Sociedad y poder

El golpe de Estado en Honduras mereció cuestionamientos desde todos los flancos del entramado político y en las más diversas latitudes. Los gobiernos latinoamericanos, la Unión Europea, la Casa Blanca, la OEA y la ONU, condenaron la actuación de los militares que el 28 de junio por la madrugada sacaron de la cama al presidente Manuel Zelaya Rosales y lo expulsaron del país.

Ayer en Costa Rica, cuando Zelaya se reunía con el jefe de los golpistas a instancias del premio Nobel Óscar Arias, la repulsa internacional seguía pesando en la búsqueda de una solución constitucional a la crisis hondureña.

La condena a los golpistas, sin embargo, no ha sido unánime. Las simpatías del presidente Zelaya con el gobierno de Hugo Chávez y su propósito para, a semejanza del venezolano, modificar las leyes para mantenerse en el poder, han suscitado algunos reconocimientos a la intervención militar.

Zelaya quería abusar del mandato que le dieron los hondureños y trataba de extender su gobierno convocando a un referéndum que no se realizó debido al golpe castrense. Pero aún en ese exceso, es el presidente que fue designado en una elección democrática. Las alianzas y simpatías políticas que cultivó lo hacen políticamente cuestionable pero ese no es motivo para justificar la acción de los militares.

En la prensa mexicana, sin embargo, han aparecido opiniones que defienden o minimizan el golpe de Estado. En el diario La Razón el periodista Rubén Cortés, en un texto titulado “Hasta aquí el chavismo” que también apareció en el portal El Arsenal, dijo hace algunos días:

“Echar del país por eso al Presidente es una vía extrema, pero la única con visos democráticos para frenar el avance del populismo autoritario, un estilo de gobierno que, en cambio, sí aprendió a manipular la democracia a su favor, sometiendo al poder legislativo y al judicial, al Ejército y la Policía, la prensa y el empresariado”.

Persistente y enterado crítico del autoritarismo en Cuba, el periodista Cortés defiende ahora el autoritarismo de los militares hondureños: “Por eso es importante que quienes echaron a Zelaya en Honduras sean capaces de resistir el juego diplomático de tensión y de paciencia al que están siendo sometidos. Porque son los únicos que han tenido la visión histórica de decidirse a cortar de un tajo la amenaza que representa el eje chavista para el futuro de la libertad en este continente”.

De manera menos enfática, pero disgustado con la condena que hizo el gobierno de México ante el golpe en Honduras, el por lo demás admirable y muy estimado escritor Luis González de Alba considera, en Milenio del 6 de julio: “Legal o ilegal es asunto interno, de hondureños. El único amago de tropas ha sido el de Chávez desde Venezuela. Esa defensa apesta raro. Por eso me asombra que el presidente Calderón llegue a extremos como el retiro del embajador y se una a los Castro, Chávez, Evo Morales, Nicaragua y Ecuador en una toma de partido”.

La nómina de quienes han cuestionado el golpe en Honduras también incluye a José Luis Rodríguez Zapatero, José Miguel Insulza, Michelle Bachelet y Barack Obama. Pero aunque solamente hubieran protestado quienes han simpatizado políticamente con él, la condena al golpe de Estado contra el presidente de Honduras sería pertinente.

Esas opiniones se quedan cortas ante la exaltación que reproduce Javier Ibarrola en Milenio del miércoles 8 de julio. Ese periodista cita la opinión del general de Brigada Jorge Lugo Cital, a quien presenta como “uno de los analistas más brillantes del Centro de Análisis y Opinión de Militares Retirados”:

“¿Qué hacía Felipe Calderón en Nicaragua al lado de Daniel Ortega, Raúl Castro, Correa y Hugo Chávez, condenando el supuesto golpe de Estado en Honduras? Los medios de información masiva lo colocan en una presentación televisiva, junto a las formas de gobierno de esos personajes, incluyendo los 45 mil soldados del Ejército mexicano que tiene Calderón en las calles de nuestra república”.

Ibarrola dice, más adelante: “El análisis del general Lugo Cital se pregunta igualmente si el presidente Calderón había evaluado bien el supuesto golpe de estado, antes de retirar de Tegucigalpa al embajador mexicano”.

Viniendo de un militar mexicano, en un espacio periodístico reputado por el acceso que suele tener a fuentes militares, la calificación del golpe de Estado hondureño como “supuesto” resulta francamente preocupante.

El presidente Zelaya fue depuesto por la fuerza. Las protestas ante esa acción militar han sido sofocadas también de manera violenta.

Defender la legalidad y la democracia en Honduras, igual que en cualquier otro sitio, no implica coincidir con quienes, como Zelaya, son víctimas de acciones ilegales y antidemocráticas. Por eso resultan esclarecedoras reflexiones como las del escritor Sergio  Ramírez, que fue vicepresidente de Nicaragua y que aparecieron en El País del 30 de junio:

“El golpe militar consumado contra el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, ha representado para América Latina el regreso a la era de las cavernas, cuando era signo común que los ejércitos actuaran como árbitros finales del poder político. Los regímenes surgidos de los golpes militares fueron un mal propio de Centroamérica por décadas, lo que ganó a estos países el triste título de repúblicas bananeras, denominador común que se extendió hacia todos aquellos otros donde hubiera un Ejército dispuesto a ejercer sus prerrogativas de gorilato”.

Antiguo militante de la revolución sandinista, Sergio Ramírez fue vicepresidente de Nicaragua y ahora es perseguido por el gobierno de su país, encabezado por algunos de sus antiguos camaradas. El presidente Daniel Ortega, que ha bloqueado los textos y conferencias de Ramírez en Nicaragua, es uno de los aliados más cercanos del depuesto presidente Zelaya. Esa circunstancia le da mayor autoridad a los juicios de Ramírez, cuando dice:

“Los errores de apreciación política del presidente Zelaya, que no advirtió el terreno que estaba pisando, y sus enfrentamientos con el orden legal para promover un cambio constitucional que le permitiera la reelección, como es ahora el impulso de los líderes en el Gobierno en no pocos países de América Latina, se vuelven anecdóticos. Fue depuesto de manera ilegal y brutal, y eso es lo que cuenta”.

El hecho de que se enfrenten al populismo autoritario de Zelaya y Chávez, no hace defendibles a los militares hondureños. No hay que olvidar que los enemigos de nuestros enemigos no siempre son, tan solo por eso, nuestros amigos.

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Cinco meses antes de su muerte, el 30 de octubre de 2008, a Raúl Alfonsín le hicieron un homenaje en el mítico Luna Park bonaerense. Aquel día se cumplían 25 años del triunfo electoral del primer presidente de la democracia argentina. Los discursos, ora nostálgicos, en ocasiones puntillosamente actuales, se sucedían delante de 10 mil emocionados admiradores suyos

Alfonsín, enfermo ya, no pudo acudir a su homenaje y envió un mensaje que no fue suficiente para colmar las ganas que tenían de expresarle afecto. Ya al final, y puesto que “el doctor” no llegaba, hubo quien propuso ir a plantarse afuera de su casa a varias calles de distancia. La crónica de la perspicaz escritora Beatriz Sarlo publicada en el diario Perfil registró aquella celebración. Conductor de un gobierno atrapado entre las amenazas de regresión militar y antidemocrática y una crisis económica que detonaría las finanzas y luego los ánimos de los argentinos, Raúl Alfonsín fue presidente en una etapa de transición cuyas contradicciones él mismo padeció. Supo y pudo impulsar los juicios a los jefes militares que perpetraron innumerables atrocidades en la Argentina de los años setenta y luego promovió los ordenamientos que creaban coartadas y descargos para algunos de esos militares. Por eso Beatriz Sarlo escribía en aquella narración: “la Argentina le debe tanto a este hombre homenajeado hoy: el juicio a las juntas, que fue la piedra liminar de la democracia, el umbral que, una vez atravesado, ya no permitió el retroceso, pese a las propias leyes que Alfonsín promulgó sobre Obediencia Debida y Punto Final. El juicio a la juntas no se borró con nada, no tuvo correcciones aunque su propio impulsor quiso imponérselas”.

Anoche a las 8 y media, hora de Buenos Aires, Raúl Alfonsín murió a consecuencia de un cáncer de pulmón que lo venía socavando desde tiempo atrás. Tenía 82 años. No asistió al homenaje en el Luna Park pero sí pudo acudir, a comienzos de octubre, a la develación de una estatua suya en la Casa Rosada, la casa de la presidencia argentina. Hombre de convicciones democráticas, en esa ocasión Alfonsín manifestó miras de estadista y una sensibilidad política por desgracia infrecuente entre los actuales líderes latinoamericanos. “Es la misión de los dirigentes y de los líderes –dijo hace exactamente medio año, el 1 de octubre de 2008– plantear ideas y proyectos evitando la autoreferencialidad y el personalismo; orientar y abrir caminos, generar consensos, convocar al emprendimiento colectivo, sumar inteligencias y voluntades, asumir con responsabilidad la carga de las decisiones. ‘Sigan a ideas, no sigan a hombres’, fue y es siempre mi mensaje a los jóvenes. Los hombres pasan, las ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva a la política democrática”.

El discurso de Raúl Alfonsín en la inauguración de su estatua en la Casa Rosada el 1 de octubre de 2008 no tiene desperdicio. En esa ocasión definió así a la democracia:

“Democracia es vigencia de la libertad y los derechos pero también existencia de igualdad de oportunidades y distribución equitativa de la riqueza, los beneficios y las cargas sociales: tenemos libertad pero nos falta la igualdad. Tenemos una democracia real, tangible, pero coja e incompleta y, por lo tanto, insatisfactoria: es una democracia que no ha cumplido aún con algunos de sus principios fundamentales, que no ha construido aún un piso sólido que albergue e incluya a los desamparados y excluidos. Y no ha podido, tampoco aún, a través del tiempo y de distintos gobiernos construir puentes firmes que atraviesen la dramática fractura social provocada por la aplicación e imposición de modelos socioeconómicos insolidarios y políticas regresivas”.

Entonces recordó su mensaje de toma de posesión, el 10 de diciembre de 1983, después de haber ganado en las urnas a la fórmula peronista. Dirigente de la Unión Cívica Radical, Alfonsín, ya como presidente, se enfrentaba a la ruptura de la sociedad y la clase política argentinas. Para unificarlas, recordaba, “era imprescindible luchar por un Estado independiente, que no podía subordinarse a poderes extranjeros, ni a grupos financieros internacionales, ni a los privilegios locales. La propiedad privada cumplía un papel importante en el desarrollo de los pueblos, pero el Estado no podía ser propiedad privada de los sectores económicamente poderosos”.

