Sociedad y poder

Eliseo Barrón Hernández era un reportero de a pie. Lo suyo eran las notas breves, directas, información pura y dura. Tenía 11 años practicando el qué, quién, cuándo y dónde en las notas policiacas que escribía para la edición en Torreón, Coahuila, del diario Milenio. El cómo y el por qué por lo general se los dejaba a otros periodistas.

De prisa y precisa, la información acerca de crímenes, robos y accidentes no se presta mucho a la especulación. Sin embargo el auge del narcotráfico ha llevado las notas policiacas a la primera plana de los diarios. Quizá esa circunstancia hizo más complejo, y acaso arriesgado, el trabajo de Eliseo Barrón. El lunes por la noche varios hombres armados lo sacaron de su casa por la fuerza. Al día siguiente su cadáver apareció en un predio de Gómez Palacio, ciudad vecina de Torreón. Es evidente que lo torturaron.

Con Eliseo Barrón, son cinco los periodistas mexicanos asesinados en el transcurso de este año. Es posible que no todos hayan sido victimados como resultado de su trabajo informativo pero las parsimoniosas indagaciones judiciales no lo han esclarecido.

El Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, que mantiene un registro de agresiones a periodistas, indica que el 13 febrero Jean Paul Ibarra, fotógrafo de El Correo de Iguala, Guerrero, fue asesinado a tiros cuando viajaba en una motocicleta con otra periodista que resultó herida. Ibarra cubría asuntos policiacos.

El 23 de, febrero en Huayacocotla, Veracruz, Luis Daniel Méndez Hernández, reportero de la radiodifusora “La Poderosa”, murió tiroteado cuando salía de un salón de baile.

El 29 de febrero Juan Carlos Hernández Mundo, director del periódico El Quijote de Taxco, Guerrero, murió cuando le dispararon desde una camioneta.

El 3 de abril Carlos Ortega Samper, de El Tiempo de Durango, fue victimado cuando se resistió a ser secuestrado por cuatro individuos que lo querían sacar de su automóvil en el poblado de Santa María del Oro. Ortega había denunciado al alcalde y otras autoridades de ese municipio por amenazarlo después de que publicó denuncias por hechos de corrupción.

Ninguna de las averiguaciones por esos asesinatos ha sido resuelta. El Commitee to Protect Journalists con sede en Nueva York, indicaba el martes pasado que en el transcurso de 2009 ha registrado 11 casos confirmados de periodistas asesinados en todo el mundo debido a su trabajo como informadores y 12 casos por confirmar, entre ellos 2 mexicanos (Jean Paul Ibarra y Carlos Ortega). Con el nuevo crimen, esa cifra habrá aumentado a 3.

La información de cualquiera de esas muertes posiblemente habría sido cubierta de manera escueta por Eliseo Barrón. Uno de sus últimos reportes periodísticos, si no es que el último, fue acerca de un escolta del jefe de la policía municipal en Torreón a quien despidieron porque el domingo pasado, alcoholizado, se puso a tirar balazos. Días antes, escribió sobre el despido de 302 agentes policiacos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada.

Quién sabe cuál de esas informaciones desató la violencia de sus asesinos. Eliseo Barrón era reportero de notas concisas, sin especulaciones ni florituras. Los títulos de algunas de las más recientes dan cuenta de sus temas cotidianos: “Engañan a vendedora con billete de $500 falso” (25 de abril); “Niña de Matamoros baleada en persecución murió hoy” (1 de mayo); “Con tres impactos de bala asesinan a soldado” (11 de mayo); “Policía asesino sigue prófugo de la justicia”(11 de mayo); “Madre del niño atropellado por chofer pide castigo para el agresor” (19 de mayo). Los que por lo general ocupaban a Barrón no eran asuntos tan estridentes como los  que protagonizan las grandes pandillas de narcotraficantes.

