo. Solamente el 20% estaba de acuerdo. Y es que sin matices y remitiendo al rechazo que por lo general los mexicanos tenemos hacia la privatización de los bienes públicos, era evidente que una gran mayoría se expresaría en contra.

Pero cuando se pregunta ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que se permita la inversión privada en la industria petrolera? la inconformidad se reduce al 56%. El 39% estaría a favor.

El mismo asunto, fue presentado de la siguiente manera: ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que se permita la inversión privada, junto con PEMEX, en la exploración y explotación de las reservas petroleras, manteniendo la Nación la propiedad de los recursos? Como puede apreciarse, esta pregunta puede estar diciendo lo mismo que la anterior pero con un par de precisiones. Privatización a secas, no le gusta a la mayoría. Pero con garantías para que la empresa nacional y el Estado mantengan el control del petróleo, más de la mitad de la gente dijo que sí. El 51% aprobó ese enunciado y el 44% estuvo en contra.

Esos datos confirman el efecto perverso que ha tenido la polarización del debate petrolero. Las iniciativas del gobierno federal desde un principio resultaron discutibles. Pero cuando se les estigmatizó diciendo que eran privatizadoras el debate serio fue desplazado por el canje de consignas.

Quienes estén de acuerdo con algunos aspectos de la propuesta de Calderón pero en contra de otras, no podrían tener voz en un ejercicio como ese. Si un ciudadano, por ejemplo, cree que pudiera haber inversión privada en tareas de transporte y en la construcción de ductos pero que no sería inaceptable para explorar y perforar pozos, su postura queda fuera de tal consulta.

El diferendo petrolero no es asunto de sí o no. Menos aún cuando la realidad técnica y financiera de esa industria quedó apabullada en una discusión ideológica y política.

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emeequis, 14 de julio de 2008

Los legisladores que aprobaron la reforma electoral del año pasado metieron al IFE en un berenjenal cuando quisieron prohibir las campañas negativas. El propósito de atajar las oleadas de insultos y descalificaciones que han permeado el discurso político en México se ha convertido en un camino que puede paralizar el debate entre los partidos aunque, eso sí, empedrado de buenas intenciones.

Esa reforma electoral incluyó medidas plausibles, como la cancelación a la compra de propaganda política en radio y televisión. Los partidos sólo podrán difundir spots en tiempos oficiales y ningún particular podrá adquirir espacios para hacer propaganda electoral.

Pero de esa reforma también forma parte la prohibición a las campañas negativas. Uno de los apartados adicionados en el artículo 41 Constitucional, establece: “En la propaganda política o electoral que difundan, los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”. El Código Federal Electoral repite esa taxativa.

Cuando establecieron esa restricción, seguramente no pocos legisladores pensaban en los momentos más ásperos de las campañas en 2006. En un contexto de empobrecimiento creciente en el debate político, de sustitución de los proyectos por los spots y de fortísima polarización, a momentos parecía que más que opciones distintas de país disponíamos, para elegir entre ellos, de dos estentóreos mecanismos de propaganda. El denuesto y no la explicación, y mucho menos la propuesta, definieron a esas campañas.

El país merece una política de otro corte. Pero es difícil considerar que el mejoramiento de las campañas vaya depender de la prohibición al vituperio. El quehacer político siempre tiene una dosis de enfrentamiento. Mientras más competitivas sean las opciones dentro de un sistema político, más intensa resultará la pugna entre ellas. Por lo general, pero sobre todo en situaciones de polarización extrema, los partidos y sus candidatos, más que hablar bien de sí mismos, se dedican a hablar mal de sus rivales.

Por otra parte, para que tengamos campañas de ideas y no de dicterios lo más adecuado sería un esfuerzo conjunto de los partidos y sobre todo, la exigencia creativa de la sociedad. Discutir limitaciones y falsedades de los spots políticos, condicionar el voto a la existencia de proyectos, comparar qué dicen o dejan de decir los candidatos, serían medidas posiblemente eficaces para que los partidos dejaran de ensimismarse en escandalosos pero finalmente autocomplacientes diálogos de sordos. Todo eso requiere, claro, de una sociedad activa, de ciudadanos plenos, a la que pocas veces vemos en este país.

Ahora el IFE tiene que delimitar qué son las expresiones denigratorias. Los funcionarios de esa institución tendrán que comenzar por la acepción llana de ese término: “Del latín denigrare, poner negro, manchar. 1 Deslustrar, ofender la opinión o fama de alguien. 2. Injuriar (agraviar, ultrajar)”.

Si la autoridad electoral elige una implicación estricta de ese verbo tendría que considerar que cualquier alusión crítica a las capacidades, la personalidad, la trayectoria, las ideas o falta de ellas de un candidato, resultan denigratorias. Por ejemplo, decir que el candidato Fulano es limitado de entendederas, le cae mal a los electores, no acabó su licenciatura en Derecho y propone puras tonterías, serían formulaciones ilegales. Con ello no solo el debate sino cualquier exposición de opiniones no complacientes resultarían ilegales y el IFE se pasaría día tras día del proceso electoral censurando cada discurso, anuncio o visita de casa en casa que realizaran los candidatos.

En cambio si el IFE se orienta por una concepción flexible y considera que solamente hay denigración, para efectos de la legalidad electoral, cuando se dicen falsedades flagrantes acerca de una persona o de un partido, o cuando se profiere de ellos una calumnia (es decir una acusación falsa) quizá evitaría convertirse en interventor de ideas para seguir siendo la autoridad reguladora de las elecciones: ni más, ni menos que eso.

El problema radica en que, en una interpretación así de flexible, decir que alguien es un peligro para el país no constituye denigración alguna. Pero afirmar, sin pruebas, que el cuñado de un candidato hizo negocio con contratos gubernamentales ilegítimos, sería claramente denigratorio.

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La Crónica, jueves 24 de julio

A la izquierda, a las izquierdas mexicanas, se les puede reconocer en su historia. Pero resulta prácticamente irremediable desconocerlas en sus prácticas más extendidas y distinguidas. Durante décadas de sobrevivencia a persecuciones y coacciones de toda índole, las izquierdas en México se singularizaron por la tenacidad militante, la solidez discursiva, la integridad política. Trosquistas y maoístas, socialistas y comunistas, exégetas de las masas y marginados de la sociedad real, a los hombres y las mujeres de izquierda en México los singularizaban la ideología y la actitud. No se trataba necesariamente de personas templadas en el acero de convicciones inflexibles sino simplemente de mujeres y hombres para quienes el compromiso era más importante que las componendas. Abrigaban, cada cual según la corriente, el referente o la secta de sus preferencias, un cuerpo doctrinario al cual ceñían sus concepciones de la realidad. Y por lo general conservaban una conducta distinta del convenencierismo y el pragmatismo predominantes. Las izquierdas en México contaban con ideas, aunque a menudo fuesen discutibles. Y tenían autoridad moral delante de un sistema político de prácticas tan descompuestas como el que ha prevalecido en este país.

