Sociedad y poder

Este fin de semana se cumplieron 50 años de la represión contra los trabajadores ferrocarrileros. La tarde del 28 de marzo de 1959 el dirigente nacional de ese gremio, Demetrio Vallejo, fue detenido junto con otros líderes sindicales. Poco después, elementos del ejército mexicano ocuparon las instalaciones en varios lugares del país que se encontraban en huelga desde tres días antes.

La represión que el gobierno del presidente Adolfo López Mateos emprendió contra los ferrocarrileros desbarató la experiencia democrática que desde varios meses antes había logrado colocar al frente de aquel sindicato a un dirigente respaldado por los trabajadores. Desde entonces, parecía claro que los intentos por la democracia sindical solamente podrían prosperar si tenían la aquiescencia del poder político –el cual, desde aquellos años, se encadenaba cada vez más a los intereses de los líderes charros–. Aquella represión se tradujo, además, en enormes injusticias. Demetrio Vallejo y algunos de sus compañeros, entre ellos Valentín Campa, permanecieron encarcelados durante once años.

El encono presidencial contra Vallejo y los ferrocarrileros de ánimo independiente había comenzado cuando, en 1958, ese dirigente ganó de manera arrasadora las elecciones para el comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Posiblemente tenga algo de exageración, pero la versión que prevalece sobre aquella elección relata que el cómputo fue suspendido cuando la planilla de Vallejo llevaba 59 mil votos y sus contrincantes solamente nueve.

Meses más tarde, la nueva dirección sindical tuvo que ocuparse de las revisiones salarial y del contrato colectivo que vencían en febrero para los trabajadores de los Ferrocarriles Nacionales y varias semanas después en los Ferrocarriles del Pacífico y Mexicano. Las movilizaciones del sindicato para difundir sus reivindicaciones fueron enfrentadas con una intensa campaña macartista. “Conjura roja”, exclamaban personeros del gobierno y numerosas voces en la adocenada prensa de aquel último trecho de los años 50. Cuando el sindicato anunció que realizaría una manifestación el 22 de febrero, el gobierno la prohibió y únicamente autorizó un mitin. El 25 de febrero los trabajadores estallaron la huelga, pero unos minutos más tarde la Junta Federal de Conciliación la declaraba inexistente. Ante la posibilidad de mayores represalias, la dirección sindical aceptó las propuestas de la empresa y levantó la huelga.

Aún estaban por resolverse las peticiones de los trabajadores en las otras dos empresas ferroviarias. El 25 de marzo el sindicato estalló sendas huelgas en los ferrocarriles Mexicano y del Pacífico. La pretensión salarial era idéntica a la que habían conseguido los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales –16%– además de algunas prestaciones. Pero no era económico el significado principal de aquellas huelgas, que además ponían a prueba la capacidad de un sindicato apartado de la órbita de influencia oficialista para defender los intereses de sus agremiados.

Aquel 25 de marzo era miércoles de Semana Santa. La coincidencia de la huelga con la afluencia de vacacionistas en todo el país fue aprovechada por los medios de comunicación que enderezaron una cruzada contra el sindicato ferrocarrilero acusándolo de trastornar el asueto de la sociedad mexicana. Junto con esa campaña, menudean los amagos. Horas antes de que la huelga estallase, fueron despedidos los trabajadores más activos por su militancia sindical. Igual que la anterior, la nueva huelga fue declarada inexistente pero el sindicato obtuvo un amparo que le permitía mantenerla.

En todo el país, las secciones del sindicato estallan paros en solidaridad con sus compañeros en huelga. Esas acciones, y la huelga misma, propician el despido de centenares de ferrocarrileros y la detención de docenas de ellos. El 27 de marzo los dirigentes nacionales, encabezados por Demetrio Vallejo, visitan al secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, para explicarle que ahora la huelga exige la reinstalación de los despedidos, además del aumento salarial y reparación a diversas violaciones contractuales.

La espiral del enfrentamiento era irrefrenable. A cada muestra de fortaleza del sindicato, cuya huelga concitaba enorme interés y solidaridad en otros gremios, se enardecía la respuesta del gobierno. A cada medida autoritaria, el sindicato no podía responder sino manteniendo su huelga. El 28 de marzo Vallejo y los dirigentes Hugo Ponce de León y Alejandro Pérez Enríquez fueron detenidos en un restaurante contiguo al edificio sindical. El procurador de la República, Fernando López Arias, aseguró que los detenidos “desarrollaban un plan de agitación y de graves daños a la economía del país, guiados por comunistas”.

Detenidos sus principales dirigentes, la huelga se mantuvo unos días. En su libro Mi testimonio, Valentín Campa relata: “Todo el ejército fue movilizado. Se estableció el estado de sitio en los barrios en donde vivían los ferrocarrileros. En las colonias Guerrero y Vallejo, del Distrito Federal, se prohibía reunirse en la calle a más de tres personas. Sin embargo, las divisiones del sureste no pudieron ser controladas por el ejército. En ellas las pequeñas guarniciones no eran capaces de evitar el movimiento, por lo que la huelga general continuó hasta el 12 de abril”.

Miles de trabajadores fueron despedidos. El sindicato fue entregado a una dirigencia espuria. Vallejo y Campa fueron presos políticos hasta 1970. Su liberación fue una de las banderas del movimiento estudiantil del 68.

Absurda y emblemática, la represión contra el movimiento ferrocarrilero expresó límites y obcecaciones del Estado mexicano. Si algo han cambiado desde entonces las cosas en este país, se debe en buena medida al empeño de mexicanos como aquellos trabajadores que a pesar de la intolerancia gubernamental se empeñaron en defender derechos gremiales y ciudadanos que resultan fundamentales. Aquellos ferrocarrileros de 1959 se encuentran entre nuestros héroes cívicos.

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A un futbolista no hay que pedirle que sepa alternar con elegancia y sagacidad en el debate público sino que pueda meter goles. De los periodistas deportivos, no habría que esperar indiscreciones y anécdotas menores sino hechos. Sin embargo el afán de notoriedad que abruma y con frecuencia define a los futbolistas y muy especialmente el ansia de espectacularidad que obsesiona al futbol mexicano, ha convertido a ese deporte en permanente escenario de estrépito.

El interés que no suscitan las frecuentemente grises actuaciones en la cancha, es tristemente reemplazado por una feria de episodios a veces impostados y en otras, como sucedió con Nery Castillo, consecuencia de esa confusión entre el espectáculo deportivo y el espectáculo circense.

Al joven y en ocasiones brillante delantero del Shakhtar Donetsk, de Ucrania, le ha ido mal con los medios a consecuencia de que no le ha ido del todo bien en el futbol. Los traspasos de un equipo a otro, el vagabundeo por media Europa y quizá el jet lag acumulado por los recorridos trasatlánticos, junto con alguna pregunta impertinente, lo llevaron a la intolerancia pendenciera el miércoles pasado cuando participaba en una conferencia de prensa. Cuando un reportero le recordó los cuestionamientos que ha recibido en diversos medios mexicanos Castillo se exaltó y exhibió una desmañada concepción de las diferencias que a su juicio deben mantenerse entre informadores y futbolistas.

Los medios en México, se quejó, critican a los jugadores cuando fallan y no los arropan cuando tienen éxito. Los periodistas destinados a informar sobre ese deporte, insistió, no tienen autoridad suficiente para opinar de futbol porque no han sido jugadores destacados. Y como esas declaraciones comenzaron a suscitar silbidos entre los reporteros y camarógrafos, Castillo les recordó que no han podido sino conformarse con permanecer en México cuando él y otros de sus compañeros juegan y viven en Europa.

Si la doctrina Castillo funcionara en otras áreas, solamente podrían escribir de cine personajes como Francis Ford Coppola o Steven Spielberg y, entre nosotros, Felipe Cazals, Paul Leduc o Alejandro González Iñárritu. Y en materia de asuntos políticos, las columnas de esa índole solamente podrían estar firmadas por mujeres y hombres como Beatriz Paredes, Jesús Ortega, Germán Martínez y (¡horror!) Elba Esther Gordillo o Porfirio Muñoz Ledo.

La idea de que para opinar sobre un asunto hay que haber sido artesano o profesional en ese campo, suele ser coartada para eludir la crítica. Pero en algo quizá tiene razón el iracundo joven que nació en San Luis Potosí pero cuya ascendencia uruguaya también le hubiera permitido jugar en la selección futbolística de aquel país sudamericano. En los medios, los personajes públicos no suelen encontrar reconocimiento por sus logros sino en sus tropiezos. Vende más, mediáticamente, un altercado callejero que una jugada magistral en el terreno de juego. A la postre, y con excepciones que son eso, la prensa electrónica y escrita recuerda más los dislates verbales que, cuando ocurren, los méritos profesionales de los deportistas. Y lo mismo puede decirse para cineastas, políticos, actores y cualquier otro gremio con visibilidad mediática frecuente.