Más que las intimidaciones de capos criminales, lo que Eliseo Barrón había deplorado eran las limitaciones que los compromisos personales y comerciales imponen a la información periodística. El 8 de diciembre pasado apareció, firmada con su nombre, la siguiente opinión en un foro de discusión en línea sobre la censura en la prensa latinoamericana:

“La autocensura se inicia en los medios cuando el funcionario o la persona, son ‘amigos’ de los jefes y por ende no se puede emitir ninguna información en su contra.

“En México ya sea periódicos de circulación nacional o local, no se habla en contra de los alcaldes o gobernadores, debido a que se teme les quite la publicidad, de la cual ya la tienen cobrada por adelantado, o se tienen convenios.

“En lo que respecta a las notas policiacas, el 90 por ciento de ellas no se publican cuando el sospechoso es familiar, amigo o conocido de un funcionario municipal o estatal.

“Esa es una autocensura, que en la realidad tiene que ver con amistades entre los funcionarios y los directivos de los medios, aunque en ocasiones es por un asunto de carácter económico o publicitario”.

Esas, forman parte de las restricciones cotidianas que padecen reporteros como Eliseo Barrón Hernández. A un panorama profesional acotado por diversas formas de censura, se añade ahora el asesinato como instrumento de coacción a los periodistas.

Desde el martes es noticia que Eliseo Barrón Hernández murió torturado, después de que lo secuestraron delante de sus pequeñas hijas. Se sabe el qué y el dónde. Resulta imprescindible conocer además el cómo y el por qué.

Esta nota, ahora actualizada con ligeros cambios, apareció ayer jueves en la edición digital del periódico El País.

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Una jueza de Cholula, en Puebla, tomó una decisión que contradice la reforma constitucional en materia de medios y elecciones. Cobijada por la pragmática cuan debatible resolución de la Suprema Corte de Justicia que a fines de septiembre pasado les dio carta libre a los juzgados ordinarios para resolver solicitudes de amparo contra reformas constitucionales, la licenciada Florida López Hernández consideró que la prohibición a la compra de propaganda política en radio y televisión vulnera los derechos de la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos.

Esa agrupación, como parte de la acometida de la Coparmex contra la reforma constitucional, solicitó un amparo en un juzgado de Cuernavaca. El juez lo rechazó al considerarlo improcedente. Sin embargo, sin que en la sentencia se expliquen las causas de ese traslado, el Consejo de la Judicatura Federal envió el asunto a la jueza López Hernández.

La titular del Juzgado Séptimo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región en San Andrés Cholula, atendió exclusivamente a cuestiones de forma y trámite para declarar improcedente (al menos en beneficio de los demandantes) una reforma constitucional que fue aprobada con sobrada mayoría por las cámaras de Senadores y Diputados y que luego sería ratificada por 31 congresos estatales.

Ahora, en virtud del amparo que le concedieron, la asociación empresarial morelense puede contratar anuncios políticos en televisión y radio en desacato al artículo 41 de la Constitución Política. Pero se trata de un logro pírrico de los grupos empresariales y los consorcios mediáticos que se oponen a esa reforma porque si bien esa organización puede comprar, las empresas de televisión y radio no están autorizadas a vender ni siquiera medio segundo de publicidad política.

Si hay empresas que están comercializando espacios de propaganda política, o que están obsequiando espacio para algunos candidatos, podrían recibir sanciones de la autoridad electoral. La aparición de Demetrio Sodi, candidato panista a titular de la delegación Miguel Hidalgo, en la transmisión del partido de futbol del sábado en Televisa, pudo haberse debido a un favor de dicha empresa. Aún así, el inusitado espacio que recibió Sodi podría ser una donación ilegal porque el precio comercial de esa aparición televisiva superaría los límites que el Código Electoral establece para las aportaciones a los partidos.

Mientras el IFE resuelve qué hacer con la repentina inquietud futbolística de Sodi, la Suprema Corte de Justicia encuentra incrementado el compromiso hasta ahora incumplido que tiene con la legislación acerca de los procesos electorales y los medios de comunicación. La inopinada decisión de la jueza Florida López y las reacciones que está suscitando confirman la necesidad de que la Corte ratifique los principios constitucionales aprobados en septiembre de 2007 y que tan palmariamente disgustaron a las televisoras.

