Sociedad y poder

Las cifras macroeconómicas parecen mejorar, pero la sociedad se vuelve más arisca respecto del gobierno. La confianza en la capacidad del presidente Calderón para enfrentar la crisis económica y los desajustes políticos ha decrecido de manera apreciable. Los ciudadanos que desaprueban el desempeño del presidente aumentaron, entre agosto y noviembre, de 37% a 46% de acuerdo con la encuesta de Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA) para el Grupo de Economistas y Asociados.

Cuando a los ciudadanos les preguntan si la situación económica actual es resultado de las condiciones de la economía mundial o de las decisiones del gobierno, la mitad (exactamente el 50%) considera que los problemas actuales se deben al gobierno. Hace tres meses, solamente el 39% atribuía este panorama al comportamiento gubernamental. La gente identifica cada vez más a la conducción presidencial con las vicisitudes económicas cotidianas y allí hay un cambio en comparación con la confianza mayoritaria que la sociedad le había dispensado al gobierno del presidente Felipe Calderón.

En varias entrevistas con motivo de la primera mitad de su sexenio, que se cumplirá el martes, el presidente de la República sugiere que no le gustaría ser recordado como un mandatario gris, ni ineficiente. Lamentablemente, no solo para el registro histórico de esta gestión sino antes que nada para el país, Calderón se ha comportado como si quisiera ser etiquetado como un mal presidente.

El gobierno bajo su conducción ha tomado determinaciones económicas desafortunadas, como con atingencia recordó el premio Nobel Joseph Stiglitz, al cuestionar indecisiones como las que han dejado prácticamente sin regulación al poderoso y en muchos sentidos impune sistema financiero que se encuentra en manos privadas. La respuesta gubernamental fue torpe y simplista. Algún secretario de Estado mandó al premiado economista a que se pusiera a estudiar. El presidente mismo, quiso minimizar esas críticas. En materia económica, igual que en otras asignaturas, Calderón y sus colaboradores más cercanos han querido ser indiferentes a las voces críticas que le sugieren cambios drásticos tanto en la política económica como en otras áreas de la vida pública.

La indiferencia del gobierno a posturas que no coinciden con su rigidez conceptual ni con las estrechas miras con las que está adoptando decisiones, coincide con la prematura ambición para “no pasar como un presidente más”. A todo gobernante le interesa el sitio que ocupará en la memoria de sus gobernados. Pero a Calderón se le olvida que la mejor (realmente la única) manera de construir su propia historia, consiste en tomar decisiones atinadas… sin temer las consecuencias presentes o históricas que puedan tener.

Un gobernante con presencia en el destino de un país tiene que ser un estadista. Y no hay visión de Estado cuando las perspectivas de los gobernantes se agotan en el calendario de un solo año, o cuando están hipotecadas a los indicadores de popularidad en las encuestas o a los aplausos efímeros y siempre interesados de los consorcios comunicacionales.

El presidente Calderón no ha podido o no ha querido entender que, más allá del juicio del futuro, tiene responsabilidades que no está cumpliendo hoy por querer congraciarse con los poderes fácticos que constituyen los conglomerados empresariales, entre ellos los que negocian con la comunicación social.

Cuando, en semanas recientes, manifestó la molestia que le causan la evasión y la simulación fiscales de algunas de tales empresas, Calderón confirmó que no ignora la existencia, ni las consecuencias de esos comportamientos corporativos. Pero cuando ese reclamo ciertamente estruendoso se quedó en el plano simplemente retórico y tanto el presidente de la República como su partido político y sus aliados aprobaron reglas fiscales que siguen admitiendo muchos de los incumplimientos empresariales en el pago de impuestos y que, sobre todo, no modificaron el esquema de recaudación que elude gravar el ingreso y apunta fundamentalmente al consumo, Calderón y los suyos siguieron siendo cómplices de los abusos que él mismo denuncia.

Por eso los compromisos del presidente para combatir la pobreza y emprender un esfuerzo realmente significativo en esa línea durante la inminente segunda mitad de su gobierno, suscitan más dudas que adhesiones. No podría ser de otra manera, cuando a la enjundia retórica del presidente le siguen faltando proyectos precisos y, sobre todo, decisiones prácticas. Es muy pertinente, plausible incluso, que el presidente Calderón afirme que “la superación de la pobreza es el mayor reto de nuestra generación y constituye ahora la primera prioridad del gobierno federal”, como dijo el miércoles 25 de noviembre en un encuentro, precisamente, sobre la pobreza extrema. Pero cuando anuncia que “es hora de enderezar el rumbo social del país y ofrecer y comprometernos a soluciones de fondo, radicales, para combatir la pobreza y la desigualdad”, para los ciudadanos es tiempo de exigir algo más que discursos y palabras. Hace falta que el presidente diga y, sobre todo, haga para remediar la desigualdad social. Y al licenciado Calderón, lamentablemente, le cuesta enorme trabajo pasar del dicho, al hecho.

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Varios días seguidos, antes de la aprobación del paquete fiscal, el presidente Calderón despotricó contra los empresarios más poderosos. Los acusó de evadir impuestos, mencionó porcentajes ominosos aunque jamás precisó nombres, habló de evasiones multimillonarias y contrastó el incumplimiento de esos acaudalados personajes con el pago puntual que tienen que hacer los contribuyentes cautivos.

Esos cuestionamientos respecto del gran capital parecían indicar un viraje. Los ardides de las corporaciones más poderosas para pagar menos impuestos y que con frecuencia aprovechan lagunas o privilegios expresos en las normas fiscales, han sido bien conocidos. Pero que el presidente de la República hiciera suyas esas denuncias, informando que los corporativos más relevantes únicamente trasladan al fisco el 1.7% de sus ganancias, lo colocaba en un terreno políticamente equidistante respecto de los jeques patronales.

Habiendo reconocido –al fin– que la pobreza constituye el problema de mayor gravedad entre la constelación de dificultades que le ha tocado enfrentar, el presidente tropezó con el dique de la intransigencia empresarial cuando propuso leves incrementos a diversos impuestos y nuevas reglas para atemperar la consolidación fiscal –esa práctica de las corporaciones que trasladan a algunas de sus empresas débiles las ganancias de los negocios prósperos de tal manera que, compensando ingresos y egresos, terminan casi por no pagar impuestos–.

Tal constatación del egoísmo empresarial, más dolida que indignada, se asemejaba a los distanciamientos que han tenido otros presidentes que se han dicho traicionados por el poder patronal después de haber contemporizado con él.

