Sociedad y poder

¿Cómo puede alguien votar por los partidos de López Obrador cuando ese dirigente se empecina cotidianamente en mandar al diablo a todo aquel que no se le somete? Ahora es el Tribunal Electoral: cuando denomina “achichincles de la mafia” a los magistrados del TRIFE que desconocieron las elecciones internas que favorecían a la candidata subyugada a ese líder, López Obrador confirma el síndrome autista que define su percepción de la realidad.

Para él no hay más que los suyos y los otros, los buenos y todos los demás. Ahora, en consecuencia, supone que todos los que no se comportan de acuerdo a sus preferencias forman parte de una aviesa y extendida conspiración en contra suya. La “mafia” a la que culpa de todos sus tropiezos, crece tanto como aumentan personajes e instituciones que discrepan de ese ex candidato presidencial o a los que simplemente ha decidido culpar de estar en contra suya.

En otras zonas del entramado político, la complacencia de los dirigentes también condiciona reacciones y estancamientos. Ayer mismo en Metepec, en un mitin repleto de acarreados que tuvieron que pasar lista, la dirigente nacional del Revolucionario Institucional se explayó en elogios para el gobernador del Estado de México.

“Enrique Peña es un baluarte del PRI y el PRI del siglo 21 tiene cuadros, líderes y personajes para dar y prestar”, dijo Paredes. Y aún más:”Somos un equipo convertido en partido, lo que demuestra que, juntos, nadie nos puede derrotar. El trabajo de Enrique Peña nos enorgullece y nos alienta” expresó, de acuerdo con la edición en línea del diario Reforma.

Tales apreciaciones desbordaron la cortesía que Beatriz Paredes debía tener con el anfitrión de la reunión política a la que asistía en los linderos de la capital mexiquense. Decir que el trabajo de Peña Nieto le causa orgullo, implica respaldarlo precisamente cuando el apoyo que Televisa le brinda al gobernador de esa entidad ha sido motivo de amplia discusión pública.

Paredes considera que Peña Nieto es un puntal del PRI. No es otra la implicación del término baluarte que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia tiene dos connotaciones. La primera de ellas es “Obra de fortificación que sobresale en el encuentro de dos cortinas o lienzos de muralla y se compone de dos caras que forman ángulo saliente, dos flancos que las unen al muro y una gola de entrada”.

La otra acepción es “amparo y defensa”. En cualquiera de ambas, si al gobernador del Estado de México se le califica como baluarte priista es porque se piensa que hace fuerte a ese partido, lo resguarda y protege y, además, sirve como gozne que lo solidifica.

Se podría suponer, en descargo suyo, que Beatriz Paredes se dejó llevar por el entusiasmo de los mexiquenses –forzado por el acarreo, pero quizá de todos modos contagioso– pero no es una principiante en materia de eventos políticos. Además se trata de una mujer que entiende el significado de las palabras.

Así que el espaldarazo a Peña Nieto no fue repentino, ni improvisado. Paredes sabe de lo que habla y no puede ignorar las implicaciones de esa declaración. Lo que posiblemente desconoce es que hace tres años, también en el Estado de México, el entonces candidato presidencial, Roberto Madrazo, dijo exactamente lo mismo del gobernador Peña Nieto.

El 11 de junio de 2006, en una reunión con presidentes municipales priistas de distintos sitios del país, Peña Nieto manifestó delante de Madrazo “el apoyo irrestricto, el apoyo de los mexiquenses hacia su candidatura”.

Madrazo, a su vez,  “le correspondió al calificar al Mandatario como un baluarte del PRI en procesos electorales y un amigo seguro cuando las horas son inciertas” (Miguel Zacarías, ”Respaldan alcaldes a Madrazo”, Reforma, 12 de junio de 2006).

Así que Peña Nieto es fundamental para el proyecto político que alienta Beatriz Paredes, de la misma manera que lo fue para Roberto Madrazo. Esa versatilidad es indicio de la vigencia, pero también del pragmatismo del gobernador mexiquense.

Y no son menos pródigos en el lenguaje los dirigentes de Acción Nacional. Las invectivas de Germán Martínez contra el gobernador de Sonora, reiteran la política de confrontación de ese partido una semana antes de las elecciones federales. Pero además contradijeron la distensión que buscaba suscitar el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuando dijo unas horas antes que no quería enfrentarse con el gobernador Eduardo Bours.