Ayer por la tarde la Asociación Mexicana de Derecho a la Información dio a conocer su preocupación por la sentencia de la jueza de Cholula:

“A la jueza López Hernández le llamó la atención que en el Diario de los Debates del Senado no se precisara con claridad la hora en la que terminó la sesión del día cuando esa Cámara aprobó la reforma constitucional. También considera irregularidad grave el hecho de que en el decreto de esa Cámara no se diga textualmente que las reformas tuvieron la aprobación de dos tercios de los senadores, aunque sí se precisaba la votación que superaba esa cantidad. Además cuestiona la omisión en la declaratoria de la Cámara de Diputados del voto negativo a la reforma en una de las 31 legislaturas estatales, así como la ausencia de los nombres de esos estados en el Decreto que expidió el Poder Ejecutivo –aunque en los diarios de los Debates de ambas cámaras sí se mencionan las 30 resoluciones a favor de esos cambios constitucionales–. Y como en la declaratoria del Senado se dice que esa Cámara remitiría la resolución final al Ejecutivo para su promulgación y en el Diario Oficial de la Federación se indica que quien envió tal decisión fue el Congreso de la Unión, la jueza encuentra otra “irregularidad destacada”.

Suscrito por el Dr. Néstor García Canclini que coordina el consejo consultivo de la AMEDI y por el autor de esta columna, el comunicado puntualiza:

“Aunque el amparo fue solicitado contra modificaciones a nueve artículos constitucionales, la jueza únicamente lo otorgó respecto de un párrafo del 41 Constitucional. Se trata, precisamente, del enunciado que ha sido más impugnado, con diversas consideraciones políticas e ideológicas, por distintos críticos de la reforma constitucional y muy especialmente por las empresas que acaparan la televisión en México.

“En la sentencia de la jueza Florida López no hay una sola línea que tome en cuenta los argumentos centrales de los impugnadores de esas modificaciones constitucionales. Solamente atiende a presuntas e infundadas irregularidades de forma”.

El comunicado de la AMEDI está respaldado por una treintena de miembros de su consejo consultivo, entre ellos el ex senador Javier Corral Jurado, el ex presidente del IFE José Woldenberg y los ex consejeros Jesús Cantú y Jaime Cárdenas. También lo suscriben analistas políticos como Miguel Ángel Granados Chapa, Alberto Aziz, José Antonio Crespo, Denise Dresser, Ricardo Raphael y Francisco Paoli.

Los amparos de los grupos empresariales contra la reforma electoral coinciden con la animosidad de Televisa y Televisión Azteca respecto de esas disposiciones constitucionales. Los miembros de la AMEDI consideran: “Las televisoras quieren abrogar esa reforma para volver a disfrutar no solamente de las cuantiosas contrataciones de propaganda de las que eran beneficiarias, sino además para volver a disfrutar de manera plena la capacidad de presión y manipulación que han ejercido sobre los partidos políticos”.

Gente de los medios y la creación artística como Felipe Cazals, Loretta Ortiz, Carlos Padilla Ríos, Inna Payán, Elena Poniatowska y Ernesto Velázquez Briseño, forman parte de los adherentes de ese documento. Allí se concluye:

“Los partidos políticos, y sus legisladores, tienen la responsabilidad de preservar la reforma constitucional que auspiciaron y aprobaron en 2007. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación de asumir plenamente su responsabilidad en este asunto y resolver de manera definitiva la ilegalidad de las impugnaciones contra la reforma constitucional en materia de propaganda política”.

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La pésima broma a un discapacitado mental ha puesto en evidencia el doble discurso de Televisa acerca de las personas con limitaciones. Esa empresa, que cada año se ufana de una vistosa aunque interesada filantropía cuando organiza el Teletón, ha vuelto rutina las mofas que algunos de sus cómicos y productores hacen del comediante Sammy Pérez.

