Sociedad y poder

Este texto apareció en la edición del 23 de febrero de la revista emeequis pero no lo había incluído en este blog. A partir de la decisión que tomó el día de hoy el Tribumal Electoral, creo que el texto tiene nueva actualidad.

Por mucho que los arropen sus beneficiarias de hoy, el descrédito que se impusieron a sí mismos seis de los nueve consejeros del IFE lo van a arrastrar durante toda la temporada electoral –y seguramente algo más–. El tropiezo del viernes 13 de febrero, cuando absolvieron a Televisa y TV Azteca de las sanciones que esas empresas se habían buscado al transmitir de manera manipuladora los mensajes de los partidos políticos, tiene las agravantes de la premeditación pero, sobre todo, de la arbitrariedad y la ligereza.

Las televisoras quisieron desquitarse e incluso burlarse de los partidos al difundir los mensajes políticos en bloque e interrumpiendo eventos deportivos para que el público se indignara. El IFE quedó encajonado en una disputa que no inventó, porque lo que molesta a los consorcios mediáticos es la legislación que prohíbe contratar spots políticos. Pero la autoridad electoral está obligada a hacer cumplir esa legislación y por eso el fatídico viernes 13 los consejeros debían aprobar sanciones de algunos millones de pesos a Televisa y Azteca.

Un par de días antes, el 11 de febrero, los directivos de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión fueron al IFE a proponer un convenio que comprometía a ambas partes a respetar las reglas para la difusión de spots. Se trataba de un documento reiterativo porque con o sin él las televisoras tienen que difundir los spots que el IFE les envíe para ocupar, en cada emisora, 48 minutos diarios del tiempo que le corresponde al Estado.

La Cámara que representa a las empresas de radiodifusión se comprometía, en ese documento, a “respaldar, apoyar y acompañar” (sic) al IFE en el cumplimiento de la legislación. Pues nomás faltaba que no.

En otro de sus apartados ese supuesto convenio, llamado “Bases de colaboración”, dice que el IFE emitirá criterios para evitar la interrupción de eventos deportivos, religiosos o culturales. Sin embargo la posibilidad de modificar los horarios de transmisión de programas de esa índole ya estaba prevista en el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral (exactamente en el artículo 56) publicado en agosto de 2008.

El convenio fue una trampa para el IFE. Nada de lo que allí se decía implicaba la obligación expresa de los consorcios mediáticos para difundir los spots políticos. Incluso respecto de uno de los temas de mayor discusión, que era la transmisión en paquete de esos mensajes, se apuntaba que los radiodifusores procurarán no agrupar los promocionales en un solo corte.

Las llamadas “Bases de colaboración”, además, disponen que el IFE y la CIRT podrán clasificar los mensajes de los partidos a fin de “proteger los intereses del público infantil y juvenil”. Ese apartado motivó una denuncia del Partido Socialdemócrata porque con el pretexto de salvaguardar a los menores de edad (como si los partidos no fuesen suficientemente aptos para ello) los radiodifusores y la autoridad electoral pueden convertirse en censores de los mensajes políticos.

Algunos consejeros suscribieron ese documento con directivos de la CIRT y de las televisoras. La trampa consistió en que el convenio que ni siquiera tiene un rango legal suficientemente claro, que no establece auténticos compromisos, que está repleto de lugares comunes y que implica riesgos de supervisión indebida de los mensajes políticos, fue tomado como pretexto por 6 de los 9 consejeros del IFE para eximir a las televisoras de las multas que se habían ganado.

Esos consejeros – Marco Antonio Baños, Macarita Elizondo, Marco Antonio Gómez, Francisco Guerrero, Benito Nacif y Arturo Sánchez– coincidieron en dos peregrinos argumentos. Por una parte, insistieron en que las televisoras ya habían dejado cometer irregularidades en la transmisión de los spots. Por otra, consideraron que el acuerdo resolvía el diferendo y no hacía falta imponer sanciones.

La tesis de esos consejeros es tan regresivamente innovadora como jurídicamente riesgosa. Supongamos que voy manejando un automóvil y que intencionalmente atropello a una persona y me llevan a la Delegación de Policía. Para que no me sancionen, me bastaría decir que haré lo posible para no volver a atropellar a nadie. Y para que estén seguros, podría proponerle al agente del Ministerio Público que firmemos un convenio en donde quede constancia de esa intención mía.

Así de absurda fue la justificación que quisieron construirse los consejeros que exoneraron a las televisoras. El asunto irá al Tribunal Electoral. Junto con su propia respetabilidad, esos consejeros apalearon al noble e imprescindible IFE. –0–