Eso terminó, pero no necesariamente en beneficio de los ideales ni de la integridad que singularizaban a nuestras izquierdas. La transición política mexicana fue en alguna medida resultado del empuje de las izquierdas, que no vacilaron en acortar o aplazar algunas de sus esperanzas e incluso en renunciar a sus identidades políticas con tal de impulsar nuevas opciones y ensanchar los márgenes para la democracia electoral. La generosidad con que el Partido Mexicano Socialista contribuyó con registro, patrimonio, historia, infraestructura y afiliados para la creación del PRD en 1989, a menudo se olvida cuando repasamos qué ha sucedido, y por qué, con nuestras izquierdas. Aquel PMS aportó el vehículo, el motor, la gasolina y parte del camino andado para impulsar al nuevo partido. Pero apenas comenzaba a circular, otros conductores se apropiaron del volante y la ruta que tomaron se entrecruzaba con los tortuosos senderos de la vieja política.

Por méritos propios gracias, fundamentalmente, al desarrollo que experimentaron entre las clases medias y al envión que encontraron en nuevos movimientos sociales, pero también merced a connivencias y clientelismos que en nada se distinguieron de los que durante largo tiempo habían practicado el gobierno y su partido, las izquierdas experimentaron un auge inédito y alcanzaron posiciones de poder político. En dicho tránsito, expuestas a las dificultades que siempre implican la gestión y las responsabilidades públicas, esas izquierdas mexicanas en vez de transformar al poder político se mimetizaron con él.

Cada vez ha sido más difícil encontrar diferencias de fondo entre la supuesta razón de Estado con que trataban de justificar excesos los presidentes bajo el régimen del PRI y las coartadas políticas con que no pocos gobiernos del PRD, entre ellos los que han estado a cargo de la ciudad de México en los años recientes, intentan legitimar abusos, tráficos de influencia y exacciones a los recursos públicos. Cada vez ha sido menos clara la diferencia auténtica entre el fanatismo manipulador con que la derecha suele tratar de imponer sus creencias morales al resto de los ciudadanos y el fundamentalismo autocrático que gobiernos, partidos y grupos pretendidamente identificados con estas izquierdas acostumbran tratar al resto de la sociedad.

La intolerancia ante diagnósticos y concepciones que no se ajustan a los cartabones ceñidos por el interés del gobierno presuntamente legítimo, la denuncia de fraudes nunca fehacientemente comprobados, la sustitución del dato por la propaganda y de los hechos por las conjeturas, e incluso la imposición de costumbres y modos definidos por la corrección política, han convertido a estas corrientes y grupos en cofradías que defienden intereses pero que se encuentran muy, muy lejos de las izquierdas tal y como se les entendía en México y como se les conoce en otros sitios.

Aquellas izquierdas, en el tránsito hacia y en el pretendido realismo político, extraviaron la capacidad que tenían para diferenciarse de otras fuerzas y vertientes de la vida pública mexicana. Con la coartada de involucrarse en la política realmente existente, amplios segmentos de esas antiguas izquierdas, y sus sucedáneos, se zambulleron en los meandros de la política francamente indecente.

Es difícil sostener que esas, las que hicieron del PRD una organización reñida con la democracia, las que encabezan gobiernos que no reivindican sino que usufructúan el interés de los mexicanos más desventurados, o las que medran con banderas de presunta socialdemocracia pero con recursos de la política más primitiva, sean corrientes o personas de izquierda.

Será difícil que alguien que se identifique con las izquierdas rechace estos parámetros para reconocerlas: la reivindicación de la igualdad y la libertad, el compromiso con las reglas de la democracia, la lid por los derechos humanos. En esa tríada se encuentran elementos insoslayables para delimitar a las izquierdas. En ocasiones esos tres componentes pueden resultar demasiado amplios, sobre todo si se considera que hay otras posiciones del espectro ideológico que pueden compartir permanente o coyunturalmente algunos de ellos. En todo caso no parece excesivo considerar que si bien no todos aquellos que hagan suyos algunas de esas coordenadas son de izquierdas, en cambio sí se puede sostener que no hay izquierdas que no compartan por lo menos esos tres principios: el apremio incansable de igualdad y libertad, la identificación con la democracia y sus procedimientos, la salvaguardia de los

derechos humanos. Definir puntualmente a las izquierdas resultaría arduo y complejo, sobre todo por la variedad de posiciones y preferencias que hay entre ellas. Pero determinar algunos de los comportamientos que no son de izquierdas resulta ilustrativo.

No es de izquierda proferir grandilocuentes parrafadas colmadas de alusiones al pueblo, a los pobres y a los desamparados, para después oponerse a políticas de Estado que tienden a paliar algunas de las carencias de esos sectores.

No es de izquierda participar de acuerdo con las reglas que hemos creado para la competencia política y, cuando se pierde, mandar al diablo a las instituciones.

No es de izquierda pretender que un movimiento o un partido político queden supeditados al humor y los intereses de un caudillo, por dicharachero o voluntarista que pueda ser.

No es de izquierda bloquear la discusión parlamentaria, ni enfrentar solamente con desplantes retóricos la deliberación de los grandes temas nacionales. De hecho en una sociedad moderna, en donde la circulación tanto de ideas como de personas es básica en la construcción de entendimientos, no es de izquierda ningún tipo de bloqueo.

No es de izquierda medrar clientelarmente con la necesidad de los ancianos, las mujeres o de cualquier otro sector de la sociedad al que se le ofrezcan beneficios a cambio de su adhesión política.

No es de izquierda pretender que el adversario político es un enemigo al que resulta preciso exterminar.

No es de izquierda (jamás lo ha sido, jamás lo será) contratar golpeadores para desvirtuar el resultado de una asamblea ni beneficiarse de prácticas de esa índole.

No es de izquierda encargarse durante varios años de la seguridad pública de la ciudad más grande del país, sin renovar a los cuadros ni a las prácticas policiacos conocidos por sus amafiamientos corruptos y su antagonismo con la justicia.

No es de izquierda cuestionar los errores y abusos de los gobiernos de otro signo pero soslayar los que cometen gobiernos que son supuestamente de izquierdas.

No es de izquierda condenar el corporativismo en los sindicatos tradicionales pero sustraerse al cuestionamiento de las arbitrariedades que hay en sindicatos que se reclaman de izquierda.

No es de izquierda preconizar los derechos humanos pero callar cuando son violentados por funcionarios que se dicen de izquierda.

