La Crónica, jueves24 de abril

Quizá es impropio de su investidura y sobre todo políticamente impertinente que lo diga, pero será difícil que alguien, sensatamente, ponga en duda la afirmación del presidente de la República acerca de la imagen del PRD y sus aliados: sus comportamientos recientes, “simple y sencillamente los ponen en ridículo”.

Es cierto, aunque no hacía falta que lo dijera. Pero se trata de una verdad parcial. El PRD y socios en esta aventura no son los únicos que están quedando en ridículo.

Al atraco político que cometen esos partidos, se opone el escarnio mediático de la ultraderecha. Frente a la intolerancia cerril de los lopezobradoristas, ha destacado la generalización maliciosa de quienes los comparan con el fascismo corriente. Se trata de exageraciones tan mayúsculas que resultan grotescas, estrafalarias.

La ocupación de las tribunas parlamentarias ha constituido una reiteración, cruda y dura, del talante antidemocrático que impera en el PRD así como de la inhabilidad del gobierno, el PAN y el PRI para asumir las responsabilidades políticas y jurídicas que les asignaron los ciudadanos. Pero ese asalto a los recintos legislativos no ha sido golpe de Estado, ni secuestro del Congreso, como se ha dicho con ligereza.

Las precisiones conceptuales no son, en este caso, florituras académicas. Hace falta definir qué está ocurriendo para entender de qué se trata. Lo que hemos presenciado desde hace dos semanas es un abusivo caso de extorsión política que ha tenido como propósito demorar el debate acerca de la reforma energética. En aras de ese objetivo Andrés Manuel López Obrador, y sus abiertos o vergonzantes seguidores, se han desplegado en tres terrenos simultáneos.

El primero ha sido el ámbito de los recintos legislativos gracias a la adocenada disciplina de senadores y diputados perredistas que, independientemente del bando que asuman dentro de la encarnizada disputa dentro de su partido, resolvieron ceñirse a los dictados del caudillo que hoy por hoy sustituye cualquier decisión o voluntad dentro del PRD.

Su segundo territorio es el de la calle, que no resulta ajeno a las prácticas de las izquierdas pero que en esta ocasión ha sido ocupado no para defender una reivindicación popular y mucho menos democrática –como solían hacer los agrupamientos de esa vocación ideológica– sino para impedir la discusión y en todo caso la decisión nacionales sobre el petróleo. En empleo de las “adelitas” ha sido por sí mismo suficientemente autoritario, caudillista –e incluso machista– para describir la índole antidemocrática de ese movimiento.

El tercer ámbito donde López Obrador y los suyos despliegan influencia y presencia es el de los medios de comunicación. Con la especie de que se les margina y censura, mantienen atemorizados a muchos de los medios y operadores mediáticos más relevantes que, entonces, se esfuerzan para darles cabida con tal de no resultar políticamente incorrectos o, en este caso, propagandísticamente condenables por parte del lopezobradorismo.

En esos tres frentes, los adversarios de las iniciativas presidenciales para la reforma de la industria petrolera han alcanzado un triunfo inicial. Lo que querían antes que nada era impedir la discusión de esas propuestas antes de que terminase el actual periodo de sesiones del Congreso y así lo consiguieron. Un logro adicional para esa controvertible causa ha sido la densa nube de confusión que se ha cernido sobre las propuestas del presidente Felipe Calderón y, en general, acerca de la cuestión petrolera.

Estamos, hasta ahora, ante un triunfo de la marrullería y el atropello políticos. No se trata de un recurso habitual en el litigio parlamentario como se ha querido decir en descargo de los legisladores perredistas. Ocupar la tribuna para defender su derecho a expresarse puede ser legítimo cuando a un diputado o senador se le quiere marginar en la discusión o la decisión legislativas. En ocasiones, la presentación de largas peroratas se convierte en recurso para dificultar la discusión parlamentaria. Lo que hacen ahora los legisladores del PRD, sin embargo, es impedir cualquier intercambio, cualquier debate en los recintos por excelencia adecuados para ello.

Se trata de un atentado a la política, a la deliberación y al desempeño del Congreso. Pero eso no es golpe de Estado como no lo constituyó, tampoco, el desafuero de López Obrador que hace tres años fue considerado de esa manera por algunos apologistas de ese personaje. Tampoco estamos ante un secuestro del Congreso porque, como a pesar de incomodidades y limitaciones ha demostrado la mayoría de sus integrantes, ambas Cámaras han seguido trabajando.

Esa expresión de marrullería política ha prosperado ante la perplejidad del resto de las fuerzas políticas y la confusión de buena parte de la sociedad. En ese río revuelto algún exaltado tuvo la ocurrencia de comparar a López Obrador con Hitler, Pinochet y Victoriano Huerta y, además del beneplácito de las televisoras, obtuvo recursos para comprar tiempo en ellas.

