Sociedad y poder

¿Cómo puede alguien votar por los partidos de López Obrador cuando ese dirigente se empecina cotidianamente en mandar al diablo a todo aquel que no se le somete? Ahora es el Tribunal Electoral: cuando denomina “achichincles de la mafia” a los magistrados del TRIFE que desconocieron las elecciones internas que favorecían a la candidata subyugada a ese líder, López Obrador confirma el síndrome autista que define su percepción de la realidad.

Para él no hay más que los suyos y los otros, los buenos y todos los demás. Ahora, en consecuencia, supone que todos los que no se comportan de acuerdo a sus preferencias forman parte de una aviesa y extendida conspiración en contra suya. La “mafia” a la que culpa de todos sus tropiezos, crece tanto como aumentan personajes e instituciones que discrepan de ese ex candidato presidencial o a los que simplemente ha decidido culpar de estar en contra suya.

En otras zonas del entramado político, la complacencia de los dirigentes también condiciona reacciones y estancamientos. Ayer mismo en Metepec, en un mitin repleto de acarreados que tuvieron que pasar lista, la dirigente nacional del Revolucionario Institucional se explayó en elogios para el gobernador del Estado de México.

“Enrique Peña es un baluarte del PRI y el PRI del siglo 21 tiene cuadros, líderes y personajes para dar y prestar”, dijo Paredes. Y aún más:”Somos un equipo convertido en partido, lo que demuestra que, juntos, nadie nos puede derrotar. El trabajo de Enrique Peña nos enorgullece y nos alienta” expresó, de acuerdo con la edición en línea del diario Reforma.

Tales apreciaciones desbordaron la cortesía que Beatriz Paredes debía tener con el anfitrión de la reunión política a la que asistía en los linderos de la capital mexiquense. Decir que el trabajo de Peña Nieto le causa orgullo, implica respaldarlo precisamente cuando el apoyo que Televisa le brinda al gobernador de esa entidad ha sido motivo de amplia discusión pública.

Paredes considera que Peña Nieto es un puntal del PRI. No es otra la implicación del término baluarte que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia tiene dos connotaciones. La primera de ellas es “Obra de fortificación que sobresale en el encuentro de dos cortinas o lienzos de muralla y se compone de dos caras que forman ángulo saliente, dos flancos que las unen al muro y una gola de entrada”.

La otra acepción es “amparo y defensa”. En cualquiera de ambas, si al gobernador del Estado de México se le califica como baluarte priista es porque se piensa que hace fuerte a ese partido, lo resguarda y protege y, además, sirve como gozne que lo solidifica.

Se podría suponer, en descargo suyo, que Beatriz Paredes se dejó llevar por el entusiasmo de los mexiquenses –forzado por el acarreo, pero quizá de todos modos contagioso– pero no es una principiante en materia de eventos políticos. Además se trata de una mujer que entiende el significado de las palabras.

Así que el espaldarazo a Peña Nieto no fue repentino, ni improvisado. Paredes sabe de lo que habla y no puede ignorar las implicaciones de esa declaración. Lo que posiblemente desconoce es que hace tres años, también en el Estado de México, el entonces candidato presidencial, Roberto Madrazo, dijo exactamente lo mismo del gobernador Peña Nieto.

El 11 de junio de 2006, en una reunión con presidentes municipales priistas de distintos sitios del país, Peña Nieto manifestó delante de Madrazo “el apoyo irrestricto, el apoyo de los mexiquenses hacia su candidatura”.

Madrazo, a su vez,  “le correspondió al calificar al Mandatario como un baluarte del PRI en procesos electorales y un amigo seguro cuando las horas son inciertas” (Miguel Zacarías, ”Respaldan alcaldes a Madrazo”, Reforma, 12 de junio de 2006).

Así que Peña Nieto es fundamental para el proyecto político que alienta Beatriz Paredes, de la misma manera que lo fue para Roberto Madrazo. Esa versatilidad es indicio de la vigencia, pero también del pragmatismo del gobernador mexiquense.

Y no son menos pródigos en el lenguaje los dirigentes de Acción Nacional. Las invectivas de Germán Martínez contra el gobernador de Sonora, reiteran la política de confrontación de ese partido una semana antes de las elecciones federales. Pero además contradijeron la distensión que buscaba suscitar el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuando dijo unas horas antes que no quería enfrentarse con el gobernador Eduardo Bours.

La agresividad de Martínez Cázares tiene propósitos electorales. Igual que el gobernador sonorense, quiere aprovechar la tragedia en la ABC. Ni el líder del PAN, ni Bours, favorecen la acción de la justicia en su burdo canje de invectivas.

El día de las elecciones, el 5 de julio, se cumplirá un mes de la catástrofe que les quitó la vida a ya casi 50 niños. Para muchos electores será imposible dejar de recordar el entramado de negligencias, complicidades y acusaciones que los dirigentes y funcionarios de varios partidos han tejido antes y después de aquel siniestro.

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Los simpatizantes del PRD dicen que anular el voto le conviene a la derecha, que ya basta de seguir con la misma política económica, que no hay que hacerle el juego a quienes quieren consolidar al PRI-PAN.

Pero si con algo se identifica hoy ese partido es con la insuperable crisis interna que lo ha convertido en la organización política más mencionada pero, además, en la que tiene una imagen más problemática. Los ajustes que propone para la economía son ocasionales y tímidos; baste recordar el tapabocas que varios dirigentes perredistas quisieron ponerle al ex presidente Zedillo cuando recordó que no habrá política económica fuerte si no es incrementando los impuestos.

Los adherentes del PRI sostienen ante el voto nulo que no es momento de jugar a la imaginación electoral, que para asegurar cambios hay que apostar a quienes sí saben gobernar.

Pero los priistas que se encuentran en posiciones de gobierno distan de ser heraldos de la renovación en ningún terreno. Desde Oaxaca hasta Hermosillo, desde Xalapa y Puebla hasta Mérida y Toluca, los gobiernos priistas repiten la misma defensa de intereses corporativos, la misma opacidad, con la misma retórica que durante décadas utilizaron sus antecesores tricolores. No es posible votar por el PRI sin dejar de mirar al pasado.

Los partidarios de Acción Nacional convocan a no desperdiciar el voto en opciones que no respalden la consolidación de los avances que, alegan, el país ha logrado en los años recientes. El combate a la delincuencia es su divisa central.

Sin embargo no es el Ejecutivo Federal, sino la mitad del Congreso, lo que habrá de renovarse en las elecciones del 5 de julio. Y si hemos de juzgar el desempeño del presidente Calderón, resulta inevitable recordar la subordinación que ha manifestado respecto de las televisoras y los caciques sindicales entre otros poderes fácticos.