Luis Echeverría sorprendió al país expropiando latifundios en el norte del país, para luego padecer una campaña de desestabilización que incluyó rumores de un golpe de Estado. José López Portillo constató, también en las postrimerías de su gobierno, que la especulación había mermado unas finanzas nacionales por añadidura lastimadas por el dispendio y la falta de política industrial durante su gobierno. Miguel de la Madrid no pudo ocultar desencuentros con los empresarios más notorios cuando estableció los Pactos de Estabilidad con los que pretendía normalizar las aflicciones de la economía.

Con Carlos Salinas hubo una tensa calma, asegurada en parte gracias al respaldo gubernamental a Carlos Slim y algún otro empresario, pero los programas sociales como Solidaridad suscitaron frecuentes inconformidades en ese gremio. A Ernesto Zedillo le tocó paliar con una crisis que primero contuvo pero luego, con instrumentos como el Fobaproa, se desató la ambición de algunos de los empresarios más voraces.

De alguna manera, todos esos presidentes de la era del PRI compartieron la irritación del general Lázaro Cárdenas cuando, en 1936, les dijo a los industriales que mantenían un paro patronal en Monterrey que quienes se sintieran fatigados podían entregarle sus empresas al gobierno.

El presidente Calderón no comparte la matriz ideológica de aquellos gobernantes priistas pero tampoco podía decirse, hasta hace unas cuantas semanas, que estuviera gobernando de manera expresamente favorable a los intereses empresariales.

Los reproches que manifestó en los últimos días de octubre tendrían que haberse traducido en la construcción de nuevas alianzas con otros sectores de la sociedad. Pero un par de días más tarde, Calderón dio reversa cuando aclaró que casi todos los empresarios pagan impuestos y que no es momento de confrontaciones: no ofreció disculpas simplemente porque los destinatarios de  ese discurso de reconciliación no se lo exigieron.

De esos nuevos dichos, pasó a los hechos con una diligencia que no ha tenido con otros interlocutores sociales. Cuando el Senado discutió la exención fiscal por 5700 millones de pesos a las empresas que obtendrán nuevas concesiones de telefonía celular el presidente Calderón promovió, personalmente, el voto de los legisladores de su partido para asegurar ese privilegio –que beneficiará especialmente al consorcio televisivo de Emilio Azcárraga­–.

Esa exención no fue propuesta por el gobierno, sino por el PRI. La oposición del PAN y el PRD habría permitido atajarla en el Senado. Pero de repente, el presidente Calderón se convirtió en cabildero de Televisa. Tanto para nada.

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1. Alevosa nocturnidad. Si estaba convencido de que era algo bueno, el presidente Felipe Calderón se saboteó a sí mismo al realizar la extinción de la Compañía de Luz como si se tratara de una decisión mala. Decreto a media noche, ocupación policiaca, sabadazo antisindical, fueron planeados para sorprender al SME pero también a la sociedad. Todo lo contrario de las decisiones que se anticipan, sometidas a la deliberación primero y después al escrutinio de los ciudadanos y que definen a una sociedad abierta. Calderón actuó como quien sabe que no tiene la razón, pero dispone de la fuerza.

2. Legalidad discutible. La mayoría de los partidos, abiertamente o con un consenso pasivo, descartaron la impugnación por inconstitucionalidad al decreto de liquidación. Ese flanco quedó al menos formalmente resuelto. Pero sigue habiendo agujeros legales como el que implica la abrupta suspensión de las relaciones laborales sin que haya mediado resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

3. Antisindicalismo. El gobierno promovió, exacerbó y luego aprovechó el explicable ánimo antisindical que hay en sectores importantes de la sociedad. Los sindicatos, de todos colores y trayectorias, se han ganado la animosidad de los ciudadanos con prácticas inmoderadas y atropellando algunos de ellos derechos como el de libre tránsito. Ahora, la exacerbación del discurso antisindical refuerza algunos de los prejuicios ideológicos más conservadores de la sociedad mexicana.

4. Demonizar al SME. Los problemas de la electricidad en México son añejos y enmarañados. El sindicato abusó de esa industria y de los usuarios. Pero las limitaciones en el equipamiento, los aplazamientos en la integración con la CFE, las políticas tarifarias y el desconcierto administrativo no eran culpa de los trabajadores sino del gobierno mismo.

5. Desorientación. Reacio a la deliberación democrática, el gobierno eligió la táctica del descontón político pero sin saber qué seguiría en la reorganización de la industria. Solamente tres días después de la acometida contra el sindicato, se anunció que la conducción del fluido en las zonas que eran atendidas por Luz y Fuerza quedaría a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Y tuvieron que pasar cuatro días para que Calderón asegurase que no habrá privatización. Sin un diagnóstico integral de los problemas de la industria eléctrica (al menos sin una evaluación pública) el gobierno carecía, desde luego, de un proyecto también completo.

6. Expectativas. Al festejar la clausura de empresa y sindicato, el presidente suscita nuevas expectativas públicas. Si ya dio ese golpe, se dice, puede propinar otros. Aun está por verse si su nuevo talante conduce a Calderón a emprender nuevas y auténticas reformas, o a un reforzado autoritarismo… o a una nueva parálisis gubernamental.

7. Billetazo. Está bien que a los electricistas despedidos no solamente se les ofrezcan las indemnizaciones que les corresponden según la ley, sino algo más. Pero la promesa de montos adicionales para quienes se apresuren a admitir la liquidación y la propaganda de compensaciones que parecen cuantiosas resulta poco elegante. O, para decirlo en otro tono, la insistencia en que aprovechen hoy tales ofertas porque mañana será tarde, son ofensivas para los trabajadores y sus familias –y no harán sino exacerbar su rencor–.

8. Espaldarazo al SUTERM. El gobierno aniquila un sindicato incómodo y al que ha condenado en exceso, para entregarle la representación de los trabajadores a un sindicato corrupto, antidemocrático y chantajista. Esos son términos apenas justos para describir al Sindicato Único, que reúne a los trabajadores de la CFE y los mantiene adheridos al PRI. Ese es el sindicalismo al que respalda el presidente Calderón.

9. Empuje a la coalición obradorista. Golpeado y perseguido, el SME corrió a guarecerse en el frente que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Gracias a esta coyuntura, ese ex candidato volvió a presidir concentraciones multitudinarias. La liquidación del SME será una bandera reiterada en el ánimo contestatario frente a cualquier iniciativa del gobierno y, más tarde, en el mitificado y anticipadamente conflictivo 2010.

10. Negación de la política. La reputación de Calderón como político negociador, proclive a construir acuerdos, quedó anulada o al menos severamente maltratada. La oscuridad, la malevolencia, la fuerza y el sobresalto que el gobierno consideró indispensables para cerrar la empresa eléctrica, eran propias de un priismo del cual, por lo visto, el presidente actual no está muy alejado.