El domingo 17 de mayo en el programa paradójicamente llamado “¡Hazme reír”, ese personaje conocido por sus limitaciones para expresarse fue víctima de una abusiva ocurrencia protagonizada por las conductoras Galilea Montijo y Roxanna Castellanos. A Pérez le dijeron que iba a ser contratado para una nueva serie pero que antes tenía que ensayar con ellas varias escenas atrevidas.

La información periodística reseñó así las escenas siguientes: “Montijo y Castellanos se cambiaron de ropa y se pusieron unos baby dolls. Luego, comenzaron a desvestirlo hasta dejarlo en calzoncillos y una toalla envuelta y le pidieron que les untara crema a ambas.

“En otra escena, un perico de peluche que hablaba comenzó a darle instrucciones a Sammy para que él, semidesnudo, bailara y se quitara la toalla.

“En ese momento entró un tercer actor haciéndose pasar por personal de seguridad y reprendió a Sammy, explicándole que estaba violando las normas de la empresa al estar en paños menores. Fue entonces cuando le dijeron que se trataba de una broma”.

Abusiva con cualquier persona, esa supuesta broma resultaba especialmente grosera con Sammy Pérez cuyas limitaciones lo han convertido en un personaje a la vez simpático y patético por la manera como es utilizado en varias series de Televisa. Durante el mismo programa, que está organizado como aparente concurso en donde un jurado premia la rutina más graciosa, se suscitó una breve discusión por el abuso cometido con Sammy.

Días después, varias organizaciones y personas interesadas en la defensa de derechos humanos protestaron ante ese atropello. “Se trata de un acto irrespetuoso, indigno y discriminatorio hacia una persona con discapacidad intelectual, ya que al utilizarlo para esta ‘broma’ se abusa de su condición y se viola el reconocimiento de sus derechos”, dijeron en un documento promovido por la columnista Katia d’ Artigues en el sitio web de El Universal.

En esa carta abierta se explica: “Hay que recordar que los conductores se rieron, e invitaron al público a reírse de la ingenuidad y candidez del protagonista, características asociadas a su discapacidad, sin tener en cuenta el impacto enorme que tiene la televisión en la cultura social de este país, y sin hacerse responsables de la imagen social que proyectan y reproducen de las personas con discapacidad”.

Los firmantes de ese documento dijeron que se había presentado una queja ante el  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Además, solicitaron a las conductoras del programa televisivo que le ofrecieran una disculpa pública a Sammy “por la utilización indigna, burlona y absolutamente falta de respeto que hicieron de su persona, y la hagan extensiva a todos los ciudadanos con discapacidad de nuestro país, que según cifras de la Organización Mundial de la Salud, son el 10 por ciento de la población total de México”.

Esa carta, publicada el 22 de mayo, está respaldada por una treintena de organizaciones de defensa de los discapacitados como Unidos Pro Down, Fundación Pasos, Comunidad Down, Todos por la Inclusión e Inclusión Interamericana. Además, a título personal, fue suscrita por 121 ciudadanos, entre ellos Elena Poniatowska, Teresa Vale, Carmen Verduzco, Patricia Vega, Rosario Robles, Sabina Berman, Isabelle Tardan, Sandra Lorenzano y Teresa Incháustegui.

En el mismo sitio de Internet se propaló una iniciativa para que las conductoras del programa pretendidamente cómico tomaran un curso sobre derechos humanos que les enseñe a identificar las conductas discriminatorias. Aunque parecía una propuesta más bien emblemática como tantas otras que aparecen en la Red, hubo una respuesta formal de   Ricardo Bucio Mújica Secretario Técnico Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que dirigió una carta a los productores del programa “Hazme reír y serás millonario”.