Las fanfarronadas de Neri Castillo son inaceptables –especialmente el burdo reto que formuló a un reportero de La Afición para dirimir sus diferencias a trancazos–. También resulta algo lacrimoso el coro de indignaciones que, en parte auspiciadas por la solidaridad gremial entre los reporteros y que, al mismo tiempo, construyen un nuevo villano en este contexto de maniqueísmo mediático. Pero no son más que expresión de un futbol agobiado por el nerviosismo y en donde la supremacía del negocio y el espectáculo desplazan a la calidad deportiva.

Ojalá que Castillo se reivindique mañana sábado, no delante de los micrófonos sino en la cancha del Azteca, en el partido contra Costa Rica. Y ojalá que el resultado, sea cual sea, no conduzca a olvidar que el encuentro realmente difícil para la selección mexicana será el del miércoles siguiente, el 1 de abril, contra Honduras en San Pedro Sula.

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La bravuconería de Germán Martínez amplificada por los medios, la torpeza del PRI para explicar con claridad sus posiciones legislativas, la prácticamente completa ausencia del PRD en una discusión del mayor interés nacional y –claro– la inminencia de la temporada electoral, se han conjugado para hacer de la iniciativa de Ley de Extinción de Dominio un acontecimiento publicitario en vez del tema de deliberación nacional que hubiera sido necesario.

En varias ocasiones el gobierno federal ha insistido en que esa iniciativa sea aprobada. La extinción de dominio es la facultad de la autoridad judicial para despojar a un presunto delincuente de los bienes obtenidos como resultado de un delito, o en los cuales se ha apoyado para cometer un hecho ilícito. De esa manera, durante la averiguación judicial el Ministerio Público podría decidir la confiscación de propiedades o recursos que, de otra forma, la delincuencia organizada seguiría usufructuando en su beneficio.

La extinción de dominio ha sido exitosa en países como Colombia. Pero implica riesgos que es indispensable tomar en cuenta, sobre todo la posibilidad de que con ese instrumento legal el Estado actúe de manera autoritaria violentando derechos de las personas y, junto con ello, el riesgo de que en la persecución a los delincuentes se afecten los intereses de personas inocentes.

Cuando el presidente Felipe Calderón envió al Congreso su iniciativa de Ley Federal de extinción de dominio, diversas voces expresaron reparos por los riesgos que implicaría tal y como fue presentada. El presidente se desesperó y aunque aquella propuesta fue turnada a mediados de septiembre, pocos meses después comenzó a culpar a los legisladores por demorar su aprobación.

Ese reproche se volvió cantinela del Partido Acción Nacional en contra del PRI, con más afán de disputa política que de construir instrumentos sólidos para enfrentar a la delincuencia organizada.

Antes del 10 de marzo, tres comisiones del Senado acordaron convocar a un par de audiencias públicas para discutir la ley de extinción de dominio y otra más, relacionada con el narcomenudeo. Había una ruta de análisis acerca de ese tema y un calendario legislativo inicialmente contemplado por los partidos. Es difícil suponer que el presidente del PAN, Germán Martínez, no estuviera enterado de esa ruta cuando, el jueves 19 de marzo, aprovechó la reunión de los banqueros en Acapulco para despotricar contra el PRI por no aprobar leyes como, precisamente, la que haría posible la extinción de dominio.

Una semana antes, el 12 de marzo, se había realizado la audiencia en donde varios especialistas en derecho expresaron reparos fundados acerca de la propuesta de Calderón. Aunque ellos reconocieron que la Ley de Extinción de Dominio puede ser un instrumento útil en el combate a la delincuencia, los investigadores convocados por el Senado subrayaron dificultades legales y prácticas de esa iniciativa.

El Dr. Sergio López Ayllón, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, consideró que, a diferencia de la propuesta presidencial, la declaración de extinción de dominio tendría que ser resuelta por ministerios públicos especializados y solamente después de previo acuerdo con el Procurador General de la República. Incluso sugirió que, así como sucede con algunas leyes similares en otros países, la de extinción de dominio estuviera a prueba durante un lapso específico para que solamente se ampliara su vigencia en caso de haber tenido resultados favorables en el combate al crimen organizado. Esa y el resto de las opiniones recabadas en la audiencia están disponibles en el sitio web del Senado.

A sabiendas de que estaba en marcha la discusión de ese tema en las comisiones senatoriales, el presidente del PAN insistió en que el Congreso, y especialmente los priistas, tenían que definirse: al lado del presidente Calderón en el combate a la delincuencia, o en otro flanco. Aquella exigencia era esquemática y tramposilla, porque ni hay vías únicas para combatir a los delincuentes ni el presidente de la República es el único responsable de esas acciones. Martínez insistió en ello en un video que colocó el domingo 22 de marzo en el sitio del PAN en Internet. Varios correligionarios suyos repitieron esa maniquea exhortación exigiendo a los legisladores de otros partidos que se definieran: con Calderón o con los delincuentes.

Tardías, desarticuladas e insuficientemente claras, las explicaciones del PRI se produjeron desde una posición defensiva. Así, la reunión que tendrían ayer por la noche las comisiones senatoriales que estudian las iniciativas en materia de seguridad pública era leída en algunos medios como un triunfo de Germán Martínez. La videodiatriba del presidente del PAN se oponía, así, a la deliberación de los legisladores.

Muy pocos de esos medios tuvieron la precaución, hace dos semanas, de reseñar las reticencias que subrayaron los especialistas convocados a discutir la extinción de dominio y que obligan a un trabajo legislativo escrupuloso en ese tema.

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Cada vez que escucho Tears in heaven me acuerdo de Luis Donaldo Colosio. Tres meses y medio antes de ser asesinado en Tijuana, el ya para entonces candidato presidencial del PRI llegó a casa de unos amigos con un disco que llevaba de regalo. Se trataba del álbum “Unplugged” de Eric Clapton que incluye aquella melodía, conmovedoramente melancólica, dedicada a su hijo Conor, de cuatro años, que había muerto al caer de un rascacielos en Manhattan.

No recuerdo si conocíamos el origen de aquella letra lastimada y triste. Pero varias horas y algunas botellas de tinto después de haber comenzado la reunión, Luis Donaldo pedía que se repitiera una y otra vez.

Era una tarde de sábado, a comienzos de enero de 1994. Pocos días antes había estallado la rebelión zapatista en Chiapas. Unas horas después, Colosio iniciaría su campaña electoral en una paupérrima población hidalguense. Pero se dio un rato para conversar con media docena de amigos y conocidos que habíamos publicado un documento llamando a una solución negociada del desafío del EZLN.

De ese encuentro escribí algunas líneas en el semanario etcétera, en marzo de 1995. José Woldenberg, anfitrión de la reunión, se refirió al mismo episodio, un año antes, en la misma publicación. En el transcurso de 15 años he escrito centenares de cuartillas sobre Colosio y su asesinato. El episodio que siempre recuerdo, a pesar de todos esos textos, es aquel encuentro de enero del 94.

Colosio estaba preocupado. Conocía las dimensiones de la desigualdad social de este país y entendía que allí se encontraba su reto principal. Quería articular un discurso distinto del priismo tradicional –y nos lo decía a un grupo de interesados en los asuntos públicos que teníamos clara y pública distancia respecto de ese partido– y trataría de hacer una campaña de propuestas.

Se podía dar el lujo de explayarse en diagnósticos e ideas, incluso con un sesgo crítico, porque no tenía rivales de cuidado. Una vez conquistada la candidatura priista, Colosio era casi seguro ganador de la elección presidencial. Las primeras encuestas de ese año le reconocían el 68% de intención de voto, frente a 11% y 18%, respectivamente, de PAN y PRD. Así que no era ganar más votos, sino consolidar un proyecto de gobierno, lo que le inquietaba a ese candidato.

Quería hacerlo bien. Con seriedad. Pensando en el futuro. Le preocupaba la disrupción que podía significar en las campañas un discurso que se mimetizara con el radicalismo del Ejército Zapatista por parte del Partido de la Revolución Democrática. Lejos del encono que la candidatura de izquierdas en la anterior elección presidencial suscitó en el gobierno federal en el que había sido secretario de Desarrollo Social, Colosio tenía respeto por Cuauhtémoc Cárdenas y así nos lo manifestó, interesado en encontrar puentes de interlocución con él. La posibilidad de contribuir a un diálogo civilizado entre los dos principales candidatos nos entusiasmó a algunos de los asistentes a esa reunión.

De eso y otras cosas conversamos hasta ya entrada la noche. Transcurrida la charla política, Luis Donaldo se empeñaba en escuchar otra vez, y otra y otra, el disco de Clapton con la dolorida canción sobre las lágrimas en el cielo.

