Sociedad y poder

A la torpeza con que se aumentaron el sueldo de 172 mil a 330 mil pesos, los consejeros del IFE añadieron ayer una patética morosidad para tomar decisiones. El retroceso respecto del escandaloso aumento había sido anticipado desde la noche del miércoles y fue confirmado en la prensa de ayer. Sin embargo durante toda la mañana del jueves los consejeros tuvieron esperando a docenas de reporteros que aguardaron a que concluyeran una seguramente tortuosa sesión privada. A eso de las 2 de la tarde el presidente del IFE confirmó la cancelación del aumento salarial.

Por mucho que discutieran, a los consejeros les iba a resultar imposible encontrar una salida elegante. El incremento en sus remuneraciones tuvo respaldo legal porque la Constitución Política, en su artículo 41, establece con claridad que los consejeros electorales deben tener una retribución idéntica a la de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así se dice en el cuarto párrafo de la base quinta de dicho artículo (y no, como erróneamente informó el IFE, en “el artículo 41, apartado D, párrafo cuarto”). Ese parámetro para la remuneración de los consejeros existe desde hace varias reformas electorales.

Pero el yerro de los consejeros del IFE no fue jurídico y ha sido la comidilla política en los días recientes. A la nula sensibilidad con que aprobaron ese aumento de salarios (al parecer con la reticencia de uno o dos de ellos) añadieron una preocupante candidez política. ¿Qué reacción pública esperaban, especialmente después de las fricciones entre esa institución y los medios electrónicos con motivo de la rebelión de las televisoras? Si algunos de ellos creyeron que después de la absolución que les regalaron a Televisa y TV Azteca los medios electrónicos los iban a cobijar, ahora pueden deplorar esa falta de previsión.

En descargo de los consejeros del IFE puede recordarse no sólo que su salario según la Constitución tendría que ser como el de los ministros de la Corte sino que, además, el Congreso de la Unión lo ratificó en la reforma constitucional promulgada en noviembre de 2007. En esa reforma, que entre otras cosas estableció el nuevo régimen de comunicación electoral y además les sirvió a los partidos para despedir a los anteriores consejeros, la equiparación de los salarios de quienes encabezan al IFE con la remuneración de los ministros de la Corte permaneció intocada.

También puede recordarse que la Cámara de Diputados tiene sin resolver, desde hace casi dos años, una iniciativa del Senado para establecer remuneraciones máximas a los servidores públicos.

El 13 de marzo de 2007, el Senado aprobó una iniciativa de reformas a cuatro artículos constitucionales. La propuesta de reforma al artículo 127 indica:

“Ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

Ese sería el parámetro para todos los salarios en cualquier entidad del Estado mexicano. Además, para darle alguna lógica al desordenado y a menudo contradictorio tabulador de las instituciones oficiales, se propuso que ningún servidor público podría ganar más que su superior jerárquico. Habría una excepción para quienes tienen más de un empleo: “salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos y la suma de dichas retribuciones no exceda la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

Esa iniciativa fue resultado de dos propuestas anteriores. Una, presentada por el senador Pablo Gómez el 9 de noviembre de 2006. Otra, enviada por el presidente Felipe Calderón el 24 de enero de 2007. Si, como es de suponerse, los partidos de ese legislador y del titular del Ejecutivo Federal –PRD y PAN– están de acuerdo en limitar los salarios de los funcionarios públicos, entonces no es aventurado suponer que el dique a la reforma constitucional se encuentra fundamentalmente en el PRI.

El pésimo o nulo sentido de la oportunidad de los consejeros electorales podría servir para desempolvar esa iniciativa, que la Cámara de Diputados turnó a comisiones desde hace casi dos años. Sólo así la indignación por los descomunales salarios en el IFE tendría algún sentido más allá de la algarabía mediática y política.

ALACENA: Niños torturados

La imagen del niño de seis años que fue encontrado amarrado y encerrado en la cisterna de una casa en Tlalpan ha suscitado comprensible indignación. Al pequeño y su hermanita de cuatro años los maniataban como castigo por parte de presuntos familiares suyos. Los culpables deberán ser ejemplarmente sancionados y ese caso tendría que ser motivo para reivindicar los derechos de los niños.