Los propagandistas del Partido Verde dicen que en vez de anular, hay que votar por ellos para instaurar la pena de muerte y para que los niños tengan becas en sus escuelas. Lo primero, es inaceptable en una sociedad civilizada. Lo otro, no hay partido que no lo proponga. Por mucho marketing y make up que utilice –y precisamente por eso– el PVEM no deja de ser y parecer un partido convenenciero y marrullero.

Los adherentes del PT y Convergencia postulan ante la anulación del voto los mismos argumentos que el PRD pero con otras siglas. La expresión política de algunos movimientos sociales que pudo haber sido el Partido del Trabajo, se convirtió en instrumento de un caudillo que lo utiliza como si estuviera repleto de juanitos como el de Iztapalapa.

Convergencia no tiene siquiera una historia original por reivindicar. Surgió del PRI, se sometió a dirigentes escabullidos del PRI y mantiene una carencia de principios como la de los priistas más desfachatados.

¿Nueva Alianza? Es un negocio político de la maestra que ha tenido la habilidad de hacerle creer al gobierno de Calderón que le resulta útil. Pocos lemas de campaña son tan artificiosos como el que propone a Nueva Alianza como el partido de la educación, cuando la dirigente que lo regentea es corresponsable de la catástrofe educativa mexicana.

Del PSD no hace falta decir demasiado. A quienes todavía a estas alturas pudieran inclinarse por ese partido debido a los temas que forman parte de su discurso, hay que pedirles que recuerden la manera en que varios de los actuales líderes pretendidamente socialdemócratas ordenaron romper a golpes la asamblea que respaldaba a Patricia Mercado. Basta entrar a YouTube y teclear “Alternativa” y “porros”. Allí están.

¿Hay utilidad en votar por alguno de esos partidos? ¿Merecen nuestro sufragio? Este ciudadano tiene más motivos para regatearles que para concederles su voto.

Ni las exhortaciones a escoger el menos malo, ni las reconvenciones de quienes no entienden que anular también es decidir, me han parecido suficientes.

Cada quien decidirá en conciencia, pues para eso son las elecciones. A la luz de ese panorama el 5 de julio este ciudadano, por si a alguien le interesa, irá a la casilla electoral para cruzar las boletas con una leyenda sencilla y acaso significativa: “Así no”.

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La ríspida y grosera respuesta que Televisa publicó contra los periodistas Carmen Aristegui y Jenaro Villamil, es indicio del profundo disgusto que experimentan los directivos de esa empresa cuando se documenta el respaldo que le dan a Enrique Peña Nieto.

La construcción del gobernador del Estado de México como personaje público ha sido una tarea perseverante y amplísimamente difundida por Televisa desde hace varios años. En los meses recientes, los telespectadores han tenido motivos para suponer que Peña Nieto pasa más tiempo en los estudios de San Ángel que en el palacio de Gobierno en Toluca. Su asistencia a festivales y concursos, las menciones que le dedican en programas de cotilleo, la referencia a sitios del Estado de México en las telenovelas y la inclusión de notas sobre actividades suyas sin relevancia periodística alguna pero que atestan los noticieros de Televisa, han hecho de Peña Nieto un personaje muy conocido aunque los ciudadanos no estén enterados de sus capacidades como gobernante.

En su reciente libro Si yo fuera presidente Villamil, que es el reportero más enterado acerca de los intríngulis políticos de los medios de comunicación mexicanos, se ocupa de la alianza de Televisa con el mandatario mexiquense. Para conversar sobre ese texto, fue invitado el lunes por Carmen Aristegui a su programa en MVS Radio. Conocedores ambos del tema y Aristegui además víctima de la prepotencia de Televisa, cuyos directivos no cejaron hasta echarla del exitoso noticiero que tenía en W Radio, los dos sostuvieron una enterada e interesante charla.

Lo que allí se dijo, motivó a los operadores de Televisa a publicar un desplegado a plana entera en varios diarios de la ciudad de México. “Mienten”, les dice ese consorcio a Aristegui y Villamil, pero hay motivos para asegurar que las falsedades en este diferendo han surgido de Televisa.

En medio de varias imputaciones a esos periodistas, Televisa busca disimular el señalamiento principal que da tema al libro de Villamil y que motivó la conversación radiofónica. Y ese es, ni más ni menos, la inusitada cuan desmesurada propaganda que le brinda la televisora al gobernador Peña Nieto.

Periodista de Proceso, Villamil ha informado que Televisa recibe del gobierno del Estado de México entre 800 y 900 millones de pesos anuales para promover la imagen de Peña. La empresa considera que esa cantidad es exagerada porque durante las campañas electorales de 2006 vendió, a todos los partidos, 778 millones de pesos de publicidad. Sin embargo Televisa no indica a cuánto asciende, entonces, la venta de servicios relacionados con la propaganda para el gobernador del Estado de México. Villamil tiene documentos que acreditan pagos por 746 millones de pesos tal sólo en 2005, de tal manera que se puede suponer que esa cifra ha aumentado en los años recientes.

Es muchísimo dinero. Y se trata, peso por peso, de recursos fiscales. Es decir, de dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes. Con más razón Televisa y el gobierno mexiquense estarían obligados a informar de qué tamaño es la inversión para que Peña Nieto esté incluido en el firmamento del Canal de las Estrellas. Pero ni de ese consorcio –tan aparentemente puntilloso para responder ahora a dos de sus críticos– ni del gobierno del Estado de México, en donde se oculta la información de los gastos en publicidad, puede esperarse transparencia alguna.

Cuando quieren justificar la incesante aparición de Peña en notas insustanciales en sus noticieros, Televisa afirma que en el Estado de México hay muchos habitantes y por eso abunda la información acerca de esa entidad. Si esos son los criterios para definir qué noticias difunde Televisa, los acontecimientos que ocurran en Colima o Baja California Sur jamás encontrarán sitio en los programas informativos de esa empresa que, en cambio, estarán saturadas con notas acerca del Distrito Federal, Veracruz o el Estado de México.

Para explicarse por qué invita a Villamil a su programa de radio, Televisa considera que Carmen Aristegui le paga de esa manera al periodista de Proceso la cobertura que le dio al despido que ella padeció hace año y medio.

Se trata de una curiosa pero sintomática –y patética– manera de justipreciar las decisiones editoriales de un espacio de comunicación. Para los funcionarios de Televisa no hay agendas ni prioridades profesionales. El interés noticioso, para ellos no existe. Su concepción de los motivos que puede tener el conductor de un programa se limita al intercambio de favores personales y a las apuestas políticas.

Así es como los directivos de Televisa consideran que se jerarquizan, y difunden, los contenidos informativos. En esa inusual y por eso valiosa develación de sus motivaciones, los directivos de Televisa dejan muy mal colocados a los periodistas de comportamiento profesional que a pesar de todo trabajan en esa empresa.

