Sociedad y poder

emeequis, 14 de diciembre

Mostrador

Cansado de lidiar con un contexto político que le desagradaba pero que sobre todo le resultaba inútil para bregar por las causas sociales que le interesaban, el 14 de octubre de 1998 Othón Salazar Ramírez renunció al Partido de la Revolución Democrática. “Poco a poco, sentí que la política perredista se alejaba de mi pensamiento marxista, de mis ideales socialistas y de los planteamientos de fondo sin los cuales nada puede decirse del futuro revolucionario de la sociedad mexicana”, dijo en aquella ocasión.

Othón Salazar había cumplido 74 años y como se dice en estos casos, aunque tratándose de él era una descripción puntual, tenía toda una vida de lucha. Nació en Alcozauca, el pueblo en La Montaña de Guerrero al que en los años ochenta colocó en la geografía política cuando logró que el Partido Comunista ganara la presidencia municipal. Diputado federal en 1979 y 1991, quiso vivir para las causas de izquierda desde que, muy joven, se acercó a los comunistas.

Maestro normalista, desde comienzos de los años 50 Salazar coincide con los grupos de profesores que pugnan por mejores salarios a la vez que intentan democratizar a su sindicato. Participa en la creación del Movimiento Revolucionario del Magisterio y en junio de 1958 es electo secretario general de la sección IX del SNTE, en la ciudad de México. En septiembre de ese año es encarcelado.

Dos años después sería destituido como profesor. Durante medio siglo, esperó en vano que la SEP lo rehabilitara en su plaza magisterial. Sucesivos secretarios de Educación rechazaron o esquivaron esa petición. Todavía recientemente, el diputado Carlos Rojas le solicitó a la titular de la SEP la reinstalación del profesor Salazar. La respuesta de Josefina Vázquez Mota, si la hubo, no se conoció.

Su oratoria elegante y rotunda, el profundo compromiso con los pobres y quizá, sobre todo, una sencillez forjada en las penurias económicas pero especialmente en las convicciones igualitarias, hicieron de Othón Salazar un personaje querido, respetado, convincente, entrañable. Una vez excarcelado, participó en campañas y esfuerzos del Partido Comunista. Luego transitó por fusiones y alianzas de las izquierdas que lo llevaron al PSUM, al PMS, al PRD.

“Finalmente salí del PRD porque en sus filas no tenían cabida los ideales por los que he luchado toda mi vida”, le dijo a la socióloga Amparo Ruiz del Castillo que recogió sus memorias en el libro Othón Salazar y el Movimiento Revolucionario del Magisterio (Plaza y Valdés, 2008). En aquella renuncia, presentaba un retrato enterado y crudo de lo que desde entonces era ese partido: “Espíritu electoralista, intereses particulares y de grupo, vacío de identidad ideológica son, entre otros, rasgos dominantes de la vida actual del PRD. Cada día más, las diferencias políticas entre PRD y PRI se van reduciendo a cuestiones de forma”.

El destinatario de aquella renuncia era el entonces presidente nacional perredista, Andrés Manuel López Obrador. Ni él, ni ningún otro de los dirigentes del partido, hicieron algo para disuadir a Salazar. Les resultaba incómodo. Entonces ingresó a Democracia Social, el partido encabezado por su antiguo camarada Gilberto Rincón Gallardo y que en 2000 perdió su registro por falta de votos. Cuando Rincón se fue a trabajar al gobierno del presidente Fox, Salazar se distanció de él. Años más tarde abrigaba la quimera de refundar el Partido Comunista.

Los pobres de La Montaña fueron empeño y tristeza constantes para Salazar. Hace apenas un mes, en un hermoso artículo, Julia Carabias relató cómo, a comienzos de los 80, el maestro Othón la persuadió para desplegar en Alcozauca un proyecto de desarrollo sustentable que sería el punto de partida para una línea de políticas ambientales que se extendería en los siguientes años.

Con la misma preocupación, en sus últimos años Othón Salazar gestionaba recursos para paliar la pobreza infinita de sus paisanos, lo mismo que levantaba iniciativas para acercar a las fuerzas de Guerrero y el país capaces de postular una nueva coalición política. Enfermo desde hace algún tiempo, se fue a morir a Tlapa en donde falleció el 4 de diciembre.

De cuando en cuando, el profesor Salazar me llamaba para platicar sus proyectos. Voy a extrañar pero también a recordar siempre, con emoción y orgullo, aquellas llamadas colmadas del entusiasmo que solamente brindan las convicciones macizas y las esperanzas diáfanas y que invariablemente comenzaban con un cálido y generoso: “¡Hermanito, ¿cómo estás?!”.