Aquella noche nadie imaginaba, ni hubiera querido imaginar, lo cerca que estábamos de Lomas Taurinas y la catástrofe política que ocurrió entonces. No sé cómo hubiera sido el gobierno de Colosio si no lo hubieran matado. Estoy seguro de que, igual que había ocurrido hasta entonces, habríamos discrepado respecto de muchas de sus acciones y coincidido en otras. Supongo que, igual que lo había hecho en varias ocasiones desde que fue dirigente del PRI, Luis Donaldo habría procurado espacios de interlocución con opiniones críticas.

Ahora muchos de quienes lo conocieron dicen que fueron amigos de Luis Donaldo. Quizá el talante afable junto con el interés para escuchar, ambos parte de sus atributos políticos pero antes que nada como persona, dejaban con frecuencia esa impresión. Yo no puedo decir que fui amigo suyo porque en nuestras conversaciones, a veces en compañía de otros, en ocasiones en privado, nunca trascendimos la frontera de los asuntos políticos. Siempre con respeto, siempre con diferencias, Luis Donaldo era respetuoso de las opiniones distintas a las suyas pero, a diferencia de tantos políticos convencionales, no se quedaba sin decir sus verdades y puntos de vista.

No sé cómo hubiera sido México gobernado por Colosio. Nadie lo sabe. El país que hoy tenemos se ve tan distinto al que comenzó a cambiar hace 15 años que esa especulación, además de ociosa, resulta extravagante. También es inútil idealizar a Colosio, que como todos los hombres tenía contraluces.

Lo que sé sin duda alguna es que se trataba de un hombre bueno, movido por una vocación de servicio que trascendía el mero afán de poder que agita a todos los políticos. Por eso, y por aquella sesión cuando la escuchamos obsesivamente, siempre me acordaré de Luis Donaldo cuando oiga Tears in Heaven.

Asediado por una realidad política que le resulta cada vez más inmanejable, inhábil para definirse como partido en el gobierno sin ser por ello el partido del gobierno, Acción Nacional se enfrenta, en las elecciones próximas, a la prueba crucial de la primera mitad del sexenio actual. La impericia de sus dirigentes actuales para tomar distancia respecto del gobierno, convierte la votación que el PAN reciba en los comicios de julio en una suerte de plebiscito acerca de la gestión del presidente Felipe Calderón.

Ante esas elecciones el PAN tiene la posibilidad de solidificarse como un partido cuya vitalidad le permitiera contar con diversidad y equilibrios internos, o como una organización vertical y subordinada a los antojos del presidente Calderón y de sus operadores dentro del propio partido, encabezados por Germán Martínez.

Esas son las opciones que se dirimen, antes que nada, en la designación de candidatos panistas a diputados federales. Como se comentó aquí hace varios días, únicamente en 105 de los 300 distritos electorales el PAN designará a sus candidatos en elecciones primarias. El resto están siendo designados por los órganos de gobierno de ese partido. Pero incluso en los procesos abiertos a la participación de miembros activos y adherentes del PAN, hay indicios de que la dirección nacional de ese partido está procurando que sean electos candidatos a diputados que no pongan en cuestión, en lo más mínimo, los intereses de la cúpula panista ni del presidente de la República.

Así está sucediendo en Chihuahua, al menos de acuerdo con apreciaciones difundidas en la prensa local. El próximo domingo 22 de marzo en esa entidad habrá elecciones panistas para elegir propuestas de diputados plurinominales. La semana siguiente, el domingo 29, serán electos los candidatos a diputados de mayoría relativa y se definirán las posiciones de los panistas chihuahuenses en la lista regional de diputados plurinominales.

En las semanas recientes, en Chihuahua, la precampaña más vistosa e intensa ha sido la que llevó adelante Javier Corral Jurado, que busca un sitio en la lista plurinominal del PAN. Corral tiene méritos indiscutibles para representar a su estado y a su partido en la próxima Legislatura federal. Su idoneidad para el trabajo parlamentario quedó de manifiesto desde hace una década cuando fue diputado y, más recientemente, como senador. Las simpatías que despierta dentro y fuera de su estado no son pocas. Sin embargo su postulación podría estar suscitando un inopinado rechazo en la cúpula panista.

Comprometido con la reforma de los medios de comunicación, la valentía y la capacidad de propuesta de Javier Corral le han ganado animosidades en las televisoras privadas. Esa posición podría parecerles incómoda al presidente Calderón y a Germán Martínez, el presidente nacional del PAN, sobre todo si privilegian la aquiescencia con Televisa y TV Azteca antes que la reivindicación de principios históricos de ese partido como el combate a los monopolios y la libertad de expresión.

Hace unos días la columna “Balcón”, firmada con el seudónimo “Don Mirone” y que apareció en la edición del domingo 15 de marzo de Norte de Ciudad Juárez, reseñó con detalle algunas de las reticencias de la dirección partidaria y el gobierno federal que podrían entorpecer la decisión de los panistas de Chihuahua.

Si llegan a considerar que el tema de los |medios es prescindible –a pesar de que no hay día en que no aparezca como problema en el escenario público nacional– podría conjeturarse, en expresión de esa columna, que “ni a Calderón ni a Germán les conviene en estas circunstancias que el aguerrido parralense criado en Juárez llegue a la legislatura. De ahí que sean ciertos los rumores de que el Gran Elector –y no estamos hablando de Elías Calles, sino de Felipe Calderón– esté maniobrando para dejar fuera a don Javier”.

Prosigue esa columna: “Otro tema es el ideológico y esto no tiene que ver con las televisoras, sino con la doctrina. La paradoja es que Javier coloque como eje de su discurso el de volver a los principios de Gómez Morín, cuando para un gran espectro del panismo, sobre todo local, les causa roncha, sobre todo a los más derechosos, su acercamiento desmedido a un sector ilustrado de la izquierda en la ciudad de México. De incongruencia no se puede hablar si se toma nota que Corral contendió por la gubernatura en alianza con un PRD casi invisible en Chihuahua”.

“Varios temas pues confluyen para que la candidatura de tan ilustre personaje no convenga a los intereses presidenciales y partidistas: ni el pleito con las televisoras, ni las divergencias ideológicas. Por otra parte Calderón no es Vicente Fox y todos saben que no se mueve ni un papel sin su consentimiento, y don Javier tuvo la osadía de aventarle, prácticamente, la renuncia al CEN…”

En agosto pasado Corral renunció al comité nacional del PAN, después de varios desacuerdos que fueron precipitados por la destitución de Santiago Creel como coordinador de los senadores de ese partido.

Ahora, la operación en contra de Corral consistiría en movilizar a las corrientes panistas de Chihuahua para que en las elecciones de los próximos domingos voten fundamentalmente por personajes de menor presencia pública pero, presumiblemente, mayor docilidad política. Así lo explica el multicitado texto de Norte de Ciudad Juárez:

“Para dejar fuera a Corral la estrategia puede parecer muy burda, quién sabe si efectiva: le quitan los brazos y los pies, y dejan sin andar su campaña. De ahí que el intento a través de la alianza de CEN-CDE con el Dhiac-Yunque sea irse con la fórmula Arturo Urquidi y Velia Aguilar Armendáriz, una pareja más bien mediocre, que pasará desapercibida en la Cámara de Diputados, pero que dejará fuera de la jugada al combativo Corral”.

“La pregunta que queda en el aire –finaliza el comentario– es si Corral Jurado se quedará tranquilo y si por salvar este embrollo Germán Martínez no mete al PAN y a su jefe inmediato en más problemas de los que ya tiene. Lo peor sería que esto proviniera de una entidad que hasta ahora para ellos resulta políticamente aplacada. El dilema no es fácil para los intolerantes dirigentes, porque tienen frente a sí a un beligerante precandidato con aliados importantes por activar… y por otra parte está la presión, esa sí, de las televisoras, y prescindir de ellas en tiempos electorales pudiera parecer suicida. Así está la película”.

ALACENA: PAN, a dos puntos del PRI

Desde luego el PAN tiene motivos de sobra para preocuparse por las elecciones de julio pero también sus competidores principales. La encuesta GEA-ISA, levantada en la primera semana de marzo, encontró que el 41% de los ciudadanos que piensan votar lo haría por el PRI, en tanto que el 39% respaldaría al PAN. Hace cuatro meses el PRI iba adelante en las expectativas de voto, con 43% frente a 35% del PAN. Pero hace diez meses, en mayo de 2008, los panistas llevaban la delantera con 47% frente a 27% de los priistas. Lo único claro es la veleidad que, en estas circunstancias, define a la intención de voto de los mexicanos.

