Sociedad y poder

Caravana con dinero ajeno

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Publicado en emeequis

Calderón: confunde gobernar con propagandizarCasi no hay funcionario importante que no se promueva con dinero de los ciudadanos. Gobernadores y secretarios de Estado, líderes parlamentarios, rectores de universidades públicas, incluso municipios cuando hay excedentes que les permitan ese lujo, destinan una parte de los presupuestos que ejercen para anunciar a las dependencias o instituciones que encabezan y cada vez que se puede, de paso, publicitarse a sí mismos.

La publicidad oficial es una de las expresiones, acaso la más vistosa, del patrimonialismo abusivo que practica el poder político en nuestro país. Se trata de un vicio nacional. Los funcionarios compran espacios en los medios de comunicación porque consideran que, si no lo hacen, las obras y acciones a su cargo no se conocerán. Para la gran mayoría, en todos los niveles, no hay obra, servicio o decisión relevantes si no se ufanan de ella en los medios. El huevo hay que cacarearlo, sostienen, aunque para ello utilicen recursos que, evidentemente, dejan de gastar en asuntos más útiles.

La clase política mexicana confunde el gobierno con la propaganda. No sabe administrar si no construye alrededor suyo un coro de autoelogios. Así lo entienden gobernantes de todos los partidos cuando ocupan posiciones de poder. La relación con los ciudadanos, la reemplazan con la contratación de espacios mediáticos. El quehacer político queda reducido a la capacidad presupuestaria y, si acaso, al ingenio de los productores de spots. Todo ello, con dinero público.

Ese dispendio se ha convertido en una muy costosa sangría nacional. El gobierno federal y en menor medida el resto de las instituciones del Estado, disponen cada día de 65 minutos gratuitos en cada estación de radio y 48 minutos en cada canal de televisión. Ese espacio podría bastar para que difundieran todo lo importante que quieran comunicar a los ciudadanos: campañas sanitarias, alertas ante desastres, avisos a los usuarios de algunos servicios y unos cuantos asuntos más.

A pesar del tiempo que pueden utilizar todos los días en televisión y radio, a los funcionarios les encanta contratar espacios adicionales en las emisoras más relevantes. Los concesionarios, por supuesto, están felices con esa utilización socialmente innecesaria pero cada vez más abultada del gasto público.

El presidente Felipe Calderón y su administración gastan cada vez más en publicidad. En 2007 el Congreso autorizó, en esos rubros, un presupuesto de 643 millones de pesos pero el gasto real ascendió a 1771 mdp. En 2008, el presupuesto inicial era de 998 millones de pesos y el ejercicio fue de 3461. En 2009, el monto aprobado por los legisladores era de 2112 millones de pesos y el gasto creció hasta 5183 mdp.

En 2010, aunque el Congreso había aprobado 1670 mdp, cifra incluso menor a la autorizada para el año anterior, el gobierno federal terminó gastando 6479 millones de pesos. Tales comparaciones han sido realizadas por los grupos Fundar y Artículo 19, que se proponen mantener el escrutinio de los gastos de esa índole en el sitio www.publicidadoficial.com.mx

La decisión del gobierno para gastar casi el cuádruple del presupuesto publicitario que le asignó el Congreso resulta inadmisible. Con esos casi 6500 millones de pesos se podrían haber construido hospitales o escuelas, entre muchas otras cosas. Sobre todo, esa dilapidación de dinero público favorece a las corporaciones de medios privados pero no a las mayorías en la sociedad.

Al excederse de esa manera respecto del presupuesto inicial para cada año, el gobierno contradice la soberanía del Congreso de la Unión. Pero el problema principal con esa publicidad es su carencia de beneficio social. En un país con dificultades para enfrentar las obligaciones más elementales en materia de política social, el gobierno gasta mucho dinero para promoverse.

El consenso que el gobierno pueda construir a fuerza de spots es inestable y cuestionable. Políticamente insuficientes, las adhesiones que el presidente y su administración alcancen a lograr de esa manera mediáticos son éticamente cuestionables. También lo son en el terreno legal, desde que en 2007 el Artículo 134 de la Constitución establece que la propaganda de cualquier entidad pública deberá ser institucional y no para difundir imágenes o frases de los servidores públicos. La publicidad oficial está en la cuerda floja. A ese artículo le falta una ley reglamentaria, pero de todos modos casi todos los anuncios de entidades públicas contradicen la Constitución.

A falta de mejores logros, spots a pasto. No es una manera de gobernar, sino de hacer como que se gobierna.

 

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Written by Raúl Trejo Delarbre

abril 3, 2011 at 12:49 pm

Publicado en Calderón, Gobierno

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