Este texto fue publicado en marzo de 2008. Cobra alguna actualidad debido al regreso a México de la srita. Morett y a la versión distorsionada que algún articulista hizo de estas opiniones sobre la frágil distancia que suele haber del voluntarismo al aventurerismo.

Nexos, noviembre de 2008

Para la generación del 68, las movilizaciones que acaban de cumplir cuarenta años y la brutal represión que las liquidó fueron experiencias categóricas e indelebles. La convicción de que contribuyeron a un cambio nunca del todo consumado, el recuerdo de jornadas gozosas en el ejercicio de una libertad hasta entonces inédita y la indignación ante la violencia salvaje y abusiva que el gobierno desplegó en su contra, forman parte inevitable de sus biografías y de la manera como se han relacionado, o han dejado de hacerlo, con la vida pública mexicana. Para Gilberto Guevara Niebla, uno de los integrantes más conspicuos pero también más lúcidos de esa generación, el 68 fue desazón insatisfecha durante varias décadas. A la obsesión para encontrar explicaciones puntuales a cada paso, cada inflexión y cada error del movimiento estudiantil, Guevara añadió el empeño por entender al país a partir del significado de aquellas jornadas tan emblemáticas. “Durante muchos años –relataría un cuarto de siglo después del movimiento estudiantil– vi al mundo como a través de un cristal opaco, un velo en los ojos, provisto por mi experiencia del 68”.

Solo cuando quiso y pudo trascender esas anteojeras, Guevara tomó la distancia suficiente para mirar al país y sobre todo para diseccionar las jornadas del 68 más allá de la épica y la añoranza que, si bien ineludibles y entendibles, no proporcionan el contexto más adecuado para la reflexión crítica. Gracias a ello hace cuatro años publicó La libertad nunca se olvida. Memoria del 68 (Cal y Arena, 2004) un macizo e inteligente análisis del movimiento estudiantil y de los actores políticos a los que involucró. La misma distancia analítica, le ha permitido preparar los textos que se recopilan en un nuevo libro cuya inquietud esencial anticipa de la siguiente manera: “Quiero escribir al margen de los mitos de la izquierda que exageran el significado de 1968; mitos de la derecha que descalifican la protesta política de aquel año” (1968. Largo camino a la democracia. Cal y Arena, 2008, 246 pp.)

Romper con la complacencia, tan frecuente en las apreciaciones únicamente nostálgicas o indignadas, establece una diferencia en la actitud de Guevara respecto de muchos otros autores que se ocupan del 68. A esa perspectiva, añade la preocupación por entender no solo qué ocurrió, sino de qué sirvió la movilización estudiantil de hace 40 años.

“Fue –explica Guevara casi al inicio de este libro– una revuelta civil contra los excesos extralegales del poder público”. De pronto aquellos estudiantes, y con ellos un significativo aunque no mayoritario segmento de la sociedad mexicana, se hicieron ciudadanos. “La novedad del 68 –dice Guevara más adelante– fue una lección cívica. Su principal reclamo: la vigencia del Estado de Derecho… El movimiento del 68 inaugura la aparición del ciudadano en la historia moderna de México”.

Gracias a esa ciudadanía, inculcada en la práctica de la libertad así como en el enfrentamiento con un poder político ofuscado en la intolerancia pudimos avanzar en la construcción, insuficiente pero existente, del país que tenemos hoy. No es relevante discutir si el 68 fue o no el parteaguas de la democracia mexicana: ese es un lugar común en el que Guevara no incurre pero que con frecuencia ha relevado a otros analistas y comentaristas de un examen más serio de nuestro desarrollo político. Pero sin duda la política plural que existe ahora, la reorganización de la sociedad, la creación y el acotamiento de instituciones y la vocación de exigencia que se ha extendido entre los mexicanos, tiene algo o mucho que ver con las lecciones del 68.

Guevara se cuida de sacralizar a la ciudadanía que se forjó en aquellas jornadas. En uno de los primeros textos de 1968. Largo camino a la democracia advierte que, más allá de las vanguardias que se encargaban de la dirección del movimiento, entre “la inmensa mayoría” de los estudiantes el “nivel político era muy bajo”. Sin embargo, subraya, “lo que vinculó realmente a miles y miles de personas no fue el relajo sino la política”.