La agresividad de Martínez Cázares tiene propósitos electorales. Igual que el gobernador sonorense, quiere aprovechar la tragedia en la ABC. Ni el líder del PAN, ni Bours, favorecen la acción de la justicia en su burdo canje de invectivas.

El día de las elecciones, el 5 de julio, se cumplirá un mes de la catástrofe que les quitó la vida a ya casi 50 niños. Para muchos electores será imposible dejar de recordar el entramado de negligencias, complicidades y acusaciones que los dirigentes y funcionarios de varios partidos han tejido antes y después de aquel siniestro.

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Los simpatizantes del PRD dicen que anular el voto le conviene a la derecha, que ya basta de seguir con la misma política económica, que no hay que hacerle el juego a quienes quieren consolidar al PRI-PAN.

Pero si con algo se identifica hoy ese partido es con la insuperable crisis interna que lo ha convertido en la organización política más mencionada pero, además, en la que tiene una imagen más problemática. Los ajustes que propone para la economía son ocasionales y tímidos; baste recordar el tapabocas que varios dirigentes perredistas quisieron ponerle al ex presidente Zedillo cuando recordó que no habrá política económica fuerte si no es incrementando los impuestos.

Los adherentes del PRI sostienen ante el voto nulo que no es momento de jugar a la imaginación electoral, que para asegurar cambios hay que apostar a quienes sí saben gobernar.

Pero los priistas que se encuentran en posiciones de gobierno distan de ser heraldos de la renovación en ningún terreno. Desde Oaxaca hasta Hermosillo, desde Xalapa y Puebla hasta Mérida y Toluca, los gobiernos priistas repiten la misma defensa de intereses corporativos, la misma opacidad, con la misma retórica que durante décadas utilizaron sus antecesores tricolores. No es posible votar por el PRI sin dejar de mirar al pasado.

Los partidarios de Acción Nacional convocan a no desperdiciar el voto en opciones que no respalden la consolidación de los avances que, alegan, el país ha logrado en los años recientes. El combate a la delincuencia es su divisa central.

Sin embargo no es el Ejecutivo Federal, sino la mitad del Congreso, lo que habrá de renovarse en las elecciones del 5 de julio. Y si hemos de juzgar el desempeño del presidente Calderón, resulta inevitable recordar la subordinación que ha manifestado respecto de las televisoras y los caciques sindicales entre otros poderes fácticos.

Los propagandistas del Partido Verde dicen que en vez de anular, hay que votar por ellos para instaurar la pena de muerte y para que los niños tengan becas en sus escuelas. Lo primero, es inaceptable en una sociedad civilizada. Lo otro, no hay partido que no lo proponga. Por mucho marketing y make up que utilice –y precisamente por eso– el PVEM no deja de ser y parecer un partido convenenciero y marrullero.

Los adherentes del PT y Convergencia postulan ante la anulación del voto los mismos argumentos que el PRD pero con otras siglas. La expresión política de algunos movimientos sociales que pudo haber sido el Partido del Trabajo, se convirtió en instrumento de un caudillo que lo utiliza como si estuviera repleto de juanitos como el de Iztapalapa.

Convergencia no tiene siquiera una historia original por reivindicar. Surgió del PRI, se sometió a dirigentes escabullidos del PRI y mantiene una carencia de principios como la de los priistas más desfachatados.

¿Nueva Alianza? Es un negocio político de la maestra que ha tenido la habilidad de hacerle creer al gobierno de Calderón que le resulta útil. Pocos lemas de campaña son tan artificiosos como el que propone a Nueva Alianza como el partido de la educación, cuando la dirigente que lo regentea es corresponsable de la catástrofe educativa mexicana.

Del PSD no hace falta decir demasiado. A quienes todavía a estas alturas pudieran inclinarse por ese partido debido a los temas que forman parte de su discurso, hay que pedirles que recuerden la manera en que varios de los actuales líderes pretendidamente socialdemócratas ordenaron romper a golpes la asamblea que respaldaba a Patricia Mercado. Basta entrar a YouTube y teclear “Alternativa” y “porros”. Allí están.

¿Hay utilidad en votar por alguno de esos partidos? ¿Merecen nuestro sufragio? Este ciudadano tiene más motivos para regatearles que para concederles su voto.

Ni las exhortaciones a escoger el menos malo, ni las reconvenciones de quienes no entienden que anular también es decidir, me han parecido suficientes.