Junto con ello, no deja de ser inquietante la falta de información sobre la manera como fueron obtenidas esas fotografías. ¿Qué fotógrafo es capaz de aguardar a imprimir sus placas mientras el niño permanece atado y colgado prácticamente de cabeza? Los policías que llegaron a rescatarlos, ¿esperaron a las fotos antes de auxiliar a los niños?

ejecentral

Quizá se debe a la impertinencia de los medios o, acaso, a que después de tanto estruendo noticioso ha perdido la brújula política: en todo caso Luis Téllez, el secretario de Comunicaciones y Transportes, parece empeñado en nutrir y magnificar el litigio que lo ha mantenido en el centro del escándalo público durante tres semanas.

Ayer martes, ofreció disculpas por el lenguaje altisonante con el que se dirigió a varios de sus colaboradores, e incluso a otro secretario de Estado, en las grabaciones que registran algunas conversaciones suyas. Esos diálogos evidentemente no eran para ser difundidos. Tanto el hecho de grabarlos, como inclusive su publicación, fueron acciones ilegales por las cuales Comunicaciones y Transportes solicitó la apertura de una indagación judicial.

Registrados de manera ilegal, en esos diálogos no se revelan acciones o decisiones sustanciales. No hay en ellos interés periodístico alguno y su publicación en Reporte Índigo no tuvo justificación profesional. No hacía falta que el secretario Téllez ofreciera disculpas por expresiones que profirió en privado.

La difusión de aquellas conversaciones, igual que de la charla de Téllez con amigos suyos que presuntamente quedó grabada en el celular de una señora que se dijo despechada por él, han sido el eje de un sostenido escándalo con más pirotecnia que auténtica miga política. El hecho de que esa charla de Téllez con sus amigos en la playa hace más de dos años y en donde no se menciona un solo dato de interés público haya sido inicialmente transmitida en el noticiero matutino de MVS Radio, suscitó abundantes especulaciones.

Algunos comentaristas han querido considerar que se trata de un ajuste de cuentas debido al entorpecimiento que algunas gestiones de esa empresa (especialmente la renovación de concesiones de servicios de radiocomunicación) han encontrado en la SCT. Sin embargo no puede asegurarse que la difusión de esa conversación de Téllez haya sido dispuesta por los propietarios de la emisora y no por Carmen Aristegui, la periodista que conduce y dirige ese noticiero.

Actualmente MVS tiene una alianza con Telmex para promover un nuevo servicio de televisión satelital. Y no sería difícil que si algún día el gobierno mexicano decide levantar la prohibición que le impide a Telmex ofrecer televisión a través de su red telefónica, MVS fuese uno de los principales proveedores de contenidos audiovisuales para ese sistema de televisión de paga.

Por eso, y no por una repentina convicción antimonopólica, Televisa y las empresas de televisión por cable se han opuesto a que se modifique el Título de Concesión que le prohíbe a Telmex ofrecer televisión. La empresa de Carlos Slim se encuentra baldada por esa limitación. Pero quienes más pierden son los consumidores mexicanos, que más allá de los servicios controlados por Televisa no tienen opciones en el mercado de la televisión por suscripción.

Alejandro Puente, presidente de la cámara que reúne a las empresas de cable (entre las cuales ya es mayoría el capital de Televisa) denunció el fin de semana pasado que ha recibido extrañas y preocupantes amenazas de muerte. Y aunque hasta donde explicó no tiene pruebas, sugirió que esas amenazas se originan en Telmex.

Es difícil imaginar a Carlos Slim y a sus colaboradores urdiendo intimidaciones como las que ha padecido Puente. Igual que respecto de las conversaciones que le grabaron a Téllez, valdría la pena invertir algo de serenidad para que las circunstancias auténticamente escandalosas –el hecho de que alguien grabe las charlas de un secretario de Estado y las amenazas al presidente de los operadores de televisión por cable– sean esclarecidas por las autoridades judiciales.

