Sociedad y poder

emeequis, 25 de agosto

El concurso de selección para nuevas plazas en la SEP mostró las ingentes limitaciones de un magisterio mal preparado, reacio a desarrollar sus conocimientos, incompetente para enfrentar las responsabilidades cardinales que tiene con sus alumnos y el país.

Algunos medios dieron cuenta de los datos más generales, y de suyo contundentes, en la evaluación realizada por la SEP.

De 71 mil profesores que se presentaron a concursar por algo más de 8 mil 200 plazas, siete de cada diez no alcanzaron la puntuación requerida para acreditar el examen.

Sin embargo la situación es peor de lo que se ha dicho en distintos medios.

De esos 71 mil, algo más de 17 mil 600 son profesores que ya imparten clases en la educación básica pero que no cuentan con plaza fija. Otros 53 mil 400, son recién egresados de escuelas normales que buscan incorporarse a las tareas para las cuales estudiaron.

De los profesores en activo que presentaron el examen, 6 de cada 10 lo reprobaron de acuerdo con los parámetros de medición que establecieron la SEP y el sindicato. De quienes aspiraban a ingresar al servicio docente, la reprobación fue de 7 de cada 10.

Esos criterios disimulan una situación todavía más terrible. El examen al que se sometieron los 71 mil maestros tenía 80 preguntas. Pero quienes lo aprobaron no fueron necesariamente aquellos que alcanzaron más de la mitad de respuestas acertadas sino quienes recibieron más de 70 puntos, de acuerdo con un sistema de evaluación que adjudicó 100 puntos al examen que tuvo mayor cantidad de respuestas correctas en cada estado del país y en cada categoría del concurso.

Por ejemplo: el profesor en activo de todo el país que más aciertos logró trabaja en Guanajuato, compitió por una plaza de primaria y respondió acertadamente a 75 de las 80 preguntas. Esa cantidad de aciertos estableció el límite máximo de 100 puntos con el cual fue calificado el resto de sus colegas en esa categoría y en ese estado. Los dos profesores que le siguieron tuvieron 72 aciertos, que fueron equivalentes a 96 puntos. Otros dos tuvieron 71 respuestas correctas que significaron 95 puntos, y así hacia abajo.

Pero al establecer que la calificación al docente con más puntuación en cada estado y categoría determinaría el indicador para todos los demás, el examen abatió la calidad de los resultados, y de esa manera en la medición de la capacidad de los profesores, en las entidades donde los profesores padecen más deficiencias. En Chiapas, por ejemplo, la mejor calificación en el concurso para docente de matemáticas la obtuvo un profesor que acertó solamente a 29 de las 80 preguntas. Ese profesor, como fue menos malo que cualquiera de sus colegas en esa categoría, tuvo 100 puntos. El que le siguió, respondió adecuadamente a 28 de las 80 preguntas y, en la escala así establecida, alcanzó 97 puntos. El primero de ellos, es un profesor con casi 10 años de servicio. El otro, lleva 8 años dando clases.

El ejemplo que mencionamos no es el de las peores calificaciones. Hay profesores en activo que tuvieron 20 de 80 aciertos pero que aprobaron gracias a esa escala para calificarlos.

Las plazas disponibles, que son casi 5400 para los 7150 docentes en servicio que alcanzaron más de 70 puntos en todo el país, serán adjudicadas de acuerdo con criterios específicos en cada entidad.

Para los 704 profesores que superaron esa puntuación en Guanajuato, hay únicamente 66 plazas, así que la selección dejará fuera a la gran mayoría.

Pero en Chiapas concursaron únicamente 92 profesores, de los cuales 59 alcanzaron la puntuación necesaria. Y para los docentes de esa entidad hay 1103 plazas disponibles. Así que el profesor de inglés que solamente tuvo la cuarta parte de los aciertos posibles, o los de matemáticas que atinaron a 29 y 28 de 80 preguntas, tienen su plaza asegurada. La situación entre los egresados de escuelas normales y que apenas pretendían una plaza revela aun mayores deficiencias.