No es de izquierda reivindicar los derechos de las mujeres pero disimular y callar cuando varias jovencitas son maltratadas, marcadas, exhibidas y zaheridas por la policía de un gobierno al que hay quienes consideran de izquierda.

No es de izquierda traficar con banderas de la izquierda sin ser congruente con sus más elementales postulados.

No es de izquierda quien nada más lo es a medias, a veces sí pero de repente mejor no. Los principios de izquierda –es decir, la reivindicación de libertad e igualdad, el compromiso con la democracia, la defensa de los derechos humanos– forman una tríada que es consistente o simplemente no es.

Una izquierda moderna tendría que reconocer las tradiciones que le anteceden sin estancarse en ellas. Habría de mirar autocríticamente la historia de las izquierdas mexicanas, que por lo general estuvieron más interesadas en aniquilar a sus adversarios internos que en construir opciones capaces de hacer política hacia el exterior de esos grupos. Sería preciso recuperar los dos atributos virtuosos de aquellas izquierdas históricas: el empeño con y por las ideas y la autoridad ética.

Para ello las izquierdas tendrían que apostar antes que nada a la igualdad (económica, social, cultural) en todas sus vertientes y no únicamente en algunas de ellas. Interiorizarse de las convicciones igualitarias, hacerlas parte de su actitud vital y real, apostar al cambio no de todos sino con todos, serían componentes de una izquierda deseable.

Esa izquierda tendría que interesarse en el crecimiento económico como sustrato del bienestar social, habría de apostar a las reformas tangibles y eficaces entendidas dentro de un proceso de cambios quizá nunca tan sólidos como la voluntad exigiría pero siempre capaces de atender una necesidad tras otra.

Una izquierda con vocación de futuro tendría que entender a la globalización como un contexto de oportunidades al que es preciso ceñir con un orden jurídico equitativo.

La izquierda necesaria debería apostar a la eficacia de la política, a la reforma de la legalidad y a suscitar el interés de la sociedad, pero siempre a partir de ideas. El del debate intelectual tiene que ser terreno propicio de las izquierdas. Una izquierda sin ideas es, simplemente, otra cosa.

Esa izquierda deseable tiene que respetar irrestrictamente a los demás como requisito para ser la más respetable de las opciones políticas. Respetar no significa condescender, ni transigir, ni mucho menos callar en aras de la placidez política. Al contrario, el de las izquierdas tendría que ser el talante más consistentemente crítico y, para ello, también autocrítico.

Una izquierda plena tiene que ser abanderada y paradigma de la tolerancia. Estaría en capacidad de serlo si tuviera convicciones firmes. Pero no se podría dar el lujo de ser tolerante con los intolerantes. Rehuir el dogmatismo, minar con una permanente crítica los resabios del fundamentalismo, enfrentar al aventurerismo, son requerimientos para una izquierda que quiera honrar y no solo usufructuar ese nombre.

Hace tres semanas el grupo de Patricia Mercado en el Partido Alternativa organizó una jornada de discusiones sobre las izquierdas en México. Este texto es parte de lo que dije en aquella reunión.

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La Crónica, jueves 17 de julio

La revolución soviética había triunfado y era momento para probar su fuerza en el resto de Europa. Lenin había decidido reclamar por la vía de las armas los territorios que le disputaba Polonia. El 5 de mayo de 1920, delante del célebre teatro Bolshoi, el caudillo ruso arengó a sus tropas antes de que marcharan al campo de batalla. La fotografía de aquel momento circuló ampliamente como emblema de la nueva revolución. Lenin aparece de perfil, inclinado hacia adelante, colocando ambas manos sobre el templete de madera. A sus espaldas, en la escalera que conduce al estrado, aparece el comisario del pueblo para asuntos militares, León Trotsky. Junto a él, con los brazos cruzados, está Lev Kamenev, antiguo presidente del Comité Central.

No pasarían muchos años para que esos tres personajes desaparecieran del escenario soviético. Lenin murió en 1924. Cuatro años más tarde Trotsky fue expulsado del Partido Comunista y luego del territorio ruso. Kamenev sufrió peor suerte una década más tarde. José Stalin quería borrar toda huella de sus antiguos camaradas y a quienes no desterraba, los encarcelaba o mandaba asesinar.

La decisión de Stalin para extirpar cualquier presencia de Trotsky y Kamenev llegó a los registros históricos. La imagen de los viejos bolcheviques fue suprimida de multitud de cuadros y fotografías. Aquella gráfica frente al Bolshoi volvió a circular, pero modificada. En lugar del barbado Kamenev y de Trotsky con su célebre piocha, aparecían vacíos los cinco escalones del templete.

La obsesión de Stalin para borrar a sus antiguos camaradas era parte de una patología absolutista y maniática. Al pretender que podía modificar la historia con la misma petulancia con que reprimía y asesinaba a quienes no se subordinaban a sus caprichos, se construía una realidad a modo y trataba de persuadir a los rusos de que esa era la versión auténtica del pasado y el presente.

En el transcurso de la historia y con diversos recursos técnicos, otros líderes autocráticos y distintos personajes e instituciones, con un empleo desmedido del poder, también han querido alterar la historia como si de esa manera desterrasen de la realidad a quienes les incomodan.

La alteración de fotografías y pinturas fue un recurso reiterado por distintos sátrapas del mal llamado socialismo real –que en rigor debiera ser denominado despotismo real–. Milán Kundera abre con este relato su memorable novela El libro de la risa y el olvido:

“En febrero de 1948, el líder comunista Klement Gottwald salió al balcón de un palacio barroco de Praga para dirigirse a los cientos de miles de personas que llenaban la Plaza de la Ciudad Vieja. Aquel fue un momento crucial de la historia de Bohemia. Uno de esos instantes decisivos que ocurren una o dos veces por milenio.

“Gottwald estaba rodeado por sus camaradas y justo a su lado estaba Clementis. La nieve revoloteaba, hacia frío y Gottwald tenía la cabeza descubierta. Clementis, siempre tan atento, se quitó su gorro de pieles y se lo colocó en la cabeza a Gottwald.

“El departamento de propaganda difundió en cientos de miles de ejemplares la fotografía del balcón desde el que Gottwald, con el gorro en la cabeza y los camaradas a su lado, habla a la nación. En ese balcón comenzó la historia de la Bohemia comunista. Hasta el último niño conocía aquella fotografía que aparecía en los carteles de propaganda, en los manuales escolares y en los museos.

“Cuatro años más tarde a Clementis lo acusaron de traición y lo colgaron. El departamento de propaganda lo borró inmediatamente de la historia y, por supuesto, de todas las fotografías. Desde entonces Gottwald está solo en el balcón. En el sitio en el que estaba Clementis aparece sólo la pared vacía del palacio. Lo único que quedó de Clementis fue el gorro en la cabeza de Gottwald”.