El eje de su proyecto de gobierno lo describía en estos términos: “Era necesario buscar un consenso fundamental: la democracia aspira a la coexistencia de las diversas clases y sectores sociales, de las diversas ideologías y de diferentes concepciones de vida. Es pluralista, lo que presupone la aceptación de un sistema que deja cierto espacio a cada uno de los factores y hace posible así la renovación de los gobiernos, la renovación de los partidos y la transformación progresiva de la sociedad”.

La democracia, reconocía Alfonsín, está más relacionada con la normalidad cotidiana que con las rupturas súbitas. Por eso, añadimos nosotros, la democracia resulta tan anticlimática en las sociedades condicionadas por la espectacularidad mediática y acostumbradas a sobresaltos verdaderos o impostados. Decía: “La democracia es previsible, y esa previsibilidad indica la existencia de un orden mucho más profundo que aquel asentado sobre el miedo o el silencio de los ciudadanos. La previsibilidad de la democracia implica elaboración y diálogo que no excluirá, sin duda, tempestuosos debates y agrios enfrentamientos de coyuntura que nutrirán al estilo republicano triunfante ya en el país. La democracia no se establece sólo a través del sufragio ni vive solamente en los partidos políticos”.

Aquella apuesta democrática de Alfonsín subrayaba la oposición que siempre mostró frente a las opciones violentas para enfrentar a los violentos. Por eso se permitía recordar: “habíamos aprendido que los que estimulan la impaciencia para proponer la intolerancia y la violencia como remedios terminan favoreciendo los intereses del privilegio. Aprendimos que cuando el pueblo no decide sobre el gobierno, la nación y el pueblo quedan desguarnecidos frente a los intereses de adentro y de afuera”. Y más todavía: “la intolerancia, la violencia, el maniqueísmo, la compartimentación de la sociedad, la concepción del orden como imposición y del conflicto como perturbación antinatural del orden, la indisponibilidad para el diálogo, la negociación, el acuerdo o el compromiso, han sido maneras de ser y de pensar que echaron raíces a lo largo de generaciones en nuestra historia. Y que por cierto, constituyen todavía hoy una de las principales rémoras y déficit con las que carga nuestra democracia”.

Esa normalidad democrática se enfrentaba en la Argentina de hace un cuarto de siglo, igual que hoy en día en muchos de nuestros países, a la devastación que los políticos suelen hacer de su propia actividad y del escenario público todo. Cuando no tienen coordenadas claras, los políticos crean las peores imágenes de sí mismos y ahuyentan a la sociedad respecto de los asuntos públicos: “Hoy todavía hay rastros de ese canibalismo político que ha teñido la práctica política. La política implica diferencias, existencia de adversarios políticos, esto es totalmente cierto. Pero la política no es solamente conflicto, también es construcción. Y la democracia necesita más especialistas en el arte de la asociación política. Los partidos políticos son excelentes mediadores entre la sociedad, los intereses sectoriales y el Estado y desde esa perspectiva hemos señalado que lo que más nos preocupa es el debilitamiento de los partidos políticos y la dificultad para construir un sistema de partidos moderno que permita sostener consensos básicos. No será posible resistir la cantidad de presiones que estamos sufriendo y sufriremos, si no hay una generalizada voluntad nacional al servicio de lo que debieran ser las más importantes políticas de Estado expresada en la existencia de partidos políticos claros y distintos, renovados y fuertes, representativos de las corrientes de opinión que se expresan en nuestra sociedad”.

Dichas para la Argentina de hoy en día y apuntaladas en su difícil y hoy en día ampliamente reconocida gestión, aquellas advertencias de Raúl Alfonsín parecieran leer el panorama de situaciones como la que padecemos hoy en México.

En su discurso en la Casa Rosada hace medio año, el ex presidente argentino coincidió con quienes alertan en contra de quedarse en la remembranza y recordó la maldición bíblica que padecía Lot, condenado a no mirar atrás so pena de volverse de sal. Pero, añadió, “hay también otro riesgo. Están aquellos que no miran hacia atrás pero tampoco lo hacen hacia ningún lado. Los que ni siquiera tienen pensamiento propio. Erich Fromm, en su libro ‘¿Podrá sobrevivir el hombre?’, lo define como el pensar inauténtico, de autómata, de aquel que cree que algo es verdad no porque haya llegado a esa convicción por el propio pensar, basado en observaciones o experiencias, sino porque se lo han sido ‘sugerido’, porque le ha sido propuesto ‘…por fuentes que llevan consigo el peso de las autoridad, en una u otra forma’, modas y olas pasajeras, distintas formas de ‘pensamiento único’ ”.

“Un símbolo de la democracia”, tituló anoche el diario Página 12 el recuerdo de Alfonsín. “Ha muerto un hombre cabal” escribió José Claudio Escribano en La Nación. “El presidente de la democracia”, testimonió Perfil. “El símbolo de la democracia”, se llama el suplemento de Clarín que circula desde este miércoles.

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Las pretendidas autocríticas del ex vicepresidente Carlos Lage Dávila y el ex canciller Felipe Pérez Roque ratificaron, por si alguien tenía dudas, la incapacidad del régimen cubano para emprender cualquier renovación política. Después de haberlos echado de esos cargos, el presidente cubano Raúl Castro los obligó a publicar sendas renuncias como en el más arcaico estalinismo. “Reconozco los errores cometidos y asumo la responsabilidad”, dice la carta firmada por Lage aunque no menciona a qué tropiezos se refiere. “Reconozco plenamente que cometí errores… asumo mi total responsabilidad por ellos” reza la misiva de Pérez Roque, evidentemente redactada con la misma plantilla, o dictada por la misma voz.

Las destituciones anunciadas hace una semana y luego las renuncias publicadas el jueves 5 de marzo en el diario Granma, desataron un intenso esfuerzo de especulación entre quienes se ufanan de entender los opacos entretelones de la política en Cuba. Para algunos, la destitución de Lage y Pérez Roque ha sido un gesto de acercamiento con el gobierno de Estados Unidos ante la posibilidad de que el presidente Barack Obama promueva una política de distensión que pudiera terminar con el bloqueo económico que padece la isla. Para otros, se trata de la confirmación de que Raúl Castro ya tiene las riendas del gobierno cubano y de la declinación de su hermano Fidel.

Pero el mismo Fidel Castro se encargó de terciar en esa discusión para respaldar las destituciones y, más aún, en un artículo publicado en toda la prensa de Cuba escribió respecto de Lage y Pérez Roque: “La miel del poder por el cual no conocieron sacrificio alguno, despertó en ellos ambiciones que los condujeron a un papel indigno. El enemigo externo se llenó de ilusiones con ellos”.

Ninguno de los hermanos Castro explica cuáles ambiciones cultivaron, qué indignidad perpetraron ni qué enemigo externo se ilusionó con los ahora depuestos dirigentes. Por eso parecieran tener más sentido las interpretaciones de quienes, desde las posturas reflexivas en el exilio cubano, consideran que no hay señal positiva alguna en esas decisiones, independientemente del perfil que puedan haber tenido Lage y Pérez Roque cuando eran funcionarios. El historiador cubano Rafael Rojas, que radica en México, escribió en El País de antier sábado: “Con un Gobierno autocrático y represivo, que no sólo penaliza la actividad de opositores pacíficos sino que destruye las carreras políticas de sus propios funcionarios, las pocas esperanzas de una mejoría en las libertades públicas de la isla se desvanecen”.

Lo más difícil es entender qué efectos tuvo esa decisión en la sociedad cubana. Por eso resultan interesantes las exiguas expresiones que se pueden conocer a través del puñado de blogs que mantienen algunos jóvenes desde la isla. El más conocido de ellos es Generación Y, que mantiene Yoani Sánchez, una filóloga de 33 años que gracias a ese espacio en la Red el año pasado ganó el premio de periodismo Ortega y Gasset que otorga en diario El País. El gobierno de Cuba no le dio permiso para viajar a Madrid a recoger el premio.

En un comentario que titula “Meneo en el Olimpo” y publicado la semana pasada, Sánchez dejó claro su escepticismo: “La gente trata de buscarle a esta movida la profundidad y la sabiduría de una partida de ajedrez, pero a mí me parece puro juego de ‘gallinita ciega’”. No creo que las tan deseadas y necesarias reformas estuvieran esperando a tener nuevos ministros para ser aplicadas. Si la voluntad fuera impulsar medidas aperturistas, ningún funcionario a cargo de un ministerio la hubiera podido frenar. La intención ha sido, sin embargo, demorar los cambios, adormecerlos, comprar tiempo en el juego de la política, mientras nosotros perdemos meses y meses del tiempo de nuestras vidas”.

En el sitio Bloggers de Cuba, Yudivián Almeida Cruz reclama claridad sobre las remociones: “Creo que es necesario que todos los ciudadanos cubanos conozcan cuales fueron los errores graves en que incurrieron estos dos dirigentes que hasta la semana anterior eran considerados baluartes dentro de la dirección del país”.

El autor anónimo del blog Mi isla al mediodía subrayó con sarcasmo las posiciones privilegiadas que tenían Lage y Pérez Roque: “Eran de la generación de los ‘ahijados’. Dirigentes escogidos desde muy jóvenes para trabajar muy cerca del Gran Hermano. Ya estaban ‘acostumbrados’ a eso y al parecer habían aprendido a moverse dando una cierta imagen de ‘trascendencia’ sin meterse en demasiados problemas. Supongo que al Gran Hermano le decían que si a todo, y luego… Pero de pronto el Gran Hermano enfermó y el Hermano Menor tomó el poder. Y las relaciones no eran las mismas. No había el mismo grado de confianza… qué se yo. En fin, que ahora les han movido el piso”.

Esos son algunos de los ecos que se expresan con cierta libertad en un contexto en donde la monotonía impuesta a la vida pública es tal que hasta las cartas de renuncia son idénticas. No resulta gratuito, en esa circunstancia, que en Cuba se hable de El Gran Hermano. Todavía.

Publicado en www.ejecentral.com.mx

Este texto fue publicado en marzo de 2008. Cobra alguna actualidad debido al regreso a México de la srita. Morett y a la versión distorsionada que algún articulista hizo de estas opiniones sobre la frágil distancia que suele haber del voluntarismo al aventurerismo.