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Colmado de aplausos por su gesta antisindical, el presidente Calderón les dijo a los radiodifusores que ya no hay obstáculos para que quienes tienen estaciones de AM, puedan acceder a espacios en FM. Los empresarios de la radiodifusión aplaudieron de nuevo.

Luego, les aseguró que habrá “un mercado de la radio y la televisión más vigoroso, que ofrezca, precisamente, servicios de calidad a los usuarios, y al propio tiempo, que tenga plena seguridad jurídica para sus operadores”.

Los empresarios que el miércoles pasado, 14 de octubre, asistían a la inauguración de la semana de la radiodifusión, aplaudieron de nuevo. Apoyaban la promesa de seguridad jurídica, que todos ellos entienden como la certeza de que no perderán las concesiones que usufructúan. No pensaron mucho el asunto de la calidad y no era para regatearle una ovación más al, con ellos, dadivoso presidente de la República.

Los compromisos del presidente Calderón obedecen a viejas demandas de los empresarios en ese gremio. Hay varios centenares de concesiones, sobre todo de radio, que caducaron hace años y que no han sido refrendadas debido a la ausencia de precisiones, para ello, en la legislación vigente. Por otra parte, docenas de empresarios que tienen estaciones de Amplitud Modulada consideran que están siendo desplazados por las emisoras en Frecuencia Modulada y quieren entrar también a esa banda del dial radiofónico.

Sin embargo, por mucho que el gobierno se identifique con esas pretensiones de los empresarios de la radiodifusión, la legislación no le permite refrendar concesiones ni mucho menos asignar otras nuevas. Los cambios que dispuso la Suprema Corte de Justicia cuando, en junio de 2007, suprimió varios artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión, abrieron huecos que el Poder Legislativo no ha querido llenar.

Hace dos años y medio, la Corte resolvió el recurso de inconstitucionalidad presentado por varias docenas de senadores en contra de la llamada “Ley Televisa”. Aquellas reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión habían pretendido consolidar la apropiación, respecto del espectro radioeléctrico, de las empresas que ya tenían concesiones, especialmente las televisoras privadas.

La Corte consideró que varias de esas reformas despojaban a la nación y a la sociedad del dominio respecto de ese recurso natural limitado y esencial que es el espectro radioeléctrico y abrogó algunos de aquellos artículos. Además estimó que tanto la asignación de nuevas concesiones como el refrendo de las que ya existían, tenían que realizarse por concurso en donde fuera esencial la trayectoria como comunicadores de los ciudadanos o empresas que aspirasen a tener nuevas frecuencias o a que se les revalidaran aquellas con las que ya contaban.

Ese principio general establecido por la Corte, sigue vigente. Y también permanece la ausencia de precisiones legales sobre los mecanismos para asignar y renovar concesiones.

En junio de 2008, el senador priista Manlio Fabio Beltrones quiso congraciarse con los radiodifusores promoviendo una ley que les diera espacios en FM a quienes ya los tenían en AM. No habría licitación alguna para esas asignaciones. Poco después, el 15 de septiembre de aquel año, el presidente Calderón desactivó aquella iniciativa del PRI con un Acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que también ofrecía FM a los que ya tenían AM pero a cambio del pago de derechos por esa frecuencia adicional.

El Acuerdo de la SCT hizo innecesaria la propuesta de Beltrones, pero tenía defectos que fueron prontamente señalados. Aunque supuestamente el espacio en FM sustituiría al que ya tienen en AM, no hay reglas claras para que los concesionarios le regresen al Estado la frecuencia que hasta ahora han utilizado en Amplitud Modulada. Por otra parte, el Acuerdo de la SCT no indica cómo se calcularán los derechos que deban pagar los radiodifusores interesados en la nueva frecuencia.

El presidente Calderón no les dio noticia alguna a los radiodifusores, porque días antes la SCT informó que ya tiene, por fin, aunque sea con un año de atraso, un mecanismo para calcular cuánto pagarán los beneficiarios de una nueva concesión en FM. Esas reglas no han sido publicadas de manera oficial, pero algunos periódicos indican que el costo oscilará entre 9 mil y 7 millones y medio de pesos. Todo dependerá, al parecer, de la audiencia que se alcance con cada emisora.

¿Cómo se calcula esa audiencia? ¿De acuerdo con la cobertura geográfica, o con ratings de empresas especializadas? Si hay un límite de 7 millones y medio de pesos, seguramente para las zonas más pobladas del país, entonces el cálculo no será proporcional y beneficiará a los radiodifusores que obtengan frecuencias en las principales ciudades en donde el costo por radioescucha será mucho menor.

Sobre todo, sin precisiones en la Ley Federal de Radio y Televisión y en contra de la opinión de la Suprema Corte, las concesiones que ofrece el presidente Calderón podrían ser impugnadas judicialmente. La adjudicación de esas frecuencias será una acción discrecional del presidente y al margen de la ley.

Si se dan cuenta de esas implicaciones, quizá los radiodifusores comiencen a regatearle aplausos al licenciado Calderón.

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Siempre es más sencillo desacreditar que crear una imagen positiva. Y en la mediatizada sociedad de nuestros días, con frecuencia es más sencillo cosechar reconocimientos cuando se desmantela, que cuando se construye algo.

Esos dos principios de la mercadotecnia política contemporánea los puso en práctica el gobierno federal en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Durante semanas, meses incluso, se propalaron informaciones acerca de las demasías cometidas por el sindicato y sus dirigentes. El conflicto interno, sin duda grave, fue colocado en el centro de la atención pública cuando el Secretario del Trabajo le negó la toma de nota al grupo que se proclamaba ganador de la elección interna. En un contexto cotidianamente crispado por agobios numerosos, aparecía un nuevo villano.

El SME, abusivo con los ciudadanos cada vez que bloqueaba las calles, había contemporizado antes con los atropellos que padecíamos cada vez que sufríamos la desdicha de tener que hacer algún trámite con Luz y Fuerza del Centro. A pesar de su tradición de compromiso social, de su intensa vida democrática, de la identificación con fuerzas y movimientos considerados como progresistas y en ocasiones debido a la escasa o nula distancia que ha tenido respecto de algunos de ellos, el sindicato permitió y propició que se le identificara como arbitrario y estorboso. La mayor torpeza de sus dirigentes radicó en consentir, sin hacer esfuerzos suficientes para aclararla, que se generalizara la impresión de que las ineficiencias de la industria eléctrica en el Valle de México eran fundamentalmente causadas por la indolencia y los excesos sindicales.

