Sociedad y poder

Dos pasos atrás en telecomunicaciones. La iniciativa de Peña Nieto

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Participación en el Foro “Análisis de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”. Senado de la República, 2 de abril de 2014.

Durante demasiado tiempo las telecomunicaciones y la radiodifusión han sido un Senado Foro 2 abr 14problema y no un recurso de la sociedad mexicana. Abundantes concesiones en manos de unos cuantos, televisión y radio hipotecadas fundamentalmente a intereses mercantiles, servicios telefónicos acaparados por muy pocos, tarifas excesivamente caras y velocidades de transmisiónn o indicadores de servicio injustificablemente bajos, han constituido un panorama de ineficiencias y atropellos que los mexicanos hemos padecido pero a los que nunca nos hemos resignado. Por eso fue tan bien recibida la reforma constitucional para las telecomunicaciones y la radiodifusión. A diferencia del modelo comercial que había dominado en tales sectores, a esas actividades se les consideró como servicios públicos. El Estado, en consecuencia, se obliga a garantizarlos y a propiciar que sean ofrecidos en condiciones de calidad. Para ello se auspician la competencia y la diversidad y por tanto la regulación para que tales condiciones sean posibles. La que se promulgó el 11 de junio de 2013 fue una reforma constitucional que puso en el centro el interés de la sociedad.

Lamentablemente, muy lamentablemente, la iniciativa del presidente de la República para crear una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión propone retroceder respecto de esas garantías en por lo menos tres sentidos.

Esa iniciativa, en primer lugar, pretende la restauración del presidencialismo autoritario en el manejo de los medios de comunicación. El gobierno se adjudica la supervisión de contenidos en la radio y la televisión, llevándonos de regreso a épocas que considerábamos superadas por el desarrollo político del país. Peor aún: las reglas para la supervisión de contenidos y no solamente su aplicación serían establecidas por la Secretaría de Gobernación, suplantando facultades del Poder Legislativo. El talante autoritario de la iniciativa se manifiesta además en la obligación que impone a los operadores de telefonía para interceptar llamadas y localizar personas sin que para ello hiciera falta orden judicial. Y, en otro de sus apartados máss preocupantes, a los proveedores de servicios de Internet les asigna el deber de bloquear contenidos a petición de cualquier autoridad prescindiendo, también en esos casos, de orden judicial.

La iniciativa presidencial implica, en segundo lugar, restricciones severas a derechos cardinales de la sociedad. No sólo se posterga la reglamentación del derecho de réplica. Además derechos como los que todos tenemos a recibir de los medios de comunicación mensajes que no sean engañosos, a la integridad de los contenidos audiovisuales, a que las frecuencias de televisión y radio no queden abrumadas por mensajes comerciales o a que se garantice la privacidad de las personas, son inexistentes en esa propuesta. Al mismo tiempo se margina a los medios comunitarios e indígenas y se incumplen las disposiciones constitucionales para que tengamos medios públicos autónomos, robustos y capaces de ofrecerle a la sociedad la programación diferente que no encuentra en la televisión y la radio comerciales.

Las omisiones acerca de los medios públicos constituyen una de los insuficiencias más graves en la iniciativa presidencial. No se reglamentan las garantías de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, participación ciudadana ni de opciones de financiamiento que, entre otras, les asigna la reforma constitucional a los medios de carácter público. Y al nuevo organismo para difundir radiodifusión pública en todo el país se le despoja de la autonomía que la confiere la Constitución. La iniciativa presidencial sujeta a ese organismo a la jurisdicción de la Secretaría de Gobernación y a una junta de gobierno que estaría controlada por el presidente de la República. El Consejo Ciudadano de ese organismo, que en la reforma constitucional tiene tanta relevancia que su integración queda a cargo del Senado de la República, en la iniciativa queda reducido a una instancia de consulta sin injerencia directa en la política editorial. Tampoco se precisa que el organismo de radiodifusión pública tendrá a su cargo al menos un canal de televisión y una cadena radiofónica, ambos de cobertura nacional.