Ese funcionario señaló: “la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF),  apoyando la propuesta de la periodista Katia D’Artigues, invita al equipo de  producción, los actores y al jurado del programa a recibir un  curso de corta duración sobre el derecho a la no discriminación y el respeto a los derechos humanos, con la finalidad de ofrecer herramientas para que los contenidos de su programación promuevan el respeto a los derechos humanos y no caigan en estereotipos y prejuicios que  atenten contra la dignidad de las personas”.

A su vez, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) inició una queja “por presuntos actos discriminatorios” y felicitó a la Comisión de Derechos Humanos del DF por el exhorto que envió a los productores de la serie de televisión “para que se sensibilice en el trato que deben tener a las personas que forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad”.

Burdas e indignantes, las burlas a Sammy Pérez hace 8 días ocasionaron protestas pertinentes. Pero esas inconformidades no dejan de resultar algo tardías y, si se les mira en un contexto más amplio, también insuficientes.

Son reclamos tardíos porque desde hace varios años ese personaje es utilizado por Televisa para practicar una peregrina y vulgar comicidad. Las burlas a Sammy son frecuentes y siempre de mal gusto. En ocasiones los conductores de algunos programas lo insultan abiertamente y de manera intencional convocan al escarnio por parte de los televidentes inclusive en programas con público en el estudio. En otras, lo hacen interpretar rutinas o canciones haciéndole creer que le aplauden por sus méritos histriónicos o artísticos. Por otra parte, no es la primera vez que los programas de Televisa se aprovechan de la condición de Sammy para reírse de él con insinuaciones eróticas.

Esa burla de una persona con capacidades limitadas forma parte del humorismo ramplón que practica Televisa y que no pocos televidentes miran y aplauden, a veces porque no tienen otras opciones de entretenimiento pero también porque han sido habituados a tales simplezas. Vale decir, sin embargo, que Sammy Pérez y su familia están conformes, incluso contentos, con esa utilización que hace Televisa.

Cualquier abuso con personas que tienen dificultades físicas o mentales resulta cuestionable. Pero, más allá de esta situación, también podría considerarse que cualquier engaño que los medios de comunicación perpetren contra cualquier ciudadano debería merecer la más amplia condena. Desde hace años varios programas de Televisa, y especialmente en Televisión Azteca, embroman a personas con escenas falsas. El empleo de cámaras ocultas y de conductores disfrazados se ha convertido en recurso frecuente en busca de la hilaridad de los televidentes. Las comisiones y los defensores de los derechos humanos también podrían interesarse en abusos como esos. A la audiencia de Televisa, mientras tanto, este episodio podrá confirmarles la basura que transmite esa empresa.

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Las campañas políticas en YouTube han sido motivo para que se expresen reacciones temerosas, ventajosas y autoritarias. Entre las primeras están las de quienes encuentran en Internet un territorio inexplicable e inmanejable. Los prejuicios que todavía existen acerca de la Red de redes, a la cual el sensacionalismo mediático ha mostrado como reducto de malhechores, llevan a desconfiar de los contenidos que se propalan en ella.

Otra ha sido la reacción de quienes encuentran en los videos de contenido político el pretexto que confirma sus desacuerdos con las actuales reglas para las campañas electorales y los medios de comunicación. Como los contenidos en Internet no están sujetos a las normas que existen para la televisión y la radio, algunos comentaristas se han solazado señalando los excesos que se pueden hallar en el ciberespacio como si de esa manera se demostrara la imposibilidad de regular a los medios de comunicación.

Esas apreciaciones ventajosas, soslayan las enormes diferencias que hay entre los medios tradicionales e Internet. La televisión y la radio tienen responsabilidades que ameritan regulaciones también específicas por tres motivos: sus contenidos se transmiten en el espectro radioeléctrico que es propiedad de la nación, el espacio que utilizan para ello no es ilimitado –por eso el Estado tiene que concesionarles una frecuencia– y la audiencia que llegan a alcanzar es sustancialmente mayor a la que tienen los sitios de Internet sobre todo en países de conectividad precaria como la que tenemos todavía en México.