El de Stalin, como el de Gottwald y todos aquellos que de la misma manera han querido dar de baja la imagen de sus adversarios, es un comportamiento intolerante y paranoico. Hay una enorme dosis de prepotencia, pero también de berrinche infantil, en esa inquietud para borrar a sus antagonistas.

A comienzos de los años 70 –claro, del siglo pasado– el historiador David King se dio a la tarea de buscar testimonios gráficos de la represión estalinista y comenzó a interesarse en las fotografías alteradas por disposición de la dictadura soviética. Reunió decenas de miles de imágenes, algunas de las cuales ha mostrado en diferente exhibiciones y en 1997 publicó en Londres el libro El Comisario desaparece La falsificación de fotografías y obras artísticas en la Rusia de Stalin.

Además de la abundancia de esos documentos gráficos, a King le llamó la atención la falta de cuidado con que fueron alterados muchos de ellos. A diferencia de la foto de Lenin arengando a las tropas del Ejército Rojo a punto de ir al frente polaco, en donde hay un trabajo de modificación tan meticuloso que no queda huella de la presencia de Kamenev y Trotsky, en los retratos que ese investigador fue localizando por toda Rusia las enmiendas con frecuencia eran burdas. En algunas, los rostros de aquellos a quienes se quería excluir habían sido difuminados con algún producto químico. En otros casos se trataba de vulgares tijeretazos. Incluso cuando había un trabajo de fotocomposición, para superponer una imagen a otra, quedaban huellas de la alteración.

Esos vestigios llevaron a King a hacerse varias preguntas en la introducción de su libro: “La habilidad en el retoque fotográfico depende, como cualquier artesanía antes del advenimiento de la tecnología de la computación, de la habilidad de la persona que lleve a cabo la tarea y del tiempo que ella o él tengan para terminarla. Pero ¿por qué el estándar del retoque en los libros y periódicos soviéticos era a menudo tan burdo? ¿Querían los estalinistas que sus lectores vieran la eliminación que habían realizado, como una atemorizante y ominosa advertencia? O el ligero rastro de un comisario casi desvanecido, intencionalmente dejado por el retocador, ¿podría convertirse en un fantasmal recordatorio de que el reprimido todavía podría regresar”.

Así de burdo, así de notoria, es la difuminación de la imagen del senador Santiago Creel en el video que el noticiero matutino de Televisa transmitió el pasado miércoles 2 de julio. Se trata de una reseña del foro sobre reforma petrolera que tuvo lugar el día anterior. En una nota de 4 minutos con 50 segundos, se da cuenta de las intervenciones de distintos ponentes. Entre escenas de archivo con vistas de instalaciones petroleras, de cuando en cuando se muestran detalles del público. La cámara recorre el auditorio pero casi siempre de la mitad del presídium hacia la izquierda, o de la mitad hacia la derecha. Y es que en el centro de la mesa está el presidente del Senado, Santiago Creel, a quien las televisoras decidieron excluir de la pantalla.

En dos ocasiones, al minuto con 42 segundos y a los 3 minutos con 31, se abre la toma y aparece casi todo el estrado. Al centro, en donde gracias a otros videos y fotografías sabemos que estaba Creel, aparece una silueta sin rostro. Se ven las caras de otros legisladores y ponentes pero no la del presidente del Senado. Una mancha difusa, como borrón de trabajo escolar, lo ha retirado del video.

Televisa dice que se trata de “un error de edición”. No es cierto. La edición de video suprime o añade segmentos enteros, no porciones de una misma imagen. Tampoco pudo haber sido un defecto de la lente, porque de todas las escenas que fueron tomadas únicamente cuando aparece Creel ocurre ese problema.

Los dos momentos en los que se suprime la imagen del senador panista están tomados, cada uno, desde emplazamientos diferentes. En ambos casos, independientemente del sitio desde donde se le enfocara, el rostro de Creel desaparece. No es error, sino revancha.

Televisa y Televisión Azteca decidieron vetar al senador Creel en represalia por el impulso que contribuyó a dar a las reformas constitucionales que restringen privilegios y negocios de la radiodifusión durante los procesos electorales. La animosidad de las televisoras fue tan notoria que no solamente, durante varios meses, el presidente del Senado ha estado ausente de las cadenas nacionales. Además, atemorizados por esa reacción, el presidente de la República y el presidente del PAN destituyeron a Creel como coordinador de los senadores de ese partido.

Pero no fue suficiente. Televisa pretendía quitarle poder político pero además despojar de su imagen pública al senador Creel: sacarlo de las pantallas, impedir a los ciudadanos que se enteren de su desempeño legislativo, tacharlo de la historia. Pero lo hizo de manera tan torpe que el resultado se ha convertido en uno de los mayores tropiezos políticos (y ya son varios) de esa televisora.

El borrón a la imagen de Creel causa enojo, risa y lástima. Qué mal que a cualquier ciudadano, pero peor aún a uno de los más destacados legisladores del país, se les vete en la información de una televisora nacional. Qué ridículo el que hace Televisa borroneando la imagen de un personaje político al que pretende estigmatizar. Qué vergüenza que en esa empresa haya quienes consideren que, expulsándolo de sus pantallas, a Creel le restarán ascendiente político –hasta ahora han conseguido precisamente lo contrario–.

Y qué vulgar manera de esconderle al público la imagen del senador. Tanto, que uno no puede sino recordar la observación del historiador King: el retoque es tan burdo que, más que ocultar al personaje así afectado, pareciera que se trataba fundamentalmente de amenazar y atemorizar. Los destinatarios de esa artimaña serían otros legisladores y personajes políticos: si se meten con las televisoras los borrarán de la pantalla.

Creel está demostrando, a pesar de las venganzas de Salinas Pliego y Azcárraga Jean y no obstante los desasosiegos de Felipe Calderón y Germán Martínez, que sí hay vida política a pesar de las televisoras: mientras más lo tratan de borrar, mejor le va en las encuestas.

Publicado en La Crónica, jueves 10 de julio

Versión completa. Ver nota al final.

El profesor Jaime Sánchez Susarrey desparrama descalificaciones en su artículo del 5 de julio en Reforma dedicado a polemizar con el texto que a mi vez publiqué el día 3, como todos los jueves, en La Crónica. En su enjundioso artículo me llama totalitario, censor, delirante, severo y obtuso, entre otras cosas.

En aquel artículo de hace una semana La Crónica, como recordarán los lectores, sostuve que no es verdad que la prohibición a que particulares o partidos compren espacios para propaganda en televisión y radio limite la deliberación democrática, como dicen los promotores de la demanda de amparo que Sánchez y otros 14 ciudadanos presentaron en diciembre contra uno de los aspectos de la reforma constitucional en materia electoral.