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Los dirigentes del PRD buscan arroparse en la excepcionalidad estadística para minimizar las trapacerías en sus elecciones internas del domingo pasado. De varios centenares de casillas instaladas en el Distrito Federal y el Estado de México, solamente hay tres en donde se suscitaron incidentes, insistía ayer Jesús Ortega.

Pero qué incidentes. Nada mejor para entender las dimensiones de esos atropellos que el recuento que hizo, con el propósito de minimizarlos, el propio presidente nacional de ese partido: “uno que sucedió en el municipio de Donato Guerra en el Estado de México, en donde un grupo de personas impidió el que se instalaran las casillas en ese municipio. Otro hecho lo tenemos localizado en el municipio de Los Reyes la Paz, donde habiéndose desarrollado completamente la elección, donde se desarrolló sin mayor contratiempo y sin mayores incidentes, unas horas después de que se había culminado el proceso electoral un grupo de individuos que no tenemos localizados, que no tenemos identificados, sustrajo las urnas con las boletas, e incluso ante la resistencia de una funcionaria de la casilla la subieron a la camioneta para soltarla algunos metros después”.

Eso de “soltarla” no deja de ser un eufemismo. A la joven Edith Vázquez Díaz, que cuidaba la casilla del PRD en la colonia La Magdalena, seis asaltantes empistolados la subieron a la fuerza a una suburban y varias calles más adelante la tiraron del vehículo en movimiento. Los dirigentes de ese partido dicen que podría tratarse de “una provocación del PRI”. Pero ¿qué interés podrían tener los priistas, de por sí bastante atareados en sus propias dificultades internas, para distorsionar la elección del PRD que se basta sólo para crearse problemas?

El incidente más notorio sucedió en el centro de Coyoacán donde un grupo inconforme con los resultados que iban surgiendo del cómputo distrital asaltó el local del PRD, se robó millares de boletas y las quemó en plena calle. Algunos dirigentes locales han dicho que se trató de más de 50 mil boletas cuya destrucción obligaría a repetir las votaciones en una de las delegaciones de la ciudad de México que han sido más fieles a la identidad perredista.

Aunque fuesen los únicos, tales episodios tendían que resultar suficientes para subrayar el escaso aprecio por la legalidad interna que se mantiene dentro del PRD. Pero los recuentos periodísticos indican que las anomalías estuvieron mucho más extendidas en las elecciones del domingo. “Acusaciones mutuas de acarreos, compra de votos, entrega de despensas, operaciones tamal y carrusel, exigencias de anulación de las votaciones en ciertas delegaciones, robo de paquetes electorales, conatos de enfrentamientos, presencia de grupos de choque y armados, y al menos diez personas presentadas ante el Ministerio Público”, integraban la enumeración de coacciones y trampas de las que dieron cuenta los reporteros de La Jornada en su nota del lunes pasado.

Quizá lo que resulte exagerado sea considerar anomalías a esos incidentes. La coerción y el fraude forman parte de la vida regular en el Partido de la Revolución Democrática. Esas prácticas, independientemente de cuál de sus muchas tribus –como sus propios integrantes las denominan– las cometan, parecieran formar parte del código genético perredista.

Los intentos para menospreciar esos hechos, considerándolos como excepciones, forman parte de la incapacidad del PRD para revisar su historia reciente y sus menguadas perspectivas. Y son expresión de una doble moralidad que practican tanto dirigentes como simpatizantes de ese partido. Basta imaginar el escándalo que hubieran sostenido si una sola de esas fullerías se hubiera registrado en otro partido. El alboroto en numerosos medios sería mayúsculo. Pero tratándose del PRD, en ocasiones por simpatía con ese partido, en otras simplemente por cansancio, las apreciaciones críticas son escasas.

ALACENA: El periódico

También en la órbita de influencia perredista pero surgido de una operación financiera y política que no ha sido clara, esta semana comenzó a circular en la ciudad de México, aún en sus ediciones cero, El Periódico, que se ufana de editar un millón de ejemplares. Dirigido por el periodista sonorense Ramón Alfonso Sallard, El Periódico tiene como Coordinador de Opinión al investigador Ernesto Villanueva y como Directora de Relaciones Públicas a Laura Itzel Castillo, ex funcionaria del gobierno de la ciudad de México.

Varios personajes cercanos a Andrés Manuel López Obrador forman parte de la nómina de colaboradores de la nueva publicación, entre ellos Alejandro Encinas, Mario di Constanzo, Gabriel Regino y María Fernanda Campa. Sean cuales sean sus propósitos políticos, resultarán apreciables conforme esa nueva opción editorial se desarrolle.

Publicado en www.ejecentral.com.mx

Por argumentos, no quedó. Lo que faltó fueron votos. Los tres consejeros que el viernes pasado consideraron que el IFE debía multar a Televisa por las alteraciones en la transmisión de los spots electorales al comienzo de las precampañas, expusieron con claridad sus motivos. Frente a ellos, los cinco consejeros que hicieron mayoría para ratificar la absolución a esa empresa se limitaron a insistir en que no había ilegalidad porque el código electoral no menciona expresamente las conductas en las que incurrieron las televisoras para hacer mofa de los mensajes políticos.

Como se recordará, entre el 31 de enero y el 1 de febrero esas empresas se pusieron de acuerdo para transmitir en bloque, anticipándolos con advertencias que predisponían a los televidentes, los mensajes de los partidos y la autoridad electoral. En algunos casos esos spots interrumpieron la transmisión de eventos deportivos en vez de haber sido incluidos junto con el resto de los anuncios que difunden las televisoras.

En una primera sesión para ventilar ese asunto, la propuesta del secretario general del IFE para sancionar a Televisa y Azteca fue descartada por 6 de los 9 consejeros electorales el viernes 13 de febrero. Impugnada por tres partidos, esa decisión fue revocada por el Tribunal Federal Electoral y por eso el más reciente viernes 13, ahora de marzo, el consejo general del IFE volvió a ocuparse del tema. Únicamente se discutió el expediente relativo a las faltas de Televisa que es el que el Tribunal envió de regreso al Instituto Federal Electoral.

El litigio principal se desarrolló en torno a la interpretación que podría tener el apartado D del artículo 350 del Código Electoral que, entre las infracciones que deben sancionárseles a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, incluye la siguiente: “La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos, o para calumniar a los candidatos”.

En esa disposición se apoyó el secretario general del IFE para proponer las sanciones a las televisoras.

En respaldo a tales sanciones, el consejero Alfredo Figueroa dijo: Las conductas de Televisa constituyen un acto de manipulación de la propaganda electoral de los partidos políticos. Lo son porque Televisa operó e intervino indebidamente y por cuenta propia en la difusión de la propaganda electoral de los partidos y de la propia autoridad”.

Más adelante, Virgilio Andrade matizó pero también se adhirió a las sanciones: “No comparto la idea de que haya sido violada la pauta. Es más, como nunca antes vimos su cumplimiento, en virtud de que se pasó en estricto orden, con los promocionales a la hora que se programaron en los días y además sin falta alguna de los mismos. Sin embargo, en lo personal considero que sí hubo manipulación de la propagada electoral por la integración de distintos fenómenos y elementos que no se habían presentado nunca antes y que no tenían necesidad de haberse dado, tales como fueron la agrupación en bloque, la acumulación de distintos spots en dos horas diferentes, el encadenamiento en distintos canales y la presentación de la propia cortinilla; además de la interrupción de programas sin que fuere necesario hacerlo en virtud de los equilibrios de la programación comercial y de la propia programación de la televisora”.

Todos esos elementos, insistió Andrade, propiciaron “que la propaganda perdiera su sentido original, de tal suerte que se generara por el impacto masivo que tiene la televisión y por su propio poder natural de impacto y penetración, una predisposición colectiva de

rechazo al proceso electoral, adicional al juicio original y genuino que pudiesen haber hecho los ciudadanos y las personas por su libre opinión y crítica de los contenidos de los promocionales”.

En su turno el presidente del IFE, Leonardo Valdés, ratificó el voto que había formulado cuatro semanas antes: “el proyecto de resolución demuestra que se violó lo dispuesto por el artículo 350, párrafo primero, inciso d) del Cofipe, por haber una notoria alteración injustificada en el orden de transmisión, consistente en que en lugar de transmitir en 18 horas diferentes se difundieron sólo 12 bloques marcados por cortinillas, lo cual implica que los spots o mensajes no se transmitieron en la forma establecida por la pauta. Dicha manipulación tuvo como objetivo que se distorsionara el sentido original de la propaganda electoral y tuvo como objetivo darle con ello una connotación negativa”.