Cada quien decidirá en conciencia, pues para eso son las elecciones. A la luz de ese panorama el 5 de julio este ciudadano, por si a alguien le interesa, irá a la casilla electoral para cruzar las boletas con una leyenda sencilla y acaso significativa: “Así no”.

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La ríspida y grosera respuesta que Televisa publicó contra los periodistas Carmen Aristegui y Jenaro Villamil, es indicio del profundo disgusto que experimentan los directivos de esa empresa cuando se documenta el respaldo que le dan a Enrique Peña Nieto.

La construcción del gobernador del Estado de México como personaje público ha sido una tarea perseverante y amplísimamente difundida por Televisa desde hace varios años. En los meses recientes, los telespectadores han tenido motivos para suponer que Peña Nieto pasa más tiempo en los estudios de San Ángel que en el palacio de Gobierno en Toluca. Su asistencia a festivales y concursos, las menciones que le dedican en programas de cotilleo, la referencia a sitios del Estado de México en las telenovelas y la inclusión de notas sobre actividades suyas sin relevancia periodística alguna pero que atestan los noticieros de Televisa, han hecho de Peña Nieto un personaje muy conocido aunque los ciudadanos no estén enterados de sus capacidades como gobernante.

En su reciente libro Si yo fuera presidente Villamil, que es el reportero más enterado acerca de los intríngulis políticos de los medios de comunicación mexicanos, se ocupa de la alianza de Televisa con el mandatario mexiquense. Para conversar sobre ese texto, fue invitado el lunes por Carmen Aristegui a su programa en MVS Radio. Conocedores ambos del tema y Aristegui además víctima de la prepotencia de Televisa, cuyos directivos no cejaron hasta echarla del exitoso noticiero que tenía en W Radio, los dos sostuvieron una enterada e interesante charla.

Lo que allí se dijo, motivó a los operadores de Televisa a publicar un desplegado a plana entera en varios diarios de la ciudad de México. “Mienten”, les dice ese consorcio a Aristegui y Villamil, pero hay motivos para asegurar que las falsedades en este diferendo han surgido de Televisa.

En medio de varias imputaciones a esos periodistas, Televisa busca disimular el señalamiento principal que da tema al libro de Villamil y que motivó la conversación radiofónica. Y ese es, ni más ni menos, la inusitada cuan desmesurada propaganda que le brinda la televisora al gobernador Peña Nieto.

Periodista de Proceso, Villamil ha informado que Televisa recibe del gobierno del Estado de México entre 800 y 900 millones de pesos anuales para promover la imagen de Peña. La empresa considera que esa cantidad es exagerada porque durante las campañas electorales de 2006 vendió, a todos los partidos, 778 millones de pesos de publicidad. Sin embargo Televisa no indica a cuánto asciende, entonces, la venta de servicios relacionados con la propaganda para el gobernador del Estado de México. Villamil tiene documentos que acreditan pagos por 746 millones de pesos tal sólo en 2005, de tal manera que se puede suponer que esa cifra ha aumentado en los años recientes.

Es muchísimo dinero. Y se trata, peso por peso, de recursos fiscales. Es decir, de dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes. Con más razón Televisa y el gobierno mexiquense estarían obligados a informar de qué tamaño es la inversión para que Peña Nieto esté incluido en el firmamento del Canal de las Estrellas. Pero ni de ese consorcio –tan aparentemente puntilloso para responder ahora a dos de sus críticos– ni del gobierno del Estado de México, en donde se oculta la información de los gastos en publicidad, puede esperarse transparencia alguna.

Cuando quieren justificar la incesante aparición de Peña en notas insustanciales en sus noticieros, Televisa afirma que en el Estado de México hay muchos habitantes y por eso abunda la información acerca de esa entidad. Si esos son los criterios para definir qué noticias difunde Televisa, los acontecimientos que ocurran en Colima o Baja California Sur jamás encontrarán sitio en los programas informativos de esa empresa que, en cambio, estarán saturadas con notas acerca del Distrito Federal, Veracruz o el Estado de México.

Para explicarse por qué invita a Villamil a su programa de radio, Televisa considera que Carmen Aristegui le paga de esa manera al periodista de Proceso la cobertura que le dio al despido que ella padeció hace año y medio.