Esa taxativa ya existía en la legislación electoral pero no había sanciones para ella. Ahora Sánchez dice que con tal medida “la partidocracia confisca el debate político intelectual en tiempos electorales y deja a los ciudadanos en calidad de sujetos pasivos y mudos”. Pero ese debate, sobre todo cuando es de índole intelectual, jamás se realiza en spots como los que ahora no podrán ser pagados en medios electrónicos.

Sánchez confunde las ideas, con los eslóganes. A él le parece que en 20 segundos se puede expresar una formulación argumentada y lógica y, víctima de su propia caricaturización, al final de su artículo ofrece varios lemas que cabrían en menos de ese espacio. Esos ejemplos permiten comprobar la enorme distancia que existe entre la deliberación y la propaganda.

Cuando él afirma, orondo con su capacidad de síntesis, “las FARC son una organización terrorista vinculada al narcotráfico”, “Octavio Paz tenía razón: el socialismo real fue una experiencia monstruosa” o “la estatización de la banca en 1982 fue una estupidez”, está citando lugares comunes que solamente tienen sentido político y sobre todo autoridad intelectual si son respaldados por datos, hechos y razonamientos.

Hoy es posible condenar la complicidad de las FARC con otros grupos delincuenciales porque hay evidencias de ello. Octavio Paz fue pionero en la denuncia a las burocracias comunistas pero no gracias a una inspiración súbita sino a la información que supo entender y decidió compartir acerca de crímenes y abusos en Europa del Este. Y sobre la nacionalización bancaria, a la que es preciso entender en la circunstancia mexicana de hace 26 años, Sánchez repite una consigna muy manida pero discutible.

Si el debate público y específicamente la tarea de analistas y comentaristas como el propio Sánchez se limitara a concebir y recitar frases contundentes, y si tales máximas tuvieran que transmitirse en anuncios pagados en radio y televisión para alcanzar algún efecto, quizá mi encrespado interlocutor tendría razón. Pero hasta donde tengo entendido él mismo, igual que muchos otros colegas que analizan los asuntos públicos, no se dedica a la propaganda sino a la reflexión. O eso esperan sus lectores y, supongo, el diario para el cual escribe.

Así que Sánchez y quienes como él han considerado que la reforma constitucional acaba con la libertad de expresión pueden estar tranquilos. Lo que cancela esa reforma es una modalidad de propaganda electoral. Pero la discusión de ideas con razones, evidencias, argumentaciones, de ninguna manera desaparece. El problema con el vehemente Sánchez es que, al menos en esta ocasión, confunde el debate de ideas con el marketing.

Por otra parte, Sánchez dedica la cuarta parte de su artículo a reprocharme algo que no he dicho cuando reprueba otro aspecto de la reforma constitucional, el que se refiere a la prohibición para que los partidos denigren a las instituciones y a sus propios rivales. Asegura que con un ordenamiento así Hitler habría tenido completa impunidad en Alemania y me acusa de no percibir “ninguno de esos peligros”. La comparación entre la situación mexicana de hoy y la que había en la Alemania nacionalsocialista es bastante forzada, pero allá Sánchez con sus metáforas. Pero si vamos a ocuparnos de nuestras aptitudes perceptivas, lo menos que le puedo reconvenir es que no se haya tomado la molestia de leer mi artículo completo.

La reforma constitucional del año pasado tiene numerosas aristas. Es imposible aplaudirla o descalificarla toda. Yo mismo, en otras ocasiones, he señalado sus contraluces. Pero en el artículo que desató la cólera de Sánchez hasta enceguecerlo, recordé que así como la prohibición a la compra de propaganda por parte de particulares me parece pertinente, también hay aspectos de ella que están suscitando excesos y confusiones. De manera expresa me referí a la proscripción, en la propaganda de los partidos, de expresiones que “denigren a las instituciones y a los propios partidos”. Esa disposición coloca a la autoridad electoral en una situación difícil al obligarla a establecer de qué manera entiende los alcances del verbo “denigrar”. En todo caso, y así lo he sostenido desde hace más de medio año, ese aspecto de la reforma electoral me parece innecesario, riesgoso y deplorable. En la discusión política es inevitable que haya discrepancias y cuestionamientos mutuos. Por eso considero que la prohibición a las “denigraciones” traerá más problemas que los que pretende evitar.

Precisamente por eso la mencioné en mi artículo del jueves 3, para recordar que los intelectuales que se ampararon contra un aspecto, uno solo, de la reforma constitucional, no tomaron en cuenta ese otro apartado discutible. Allí escribí: “Otro tema que Los Quince no impugnaron en su demanda de amparo aunque varios de ellos lo han mencionado como si formase parte de ella, es la proscripción, consecuencia de la misma reforma, a las expresiones que en la propaganda de los partidos…” etcétera. Sánchez me recrimina no tomar en cuenta ese asunto, cuando fueron él mismo y sus compañeros de amparo quienes lo soslayaron en su demanda.

También me he referido al abuso que hacen las televisoras privadas al explotar la demanda de los quince escritores en beneficio de sus intereses corporativos. El señalamiento de esas implicaciones lleva a Sánchez a considerar que mi argumentación resulta estalinista (“no importa lo que se reclama sino quién apoya y a quién le favorece”). Encarrerado por el envión que él mismo se da, Sánchez recuerda la intolerancia de quienes defendían a los viejos burócratas soviéticos y al dictador cubano. Acelerado y sin freno de mano, rememora las burdas acusaciones que algunos despistados le hacían a Octavio Paz al decir que estaba al servicio del imperialismo. Todo eso, porque escribí que los quince promotores de la demanda de amparo han soslayado las consecuencias políticas de esa acción judicial y entre ellas, el interesado respaldo que han encontrado en las televisoras.

¡Qué retorcida intolerancia de Sánchez Susarrey! Ahora resulta que advertir las implicaciones de una acción pública, de carácter político, significa incurrir en prácticas estalinistas. Me inquieta no sólo la pobre concepción que Jaime, por lo visto, tiene del análisis político. También me preocupa esa paranoia entreverada con cierto delirio de grandeza. En una de las glosas que hace de mi texto, Sánchez se refiere a él y sus compañeros de demanda como “los 15 notables”. Pero ese es un término que no utilicé, entre otros motivos porque estoy convencido de que entre esos 15 ciudadanos hay escritores y pensadores en efecto muy destacados. Y otros, pues no.