La imagen del SME hoy en día se encuentra tan maltratada, que muchos analistas consideran que se trata de un sindicato antidemocrático y mimetizado con el charrismo convencional, cuando durante toda su larga existencia ha sido uno de los sindicatos con más vida interna y muy equidistante de organizaciones tradicionales de corte cetemista.

Cría imagen y lánzate a marchar… al desprestigio que iba fraguando con méritos propios, en contra del SME se añadió la animosidad propalada desde el poder político. La diligente tarea del secretario del Trabajo, cuyo talante antisindical se había explayado vistosamente en la andanada contra el Sindicato Minero Metalúrgico, atizó los aborrecimientos contra el Mexicano de Electricistas. Esas campañas del gobierno, vale decirlo, no han sido únicamente contra dirigentes a los que en ocasiones se puede tildar de sinvergüenzas o descomedidos con los derechos de sus representados. Tales campañas han estado enfiladas contra las organizaciones sindicales, a las que se ha buscado culpar de inoperancias y rezagos que se deben a situaciones más complejas.

El gobierno encontró en el SME no solamente una víctima propiciatoria, sino además un villano de impopularidad suficiente para que, en la apreciación de no pocos ciudadanos, se le presentara como causante de las desgracias de Luz y Fuerza. Muerta la empresa, se suponía desde esa perspectiva, se acabó la lacra.

La situación, sin embargo, no es tan fácil. Una cosa es crear un enemigo público y, otra, suponer que las faltas que se le atribuyen son realmente la causa del problema que se pretende resolver. Una cosa es que mucha gente crea que aniquilado el SME las dificultades y sobre todo el costo de la industria eléctrica quedarán resueltos y, otra, que realmente suceda así. Con ese o con cualquier otro sindicato las redes de transmisión obsoletas, el equipo en ocasiones antiquísimo, los diablitos de los vendedores ambulantes y las fatales variaciones de voltaje seguirán ocurriendo hasta que se ponga en marcha una auténtica renovación tecnológica y en la infraestructura, así como en las rutinas administrativas, del servicio de conducción eléctrica.

El gobierno considera que para cualquier modernización, era indispensable prescindir del sindicato. Pero no hay un diagnóstico serio que respalde esa postura.

Golpeado y vilipendiado, el SME y sus trabajadores son los grandes perdedores de este episodio. Pero han quedado tan maltratados que están convirtiéndose, de villanos, en víctimas. Dejar en la calle a 41 mil trabajadores no es cualquier cosa, aunque se les ofrezcan indemnizaciones atractivas. La misma insistencia en la presunta generosidad de esas liquidaciones, que son mayores a las que tendrían que recibir los electricistas si se cumplieran al pie de la letra sus derechos legales y contractuales, crean la imagen de un gobierno que, después del golpe, quiere comprar la resignación de los trabajadores.

Si los electricistas aceptan o no las liquidaciones, es asunto de cada uno de ellos. Pero esa operación, que va del garrotazo al billetazo, exacerba el disgusto de los segmentos en la sociedad que están preocupados con el despido multitudinario.

Solidificada su imagen a costa del SME, el presidente Calderón cosecha aplausos y no es improbable que se entusiasme con las primeras encuestas. Ya no se le aprecia débil, sino resuelto y temerario. Un perfil de esa índole tiene que ser nutrido con nuevas decisiones, porque cuando se le practica desde posiciones de poder el empuje no tiene límites. No son pocos quienes consideran, retadores o ilusos, que si va en serio, la siguiente escala en este resurgimiento de Calderón tendría que ser frente al SNTE. O contra otros monopolios.

Pero también es posible que ese denuedo modernizador tropiece con las dificultades de la renovación eléctrica y sobre todo con el amago de los poderes auténticamente monopólicos que no son tan lenguaraces, tan ramplones ni tan vulnerables como los dirigentes del SME.

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Posición del Instituto de Estudios para la Transición Democrática

La intervención de la fuerza pública para ocupar las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la abrupta liquidación de esa empresa son medidas erróneas y, a nuestro juicio, absolutamente condenables. El gobierno del presidente Felipe Calderón se equivoca al suponer que los rezagos administrativos y los problemas técnicos en el suministro de energía eléctrica en el centro del país se deben al Sindicato Mexicano de Electricistas.
Las dificultades en la generación y la conducción del fluido eléctrico son resultado de una vieja y enmarañada colección de circunstancias, que pasan por la vigencia de políticas tarifarias que favorecen a las empresas privadas y a los grandes consumidores y que incluyen una constante postergación al proceso de integración de la industria eléctrica en nuestro país. Ahora, con la liquidación de la CLyFC y el amago de desaparición del SME, el gobierno federal pretende una integración industrial compulsiva, desconectado de un proyecto de desarrollo nacional.
El Sindicato Mexicano de Electricistas ha tenido errores e indolencias que son inocultables. Pero es imposible dejar de reconocer que, en esta ocasión, el diferendo a su interior ha sido aprovechado y exacerbado por el gobierno federal para crear un clima de opinión favorable a la liquidación de la Compañía de Luz.
Con las medidas de fuerza que el gobierno pone en práctica -y que retrotraen imágenes de la época autoritaria- no se auspicia la democracia sindical y mucho menos se hace más eficiente el servicio de energía eléctrica. La liquidación de la Compañía de Luz abre la posibilidad de una intervención intempestiva de la CFE o, peor aún, de alguna forma de privatización. Ninguna de esas posibilidades ha sido sometida a la discusión de la sociedad mexicana ni de los especialistas en asuntos de política energética. La aniquilación del SME sería un golpe histórico para los trabajadores mexicanos. No solo por su tradición pionera en el sindicalismo industrial, sino por su compromiso frecuente en la deliberación de los asuntos nacionales, el Mexicano de Electricistas ha sido una organización singular. Algunas de sus decisiones y actitudes nos pueden parecer cuestionables. Pero las negligencias e incluso los abusos de sus dirigentes, no implican que el sindicalismo no tenga un papel activo y creativo que debe desarrollar en la atención a los dilemas que el país enfrenta en estos días. Rechazamos la perspectiva conservadora y autoritaria que supone que los sindicatos se contraponen con el desarrollo político y económico.
También consideramos que los sindicatos más participativos y atentos a la vida pública están llamados, en esta circunstancia amenazadora para ellos, a ser especialmente responsables sin declinar su vocación participativa y sus exigencias sociales y políticas.
Nos parece que, cualquiera que sea la figura jurídica y la organización administrativa con que se pudiera sustituir a la Compañía de Luz, el gobierno federal debe preservar el empleo de los trabajadores de esa empresa y respetar el derecho que tienen a permanecer agremiados como ellos decidan. Si la Compañía de Luz se fusiona a la Comisión Federal de Electricidad, debería haber un proceso con plenas garantías democráticas para la unificación del SME y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, sin interferencias externas. Suponer que los sindicatos son adversarios de la democracia o que los únicos sindicatos admisibles son los aliados al gobierno, o los sumisos y adocenados, manifiesta una concepción conservadora inadmisible en una sociedad que se quiere democrática.