Peña Nieto se ha convertido en palmaria debilidad de Televisa. Y Televisa es, para sus aspiraciones presidenciales, la debilidad más notoria de Peña Nieto.

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Suena muy drástico y parece difícil de creer, pero el gobierno del presidente Felipe Calderón ha resuelto, en algunos casos, criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión. Eso significa que hay mexicanos a quienes, por ejercer ese derecho, podrían meterlos a la cárcel.

Nos referimos a la suerte que están a punto de padecer ciudadanos como Rosa Cruz en Ocumicho, Michoacán y Héctor Camero en Monterrey, Nuevo León. Ambos, con trayectorias, experiencia y en contextos diferentes, forman parte de sendos proyectos de radiodifusión comunitaria que han sido perseguidos por el gobierno federal porque no tienen permiso para transmitir.

El primero de junio pasado Camero, que  es promotor de la radiodifusora comunitaria Tierra y Libertad, fue consignado por el Ministerio Público federal por delitos que tipifica la Ley General de Bienes Nacionales. Sigue en libertad gracias a un amparo judicial. Esa radiodifusora funcionaba desde hace siete años en la mencionada comunidad, de larga tradición en el movimiento por la democracia en las colonias populares. El 8 de junio de 2008, fue ocupada por 200 policías federales mientras varios niños de la radiodifusora transmitían un programa infantil.

Radio Tierra y Libertad solicitó desde 2002 su regularización como emisora permisionada, pero el gobierno federal no auspició el avance de esos trámites. En 2005 fueron legalizadas varias radios de esa índole en diversos sitios del país, mas esa decisión no alcanzó a beneficiar a la emisora regiomontana.

La gracia de la regularización dispuesta por el gobierno del presidente Fox tampoco llegó a Ocumicho, el poblado purépecha en donde funcionaba Radio Uekakua. Las transmisiones en esa lengua se habían convertido en punto de referencia para la comunidad, lo cual hacía patente el servicio social que ofrecía esa emisora.

También esa estación gestionaba su regularización legal desde 2002. Sin embargo el 29 de enero pasado un centenar de agentes de la AFI y otras corporaciones llegó a desmantelar la emisora porque operaba sin consentimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Un comunicado de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y otras agrupaciones que se distribuirá el día de hoy relata cómo fue esa operación contra la emisora: “Con uso desmedido de la fuerza procedieron al cierre en una comunidad de apenas 3 mil habitantes. Los elementos policíacos amedrentaron a los niños que se encontraban en ese momento en la estación, amenazaron a las mujeres con golpearlas, le taparon la boca a una menor y le lastimaron la mano, y una señora fue arrastrada violentamente de la radio”.

El testimonio de una de las muchachas amedrentadas en esa acción puede encontrarse en YouTube. La peor parte la llevó Rosa Cruz, que colaboraba en Radio Uekakua y a la cual los agentes que allanaron la modesta radiodifusora hicieron responsable de las transmisiones sin el permiso legal.

Convertida en culpable por esa decisión la señora Cruz, que apenas habla castellano, recibió hace 10 días una orden para comparecer en la oficina del Ministerio Público en Uruapan que la considera “indiciada” por explotar un bien que es propiedad de la nación. Ese delito, establecido en la Ley General de Bienes Nacionales (artículos 149 y 150) se castiga con prisión de 2 a 12 años y multa de hasta mil veces el salario mínimo.

Así es como Rosa Cruz, una indígena purépecha que colaboraba en la difusión de mensajes radiofónicos para su comunidad, lo mismo que el doctor Héctor Camero, dirigente de la Asociación Civil Tierra y Libertad de Monterrey, están en riesgo de ir a prisión. La causa de ese encarcelamiento sería la participación que han tenido en la radiodifusión comunitaria.

Esas emisoras operaban sin autorización legal. Pero nunca desconocieron tal irregularidad e, igual que otras en esas condiciones, quisieron normalizar su condición jurídica. En varias ocasiones, cuando querían sancionar a las radiodifusoras comunitarias las autoridades imponían medidas administrativas que llegaban a la incautación del equipo de transmisión.

Desde hace algunos meses, sin embargo, el gobierno federal endureció su actitud hacia las radios comunitarias y decidió acusarlas por transgresión a la mencionada Ley de Bienes Nacionales que implica penas corporales.

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuya dependencia presentó la denuncia que ha conducido a esas acciones legales, no parece tener disposición alguna para reconocer el derecho a la comunicación de indígenas como los de Ocumicho, o luchadores sociales como los de Tierra y Libertad.

La Procuraduría General de la República, por su parte, envió un centenar de agentes el 1 de febrero pasado a intervenir las instalaciones de la radio en Ocumicho, en donde encontraron –y maltrataron– a varias mujeres y algunos niños. Esa presteza, las autoridades federales no la han tenido para resolver el crimen de Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, de 22 y 24 años, las locutoras de la radiodifusora triqui “La voz que rompe el silencio” que fueron emboscadas y asesinadas el 7 de abril del año pasado en Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca.

¿Por qué el gobierno federal interrumpió el proceso de regularización legal de las radios comunitarias que había comenzado el sexenio anterior? ¿Por qué en vez de sanciones administrativas la Secretaría de Gobernación decidió perseguir a integrantes de esas radiodifusoras con acusaciones que de prosperar los llevarían al encarcelamiento? ¿Por qué se acosa con tanta saña a quienes, con las estaciones comunitarias, no hacen más que abrir espacios de expresión que, entre otras cosas, sirven como distensión a los conflictos sociales?

Esas preguntas quedan desplazadas por una más elemental, que formula una de las indígenas que con grandes sacrificios contribuyeron a instalar la radiodifusora en Ocumicho y que, después de ser maltratada por agentes federales y emplazada por el Ministerio Público, pregunta, simple y directamente en otro video: “¿Por qué el gobierno nos trata tan mal?”.

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Humillado en público por el dirigente por quien se ha batido incluso a golpes, servil hasta negarse a sí mismo, Rafael Acosta Ángeles, “Juanito”, es paradigma de las huestes que todavía siguen a López Obrador.

Carente de principios porque las convicciones que lo sostienen varían según el antojo del líder al que sigue, obedece y por quien se sacrifica, el candidato del PT a la delegación Iztapalapa está hoy en el centro de una disputa política que podría depender de su disciplina a los caprichos de su dirigente. Cuando López Obrador le dijo que renunciará apenas gane la Delegación, Acosta asintió sumiso, para que su lugar quede Clara Brugada, cuya candidatura fue cancelada por el Tribunal Federal Electoral.