Sánchez, desde luego, no es Octavio Paz. Y nadie ha quemado su efigie (sería inaceptable, pero además resulta improbable) ante embajada alguna. Quien se chamusca solito es él cuando embrolla lo que he dicho para eludir uno de mis cuestionamientos. Es incontrovertible que las televisoras han aprovechado la demanda de Los Quince para respaldar las quejas que tienen contra la reforma constitucional. Por eso escribí: “Resulta demasiado esquemático suponer que todo asunto que concite el aplauso de Televisa y Televisión Azteca resulta, solo por eso, cuestionable y sospechoso. Pero en este caso vale la pena preguntarse por qué esos consorcios, que han conculcado, expropiado y acaparado como ningún otro organismo o institución la libertad de expresión en este país, ahora respaldan a quienes están convencidos de reivindicar esa libertad. Esa es una implicación que Los Quince promotores de la demanda de amparo todavía no explican”.

En mi mismo artículo, que Sánchez leyó por lo visto solamente a retazos, reconocí que el día anterior, en Milenio, uno de los promotores más destacados de la demanda, Héctor Aguilar Camín, “publicó un claro deslinde respecto de Televisión Azteca en donde se ha dicho que la reforma constitucional convierte a México en una dictadura”. Así que Sánchez me llama estalinista y totalitario por señalar alcances de su demanda de amparo que otros promotores de ese proceso judicial también han advertido.

Además difama: “Trejo tiene convicción de que los ciudadanos deben ser tutelados por la autoridad”. Jamás he dicho eso. Garantizar la equidad electoral no implica que la autoridad, ni nadie, nos diga qué debemos o podemos saber, opinar o discutir. Sánchez también falla como inopinado intérprete de mis convicciones las cuales, por lo demás, no son nuevas y son públicas.

En la misma línea de reprobación gratuita sentencia: “No entiende ni entenderá jamás el derecho a la libertad de expresión”. El autor de esa terminante frase es el mismo que me tilda de censor y otras cosillas. Por fortuna mi capacidad de entendimiento y mi compromiso con la libertad de expresión no están supeditados al reconocimiento de Sánchez Susarrey.

ALACENA: Censura en Reforma

Una versión del texto que aparece en los párrafos anteriores, abreviada para que tuviera exactamente las mismas dimensiones del artículo de Sánchez Susarrey, fue censurada por el periódico Reforma que se negó a publicarla. Creo que más allá del debate con Sánchez, en este caso hay una flagrante transgresión al derecho de réplica que garantizan la Ley de Imprenta vigente y el recientemente adicionado Artículo 6º. de la Constitución. Es lamentable que un periódico como Reforma, que ha querido crear una reputación de seriedad, infrinja la ley y quebrante, además del derecho de réplica, el derecho de sus lectores a conocer la respuesta a un texto aparecido en sus páginas.

Los editores del diario Reforma decidieron censurar la carta que dirigí a ese periódico en respuesta a un artículo del sr. Jaime Sánchez Susarrey, en donde se me menciona de manera calumniosa y que apareció el sábado 5 de julio en ese y otros diarios del mencionado grupo editorial.

Aunque había convenido con un funcionario del diario el espacio que podría tener mi respuesta, los editores del periódico consideraron posteriormente que era demasiado extensa. La Ley de Imprenta, en su artículo 27, establece que los periódicos están obligados a publicar respuestas de las personas aludidas en artículos aparecidos en ellos siempre y cuando no tengan una extensión mayor al doble del texto en donde se hizo tal alusión. La respuesta que envié a Reforma tenía exactamente las mismas dimensiones del texto de Sánchez Susarrey.

Me parece que la decisión de Reforma es una actode censura. Además, al negarse a publicar mi rectificación, los editores de ese diario convalidan las descalificaciones que me dirigió Sánchez Susarrey.

Creo que es muy preocupante que un diario con reputación de seriedad como la que ha querido construir

Reforma viole la Ley de Imprenta de manera tan flagrante.

Al continuación reproduzco la carta censurada por Reforma. Les pido a quienes estén de acuerdo con mi derecho a responder a las alusiones que se me hicieron en ese periódico que se sirvan reproducir en sus sitios de Internet y reenviar este correo a todas las personas que consideren pertinente.

Raúl Trejo Delarbre

México D.F., 7 de julio de 2008

Sr. Lázaro Ríos

Director General Editorial

Periódico Reforma

Presente

Señor Director:

El profesor Jaime Sánchez Susarrey desparrama descalificaciones en su artículo del 5 de julio en Reforma dedicado a polemizar con el texto que a mi vez publiqué el día  3, como todos los jueves, en La Crónica. En su enjundioso artículo me llama totalitario, censor, delirante, severo y obtuso, entre otras cosas.

En mi artículo en La Crónica sostengo que no es verdad que la prohibición a que particulares o partidos compren espacios para propaganda en televisión y radio limite la deliberación democrática, como dicen los promotores de la demanda de amparo que Sánchez y otros 14 ciudadanos presentaron en diciembre contra uno de los aspectos de la reforma constitucional en materia electoral.

Esa taxativa ya existía en la legislación electoral pero no había sanciones para ella. Ahora Sánchez dice que con tal medida “la partidocracia confisca el debate político intelectual en tiempos electorales y deja a los ciudadanos en calidad de sujetos pasivos y mudos”. Pero ese debate, sobre todo cuando es de índole intelectual, jamás se realiza en spots como los que ahora no podrán ser pagados en medios electrónicos.

Sánchez confunde el debate de ideas con el marketing: le parece que en 20 segundos se puede expresar una formulación argumentada y lógica y ofrece varios lemas que cabrían en menos de ese espacio. Esos ejemplos permiten comprobar la enorme distancia que hay entre la deliberación y la propaganda. Cuando afirma “las FARC son una organización terrorista vinculada al narcotráfico”, “Octavio Paz tenía razón: el socialismo real fue una experiencia monstruosa” o “la estatización de la banca en 1982 fue una estupidez”, cita lugares comunes que solamente tienen sentido político y autoridad intelectual si son respaldados por hechos y razonamientos.

Hoy es posible condenar la complicidad de las FARC con otros grupos delincuenciales porque hay evidencias de ello. Paz fue pionero en la denuncia a las burocracias comunistas gracias a la información que supo comprender y compartir acerca de crímenes y abusos en Europa del Este. Y sobre la nacionalización bancaria, a la que es preciso entender en la circunstancia mexicana de hace 26 años, Sánchez repite una consigna manida pero discutible.

Si el debate público y la tarea de analistas como el propio Sánchez se limitaran a concebir y recitar frases contundentes, que para tener efecto tuvieran que transmitirse en anuncios de radio y televisión, quizá mi encrespado interlocutor tendría razón. Pero hasta donde tengo entendido él mismo, igual que otros colegas que analizan asuntos públicos, no se dedica a la propaganda sino a la reflexión. O eso esperan sus lectores y, supongo, el diario para el cual escribe.