El menosprecio de esa iniciativa por los medios públicos es tan palmario que al nuevo sistema, igual que al resto de los medios públicos, se le prohibe tener ingresos por la venta de espacios comerciales y se le confina a la venta de patrocinios. Peor aún, la Ley propuesta para ese Sistema Público de Radiodifusión establece que los patrocinios ¡no podrán tener una duración mayor de cinco segundos! Imaginemos qué se puede decir en ese lapso. Por ejemplo: “Este programa cultural es patrocinado por el Senado de la Rep…” y nada más. Como es difícil creer que disposiciones como esa se deban a tontería de sus redactores y promotores, tenemos que suponer que entre los rasgos cardinales de la propuesta presidencial se encuentra un profundo desprecio por los medios públicos y un consumado desinterés por la construcción de contrapesos y nuevas opciones a la social y culturalmente costosa hegemonía de las corporaciones de radiodifusión privada, especialmente las empresas Televisa y Televisión Azteca.

Allí se encuentra precisamente el tercer rasgo que define el perfil antisocial de la propuesta del presidente de la República. Se trata de una iniciativa diseñada, o acaso reconfigurada, de acuerdo con el interés de esas televisoras. En esa iniciativa se reduce a la reforma constitucional cuando se establece que para declarar preponderante a una empresa en el campo de la radiodifusión se tomará en cuenta únicamente a la audiencia y no elementos como el tráfico en sus redes o la capacidad utilizada de instalaciones como indican las enmiendas promulgadas en junio pasado.

RTD en Foro Senado 2 abr 14  A contracorriente de aquella reforma, la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto mide con una vara magnánima a las televisoras aunque recupera las pautas constitucionales para regular a las telecomunicaciones. No se trata de igualar esas normas a la baja, retirando disposiciones que acotan el crecimiento y atajan algunos de los excesos de Telmex y Telcel. Lo pertinente es atender a las disposiciones constitucionales en toda la regulación, sin beneficiar a las televisoras con intencionales y acaso interesados olvidos como los que abundan en la propuesta presidencial.

Las televisoras de todos modos no están conformes con el régimen preferencial que les asigna la propuesta del Presidente. Algunos de sus voceros presentan objeciones ante derechos de la sociedad como el derecho de los suscriptores de televisión de paga a recibir en tales servicios las señales de la televisión abierta. Argumentan las empresas televisoras que al proporcionar sin pago esas señales son afectados los derechos de autor de compositores, músicos o guionistas, entre otros creadores. Ojalá que esas corporaciones mediáticas fueran realmente respetuosas del derecho de autor porque no lo han sido en numerosos casos plenamente documentados. Pero cuando la televisión abierta transmite contenidos lo hace utilizando espectro radioeléctrico que es propiedad de la nación y cuyo empleo, si bien concesionado, no se ejerce al antojo del concesionario. Por lo demás, las empresas de televisión restringida también podrían reclamar a la televisión abierta que les pagaran por difundir sus contenidos con todo y anuncios comerciales. Si la televisión abierta compartiera así sus ganancias publicitarias (o si las compartiera proporcionalmente con los músicos, guionistas y actores a los que dice defender) estaría en condición de exigir. De otra forma, se trata de mera palabrería respaldada en la noble causa del derecho de autor.

Me he detenido en esas secuelas de la disputa por el must carry y el must offer porque describen el comportamiento que las televisoras comerciales han tenido durante décadas respecto de la sociedad mexicana y del servicio que le ofrecen. Esas empresas a menudo consideran que el espectro radioeléctrico es propiedad suya. Por eso han boicoteado la llegada de nuevas televisoras, acaparan la televisión restringida, rechazan a los medios públicos, abominan de los comunitarios y promueven legislaciones a modo con tales prejuicios e intereses. Están en su derecho para hacerlo. Pero lo que resulta verdaderamente inaceptable es que el gobierno federal se mimetice con tales posturas, consagrándolas en su iniciativa de ley.

Con el respaldo a la reforma constitucional del año pasado, los partidos y el gobierno dieron un muy importante paso adelante. Ahora el gobierno –ojalá que con el rechazo de los partidos— da dos pasos atrás respecto de esa reforma. No estamos ante un comportamiento leninista sino, por las implicaciones que tiene en el reforzamiento del presidencialismo autoritario, ante una iniciativa de ley tendencialmente estalinista.

Señoras y señores senadores: agradezco la invitación que me dirigieron para participar en este foro. Los puntos de vista que he presentado coinciden con los que están difundiendo diversas organizaciones académicas, profesionales y especializadas en el derecho a la comunicación. La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto ha tenido la infrecuente capacidad de concitar un rechazo significativamente amplio. Nadie la respalda, a excepción de consorcios que se benefician con ella o de puntos de vista que solamente toman en cuenta las implicaciones de esta propuesta en un campo específico de las telecomunicaciones.