Antes de que ese momento llegue falta que “Juanito” gane la elección; que Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del DF, esté dispuesto  a proponer a Brugada para reemplazarlo; que el Asamblea Legislativa del propio DF –que estará dividida entre partidarios de la dirección del PRD y lopezobradoristas– quiera aprobar esa sustitución. Y hará falta que Acosta Ángeles mantenga hasta ese momento la subordinación que ha manifestado. Ya en el cargo si es que llegase a ganar –lo cual no será sencillo, en vista de la fuerza que tienen en esa demarcación los grupos que apoyan a Silvia Oliva, la candidata del PRD– “Juanito” podría decidir que prefiere gobernar durante tres años la delegación más nutrida y con mayor presupuesto de la Ciudad de México antes que merecer el beneplácito de López Obrador, quien lo avergonzó delante de millares de personas al tratarlo como simple polichinela suya.

Ese desplante de soberbia y prepotencia ha llevado a muchos ciudadanos, entre ellos algunos comentaristas, a considerar que, ahora sí, ha resultado evidente el talante autoritario de Andrés Manuel López Obrador. Esta vez se excedió, dicen algunos. Mostró su verdadero rostro, se preocupan otros.

Pero no hay un solo rasgo nuevo en el López Obrador del mitin en donde puso en evidencia la subordinación de “Juanito” y el dirigente mandón, berrinchudo y fundamentalista que hemos conocido desde hace años. La misma ofuscación que lo invade cuando las circunstancias no se amoldan a sus preferencias, el mismo fanatismo con el que se considera depositario y beneficiario de la verdad y los designios históricos en tanto que quienes no comparten sus ensimismadas paranoias son todos miembros o títeres de la mafia como ha dado en llamar a la conspiración de todos los demás contra él, ya eran notorias cuando fue jefe de Gobierno del DF y aún antes.

Hace 5 años, el 6 de junio de 2004, esta columna se publicaba en La Crónica y allí me referí a los rasgos que me parece definen puntualmente el comportamiento, de raíces sicológicas pero de implicaciones políticas, que afecta a López Obrador. Aquel texto comenzaba de la siguiente manera:

“La personalidad autoritaria ha sido tema de atención tanto para el pensamiento político como desde los estudios de psicología social. El comportamiento de aquellos que se comportan de manera intolerante ante situaciones que no controlan puede exacerbarse –y constituir un riesgo para las sociedades– cuando quienes lo padecen se encuentran en posiciones de poder.

“Hace algo más de medio siglo el pensador alemán Theodor W. Adorno encabezó en la Universidad de Berkeley una indagación acerca de ese síndrome (T. W. Adorno,  Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson y Nevitt R. Sanford,  The authoritarian personality. Harper, Nueva York, 1950).

“Se trata de un comportamiento paradójico: una formación conformista, sometida a presiones autoritarias, tiende a suscitar conductas proclives a la sumisión. Pero cuando los individuos que han estado sujetos a esa enseñanza alcanzan posiciones de mando, entonces pueden manifestar una intolerancia excesiva. En otras palabras: ‘Cuando hablamos de personalidad autoritaria debemos saber que esta se caracteriza por unos rasgos tales como: disposición a la obediencia esmerada a los superiores, respeto y adulación de todos los que detentan fuerza y poder, disposición a la arrogancia y al desprecio de los inferiores jerárquicos y, en general, de todos los que están privados de fuerza o de poder. También aparecen rasgos como la aguda sensibilidad por el poder, la rigidez y el conformismo. La personalidad autoritaria tiende a pensar en términos de poder, a reaccionar con gran intensidad ante todos los aspectos de la realidad que afectan las relaciones de dominio: es intolerante frente a la ambigüedad, se refugia en un orden estructurado de manera elemental e inflexible, hace uso marcado de estereotipos en su forma de pensar y de comportarse; es particularmente sensible al influjo de fuerzas externas y tiende a aceptar todos los valores convencionales del grupo social al que pertenece’.

“La definición de Adorno y sus colaboradores ha sido muy discutida, especialmente por la equiparación casi mecánica que hace entre autoritarismo y conservadurismo. Sin embargo resulta útil para entender las conductas de algunos personajes históricos. Hay quienes la han aprovechado para describir al fascismo y a los populismos de distintos momentos en la historia del siglo pasado. También puede ser sugerente para interpretar el comportamiento de dirigentes políticos singularizados por la exaltación de sí mismos, la descalificación a priori de quienes sostienen puntos de vista distintos a los suyos, el desprecio por la legalidad cuando no se ajusta a sus proyectos y la convocatoria a las movilizaciones como coartada para desatender el cumplimiento del orden jurídico.

“En América Latina, hoy en día, el venezolano Hugo Chávez puede ser considerado arquetipo de personalidad autoritaria. Su discurso maximalista no reivindica, en el fondo, más proyecto que el acaparamiento del poder por encima de marcos legales, contrapesos políticos o reclamos sociales.

“En México, Andrés Manuel López Obrador pareciera esmerarse cotidianamente para que su comportamiento encaje en la descripción clásica de personalidad autoritaria”.

Así que no debiera haber sorpresa: López Obrador ha sido así, y sus rasgos autoritarios y antidemocráticos han sido evidentes al menos desde que ejerce el poder de manera relevante. Otra cosa es que muchos de sus simpatizantes de entonces no hayan querido advertir esa patología política. Al menos ahora, gracias a Rafael Acosta la personalidad autoritaria de López Obrador ha resultado mucho más patente –y patética–.

Así es López Obrador. Ese es el dirigente al que algunos mexicanos, cada vez menos pero todavía muchos, le siguen dispensando apego y en ocasiones incluso una obnubilada devoción. Ese es el líder que maneja, sojuzga y encandila a personajes como “Juanito”, un golpeador contagiado de la intolerancia que propala López Obrador y que ahora podría ganar las elecciones en Iztapalapa, la demarcación más poblada del país.

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Si los dirigentes del PAN y el PRI realmente quisieran debatir en público, ya lo habrían hecho desde hace días o semanas. Pero, indecisos y confundidos, inquietos más por las tendencias que marcan las encuestas que por los argumentos y las ideas, Germán Martínez y Beatriz Paredes han dejado que se ponga al IFE como pretexto para no debatir. Ayer mismo, el dirigente nacional del PAN dijo que sí habrá debate, cuando el IFE “no se oponga”.

Echarle la culpa al IFE por los desatinos e insuficiencias del resto del mundo político se ha convertido en inopinada pero quizá autoinmolatoria costumbre de los dirigentes partidarios pero también de otros actores de la vida pública. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión había accedido a organizar y transmitir el debate entre Germán Martínez y Beatriz Paredes. Ese evento, que hubiera sacudido aunque fuese momentáneamente el marasmo que ha singularizado a las actuales campañas, se iba a realizar el miércoles pasado por la noche.