Los problemas de las telecomunicaciones habría que discutirlos uno por uno, para develar los tráficos de privilegios y opacidades que se han mantenido, incluso durante la tortuosa gestión de Téllez, en perjuicio de los ciudadanos que utilizan tales servicios. Sometido a una legislación plagada de contradicciones, manejado por autoridades allanadas a intereses corporativos como sucede con la Cofetel, minado por disputas aún oscuras como las que le han estallado al propio Téllez en sus oficinas, el mercado de las telecomunicaciones ya se encuentra suficientemente enmarañado para que se le complique con nuevas especulaciones y confabulaciones.

ALACENA: Serrat, Chávez

Admirado hasta la veneración, el entrañable Joan Manuel Serrat salió a la defensa nada menos que de Hugo Chávez. Al presidente de Venezuela no hay que descalificarlo, dijo, porque sus mandatos han surgido de elecciones limpias y abiertas y así fue el referéndum que ganó hace diez días.

La puntualización de el nano como le dicen sus amigos al cantautor catalán es entendible, porque sale al paso de actitudes golpistas contra el antipático Chávez. Pero no hay que olvidar que la democracia puede ser vía para comportamientos autoritarios. A Chávez no se le cuestionan los métodos con los que formalmente ha mantenido el poder, sino su discurso y prácticas autoritarias. El vociferante e intolerante Chávez no merece un defensor de la nobleza de Serrat.

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eje central, espacio en línea dirigido por el periodista Raymundo Riva Palacio, es “un sitio de sitios que se actualiza a lo largo del dÍa y en donde se puede encontrar la mejor información, opinión, encuestas, blogs y los vÍnculos a todos los recursos importantes de la información”. Sociedad y Poder aparecerá tres veces por semana en eje central. En este blog se reproducirán y archivarán, como es costumbre, los contenidos de la columna.

ejecentral

Cuando, en días pasados, las televisoras manipularon los spots electorales, no pretendían simplemente descalificar al IFE. El adversario al que quisieron golpear mostrando los anuncios de pre campañas de tal manera que resultasen irritantes para los telespectadores han sido los partidos políticos y, con ellos, el gobierno federal.

Para decirlo de manera más clara: la bravata de las televisoras fue en contra del Estado. Se trató de una escaramuza dispuesta y sostenida durante dos semanas precisamente en uno de los momentos más difíciles que han enfrentado las instituciones políticas mexicanas en los años recientes.

El Estado mexicano ha sido desafiado recientemente tanto por la delincuencia organizada como por la crisis financiera. Sus dificultades para responder con eficacia han sido tales que hay quienes han desempolvado un término utilizado desde hace tiempo por organismos que se erigen en peritos de la política global para sostener que tenemos un estado fallido.

Ese término ha sido empleado, en nuestra discusión doméstica, más como recurso en el debate mediático y retórico que como un concepto que permitiera comparar el desempeño del Estado mexicano con el de otros estados en el mundo. Cuando alguien esgrime esa acusación, sus administradores actuales reaccionan encrespados como si el Estado fuese infalible. Los grupos de oposición, a su vez, se solazan subrayando las insuficiencias en la acción del Estado para erosionar, con esos cuestionamientos, al gobierno federal.

Fue precisamente en medio de esa desarticulada pero vistosa discusión cuando las televisoras resolvieron enfrentar al Estado sometiendo al escarnio público los spots de los partidos. Por eso llamó la atención la indolencia que el comportamiento de Televisa y Televisión Azteca encontró entre los integrantes de ese conjunto de instituciones que ejercen el poder político que es, de acuerdo con la definición clásica, el Estado mexicano.

Los dos partidos con mayor presencia política, PAN y PRI, reaccionaron ante la crisis de los spots como si fuesen ajenos a ella. Es asunto del IFE, dijeron sus líderes tratando de eludir el problema. Lo mismo hizo la secretaría de Gobernación que, incluso, negó tener competencia para intervenir ante esa infracción de las televisoras.