Los consejeros que se opusieron a las sanciones se engancharon al alegato de la consejera Macarita Elizondo, quien consideró que no está demostrado el propósito de las televisoras para afectar los propósitos de los mensajes políticos: “la descripción que se hace en la norma de la conducta para que sea sancionable implica que se tenga un fin, que es el de alterar o distorsionar el sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos o para calumniar a los candidatos. Y tal propósito no es evidente”. Además, dijo, la manera como fueron difundidos los spots no se encuentra tipificada en la ley: “Se puede pensar que la forma en que se hicieron las transmisiones no fue la usual, incluso habrá quienes pudieren decir que la interrupción de programas y la presentación de cortinillas fue inoportuna, impertinente e inadecuada, pero eso no es sancionable porque al no estar prevista en la legislación tenemos que ajustarnos, sobre todo en materia sancionadora a los referidos principios de legalidad y de certeza”.

La consejera Elizondo quiso soslayar varias circunstancias. El propósito de alterar la percepción que los ciudadanos tienen de los anuncios políticos fue tan claro que, incluso, varios días después el dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, se ufanó de haberse puesto de acuerdo con Televisa para difundir esos mensajes de la manera en que lo hicieron. En los canales de Azteca, además, los locutores prevenían a los televidentes antes de la transmisión de los spots con frases intencionalmente descalificatorias.

Por otro lado la ley no tiene que hablar de cortinillas, encadenamiento de los mensajes ni tiene que prohibir expresamente la interrupción del Super Bowl para que en esas conductas se pueda identificar una manipulación que busca distorsionar esos spots políticos.

Los consejeros Marco Antonio Gómez, Francisco Javier Guerrero, Arturo Sánchez y Marco Antonio Baños (que no dijo una sola palabra en esa sesión) respaldaron a su colega Elizondo. El consejero Benito Nacif estaba de viaje. Reiteradas de esa manera las posiciones que cuatro semanas antes habían determinado la primera absolución del IFE en beneficio de las televisoras, la decisión del Consejo General se repitió ahora por cinco votos a tres.

Los partidos que hace un mes impugnaron aquel resultado, ahora podrían hacer lo mismo. Convertido en estación terminal de los litigios que el IFE deja sin solución, el Tribunal Electoral tendría que tomar una decisión sobre los spots en vez de mantener una interminable retahíla de recepción y devolución de tales expedientes.

Mientras se mantiene ese ping pong legal, al descrédito que se ha forjado la mayoría de los consejeros del IFE se añade el deterioro en la fama pública de las televisoras. Más allá de las resoluciones legales, entre los ciudadanos atentos a estos temas pareciera quedar claro que, si bien los spots de los partidos tienen contenidos aburridos y superfluos, Televisa y Azteca cometieron un abuso al deformar su transmisión.

El costo que este episodio ha tenido para las televisoras puede resultar mayor al que suponen los asesores de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. La credibilidad, que siempre es un valor apreciable por todo medio de comunicación, en el caso de Televisa y Azteca tiene mermas que pueden apreciarse en puntos de rating. Y entre los partidos, que ahora son tan dóciles ante los consorcios mediáticos porque estamos a las puertas de las campañas electorales, se extiende la convicción acerca de las consecuencias preocupantes que acarrea el altanero poder de esas televisoras.

ejecentral, 16 de marzo

Publicado en eje central.

Inusitado e irregular, el convenio que los directivos de la televisión y la radio llegaron a proponerles a los consejeros electorales el miércoles 11 de febrero era parte de una estrategia para eludir las sanciones que el IFE estaba a punto de imponer en contra suya. La rebeldía de las televisoras que 10 días antes habían distorsionado los mensajes electorales al difundirlos encadenados uno tras otro, con anuncios que prevenían en contra de esos contenidos e interrumpiendo eventos deportivos para disgustar a los televidentes, había convencido a la mayor parte de los consejeros electorales sobre la necesidad de aplicar sanción.

Sin embargo unas horas antes de la sesión del viernes 13 de febrero casi todos los consejeros, uno a uno, fueron desdiciéndose del compromiso que tenían para respaldar las sanciones a Televisa y Televisión Azteca. El argumento que presentaron en esa sesión era bastante peregrino pero, sorprendentemente, fue aprobado por 6 de los 9 consejeros. Esos funcionarios electorales dijeron que las televisoras ya habían enmendado la falta cometida días antes. Y qué mejor prueba de ello, insistieron, que el acuerdo que llevaron al propio IFE comprometiéndose a respetar la legislación electoral.

Dejar de aplicar una sanción porque el infractor dice que ya no lo vuelve a hacer, constituyó una decisión insólita de esos 6 consejeros del Instituto Federal Electoral. Y entre otros motivos, dicha resolución era harto discutible porque estaba sustentada en un documento sin validez legal. Así lo ha reconocido ahora el Tribunal Federal Electoral, que instruyó al IFE para que ahora sí cumpla con el proceso sancionador que es el mecanismo establecido por la legislación actual para revisar y en su caso castigar infracciones a la normatividad electoral.

El que los radiodifusores llevaron al IFE dos días antes de esa fatídica sesión, el miércoles 11 de febrero, era un listado de intenciones parciales, insuficientes y en todo caso que ellos decidían presentarle a la autoridad electoral. Pero no era un convenio. Mucho menos era un compromiso explícito para difundir los spots políticos de acuerdo con las pautas establecidas por el propio IFE.

Aquel documento, denominado Bases de colaboración entre el Instituto Federal Electoral y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Para Promover las Mejores Condiciones en la Administración de los Tiempos Oficiales del Estado en Materia de Radio y Televisión, está repleto de expresiones redundantes porque, con o sin él, los radiodifusores tienen obligación de cumplir la ley. Sin embargo ofrecieron, como si se tratase de una solución providencial al litigio que ellos mismos habían creado en contra del IFE y los partidos, “respaldar, apoyar y acompañar (sic) al Instituto Federal Electoral en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales”, así como “promover las actividades y fines” del mismo IFE y los partidos.

Arrogándose facultades que la ley no les confiere, los directivos de la CIRT anunciaron que apoyarían al IFE “en la administración de los tiempos de radio y televisión destinados a procesos electorales locales”, tarea que corresponde exclusivamente a la autoridad electoral.

En ese documento se establecía el compromiso del IFE para ajustar las pautas de transmisión de los spots electorales a las peculiaridades de la programación de cada estación de televisión y radio. La autoridad electoral puede reglamentar los asuntos específicos de la difusión de tales espacios como, de hecho, ocurrió con las normas que expidió meses antes de la actual temporada de campañas. Pero no puede supeditar sus decisiones a pactos con los destinatarios de tales reglas, entre quienes se encuentran los concesionarios de los medios electrónicos.

Uno de los aspectos más impertinentes de aquel documento era el compromiso que supuestamente adquiría el IFE para establecer, “con la información y el apoyo técnico de la Cámara, los criterios de clasificación de contenidos de promocionales a efecto de que los partidos políticos estén en condiciones de orientar sus mensajes a los públicos correspondientes en cada horario de transmisión”.

Con el pretexto de “proteger los intereses del público infantil y juvenil”, los directivos de la CIRT querían establecer un mecanismo de censura a los mensajes de los partidos políticos y del IFE.

Quizá porque ese convenio parecía resolver el diferendo con las televisoras, tres consejeros y el secretario general del IFE lo firmaron la tarde del 11 de febrero. Menos de 48 horas después ese documento, que parecía haber sido presentado como prenda de buena fe y de responsabilidad de los radiodifusores, sería esgrimido por los consejeros que, mimetizándose con el interés de las televisoras, se negaron a multarlas por las omisiones e irregularidades que habían cometido.

La carencia de validez legal de ese documento fue el motivo para que, el pasado miércoles 11 de marzo, los ministros del Tribunal Federal Electoral resolvieran revocarlo. El PRD y el PT habían impugnado la carencia de atribuciones, para establecer compromisos como ese, de los funcionarios electorales que lo suscribieron. Por su parte, el Partido Socialdemócrata impugnó las restricciones que las “Bases de colaboración” implicaban para la libertad de expresión de los partidos. Con el mismo argumento –la carencia de atribuciones de quienes lo firmaron– el Tribunal le ordenó al IFE que vuelva a examinar las infracciones cometidas por las televisoras.

Por lo demás, el multicitado y conflictivo documento no fue presentado por las empresas televisoras sino por la Cámara Nacional de la que forman parte pero que representa a muchas otras firmas de radio y televisión. En el pasado reciente, algunos radiodifusores que no forman parte de los grandes consorcios mediáticos se han quejado de la utilización facciosa que Televisa y Televisión Azteca hacen de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Este episodio confirma que, igual que se comportan como si fuesen dueños y no concesionarios de las frecuencias de radiodifusión que usufructúan, los directivos de las televisoras actúan, sin serlo, como dueños de la CIRT.