Cuando aparentemente los preparativos habían avanzado, el lunes 15 por la noche la CIRT difundió un “Atento comunicado” en donde, de manera sibilina, canceló el debate y acusó al IFE por esa decisión.

El comunicado de los radiodifusores fue tomado en diversos medios como evidencia de la arbitrariedad y la malevolencia que según sus críticos más disgustados –la mayor parte de los cuales se encuentra en las televisoras privadas– campea en la autoridad electoral. Sergio Sarmiento manifestó, por ejemplo: “Ya ni siquiera el debate político está permitido en nuestro país, a menos que lo organice el IFE”.

Pero eso no es cierto. La autoridad electoral no prohibió el debate entre otros motivos porque no tiene facultades para ello. La especie de que el encuentro Paredes – Martínez fue suspendido por culpa del IFE es una mentira propalada por los dirigentes de la CIRT y luego, al menos por los dirigentes de Acción Nacional.

Quienes se opusieron al debate, porque no los invitaron, fueron los líderes del PRD y del Partido Socialdemócrata. Ambas dirigencias se quejaron ante el IFE por la realización inminente de ese evento. Tienen derecho a inconformarse, pero esa protesta hubiera quedado como recurso testimonial de no ser por la decisión de la CIRT –sus dirigentes tendrán sus motivos– para marginarse de la organización del debate.

En su “Atento Comunicado”, los radiodifusores dijeron: “El día de hoy la CIRT recibió comunicaciones de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Social Demócrata (PSD) –de manera directa y también a través del Instituto Federal Electoral (IFE) – en las que expresan su inconformidad con la realización del debate referido en los términos en los que ha sido planteado por los partidos solicitantes. Asimismo, se recibió oficio, de alcances imprecisos, por parte del Secretario Ejecutivo del IFE”.

La Cámara de la Radiodifusión no explicó cuáles eran las imprecisiones que identificaba no en la carta, sino en los “alcances” de la misiva del Secretario Ejecutivo del IFE. Eso dio pie a especulaciones que el Instituto Electoral no se tomó la molestia de aclarar.

En su Comunicado, la CIRT concluía diciendo que “manifiesta su plena disposición a analizar las solicitudes de apoyo, como lo ha hecho en otras ocasiones, una vez que la autoridad electoral y los partidos políticos hayan llegado a un acuerdo al respecto y/o que los abogados que conforman el Comité de Radiodifusión de la CIRT, hayan analizado los alcances legales de realizar debates bajo las nuevas normas electorales”.

En esa confesión de parte  los directivos de la CIRT admiten que no han comprendido las condiciones legales en las que pueden realizarse debates entre los partidos. Ojalá que sus abogados no tarden demasiado en las seguramente sesudas y arduas deliberaciones que deben haber mantenido durante toda la semana. Todo ese esfuerzo se lo habrían ahorrado tan solo con leer el artículo 70 del Código Electoral. Allí se dice que durante las campañas presidenciales el IFE debe organizar dos debates entre los candidatos a ese cargo. Y nada más. No se mencionan los debates entre candidatos a otras posiciones de representación, ni en elecciones intermedias como las que tendremos dentro de 16 días. Y si no se les menciona es porque los partidos y sus candidatos, si así lo desean, pueden tener todos los debates que quieran.

La carta que el Secretario Ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, le envió al presidente del Consejo Directivo de la CIRT, Enrique Pereda Gómez, tiene tres escuetos párrafos. En el primero, como si hiciera falta, recuerda que el IFE es la autoridad que administra el tiempo estatal del que disponen los partidos políticos en radio y televisión.

El segundo párrafo, igualmente retórico, precisa que el IFE regula la contienda electoral.

El tercer párrafo señala: “Así las cosas me permito hacer de su conocimiento los oficios No. RHE/601/09 y PSD/P/P-045/2009 recibidos en esta Secretaría los días 12 y 15 de los presentes respectivamente, remitidos por los representantes de los partidos de la Revolución Democrática y Social Demócrata, mediante los cuales manifiestan su preocupación en torno al debate que su Consejo Directivo organiza”.

Y nada más. Se trata de una carta ciertamente ambigua por su ausencia de indicaciones directas, pero allí no hay prohibición alguna. Quizá, y aquí incursionamos en el resbaladizo campo de la especulación, entre las autoridades del IFE había el propósito de evitar el debate para impedir la protesta del PRD y algún otro partido. Como no encontraron asideros legales, se decidieron por esa carta tan desangelada. O quizá, el secretario ejecutivo del IFE simplemente le advertía a la CIRT del contexto político que se estaba creando en torno al multicitado y hasta el día de hoy irrealizado debate. Pero no es tarea del IFE ofrecer advertencias políticas a nadie, ni servir de correveidile de los partidos con ninguna agrupación privada.

Si la carta del IFE hubiera implicado algún exceso respecto de las facultades formales que le confiere la ley, ya estaríamos viendo a los abogados de la CIRT apresurarse para presentar una denuncia contra la autoridad electoral.

Por lo demás, si hay un sector de la sociedad que se ha mostrado militantemente reacio a cumplir con la ley electoral, han sido precisamente los radiodifusores privados y de manera especial los operadores de las televisoras. Así que cuando la CIRT dijo que dejaba de organizar el debate para no incurrir en una infracción legal, quienes hemos atestiguado las tropelías de algunos de los integrantes más conspicuos de esa Cámara tuvimos derecho a proferir una larga, escéptica, estrepitosa carcajada.

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En Iztapalapa se condensaban las ventajas y los éxitos del PRD. Quizá en ningún otro municipio o delegación del país ese partido ha tenido una clientela tan sólida, con una fidelidad acerada en las penurias y aderezada en la esperanza. En la elección delegacional de 2003 ese partido alcanzó el 55.8% de los votos. En 2006, el 60.54%. El PRD gana prácticamente en todas las secciones de Iztapalapa.

Pero en esa delegación se concentran, al mismo tiempo, las limitaciones y las miserias políticas del PRD. El clientelismo y la demagogia, la utilización de recursos públicos a favor de intereses privados, el acarreo y los amagos, se han convertido en situaciones cotidianas. Lo peor, para los vecinos de esa delegación, es el deterioro de su entorno urbano. Allí se padecen las peores escaseces de agua en una ciudad de por sí agobiada por la sed. Allí delinquen, pero además se refugian incluso en zonas que llegan a ser territorios inaccesibles para las fuerzas de seguridad pública, algunas de las pandillas delincuenciales con mayor impunidad.

Iztapalapa, ahora, sin chistar siquiera, es motivo del enfrentamiento dentro del Partido de la Revolución Democrática.

