Sociedad y poder

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Nos hemos habituado tanto al sospechosismo que casi hemos dejado de advertir la irregularidad gramatical, pero sobre todo política, de ese término. El único diccionario en donde existe esa palabra es el de la politiquería mexicana. Se le utiliza para designar a la actitud desconfiada que suele prevalecer en nuestra sociedad acerca de los más variados asuntos. El término se puso de moda cuando, hace algunos años, Santiago Creel lo utilizó para quejarse del creciente recelo que asedia en la vida pública. Tres décadas antes, cuando escribía en Excélsior, don Daniel Cosío Villegas a veces subrayaba la mexicana costumbre del sospechosismo.

La desconfianza es una actitud generalizada en el mundo de nuestros días. La exposición a variadas y contrastadas fuentes de información les permite a los ciudadanos dejar de creer a ciegas, o dejar de cuestionarse como sucedía en otros tiempos, las versiones predominantes en los medios de comunicación y las cúpulas políticas.

Mayor suspicacia, en principio, obliga a mejor información y más transparencia. Medios y poder político querrán convencer con hechos y no solamente esperando que la gente les crea por simple profesión de fe. Pero cuando no son los hechos sino las suspicacias los factores que determinan las convicciones de la sociedad, entre unos y otras se entabla una carrera en círculos en la que pocas veces resulta triunfante la verdad.

El desplome de la aeronave en donde viajaban el secretario de Gobernación y otros servidores públicos acicateó, como pocas veces en los años recientes, el afán malicioso de la sociedad mexicana. Antes de que fueran abiertas las cajas negras, cuando todavía ni siquiera comenzaban a ser removidos y catalogados los escombros en el sitio del siniestro y aun antes de que los investigadores estadounidenses y británicos iniciaran su examen pericial en aeronáutica y desastres urbanos, muchos mexicanos ya tenían un dictamen acerca del avionazo.

Fue un atentado, sentenció la opinión pública. Las pruebas, cualesquiera que sean los indicios que ofrezcan, habrán quedado relegadas ante esa convicción enraizada y extendida desde las primeras horas después de la tragedia del Learjet. A la mayor parte de los mexicanos enterados de los asuntos públicos les ha parecido que solamente la fuerza del narcotráfico habría sido capaz de cobrar las vidas de Juan Camilo Mouriño, José Luis Santiago Vasconcelos y sus acompañantes.

A cada intento por matizar o al menos postergar ese veredicto en espera de datos sólidos, se han impuesto las presunciones cargadas, eso sí, de una autosuficiencia desdeñosa. Si alguien duda de la versión del atentado se le tilda de desinformado, o de ingenuo incluso. Y así como ante otras tragedias muy dramáticas proliferaron versiones extravagantes (por ejemplo los pistoleros clonados o la conspiración salinista, entre otras ficciones que circularon ante el asesinato de Luis Donaldo Colosio) ahora también ha existido más disposición a creer cualquier versión que abone a favor de la hipótesis del atentado que a los hechos documentados por autoridades y especialistas.

Esa desconfianza no es simple manifestación de antiautoritarismo, aunque sin duda tiene algo que ver con la reacción social ante el monopolio de la mentira que durante tantas décadas ejerció el régimen de partido único –y que de manera tan caricaturesca quiso imitar el gobierno foxista, creyendo que bastaba con propalar declaraciones optimistas para que la sociedad le tuviera confianza–.

La gente es desconfiada como reacción ante parcialidades y distorsiones de la llamada clase política y de los medios de comunicación de mayor cobertura. Pero al convertirse en dolencia nacional –en fin, y no en medio de los ciudadanos– la desconfianza deja de ser acicate para la transparencia y la democracia y se convierte en fuente de ignorancia e incultura políticas.

No sabemos –al menos antes de entregar este texto, unos días antes de su aparición en emeequis– si la tragedia del 4 de noviembre se debió a un accidente, o a un atentado. Pero hay tal clima de desconfianza que una gran cantidad de ciudadanos no repara en pruebas, hechos ni testimonios. El peritaje que cuenta es el de la suspicacia. Las convicciones que imperan son las que se ajustan a la sentencia socialmente aceptada. En este como en tantos otros asuntos, la sociedad se allana a un infructuoso pero entretenido sospechosismo.

emeequis, 2 de noviembre

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Si López Obrador hubiera sido presidente, es altamente posible que el gobierno hubiera aceptado la participación de inversionistas privados en tareas de expansión y modernización de Pemex. Así lo anticipaba su “Proyecto Alternativo de Nación”. Pero como la iniciativa legal para que esa inversión fuera posible la presentó por Felipe Calderón, entonces se le tildó de antipatriótica, neoliberal y embaucadora.