Un país sin organizaciones activas, es un país sin vías de expresión que recuperen la diversidad de su sociedad. Un país sin sociedad organizada, es un país vulnerable al autoritarismo y al pensamiento pretendidamente único. Por eso rechazamos las decisiones del gobierno respecto de la Compañía de Luz y su sindicato y urgimos a la rectificación de esas medidas.
México D.F., domingo 11 de octubre de 2009
Instituto de Estudios para la Transición Democrática, A.C.

Los golpes de mano eran recursos de otros tiempos, del que hasta hace poco creíamos que era otro régimen. Cuando el presidente Felipe Calderón dispone la extinción de la Compañía de Luz, se equivoca en la forma y en el fondo. Lo hace en fin de semana, al amparo de la noche y cuando la sociedad estaba interesada en otros asuntos, en una acción que recuerda la represión de semana santa que emprendió Adolfo López Mateos contra los trabajadores ferrocarrileros en 1959.

El presidente Calderón quiere terminar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, en una acción drástica y autoritaria como la que en enero de 1989 dispuso Carlos Salinas de Gortari contra el cacicazgo que había en el sindicato de los petroleros. Aquella, sin embargo, era una decisión de Estado para desplazar a un líder abusivo pero no tuvo el propósito de aniquilar al sindicato de Pemex. Al patriarcado de “La Quina”, Salinas no lo consideraba una amenaza para la industria petrolera. Y el gobierno en aquel tiempo no confundió los problemas de la empresa con los atropellos del sindicato.

La decisión que amparado en la nocturnidad y con un amenazante despliegue de fuerza pública emprendió Calderón en las últimas horas del sábado, parte de un prejuicio ideológico en torno al cual su gobierno ha articulado una vistosa colección de engañifas. A Calderón, a juzgar por su actuación, le parece que los sindicatos son prescindibles para el desarrollo de la sociedad e incluso considera que son un estorbo para el crecimiento de la economía.

Con esas anteojeras ideológicas, hizo del SME un adversario a modo. Las equivocaciones que cometió la dirección del sindicato, resultado tanto de la soberbia como del afán abusivo, el gobierno las convirtió en pretexto para liquidar la Compañía de Luz.

No hay evidencias sólidas de que las insuficiencias en esa empresa sean del todo atribuibles al sindicato. Los problemas de esa empresa existen desde antes de la nacionalización de 1960, cuando la generación de energía eléctrica en el Valle de México se desarrollaba de manera dispar en comparación con la producción y conducción del fluido eléctrico en el resto del país. La integración racional, ordenada y planificada de toda la industria eléctrica del país, era una exigencia de los trabajadores de vocación democrática y fue intencionalmente demorada para impedir la existencia de un solo sindicato, que reuniera a los trabajadores del SME y a los electricistas del SUTERM, resultado de la fusión de 1972.

La Compañía de Luz le ha costado demasiado al país, es cierto. Anoche el presidente Calderón, en su mensaje en cadena nacional, se entusiasmaba comparando ese costo con el subsidio que reciben varias instituciones y programas sociales. Al país le interesa tener una empresa eléctrica eficiente y confiable. Pero los obstáculos para ello no radican tanto en el sindicato, como en indecisiones e insuficiencias en la política energética del gobierno federal.

Si el SME ha tenido prestaciones que pueden resultar formidables, o si sus trabajadores son demasiados en comparación con los que hubiera requerido la empresa, no se debe solamente a excesos de esa organización gremial. Los contratos colectivos sus suscritos por ambas partes y en este caso una de ellas atendía, en las revisiones bianuales,  a decisiones tomadas por el gobierno federal.

El gobierno nunca propuso, al menos de manera pública, un plan para que el sindicato y la empresa asumieran rutinas y medidas que hicieran más eficientes el desempeño de la Compañía de Luz. Mucho menos ha presentado a la sociedad mexicana su proyecto para unificar de una vez por todas a la industria eléctrica nacionalizada. Ante el desplante autoritario de este fin de semana, los temores por una privatización no son ocurrencias gratuitas.

Calderón insiste en que, ante la crisis internacional, es momento de unificar esfuerzos. Anoche habló de unidad de los mexicanos. Pero ¿cómo se puede construir la unidad a partir del despido, así sea con indemnizaciones presuntamente atractivas, de millares de trabajadores?

¿Qué cohesión pretende el gobierno cuando propicia la desaparición del SME sin advertir que los sindicatos han sido puntales en la organización de la sociedad mexicana?

¿Qué confianza puede suscitar la convocatoria a la unidad de un gobierno que con el pretexto de la eficiencia trata de aplastar a un sindicato combativo y deja pasar una y otra vez las arbitrariedades de dirigentes como la que domina en el sindicato de los profesores y a la que Calderón ha considerado aliada suya?

Las anteriores, por supuesto, no son preguntas porque están apuntaladas en las certezas que suscita el golpe de mano contra el SME. La decisión del presidente para liquidar a la Compañía de Luz y al sindicato es resultado de un diagnóstico inexperto, así como de reduccionistas prejuicios ideológicos que campean en el gobierno.

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A menos que la Presidencia de la República haga un desmentido en las próximas horas, se puede considerar que estamos ante una intencionada y grave política de extinción del gobierno federal contra las revistas impresas. La revista etcétera, especializada en medios de comunicación, reveló que la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República ha suspendido toda contratación de publicidad en medios de esa índole.

Marco Levario, director de etcétera, apunta que los responsables de comunicación en varias dependencias federales así se lo confirmaron: “Los funcionarios nos pidieron omitir su nombre y nosotros creemos que su solicitud es justificada. Por eso nos hacemos responsables de esta información que es al mismo tiempo una denuncia. Desde la oficina de la Presidencia de la República no les expusieron razones o justificaciones, simplemente les ordenaron no contratar publicidad alguna en las revistas y continuar con la promoción de las tareas del gobierno en los medios electrónicos y, en menor medida, en los periódicos”.

Esa acusación fue apuntalada por Proceso, que en su edición de esta semana considera que hay un “Golpe de Calderón contra las revistas”.