El diferendo por la candidatura delegacional que ha propiciado una drástica resolución del Tribunal Federal Electoral y una nueva exhibición de ese partido, es resultado de la incapacidad del PRD para resolver sus conflictos internos.

La disputa dentro de ese partido se tradujo en dos candidaturas antagónicas para la nominación delegacional. Clara Marina Brugada Molina, identificada con Andrés Manuel López Obrador y René Bejarano, obtuvo 99 890 de los 205 153 votos en la elección interna del 15 de marzo. Silvia Oliva Fragoso, de la corriente de la que forman parte los actuales dirigentes nacionales perredistas, recibió 94 560 votos.

Eso dijo la comisión electoral del PRD. Sin embargo ambas candidatas presentaron impugnaciones. Las de Oliva Fragoso fueron mejor documentadas y a la postre más eficaces. El Tribunal Electoral del DF convalidó el triunfo de Brugada, pero en el Tribunal Federal campeó una posición distinta. Los ministros del TRIFE encontraron elementos suficientes para disponer la anulación de los votos emitidos en 34 casillas y la anulación de otras 47 casillas.

Los motivos del TRIFE para anular esos votos y casillas fueron sobre todo de forma. Los votos emitidos en la elección interna eran válidos, pero algunos aspectos de la organización de tales comicios no se ajustaron a los Estatutos del PRD. Una de las causas principales para la anulación parcial de la votación fue que algunos funcionarios de casilla no radican en la sección electoral en donde estuvieron presentes, o no son miembros de ese partido como requieren los estatutos.

El TRIFE fue en exceso formalista en esa revisión de la elección de Iztapalapa. Pero no podía dejar de serlo porque actuaba a exigencia de Oliva Fragoso –y en menor medida de Brugada– que impugnó esas irregularidades.

Ese Tribunal atendió seis reclamaciones, que se tradujeron en otras tantas sentencias acordadas el viernes 12 de junio por la madrugada. La más importante de ellas ocupa 196 páginas. Entre todas, las seis sentencias tienen 453 páginas.

Como resultado de esa revisión, en donde incluso corrigió errores aritméticos del Tribunal del DF, el TRIFE estableció un nuevo resultado.  El 48.7% de Brugada y el  46.09% que tenía Oliva, cambiaron a 38.8% y 39.16%, respectivamente.

A las dos les anularon votos, pero más a Brugada que, al final, quedó con 79 582 votos. Oliva, tuvo 80 353 votos de acuerdo con la decisión del Trife.

El problema del PRD, ahora expresado en Iztapalapa, no es únicamente de pandillas políticas, ni porque sea incapaz de organizar una elección interna que resulte confiable. El problema es de índole más general y se deriva de la ausencia de acuerdos fundamentales en ese partido. Los mecanismos de conciliación y fiscalización interna no funcionan. Los liderazgos, lejos de cohesionar, escinden al PRD.

Iztapalapa es la nueva piedra de toque en el pleito que López Obrador tiene contra la dirección de ese partido.

La dirección nacional del PRD ha buscado una nueva candidatura, aunque ello lesionara los derechos de Brugada y eludiera la decisión del Tribunal.

Todo ello de nada, absolutamente nada, le sirve a la gente de Iztapalapa. Las rencillas políticas y las sentencias de la justicia electoral no influirán un ápice en la escasez de agua, en la precaria infraestructura urbana o en la irremediable inseguridad que padece esa delegación.

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Se ha convertido en destinataria de los más inclementes reproches políticos; se le culpa del atraso, las pugnas e incluso las engañifas de los partidos; mientras más se la identifica por sus excesos, más se mitifican sus capacidades: la partidocracia es objetada, con y sin razones, por numerosos ciudadanos.

Colocada en el centro del cuestionamiento político, pareciera que mientras más se defiende la partidocracia refuerza mejor las impugnaciones en contra suya. Los reproches de dirigentes de todos los colores políticos en contra de la iniciativa para anular el voto, por lo general no han hecho sino justificar las desavenencias que se tienen acerca de ellos.

Denominarlas partidocracia implica, de inicio, una posición crítica respecto de las dirigencias de los partidos políticos. En todos los partidos tiene que haber jerarquías y las decisiones fundamentales deben estar a cargo de aquellos que han logrado colocarse al frente de cada organización política. Aunque sea de Perogrullo, es preciso recordar que los dirigentes están para conducir a un partido. El problema surge cuando se trata de liderazgos sustancialmente  alejados de sus bases, o de la sociedad a la que pretenden representar.

El cuestionamiento actual a la partidocracia surge precisamente de segmentos sociales que no se consideran identificados con tales partidos ni con quienes los encabezan. En esa apreciación crítica se amalgaman posiciones e intereses muy variados. Esencialmente podría considerarse, con Alberto Aziz, en una explicación acuñada hace tres años:

“La partidocracia, representa el encierro de una clase política que ha sido incapaz de construir acuerdos para consolidar la democracia, y por supuesto, para fortalecer el desarrollo del país. Tenemos a un conjunto de actores políticos obsesionados primero con la sucesión presidencial, y luego por quedarse con la presidencia, sin importar los medios para conseguirlo. Actores que paralizaron cualquier posibilidad reformadora. Partidos que tienen dinero público, mucho dinero y televisión, así que no necesitan ni ciudadanos, ni hacer política”.

En la circunstancia mexicana actual, no puede desconocerse que el reclamo contra la partidocracia ha sido alentado por las corporaciones mediáticas que fueron afectadas con la reforma constitucional que en 2007 canceló la venta de propaganda política en la televisión y la radio. Desde entonces menuderaron los reproches a una partidocracia que, se decía, estaba acaparando el espacio público en detrimento de los ciudadanos. Uno de los voceros de las televisoras exclamó en septiembre de aquel año: “No podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos cuantos dirigentes de partidos políticos”.

Tampoco deberíamos permitir que a la sociedad, o a sus espacios de expresión y deliberación, los secuestre una mediocracia deformadora y convenenciera.

Por eso es pertinente distinguir entre los cuestionamientos a la partidocracia que surgen del interés para restaurar y ampliar privilegios de grupos de presión como los que constituyen las corporaciones mediáticas y las críticas surgidas de otras posiciones, especialmente entre ciudadanos que están en desacuerdo con los actuales partidos.

Las burocracias dirigentes son consustanciales a los partidos. Y los partidos, gústenos o no, son indispensables en las democracias. Podemos decir que son males necesarios. Podemos y debiéramos advertir sus muchas inconsistencias y desde luego sus inconsecuencias y arbitrariedades. Pero sin partidos no hay representación política en una sociedad compleja y de masas como la que tenemos. Sin partidos no hay democracia y en cada uno de ellos resulta inevitable que existan –y desde luego que gobiernen– grupos dirigentes.