No es esa la única, ni la más importante, de las inconsecuencias del cada vez menos denominado “presidente legítimo”. Pero permite ilustrar las torceduras de la discusión que se libró durante varios meses en torno a la reforma petrolera.

Las propuestas del gobierno fueron ideologizadas. Más que opciones técnicas y financieras, se discutieron escenarios maniqueos. Ante la indolencia argumental del gobierno que pretendió defender sus posturas a golpes de spots pero sin explicaciones ni datos claros, terminó por predominar el activismo retórico y callejero de sus antagonistas. Tanto así, que ahora el presidente Calderón festeja la reforma que aprobaron los partidos y que es notablemente más limitada y modesta en comparación con la que él propuso en abril pasado.

La reforma tiene avances que no son desdeñables. Pemex podrá desarrollarse sin que el país signifique un lastre para esa empresa y tendrá nuevos espacios de supervisión y gestión. Pero no se ha precisado de qué manera compensarán las finanzas públicas el boquete que abre la ausencia del respaldo hasta ahora otorgado por la renta petrolera.

Tampoco es claro si los recursos que deje de entregarle al Estado serán suficientes para que Pemex –sobre todo ahora que se desplomó el precio del crudo– emprenda las tareas de exploración y expansión a las que se pretendía apuntalar con inversión privada. Varios de quienes, dentro y fuera del gobierno, sostuvieron durante varios meses que únicamente la asociación con empresas privadas le permitiría a Pemex buscar y extraer crudo en aguas lejanas y profundas, ahora se dicen satisfechos con la reforma. Exageraron antes, o mienten ahora.

Para mentiras, sin embargo, las de López Obrador. Nunca quiso promover reformas de ley. Por varios meses, apostó a un discurso remolón y equívoco. Su único afán era bloquear las propuestas del gobierno y hacer de este largo y complejo episodio un nuevo fracaso para Felipe Calderón. Por eso, como relata el espléndido reportaje publicado la semana pasada en emeequis, cuando le explicaron los avances que el PRD y la propuesta diseñada por varios especialistas habían logrado en la negociación con otros partidos, el ex candidato presidencial insistió: “¿Y no hay manera de reventar la reforma?”.

Esa, la de reventador, es la vocación en la que ha resuelto encasillarse López Obrador. A los dirigentes de la corriente renovadora dentro del PRD, que promovieron cambios importantes en la reforma petrolera, les costó varios desencuentros y desaires constatar que con ese personaje es imposible hacer política. Aun está por verse, sin embargo, si se hacen cargo de ese aprendizaje o terminan disimulándolo como han hecho en otras ocasiones.

También aprendieron algo de la reticencia de López Obrador y los suyos para respetar acuerdos los diputados que aceptaron recibirlo el martes 28 de octubre, horas antes de aprobar la reforma petrolera. Quizá llegaron a suponer que la comparecencia en San Lázaro del personaje que dos años antes mandó al demonio a las instituciones, tendría un pedagógico simbolismo. Sin embargo la cara dura de López Obrador está a prueba de cualquier ejercicio de memoria y congruencia. Llegó a endosarles a los legisladores un rosario de exigencias y amenazas. Más tarde, los diputados que le siguen siendo incondicionales ocuparon la tribuna para entorpecer los trabajos de la Cámara.

Hay quienes consideran que, gracias a la intensa exposición pública y a la docilidad con que los medios de comunicación se mimetizaron a su agenda en los días recientes, quien más réditos políticos cosechó en este proceso fue López Obrador. Pero si recordamos que al “presidente legítimo” no le interesaba promover modificaciones legales sino impedir cualquier reforma, quizá se pueda advertir que, en realidad, López Obrador es el gran perdedor de este episodio. Por lo menos, y a pesar de la vocinglería de sus seguidores más exaltados, parece claro que se está quedando cada vez más solo.

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