ALACENA: La soledad de Calderón

En su primera plana de hoy viernes, el diario madrileño El País publica un trabajo de su reportero Pablo Ordaz que concluye refiriéndose a los errores recientes de varios de sus ministros y la destitución de Luis Téllez, que “han agrandado la imagen de soledad del presidente Calderón”. Explica: “Hasta sus colaboradores reconocen que desde la muerte trágica del anterior secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, su amigo íntimo y su delfín político, Felipe Calderón ha cambiado su forma de vivir la presidencia. Ahora lo hace encerrado en sí mismo y en su único discurso: ‘Son los narcotraficantes o nosotros, no hay vuelta atrás’. Cada día, el presidente dice la misma frase aquí o allá. Es su conjuro”.

Conjuro, coartada, testarudez o prioridad del presidente Calderón, el problema es que a fuerza de repetirlo obsesivamente ese discurso pierde eficacia.

Zócalo, febrero de 2009

Que están encrespados, no cabe duda. Que son arrogantes, resulta evidente. Que la reciente acometida contra la autoridad electoral y los partidos les resultará fructífera, está por verse.

La manipulación que hicieron de los anuncios políticos señala un viraje en el comportamiento de Televisa y Televisión Azteca respecto de la competencia política y sus protagonistas en este país. Hasta ahora, las televisoras aparentaban respeto a la ley y a las instituciones políticas aunque, de diversas maneras, intentaran influir en la aplicación o incluso en la modificación de las normas jurídicas.

Con la llamada clase política, las televisoras tenían una actitud que oscilaba entre la complacencia y la connivencia. Azteca y Televisa, la primera de manera más burda pero ambas en permanente redención de sus intereses por encima del interés público, se servían, sirviéndola, de la política.

Esa relación comenzó a cambiar desde los primeros momentos del gobierno de Vicente Fox cuando, en ausencia de una política gubernamental para los medios, las televisoras encontraron la ocasión para que fuese en sus oficinas corporativas donde se establecieran las reglas que orientarían a la radiodifusión. El decreto presidencial del 10 de octubre de 2002 que abolió el 90% del tiempo estatal en televisión y más tarde la Ley Televisa, fueron expresión de ese afán de las corporaciones mediáticas para transitar de la simulación, al activismo respecto del orden jurídico. Las pautas que habían prevalecido para los medios nunca les gustaron porque garantizaban la administración estatal del espectro radioeléctrico y les imponían obligaciones como el tiempo fiscal.

Influencia e insolencia

Durante más de 4 décadas y media, desde que la Ley Federal de Radio y Televisión fue promulgada en enero de 1960, los propietarios de los consorcios mediáticos toleraron y capotearon esa normatividad. La indolencia del foxismo, junto con el creciente sobrecogimiento de la mayor parte de la clase política mexicana ante la influencia de los poderes comunicacionales, llevaron a los dueños y operadores de Televisa y Azteca a decidir que ya era momento de imponer sus propias reglas.

Pero se les pasó la mano. La insolencia con que presionaron a dirigentes y candidatos de los partidos políticos con el fin de que sus legisladores respaldaran sin chistar las reforma a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión meses antes de las elecciones presidenciales de 2006, tuvo efectos favorables de manera inmediata pero a la postre les resultó contraproducente. La mayoría resignada y acrítica que aprobó por unanimidad la Ley Televisa en la Cámara de Diputados en diciembre de 2005, se descompuso en las posiciones variadas e incluso de razonado rechazo que se manifestaron durante los primeros meses del siguiente año. Aunque por mayoría, esas reformas fueron aprobadas el 30 de marzo con la objeción de la tercera parte de los senadores.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia para revocar los privilegios más notorios que la Ley Televisa confería a los consorcios mediáticos –que pretendían utilizar a su antojo las concesiones de las que ya disfrutaban– y la existencia de un nuevo contexto político, en donde ya no requerían del respaldo inmediato de las televisoras, les permitieron a los partidos coincidir en una decisión arriesgada y no sin excesos. En septiembre de 2007 los senadores del PAN, el PRI y el PRD aprobaron una iniciativa de reformas constitucionales para abolir la contratación de propaganda política en la televisión y la radio. Había motivos de sobra para ello.

La posibilidad que durante varios años explotaron las empresas mediáticas para ofrecer tarifas discrecionales (había un máximo pero no existían mínimos para los precios que les cobraban a los partidos) implicaba, junto con otras prácticas, la principal fuente de inequidad en las campañas políticas. Los partidos amalgamaron esa decisión junto con otras bastante cuestionables (especialmente la defenestración de los consejeros electorales cuyo desempeño no les gustó a quienes perdieron la elección presidencial de 2006) y a pesar de la azorada protesta de las televisoras, que no concebían una conducta de la clase política capaz de afectar sus intereses, la reforma constitucional fue aprobada a fines de 2007.

Con esas modificaciones a la Constitución, pronto traducidas en abundantes ajustes al Código Electoral, las televisoras y las cadenas de radio más importantes perdían un negocio cercano a 2 mil millones de pesos, que es el monto que los partidos gastaron (siempre con dinero fiscal) en la contratación de espacios en televisión y radio durante las campañas de 2006. Pero además del quebranto financiero, los dueños y operadores de los consorcios mediáticos entendieron que el poder del Estado no siempre se les subordinaba con la benevolencia de antaño. Es la guerra, se dijeron. Y han actuado en consecuencia con ese reconocimiento.

Millones de spots

La reforma de 2007 no les gustó a las televisoras. Sobre ella y las reglas para ponerla en práctica han difundido verdades a medias y sobre todo numerosas mentiras. Han dicho que gracias a esa reforma los partidos se apoderan del tiempo oficial en los medios pero esos espacios, comprimidos durante el gobierno de Fox, siempre han sido para el Estado. Sostienen que los mensajes políticos ahuyentan a las audiencias (como si a televidentes y radioescuchas les encantaran los anuncios comerciales) y que les resta espacio para la publicidad pagada (cuando se trata de segmentos que de cualquier manera tenían obligación de abrir para otros mensajes oficiales).

Como los lectores de Zócalo saben, la reforma constitucional adjudicó al Instituto Federal Electoral la responsabilidad de administrar 48 minutos diarios de mensajes políticos durante la temporada electoral. Ese lapso, en 2009 comenzó el 31 de enero y se extenderá hasta el 4 de julio, víspera de las elecciones que renovarán la Cámara de Diputados –y que coincidirán con numerosos comicios estatales y municipales–.

Durante esos 48 minutos diarios en cada televisora y radiodifusora se deben difundir mensajes de 20 y 30 segundos de todos los partidos, así como de la autoridad electoral. Varios de los concesionarios de la radio y la televisión privada han ofrecido cuentas exorbitantes a partir de esos espacios. Numerosos locutores y comentaristas han deplorado que, a causa de las nuevas reglas electorales, los radioescuchas y televidentes mexicanos tendrán que soportar decenas de millones de spots entre febrero y junio de 2009.

Cualquier ciudadano desprevenido, seguramente se atemorizará y luego se indignará con cifras de ese tamaño. Pero se trata de estimaciones sobre el conjunto del universo que integran todas las estaciones de radio y televisión en el país.

En México tenemos 1488 estaciones de radio (854 en AM y 634 en FM) y 733 canales de televisión. En cada una de esas frecuencias, suponiendo que transmiten durante todo el día, los 48 minutos diarios que establece la legislación electoral significan el 3.3% del tiempo total de transmisión.

Si un ciudadano estuviera escuchando radio o mirando televisión todo el día, día y noche, tendría que zamparse el 3.3% de ese tiempo con anuncios de los partidos y el IFE. Durante el horario en el que se transmiten esos mensajes, que va de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, los 48 minutos equivalen al 4.4% de esas 18 horas de transmisión.

Por supuesto, multiplicado por los cinco meses de duración de las campañas, la cantidad de spots que pueden difundirse en la temporada electoral parece muy elevada. En los 155 días que transcurren entre el 31 de enero y el 4 de julio, los 48 minutos diarios ascienden a 7440 minutos, o 124 horas en cada emisora. Son muchas horas, sí. Pero como hemos señalado constituyen el 4% del tiempo de transmisión efectiva en los horarios durante los cuales se difunden tales mensajes.

Esas 124 horas se vuelven decenas de miles cuando se les aprecia de acuerdo con todas las estaciones que difunden el país. En las 1488 radiodifusoras, ascienden a casi 185 mil horas de transmisión. En los 733 canales de televisión, alcanzan casi 91 mil horas. Si ese tiempo fuese utilizado para spots de medio minuto cada uno, permitiría transmitir 22.2 millones de mensajes en radio y 10.9 millones en televisión.

Sólo 43% para los partidos

Para aquilatar esas cifras vale la pena tomar en cuenta dos circunstancias. La primera de ellas es la distribución del tiempo electoral que establece la nueva legislación. Los partidos políticos no utilizarán todos los 48 minutos diarios. De hecho, recibirán menos del 43% de ese tiempo en el transcurso de toda la temporada electoral.