Tales diferencias ameritan que existan reglas para los contenidos políticos en televisión y radio y las hacen innecesarias, además de indeseables, para un espacio abierto y accesible como es Internet.

La tercera reacción adversa a los contenidos políticamente agresivos en YouTube y otros sitios es la de quienes pretenden extender a la Red las decisiones regulatorias que hay para los medios convencionales. Allí destacan, sobre todo, las posiciones de quienes encuentran sumamente incómodo el espíritu libre de Internet e improvisan argumentos para tratar de censurarlo.

Ayer jueves en Milenio el consejero electoral Marco Antonio Gómez Alcántar publicó un texto vehementemente representativo del síndrome autoritario que se manifiesta respecto de Internet. Comienza tropezándose consigo mismo, porque desde sus primeros párrafos sostiene que el IFE no quiere regular a Internet pero sí a sitios como YouTube:

“…el IFE no pretende regular ese medio ni mucho menos. El IFE lo que ordenó fue que el administrador de una red social o sitio comunitario que opera en internet cumpla con lo que la Constitución dispone en la difusión de propaganda política. Y por ello es necesario precisar que las redes sociales y sitios comunitarios, como YouTube, son medios de comunicación sujetos de regulación interna en el país donde operan, por ello atienden solicitudes de retiro de contenidos que violen derechos de autor, contengan delitos o, según se estipula en el contrato de operación de YouTube, ‘difamen’ ”.

YouTube es parte de Internet pero no es un medio de comunicación en sí mismo. El medio es la Red. El portal de videos es parte de ese medio complejo y amplísimo. Las leyes de cada país protegen los derechos de sus habitantes respecto de lo que se dice y propaga en Internet. Pero esa facultad no se extiende a la protección que el IFE hace de los partidos y las campañas electorales.

Gómez Alcántar considera que el IFE tiene competencia para sancionar contenidos en Internet porque: “El artículo 41 prohíbe a los partidos políticos el uso de expresiones que denigren a instituciones del Estado mexicano o a otros partidos, o bien que calumnien a las personas, sin distinguir o limitar el medio de comunicación. Por ende, si una red social en internet autoriza la difusión de contenidos que violan la norma electoral, dicha difusión puede ser objeto de medidas cautelares por parte del IFE”.

Lo que el IFE puede regular –y es una atribución discutible pero eso dice la ley– es el discurso de los partidos, no a los medios en donde se difunde. La Constitución y la ley electoral obligan al IFE a normar los contenidos electorales en la televisión y la radio. Nada más. Inclusive, la ley le da a la autoridad electoral instrumentos específicos para sancionar no solamente a los partidos sino además a los concesionarios de radio y televisión que la infrinjan.

Si un partido transgrede la ley con los contenidos que difunde en un medio que no sea radio o televisión  el IFE puede sancionar a ese partido, pero no al medio de comunicación. Si un candidato a diputado o su partido publican en un periódico un artículo cargado de injurias y denostaciones contra uno de sus rivales, la autoridad electoral puede sancionar a ese aspirante a legislador o a su organización política pero no tiene atribuciones para castigar al medio de comunicación impreso.

Eso no quiere decir que las difamaciones o calumnias que se expresen en medios radiofónicos tengan que permanecer impunes. La legislación civil ofrece recursos claros para que los ciudadanos se defiendan de agresiones a su fama pública. Pero la capacidad para establecer si se trata de conductas delictivas y en ese caso para imponerles una sanción radica en los jueces.

Cuando algunos consejeros del IFE como el mencionado Gómez Alcántar se quieren arropar en la legislación electoral para sancionar a los particulares, pretenden adjudicarse atribuciones que solamente tiene el Poder Judicial. Esa suplantación de funciones resulta de suyo preocupante pero en este caso, además, implica restricciones deliberadas a la crítica política y a la libertad de expresión.