La secretaria general del SNTE le echa la culpa de esa desastrosa preparación a las autoridades de la SEP. Pero cuando en una entrevista le preguntaron cómo debía ser la formación de los estudiantes en México, dijo que le “gustaría contar con niños inventativos”. La declarativa, activa y ahora inventativa Elba Esther Gordillo, expresa palmariamente las carencias de un gremio refrenado por el sindicato que ella usufructúa.

emeequis, 10 de agosto de 2008

Mostrador

Dos lectoras de emeequis se inconforman, en sendas cartas que el lector podrá encontrar en el Buzón de esta edición, con los cuestionamientos que hice hace dos semanas a la consulta sobre la reforma petrolera. Las dos defienden la consulta y al gobierno del DF. Las dos, discrepan con mi punto de vista cuando digo que a partir de la información disponible es imposible saber cuáles son las mejores opciones para la reforma petrolera. Ambas lectoras, se indignan porque señalé la manipulación que el gobierno del DF impuso sobre la pretendida consulta.

Doña Ana Ofelia Gastélum antepone una convicción personal. En la consulta, dice, “sentí que estaba realizando un acto muy democrático”. Si esa es su certidumbre, entiendo que rechace los cuestionamientos de quienes han documentado hechos de acarreo y presión política para llevar votantes a las urnas del 28 de julio. Me parece profundamente inmoral, pero además posiblemente ilegal, la organización de un ejercicio presuntamente democrático, pagado con dinero de los contribuyentes, para legitimar sus posiciones políticas.

Según doña Ana Ofelia, los senadores querían resolver a escondidas el tema petrolero pero “hubo presión para que se discutiera públicamente”. Si se refiere a los foros que organizó el Senado, me permito recomendarle que lea mi contribución del 19 de mayo en esta revista en donde recuerdo que antes de que los senadores y diputados del PRD ocuparan las tribunas de ambas cámaras, la consulta ya había sido organizada y anunciada.

La profesora Laura Rivera Castillo me reprocha haberme ¡atrevido! –las interjecciones son mías pero la admonición es de esa regañona maestra– a cuestionar a Ebrard y su gobierno por la multicitada consulta. Doña Laura desea “fervientemente defender el último recurso importante de nuestro país de quienes traman venderlo a compañías” extranjeras. Pero se le olvida que si el petróleo sirve de algo es para venderlo, precisamente, al extranjero. El problema es cómo, en qué condiciones, con cuáles reglas.

La consulta en el DF fue abusiva con los ciudadanos porque no les ofreció información suficiente acerca de las opciones en litigio con la reforma petrolera. Solamente una de ellas, la que respaldaron las autoridades de la Ciudad y su partido, fue abundantemente propagandizada. Y las preguntas a resolver en esa votación no solo fueron “suficientemente claras”, como admite la profesora Rivera. Sobre todo, no recogieron los dilemas que existen para el país en materia petrolera porque no se trata de cuestiones necesariamente polares, que se puedan resolver optando completamente por una propuesta u otra.

El día de la consulta el Congreso había recibido las iniciativas del presidente Calderón y las que presentó el PRI, de tal manera que cuando a los ciudadanos se les preguntó sobre las propuestas que se debaten en el Congreso se les inducía a confusión. Ahora se dice, y qué bueno si ocurre, que el PRD presentará su propia iniciativa.

Votar en paquete por una sola de ellas implicaría entenderlas como conjuntos de ideas cerrados, que no admiten matices ni adecuaciones. Y ese es, más allá del lucro político del gobierno del DF, el problema de una consulta como la que defienden esas lectoras de emeequis. A mi por ejemplo, me parece que Pemex debería tener posibilidades de recibir capital privado para instalar refinerías. Hoy en día la mayor parte de nuestro petróleo es refinado fuera del país y por empresas, desde luego, extranjeras. En vez de que eso siga ocurriendo, sería preferible que la elaboración de las gasolinas se hiciera dentro de nuestro territorio, empleando a trabajadores mexicanos y pagando impuestos en esta y no en otra nación.

En ese tema coincido, en principio, con la propuesta de Calderón. Pero no me convence la iniciativa para abrir a empresas extranjeras la exploración petrolera en pozos profundos. No tengo elementos para opinar si esa exploración es urgente o no. El gobierno federal dice que sí. Cuauhtémoc Cárdenas dice que no. El PRI dice que sí a la coinversión extranjera pero condicionando los contratos a los resultados de la exploración, lo cual parece difícil que acepte cualquier empresa.