La cancelación de la publicidad federal puede ser mortal para revistas que, a pesar de la calidad de sus contenidos, no tienen lectores ni publicidad comercial suficientes para sufragar sus gastos de edición. Hace un par de años, al comentar las disposiciones constitucionales que hubieran cancelado la propaganda a personajes públicos sufragada con recursos fiscales, hicimos un cálculo del peso que tiene la publicidad de origen estatal en algunas revistas relevantes. En esa estimación incluimos todas las inserciones publicitarias de origen estatal, que comprenden las que paga el gobierno federal pero también gobiernos de los estados y otros organismos.

En aquella evaluación, encontramos que en noviembre de 2007 el 80% de toda la publicidad que tenía la revista Proceso era de origen estatal. De allí surgía también el 94% de los anuncios insertados en el semanario emeequis, el 81% de la publicidad en la revista Nexos y el 69% de los anuncios en Letras Libres.

Aquella disposición constitucional no ha sido aplicada por falta de un reglamento que la haga vigente. Por otra parte, posiblemente los mencionados porcentajes han cambiado pero se puede asegurar que la propaganda estatal, fundamentalmente del gobierno federal, sigue constituyendo el principal respaldo financiero para la mayor parte de las revistas políticas y/o culturales más leídas en México.

No debiera ocurrir así. Lo deseable, sería que cada una de esas publicaciones tuviera lectores y respaldo publicitario de índole comercial suficientes para sufragar sus gastos. Pero a consecuencia de una larga historia de connivencias y simulaciones, durante más de medio siglo el Estado ha sido el patrocinador principal de publicaciones de toda índole en nuestro país.

Nadie o casi nadie se consternaría si varias docenas o centenares de pasquines que no tienen pero que tampoco buscan lectores y que solamente existen como instrumentos de chantaje y/o para facturar publicidad de carácter oficial, dejaran de circular debido a la extinción de su principal fuente de ingresos. Pero la cancelación de la publicidad federal afectaría también a revistas cuya contribución a la información y la reflexión las hace cumplir tareas de servicio y beneficio públicos.

La publicidad estatal tiene un flanco perverso y, otro, de índole virtuosa. Tanto el gobierno federal, como cada oficina de prensa en los gobiernos estatales, en algunos municipios poderosos, en el Congreso e incluso en universidades y organismos públicos, ha sido una herramienta para crear adhesiones o, en otros casos, promover represalias. Y por otro lado, sin esos recursos hay proyectos editoriales que no existirían y cuya pertinencia cultural, profesional, periodística y política es evidente.

En otros países, existen leyes o mecanismos de subsidio a la prensa que toman en cuenta el interés social de publicaciones cuyo arraigo local, o cuya calidad específica, las hacen merecedoras de financiamientos por parte del Estado. Por lo general esas asignaciones son resueltas por comités de ciudadanos, conformados de manera plural y con independencia del gobierno y son otorgadas por plazos específicos. Después, se espera que el periódico o la revista beneficiados con tales subsidios hayan consolidado su administración y no tengan que depender de recursos fiscales.

Un sistema así, permitiría emprender una transición para que la prensa de calidad (tanto las revistas hoy amenazadas por una abrupta cancelación publicitaria, como los periódicos que en cualquier momento pueden padecer la misma situación) pudiera regularizar sus fuentes de ingresos.

Si el gobierno federal quiere ahorrar recursos que ahora se dilapidan contratando publicidad en medios de comunicación, podría comenzar por cancelar los anuncios en televisión y radio que no constituyen servicio alguno a la sociedad y con los cuales se mantiene una ilegítima auto promoción de los funcionarios públicos.

De acuerdo con etcétera, las revistas ocupan únicamente el 2.4% del presupuesto para publicidad del gobierno federal que este año ha sido de 3 mil 704 millones de pesos. La mayor parte de esos casi 4 mil millones de pesos ha sido destinada a contratar espacios en televisión (especialmente en Televisa y TV Azteca) en donde el Estado ya dispone de tiempo suficiente para anunciarse.

Una ley de ayudas a la prensa y la suspensión de la propaganda oficial en medios electrónicos, serían medidas que atenderían a la austeridad financiera indispensable en estos tiempos. Así, además, se remediarían la discrecionalidad y el convenencierismo que suelen determinar la asignación de publicidad del gobierno a los medios de comunicación. Todo ello, sin amenazar a docenas de revistas indispensables para una ciudadanía democrática.

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Este mes, tuve que pagar 989 pesos por la cuenta del teléfono celular. Ese pago  subió algo más que de costumbre debido a las llamadas de larga distancia que hice en un viaje reciente. En casa, donde suelo trabajar y por eso el teléfono y la conexión a Internet que viene contratada junto con él me resultan indispensables, pagué 1926 pesos, IVA incluido. El servicio de televisión por cable me cuesta 869 pesos al mes. Además estoy suscrito a un paquete de mediano costo de la televisión satelital, gracias al cual puedo ver los partidos de futbol de la liga española, que cuesta 437 pesos.

En total, por esos cuatro servicios de telecomunicaciones este mes pagué 4221 pesos.

Si hoy existiera el impuesto del 4% a los servicios de esa índole que ha propuesto el gobierno federal y que escandaliza a personajes de adscripciones significativamente muy variadas, mi pago mensual no variaría de manera sustancial. El 4% por el teléfono celular que utilicé el mes pasado significaría un incremento de 34.48 pesos (calculados a partir del costo del servicio, antes del IVA que ya pago hoy en día). Los servicios telefónicos y de Internet que tengo en casa habrían costado 66.99 pesos más. La renta de Cablevisión, aumentaría 30.23 pesos. La de Sky, 15.32 pesos.

En total, en vez de 4221 pesos este mes tendría que estar pagando 4368. Se trataría de un incremento de 147 pesos que desde luego preferiría gastar en otra cosa pero que no son de tales dimensiones que desmantelen mi presupuesto. Ese aumento fiscal tampoco me llevaría a prescindir de alguno de tales servicios. Además, si existiera una rendición de cuentas clara y oportuna acerca del uso que se da a nuestros impuestos, posiblemente me daría gusto saber que ese pequeño incremento fiscal es útil para respaldar la política social del Estado, en caso que ese fuera el destino que tuvieran aumentos como los que ahora se están discutiendo.

Sin embargo, el aumento de 4% a las tarifas de los servicios de telecomunicaciones ha sido presentado por muchos de sus críticos como un atentado al desarrollo de la telefonía, la televisión e incluso al derecho de información de los mexicanos. Hay quien ha anticipado que ese aumento fiscal será el camino para “Matar el Internet”.