Se trata de una curiosa pero sintomática –y patética– manera de justipreciar las decisiones editoriales de un espacio de comunicación. Para los funcionarios de Televisa no hay agendas ni prioridades profesionales. El interés noticioso, para ellos no existe. Su concepción de los motivos que puede tener el conductor de un programa se limita al intercambio de favores personales y a las apuestas políticas.

Así es como los directivos de Televisa consideran que se jerarquizan, y difunden, los contenidos informativos. En esa inusual y por eso valiosa develación de sus motivaciones, los directivos de Televisa dejan muy mal colocados a los periodistas de comportamiento profesional que a pesar de todo trabajan en esa empresa.

Peña Nieto se ha convertido en palmaria debilidad de Televisa. Y Televisa es, para sus aspiraciones presidenciales, la debilidad más notoria de Peña Nieto.

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Suena muy drástico y parece difícil de creer, pero el gobierno del presidente Felipe Calderón ha resuelto, en algunos casos, criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión. Eso significa que hay mexicanos a quienes, por ejercer ese derecho, podrían meterlos a la cárcel.

Nos referimos a la suerte que están a punto de padecer ciudadanos como Rosa Cruz en Ocumicho, Michoacán y Héctor Camero en Monterrey, Nuevo León. Ambos, con trayectorias, experiencia y en contextos diferentes, forman parte de sendos proyectos de radiodifusión comunitaria que han sido perseguidos por el gobierno federal porque no tienen permiso para transmitir.

El primero de junio pasado Camero, que  es promotor de la radiodifusora comunitaria Tierra y Libertad, fue consignado por el Ministerio Público federal por delitos que tipifica la Ley General de Bienes Nacionales. Sigue en libertad gracias a un amparo judicial. Esa radiodifusora funcionaba desde hace siete años en la mencionada comunidad, de larga tradición en el movimiento por la democracia en las colonias populares. El 8 de junio de 2008, fue ocupada por 200 policías federales mientras varios niños de la radiodifusora transmitían un programa infantil.

Radio Tierra y Libertad solicitó desde 2002 su regularización como emisora permisionada, pero el gobierno federal no auspició el avance de esos trámites. En 2005 fueron legalizadas varias radios de esa índole en diversos sitios del país, mas esa decisión no alcanzó a beneficiar a la emisora regiomontana.

La gracia de la regularización dispuesta por el gobierno del presidente Fox tampoco llegó a Ocumicho, el poblado purépecha en donde funcionaba Radio Uekakua. Las transmisiones en esa lengua se habían convertido en punto de referencia para la comunidad, lo cual hacía patente el servicio social que ofrecía esa emisora.

También esa estación gestionaba su regularización legal desde 2002. Sin embargo el 29 de enero pasado un centenar de agentes de la AFI y otras corporaciones llegó a desmantelar la emisora porque operaba sin consentimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Un comunicado de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y otras agrupaciones que se distribuirá el día de hoy relata cómo fue esa operación contra la emisora: “Con uso desmedido de la fuerza procedieron al cierre en una comunidad de apenas 3 mil habitantes. Los elementos policíacos amedrentaron a los niños que se encontraban en ese momento en la estación, amenazaron a las mujeres con golpearlas, le taparon la boca a una menor y le lastimaron la mano, y una señora fue arrastrada violentamente de la radio”.

El testimonio de una de las muchachas amedrentadas en esa acción puede encontrarse en YouTube. La peor parte la llevó Rosa Cruz, que colaboraba en Radio Uekakua y a la cual los agentes que allanaron la modesta radiodifusora hicieron responsable de las transmisiones sin el permiso legal.

Convertida en culpable por esa decisión la señora Cruz, que apenas habla castellano, recibió hace 10 días una orden para comparecer en la oficina del Ministerio Público en Uruapan que la considera “indiciada” por explotar un bien que es propiedad de la nación. Ese delito, establecido en la Ley General de Bienes Nacionales (artículos 149 y 150) se castiga con prisión de 2 a 12 años y multa de hasta mil veces el salario mínimo.

Así es como Rosa Cruz, una indígena purépecha que colaboraba en la difusión de mensajes radiofónicos para su comunidad, lo mismo que el doctor Héctor Camero, dirigente de la Asociación Civil Tierra y Libertad de Monterrey, están en riesgo de ir a prisión. La causa de ese encarcelamiento sería la participación que han tenido en la radiodifusión comunitaria.