La lección cívica del 68 exhibió la tensión entre democracia y autoritarismo pero no fue necesariamente comprendida por todos los participantes y usufructuarios de aquel movimiento. La apreciación que predominaba acerca de los asuntos públicos era más emocional que racional. La insistencia en el diálogo público con el gobierno, por ejemplo, era consecuencia de la desconfianza intensa que el poder político suscitaba entre los líderes estudiantiles pero expresaba también una apreciación ingenua. El diálogo público que ha sido exigido en otros conflictos universitarios o sociales es, dice Guevara, “un mito venerado por la izquierda que debe revisarse”. En realidad ni siquiera las izquierdas, cuando tienen posiciones de gobierno o aspiran a ocuparlas, se interesan en reivindicar el diálogo público.

Legalidad y radicalismo

Si algo alteró de manera drástica el 68, fue la apreciación que un sector importante de la sociedad tenía acerca del poder político. “La balacera de Tlatelolco –dice Guevara en otro momento de su libro– dio paso a un cambio en las mentalidades que debemos rastrear. Los jóvenes quedaron paralizados por el asombro y la indignación”. Se rompió la confianza en el orden jurídico: “hasta el 2 de octubre, el marco de referencia ético de los estudiantes fue la existencia de una legalidad”.

Las secuelas de esa ruptura se tradujeron en una extendida desilusión pero también en costosos tropiezos políticos. A la demanda por la legalidad, el gobierno había opuesto la sinrazón de las bayonetas. Por eso no hubiera resultado inaudito que en los años posteriores al movimiento sus participantes, o quienes se identificaron con ellos, prefirieran el enfrentamiento drástico y estancarse en la descalificación del poder político, a involucrarse en la parsimoniosa y pocas veces espectacular construcción de organizaciones, reglas e instituciones que le dan cauce y sentido a la democracia. Pero las secuelas del 68 se expandieron por senderos muy variados.

A Guevara le preocupa la influencia del 68 en el radicalismo a menudo infantilista, pero en ocasiones gravoso e incluso asesino, que padecieron las izquierdas desde aquella época: “Para 1971, el activismo derivado del 68 estaba en manos de grupos revolucionarios que desplegaron un discurso francamente antidemocrático”. Más adelante recalca que, al lado de expresiones como el feminismo y el ecologismo, “el efecto más conspicuo fue la guerrilla urbano-popular de los años setenta”.

Aquellas fueron actitudes notorias, en efecto, pero considerar que el principal resultado político del 68 fue el desarrollo de grupos armados implica soslayar muchas otras y sobre todo más extendidas experiencias de manifestación y organización políticas. Al comienzo de los años setenta el desaliento y las apreciaciones maniqueas acerca de la vida política imperaban en la UNAM y otras universidades públicas, pero allí las adhesiones a la lucha armada siempre fueron marginales. Al contrario, expresiones de descomposición y provocación como el grupo “Los enfermos”, que llegó a cometer crímenes políticos en la Universidad de Sinaloa, fueron categóricamente rechazadas por los grupos políticamente activos de estudiantes y profesores en la UNAM.

Guevara deplora la “renuncia a luchar por causas reformistas” y considera que, hacia 1972, “quienes insistían en la lucha legal o pacífica eran estigmatizados como pequeñoburgueses y contrarrevolucionarios”. Sin embargo en aquellos años menudeaban las expresiones de respaldo a sindicatos y corrientes gremiales de vocación independiente que no pretendían mas que su reconocimiento legal. La identificación con movimientos sindicales como el de los electricistas y la construcción de sindicatos universitarios fue expresión, precisamente, de una no siempre explícita pero constante vocación por las reformas. Otra vertiente, que encontraba resquicios para la organización política a pesar de la rigidez del marco legal de aquellos años, era la creación de nuevos partidos como el Mexicano de los Trabajadores y, pocos años después, el proceso de unificaciones de las izquierdas partidarias.

Sin duda, en aquellos años posteriores al 68 germinó y se desplegó la intolerancia de buena parte de las izquierdas actuales. Pero esa actitud no se debe a una herencia pervertida de la tradición del 68 sino a otros factores: la pobreza cultural de las izquierdas, su escasa e insuficiente implantación en el entorno universitario y más aun fuera de él, la preponderancia pese a todo de la cultura política priista y, especialmente, un proceso de pragmatismo y lumpenización que incluyó el desarrollo de liderazgos sustentados en el clientelismo y que tomaban banderas de la izquierda con tanto pragmatismo como podrían haber esgrimido cualesquiera otras. Todo ello, junto con el desplazamiento de los liderazgos históricos socialistas y comunistas por parte del priismo, terminó por avasallar y/o dominar a buena parte de esas tendencias y organizaciones de izquierdas.