La discusión sobre la propaganda en YouTube se avivó a partir de la difusión que recibió un video ciertamente injurioso en donde se ridiculiza y acusa al gobernador de Veracruz. Como se comentó en este espacio, sin el escándalo mediático que lo acompañó y sin el afán persecutorio de consejeros como Gómez Alcántar, ese video hubiera tenido una pobre, triste y escasa fama. Allí se encuentra una lección inicial de este episodio. La todavía limitada cobertura que tiene Internet en México, junto con la oceánica variedad de contenidos que hay en la Red se amalgaman para que, en nuestra sociedad, un contenido intencionalmente político y alojado en el ciberespacio únicamente alcance éxito si es propagado por los medios de comunicación convencionales.

Preocupado por la vulnerada fama pública del gobernador de Veracruz, el consejero Gómez Alcántar distorsiona el sentido de la ley y le atribuye al IFE capacidades que no tiene. Gómez dice que la autoridad electoral debe aplicar la ley “con independencia de quien sea el emisor del mensaje. Así lo establece el artículo 365, párrafo 5, del Cofipe”. Sin embargo ese apartado del Código Federal Electoral faculta al IFE para requerir a cualquier persona la entrega de informaciones y pruebas que sean necesarias para desahogar una queja ante la propia autoridad electoral, no para sancionar a los particulares.

El video acerca del gobernador Fidel Herrera, por cierto, sigue siendo muy visto tanto en YouTube como en otros sitios de videos en la Red. El consejero Gómez Alcántar también se equivoca cuando dice que YouTube retiró el video aunque lamenta que no lo haya hecho por disposición del IFE sino a petición de la empresa titular de los derechos de autor de la canción que es parodiada en el multicomentado video.

Hace una semana decíamos aquí que a consecuencia de la involuntaria promoción que le dieron algunos consejeros del IFE el video, colocado en YouTube por un internauta que se identifica como “mario69”, había sido visto por 46 mil usuarios de ese servicio. Ayer jueves la cifra había aumentado a 158152. La copia del mismo archivo que colocó “yel8548” pasó de 19800, a 37965 visitas.

Así que no es cierto que el IFE tenga atribuciones para censurar expresiones de los ciudadanos; no es cierto que pueda intervenir en Internet; no es cierto que la autoridad electoral sea la vía adecuada para defender a los ciudadanos de calumnias en el ciberespacio o fuera de línea. Ni siquiera es cierto que ese infamatorio video ya no esté en Internet.

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El poder de Televisa le hace daño a México. Así lo reconoció Roberto Madrazo, ex candidato presidencial y ahora crítico del sistema político, entrevistado por Carmen Aristegui.

En una conversación en MVS Radio con motivo del libro que acaba de publicar, el también ex líder nacional del PRI dijo:

“Me pongo a pensar en el enorme poder que tiene una televisora y yo me pregunto hasta dónde es conveniente para nuestro país tanto poder en los medios de comunicación”.

Y un momento después: “No puede haber tanto poder concentrado en un medio de comunicación que le haga tanto daño a nuestro país. Estos monopolios no son buenos para el país”.

A esa conclusión llega Roberto Madrazo Pintado después de años, o décadas, de haber buscado el respaldo de las corporaciones mediáticas y un trienio después de haber quedado desplazado de la contienda por la presidencia de la República debido a la polarización entre los candidatos que reunieron más votos en las elecciones de 2006, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador.

Tardía, aunque todo testimonio de primera mano es útil para reconstruir cómo se toman las decisiones que amalgaman la asociación entre el poder político y el poder mediático, esa apreciación Madrazo la expresó después de que Aristegui le preguntó sobre la Ley Televisa. Como se puede recordar, en marzo de 2006 las campañas presidenciales entraban a su fase más competida y justamente entonces estaban por votarse en el Senado las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión que por su origen, el cabildeo que las impulsaba y sus beneficiarios notorios, fueron denominadas como Ley Televisa.