Me parece, señoras y señores senadores, que junto con argumentos como los aquí presentados tendría que resultarles significativo ese extenso consenso en contra de la propuesta del presidente de la República. Quizá ese consenso no se manifiesta del todo en este foro, en donde de acuerdo con el programa que se ha conocido son mayoría las voces del campo empresarial. En todo caso estoy seguro de que, entre ustedes, habrá quienes reconozcan que para enmendar con toda responsabilidad esta iniciativa no hacen falta opiniones numerosas sino argumentos puntuales. Eso es lo que he venido a ofrecerles.

La iniciativa presidencial se contrapone abierta y reiteradamente con la Constitución. Si fuese aprobada sin reformas significativas sería candidata a muy promisorias demandas de inconstitucionalidad. Así que háganle a la sociedad, a los usuarios de servicios telefónicos, a los televidentes y radioescuchas, al Poder Judicial, al propio Legislativo, hágannos el servicio de enmendar con toda seriedad esta iniciativa para evitar que de nuevo involucionemos al pantano de las contradicciones e insuficiencias jurídicas que tanto daño han hecho a la radiodifusión y a las telecomunicaciones en nuestro país.

 

 

 

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Written by Raúl Trejo Delarbre

abril 2, 2014 at 11:01 pm

Publicado en Medios

6 comentarios

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  1. Muy atinadas estas reflexiones, sin duda.
    Es incomprensible porqué EPN dió dos pasos para atrás en la ley secundaria de telecomuniciones, más si había logrado una reforma constitucional que le devolvía al Estado mexicano la rectoría del sector.
    Sólo puedo creer que sopesó que podría redituar más beneficios regresar al modelo de connivencia con las televisoras y aliarse con ellas para afectar a Slim. Es una decisión irracional.
    Lo cierto es que el PRI, en lugar de recrear el sistema de dominación de cara a una sociedad más participativa, ha decidido regresar al modelo autoritario de dominación del siglo pasado. Es una pésima noticia.

    macosta5811

    abril 2, 2014 at 11:47 pm

  2. “De ahora en adelante, difícilmente la sociedad mexicana presenciará algo semejante a lo ocurrido en los cuatro meses que precedieron a la promulgación de lo que la prensa apodó como ‘Ley Televisa’. Entre el 1 de diciembre de 2005 y el 30 de marzo de 2006 llegó a su punto más alto una larga trayectoria de presiones y componendas para elaborar disposiciones jurídicas a modo de esta empresa”. Esto lo escribió Fátima Fernandez Christlieb en un artículo de 2007 para la Revista Nexus, publicado después en el libro “La Ley televisa y la lucha por el poder en México”, organizado por Javier Esteinou Madrid y publicado en 2009. Lo triste es que la sociedad mexicana, al que parece, vuelve a presenciar el juego y las traiciones del “Primer Poder” en beneficio del Cuarto Poder. A ver si los gritos de la sociedad logran interrumpir más este ataque contra las audiencias.

    Luciana Yonekawa

    abril 3, 2014 at 1:42 pm

  3. […] Trejo Delarbre. Dos pasos atrás en telecomunicaciones. La iniciativa de Peña Nieto. Sociedad y […]

  4. […] Trejo Delarbre. Dos pasos atrás en telecomunicaciones. La iniciativa de Peña Nieto. Sociedad y […]

  5. […] sociedad.wordpress.com […]

  6. Desde hace varias dècadas la imagen de “polìtico” esta degradada, lejos de ser un servidor pùblico y velar por los intereses sociales, responde a fines particulares; anulando la educaciòn, la percepciòn econòmica y ahora el acceso a la informaciòn, son fieles mayordomos romanos. Cada sexenio es la oportunidad de mejorar la imagen, dando a la sociedad erramientas quenos hagan avanzar, de darle sentido a la ètica, abrir puertas y no cerrarlas. No dejar avanzar la ignorancia en la que esta sociedad (que ha sido solo un espectador) esta sumergiendose. Cada vez se reduce la posibilidad de dar y crear mejores sistemas de educaciòn, reduciendo el acceso a la informaciòn.

    Yseel

    abril 22, 2014 at 10:44 pm


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