La Crónica de Hoy, jueves 13 de marzo

Ni heroína ni engañada, y tampoco ingenua: Lucía Andrea Morett Álvarez fue víctima, si acaso, de su propio ofuscamiento. Sólo con una apreciación intensamente distorsionada de la realidad política latinoamericana, alguien puede considerar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia luchan por la justicia. Sólo con un insensato fundamentalismo, alguien puede internarse en la selva en busca de un campamento guerrillero sin entender los riesgos que corre.
Ahora, esa ex estudiante de literatura dramática y teatro, junto con sus padres y algunos de sus profesores, sostiene que se encontraba en el reducto de las FARC en Ecuador, como parte de una investigación académica. Ni siquiera ellos se lo creen. Es natural que sus allegados quieran proteger a la joven mexicana, sobre todo mientras se resuelve su situación jurídica después de la violenta incursión del Ejército de Colombia, el 1 de marzo pasado, al campamento en donde dormían ella y los miembros de las FARC, con quienes se encontraba. Pero tanto su biografía política como la decisión misma de acudir a ese reducto, sugieren que Lucía Morett y el resto de sus acompañantes mexicanos hacían algo más que turismo revolucionario.
Ella se llevó un susto terrible y algunas heridas. Pero al menos varios de sus compañeros están muertos. Uno se puede preguntar, siempre sin entender plenamente su contexto, qué rabias e insatisfacciones convencieron a esos muchachos para secundar una causa tan sombría como la que representan las FARC. La indigencia de opciones para involucrarse en la vida política en nuestro país, la hostilidad que suelen encontrar los jóvenes cuando incursionan en asuntos públicos, el descrédito de partidos e instituciones, forman parte de ese panorama calamitoso y pesimista.
Pero también habrán influido la complacencia política y la charlatanería intelectual que han campeado en México respecto del aventurerismo político. Cuando Lucía Morett tenía 12 años estalló la revuelta neozapatista, a la cual se rindieron acríticamente todas las izquierdas. Cuando tenía 16 y estaba en la Preparatoria le gritó consignas en respaldo al EZLN al entonces presidente Ernesto Zedillo, durante un acto público en Texcoco. Cuando cumplía 18, había ocurrido la extensa cuan absurda huelga en la UNAM.
No sabemos qué impronta dejaron acontecimientos de tal corte en la formación política de esa estudiante de Literatura Dramática que a los 26, estaba en un campamento clandestino de la guerrilla colombiana. Pero varios de sus acompañantes a Ecuador se habían enredado con el zapatismo y más tarde, en el apoyo a grupos latinoamericanos como el que constituyen las FARC.
En ese compromiso personal y político se puede apreciar una actitud solidaria, generosa quizá, que llevó a tales jóvenes a respaldar la lucha armada mucho más allá de las actitudes testimoniales y en un país distinto del suyo. Pero junto con ello, hay una lamentable y en este caso, costosa miopía política cultivada en el estruendo que define todos los días a la vida pública mexicana y muy especialmente en la atonía deliberativa que —en contraste con el rebumbio mediático— impera en el campus universitario.
El hecho de que se familiarizaran con esas luchas y encontrasen cauces para respaldarlas dentro de la Universidad Nacional, ha suscitado opiniones apresuradas y prejuiciadas. Desde hace muchos años distintos movimientos políticos y sociales, de las más variadas latitudes, encuentran eco en la heterogénea comunidad universitaria.
La Universidad no sería eso —universal, abierta, plural— si no acogiera la diversidad e incluso la intensidad de esas expresiones políticas. El problema, entre otros, no es que estén presentes y obtengan adeptos sino que en algunas ocasiones el proselitismo alrededor de ellas ha ocurrido en contra del interés e incluso del patrimonio de la mayoría de los estudiantes y profesores.
Algunos medios de comunicación han difundido, escandalizados ante un hecho en absoluto nuevo, la existencia de cubículos, en algunas facultades del campus universitario, en donde se reúnen los simpatizantes de grupos política y militarmente beligerantes como las FARC. Que se manifiesten, no es inadecuado. Pero que los adherentes de esos grupos se apropien de espacios de reunión y salones de clase no es tanto indicio de pluralidad y tolerancia sino de temor o negligencia por parte de los universitarios.
Es grave que en la Universidad haya espacios académicos embargados por motivos políticos, pero lo es más el desinterés para recuperarlos. Desde hace una década el auditorio “Che Guevara” dejó de constituir el escenario privilegiado para la deliberación académica, la difusión cultural y también, claro, la discusión política, que había sido durante casi medio siglo. Desde la huelga de hace una década se encuentra ocupado por grupos aislados de la mayoría de los estudiantes y profesores.
Pero es más delicada y onerosa la abstinencia crítica que se ha mantenido respecto de esas acciones y, en general, del aventurerismo político independientemente de que tenga siglas zapatistas, colombianas, cegehachistas u obradoristas entre otras vertientes. Allí es donde la Universidad ha fallado como espacio de examen analítico de las realidades políticas contemporáneas.
Por convicción y adhesión políticas en algunos casos, pero en la mayoría de las ocasiones por pachorra intelectual, los universitarios no han sabido propiciar —salvo en unas cuantas y excepcionales ocasiones— la discusión concienzuda de esas y otras expresiones de la lucha política. La inercia y la aprensión se han combinado para inhibir el escrutinio puntual de esos temas. De tal manera, en ausencia de discusión crítica suficiente el aventurerismo político ha encontrado campo fértil en el espacio universitario, siempre hospitalario pero también incauto con las expresiones políticas más disímbolas.
Ése, y no la presencia de pancartas o grafitis de apoyo a intereses tan cuestionables como los que promueven las FARC, es el problema central en la presencia de tales grupos en el campus. La Universidad ha sido congruente con sus mejores tradiciones de apertura y solidaridad al recibir expresiones de esa índole. Pero ha sido inconsecuente respecto del ejercicio crítico, que siempre forma parte del auténtico quehacer académico, al eludir el examen riguroso de tales manifestaciones.
Por otra parte, el hecho de que en algunos espacios universitarios se encomie al aventurerismo político no significa que así ocurra en todas las aulas o en todas las escuelas de la UNAM. Sin embargo, algunos malquerientes de la Universidad han preferido ver, en este caso, a una institución postrada ante tales expresiones. Y esa no es la situación de la Universidad en nuestros días. Un columnista de asuntos financieros, Carlos Mota, escribió en Milenio que la Filosofía, tal y como se enseña en esa institución, resulta inútil porque cuando fue a ofrecer una conferencia los estudiantes de esa disciplina no comprendieron su insistencia en que la Universidad debe formar cuadros para las grandes empresas. Desde luego que puede y debe hacerlo, pero eso no implica que todos los egresados de la universidad pública tengan como único horizonte un cargo en Nokia o Cemex como quisiera ese columnista.
A su vez, en su colaboración de antier en El Universal el presidente nacional del PAN, Germán Martínez, con motivo de las vicisitudes de Lucía Morett y sus compañeros se refirió a “la UNAM, campus Ecuador”. Las correrías sudamericanas de esos alumnos y egresados de la Universidad Nacional fueron de una irresponsabilidad trágica que nos obliga a formularnos muchas preguntas e, insistimos, a refrendar la necesidad de la crítica dentro y fuera de los espacios académicos. Pero una comparación como la que hace el principal dirigente del partido en el gobierno, solamente puede ser tomada como expresión de pésimo gusto para no considerarla signo de patética ignorancia sobre la situación de las universidades públicas en este país.
Las FARC son un grupo indefendible que ha secuestrado a centenares de personas, que mantiene en vilo a Colombia y otras naciones en esa región y cuya equidistancia de cualquier causa social se demuestra en el papel que desempeña en la distribución regional de estupefacientes. Con toda razón, hace un par de días la experimentada periodista española Maite Rico escribía en El País: “Por su componente mafioso y el poder del narcotráfico, las FARC no son una guerrilla convencional. Consciente de ello, el objetivo del Gobierno no es tanto liquidar a las FARC, tarea harto improbable, como forzarla a negociar sin condiciones. Pero el apoyo logístico y político prestado a la guerrilla por Ecuador y Venezuela (que ha enviado armas y dinero) puede dificultar el empeño de Colombia de poner fin a casi cuatro décadas de horror”.
Los documentos localizados en la computadora portátil de “Raúl Reyes”, el dirigente de las FARC a quien buscaban y mataron los militares colombianos que asaltaron el campamento en donde además estaban los jóvenes mexicanos, están contribuyendo a evidenciar esa relación perversa entre guerrilla y narcotráfico. El bombardeo y luego el asalto militar al campamento, instalado más allá de la frontera de Colombia, constituyó sin lugar a dudas una transgresión a la soberanía de Ecuador. Pero el gobierno ecuatoriano tampoco puede ofrecer cuentas claras en este episodio porque resultó claro que alojaba en su territorio a un grupo armado de otro país.
Está probado que las FARC son una pandilla de traficantes y secuestradores. Con tales individuos se comprometieron los jóvenes mexicanos que, como Lucía Morett, acudieron a ofrecer in situ el respaldo que le dispensaban a ese grupo dentro de nuestro país. La agresión que sufrieron en Ecuador es condenable, pero no resultó sorprendente. Fueron víctimas de un engaño expresamente consentido, de un tergiversado voluntarismo, de un exasperado —y a la postre provocador— aventurerismo.

emeequis, 24 de febrero

   Llegué a La Habana la mañana del 23 de junio de 2001. Justo cuando aterrizó el avión de Mexicana, no muy lejos de allí Fidel Castro se desmayaba delante de 60 mil personas y de las cámaras de la televisión cubana que difundieron el incidente a todo el país. Fueron el calor al comienzo de verano, la fatiga y la tensión, pero seguramente también era la edad del Comandante que en aquellas fechas estaba por cumplir 75 años.

   Nunca antes Fidel Castro había tenido un tropiezo así. Resistió amagos estadounidenses y exigencias soviéticas, salió vencedor cuando todos los países americanos –excepto México– se coaligaron en contra suya, se impuso a innumerables aunque quizá mitificados intentos de asesinato. Lo que no pudo someter fue al tiempo y aquel desvanecimiento, que primero dejó estupefactos y de inmediato aterrados a sus asistentes y a los funcionarios que lo acompañaban en el mitin en el barrio habanero de El Cotorro, confirmó que también para él los años pesaban.