A pregunta de Aristegui, el ex candidato presidencial confirmó que para forzar la adhesión de los legisladores Televisa les ofreció por lo menos al PRI y al PAN un tratamiento privilegiado en la cobertura de sus campañas. Madrazo relató ayer en el noticiero matutino de MVS radio que la negociación con el Revolucionario Institucional en aquellos meses de 2006 estuvo a cargo de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa: “Lo que ellos estaban vendiendo es que iba a haber durante la campaña un trato diferente o igual, oportunidad de hablar de propuestas. Tú te acordarás que era una campaña muy difícil mediáticamente muy difícil porque los medios estaban polarizando al país; entre la derecha y la izquierda pareciera que no existía nada más que la confrontación”.

Madrazo dice que él no participó en esas negociaciones pero sostiene que aquellas reformas fueron directamente impulsadas por la pareja que mandaba en Los Pinos: “al final, lo que ha sucedido en esa etapa es que Martha Sahagún y Vicente Fox fueron cómplices de la Ley Televisa”.

Como la periodista le replicó “Pero tú también”, Madrazo contestó de inmediato: “Fuimos débiles”.

Según Madrazo, la propuesta para darle trato preferencial al PRI se la hizo Televisa directamente a los coordinadores parlamentarios de ese partido. A pregunta de Aristegui, corroboró que la empresa televisora ofreció un paquete de cobertura política en sus canales.

El viraje de Madrazo respecto de Televisa coincide con las rectificaciones de muchos políticos mexicanos que, cuando han fracasado en sus aspiraciones electorales, encuentran que los directivos de esa televisora se habían granjeado su adhesión a cambio de promesas nunca del todo cumplidas.

Significativa por drástica, esa explicación de Roberto Madrazo queda corta. Antes del que platicó ayer martes en la radio, se han conocido otros testimonios de cómo presionó Televisa a los priistas para que sus senadores respaldaran las reformas que, al año siguiente, serían enmendadas por la Suprema Corte de Justicia.

En abril de aquel 2006 el senador Manuel Bartlett, uno de los legisladores del PRI que votó contra esa iniciativa, relató que poco antes de la sesión en donde se votaría la Ley Televisa, a los miembros de ese grupo parlamentario sus directivos los urgieron para “aprobar de inmediato la citada minuta en sus términos, por convenir a la candidatura de Roberto Madrazo. Ante una votación interna dividida se acordó el voto libre, de conciencia, pero se impuso el voto de la línea. El ‘aparato’ entró en operación, no se permitió la confrontación de las tesis diferentes para la toma democrática de posiciones, no se evaluó el interés público, la vulneración del Estado…el interés superior fue el de los candidatos y sólo el de los candidatos” (Enfoque, suplemento de Reforma. 9 de abril de 2006).

Por esas fechas, unos días antes de que fuese aprobada, el analista político Ricardo Raphael explicó los motivos que tenía el entonces candidato presidencial del PRI para respaldar la Ley Televisa: “Funcionarios de Televisa le enseñaron a Madrazo la enorme cuenta que aún les debe por su desbordada campaña publicitaria. No fue necesario más: a excepción de muy pocos como Manuel Bartlett, el resto de los senadores se plegaron a la línea que les dictó su candidato a la Presidencia”.

Madrazo podría aclarar ese y otros episodios de sumisión de su partido, y de él mismo, a los dictados de Televisa. Ayer, mientras tanto, condensó en una frase las consecuencias que tiene la presencia pública que, en ausencia de contrapesos y regulaciones eficaces, ha alcanzado la empresa de Emilio Azcárraga Jean:

“El problema que yo veo más de fondo… es este poder de las televisoras, particularmente Televisa, que puede construir o destruir honras, prestigios, en segundos”.

Tiene razón Madrazo en su apreciación sobre esa empresa y el poder mediático. Pero el problema que realmente está en el fondo de esta subordinación de la vida pública al predomino de una o dos televisoras, se encuentra en el temor ignorante y reverencial que les tienen el gobierno, los partidos y los legisladores.

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