En ese tema, igual que en otros, no hay información suficiente. Puesto que carezco de la fe de doña Ofelia y del fervor de doña Laura, prefiero exigir que los senadores y diputados hagan su trabajo con la mayor responsabilidad. Para eso los elegimos.

Les agradezco a ambas lectoras las catas que enviaron a emeequis.

La Crónica, jueves 7 de agosto

El atroz asesinato del joven Fernando Marti y de su chofer ha suscitado una extendida y justa exasperación. A pesar de encontrarse atemorizada y maltratada, la sociedad mexicana no ha perdido capacidad de indignación ante crímenes como ese.

La repulsa a tales hechos es al mismo tiempo exigencia para que no queden impunes. Pero como a la ineficiencia de las autoridades judiciales y al enfrentamiento político de los gobernantes (reiterado ahora en el inoportuno cuan torpe diferendo entre el presidente de la República y el jefe de Gobierno del DF) se añade la aparentemente fundada presunción en la culpabilidad de elementos policiacos que habrían sido responsables de esos y otros crímenes, el reclamo social tiende a convertirse en búsqueda desesperada de remedios contra una criminalidad que a todos nos inquieta.

En estas circunstancias la única respuesta admisible, por parte de las autoridades, tendría que ser la persecución y la aprehensión de esos y otros delincuentes que perpetran crímenes similares. El reproche de Felipe Calderón, por indignado que resulte, de la misma manera que la autodefensa de Marcelo Ebrard ceñida a la retórica pero ayuna de resultados, son irritantes y hasta ofensivos para una sociedad que cada vez se encuentra más ajena de los desacuerdos partidarios.

El papel de los gobernantes con responsabilidad pública y de los políticos con visión de Estado tendría que consistir en ofrecer respuestas, sin dejar de admitir errores e insuficiencias. Pero lejos de tener líderes capaces de ofrecerle opciones, en circunstancias difíciles como estas los ciudadanos se extravían en la confusión. Por eso hay quienes desempolvan el viejo y tantas veces rechazado expediente de la pena de muerte.

La mano dura es recurso de las sociedades desesperadas. Cuando un dirigente político propone medidas como esa, es porque tiene vocación totalitaria o simplemente porque se trata de un demagogo. Pero aprovecharse del arrebato y la intranquilidad de la gente es jugar con fuego.

A eso están apostando personajes como el líder de los diputados priistas, Emilio Gamboa Patrón, y la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega. Junto con ellos y otros correligionarios suyos se levantan conocidas y ávidas voces conservadoras, tanto en los liderazgos empresariales como en los medios de comunicación. A la pena de muerte la ven como solución drástica y mítica, como si no bastasen siglos de experiencia que documentan sus muchos riesgos, sus contradicciones fundamentales y la ineficacia que implica.

Hasta hace tres años en México existía formalmente la pena de muerte. La Constitución preveía ese recurso extremo para castigar la traición a la patria, el parricidio, el homicidio alevoso, así como “al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar”. La sola enumeración de esos delitos indicaba el carácter obsoleto de la pena capital que desde 1929 había sido suprimida del Código Penal, por lo cual la disposición constitucional carecía de reglamentación.

El 17 marzo de 2005 el Senado de la República aprobó la modificación del artículo 22 de la Constitución Política para terminar con la pena de muerte en México. En el debate con ese motivo, legisladores de todos los partidos coincidieron en celebrar la abolición de ese castigo.

Adalberto Madero, del PAN: dijo que “la pena capital resulta injusta e inmoral, ya que contraviene el principio sustancial del derecho natural. Esto es, que nadie el tiene derecho a privar de la vida a un semejante”.

Rutilio Cruz Escandón, del PRD: “la institución encargada de la impartición de justicia es humana, y por tanto, falible; por lo cual, la imposibilidad de retrotraer o detener los efectos de la sentencia constituye un elemento fundamental para negar cualquier posibilidad de aplicación de dicha pena.”

Antonio García Torres, del grupo parlamentario del PRI: “la pena de muerte es el castigo más cruel, inhumano y degradante y una violación del derecho a la vida, nadie tiene el derecho de privar de la vida a otro y menos el Estado en la aplicación de una sanción”.