Durante las precampañas, que van del 31 de enero al 11 de marzo, los partidos reciben únicamente 18 de los 48 minutos diarios en cada estación de radio o televisión. Los 30 minutos restantes deben ser utilizados por el IFE y otros organismos electorales, como el Tribunal de esa materia, con mensajes para promover la participación ciudadana y la organización de las elecciones.

Luego, entre el 12 de marzo y el 2 de mayo, se abre un incómodo limbo político durante el cual los partidos designan a sus candidatos pero aún no comienzan formalmente las campañas. Durante esos 52 días todo el tiempo de mensajes electorales –los 48 minutos– solamente puede ser utilizado por el IFE.

Las campañas se desarrollan del 3 de mayo al 1 de julio. Durante esos 60 días, los partidos reciben 41 de los 48 minutos diarios en cada estación. Los 7 restantes serán para mensajes del IFE.

Finalmente, antes de las elecciones del 5 de julio hay un periodo de tres días durante el cual está prohibido el proselitismo de los partidos. El IFE vuelve a disponer de todos los 48 minutos durante ese lapso.

Esas reglas implican que, entre el periodo de precampañas (durante el cual, en 40 días, disfrutan de 720 minutos para propaganda en cada estación) y la fase de campañas (60 días, con 41 minutos cada día, que equivalen a 2460 minutos) los partidos recibirán un total de 3180 minutos, que significan exactamente 53 horas de spots en cada frecuencia. Como hemos apuntado, cada estación está obligada a transmitir mensajes electorales y políticos durante 124 horas, a 48 minutos diarios, entre el 31 de enero y el 4 de julio. Todo ello implica que a los partidos les corresponde el 42.74% del tiempo total administrado por el IFE.

El 30% de esas 53 horas se distribuye entre los partidos de manera igualitaria y el 70% restante según el porcentaje de votos que haya obtenido en la elección para diputados más reciente, en este caso la de 2006.

A la autoridad electoral le corresponde definir los contenidos del 57.25% del tiempo total –es decir, de los 48 minutos diarios considerados durante los 155 días del periodo previo a los comicios–. Ese 57.25% asciende a 4260 minutos, o 71 horas, en cada estación de radio o televisión.

Spots encadenados

El otro factor que es pertinente considerar para justipreciar el tiempo que reciben los partidos es la concentración que impera en la televisión y la radio mexicanas. Aún descontando el tiempo que le corresponde al IFE, las 53 horas que los partidos tendrán en cada frecuencia pueden seguir pareciendo excesivas sobre todo si se les multiplica por las estaciones de radio y televisión. Se trata de 78864 horas de propaganda en radio y 38849 en televisión. Pero no son horas o minutos de difusión autónoma, estación por estación, sino, en la mayoría de los casos, de spots que son transmitidos de manera simultánea en grandes cadenas de televisión y radio.

Una de las redes de radio más grandes del país es, por ejemplo, la Cadena Uno de Radio Fórmula. En esa cadena concurren hasta 76 estaciones de toda la República. Algunas de ellas no se encadenan a todas las transmisiones nacionales de esa emisora pero la mayoría sí. Cuando las estaciones ancla de Radio Fórmula Uno difunden un spot en sus frecuencias de la ciudad de México (970 en AM y 103.3 en FM) ese mensaje puede llegar a otras 74 estaciones, de tal manera que los 48 minutos diarios en cada una de esas emisoras llegan a significar casi 61 horas de difusión cotidiana. En total, las estaciones que se enlazan en la Cadena Uno de Radio Fórmula difundirán casi 1 millón 131 mil spots de medio minuto durante los 155 días de la temporada electoral. Parece demasiado, pero se trata de los mensajes repetidos 75 veces desde una sola señal central.

La concentración de frecuencias es mayor en la televisión. El Canal 2 de Televisa encabeza una cadena nacional de 128 frecuencias. Así que los 48 minutos diarios de contenido electoral que ese canal debe transmitir equivalen a más de 102 horas diarias si se le multiplica por ese número de frecuencias. Al cabo de los 155 días previos a la elección federal, el llamado canal de las estrellas habrá difundido 15872 horas si se toma en cuenta a sus repetidoras. En esas abundantes horas cabría más un millón 900 mil spots de medio minuto cada uno. Pero el Canal 2, o cualquiera de esas repetidoras, habrán difundido únicamente 124 horas de mensajes del IFE y los partidos durante toda la temporada electoral.

TV nacional: más horas en 2006

¿Muchos o pocos? No hay datos exactos para comparar la cantidad de spots que se difundirá en 2009 en tiempos propiedad del Estado con los mensajes que, hasta las elecciones anteriores, se transmitían porque los partidos pagaban por ellos. Pero a partir del monitoreo de promocionales que el IFE realizó en las elecciones federales pasadas se pueden establecer algunas analogías.

Entre el 19 de enero y el 28 de junio de 2006, que era el plazo autorizado para la propaganda electoral, el IFE contabilizó los anuncios de campaña transmitidos en radiodifusoras y televisoras de 20 ciudades del país. Se trató de un ejercicio de verificación que más tarde le permitiría a la autoridad electoral auditar los informes de gastos que le presentaron los partidos e incluso imponer multas cuando no le informaron de la compra de spots que ese monitoreo tenía registrados.

En el seguimiento que hizo de 154 canales de televisión (entre ellos 31 canales de TV por cable) el IFE encontró que se transmitieron 1765 horas de spots televisivos. La autoridad electoral no presentó agregada esta información pero la hemos calculado a partir de diversos documentos de los monitoreos del propio IFE.

Como las televisoras estudiadas en el monitoreo fueron 154, esas 1765 horas equivalen a casi 11 horas y media de spots, en cada frecuencia, durante toda la temporada electoral de 2006. Comparadas con las 53 horas que ahora tendrán los partidos en cada canal de televisión, el incremento es de casi cinco veces.

Pero entre esas televisoras había canales locales, temáticos y de programación nacional y generalista. Por eso es interesante el tiempo que, de todos los spots motivo del monitoreo, se difundió en la televisión de alcance nacional. En las 5 cadenas nacionales (las que encabezan los canales 2, 5, 7, 9 y 13 de la ciudad de México) durante 2006 se transmitieron 303.7 horas de spots y programas políticos pagados (aquí se incluye el programa diario que tenía Andrés Manuel López Obrador y que, con casi 30 minutos diarios, ocupó el 27% de ese tiempo de propaganda política).

Cada una de esas cadenas de televisión transmitió, en promedio, 60 horas con 44 minutos de propaganda política durante la temporada electoral de 2006.

Esas más de 60 horas superan a las 53 que, descontando el tiempo dedicado al IFE y otros organismos electorales, tendrán en 2009 los partidos en cada frecuencia de televisión y radio.

En suma, aunque cuando se incluye a las televisoras locales y temáticas el tiempo para spots en 2006 es mucho menor al que habrá en 2009, esa relación se modifica si nos fijamos solamente en las cadenas nacionales.

La televisión nacional destinó en 2006 más espacio a los spots pagados por los partidos que el que dedicará en 2009 a los spots que se difundan en tiempos oficiales: más de 60 horas en un caso, 53 en el otro.

La diferencia, aparte de las implicaciones financieras, es que en 2006 esa propaganda se distribuyó a lo largo de cinco meses medio de campañas y en 2009 se concentra primero en 40 días de precampañas y luego, con más intensidad, en 60 días de campañas.

Para identificar la propaganda que se transmitió en radio, el monitoreo del IFE siguió el desempeño de 217 estaciones, también en 20 ciudades de la República. En total fueron contabilizadas 3155 horas de spots, que equivalen a 14 horas con 33 minutos en cada emisora. El monitoreo no distingue entre radiodifusoras de alcance nacional y local.

Las 53 horas que tendrán los partidos en cada estación de radio en 2009, son casi 4 veces más que las 14 horas y media que contrataron tres años antes.

Algo de fantasía

El problema para el IFE, además de capotear sus tensiones internas y administrar los abundantes tiempos que les corresponden este año a los partidos, es qué hacer con las 71 horas en cada estación de televisión y radio en todo el país que le son asignadas por la legislación electoral.

El Código de esa materia indica que una vez garantizado el tiempo para los partidos, el espacio restante y hasta llegar a los 48 minutos diarios “quedará a disposición del Instituto para sus fines propios o los de otras autoridades electorales” (artículo 57 – 5 del Cofipe). Ese tiempo no se puede traspasar ni emplear para otros propósitos. Mucho menos puede ser comercializado, según indica expresamente ese mismo artículo.