   Aquella mañana en el aeropuerto de La Habana dominaba un pesado silencio. Apenas bajé del avión alcancé a mirar en los televisores el desconcierto de quienes aguardaban a que el Comandante se recuperase. El ministro de Relaciones Exteriores Felipe Pérez Roque, se acercó a los micrófonos para demandar algo así como “calma y valor, en nombre del partido y del gobierno”.

    Aquel incidente no le impidió al Comandante volver a las extensas peroratas. Tampoco fue obstáculo para que al año siguiente, en abril de 2002, exhibiera la torpeza del presidente Fox cuando lo invitó a que viniera a un encuentro en Monterrey, estuviera en la cena y se fuese de inmediato para no importunar a Mr. Bush. Ni lo fue para que en la primavera de 2003 el gobierno de Cuba encarcelara a 75 personas, algunos de ellos escritores, con acusaciones tan peregrinas como tener en sus casas libros de autores extranjeros o haber consultado sitios de movimientos anticastristas en Internet.

   Parecía que Fidel Castro había emprendido un intencional proceso de aislamiento. Las esperanzas de apertura política quedaron diferidas a cada encarcelamiento de cubanos disidentes y con cada balandronada de supuesta autarquía respecto del resto del mundo. Como el retraimiento no ha sido completo, turistas y familiares que visitan la isla dan cuenta de las proverbiales carencias sin resolver, del desánimo que entristece el talante bullanguero de los cubanos, de la difícil pero constatable batalla que dan algunos para que se reconozca su derecho a la diversidad en todos los terrenos.

   Vinieron la enfermedad que obligó a Castro a someterse a varias operaciones por lo menos a partir de mediados de 2006, la separación de los numerosos cuan todopoderosos cargos que ejercía en el gobierno y el Partido, la sustitución del uniforme verde olivo por el pants con todo y logotipo de Adidas.

   El anuncio, el 19 de febrero pasado, del apartamiento formal de cualquier responsabilidad tanto en la estructura del gobierno, podría permitirle a Fidel Castro retirarse con tranquilidad del mando político que él mismo admite ya no está en condiciones de ejercer. Pero en esa decisión todos reconocen una maniobra para dominar a trasmano o, en todo caso, resolver su propia sucesión sin haber permitido flexibilización alguna en el sistema político. Como dijo aquel otro controvertido personaje, se va pero no se va.

   A Fidel Castro lo llegamos a considerar emblema de entereza ante los poderosos y de dignidad en condiciones adversas y como adelantado del mundo que hemos querido construir. Pero también ha sido ejecutor de represiones, el culpable de la cerrazón política, el autócrata que dispone su propia sucesión. Quisiéramos quedarnos con el Fidel de la empeñosa expedición del Granma, con el que reivindicó la soberanía de su país, el que resolvió carencias sanitarias y logró la alfabetización de los cubanos. Por desgracia la realidad prácticamente nunca se ajusta a nuestras ilusiones. No hay dos sino un Fidel Castro y su obra bienhechora no justifica los excesos y fundamentalismos.

   A fuerza de esperado, el retiro de Fidel casi no produjo sorpresas. Quienes lo sucedan, seguirán exigiéndoles a los cubanos calma y valor en nombre de una revolución marchita. Adiós, Fidel. Gracias por las ilusiones. Lástima por las inconsecuencias.

La Crónica, 25 de abril de 2004

Hay quienes consideran que el escenario de escándalos y descomposición política que experimentamos en nuestros días es consecuencia de la democracia. Pero también se puede estimar que nos encontramos, más bien, ante insuficiencias e incluso distorsiones de la democracia que hemos construido en los últimos años. Se trata de una discusión que sobrepasa los linderos de la academia y que tiene la mayor relevancia política.

   Con frecuencia, quizá más por el entusiasmo que produce saber que hemos arribado al final de una etapa y por un frecuente apresuramiento para dictaminar la conclusión de periodos históricos, no pocos especialistas y dirigentes políticos consideran que en México hemos arribado a la democracia y que las tareas próximas son para consolidarla. Todo depende de qué entendamos por democracia. Al respecto existe una cada vez más copiosa discusión que sin duda será espoleada por la aparición del espléndido documento La democracia en América Latina que fue presentado el miércoles, en Buenos Aires, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, PNUD.

   Esa documentada investigación fue dirigida por el ex canciller argentino Dante Caputo y está compuesta tanto por una extensa reflexión conceptual y política acerca de los alcances de la democracia, como por el resultado de varias indagaciones estadísticas para conocer las percepciones de los latinoamericanos acerca del régimen político en sus países.

Política y conceptos en crisis

   En toda América Latina se advierte el desasosiego de la gente respecto de los asuntos públicos. La investigación del PNUD encontró que el 64.6% de los ciudadanos consideran que los gobernantes no cumplen con las promesas que hacen en las campañas políticas porque, en ellas, “mienten para ganar las elecciones”.

   El 11.6% opina que los gobernantes no cumplen porque el sistema no los deja y el 9.5% atribuye ese incumplimiento a la necesidad que los gobernantes tienen para atender problemas de mayor urgencia.

   El 10.3% cree que no cumplen porque cuando hacen promesas los gobernantes ignoran lo complicado que son los problemas. Y solamente el 2.3% de los ciudadanos estima que sus gobernantes sí cumplen con lo que han prometido en las campañas.

   Ante esa imagen social de la política y el poder, el estudio hace un esfuerzo para encontrar definiciones amplias y realistas. Allí se recuerda que hasta ahora, con frecuencia, en distintos ámbitos se incurría en concepciones limitadas: “La democracia fue observada esencialmente en su dimensión electoral; la política vista a través de la crisis que expresaban sus partidos, las estructuras clientelísticas, la corrupción o los regímenes electorales; la problemática del Estado se centró en la cuestión de los equilibrios fiscales, la modernización burocrática y la disminución de su interferencia en la economía; la economía tuvo como tema casi excluyente la cuestión de sus equilibrios y las reformas estructurales supuestamente necesarias para lograrlos; y, finalmente, la globalización fue vista ya sea como el origen de males inevitables o como fuente de beneficios inmensos, poniendo incluso en duda el sentido de la continuidad de los Estados nacionales en un mundo que marchaba hacia ‘la aldea global’. Como dijimos, esos debates eran, en su momento, imprescindibles. Ahora son insuficientes. El desarrollo de la democracia es mucho más que la perfección de su sistema electoral”.

   “La crisis de la política –añade el documento– se expresa tanto en la baja credibilidad y prestigio de los partidos como en la poca eficacia de los gobiernos para abordar las cuestiones centrales que se detectan como déficit de ciudadanía, en particular los referidos a los derechos civiles y sociales. Ambas dimensiones de la crisis de la política –instituciones y contenidos– son vitales, dado que es la política la que debe formular opciones, representar a los ciudadanos y generar los nexos entre Estado y sociedad para gestar poder democrático”.

Lidiar con la condición humana

   El deterioro de la política es palmario en  nuestras naciones. Aunque en toda América Latina –la excepción cubana no se comenta en el estudio– hoy existen gobiernos que han llegado al poder a través de elecciones democráticas, el malestar ciudadano con sus dirigentes, representantes e instituciones, resulta cada vez más extendido. Las insuficiencias de la democracia así construida o, dicho de otra manera, las limitaciones de la democracia entendida solamente como una colección de reglas electorales, agobian hoy a las sociedades en toda esta región del mundo.

   En la presentación del estudio que dirigió, Dante Caputo recuerda que la política es una actividad realizada por mujeres y hombres que, como todos, tienen defectos, ambiciones y virtudes: “La construcción democrática se plasma a través de la política. Y aquí sucede algo similar a lo que acabo de señalar: también la política tiene graves carencias, lo que ha producido un rechazo creciente en nuestras sociedades hacia quienes la ejercen. Este Informe no es benévolo a la hora de mostrar la gravedad de la crisis de la política y los políticos. Pero estos políticos son los que han dado las luchas, los que han optado entre costos, los que han pagado con su prestigio u honor sus defectos o faltas. No tienen la pureza de quienes sólo asumen el riesgo de opinar. Muchos tienen la sencilla valentía de pelear en un escenario donde, las más de las veces, lo que se confronta no son grandes ideas, sino pasiones y miserias”.

   Tales luces y sombras del quehacer político hacen indispensable la existencia de reglas e instituciones pero también ameritan una constante exigencia delante del poder público. Añade Caputo:    “Algunos temen y abandonan, otros cometen errores y –de una u otra manera– pagan por ellos, pero una mayoría hizo algo más que opinar acerca de cómo deberían ser hechas las cosas. Lo intentaron, apostaron, perdieron, y muchos volvieron a intentarlo. Algunos con éxito. Nada hay aquí de reivindicación sentimental de los políticos, sino la sencilla advertencia de que la democracia no es una construcción idílica. Requiere mujeres y hombres dispuestos a luchar en ese turbulento territorio donde se desenvuelven los intereses y las pasiones, las luchas reales, que son las luchas del poder. La democracia se hace con la política, la única actividad que puede reunir la dura y maravillosa tarea de lidiar con la condición humana para construir una sociedad más digna”.

Un fin y un instrumento

   El documento, que en las siguientes semanas será presentado en otros países latinoamericanos, incluyendo el nuestro, incluye datos sobre la situación social y opiniones de dirigentes políticos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Además fueron consultados centenares de expertos.

   En sus definiciones iniciales la investigación establece las siguientes ideas clave acerca de la democracia:

   “La democracia se ha convertido en un sinónimo de libertad y justicia. Es, a la vez, un fin y un instrumento. Contiene, básicamente, una serie de procedimientos para el acceso y el ejercicio del poder, pero es, para los hombres y las mujeres, también el resultado de esos procedimientos. En esta perspectiva, la democracia excede a un método para elegir a quienes gobiernan, es también una manera de construir, garantizar y expandir la libertad, la justicia y el progreso,  organizando las tensiones y los conflictos que generan las luchas de poder”.

   En un esfuerzo para no quedarse en una definición instrumental o limitada de la democracia, pero también para no desdeñar los evidentes avances políticos que ha experimentado América Latina en los años recientes, el texto precisa el papel indispensable que tienen el Estado, los partidos y los ciudadanos:

   “Las libertades que hoy poseemos son un bien invalorable; ésta es una conquista lograda con el impulso, la lucha y el sufrimiento de millones de seres humanos. Somos testigos del avance más profundo y amplio que la democracia ha tenido desde la independencia de nuestras naciones. Pero, como se verá en este Informe, lo conquistado no está asegurado. La preservación de la democracia y su expansión no son hechos espontáneos. Son construcciones voluntarias, formuladas en proyectos, modeladas por liderazgos e investidas del poder que proviene del apoyo popular. Requieren partidos políticos que construyan opciones sustantivas, un Estado con poder para ejecutarlas y una sociedad capaz de participar en una construcción que exceda los reclamos sectoriales. Una política que omite los problemas centrales, vacía de contenido las opciones ciudadanas; un Estado sin poder transforma el mandato electoral en una expresión de voluntades sin consecuencias, y una sociedad sin participación activa lleva, tarde o temprano, a una peligrosa autonomía del poder, que dejará de expresar las necesidades de los ciudadanos”.