Algunas de las coaliciones empresariales relacionadas con ese ramo, han exclamado “No al impuesto a la comunicación” en un documento que considera ese gravamen como una “medida regresiva”. Entre otros problemas, esas organizaciones sostienen que el 4% de incremento fiscal “encarece la competitividad”, “retrasa la modernización tecnológica”, “amplía la brecha digital”, “desincentiva la inversión de nuevos oferentes (sic) del servicio en el país” y “complica la capacidad para generar y conservar los empleos”. Hay, incluso, quienes consideran que el nuevo impuesto provocaría un incremento de precios de los servicios de telecomunicaciones.

Detrás de todo ese bullicio hay mucha ideología, poca reflexión y escasos números. Cualquier aumento de impuestos significa una carga para quienes lo tienen que sufragar. En este caso, se trataría de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones. Las empresas de telefonía, los proveedores de Internet o las compañías que conducen señales de televisión, no tendrían que pagar ese impuesto. Así que no hay asidero a suposiciones como las que señalan que los precios se elevarían, o que aumentaría el desempleo en el sector de las telecomunicaciones.

Desde luego, si algunas de esas empresas aprovechan la ocasión para aumentar sus precios con pretexto del incremento fiscal, entonces sí estaríamos ante una escalada de costos con perjuicios quizá impredecibles.

Resulta bastante peregrino preocuparse por la competitividad o por la brecha digital, porque las limitaciones en ese campo no se deben a las cargas fiscales sino al mantenimiento de preferencias monopólicas y a la ausencia de auténticos proyectos nacionales para desarrollar la telefonía, Internet o la cobertura de la televisión de paga. En esos tres servicios, como hemos subrayado en otras ocasiones, los mexicanos padecemos cuotas extraordinariamente altas en comparación con las que hay en otros países.

Si los ciudadanos y organizaciones que hoy se alarman ante el posible impuesto del 4% estuvieran preocupados por la cobertura de las telecomunicaciones en la sociedad mexicana, podrían interesarse en exigir una estructura de precios menos onerosa para los usuarios, un servicio de mejor calidad y sobre todo una competencia auténtica. La telefonía en México y desde hace poco la posibilidad de conectarse a Internet, se encuentran fundamentalmente acaparadas por Telmex. Hay que reconocer que sin la empresa de Carlos Slim varios millones de mexicanos carecerían de acceso a la Red de redes, porque el gobierno federal desde hace al menos una década se ha rehusado a promover la diversificación de ese servicio. Pero la Internet que tenemos es de velocidades muy bajas y de precios muy altos en comparación con los que hay en otras naciones.

La televisión de paga, por otra parte, se encuentra copada por empresas propiedad de Televisa o afines a ella. En el transcurso de los meses recientes, las firmas que manejan la mayor parte de los contratos de televisión por cable han sido adquiridas por Televisa. Y, como es sabido, ese consorcio monopolizó el mercado de la televisión satelital hasta que, muy recientemente, comenzó a funcionar el sistema Dish de la empresa Multivisión.

Apoyar el mejoramiento de las telecomunicaciones, significaría respaldar una diversidad auténtica, con actores capaces de ofrecer servicios competitivos y políticas de Estado para abatir la renta de esos servicios. Si yo viviera en algún país europeo, por ejemplo, los servicios de telefonía celular, residencial, Internet y televisión por los que ahora pago más de 4200 pesos al mes, me costarían menos de la cuarta o la quinta parte.

Me gustaría escuchar a quienes ahora se inquietan por el impuesto del 4%, levantar la voz contra las altas tarifas que padecemos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en México. Allí, y no en la propuesta fiscal, se encuentran los problemas de ese sector.

El frente contra el impuesto a las telecomunicaciones ha sido respaldado con recursos amplios, como los que financiaron el desplegado que apareció en varios periódicos el martes 15 de septiembre. No es de extrañar que esas voces, que comparten un discurso, intereses y una perspectiva ideológica proclive al control de las corporaciones privadas sobre la economía, compartan dicha campaña. Un despacho de la agencia Bloomberg explicaba la semana pasada que el cabildeo contra el impuesto ha sido promovido por firmas como la corporación NII Holdings, operadora de Nextel en América Latina.

Pero llama o debiera llamar la atención el rechazo al 4% que proviene de sectores identificados con las izquierdas. La semana pasada, cinco senadores del Partido de la Revolución Democrática propusieron un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados rechace ese impuesto. Los senadores perredistas hacen suyas, una por una, las consideraciones de las empresas telefónicas, así como de los proveedores de televisión de paga.

No sé si las corporaciones telefónicas y televisivas que hoy claman contra el impuesto esperaban encontrar una adhesión tan incondicional y sorpresiva como la que les brindan esos senadores del PRD. Tampoco sé si esos legisladores entienden con qué intereses juegan cuando avalan de manera tan enfática las exigencias de tales consorcios. Lo que sí sé es que en otros sitios del mundo las izquierdas suelen favorecer los aumentos fiscales para respaldar la política social del Estado. Aquí, como en tantas otras cosas, marchamos al revés.

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El PAN y el PRI coincidieron ayer en el Senado para aprobar la designación de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República. El desempeño ineficaz que tuvo como Procurador en Chihuahua cuando, a fines de la década pasada, aumentaron los homicidios contra mujeres particularmente en Ciudad Juárez, desató una oleada de inconformidades que no convencieron, ni conmovieron, a la mayoría senatorial que ratificó ayer el nombramiento realizado por el presidente Felipe Calderón.

Los senadores de Acción Nacional aprobaron esa designación en respaldo al presidente Calderón y en un ejercicio previsible de disciplina partidaria. Expresados por Alejandro Zapata, los argumentos de quienes representaron a ese partido en la discusión en Xicoténcatl fueron escasos y pobres. Insistieron en que Chávez cumple con los requisitos formales que se exigen para ese cargo. Menospreciaron las críticas que han sido presentadas acerca de su gestión en Chihuahua. Buscaron que la sesión fuera de trámite.

No ocurrió así gracias a la insistencia de los senadores del PRD, especialmente de Pablo Gómez Álvarez, para que el Senado tomara en cuenta no solamente los señalamientos acerca del paso de Chávez Chávez por la procuración de justicia en Chihuahua sino, además, sobre la responsabilidad que tiene el Senado en la designación del titular de la PGR.

La Constitución Política establece (artículo 102) que el Procurador General de la República será “designado por el Titular del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado” o, si se encuentra en receso, de la Comisión Permanente del Congreso. A diferencia de otros funcionarios cuyo encargo es resultado de la decisión del presidente, el consejero jurídico del gobierno tiene que ser avalado por la Cámara de Senadores.

