Sociedad y poder

Transparencia, doble discurso del gobierno

Contradictorio hasta la esquizofrenia, el gobierno del presidente Felipe Calderón despliega un doble discurso en materia de transparencia. En público, el titular del Ejecutivo Federal y sus colaboradores más cercanos se ufanan de los avances recientes en el terreno de la apertura de la información gubernamental y exhortan a que otros la imiten. Pero en los entretelones de las decisiones administrativas, ese mismo gobierno  propina los golpes más duros que ha recibido la causa de la transparencia.

En los días recientes, dos salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa han aceptado revisar sendas solicitudes para anular resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI. Esas peticiones fueron presentadas por la Procuraduría General de la República y el Servicio de Administración Tributaria, organismos ambos del gobierno federal.

La decisión del Tribunal, pero además las solicitudes de esas dependencias del gobierno, son ilegales. El Tribunal Fiscal no tiene atribuciones para desahogar recursos contra resoluciones del IFAI. Ninguna disposición de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, promulgada el 6 de diciembre de 2007, le confiere facultades para ocuparse de las decisiones del organismo responsable de la transparencia federal.

En cambio la Ley Federal de Transparencia, reformada en 2006, establece de manera muy clara, en su artículo 59, que las resoluciones del IFAI “serán definitivas para las dependencias y entidades. Los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación”.

Eso significa que las dependencias y entidades federales no pueden inconformarse ante las decisiones del IFAI. Y eso es lo que están haciendo, contradiciendo la ley y el discurso del presidente Calderón, los titulares de la PGR y el SAT.

La Procuraduría General objeta una decisión del IFAI que la obliga a entregar copias de una averiguación previa, concluida hace varios años, contra Rosario Robles, ex jefa de Gobierno del Distrito Federal. No es Robles quien se ha opuesto a que esos documentos sean entregados a un particular que los solicitó. El desacuerdo es mantenido por la PGR que, ya en más de una docena de ocasiones, había gestionado recursos ante el Tribunal de Justicia Fiscal contra otras decisiones del IFAI. En esos casos el Tribunal se declaró incompetente para conocer asuntos relacionados con el IFAI. Ahora cambió de parecer.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria se niega a proporcionar los nombres de personas y empresas que han sido beneficiadas con la cancelación de créditos fiscales en 2007. El SAT considera que la divulgación de esos datos violaría el secreto en materia fiscal. Pero el IFAI ha explicado que esa información es útil como parte de la rendición de cuentas a la que están obligadas las autoridades. Los créditos fiscales que la autoridad en esa materia quiere dejar en el anonimato ascendieron a 74 mil millones de pesos.

La querella del SAT fue admitida el 25 de mayo pasado por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal y, junto con  la decisión similar ante la solicitud de la PGR, ha motivado el “enérgico rechazo” del IFAI.

La intervención del Tribunal Fiscal quebranta la disposición del artículo 6º. Constitucional para que el acceso a la información y los procedimientos de revisión correspondientes sean atendidos por organismos “especializados e imparciales y con autonomía operativa”. Esa es la función del IFAI, así como de los organismos de transparencia que hay en cada estado del país.

Y tales injerencias, pero sobre todo las decisiones de la PGR y el SAT que las propician, desmienten las definiciones del gobierno federal acerca de la apertura de la información pública.

Apenas el sábado 22 de mayo, en la alocución que dirigió a la asamblea nacional del PAN, el presidente Calderón dijo que las reformas en materia de transparencia se encuentran entre las más importantes de los años recientes y exhortó a los delegados que venían de todo el país: “Abran ustedes la puerta de la transparencia que nosotros ya hemos abierto a nivel federal”.

El boicot a la transparencia constituye un retroceso gravísimo. El derecho de los ciudadanos a la información sobre acciones y decisiones del Estado ha sido uno de los resultados más importantes de la transición democrática en nuestro país. El doble discurso del gobierno del presidente Calderón tendría que resolverse a favor del acceso a la información pública.

El miércoles pasado el congreso de Nuevo León respaldó al IFAI frente al entremetimiento del Tribunal Fiscal y el afán de opacidad del SAT. Ese punto de acuerdo fue presentado por el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional.

Qué paradoja: la transparencia, que fue conquistada por la sociedad mexicana durante el gobierno de Vicente Fox, ahora es bloqueada por la administración del también panista Felipe Calderón… y es reivindicada por miembros del PRI.

Publicado en eje central

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Written by Raúl Trejo Delarbre

mayo 28, 2010 a 7:23 am

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