Democracia, pobreza, desigualdad

   El documento, que fue patrocinado por el PNUD pero además contó con la colaboración de instituciones internacionales y grupos de varios países, está organizado en tres partes. El informe central, titulado La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, presenta los resultados de la investigación en un texto de 255 páginas.

   Además se ha puesto a circular un documento complementario, El debate conceptual sobre la democracia (240 páginas) que contiene las discusiones centrales entre una veintena de especialistas a partir de un texto del politólogo argentino Guillermo O’Donell, responsable del marco teórico de la investigación. Un tercer documento, de 283 páginas, ofrece el Compendio estadístico que muestra los resultados de una encuesta y varios estudios más acerca de la opinión que los latinoamericanos tienen de la democracia, así como varios indicadores sobre la situación política y social en los países estudiados.

   Al establecer el momento actual y los contrastes que vive esta zona y sin cuyo reconocimiento cualquier descripción de la democracia sería insuficiente, el texto central indica: “En América Latina, construir y ampliar los derechos ciudadanos es una tarea que se desenvuelve en un contexto novedoso. En estos últimos veinte años se ha producido un conjunto de grandes transformaciones. Por primera vez en la historia, una región en desarrollo y con sociedades profundamente desiguales está, en su totalidad, organizada políticamente bajo regímenes democráticos. Así se define, en América Latina, una nueva realidad sin antecedentes: el triángulo de la democracia, la pobreza y la desigualdad”.

   Esa tríada contiene la realidad de estos países en donde hemos avanzado en la liberalización del régimen político pero sin abatir carencias sociales fundamentales y es descrita en los siguientes términos:

   “El primer vértice del triángulo es la difusión de la democracia electoral en la región. Todos los países que la integran satisfacen los requisitos básicos del régimen democrático. Sólo los países agrupados en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) comparten este rasgo.

   “El segundo vértice es la pobreza. En 2003, la región contaba con 225 millones de personas (o un 43,9 por ciento) cuyos ingresos se situaban por debajo de la línea de pobreza. Por cierto, esta situación varía de país en país. A pesar de estas diferencias, comparada con las

otras grandes regiones democráticas del mundo, América Latina ofrece la singularidad de la cohabitación de las libertades políticas con las severas privaciones materiales de muchos. Democracia y riqueza, democracia y pobreza son dos combinaciones que generan necesidades, dificultades y riesgos diferentes.

   “El tercer vértice es la desigualdad. Las sociedades latinoamericanas  son las más desiguales del mundo. Como en el caso de la pobreza, no sólo se observa la profundidad de la desigualdad en la región en comparación con el resto del mundo, sino también su persistencia a lo largo de las últimas tres décadas.

   “Por primera vez conviven estos tres rasgos, y la democracia enfrenta el desafío de su propia estabilidad coexistiendo con los retos

de la pobreza y la desigualdad. Los riesgos que derivan de esta situación son distintos y más complejos que los tradicionales del golpe

militar de Estado, que, por lo demás, tampoco han desaparecido totalmente”.

Una idea plena de ciudadanía

   En su balance de la situación latinoamericana, el estudio del PNUD toma en cuenta siete indicadores básicos: reformas estructurales en la economía, reformas democráticas, evolución del producto interno bruto por habitante, pobreza, indigencia, concentración del ingreso y  situación laboral. La comparación de esos rubros conforma un mapa descarnado y contrastante de nuestros países.

   Junto a esos datos, se ofrecen los resultados de estudios de opinión en los que destaca la preocupante tendencia de una gran cantidad de ciudadanos a considerar que, puesto que la democracia no siempre resuelve las necesidades sociales básicas, podrían estar dispuestos a respaldar regímenes autoritarios. El viernes pasado en Crónica el periodista Rubén Cortés ofreció algunos de los resultados más impresionantes de la indagación del PNUD sobre la apreciación que los latinoamericanos tenemos de nuestras democracias electorales.

   En una de sus tesis cardinales, el estudio considera que solo habrá democracia plena cuando los ciudadanos tengan y ejerzan derechos no únicamente en el terreno político sino, junto con ello, en el acceso a requerimientos sociales básicos.

   Esa idea de ciudadanía plena, se dice, “implica un estatus para cada persona como miembro de pleno derecho de una comunidad, y abarca diversas esferas que se expresan en derechos y obligaciones. La expansión de la ciudadanía es una condición del éxito de una sociedad y de la satisfacción de sus aspiraciones. Es en torno a esto que se debe juzgar la calidad de la democracia”.

   Más adelante, el Informe distingue entre ciudadanía política, ciudadanía civil y ciudadanía social.

   La primera de ellas incluye el derecho al voto, limpieza en las elecciones, diques al clientelismo, oportunidad para acceder a cargos públicos a través del proceso electoral.

   La ciudadanía civil requiere de la igualdad legal y la protección contra la discriminación, así como el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, las mujeres, los indígenas y los menores. El derecho a la vida, a la integridad física, la administración de justicia, la libertad de prensa y el derecho a la información están incluidos en este rubro.

   Sobre la otra, se explica: “Los derechos a la salud y a la educación son considerados componentes básicos de la ciudadanía social. A su vez, la falta de empleo, la pobreza y la desigualdad han sido ampliamente reconocidas como aspectos que obstaculizan la integración de los individuos en la sociedad. En condiciones de extrema pobreza y desigualdad se dificulta la efectividad de un presupuesto clave de la democracia: que los individuos son ciudadanos plenos que actúan en una esfera pública donde se relacionan en condición de iguales”.

Predisponer a la opinión pública

   Además de la percepción de los ciudadanos acerca de asuntos públicos como los antes mencionados, el Informe del PNUD buscó la opinión de 231 personas “que ejercen funciones de liderazgo en América Latina”. Entre las causas que limitan la democracia en esta región, los dirigentes mencionaron las presiones de grupos de interés –fundamentalmente empresariales–; en  segundo lugar al narcotráfico y en tercero, a los medios de comunicación.

   Sobre el papel político y el poder formidable de las empresas de comunicación, el Informe explica: “Esta gran influencia de los medios es vista como parte del aumento de los controles que han permitido democratizar el ejercicio del gobierno, pero también, según lo perciben principalmente los políticos consultados, como una restricción al proceso democrático. Los medios tienen la capacidad de generar agenda, de predisponer a la opinión pública a favor o en contra de diferentes iniciativas y de erosionar la imagen de figuras públicas mediante la manipulación de denuncias. Existe amplio consenso entre los consultados en cuanto a que la gran influencia de los medios limita el poder de las instituciones políticas. En realidad, siempre tuvieron mucha influencia y los políticos intentaron servirse de ella. Lo nuevo, además de la mayor exposición del público a los medios, es que se ha salido de una época en la que estaban mayoritariamente vinculados a los partidos políticos y, en algunos casos, éstos ejercían cierto control sobre aquéllos; actualmente muchos medios se han independizado de las estructuras partidarias y han pasado a formar parte de grupos económicos no subordinados al poder político y con intereses muy diversificados”.

Poner en el centro a la política

   Los actores sociales y políticos cuyo desempeño es discutido en el Informe, ocupan una constelación amplia. De los partidos, tanto la opinión de ciudadanos registrada en encuestas como el sondeo entre dirigentes seleccionados para el estudio, resulta sintomáticamente ácida. Además de reconocer el extendido desgaste y el desprestigio, se recuerda que son instituciones insustituibles en cualquier democracia.

   En sus conclusiones, entre otras observaciones, el Informe reitera “que la democracia entendida en forma minimalista, como la posibilidad de ejercer el derecho del voto periódicamente para elegir gobernantes, dentro de un marco donde esté plenamente vigente el estado de derecho, no sólo es importante sino una condición sine qua non para poder calificar a un régimen de democrático”.

   Ese es, sin embargo, solamente un punto de partida. El diagnóstico del PNUD busca ser más ambicioso. “Considera que debe ampliarse el horizonte de la democracia perfeccionando no sólo los mecanismos institucionales de la política y la implementación efectiva de los derechos civiles para todos los ciudadanos, sino atendiendo a la expansión efectiva de la ciudadanía social”.

   En otros términos, se pretende “avanzar hacia una ciudadanía integral, lo que supone poner en el centro a la política como forma de que el ciudadano y más precisamente la comunidad de ciudadanos, pueda participar en decisiones sustanciales”.

   Más adelante se subraya: “Crear una visión integral de la ciudadanía, articular el funcionamiento de la economía con las decisiones políticas de la comunidad de los ciudadanos son algunos de los temas que emergen de este Informe para suscitar una nueva forma de debatir la democracia en la región Latinoamericana”.

   Si la murmuración y el escándalo no nos tuvieran tan abstraídos y alejados de lo importante, esa sería una de las discusiones básicas que tendríamos que emprender en México. Pero parece imposible que podamos arribar a una ciudadanía cabalmente deliberativa cuando el escenario público está dominado por ambiciones, querellas y confrontaciones como las que nos entretienen y aturden a diario.

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La Crónica, 18 de abril de 2004

El acoso que padecen en Cuba los periodistas independientes podía ejemplificarse, hasta hace poco, en el caso de Jesús Labrador Arias. Corresponsal de un servicio de noticias autónomo, una mañana ese cubano que vive en Manzanillo, al sureste de la isla, recibió una información que lo hizo pedalear seis kilómetros en su bicicleta. Así llegó a una finca rural en donde la noche anterior alguien se había robado tres vacas. Allí mismo las sacrificaron y las destazaron. Episodios como ese aparentemente son frecuentes en Cuba y Labrador quería documentar, con él, la pobreza que consume a su país. Pero no pudo cumplir con esa tarea informativa. Cuando llegó estaban esperándolo varios policías que lo apresaron.

“Yo sólo vine a verificar la información. ¿Por qué no están buscando a los ladrones?”, reclamó el periodista. Y preso quedó.