Esas emisoras operaban sin autorización legal. Pero nunca desconocieron tal irregularidad e, igual que otras en esas condiciones, quisieron normalizar su condición jurídica. En varias ocasiones, cuando querían sancionar a las radiodifusoras comunitarias las autoridades imponían medidas administrativas que llegaban a la incautación del equipo de transmisión.

Desde hace algunos meses, sin embargo, el gobierno federal endureció su actitud hacia las radios comunitarias y decidió acusarlas por transgresión a la mencionada Ley de Bienes Nacionales que implica penas corporales.

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuya dependencia presentó la denuncia que ha conducido a esas acciones legales, no parece tener disposición alguna para reconocer el derecho a la comunicación de indígenas como los de Ocumicho, o luchadores sociales como los de Tierra y Libertad.

La Procuraduría General de la República, por su parte, envió un centenar de agentes el 1 de febrero pasado a intervenir las instalaciones de la radio en Ocumicho, en donde encontraron –y maltrataron– a varias mujeres y algunos niños. Esa presteza, las autoridades federales no la han tenido para resolver el crimen de Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, de 22 y 24 años, las locutoras de la radiodifusora triqui “La voz que rompe el silencio” que fueron emboscadas y asesinadas el 7 de abril del año pasado en Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca.

¿Por qué el gobierno federal interrumpió el proceso de regularización legal de las radios comunitarias que había comenzado el sexenio anterior? ¿Por qué en vez de sanciones administrativas la Secretaría de Gobernación decidió perseguir a integrantes de esas radiodifusoras con acusaciones que de prosperar los llevarían al encarcelamiento? ¿Por qué se acosa con tanta saña a quienes, con las estaciones comunitarias, no hacen más que abrir espacios de expresión que, entre otras cosas, sirven como distensión a los conflictos sociales?

Esas preguntas quedan desplazadas por una más elemental, que formula una de las indígenas que con grandes sacrificios contribuyeron a instalar la radiodifusora en Ocumicho y que, después de ser maltratada por agentes federales y emplazada por el Ministerio Público, pregunta, simple y directamente en otro video: “¿Por qué el gobierno nos trata tan mal?”.

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Humillado en público por el dirigente por quien se ha batido incluso a golpes, servil hasta negarse a sí mismo, Rafael Acosta Ángeles, “Juanito”, es paradigma de las huestes que todavía siguen a López Obrador.

Carente de principios porque las convicciones que lo sostienen varían según el antojo del líder al que sigue, obedece y por quien se sacrifica, el candidato del PT a la delegación Iztapalapa está hoy en el centro de una disputa política que podría depender de su disciplina a los caprichos de su dirigente. Cuando López Obrador le dijo que renunciará apenas gane la Delegación, Acosta asintió sumiso, para que su lugar quede Clara Brugada, cuya candidatura fue cancelada por el Tribunal Federal Electoral.

Antes de que ese momento llegue falta que “Juanito” gane la elección; que Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del DF, esté dispuesto  a proponer a Brugada para reemplazarlo; que el Asamblea Legislativa del propio DF –que estará dividida entre partidarios de la dirección del PRD y lopezobradoristas– quiera aprobar esa sustitución. Y hará falta que Acosta Ángeles mantenga hasta ese momento la subordinación que ha manifestado. Ya en el cargo si es que llegase a ganar –lo cual no será sencillo, en vista de la fuerza que tienen en esa demarcación los grupos que apoyan a Silvia Oliva, la candidata del PRD– “Juanito” podría decidir que prefiere gobernar durante tres años la delegación más nutrida y con mayor presupuesto de la Ciudad de México antes que merecer el beneplácito de López Obrador, quien lo avergonzó delante de millares de personas al tratarlo como simple polichinela suya.

Ese desplante de soberbia y prepotencia ha llevado a muchos ciudadanos, entre ellos algunos comentaristas, a considerar que, ahora sí, ha resultado evidente el talante autoritario de Andrés Manuel López Obrador. Esta vez se excedió, dicen algunos. Mostró su verdadero rostro, se preocupan otros.

Pero no hay un solo rasgo nuevo en el López Obrador del mitin en donde puso en evidencia la subordinación de “Juanito” y el dirigente mandón, berrinchudo y fundamentalista que hemos conocido desde hace años. La misma ofuscación que lo invade cuando las circunstancias no se amoldan a sus preferencias, el mismo fanatismo con el que se considera depositario y beneficiario de la verdad y los designios históricos en tanto que quienes no comparten sus ensimismadas paranoias son todos miembros o títeres de la mafia como ha dado en llamar a la conspiración de todos los demás contra él, ya eran notorias cuando fue jefe de Gobierno del DF y aún antes.