Eso no significa que los partidos que ahora tenemos, ni que los grupos que ahora los dirigen, tengan que recibir solamente por eso nuestra adhesión. Por ello las convocatorias para anular el voto no necesariamente atentan contra institucionalidad política ni son antitéticas con la democracia, como con tanta ligereza han sostenido algunos de sus críticos. Pero, por otra parte, quienes a partir de la iniciativa para anular el voto consideran que de esa manera abolirán a la partidocracia, incurren en una actitud demasiado candorosa.

Las dirigencias de los partidos son ineludibles. Precisamente por eso hay que aspirar a que estén sometidas al más estricto escrutinio y, antes que nada, a que a ellas lleguen los mejores dirigentes que sea posible.

Desde luego, la designación de sus líderes y la vigilancia de su desempeño es asunto antes que nada de los miembros de cada partido. Pero también se trata de temas que conciernen al conjunto de la sociedad. No hay que olvidar que los partidos son instituciones de interés público.

Esa condición de los partidos no está suficientemente contemplada en la legislación mexicana. En este país, por motivos diversos, hemos demorado la creación de una Ley de Partidos que establezca mecanismos para asegurar la democracia interna, los derechos de corrientes y minorías, la rendición de cuentas, la revocabilidad y los compromisos públicos tanto de los propios partidos como de sus líderes, entre otros temas.

Contamos con disposiciones que ya obligan a los partidos a informar de su situación financiera y de otras decisiones y que están contenidas en el capítulo sobre Transparencia del actual Código Electoral, pero son tan nuevas y tan escasamente conocidas que no han sido suficientemente cumplidas ni exigidas. Además hace falta una legislación específica para los partidos y no solamente las medidas que establece la normatividad electoral.

La anulación del voto no abolirá a la partidocracia. Pero será un reto a su capacidad de respuesta a las inquietudes de los ciudadanos que no se avienen con ninguno de los partidos tal y como se encuentran ahora. Posiblemente, además, gracias a inquietudes como esas podamos tener una ley de partidos que se origine en el reconocimiento de que las burocracias políticas son inevitables, pero no por ello irremediables.

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Texto publicado en emeequis

Los amigos que conducen un instituto de estudios relacionados con asuntos de la democracia organizaron para este fin de semana una mesa redonda en la que participarían un representante del PRD y otro del PSD. A esa reunión la denominaron “La izquierda electoralmente existente”.

Con mucha frecuencia y más por flojera analítica que como resultado de un diagnóstico escrupuloso al PAN se la ubica en la derecha, al PRD en la izquierda y al PRI, casi por omisión, en el centro. Otra clasificación, con mayor intencionalidad pero tampoco rigurosa, considera que hay un polo conservador dominado por PAN y PRI.

Decir que el PRD y el Socialdemócrata son de izquierda puede ser resultado de la costumbre y la inercia pero también de un indulgente voluntarismo, sobre todo cuando hay elecciones cercanas. Buena parte de los votantes de esos partidos considera que, respaldándolos, enfrenta a la derecha panista-priista. Y en contraposición a esas opciones, considera que está votando por la izquierda.

Si la izquierda contemporánea es el compromiso con la democracia y la vocación por la justicia social se necesita cara dura, o confiar en la desmemoria de la gente, para postularse como tal desde partidos que rebosan de artimañas y chanchullos  como el PRD, o que han sido asaltados con persecuciones y porros como el Socialdemócrata.

Hay un amplio catálogo de valores que las izquierdas de todo el mundo comparten, ciertamente con inconsistencias, en su práctica política. Las izquierdas suelen reivindicar el papel del Estado en la economía, pero en la crisis financiera y ahora productiva que recorre al mundo ese ya no es un signo peculiar. Las distinciones radican en la manera como se asume esa conducción estatal.

Por lo general las izquierdas plantean mayores impuestos para que, así reforzadas, las finanzas públicas estén en condiciones de respaldar el desarrollo de la sociedad. Sin embargo en México es infrecuente que los partidos, incluyendo a los que algunos consideran de izquierdas, propongan incrementos de impuestos.

La ausencia de una auténtica política fiscal no es un dato menor. Quizá debido a que muchos de sus integrantes se formaron en el sistema priista, y en el otro extremo porque algunos más lo hicieron en constante contraposición con el poder político, en partidos como el PRD no suele haber confianza en el Estado. Al Estado, una gran cantidad de dirigentes y adherentes perredistas lo ven como fuente de utilidades privadas y casi nunca como institución capaz de beneficiar a la sociedad.

Entreveradas así sus tradiciones priista y revolucionaria (una, solidificada al amparo del Estado mexicano; la otra, encandilada con la posibilidad de acabar con él) el PRD y sus satélites carecen del compromiso programático que en otros sitios define a las izquierdas. En casi todo el mundo las izquierdas se apoyan en movimientos de masas o promueven su desarrollo. En México, los partidos considerados de izquierda solamente buscan clientelas.

Hay demandas de las izquierdas que a veces pasan por esos partidos. El derecho al aborto es una de ellas. Pero una golondrina no hace programa.

Curándose en salud, los organizadores del seminario al que me he referido aludieron a PRD y PDS como “La izquierda electoralmente existente”. De entrada, descartaron al PT y a Convergencia que tienen casi los mismos méritos para ser considerados de izquierda. Es decir, prácticamente ninguno.

Ese título remite a la manera como durante muchos años se denominó, precisamente en el campo de las izquierdas, a los regímenes burocráticos, sobre todo de Europa del Este, que como tenían o decían tener economía planificada eran considerados socialistas. Pero como además eran autoritarios –y a veces profundamente sanguinarios– fueron calificados como “realmente existentes”.

El socialismo realmente existente era un eufemismo para soslayar la antidemocracia de aquellos gobiernos. Con el mismo método podríamos considerar que bajo la égida corporativa del SNTE, en las escuelas mexicanas hay una calidad de la enseñanza realmente existente. O que el gobernador de Puebla, o el policía que nos extorsiona, practican una honestidad realmente existente. O podría considerarse que en las calles de nuestras ciudades padecemos una seguridad realmente existente.

Antes de resolver nuestras nostalgias ideológicas con fórmulas retóricas, convendría apostar por el significado estricto de las palabras.

“Tiene la palabra la senadora Dulce María Sauri…” Una y otra vez, hasta sumar quizá 15, el presidente del Senado anunciaba un nuevo turno de la legisladora yucateca que se había  echado a cuestas la tarea de impugnar, punto por punto, las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión. Ley Televisa, se les había denominado, en el transcurso de varios meses de encendido debate público en el que resultaron evidentes la autoría y el patrocinio de las televisoras a esa propuesta legislativa de la que tantos beneficios esperaban obtener.