Al narrar ese episodio el también periodista Raúl Rivero, que es además uno de los poetas cubanos más prestigiados en la actualidad, explicaba: “Es sólo una anécdota pero puede ilustrar a los lectores desprevenidos acerca del entorno en que realiza su trabajo la prensa cubana que se desempeña fuera de los medios oficiales”.

Labrador no estuvo preso mucho tiempo. En otra ocasión su casa fue apedreada por vecinos que lo consideran “antisocial”, que es el término que el gobierno de Fidel Castro utiliza para calificar a sus opositores. Luego, fue acusado por el padre de una muchacha de 16 años a la cual, según se aseguró, el periodista le aconsejó que rompiera la propaganda que había en los tableros murales de su escuela. Por ese delito Labrador estuvo a punto de ser condenado a un año de cárcel.

Fox y Bush al teléfono

Mucho peor que a ese periodista en Manzanillo, les ha ido a 75 informadores, escritores y dirigentes sociales que fueron encarcelados hace un año, en la oleada represiva más importante que se ha desatado en Cuba durante los tiempos recientes.

Las condenas de entre 12 y 27 años para esos opositores y periodistas independientes fueron cuestionadas en la resolución que esta semana tomó en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El voto mexicano para respaldar esa propuesta ha sido muy discutido. Hay quienes consideran que, con esa definición, nuestro gobierno se subordina a las exigencias de la Casa Blanca cuya animosidad contra el régimen de Fidel Castro es obsesiva. La versión del vocero del presidente George W. Bush acerca de la conversación telefónica que habían sostenido los presidentes de México y Estados Unidos espoleó la desconfianza y puso en aprietos al gobierno de nuestro país.

Sobre esa charla telefónica hay dos versiones. Washington dice que el presidente mexicano se comprometió a votar como finalmente lo hizo en la Comisión de Derechos Humanos. El gobierno de México sostiene que no hubo tal acuerdo.

En realidad el presidente Vicente Fox no tenía por qué modificar la posición mexicana que ya se había manifestado hace un año, cuando la misma Comisión aprobó una resolución muy similar a la que se votó el jueves pasado. Aquella vez, y ahora nuevamente, la Comisión le pide al gobierno de Cuba que permita que un representante suyo visite la isla y examine las condiciones de los derechos humanos en ese país.

Resolución en Ginebra

La resolución que México respaldó “lamenta los hechos ocurridos el año pasado en Cuba en relación con algunas condenas a disidentes políticos y periodistas”. También “expresa su esperanza de que el gobierno de Cuba continuará esforzándose por robustecer la libertad religiosa y de que pondrá en marcha medidas con el fin de facilitar la transición hacia el establecimiento de un diálogo fructífero con todas las corrientes de pensamiento y grupos políticos organizados de su sociedad, a pesar del precario ambiente internacional, con el propósito de promover el desarrollo pleno de las instituciones democráticas y de las libertades públicas”.

Ese párrafo ha sido cuestionado por el gobierno cubano, que lo considera expresión de injerencia en los asuntos internos de ese país. Sin embargo el solo hecho de que una formulación tan cuidadosa –que no hace mas que proponer que el gobierno y la sociedad de un país tengan interlocución permanente y formal– le pueda preocupar, indica el grado de autoritarismo al que ha llegado, muy lamentablemente, el régimen de Castro.

En el punto central de la resolución, la Comisión: “Insta al gobierno de Cuba a que coopere, dentro del pleno ejercicio de su soberanía, con la Representante Personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, facilitándole el cumplimiento de su mandato, como otros Estados soberanos deben hacerlo en cumplimiento de los Propósitos y Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Represión y privaciones

Ese es el documento que México avaló esta semana en Ginebra y que ha merecido la condena tanto del régimen de Castro como de quienes, en nuestro país, quieren cerrar los ojos a la cotidiana transgresión que se comete contra las libertades individuales y sociales en Cuba.

Esa situación ha sido documentada, a pesar de que no ha podido visitar la isla, por la Alta Comisionada para los derechos humanos en Cuba, Christine Chanet. Hace tres semanas esa funcionaria internacional presentó el informe sobre su primer año en tal responsabilidad y subrayó la preocupación por las detenciones que hubo en Cuba entre marzo y abril de 2003.

La mayor parte de las acusaciones contra los 75 periodistas y opositores detenidos en ese lapso se referían a su trabajo profesional y a las relaciones que algunos de ellos tienen con organismos internacionales de defensa de derechos humanos. En juicios sumarios y sin posibilidad de elegir a sus abogados, esos ciudadanos recibieron condenas que están cumpliendo en cárceles lejanas e insalubres.

Chanet, que hace siete años fue la primera mujer en presidir la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recordó también en su Informe los fusilamientos del 11 de abril de 2003 contra tres cubanos que, para salir de la isla, habían secuestrado a una embarcación con turistas: “El secuestro no había causado ningún derramamiento de sangre. No obstante, los tres acusados fueron enjuiciados con un procedimiento sumarísimo…. En el plazo de una semana se agotaron todas las vías de recurso y las tres personas fueron ejecutadas, pese a que en Cuba regía una moratoria de la pena de muerte desde abril de 2000. Ante esta situación, la Representante Personal del Alto Comisionado insta a las autoridades de Cuba a que no sometan a su pueblo al sufrimiento que supone la privación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y que se suma a los sufrimientos económicos y sociales que vienen padeciendo desde hace tanto tiempo”.

La magistrada Chanet no ha ignorado las condiciones políticas y económicas que afectan a los cubanos. En su Informe también dice: “No se pueden pasar por alto los desastrosos y persistentes efectos en las esferas económica y social, así como en lo relativo a los derechos civiles y políticos, del embargo del que es víctima el pueblo cubano desde hace más de 40 años. En efecto, la tensión extrema entre Cuba y los Estados Unidos de América crea un clima poco propicio para el desarrollo de las libertades de expresión y de reunión. Las leyes estadounidenses y los fondos destinados a la ‘edificación’ de la democracia en Cuba hacen que se considere a los opositores políticos de la isla simpatizantes del extranjero y brindan a las autoridades cubanas la oportunidad de intensificar la represión contra ellos”.

Artefactos subversivos

Quizá el más emblemático de los 75 periodistas y disidentes cubanos que han cumplido un año en la cárcel es el ya mencionado Raúl Rivero, fundador de la agencia CubaPress y promotor de la prensa independiente en ese país. Nacido en Morón el 23 de noviembre de 1945, Rivero es autor de nueve libros de poesía y cuatro de crónicas. Estudió periodismo en la Universidad de La Habana y durante años escribió en prácticamente todos los medios importantes en su país, entre ellos la agencia Prensa Latina. Fue asesor de Nicolás Guillén en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

En 1991 Rivero suscribió el documento conocido como Carta de los Diez en donde se le pedía al gobierno cubano que ampliara los espacios para las libertades democráticas. El régimen comenzó a perseguirlo. Debido a esa defensa del derecho a la expresión, en 2000 el Instituto Internacional de Prensa incluyó a Rivero entre los 50 Héroes de la Libertad de Información en la segunda mitad del Siglo XX.

El escritor fue detenido el 20 de marzo de 2003. Dos semanas más tarde estaba condenado a 20 años de cárcel. La fiscalía lo acusó, entre otras cosas, de haber fundado una agencia de noticias, enviar al extranjero informaciones que aparecían en páginas web y participar en “el ilegal lanzamiento en La Habana de un libro con ideas y estrategias desestabilizadoras y subversivas”.

El acta del encausamiento contra Rivero señala que en su domicilio fueron decomisados un radio y una grabadora, una máquina de escribir, una computadora portátil, varios casetes y algunos libros de los que es autor. Un video presentado en la sala del tribunal mostraba esos artículos, considerados sediciosos por los acusadores del escritor. Allí se podían apreciar los casetes, que contenían música de Joan Manuel Serrat, José Luis Rodríguez El Puma y algunos cantantes cubanos.

Rivero cumple su sentencia en la prisión de Canaleta en Ciego de Ávila, a más de 400 kilómetros de La Habana. Allí, ocasionalmente, puede escribir algunos poemas. Varios de ellos han aparecido en publicaciones como El País de Madrid y en la revista mexicana Letras Libres.

Liberado por cuenta propia

El acta de la acusación contra Raúl Rivero aparece como apéndice a su libro Sin pan y sin palabras. A favor de la libertad en Cuba, que se publicó hace algunos meses en España. Allí se reúne una veintena de artículos que Rivero publicó en los años recientes acerca de la vida cotidiana y el ejercicio de la prensa independiente en su país.

Prologado por el escritor Eliseo Alberto, que radica en la ciudad de México y es distinguido colaborador de La Crónica, el libro muestra que la única subversión de la que Rivero ha sido capaz es la de pelear por la libertad de las palabras.

En uno de esos textos admirables y contundentes, titulado “Monólogo del culpable”, Rivero cuestiona las disposiciones legales que prohíben la publicación, en Cuba, de impresos que no hayan pasado por la anuencia del gobierno:

“La letra de la ley sobre la protección de la independencia nacional y la economía de Cuba les permite a las autoridades de mi país condenarme por el único acto soberano que he realizado desde que tengo uso de razón: escribir sin mandato. El camino que inicié hace unos pocos años con la ruptura total con los medios de prensa y cultura del gobierno me ha ido convirtiendo en un ser humano distinto, alguien que se ha liberado por cuenta propia, alguien que en un entorno amenazado y hostil pudo empezar el viaje hacia la libertad individual”.

El escritor relata, más adelante: “Para el brazo en alto de esta nueva ley, así como para los insultos de los oscuros funcionarios del periodismo oficial, las llamadas amenazadoras a mi casa, para el sobresalto de cada día yo tengo –me doy cuenta cuando me quedo solo con mi máquina– el regocijo de saberme libre. La certeza de que informar con objetividad y profesionalismo y escribir mi opinión sobre la sociedad en que vivo no puede ser un delito muy grave”.

Sin embargo lo fue, según la estrecha y medrosa perspectiva de las autoridades cubanas. Por escribir textos como ése, Rivero está condenado a dos décadas de prisión.

Exangües y extenuadas

En otro texto, titulado “Matar la palabra”, Rivero hace un inventario de los vocablos que en Cuba “perdieron la vida, los contenidos, el vigor en los últimos 40 años”.

“Los esplendorosos y mágicos fonemas que forman el vocablo libertad encabezan el cortejo. Allá va, vacía, hueca y estrujada, la palabra que los grupos de poder han exprimido aquí hasta convertirla en su antónimo”, manifiesta ese texto inicialmente aparecido en diciembre de 2000 en El Nuevo Herald. Continúa:

“Allí está descendiendo en el alfiler de la corbata del milenio el vocablo democracia, con todos sus ecos griegos, sucio y gastado, hacia el fondo de la sepultura.