Hace 5 años, el 6 de junio de 2004, esta columna se publicaba en La Crónica y allí me referí a los rasgos que me parece definen puntualmente el comportamiento, de raíces sicológicas pero de implicaciones políticas, que afecta a López Obrador. Aquel texto comenzaba de la siguiente manera:

“La personalidad autoritaria ha sido tema de atención tanto para el pensamiento político como desde los estudios de psicología social. El comportamiento de aquellos que se comportan de manera intolerante ante situaciones que no controlan puede exacerbarse –y constituir un riesgo para las sociedades– cuando quienes lo padecen se encuentran en posiciones de poder.

“Hace algo más de medio siglo el pensador alemán Theodor W. Adorno encabezó en la Universidad de Berkeley una indagación acerca de ese síndrome (T. W. Adorno,  Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson y Nevitt R. Sanford,  The authoritarian personality. Harper, Nueva York, 1950).

“Se trata de un comportamiento paradójico: una formación conformista, sometida a presiones autoritarias, tiende a suscitar conductas proclives a la sumisión. Pero cuando los individuos que han estado sujetos a esa enseñanza alcanzan posiciones de mando, entonces pueden manifestar una intolerancia excesiva. En otras palabras: ‘Cuando hablamos de personalidad autoritaria debemos saber que esta se caracteriza por unos rasgos tales como: disposición a la obediencia esmerada a los superiores, respeto y adulación de todos los que detentan fuerza y poder, disposición a la arrogancia y al desprecio de los inferiores jerárquicos y, en general, de todos los que están privados de fuerza o de poder. También aparecen rasgos como la aguda sensibilidad por el poder, la rigidez y el conformismo. La personalidad autoritaria tiende a pensar en términos de poder, a reaccionar con gran intensidad ante todos los aspectos de la realidad que afectan las relaciones de dominio: es intolerante frente a la ambigüedad, se refugia en un orden estructurado de manera elemental e inflexible, hace uso marcado de estereotipos en su forma de pensar y de comportarse; es particularmente sensible al influjo de fuerzas externas y tiende a aceptar todos los valores convencionales del grupo social al que pertenece’.

“La definición de Adorno y sus colaboradores ha sido muy discutida, especialmente por la equiparación casi mecánica que hace entre autoritarismo y conservadurismo. Sin embargo resulta útil para entender las conductas de algunos personajes históricos. Hay quienes la han aprovechado para describir al fascismo y a los populismos de distintos momentos en la historia del siglo pasado. También puede ser sugerente para interpretar el comportamiento de dirigentes políticos singularizados por la exaltación de sí mismos, la descalificación a priori de quienes sostienen puntos de vista distintos a los suyos, el desprecio por la legalidad cuando no se ajusta a sus proyectos y la convocatoria a las movilizaciones como coartada para desatender el cumplimiento del orden jurídico.

“En América Latina, hoy en día, el venezolano Hugo Chávez puede ser considerado arquetipo de personalidad autoritaria. Su discurso maximalista no reivindica, en el fondo, más proyecto que el acaparamiento del poder por encima de marcos legales, contrapesos políticos o reclamos sociales.

“En México, Andrés Manuel López Obrador pareciera esmerarse cotidianamente para que su comportamiento encaje en la descripción clásica de personalidad autoritaria”.

Así que no debiera haber sorpresa: López Obrador ha sido así, y sus rasgos autoritarios y antidemocráticos han sido evidentes al menos desde que ejerce el poder de manera relevante. Otra cosa es que muchos de sus simpatizantes de entonces no hayan querido advertir esa patología política. Al menos ahora, gracias a Rafael Acosta la personalidad autoritaria de López Obrador ha resultado mucho más patente –y patética–.

Así es López Obrador. Ese es el dirigente al que algunos mexicanos, cada vez menos pero todavía muchos, le siguen dispensando apego y en ocasiones incluso una obnubilada devoción. Ese es el líder que maneja, sojuzga y encandila a personajes como “Juanito”, un golpeador contagiado de la intolerancia que propala López Obrador y que ahora podría ganar las elecciones en Iztapalapa, la demarcación más poblada del país.

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