Peor todavía, cuando el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se decidió a intervenir, fue para presionar a varios consejeros del IFE con el propósito de que exonerasen a las televisoras y no, como era su obligación, para requerir a esos concesionarios que cumplieran con las responsabilidades que les asigna la ley.

Cuando 3 de los 9 consejeros del IFE decidieron defender la aplicación de la ley, perdieron la votación del viernes 13 de febrero pero abrieron una línea de reivindicación del orden jurídico que en menos de una semana construyó un panorama distinto.

En el Senado, los tres partidos nacionales se pusieron de acuerdo para aprobar las modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión que estaban congeladas desde el año pasado y que ratifican las atribuciones del IFE para obligar a los medios electrónicos a que cumplan la normatividad electoral. Fue lamentable que lo hicieran a escondidas, por temor a que los consorcios mediáticos bloquearan esa decisión. Pero es una reforma, de menor calado, que tiende a respaldar las atribuciones de la autoridad electoral.

El PRD y el Partido Socialdemócrata, por otro lado, demandaron al Tribunal Federal Electoral la revisión del acuerdo del Consejo General del IFE que absolvió a las televisoras.

Y como tanto Televisa como TV Azteca habían vuelto a transgredir la ley ya no solamente manipulando los spots de los partidos sino de plano suprimiéndolos de su programación el fin de semana del 8 de febrero, el viernes 20 todos los consejeros electorales –inclusive los que habían absuelto a las televisoras– ahora sí resolvieron multarlas.

Quizá no sea fallido, pero en este caso el Estado mexicano fue tardío para reaccionar ante el reto de las televisoras. La mayor parte de sus integrantes, comenzando por el gobierno federal y las cúpulas del PAN y el PRI, exhibieron demasiado temor ante un poder mediático que ellos mismos han acrecentado.

ALACENA: Periodismo en línea

Participo con enorme satisfacción en esta nueva y promisoria aventura editorial que es eje central. El periodismo en línea ofrece una versatilidad de espacio, tiempo y contenidos que no tiene la prensa en papel y tinta. Sus posibilidades de interacción propician una nueva relación entre la información y sus destinatarios. La plataforma es distinta, pero las exigencias de calidad tienen que ser las mismas para que el periodismo digital interese y gane la confianza de los lectores. Ese es el reto de eje central. Gracias a la invitación de Raymundo Riva Palacio, aquí estaremos tres veces por semana.