Por eso, entre otros factores, ha sido insuficiente la concepción y elaboración de la política que, como Guevara explica, “dejó de ser un tejido de relaciones internas de la burocracia, dominado por intereses particulares, para convertirse en espacio de relaciones entre el Estado y la sociedad centrado en el interés nacional. Aún estamos en esa transición”. A veces parece que más bien nos encontramos en una involución de la política que, lejos de constituir ese instrumento a la vez que espacio para el interés público, ha seguido siendo monopolizada por ambiciones particulares. La única diferencia es que tales apetitos ya no se concentran en el partido que dominó la vida pública mexicana durante siete décadas sino en diversas cuan, por lo general, convenencieras y abusivas opciones partidarias. Las izquierdas han tenido notoria responsabilidad en la incesante descomposición de la política. Pero ese proceso, aunque en él hayan participado algunos de sus antiguos militantes, no es culpa del movimiento del 68.

Ejercicio autobiográfico

1968. Largo camino a la democracia, se ocupa con detalle y agudeza de otras expresiones y consecuencias de aquel movimiento: las corrientes políticas que lo animaron y en ocasiones dificultaron, los libros acerca del 68, los escribanos con cuyo trabajo mercenario quiso justificarse Díaz Ordaz, el mundo académico y sus inercias, el contexto político previo a ese año, la historia de las organizaciones estudiantiles en la UNAM y el IPN, los esfuerzos para que se hiciera justicia y la represión y el significado del 68 no fueran avasallados por la desmemoria, el papel encubridor que tuvieron casi todos los medios de comunicación y unos conmovedores, a ratos dramáticamente sinceros “trazos para un autorretrato” del autor del libro.

En ese ejercicio autobiográfico, así como en una entrevista que le hicieron Luis Miguel Aguilar y Rafael Pérez Gay y que se incluyen al final del volumen, aparece el Guevara más personal, autocrítico siempre, genuino aunque deba ser despiadado en sus remembranzas. “La escuela y el estudio se habían convertido en mi fuga hacia la libertad”, relata. Allí recuerda la infancia áspera; el empeño por el aprendizaje; la ruptura con el terruño sonorense; el estupor primero y de inmediato el gozo social, cultural, vital, ante la ciudad de México y el campus universitario a donde llegó a estudiar biología en 1963; la incursión en la política estudiantil; el trauma de la cárcel; la reincorporación al espacio universitario; las estancias en Europa y en todo momento la obsesión por encontrar explicaciones al movimiento estudiantil del cual, junto con Raúl Álvarez Garín, había sido dirigente fundamental en 1968.

Esos años de búsqueda intelectual y política, Guevara los relata con una sinceridad en ocasiones devastadora. En buena medida, las respuestas que fue hilvanando en la difícil reflexión de esos años aparecen inicialmente en La libertad nunca se olvida y, ahora, en el nuevo libro. Si con el primero de ellos cumplió consigo mismo al poner por escrito el examen crítico de aquel movimiento estudiantil y social posteriormente, con 1968. Largo camino a la democracia, Guevara cumple el propósito de explicarse, y explicarnos, de qué sirvió, más allá de mitos y exageraciones, aquella experiencia ciudadana y generacional. Así como, de niño, la escuela y el estudio eran accesos a la emancipación personal, ahora la reflexión, más allá de lugares comunes y dogmatismos, es la ventana de Gilberto Guevara Niebla a la libertad intelectual y al compromiso social y político con las ideas.

Zócalo, noviembre de 2008

Es imposible evaluar en blanco, o en negro, a la reforma constitucional en materia electoral que fue aprobada en noviembre del año pasado. Con aquella reforma, los partidos políticos emprendieron una injusta revancha en contra de las autoridades que condujeron el proceso electoral de 2006. Al remover, inmediata o escalonadamente, a los consejeros del IFE, los legisladores quebrantaron la autonomía de la institución federal encargada de organizar nuestros procesos electorales. Otras disposiciones, como la designación de un contralor supeditado al Congreso, contribuyen a debilitar la independencia del IFE. A esa decisión en el plano federal, se han sumado los congresos que en varios estados llevan las represalias contra los organismos electorales a situaciones de intervencionismo en su desempeño cotidiano, como la que fue aprobada recientemente en el Estado de México y que propició la renuncia del presidente del Instituto Electoral de esa entidad.