Juan Manuel Oliva, del PAN: “si bien el Estado está legítimamente facultado para sancionar a quienes realicen conductas consideradas como delitos que atentan contra los bienes jurídicamente tutelados, tal facultad no debe implicar violaciones a los derechos humanos, entre ellos y en forma relevante el derecho a la vida y a la rehabilitación del infractor. Por demás, la pena de muerte se ha comprobado no ha logrado disminuir la tasa de criminalidad en aquellos Estados, 22, que aún la mantienen”.

Sadot Sánchez Carreño del PRI: “habremos de clausurar definitivamente la tentación en la que puede incurrir el Estado para privar de la vida a un hombre”.

La votación, como corresponde a una reforma constitucional, fue nominal. En la página 114 del Diario de los Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (LIX Legislatura, Año II, Número 18, jueves 17 de marzo de 2005) aparece registrado el voto, a favor de ese dictamen, del entonces senador Emilio Gamboa Patrón.

Solamente dos senadores, los priistas Joaquín Cisneros y Yolanda González, votaron contra esa reforma aunque no dieron razón alguna para ello. Gamboa Patrón y 78 legisladores más apoyaron la cancelación de la pena de muerte.

Tres meses más tarde, el 23 de junio, al aprobar esa propuesta del Senado, los diputados federales respaldaron el dictamen que indicaba: “sociólogos y criminólogos coinciden en argumentos consistentes que concluyen: cada día hay más evidencias de que la aplicación de la pena de muerte no logra disminuir la tasa de criminalidad; presentan estadísticas de diversos países que acreditan que en aquellos estados en que se aplica la pena de muerte no desciende la tasa de criminalidad, ni en comparación cronológica interna, ni en comparación con estados en los que se prohíbe tal pena. Cada día son más los estudios que acreditan que la disminución de la tasa de criminalidad es y sólo puede ser consecuencia de la atención a sus causas, de múltiple naturaleza, que impulsan al individuo a atentar en contra de sus semejantes y de su convivencia ordenada y pacífica”.

De aquella Legislatura formaba parte Ivonne Ortega, como diputada por el II Distrito de Yucatán.

La deliberación de esa reforma al artículo 22 constitucional siguió el trayecto que requieren las modificaciones a la Carta Magna y una vez aprobada por los congresos estatales, fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2005. Desde entonces el artículo 22 establece: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”.

Todavía en febrero de 2007, el Senado aprobó una declaración en donde asegura: “los mexicanos consideramos a la pena de muerte como un castigo cruel y aberrante que atenta contra el derecho humano esencial que es la vida”.

La pena de muerte existía entonces en 69 países y había sido abolida o nunca fue ejercida en 128 naciones. Sin embargo, según Amnistía Internacional solamente en 2005 hubo, en el mundo, 2148 ejecuciones de las que se tuvo noticia. “La cifra es alarmante si se toman en cuenta los numerosos instrumentos internacionales que proscriben dicha práctica”, consideró el Senado mexicano. Y aún más: “No existe ningún argumento legal ni moral capaz de justificar que como sociedad humana privemos de la vida a otros seres humanos, y es por ello que debe rechazarse la aplicación dela pena de muerte, toda vez que implica un enfoque draconiano y totalitario a la prevención del crimen”.

Esa declaración sostenía: “La pena de muerte constituye una violación al derecho humano más esencial, como es el derecho a la vida. Por ende, la aplicación de la pena de muerte no puede ser concebida por ningún motivo como una sanción de la justicia penal, ni como un medio legítimo para combatir el crimen y la delincuencia. Para tales efectos, la respuesta sensata no estriba en la severidad, sino en la real y oportuna aplicación de las mismas. Para evitar la comisión de delito, resulta ser más eficaz la lucha contra la impunidad que la propia gravedad de las penas”.

Proponer que el país y su legislación involucionen para que exista la pena de muerte, resulta irresponsable. No es distorsionando sino cumpliendo con la aplicación de la justicia como podremos atajar a los criminales y castigarlos. Personajes del PRI como el diputado Gamboa y la gobernadora Ortega se desdicen de principios y decisiones que antes habían suscrito, no porque de pronto hayan descubierto en la pena de muerte una eficacia que nadie ya logrado documentar sino para montarse en la cresta de la oleada de indignación que hoy conmueve a la sociedad. Antes, a esas conductas se les denominaba oportunistas. Ahora habrá quien las considere políticamente correctas.