La reforma constitucional del año pasado tiene numerosas aristas. Es imposible aplaudirla o descalificarla toda. Yo mismo he señalado sus contraluces. En el artículo que desató la cólera de Sánchez hasta enceguecerlo, recordé que así como la prohibición a la compra de propaganda me parece pertinente, hay aspectos de esa reforma que suscitan excesos y confusiones. De manera expresa me referí a la proscripción, en la propaganda de los partidos, de expresiones  que “denigren a las instituciones y a los propios partidos”. Esa prohibición me parece innecesaria y riesgosa. En la discusión política es inevitable que haya discrepancias y cuestionamientos. Por eso considero que tratar de impedir “denigraciones” traerá más problemas que los que pretende evitar.

Por eso escribí: “Otro tema que Los 15 no impugnaron en su demanda de amparo aunque varios de ellos lo han mencionado como si formase parte de ella, es la proscripción, consecuencia de la misma reforma, a las expresiones que en la propaganda de los partidos…” etcétera. Sin embargo Sánchez, pródigo desautorizador pero pésimo lector, me reprocha no haber percibido “ninguno de esos peligros” y asegura que con un ordenamiento así Hitler habría tenido completa impunidad en Alemania. Allá él con sus forzadas comparaciones. Pero ofuscado en ese tono tremendista, me recrimina no tomar en cuenta el asunto de la propaganda denigratoria cuando fueron él y sus compañeros de amparo quienes lo ignoraron en su demanda.

También he considerado que los promotores del amparo han soslayado las consecuencias políticas de esa acción judicial, entre ellas el interesado respaldo encontraron en las televisoras. Desaforado porque señalé esas implicaciones, Sánchez tilda mi argumentación de “estalinista” y rememora las burdas acusaciones que algunos despistados le hacían a Octavio Paz al decir que estaba al servicio del imperialismo.

Ahora resulta que advertir las implicaciones de una acción pública, de carácter político, significa incurrir en prácticas estalinistas. Me inquietan la pobre concepción que Sánchez tiene del análisis político y, también, esa paranoia entreverada con cierto delirio de grandeza. En una de las glosas que hace de mi texto, se refiere a él y sus compañeros de demanda como “los 15 notables”. Pero ese es un término que no utilicé, porque estoy convencido de que entre esos ciudadanos hay escritores y pensadores en efecto muy destacados. Y otros, pues no.

Sánchez, desde luego, no es Octavio Paz. Y nadie ha quemado su efigie (sería inaceptable, pero además resulta improbable) ante embajada alguna. Quien se chamusca solito es él, atareado en adjudicar dicterios. Es incontrovertible que las televisoras aprovecharon la demanda de Los 15 para respaldar sus propias quejas contra la reforma constitucional. Por eso escribí, refiriéndome a Televisa y TV Azteca: “vale la pena preguntarse por qué esos consorcios, que han conculcado, expropiado y acaparado como ningún otro organismo o institución la libertad de expresión en este país, ahora respaldan a quienes están convencidos de reivindicar esa libertad”.

En mi artículo recordé que el día anterior en Milenio Héctor Aguilar Camín, uno de los firmantes de la demanda, “publicó un claro deslinde respecto de Televisión Azteca en donde se ha dicho que la reforma constitucional convierte a México en una dictadura”. Sánchez me llama totalitario por señalar alcances de la demanda de amparo que otros promotores de ese proceso judicial también han advertido.

Además difama: “Trejo tiene convicción de que los ciudadanos deben ser tutelados por la autoridad”. Jamás he dicho eso. Garantizar la equidad electoral no implica que la autoridad, ni nadie, nos diga qué debemos o podemos saber, opinar o discutir. Sánchez también falla como inopinado intérprete de mis convicciones las cuales, por lo demás, no son nuevas y son públicas.

En la misma línea de reprobación gratuita sentencia: “No entiende ni entenderá jamás el derecho a la libertad de expresión”. El autor de esa terminante frase es el mismo que me tilda de censor y otras cosillas. Por fortuna mi capacidad de entendimiento y mi compromiso con la libertad de expresión no están supeditados al reconocimiento de Sánchez Susarrey.

Atentamente

Raúl Trejo Delarbre

La Crónica, 3 de julio

Los 15 ciudadanos, todos ellos dedicados a tareas intelectuales, que en diciembre pasado solicitaron un amparo contra uno de los puntos de la reforma constitucional en materia electoral, se han inconformado porque la Suprema Corte de Justicia no ha resuelto acerca de esa petición. La justicia debe ser expedita, desde luego. Pero no puede dejar de tomarse en cuenta que existen pasos y plazos judiciales que en ese caso apenas se han venido cumpliendo. Primero, el amparo ha debido ser admitido por el juez ante el que se presentó. Más tarde, la Suprema Corte resolvió estudiar si le daba entrada, o no, a ese y otros amparos similares. En eso están los magistrados. Sin embargo con motivo de la queja de Los Quince las cadenas nacionales de televisión desataron una nueva andanada de estrépito y distorsiones contra la Suprema Corte, a cuyos integrantes no les perdonan la decisión que hace un año desbarató la Ley Televisa.

Habitualmente perspicaces y siempre respetables, Los Quince intelectuales inconformes con un aspecto específico de la reforma constitucional no han parecido estar interesados en las consecuencias políticas de ese reclamo. No les han inquietado los nada desinteresados respaldos que esa causa ha encontrado en los consorcios comunicacionales. Tratándose de ciudadanos tan inteligentes y atentos a los asuntos públicos, esa coincidencia tendría que estarles preocupando pero no parece que ocurra así. Apenas ayer, en Milenio, Héctor Aguilar Camín publicó un claro deslinde respecto de Televisión Azteca en donde se ha dicho que la reforma constitucional convierte a México en una dictadura o algo así.

Resulta demasiado esquemático suponer que todo asunto que concite el aplauso de Televisa y Televisión Azteca resulta, solo por eso cuestionable y sospechoso. Pero en este caso vale la pena preguntarse por qué esos consorcios, que han conculcado, expropiado y acaparado como ningún otro organismo o institución la libertad de expresión en este país, ahora respaldan a quienes están convencidos de reivindicar esa libertad. Esa es una implicación que Los Quince promotores de la demanda de amparo todavía no explican.

La reforma constitucional promulgada en noviembre pasado establece que solamente la autoridad electoral podrá ordenar la transmisión de propaganda en radio y televisión, utilizando para ello el tiempo del cual dispone el Estado en esos medios. Ni los partidos, ni organización o persona alguna, podrán comprar tiempos, para esos fines, en los medios electrónicos.

A Los Quince ciudadanos les parece que la imposibilidad para comprar espacios de propaganda en radio y televisión conculca su libertad de expresión. Se refieren a la adición, incorporada a uno de los nuevos apartados del Artículo 41 Constitucional, que establece:

“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”.