La reforma constitucional de 2007 significó, al mismo tiempo, el reconocimiento de la desmedida dependencia que el sistema político mexicano y sus procesos electorales han tenido respecto de los consorcios mediáticos. La prohibición a la compra de propaganda electoral y la asignación a los partidos de porciones importantes del tiempo del que ya disponía el Estado en las estaciones de radio y televisión, tienen su origen en la extendida preocupación suscitada por el peso de las empresas comunicacionales, que han dejado de ser intermediarias para erigirse en protagonistas en el escenario político, con intereses que reivindican por encima del interés público.

Denigración, riesgo de discrecionalidad

En la reforma constitucional hay, de esa manera, aristas perversas y otras plausibles. Y en medio de esas dos opciones, supeditada todavía a la interpretación que decidan asignarle los consejeros del IFE, se encuentra la disposición que les permitirá sancionar los mensajes políticos que consideren denigratorios o calumniosos. Nos referimos al mandato con el que comienza el Apartado C de la Base III del nuevo artículo 41 de la Constitución:

En la propaganda política o electoral que difundan [,] los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.

El artículo 233 del Cofipe reproduce esa disposición y le confiere al Instituto Federal Electoral la facultad de suspender de inmediato la transmisión, en radio y televisión, de mensajes que considere contrarios a esa norma [1].

La legislación electoral ya contemplaba restricciones a los mensajes de los partidos políticos y sus candidatos. El Código anterior prohibía cualquier expresión que implicase “diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones políticas o a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda política que se utilice durante las mismas” [2]. Lo que no existía era el señalamiento de facultades específicas para que la autoridad electoral dispusiera la suspensión de los mensajes en donde se incurriera en expresiones de esa índole.

La preocupación por el discurso político negativo se incrementó durante las campañas presidenciales de 2006. Como todos recordamos, en los mensajes de aquella campaña menudearon la animosidad y las descalificaciones. En esa proliferación de los discursos negativos se refleja el deterioro de la cultura política y la frecuente ausencia del debate de ideas en prácticamente todos los asuntos públicos mexicanos.

No hay que olvidar, desde luego, que la sustitución de las propuestas por los adjetivos y las afrentas forma parte de la confrontación política en todo el mundo. En nuestro caso no deja de llamar la atención que esos partidos, que en su propaganda electoral desdeñan las propuestas programáticas, privilegian los improperios y aturden con desacreditaciones mutuas a los ciudadanos, son los mismos partidos que promueven en el Congreso la prohibición a la denigración y las calumnias.

Si estuviéramos ante una expresión de autocrítica franca, habría que aplaudir la ratificación del rechazo a la propaganda negativa que hicieron los partidos nacionales en la reforma constitucional de 2007. Pero mucho nos tememos que en vez de reconocer y remediar el empobrecimiento que padecen el debate y la cultura política, los partidos, con esa reforma al Apartado C del 41 Constitucional, simplemente le endosaron a la autoridad electoral la tarea de regular la expresión habitualmente más conocida del discurso político que es la propaganda electoral. Se trata de una responsabilidad que esos partidos políticos no han sido y no parece que quieran ser capaces de cumplir por sí mismos.

Ahora, el Instituto Federal Electoral tiene que establecer los parámetros con los cuales entenderá y aplicará esa obligación para regular la propaganda política. Cuando la Constitución indica que a los partidos (y sus candidatos, y las coaliciones, añade el Cofipe) les está prohibido denigrar a las instituciones o hacerlo entre ellos mismos, abre la puerta para que la autoridad electoral decida cuándo se incurre en esa conducta. Denigrar es “deslustrar, ofender la opinión o fama de alguien”. La definición del Diccionario acota, pero no resuelve la discrecionalidad que puede existir para considerar cuándo hay o no denigración. El origen etimológico, que remite al latín denigrare –ennegrecer o poner en negro–, como analogía de la expresión de juicios negativos acerca de alguien, tampoco ayuda demasiado.

El discurso del odio

El quehacer político es construcción de acuerdos, particularmente en sociedades plurales como las que se expresan hoy en día. Pero también es litigio, diferendo, confrontación. La política deseable es aquella que se sostiene en la manifestación de razones, la comparación de programas, la articulación de pactos y el convencimiento de los ciudadanos a partir de hechos, ideas y propuestas. Pero la política realmente existente, a la que no debemos allanarnos pero que resulta inevitable reconocer como tal, abunda en pragmatismo, apuesta al conflicto y no busca persuadir con argumentos sino seducir –o aturdir– con aspavientos a los ciudadanos.

La legislación electoral tiene que prever los comportamientos perversos y no solamente los rasgos virtuosos del quehacer político. Por eso es importante que existan disposiciones capaces de atajar la difusión de calumnias y de toda índole de mentiras en cualquier circunstancia y, desde luego, también cuando se hacen bajo el amparo de las campañas políticas.