“Dígale alguien a un jubilado de Alacranes o a un joven desempleado de Centro Habana la noción exacta de dignidad.

“Que se le explique el poderío de resistencia a un ama de casa, madre de tres hijos, sin familia en el extranjero y sin contactos con una empresa mixta.

“Los ampulosos profesores de español que dediquen un turno de clase a la palabra cultura, a ver cómo apagan los fantasmas de los artistas censurados, los rehenes, los marginados, los excluidos y los expulsados”.

De esa amargura y realismo es la prosa de Rivero, que muy posiblemente no ha tenido en su manos el libro, publicado por Península de Barcelona, en donde aparecen estos textos. “Se marcha la palabra prensa en su única y aseada acepción, porque en Cuba lo que se publica es propaganda latosa y desconcertante”, dice. “En el cortejo van palabras que, para quedarse, necesitan adjetivos, prótesis y andadores. Allá van, exangües y extenuadas, fraternidad, familia, derechos, apertura, evolución, justicia, patriotismo, verdad, fervor, elecciones, parlamento y sociedad”, deplora el ahora encarcelado poeta.

Prisioneros y símbolos

Aún en prisión y sin escribir, Rivero lucha contra el autoritarismo en su país. Al recluirlo, el gobierno de Cuba lo hizo más célebre que nunca. Cada día que Rivero y los otros 74 periodistas, escritores y dirigentes sociales encarcelados hace un año pasan en prisión, es motivo para que aumente y se extienda la protesta internacional contra los excesos del gobierno de Fidel Castro. Gracias a tales reclamos uno de esos prisioneros, Julio Antonio Valdés, fue llevado el jueves pasado a un hospital para ser tratado de la enfermedad renal que padece hace tiempo y que se agravó con el encarcelamiento.

Con el voto en Ginebra, el gobierno de México apoyó causas democráticas como las que han defendido Raúl Rivero y muchos de quienes, como él, llevan un año encarcelados. Suponer que ese voto fue de adhesión al gobierno estadounidense implica apreciarlo con una mirada muy estrecha.

Ningún argumento respetable justifica el encarcelamiento de quienes, como Rivero, no han hecho mas que ejercer y defender sus derechos de pensamiento y expresión. Oponerse a la resolución de la Comisión de Derechos Humanos implica convalidar la persecución a esas libertades. Callar ante esa situación porque se trata de Cuba, un país cuya resistencia y entereza ha sido tan entrañable para muchos de nosotros, nos haría cómplices de tales abusos.

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La Crónica, 2 de mayo de 2004

La actitud de Fidel Castro en su reciente diferendo con México sigue siendo difícil de comprender. Al deportar a Carlos Ahumada en vez de extraditarlo, el gobierno de Cuba manifestó una extraña y repentina prisa para deshacerse de ese visitante incómodo. Al empresario, conocido por su perseverancia corruptora, las autoridades cubanas lo habían mantenido en prisión durante todo un mes.

   Durante esas más de cuatro semanas el gobierno de Cuba no advirtió que Ahumada podía ser un riesgo para aquel país, como aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tampoco le pareció relevante el hecho de que el empresario no hubiera cometido delito alguno en Cuba, según informó el miércoles pasado.

   Repentinamente Castro resolvió que le resultaba más útil deshacerse de Ahumada que seguir reteniéndolo.

   Posiblemente los interrogatorios a cargo de la policía política cubana fueron tan intensos que, después de todo abril, ya no había revelación o confesión algunas que pudieran exprimirle al empresario acusado de defraudar al gobierno de la ciudad de México.

   Acaso, también, con la deportación se buscó propinarle un desaire más al gobierno mexicano, en represalia por la torpe e injustificable descortesía que Castro padeció hace dos años en Monterrey, la cual se ha encargado de cobrar con tenacidad y rencor.

Repentina deportación

   La posición mexicana en la reunión en Ginebra de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, hace un par de semanas, enardeció el disgusto del gobierno cubano contra la administración del presidente Vicente Fox. Esa molestia ha sido mencionada como la causa principal del desdén manifestado por La Habana en la deportación de Ahumada. En vez de aguardar a que se cumplieran el envío del expediente mexicano para justificar la extradición y la resolución que tendría que formular entonces el Estado cubano, el gobierno de Castro asumió una vía más expedita –pero diplomática y políticamente cuestionable porque estaba en marcha la petición para extraditar a Ahumada–.

   La expulsión fue preparada por el régimen cubano como un acontecimiento político. Al tiempo que el avión de Cubana de Aviación volaba a la ciudad de México, la Cancillería en La Habana daba a conocer un comunicado inusualmente agresivo.

   Además de sugerir que el gobierno de México había sido negligente en la conducción del proceso de extradición –lo cual no es cierto, porque esos trámites se realizaban dentro de los plazos legales– en ese documento se dijo que Ahumada confesó haber preparado una conspiración para influir en asuntos políticos de nuestro país.

   Si eso dijo, o si no lo hizo, tendría que ser irrelevante. No hay que olvidar que estuvo un mes en manos de autoridades cubanas, que no son conocidas precisamente por el comedimiento para tratar a sus prisioneros.

   Después de cuatro semanas bajo custodia de la policía política de aquel país es altamente posible que hasta el criminal más duro admita cualquier cosa.

   Ahumada dice –según las versiones de sus primeras declaraciones en México– que nunca aceptó haber preparado un complot. Pero eso es lo de menos. Lo que haya expresado a las autoridades de otro país, especialmente en las condiciones en que fue interrogado en La Habana, no tiene peso en el proceso judicial que se le sigue en México.

   No sería raro que cualquier tarde de éstas el gobierno de Cuba muestre algún video en donde Ahumada declara cualquier cosa acerca de sus ligas y pretensiones en la política mexicana. Tampoco sería sorprendente que, de pronto, aparecieran más videograbaciones de los sobornos o negocios sucios que ese empresario promovía.

   Si, como es posible, Ahumada viajó a Cuba con ejemplares de los videos que tanto le gustaba grabar, las autoridades cubanas deben haberse apresurado a copiarlos. Cuando les sean útiles, los darán a conocer.

Posible obsequio al PRD

   En tal escenario, la decisión del miércoles sigue resultando paradójica. Al deportar a Ahumada, el gobierno de Cuba permite que en México se le encause por diferentes delitos, incluso por aquellos que no hayan sido documentados hasta ahora. Si se hubiera optado por la extradición, solamente podría haber sido juzgado por las faltas demostradas en el proceso previo a esa medida.

   Por eso se ha comentado que la decisión de La Habana pudo haber estado influida por el Partido de la Revolución Democrática, algunos de cuyos principales dirigentes se entrevistaron en varias ocasiones con funcionarios de la embajada de Cuba en México para discutir las opciones que había respecto a la situación jurídica de Ahumada. Se ha dicho, incluso, que alguno o varios de esos dirigentes podrían haber viajado a Cuba para insistir en que el empresario no fuera extraditado, sino deportado.

   La expulsión de Ahumada le confiere gobierno de la ciudad de México más libertad para organizar el o los procesos judiciales contra el empresario. Sin embargo no cancela la eventualidad de que las autoridades federales puedan requerirlo para que responda por delitos de ese ámbito –como, entre otros, lavado de dinero–.

   En todo caso, el gobierno mexicano –tanto la Cancillería, como la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación– actuaron con ostensible impericia e improvisación en este episodio. Sin capacidad para prever el comportamiento del gobierno cubano, sin información suficiente siquiera acerca de la deportación, el desconcierto de nuestro gobierno era palmario –y penoso–.

Apuesta por López Obrador

   No es aventurado suponer que, al comprobar que el gobierno del presidente Vicente Fox no transigirá en el cuestionamiento a la violación de derechos humanos en Cuba, Fidel Castro haya resuelto mirar hacia otro flanco de la política mexicana.

   México ha tenido una importancia fundamental, no solo como aliado sino como presencia histórica y cultural –y de no poco peso económico– en la vida social y política de Cuba. Sería difícil que Castro se resignara a distanciarse de nuestro país sin hacer nada para procurar o reforzar lazos de diversa índole con la sociedad y la política mexicanas.

   Así que una vez que confirmó que con el gobierno del presidente Fox no encontrará demasiado respaldo, el dirigente cubano privilegia la interlocución que tiene con Andrés Manuel López Obrador y con el PRD. Con esa definición, Castro no solo mantiene el respaldo de un sector importante de la política mexicana. Además, se coloca en primera línea para respaldar la candidatura presidencial del jefe de Gobierno de la ciudad de México.

   Por eso el gobierno de Cuba no se limitó a deportar al empresario Ahumada. Junto con ello, emitió un comunicado malicioso que en términos diplomáticos, pero además en cualquier código político, significa un abierto desplante contra el gobierno de México.

Extraña jugada política

   Aun así, sobre todo si se recuerda que en muchas ocasiones Fidel Castro ha demostrado una fría sagacidad para desenvolverse en las relaciones internacionales, el comportamiento de esta semana resulta extraño.

   Es entendible que Castro le guarde rencor al presidente Fox por aquella grosera invitación a que se ausentara de la Cumbre en Monterrey para que el presidente George Bush no se fuera a tropezar con él. Pero ningún dirigente político con la astucia que se le puede reconocer al caudillo cubano, se ancla en resentimientos personales.

   También es comprensible –aunque fuese discutible– que simpatice más con López Obrador que con cualquier otro de los aspirantes a la presidencia de México. Sin embargo apostar a una sola opción en medio de un panorama tan inquieto e imprevisible como el que define hoy a la política mexicana sería una manera de atarse las manos, contradictoria con la holgura que Castro suele buscar en su trato con las élites políticas de otras naciones.

   Por todo ello, la jugada política del comandante cubano no es del todo clara. A menos que se crea la retórica con la que trata de justificar ante sus compatriotas las privaciones y el autoritarismo que los han sometido, sería normal que Castro reconociera el aislamiento en que se encuentran él y su país.

   Las dificultades de Cuba son crecientes. La inversión que han llevado empresas europeas a sectores como el turismo y algunas manufacturas, ha sido notoriamente insuficientes para paliar los enormes rezagos económicos que se padecen en toda la isla. Además, de paso, el hecho de que esos dólares y euros sean tan poco significativos demuestra que el bloqueo estadounidense no es el único, ni el más grave problema de los cubanos. El estancamiento de la economía parece ir de la mano con el deterioro de la vida social y la inexistencia de libertades políticas.