Pero 71 horas en cada frecuencia durante la temporada electoral y en ocasiones (entre precampañas y campañas y en los días previos a los comicios) la gestión de los contenidos íntegros que deben ocupar los 48 minutos diarios en cada emisora, son demasiados espacios. El IFE se ha visto obligado a repetir, cada hora, varias veces cada hora, los mismos mensajes de promoción del voto que todos hemos conocido durante las semanas recientes.

El IFE podría no utilizar todo ese tiempo, dejando que los radioescuchas y televidentes descansaran de la propaganda electoral en algunas temporadas y horarios. Pero después de la beligerante agresividad de las televisoras, el desaprovechamiento de ese tiempo sería considerado como nueva muestra de debilidad de la autoridad electoral.

Una opción que tendría el IFE sería emplear algunos de esos segmentos, sobre todo en el mes y medio que hay entre precampañas y campañas, para difundir contenidos relacionados con la promoción y quizá el fortalecimiento de la cultura cívica. ¿Cómo resultarían algunos spots que explicaran sintéticamente las limitaciones para el desarrollo de la democracia que implican la concentración de muchos medios en pocas manos y la permanencia de una legislación atrasada? ¿Cómo serían vistos y escuchados breves pero claros mensajes acerca de experiencias de recepción crítica –observatorios ciudadanos, evaluación de contenidos, parámetros éticos– en diversos países? ¿Qué efecto suscitarían cápsulas bien producidas, con datos duros y opiniones categóricas acerca del comportamiento de los medios que acaparan los recursos comunicacionales en México?

IFE acorralado

Claro que estamos fantaseando, porque la displicencia para cumplir con la ley y la complacencia con las televisoras que han tenido varios de los consejeros del IFE no sólo permite reconocer lagunas enormes en la aplicación de la ley, como el viernes 13 de febrero cuando 6 de los 9 consejeros hicieron inaceptables maromas retóricas para negarse a imponer a las televisoras la sanción económica que habían buscado al distorsionar durante varios días la transmisión de los mensajes de los partidos y el propio IFE.

Las cortinillas que anunciaban interrupciones de la programación predisponiendo a los televidentes, el encadenamiento de varios spots durante 3 y en algunos casos hasta 6 minutos, la interrupción de partidos de futbol y el bloqueo en la señal que Azteca enviaba al satélite de Sky para que los mensajes políticos no fueran recibidos por los suscriptores de ese servicio, fueron expresiones de provocación política que las televisoras lanzaron al Estado mexicano en los primeros días de las precampañas, a partir del 31 de enero.

A diferencia del talante taimado y marrullero que mantuvieron durante décadas, a la sombra de un Estado en el que no creían pero cuya cúpula política que los cobijó convenencieramente, y en contraste con el afán para cambiar las leyes amagando y presionando pero preocupados por el marco jurídico nacional, ahora los consorcios mediáticos optaron por el enfrentamiento. En esa escaramuza contra los partidos, dejaron en medio al Instituto Federal Electoral.

Para sonrojo y aprensión de quienes entienden las dimensiones de tal desafío, los responsables del Estado se escabulleron para no incomodar a los consorcios mediáticos. Solamente en algunos partidos (PRD, Socialdemócrata) y en algunos segmentos de la sociedad enterada, surgieron voces de reclamo ante el comportamiento de las televisoras y en respaldo a los tres consejeros –entre ellos el presidente del IFE– que ese viernes 13 apoyaron las sanciones a Televisa y Azteca.

Las televisoras se buscaron un nuevo encausamiento cuando, los días 7 y 8 de febrero, de plano suspendieron la transmisión de spots políticos durante algunas horas, en abierta infracción a la legislación electoral. El desempeño que tuvieran al multar esa nueva falta no disiparía el comportamiento de los consejeros que acataron las instrucciones del gobierno federal y, presumiblemente, del PAN y el PRI para exonerar a las televisoras por las infracciones iniciales.

El desafío de las televisoras, que de beneficiarias de la institucionalidad ahora se han comportado como antagonistas de las instituciones, será del tamaño del sobresalto que puedan suscitar en la llamada clase política. A los políticos que desde los partidos y el gobierno han contemporizado con esos nuevos excesos de Televisa y Azteca se les olvida que los televidentes que presencian abusos y manipulaciones son, antes que nada, ciudadanos. Y votan, o dejan de hacerlo.

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Este texto apareció en la edición del 23 de febrero de la revista emeequis pero no lo había incluído en este blog. A partir de la decisión que tomó el día de hoy el Tribumal Electoral, creo que el texto tiene nueva actualidad.

Por mucho que los arropen sus beneficiarias de hoy, el descrédito que se impusieron a sí mismos seis de los nueve consejeros del IFE lo van a arrastrar durante toda la temporada electoral –y seguramente algo más–. El tropiezo del viernes 13 de febrero, cuando absolvieron a Televisa y TV Azteca de las sanciones que esas empresas se habían buscado al transmitir de manera manipuladora los mensajes de los partidos políticos, tiene las agravantes de la premeditación pero, sobre todo, de la arbitrariedad y la ligereza.

Las televisoras quisieron desquitarse e incluso burlarse de los partidos al difundir los mensajes políticos en bloque e interrumpiendo eventos deportivos para que el público se indignara. El IFE quedó encajonado en una disputa que no inventó, porque lo que molesta a los consorcios mediáticos es la legislación que prohíbe contratar spots políticos. Pero la autoridad electoral está obligada a hacer cumplir esa legislación y por eso el fatídico viernes 13 los consejeros debían aprobar sanciones de algunos millones de pesos a Televisa y Azteca.

Un par de días antes, el 11 de febrero, los directivos de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión fueron al IFE a proponer un convenio que comprometía a ambas partes a respetar las reglas para la difusión de spots. Se trataba de un documento reiterativo porque con o sin él las televisoras tienen que difundir los spots que el IFE les envíe para ocupar, en cada emisora, 48 minutos diarios del tiempo que le corresponde al Estado.

La Cámara que representa a las empresas de radiodifusión se comprometía, en ese documento, a “respaldar, apoyar y acompañar” (sic) al IFE en el cumplimiento de la legislación. Pues nomás faltaba que no.

En otro de sus apartados ese supuesto convenio, llamado “Bases de colaboración”, dice que el IFE emitirá criterios para evitar la interrupción de eventos deportivos, religiosos o culturales. Sin embargo la posibilidad de modificar los horarios de transmisión de programas de esa índole ya estaba prevista en el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral (exactamente en el artículo 56) publicado en agosto de 2008.

El convenio fue una trampa para el IFE. Nada de lo que allí se decía implicaba la obligación expresa de los consorcios mediáticos para difundir los spots políticos. Incluso respecto de uno de los temas de mayor discusión, que era la transmisión en paquete de esos mensajes, se apuntaba que los radiodifusores procurarán no agrupar los promocionales en un solo corte.

Las llamadas “Bases de colaboración”, además, disponen que el IFE y la CIRT podrán clasificar los mensajes de los partidos a fin de “proteger los intereses del público infantil y juvenil”. Ese apartado motivó una denuncia del Partido Socialdemócrata porque con el pretexto de salvaguardar a los menores de edad (como si los partidos no fuesen suficientemente aptos para ello) los radiodifusores y la autoridad electoral pueden convertirse en censores de los mensajes políticos.

Algunos consejeros suscribieron ese documento con directivos de la CIRT y de las televisoras. La trampa consistió en que el convenio que ni siquiera tiene un rango legal suficientemente claro, que no establece auténticos compromisos, que está repleto de lugares comunes y que implica riesgos de supervisión indebida de los mensajes políticos, fue tomado como pretexto por 6 de los 9 consejeros del IFE para eximir a las televisoras de las multas que se habían ganado.

Esos consejeros – Marco Antonio Baños, Macarita Elizondo, Marco Antonio Gómez, Francisco Guerrero, Benito Nacif y Arturo Sánchez– coincidieron en dos peregrinos argumentos. Por una parte, insistieron en que las televisoras ya habían dejado cometer irregularidades en la transmisión de los spots. Por otra, consideraron que el acuerdo resolvía el diferendo y no hacía falta imponer sanciones.

La tesis de esos consejeros es tan regresivamente innovadora como jurídicamente riesgosa. Supongamos que voy manejando un automóvil y que intencionalmente atropello a una persona y me llevan a la Delegación de Policía. Para que no me sancionen, me bastaría decir que haré lo posible para no volver a atropellar a nadie. Y para que estén seguros, podría proponerle al agente del Ministerio Público que firmemos un convenio en donde quede constancia de esa intención mía.

Así de absurda fue la justificación que quisieron construirse los consejeros que exoneraron a las televisoras. El asunto irá al Tribunal Electoral. Junto con su propia respetabilidad, esos consejeros apalearon al noble e imprescindible IFE. –0–