En la discusión internacional acerca de estos asuntos se ha reconocido: “Ningún tema es más problemático para quienes están relacionados con la libertad de los medios que el ‘discurso de odio’ –hate speech–. El término es utilizado habitualmente para referirse a la defensa de lo nacional, racial, religioso u otros asuntos matizados por el aborrecimiento. El tema, en esencia, es qué tanto resulta apropiado o aceptable limitar el derecho a la libertad de expresión, cuando los puntos de vista que han sido manifestados apoyan la limitación o la conculcación de los derechos de otros” [3]. El discurso del odio ha sido expresamente prohibido en países que han transitado por experiencias socialmente traumáticas debido a genocidios como los que perpetraron los nazis en Alemania o Francia en los años cuarenta o, hacia fines del siglo XX, los fundamentalistas étnicos en los Balcanes y, en otro caso, entre las etnias de Ruanda[4]. En situaciones como esas, el discurso expresamente promotor del odio y el extermino ha sido vetado y en ocasiones castigado.

Otra es la situación de las elecciones democráticas, o que se pretende que así sean. La democracia electoral se consolida en las urnas pero, antes, se practica y apuntala en las campañas. El proselitismo de los partidos requiere de la más amplia libertad para que manifiesten posiciones y diferendos de la manera más abierta posible. Es conveniente que partidos y candidatos actúen con la mayor responsabilidad para que sus campañas orienten, en vez de confundir y desalentar a los ciudadanos. Pero como la sociedad y el sistema político no pueden confiar en la benevolencia de ningún actor de la vida pública, la auto regulación nunca basta para que partidos o candidatos alternen con suficiente comedimiento.

La tensión entre libertad de expresión y necesidad de regulación está presente en todas las campañas. “Una elección –indica la Red de Conocimiento Electoral ACE– es precisamente el momento en el que debería expresarse una amplia variedad de puntos de vista. Limitar la expresión de algunos de esos puntos de vista limita potencialmente no solo derechos de libre expresión, sino también derechos de participación democrática. Por otra parte, la atmósfera altamente cargada de una campaña electoral puede ser precisamente el momento cuando es probable que las declaraciones exaltadas tengan el efecto de incitar a la gente a la violencia –infringiendo, en consecuencia, los derechos democráticos y de libre expresión de los demás– [5] ” .

Los ciudadanos afectados por la propagación de falsedades acerca de su vida pública o privada, tienen derecho a que sean esclarecidas y, en ocasiones, a una reparación por el daño que esos infundios les puedan haber ocasionado. El problema se encuentra cuando las afirmaciones que algunos consideran calumniosas, otros estiman que son simplemente apreciaciones críticas.

Distinguir información y opinión

Para resolver ese entrampamiento es útil distinguir entre la información y la opinión que se proporciona a los ciudadanos durante las campañas electorales. Se informa, cuando se ofrecen o mencionan datos o hechos que son presentados como auténticos, independientemente de que se ofrezcan evidencias de ellos. Se opina, cuando se manifiestan juicios de valor, es decir, puntos de vista a partir de parámetros que resultan de la perspectiva ideológica, política, ética, etcétera, de cada quien. La información está determinada por hechos que son, o se presume que son, objetivos. La opinión, es por definición subjetiva.

Los contendientes en toda campaña política apuestan a mostrar información, modulada por un enfoque opinativo específico, con la que pretenden convencer a los electores. Los ciudadanos, en una democracia, pueden o deberían poder seleccionar entre las opciones políticas que les presentan hechos objetivos acerca de los cuales proponen interpretaciones, es decir, deducciones o conjeturas de carácter subjetivo.

Por pobre y escasa que sea la deliberación de ideas en la propaganda que difunden los partidos, en los mensajes de toda campaña electoral hay hechos y juicios. Los primeros tendrían que ser incontestablemente ciertos y cuando no lo sean e impliquen mentiras acerca de individuos o instituciones, podría haber lugar a la intervención de la autoridad, en nuestro caso el Instituto Federal Electoral. Los juicios –es decir, la opinión o el parecer de las personas, en este caso de candidatos y dirigentes políticos– tendrían que ser respetados por la ley.