La oposición a la Ley Televisa aquel 30 de marzo de 2006 era minoritaria, pero harto significativa. 40 senadores de los tres partidos mayores habían coincidido para reconocer que se trataba de enmiendas que entregaban parte de la soberanía nacional –ejercida en el espectro radioeléctrico– a los caprichos de empresas como Televisa y TV Azteca. Sabiéndose minoría y por eso anticipando un resultado adverso, los senadores que combatían esas reformas insistieron en dar por lo menos una emblemática batalla de ideas. La ganaron de antemano, porque los defensores de la Ley Televisa mucho antes de llegar a la mitad de aquella sesión que se prolongaría durante 13 horas, se replegaron y no hicieron más que oír, sin responder, los argumentos de los senadores en rebeldía.

Dulce María Sauri Riancho –ex gobernadora, ex diputada federal, ex presidenta nacional del PRI– no era primeriza ni ingenua y sabía los riesgos que ese compromiso con la reivindicación de un nuevo esquema comunicacional tendría para su carrera política. Por eso no se sorprendió cuando, recientemente, fue vetada en Yucatán como candidata a diputada federal. Por eso quizá no le costó demasiado esfuerzo grabar los llamamientos por el voto nulo que desde inicios de esta semana están colgados de You Tube y que han sorprendido e incluso indignado a quienes no entienden cómo es posible que una ex líder del PRI convoque a no votar por ese ni por ningún otro partido.

Sauri lo ha explicado con claridad: “Mi larga trayectoria política me permitió conocer de primera mano cómo se fue formando una estructura de control electoral y político, que iba ocupando los espacios que quedaban sueltos por el deterioro del sistema presidencialista que nos rigió en México por más de 70 años. Como resultado de esta transición frustrada, esta estructura de control está en manos de los llamados poderes fácticos, que son grupos de interés que operan por encima de la ley y de las instituciones y que tienen tanta fuerza, que han sabido doblegar las leyes y a quienes las hacen, las instituciones públicas y a quienes las dirigen”.

Se podrá estar de acuerdo o no con esos argumentos, pero no se podrá decir que Sauri no tiene razones y las expresa. Se podrá respaldar, o no, su decisión para promover la anulación del voto, pero no se podrá regatear la osadía de Sauri que ya está suscitando la cólera irreflexiva de algunos de los más ortodoxos personajes en el PRI y otros partidos.

La decisión se Sauri y sobre todo el desquite que han promovido contra ella los poderes mediáticos, difícilmente podrían entenderse sin recordar aquella larga jornada del jueves 30 de marzo de 2006. Ese día, la senadora Sauri expuso en una extensa y documentada intervención inicial los motivos de su rechazo, compartido por otros 39 senadores, a la Ley Televisa.

Aquella era una intervención equilibrada, inteligente, además sarcástica. Sauri comenzó jugando con los nombres de varios conocidos programas de televisión para demostrar la monotonía de la oferta televisiva que reciben los mexicanos. Luego entró al meollo de su razonamiento y explicó que se oponía a modificaciones que se discutían en ese momento pero que estaba a favor de una auténtica reforma para los medios de comunicación:

“A favor de los nuevos equilibrios entre el poder del Estado y la dominación de los medios, sólo la fortaleza de la conducción del Estado garantiza un juego limpio para todos. Los poderes fácticos en una sociedad, son aquellos que no están regidos por las leyes sino por su propia fuerza, por lo cual se pueden imponer a los demás sin reconocer límite alguno: el poder del dinero que compra y avasalla voluntades, domina sistemas financieros y se apropia de conocimientos científicos y tecnológicos para su propio provecho; el poder del miedo, representado por el narcotráfico y el crimen organizado; el poder de las conciencias que se expresa en los medios masivos de comunicación.

“La sana convivencia colectiva, la preservación de la democracia en una sociedad, exigen dominar a los poderes fácticos. Esto sólo es posible con el respeto al Estado de Derecho, con buenas leyes que fortalezcan al Estado y otorguen mandato al gobierno para combatir y castigar los excesos.

“Por eso estoy en contra de la minuta a discusión, porque debilita el poder del Estado para regular, ordenar y desarrollar el sector de telecomunicaciones y de radio y televisión; porque disminuye la capacidad del Estado para administrar un bien público, como es el espectro radioeléctrico al tener un órgano regulador débil y disminuido, al cual ni siquiera se le conservan las atribuciones actualmente existentes en su Reglamento; porque propicia condiciones de ambigüedad e imprecisión de sus facultades regulatorias; porque propicia continuar apostándole a la autorregulación del mercado como ha venido sucediendo en el sector de telecomunicaciones; porque la debilidad en su órgano regulatorio permite la ley del más fuerte y avasalla a los más pequeños.

“Entre las empresas gigantes del espectro radioeléctrico, el King Kong de las telecomunicaciones y el Gotzila de la televisión, la Cofetel sólo podrá correr para evitar ser pisoteada. Porque le pedimos al Estado a través de la Cofetel que ordene el espectro radioeléctrico, pero la minuta le quita los instrumentos para hacerlo, porque la inmovilidad de los comisionados del órgano regulador se vuelven como estatuas de sal a las que se verán reducidos, sin atribuciones y facultades de autoridad, serán cinco almas en pena que vaguen por el espectro radioeléctrico y la Cofetel una gran Oficialía de Partes para entregar y procesar documentación”.

La senadora Sauri se refería a las limitaciones y distorsiones más notables de la Ley Televisa. Luego se extendería en la explicación de los obstáculos que esas reformas significaban para la convergencia tecnológica, la diversidad de operadores de servicios de telecomunicaciones y la competencia en ese terreno. Y más adelante, hora tras hora, en el transcurso de aquella larga sesión, volvería a la tribuna senatorial para impugnar artículos específicos de esas reformas. A ella le tocaba expresar los argumentos iniciales que luego reforzaban senadores de varios partidos.

El resto de esa aún inconclusa historia es conocido. Aprobadas por el Congreso, las reformas a las leyes de telecomunicaciones y radiodifusión fueron impugnadas por 47 senadores. Un año después la Suprema Corte anuló las modificaciones legales más significativas de ese paquete y hasta el día de hoy –dos años después de la decisión de la Corte– el actual Congreso no ha querido enmendar nuevamente esas leyes federales.

Con ese discurso, Dulce María Sauri se ganó la animosidad de las televisoras. Ese, más que la difusión de los recientes videos, fue el punto de inflexión en su carrera política. La propuesta de Sauri para cruzar la boleta electoral con un rotundo Así no, tiene mayor sentido si se recuerda aquel debate en el Senado que puso en evidencia la arbitrariedad de las televisoras y de sus complacientes simpatizantes en la clase política.

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