Como sosteníamos aquí mismo, el pasado jueves 3 de enero, los espacios de discusión e información seguirán existiendo en medios de toda índole, y desde luego también en televisión y radio. La libertad para expresarse en ellos no varía, porque nunca ha dependido de la posibilidad de comprar tales espacios. Desde hace más de una década la legislación electoral prohíbe a los particulares la compra de propaganda de esa índole en medios electrónicos. Lo que hacen ahora la reforma constitucional y las adiciones al Código Electoral es señalar sanciones a quienes infrinjan esa taxativa.

La demanda de amparo de Los Quince padece numerosas imprecisiones y exageraciones. Tomemos por ejemplo uno de los párrafos, acotado por el farragoso tono del alegato jurídico, en donde sintetizan algunas de sus posiciones y que aparece en la página 69 de su solicitud de amparo: “desde el momento mismo en que el artículo 41 constitucional reformado modifica los valores superiores de la democracia deliberativa y limita a los hoy quejosos el ejercicio libre de su autonomía para expresarse, informar y generar la discusión pública sobre los temas que interesan a la sociedad; desde el momento mismo en que el citado artículo 41 reformado impone a los quejosos la obligación inmediata de abstenerse de contratar espacios en los medios de comunicación masiva, radio y televisión, en los que  promuevan el debate público sobre la dirección social y donde prevalezcan los principios más que los intereses; y desde el momento mismo en que la reforma constitucional desalienta el ejercicio democrático, en tanto que éste exige la deliberación libre y pública sobre los méritos de las políticas a adoptar en el ámbito público; resulta que esta modificación constitucional altera y frustra el derecho humano a la libre expresión de las ideas y, por consecuencia, del derecho a informar”.

La democracia deliberativa supone espacios y libertad, pero también condiciones de equidad para la discusión pública. El apartado que inquieta a Los Quince, lejos de trastocar los valores de esa democracia los solidifica. Se trata de que el peso del dinero de quienes podrían contratar espacios en radio y televisión no se convierta, como ya ha sucedido en México, en un factor disruptivo de tal equidad.

A los quejosos no se les limitan sus posibilidades de expresión en ningún medio. Lo único que no podrán hacer es pagar dinero por opinar en medios electrónicos. De hecho, varios de los demandantes se encuentran en la situación inversa: a ellos las televisoras o radiodifusoras les pagan por opinar. Así, y qué bueno, seguirá ocurriendo.

El ensortijado lenguaje jurídico del párrafo antes citado conduce a serios resbalones conceptuales. La reforma constitucional no impone una “obligación inmediata” sino una restricción, que no es lo mismo. Y en los espacios que no se podrán contratar podría haber no solo mensajes edificantes y nobles sino, antes que nada, de acuerdo a la experiencia mexicana reciente, contenidos muy lejanos de los principios democráticos.

Sin embargo, debido a esa sustitución de la precisión jurídica por la ambigüedad retórica, el alegato de Los Quince vuelve premisa –sin haberla demostrado– una de sus presuntas conclusiones: “la reforma constitucional desalienta el ejercicio democrático”. Si ese ejercicio dependiera de la capacidad de los particulares para pagar anuncios en televisión y radio indudablemente estaríamos ante una situación grave. Pero lo que hace la reforma constitucional es liberar al sistema político de la dependencia creciente que ha experimentado respecto de los medios electrónicos.

Por eso, sostener que la mencionada modificación “altera y frustra” la libre expresión de ideas no solamente es, por decirlo de manera leve, exagerado. Además coloca a quienes suscriben ese documento al borde de una lamentable abdicación intelectual. La mayor parte de Los Quince firmantes de esa demanda son ciudadanos que han tenido enormes méritos por su quehacer intelectual, es decir, por la elaboración y propagación de ideas con inteligencia y calidad expresiva. Es una pena que demeriten indirectamente ese notable trabajo al sostener que la falta de spots en televisión y radio impedirá la circulación de ideas en la sociedad mexicana: como si las ideas y la creatividad que varios de ellos mismos han aportado a la cultura y la deliberación mexicanas pudieran reducirse a 20 segundos en televisión. Tampoco la información que requiere la sociedad mexicana depende de los anuncios políticos pagados por particulares.

El apartado constitucional impugnado por esos ciudadanos prohíbe la contratación de propaganda en medios electrónicos pero no es del todo claro si solamente durante campañas electorales, o en todo momento. El jurista Pedro Salazar, en un acucioso texto que apareció en Nexos de mayo, explica ese flanco equívoco de la reforma del año pasado.

Otro tema, que Los Quince no impugnaron en su demanda de amparo aunque varios de ellos lo han mencionado como si formase parte de ella, es la proscripción, consecuencia de la misma reforma, a las expresiones que en la propaganda de los partidos “denigren a las instituciones y a los propios partidos”. La ambigüedad de esa disposición ha llevado a la autoridad electoral a excederse al calificar los anuncios de varios partidos políticos.

Precisar si la prohibición para contratar propaganda en medios electrónicos es permanente o solo en épocas de campañas y definir los alcances de la denigración entre partidos, podrían ser dos temas que acoten, sin trastocarla, la reforma constitucional en materia electoral. Lamentablemente Los Quince impugnadores de uno de los temas de esa reforma, tan puntillosos como han sido, no se han preocupado de esos otros aspectos.

ALACENA: Gabriel Sosa Plata

Intolerantes ante una mirada crítica que no los favorece como quisieran, algunos directivos y empleados del Grupo Imagen desataron una andanada de descalificaciones contra el maestro Gabriel Sosa Plata, prestigiado profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y uno de los más laboriosos analistas de las telecomunicaciones y los medios en nuestro país. El martes de la semana pasada, en su columna de El Universal, Sosa Plata se refirió a las irregularidades que precedieron, hace dos años, a la venta de los derechos de transmisión del Canal 28. En aquel tiempo la injerencia de Marta Sahagún y su marido para propiciar esa transacción fue comentada en numerosos medios.

Al día siguiente, miércoles 25, el director de Grupo Imagen, Ernesto Rivera, envió a ese periódico una carta en donde, lejos de hacer precisiones a la información publicada por ese investigador, intentó desacreditarlo debido a la relación profesional que un hermano de Gabriel Sosa Plata tuvo con el gobierno anterior. Y ese día en Excélsior, diario propiedad de Imagen, en un texto tan vergonzoso que fue retirado y modificado en el sitio web de ese periódico, la comentarista Yuriria Sierra también eligió la vía del ataque personal contra dicho académico.

La seriedad de Sosa Plata, verificada en sus libros y ensayos, en la meticulosidad de sus textos periodísticos y en el respeto que se ha ganado durante años, no se vulnera con esos infundios. En Grupo Imagen hay comunicadores responsables y profesionales. Otros, lamentablemente, prefieren la alharaca y la intolerancia para responder ante opiniones y datos que no les gustan.