Allí es donde podrían establecerse los límites para la denigración que la reforma constitucional obliga a evitar o, en su caso, a sancionar. En rigor toda opinión crítica, e incluso cualquier punto de vista aunque sea el más generoso o bienintencionado, podría tener connotaciones denigratorias. Todo depende del contexto, o de la colección de valores, con los cuales se le justiprecie. Si de una persona se dice que es magnánima, hermosa o valiente, por lo general se considerará que se le está encomiando porque esos atributos tienen significados habitualmente positivos. Pero en un entorno cultural en donde la magnanimidad, la hermosura o la valentía estén mal vistas, tales apreciaciones podrían llegar a ser denigratorias. Habitualmente el término precioso se asigna a algo de gran valor y que suscita estimación. En México recientemente la picaresca política, favorecida por maledicencia telefónica de algunos tristes personajes, ha conducido a que ese término sea utilizado para subrayar el desprestigio de un cuestionado gobernador.

Esos ejemplos son muy obvios, pero cuando nos encontramos ante el discurso político habitual los linderos entre denigración y descripción suelen ser peliagudamente resbaladizos, porque están matizados por las valoraciones subjetivas de cada quien. Si un candidato dice que su rival es un ladrón y que robó una cantidad específica de dinero, está obligado a sustentar esa acusación con pruebas porque se trata de una afirmación categórica. Pero si dice que se trata de una mala persona, que es inepto políticamente y que su programa de gobierno llevará al país al despeñadero, está expresando juicios de valor que desde luego serán discutibles pero que debería tener derecho a formular. Si el aspirante a gobernar un estado se ufana de contar con un grado académico pero resulta que su título es falso, sus oponentes tendrán motivos objetivos para decirle mentiroso, tramposo y defraudador. Por supuesto hay casos en donde la diferencia entre información y opinión, o entre acusación fundada y descalificación gratuita, resulta menos clara. Pero parámetros como estos pueden contribuir a que la autoridad electoral cuente con elementos de juicio capaces de acotar su propia subjetividad.

Difamar no siempre es calumniar

Distinguir entre hechos y opiniones implica, también, hacerlo entre difamación y calumnia. La primera, existe cuando alguien desacredita a otra persona (o a una institución u organización). Difamar significa afectar la fama pública de alguien, o de algunos. La calumnia en cambio, existe cuando se hace una acusación falsa o se le atribuyen a alguien hechos o acciones que no son ciertos. La diferencia entre ambas puede ser pequeña pero resulta importante.

Sin duda, el debate político debería ser claro, cortés, respetuoso, civilizado en fin. Solo una sociedad educada en la vulgaridad y en donde la involución en los términos de la discusión pública no suscite inquietudes, puede aplaudir a los partidos y candidatos que sistemáticamente prefieren la desacreditación de sus contrarios antes que la discusión razonable de lo que hacen y dicen. Solamente los candidatos y partidos que no tienen propuestas capaces de interesar a los ciudadanos, preferirán denostar a sus rivales para restarles adhesiones en lugar de persuadir a favor suyo.

Como no siempre el debate político se ciñe a esas normas de cortesía y comedimiento que son deseables, resulta pertinente reconocer que la descalificación forma parte del quehacer político. La difamación, entendida como el señalamiento de atributos, yerros u omisiones con el cual se busca afectar la imagen pública de alguien, podría ser admitida salvo cuando implique acusaciones específicas y falsas, que caigan en el terreno de la calumnia. La calumnia, a su vez, tiene que ser sancionada, aclarada y, en su caso, castigada y reparada de la manera más rápida y eficaz posible.

Regalo envenenado

La atribución que los partidos políticos, a través de sus legisladores, le confirieron al Instituto Federal Electoral en la fracción 2 del Artículo 233 del Cofipe [6] es un regalo envenenado. Gracias a esas facultades y a solicitud del partido que se estime agraviado, la autoridad electoral puede ordenar “la suspensión inmediata” de los mensajes en radio o televisión que considere denigren a instituciones o partidos o que calumnien a personas. También puede disponer el retiro de cualquier otra propaganda.

Tales atribuciones pueden hacer de los consejeros del IFE –y junto con ellos de los magistrados del Tribunal Federal Electoral que en última instancia sancionarían sus decisiones–, ya no solamente los organizadores y garantes confiables que han sido de los procesos electorales sino ahora, además, los interventores forzosos de la discusión política mexicana. Consejeros y magistrados, se encuentran ante la posibilidad de definir a la denigración de la manera más acotada posible, para que esa conducta solamente exista en casos de falsedad evidente y flagrante. O pueden eludir esas precisiones para resolver a discreción, en cada caso y de acuerdo con las circunstancias de cada ocasión, cuándo considerarán, y cuándo no, que hay denigración.