   ¿Por qué, en ese panorama, Castro insiste en enemistarse aun más con México? Podrá decirse que nuestro país no se agota en el gobierno federal. Pero en esa autoridad radican la representación mexicana y, sobre todo, las decisiones en materia de política exterior.

   El aislamiento que el mismo Castro provoca con desplantes como la deportación y especialmente el comunicado del miércoles pasado, parecieran indicar que no son la astucia y la visión de Estado sino el berrinche y la auto legitimación de corto plazo los parámetros que orientan hoy en día al gobierno de Cuba.

Trillado primero de mayo

   Ayer, primero de mayo el comandante Castro encabezó, como cada año desde hace más de cuatro décadas, la conmemoración por el primero de mayo. La Plaza de la Revolución estuvo colmada de gente que llegó incluso antes de que saliera el sol. Antes de Castro hablaron tres o cuatro oradores de otros países, todos de bajo perfil político. Entre ellos estuvo José Braulio García Ávila, secretario del Interior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Otros participantes fueron un dirigente sindical de Venezuela y Juan José Gutiérrez, a quien se identificó como “dirigente sindical mexicano-norteamericano radicado en Estados Unidos”. Todos, incluido Castro, cuestionaron la avidez militar del presidente George W. Bush y ensalzaron la resistencia de la revolución cubana.

   Las circunstancias adversas, que no son pocas, estrechan el margen de maniobra del gobierno cubano en el plano internacional. Pero Castro no parece estar especialmente preocupado por evitar que ese contexto empeore. Al mismo tiempo que intensifica la represión contra los disidentes en Cuba, aumenta el enclaustramiento internacional de su gobierno.

   Ayer también el diario Milenio, en el suplemento cultural “Laberinto”, publicó un fragmento del artículo “Una cena con Fidel Castro” que el dramaturgo estadounidense Arthur Miller escribió acerca de la visita que hizo a Cuba hace tres años. El autor de La muerte de un vendedor, entre muchas otras obras, fue invitado en marzo de 2000 para una “visita cultural” a la isla. Allí, coincidió con los escritores William Styron y Gabriel García Márquez en una reunión con el gobernante cubano.

Una cena con Castro

   Miller describe así el momento en que se encontró con el principal ocupante del Palacio de la Revolución: “Fuimos conducidos a un hall que llevaba al comedor y de repente nos topamos con Castro, no en uniforme, como siempre aparece en las fotografías, sino en un traje rayado azul, cuyo planchado, dejaba ver que no era usado con mucha frecuencia. A pesar del traje, mi primera impresión fue que, si no hubiera sido un revolucionario, bien pudo haber sido una estrella de cine. Poseía ese total egocentrismo, esa necesidad de amor y de alianza y la opresiva sed de poder que se acompaña a la aprobación general. En el atiborrado hall, los miembros de su entourage, como sucede en todos lados con gran parte de los líderes, mostraron suma cordialidad y era inmediatamente perceptible su absoluta sumisión al líder. Como quiera que sea, Castro, (en esa época tenía setenta y cuatro años) es un persona fascinante y quizá hubiera tenido éxito en la pantalla”.

   El relato, que inicialmente fue publicado en enero de este año en la revista The Nation, incluye varias observaciones de Miller sobre la personalidad de Castro que no aparecieron en el mencionado suplemento. Al día siguiente de la cena, el grupo de escritores volvió a reunirse con el caudillo cubano. El dramaturgo neoyorquino recuerda:

   “Mirándolo en el almuerzo –se comió dos hojas de lechuga– uno veía a un anciano solitario, hambriento de un nuevo contacto humano, que solo podía conseguir más y más difícilmente en tanto envejecía. Él bien podría vivir activamente por diez años, quizá incluso más de lo que se dice que vivieron sus padres, y me encontré a mí mismo preguntándome ¿qué podría haberlo mantenido alejado de un retiro elegante que hubiera podido ganarle la gratitud de sus compatriotas?”

Hermoso y viejo reloj

   Miller aventura, entonces, varias hipótesis para explicarse la reticencia de Castro a dejar el gobierno y propiciar así la renovación política que Cuba necesita: “¿El cuasi-sexual encanto del poder? Quizás. Más probablemente, en vista de su historia, estaba su compromiso con la imagen poética de la revolución mundial, el levantamiento de los miserables de la tierra encabezados por él. Y en realidad, como jefe de una sola isla, él había logrado encumbrarse a sí mismo a esa sobresaliente condición en millones de mentes. Tanto más ahora, después de que todos los demás contrincantes habían desertado y las condiciones en América Latina y África fueron de mal en peor, solo hacía falta el momento adecuado para una nueva erupción. Después de todo, él había lanzado a las fuerzas cubanas a la acción en muchos países alrededor del mundo a pesar de la pobreza en su nación y la obstinada resistencia de su patrocinador principal, el ahora abominado liderazgo soviético”.

   De aquellos encuentros, Miller obtiene una impresión en parte nostálgica pero también crítica del comandante cubano (que reproducimos, esa sí, del relato traducido en “Laberinto”):

   “Hubiera sido esperar mucho que, después de medio siglo en el poder, Castro no se hubiera vuelto, en alguna medida, un anacronismo, un hermoso y viejo reloj que ya no marca la hora correcta y se pone a tocar a tontas y a locas en el corazón de la noche, perturbando la quietud de la casa. Con nosotros se mostró con una melancolía anhelante de cualquier contacto humano. Considerando su genialidad y el espíritu y la audacia de su pueblo, su eterno dominio es comparable a una vid robusta que desarrolla con sus raíces al país y, mientras lo defiende de los elementos, sofoca su crecimiento natural”.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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La Crónica, agosto 17 de 2004

El aval del Jimmy Carter y César Gaviria tuvo ayer, en Caracas, más peso político que todas las expresiones triunfalistas del presidente Chávez y sus seguidores. Con el respaldo del ex presidente estadounidense y el ex secretario general de la OEA, quedaron confirmados los resultados del referéndum anunciados el lunes por la madrugada.

   Llama la atención que esos personajes no sólo hayan aprobado el cumplimiento de las reglas del referéndum revocatorio sino también las cifras del consejo electoral. El presidente habría sido ratificado con el 58% en una votación en la que participaron algo menos de nueve millones de venezolanos. La propuesta para destituirlo habría alcanzado el 42% de esos sufragios.

   La muy intensa participación que excedió el horario inicial de la jornada electoral había permitido que algunos observadores calcularan que, de los 14 millones de empadronados, habrían votado al menos 11. De inicio, la cifra total de votos que ofreció el consejo electoral ocasionó sospechas entre la oposición venezolana.

   Otras estimaciones habían ofrecido resultados distintos a los oficiales desde el domingo por la tarde. El organismo Súmate realizó una encuesta de salida de casillas en donde resultaba que la revocación del mandato de Chávez obtendría el 59% de los votos. Otros sondeos ofrecieron datos similares.

   Algunas de las irregularidades señaladas por los partidarios del “sí” a la revocación parecen demasiado serias para que sean desdeñadas sin un examen cuidadoso de la jornada electoral. Al momento en que los resultados fueron sumados, no había representantes de la oposición en el Consejo Nacional Electoral. Tampoco hubo una fiscalización clara de la auditoría a las máquinas de votación electrónica que realizó ese organismo.

   Esas y otras anomalías mantenían anoche soliviantado el ánimo de los grupos que impulsaron la revocación de Chávez. Sin embargo también se abría espacio una desencantada y triste resignación ante la posibilidad de que, trampas aparte, la mayoría de los venezolanos haya respaldado al presidente de ese país.

   La polarización de la sociedad venezolana era bien conocida. El margen de gobernabilidad que Chávez ha conservado no se ha debido solamente a la transgresión del orden legal, ni al empleo faccioso que hace de los medios de comunicación gubernamentales. Junto con ello y gracias a la utilización de cuantiosos recursos oficiales en su beneficio, el presidente Chávez ha mantenido y quizá ampliado el consenso que inicialmente recibió en las urnas.

   ¿Por qué una importante porción de la sociedad venezolana respalda a un dirigente de tan subrayadas actitudes clientelares, populistas y mesiánicas? Pues precisamente por eso. La manipulación del ánimo social, ventajosamente aceitada con recursos públicos, tiene eficacia particularmente en sociedades erosionadas por los abusos de la vieja política.

   No hay que olvidar la insistencia de Chávez para mostrarse como un político distinto de aquellos que han abanderado intereses oligárquicos y antipopulares. Al acompañar el discurso populista con el cumplimiento de algunas demandas sociales y gracias también a la explotación de una imagen providencial, que lo instala al margen o por encima del litigio político, Chávez ha sido considerado por importantes segmentos como un gobernante preferible a los de viejo cuño.

   Las fortalezas de Chávez han sido análogas a las debilidades de la oposición venezolana. La coalición que se le ha enfrentado se nutre del rechazo que, con distintas razones, han sostenido sectores muy diversos de la sociedad en ese país. Se trata de una alianza prácticamente sin proyecto de nación.

   La coalición antichavista tampoco ha tenido una figura emblemática, que pueda ser contrastada con el presidente. Tenaces dirigentes de la vieja izquierda, ciudadanos en busca de una opción moderna y poderosos empresarios a la defensa de privilegios, se encuentran entre los componentes principales de esa forzada aunque notable alianza.

   En caso de ganar el referéndum la coalición se había propuesto  diseñar una transición política en la que tuvieran espacio todas las fuerzas de ese país. En cambio Chávez no ha expresado un compromiso similar. Ahora, con el respaldo de los votos de antier, es altamente posible que el presidente despliegue un comportamiento aun más autoritario y excluyente. Se teme una intensa persecución política, comenzando por los empleados del gobierno que se atrevieron a discrepar y con algunos medios de comunicación.

   Esa asechanza estaría respaldada por los núcleos más duros –e intolerantes– del chavismo. El incidente de ayer en un barrio de Caracas, en donde murió una mujer y otros seis ciudadanos quedaron heridos al ser atacados a balazos por simpatizantes de Chávez cuando participaban en una manifestación, es más que una advertencia. Cuando los gobernantes autoritarios reciben el aval de las urnas, sus inclinaciones totalitarias tienden a reforzarse. Por eso el espejo venezolano es tan preocupante cuando nos permite mirar al país que podríamos tener bajo el gobierno de López Obrador.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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