El IFE elude la aplicación de la ley

El indulto que la mayoría de los consejeros del IFE concedió a las televisoras es ilegal, inmoral y establece un precedente inaceptable para los ciudadanos y las instituciones en este país. El Consejo General del Instituto Federal Electoral resolvió, el viernes 13 de febrero, sobreseer el procedimiento para sancionar a Televisa y Televisión Azteca por las irregularidades con que fueron transmitidos, durante varios días, los spots de los partidos políticos y del propio IFE.
Esas empresas actuaron de manera concertada para colocar cortinillas de advertencia, transmitir los spots en bloque y no de manera separada como ha ocurrido durante años e incluso interrumpieron eventos deportivos para insertar tales mensajes. Todo ello tuvo el propósito de predisponer a los televidentes contra los partidos políticos y la autoridad electoral.
Ese manejo de los mensajes políticos transgredió, entre otras disposiciones, el artículo 350 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que entre las infracciones de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión a dicho ordenamiento, establece la siguiente: “La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos, o para calumniar a los candidatos”. La manipulación de los mensajes fue evidente. Las televisoras quisieron soliviantar a sus audiencias contra esos contenidos y alteraron el sentido de la propaganda electoral.
El Consejo General del IFE tenía la obligación de sancionar esa conducta de las televisoras. Sin embargo 6 de los 9 integrantes con voto en ese organismo consideraron que el asunto ya estaba resuelto porque los spots se estaban transmitiendo de manera regular y, además, dos días antes algunos consejeros del IFE habían suscrito un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión acerca de la difusión de los mensajes políticos.
Al eludir la aplicación de la ley, los consejeros que hicieron mayoría en esa sesión del IFE se excedieron en el ejercicio de sus atribuciones. A ningún infractor se le puede dispensar una falta claramente indicada en la legislación con el subterfugio de que ha dejado de incurrir en esa conducta ilegal. Por otra parte, un acuerdo que establece propósitos mutuos como el que suscribieron algunos consejeros y la CIRT no sustituye y mucho menos debiera cancelar el cumplimiento de la legislación. Esas “bases de colaboración”, por lo demás, tienen una formalidad legal bastante dudosa.
Televisión Azteca cometió una infracción adicional al suprimir los mensajes políticos en la señal que envía al sistema Sky para ser retransmitida a los suscriptores de la televisión satelital. Esa falta sí fue sancionada por el IFE.
La decisión de los consejeros Marco Antonio Baños, Macarita Elizondo, Marco Antonio Gómez, Francisco Guerrero, Benito Nacif y Arturo Sánchez para absolver a Televisa y Televisión Azteca constituye una lamentable y cuestionable expresión de sometimiento a las televisoras. Las violaciones de tales empresas a la legislación electoral e incluso a la Constitución Política que establece los lineamientos para la difusión de spots, fueron palmarias y flagrantes. Los argumentos que esos consejeros emplearon para justificar la absolución de las televisoras son insostenibles.
Frente a la presurosa disposición de esos consejeros para congraciarse con las televisoras, o con quienes hayan abogado ante ellos en defensa de Azteca y Televisa, destacó la actitud del consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, que recordó que la autoridad electoral no puede renunciar a la aplicación de la ley. Los consejeros Alfredo Figueroa y Virgilio Andrade también reivindicaron la defensa de la legalidad.
El desafío de las televisoras a la autoridad electoral se acentuó el fin de semana antepasado, cuando dejaron de transmitir los mensajes del IFE y los partidos durante varias horas. El Consejo General tendrá que enterarse de esas nuevas faltas. Exigimos de todos los consejeros del IFE el cumplimiento de la ley ante esas nuevas contravenciones de Televisa y Azteca.
Las televisoras han querido hacer ostensible su capacidad para manipular y censurar los mensajes políticos con el propósito de amedrentar a la autoridad electoral y a los partidos. Lamentablemente, en este episodio no han encontrado a un gobierno dispuesto a reivindicar el orden jurídico para enfrentar excesos del poder mediático. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, consideró que su papel era de árbitro negándose a advertir que las televisoras desafiaban al conjunto de las instituciones políticas y a la sociedad mexicanas. Esa conducta negligente y esquiva del titular de Gobernación no sería explicable sin una decisión del presidente Felipe Calderón para ser aquiescente (en realidad, termina por ser temeroso) ante las exigencias de las televisoras privadas.
El comportamiento de esas autoridades y de los consejeros del IFE, además de la abdicación que implica en el cumplimiento de sus responsabilidades significa un preocupante retroceso en el esfuerzo para acotar las manipulaciones y la insolencia de las televisoras privadas. Episodios como ése, ratifican la necesidad de una legislación capaz de propiciar la diversidad y la responsabilidad en los medios electrónicos y las telecomunicaciones. El Congreso tiene mucho por hacer al respecto, pero la mayor parte de los partidos y sus legisladores están más preocupados por la política de cortísimo plazo que por el futuro del país. A diferencia de ellos, cada vez más ciudadanos entienden y reprueban las impertinencias de las televisoras.

México D.F., 15 de febrero de 2009

Asociación Mexicana de Derecho a la Información

Javier Corral Jurado
Presidente del Comité Directivo Nacional

Raúl Trejo Delarbre
Coordinador Adjunto del Consejo Consultivo

emeequis, 8 de febrero

Mostrador

El comportamiento de las televisoras con los spots electorales se parece al de dos niños berrinchudos que están acostumbrados a ser los únicos que utilizan una cancha de futbol. Un día el dueño de la cancha les avisa que en lo sucesivo tendrán que dejar que la usen otros jugadores aunque nada más poquito, durante unos cuantos minutos diarios. Encrespados porque alguien se mete a la cancha que consideran únicamente suya, los chamacos la llenan de lodo y le echan la culpa al árbitro de las condiciones en las que ponen el terreno de juego.