De acuerdo como tomen esa decisión, elegirán una conducción reglamentada y clara del proceso electoral, incluyendo la atención a las quejas de los partidos que se consideren denigrados durante las campañas. O, en la otra posibilidad, los consejeros y magistrados cederán a la tentación de convertirse en comisarios de la democracia mexicana.

emeequis, 30 de noviembre

Mostrador

Ensalzado por periodistas que admiran su heterodoxa técnica investigativa, Gunter Wallraff ha estado en México durante varios días y cuando le preguntan cómo encuentra al país enumera algunas de sus primeras extrañezas:

– Me ha llamado la atención el asunto del avión en donde murió el secretario de Gobernación. También me sorprenden las noticias sobre la infiltración del narcotráfico en altos niveles del gobierno. He escuchado la inquietud de amigos y colegas acerca de su propia seguridad. Y me alarma la cantidad de periodistas mexicanos que han sido asesinados tan solo en el transcurso de este año.

Las que refiere ese afamado periodista de mirada inquisitiva, son noticias alarmantes y con las que transcurrimos a diario en este país. Quizá no se puede decir que nos hayamos acostumbrado a vivir con ellas pero sí hemos venido construyendo una serie de parapetos personales y públicos con los que intentamos defendernos de esa sensación de acoso. No hay día en que no identifiquemos culpables, reales o no, de la inseguridad que abruma al país.

Pero Wallraff, que en los años setenta fue maltratado por defender los derechos humanos en Grecia y que alguna vez impidió un golpe militar en Portugal, habla de las recientes vicisitudes mexicanas para, luego, formular dos preguntas esenciales:

-¿En dónde está el Estado? ¿Qué Estado es el que tienen ustedes en México?

Nadie le responde en ese encuentro que el periodista alemán, que acaba de cumplir 66 años y vino a México invitado por la Fundación Ebert y otras organizaciones, sostiene con colegas y académicos de nuestro país. Los temas que orientan la conversación se relacionan fundamentalmente con el inusual estilo de Wallraff, que a fines de los años setenta cambió de identidad para trabajar en la redacción del periódico sensacionalista Bild, cuyas trampas y exageraciones develó en un libro. Tiempo después, vivió dos años disfrazado de inmigrante turco para documentar el maltrato y las marginaciones que sufren los trabajadores de ese origen en Alemania.

Uno de sus reportajes más recientes lo escribió después de estar empleado en un “call center”. En todos esos casos, ocultar su identidad de periodista le ha permitido a Wallraff entrar en contacto con experiencias que muy posiblemente no hubiera atestiguado, o padecido él mismo, si hubiera llegado mostrando la credencial de periodista.

Por supuesto ese método es ética y profesionalmente discutible. No se vale, podría decirse, engañar para encontrar la verdad. Pero en desacuerdo con quienes ensalzan sin más la costumbre del disfraz, Wallraff explica que incurriría en transgresiones éticas si publicara declaraciones de una persona sin solicitarle su autorización. “Si el ayudante de una panadería (Wallraff acaba de escribir acerca de la rapacería laboral que padecen los trabajadores del pan en Alemania) me deja entrar a su casa y observarlo y escucharlo allí, tengo que recabar su permiso antes de dar a conocer su testimonio”.

De visita por primera vez en México, Wallraff manifiesta su aptitud observadora cuando deja establecidas sus dos preguntas cardinales. ¿Qué hemos hecho –podríamos reelaborar una de ellas– con el Estado en México? Porque lo que es hoy el conjunto de instituciones que ejercen el poder político en este país ha sido consecuencia de los rasgos históricos de un Estado que del monopolio acaparador transitó bruscamente y sin ajustes suficientes a la apertura política, el mercado casi desbordado y la delincuencia expansiva.

Ese deterioro estatal también se ha debido a los abusos proverbiales, la voracidad incontenida y la incapacidad para modernizarse de una burocracia política originariamente priista y luego trasminada a todo el entramado partidario. Y junto con ello, en el menoscabo del Estado todos tenemos algo de responsabilidad: al resignarnos a los atropellos y cohechos, al votar por gobernantes ineficaces o tramposos, cuando accedemos ser clientelas y no ciudadanos.

El Estado es más que el gobierno pero siempre tendrá capacidades disminuidas si no se respalda en la sociedad. A los ciudadanos no les toca resolver las insuficiencias estatales pero pueden y deben cuestionarlas. Quizá no entendemos a ciencia cierta qué Estado hay en el México actual. Pero sí sabemos qué rasgos no queremos en él. Y lo que tenemos hoy, definitivamente no nos gusta.

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