Esa facultad, implica que el Senado comparte con el presidente de la República la designación del Procurador. Así lo amerita la importancia que tiene la impartición de justicia. Por eso, la persona que es designada para encabezar a la PGR se somete al interrogatorio que le hagan los senadores quienes, luego, toman una decisión al respecto.

Eso es lo que ocurrió ayer en la sede senatorial. Sin embargo, al justificar el voto de su partido en respaldo a la propuesta del presidente Calderón el senador priista Jesús Murillo Karam explicó: “Vamos a votar a favor porque vamos a dejar la responsabilidad penal en manos del ejecutivo”.

Ese fue el subterfugio de los senadores del PRI para tratar de justificar su aprobación a la propuesta del presidente Calderón. Si se tratara de conferirle el Ejecutivo toda la responsabilidad de una designación, los legisladores simplemente podrían abstenerse en la votación que deben efectuar. Pero si esa votación existe es, precisamente, porque el Senado tiene una participación de calidad en el nombramiento del Procurador General. Los legisladores revisan que el funcionario designado por el presidente cumpla los requisitos de ley, pero su tarea apenas comienza allí. El examen de cualidades y limitaciones del aspirante, tiene que incorporar una evaluación del área de la que se ha propuesto quede a cargo. Y esa es una decisión que, quiéranlo o no, compromete a los senadores.

Pablo Gómez tuvo razón cuando, al entrar en un desafiante diálogo con Murillo, le replicó: si se trata de que la responsabilidad por la designación del Procurador sea únicamente del presidente, entonces ¿para qué hay ratificación senatorial?

Los senadores del PRI no pudieron resolver esa contradicción. Al presentar un argumento desmañado y –literalmente– irresponsable para respaldar su voto a favor de Chávez Chávez, se comprometieron con él aunque lo hicieran de la peor manera. Decir que respaldan la propuesta del presidente como una manera de dejarlo solo en la administración de justicia, termina siendo descortés pero, además, contradictorio con el afán para que el Congreso asuma un papel cada vez más intenso en la conducción de los asuntos nacionales.

Ahora que se discuten opciones para una nueva reforma política entre las que podría estar la participación del Poder Legislativo en la aprobación del gabinete presidencial, la postura que ayer presentaron los senadores priistas es negligente y comodina. No saben construir alianzas con argumentos, sino únicamente a partir de conveniencias o rechazos coyunturales. Ese intencional descuido permitió que ayer fuera confirmado como Procurador General un funcionario de trayectoria y actitudes antagónicas a los intereses de un sector de los ciudadanos a cuyo servicio, presuntamente, deberá estar.

El PAN y el PRI coincidieron ayer en el Senado para aprobar la designación de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República. El desempeño ineficaz que tuvo como Procurador en Chihuahua cuando, a fines de la década pasada, aumentaron los homicidios contra mujeres particularmente en Ciudad Juárez, desató una oleada de inconformidades que no convencieron, ni conmovieron, a la mayoría senatorial que ratificó ayer el nombramiento realizado por el presidente Felipe Calderón.

Los senadores de Acción Nacional aprobaron esa designación en respaldo al presidente Calderón y en un ejercicio previsible de disciplina partidaria. Expresados por Alejandro Zapata, los argumentos de quienes representaron a ese partido en la discusión en Xicoténcatl fueron escasos y pobres. Insistieron en que Chávez cumple con los requisitos formales que se exigen para ese cargo. Menospreciaron las críticas que han sido presentadas acerca de su gestión en Chihuahua. Buscaron que la sesión fuera de trámite.

No ocurrió así gracias a la insistencia de los senadores del PRD, especialmente de Pablo Gómez Álvarez, para que el Senado tomara en cuenta no solamente los señalamientos acerca del paso de Chávez Chávez por la procuración de justicia en Chihuahua sino, además, sobre la responsabilidad que tiene el Senado en la designación del titular de la PGR.

La Constitución Política establece (artículo 102) que el Procurador General de la República será “designado por el Titular del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado” o, si se encuentra en receso, de la Comisión Permanente del Congreso. A diferencia de otros funcionarios cuyo encargo es resultado de la decisión del presidente, el consejero jurídico del gobierno tiene que ser avalado por la Cámara de Senadores.

Esa facultad, implica que el Senado comparte con el presidente de la República la designación del Procurador. Así lo amerita la importancia que tiene la impartición de justicia. Por eso, la persona que es designada para encabezar a la PGR se somete al interrogatorio que le hagan los senadores quienes, luego, toman una decisión al respecto.

Eso es lo que ocurrió ayer en la sede senatorial. Sin embargo, al justificar el voto de su partido en respaldo a la propuesta del presidente Calderón el senador priista Jesús Murillo Karam explicó: “Vamos a votar a favor porque vamos a dejar la responsabilidad penal en manos del ejecutivo”.

Ese fue el subterfugio de los senadores del PRI para tratar de justificar su aprobación a la propuesta del presidente Calderón. Si se tratara de conferirle el Ejecutivo toda la responsabilidad de una designación, los legisladores simplemente podrían abstenerse en la votación que deben efectuar. Pero si esa votación existe es, precisamente, porque el Senado tiene una participación de calidad en el nombramiento del Procurador General. Los legisladores revisan que el funcionario designado por el presidente cumpla los requisitos de ley, pero su tarea apenas comienza allí. El examen de cualidades y limitaciones del aspirante, tiene que incorporar una evaluación del área de la que se ha propuesto quede a cargo. Y esa es una decisión que, quiéranlo o no, compromete a los senadores.

Pablo Gómez tuvo razón cuando, al entrar en un desafiante diálogo con Murillo, le replicó: si se trata de que la responsabilidad por la designación del Procurador sea únicamente del presidente, entonces ¿para qué hay ratificación senatorial?

Los senadores del PRI no pudieron resolver esa contradicción. Al presentar un argumento desmañado y –literalmente– irresponsable para respaldar su voto a favor de Chávez Chávez, se comprometieron con él aunque lo hicieran de la peor manera. Decir que respaldan la propuesta del presidente como una manera de dejarlo solo en la administración de justicia, termina siendo descortés pero, además, contradictorio con el afán para que el Congreso asuma un papel cada vez más intenso en la conducción de los asuntos nacionales.

Ahora que se discuten opciones para una nueva reforma política entre las que podría estar la participación del Poder Legislativo en la aprobación del gabinete presidencial, la postura que ayer presentaron los senadores priistas es negligente y comodina. No saben construir alianzas con argumentos, sino únicamente a partir de conveniencias o rechazos coyunturales. Ese intencional descuido permitió que ayer fuera confirmado como Procurador General un funcionario de trayectoria y actitudes antagónicas a los intereses de un sector de los ciudadanos a cuyo servicio, presuntamente, deberá estar.