Así de inmadura, pero también así de chantajista y excedida, ha sido la conducta de Televisión Azteca y Televisa. Los propietarios y operadores de esas empresas están disgustados con la reforma electoral que los dejó sin la porción principal de las ganancias que cada temporada electoral significaba la compra de espacio para que se anunciaran los partidos (y que en la campaña federal de 2006 ascendió a 1984 millones de pesos para televisoras y radiodifusoras). Pero lejos de entender que esa reforma, que fue respaldada por todos los partidos nacionales, se debió a los reiterados atropellos que han perpetrado, las televisoras reaccionan como si la cancha, el balón y hasta el árbitro tuvieran que plegarse ante sus caprichos. Y la toman, paradójica y escandalosamente, en contra del público.

La transmisión de los spots de propaganda partidaria y del IFE uno tras otro hasta por 3 minutos y sin distribuirlos junto con otros anuncios como siempre habían hecho, ha sido un desplante de Televisa y Azteca para que los televidentes se indispongan con los partidos políticos. A los ciudadanos no nos faltan motivos para recelar de todos y cada uno de los partidos actualmente vigentes e incluso para no votar por ninguno de ellos. El alejamiento de los auténticos problemas nacionales e incluso respecto de la sociedad, el tráfico de influencias que prevalece en la mayoría y las disputas por pequeñas pero rentables parcelas de poder al interior de todos ellos, son suficientes para que recelemos de los partidos políticos. Pero una cosa son las faltas que los propios partidos han incorporado a su perfil público y otra que se les inventen, así como a la autoridad electoral, pifias que no han cometido.

Eso hicieron las televisoras. Al colocar delante de los spots seriados hasta el tedio una advertencia indicando que se transmitían por instrucciones del IFE, Televisa y Azteca buscaron, dolosamente, engañar a sus televidentes. El Instituto Federal Electoral, en cumplimiento de la ley vigente desde enero del año pasado y que le concede 48 minutos diarios en cada televisora y radiodifusora, les entregó a las televisoras las pautas que indicaban cuáles mensajes habrían de transmitirse cada hora. A solicitud de las propias televisoras, el IFE no precisó exactamente en qué momento debían difundirse los spots y aclaró que en el caso de eventos deportivos los anuncios podrían posponerse para no interrumpir las transmisiones.

El estrépito que se levantó cuando las emisiones de varios partidos de futbol fueron suspendidas para dar paso a los anuncios políticos estuvo calculado por las televisoras. Pero los televidentes tienen larga experiencia como víctimas de agravios mediáticos. Tan solo en el futbol, llevan años padeciendo la interrupción de los partidos con anuncios comerciales que bloquean parcial o totalmente la pantalla, o con avisos y ruidos que distraen la atención también con finalidades mercantiles.

A los espectadores de la televisión mexicana, que saben que son Azteca y Televisa quienes abusan de la ausencia de opciones, se burlan de ellos y les faltan al respeto mutilando e interrumpiendo los programas, para no mencionar la calidad de sus contenidos, será difícil imponerles la engañifa acerca de los mensajes políticos. El saldo de este estruendoso pero efímero episodio sería limitado si no fuera porque ni Televisa ni Azteca son mozalbetes como los del ejemplo con el que comienza este artículo.

Se trata de las empresas que, por indolencia y perplejidad del Estado, monopolizan el 94% de los canales de televisión comercial en México. Evidentemente no tienen ni entienden la responsabilidad que implica un poder cultural y social, y desde luego político, de esa índole.

El episodio de los spots muestra la soberbia y prepotencia, junto con el ridículo infantilismo, que domina en Azteca y Televisa. También manifiesta los rezagos que persisten no en la legislación electoral sino en la legislación para la radiodifusión en donde, hasta ahora, dos empresas acaparan el mercado televisivo y se dan el lujo, como aquel personaje tan cuestionable, de mandar al diablo a las instituciones.

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