Se trata de un completo despropósito. Si nuestro ambiente público no estuviera tan crispado, el conocido spot habría pasado con más pena que gloria y sería reconocido como expresión de barbaridad e intolerancia. Pero con los ánimos políticos tan soliviantados, hay quienes han querido encontrar razonable la equiparación que se hacía en ese anuncio realizado para denostar a López Obrador y a los partidos que lo respaldan. Más allá de todo eso, el spot es ilegal de acuerdo con las normas aprobadas a fines del año pasado para la difusión de propaganda política.

El anuncio de marras viola la Constitución. No hay vuelta de hoja. Y esa transgresión constitucional ha sido alentada o dispensada por los grupos o personas que hayan contribuido a la difusión del spot, por las empresas de televisión y radio que lo transmitieron, por los medios de comunicación que aplaudieron esa difusión y, hasta ahora, por las autoridades del Instituto Federal Electoral que asisten extrañadas y apocadas ante esa violación de la ley que tienen la responsabilidad de hacer cumplir.

Tendría que ser innecesario, pero a menos de medio año de su promulgación hace falta recordar la más importante de las disposiciones de esa reforma al artículo 41 de la Constitución Política:

“Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión.

“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.

El artículo 41 constitucional se refiere a la propaganda política en cualquier momento y no solamente cuando hay campañas electorales, como se ha llegado a suponer. El Código Federal Electoral, a partir de las reformas recientes, ratifica esas disposiciones y señala sanciones muy precisas para quienes las infrinjan.

En este caso el grupo que suscribe y que aparentemente pagó la difusión del spot, pero además las televisoras y radiodifusoras que lo transmitieron, tendrían que ser sancionados por el Instituto Federal Electoral. Al incumplimiento de la ley en el que ya había incurrido, Televisa añadió una infracción más al seguir transmitiéndolo después de que, el viernes pasado, el IFE había dispuesto que fuera suspendido.

Los consorcios mediáticos están poniendo a prueba la capacidad de los actuales consejeros del IFE para hacer cumplir la ley. Todavía está pendiente la sanción que impondrán –si se animan a hacerlo– a Televisión Azteca y a los partidos que conforman el llamado Frente Amplio Progresista por el spot que hace varias semanas anunciaba un mitin de López Obrador y que fue contratado al margen de la autoridad electoral. Después de esa contravención, hace apenas un mes, la difusión del spot que equipara a AMLO con personajes del fascismo histórico es un abierto desafío a los consejeros del IFE. Ellos reaccionan con tanta parsimonia que pareciera que no se enteran, o no entienden lo que ocurre.

Ante los abusos del ex candidato presidencial y su estridente claque, los promotores del engañoso spot promueven la ofuscación y la polarización. Sería igualmente maniqueo considerar que se trata de fuerzas equivalentes. El de Guillermo Velasco Arzac es, independientemente de los apoyos que pueda tener, un exceso cometido por un ciudadano frente al incumplimiento de sus obligaciones constitucionales en el que han incurrido senadores y diputados federales de PRD, PT y Convergencia. La del grupo “Mejor sociedad, mejor gobierno, A.C.” es una campaña mediáticamente vistosa pero nada más que eso, que realiza un pequeño grupo privado frente a omisiones y acciones de esos tres partidos nacionales que están empecinados en estropear el trabajo legislativo.

El saldo, hasta ahora, es que no hay debate sobre el petróleo. Y cualquiera que sea, cuando ocurra, la decisión acerca de las reformas para esa industria habrá quedado oscurecida por suspicacias y distorsiones promovidas por los prosélitos de López Obrador pero favorecidas, también, por la inhabilidad política del gobierno y el PAN. Ah, claro, y por la taimada actitud del PRI que no encuentra provecho en comprometerse con la reforma petrolera.

Así que el ridículo resulta evidente, pero no es patrimonio de una sola fuerza política.

Ahora que, si atendemos a la acepción precisa y advertimos que ridículo es aquello que provoca risa, entonces habrá que reconocer que la situación nacional se encuentra en las antípodas de ese adjetivo. Está, digámoslo claramente, para llorar.

Crónica, 10 de abril de 2008

Antes de conocerla, López Obrador descalificó la iniciativa de reforma petrolera que antier presentó el presidente Felipe Calderón. Si hubiera un recetario para esquivar debates, el comportamiento del ex candidato perredista sería paradigmático. Antes que argumentos, la reprobación prejuiciada. Por encima de la deliberación, el asedio a espacios parlamentarios. A falta de razones, desautorizaciones.

La precipitación de los anticipadamente adversos a la reforma petrolera confirmó que, fuese cual fuera, la iniciativa del gobierno encontraría ese flanco antagónico. Signos de los tiempos, resabios de la crispación, secuelas de la política autoritaria: las “adelitas” del Peje convertidas en adeptas maleables e incondicionales en la peor tradición del caudillismo pero, sobre todo, con los más lamentables rasgos de sumisión femenina más allá de las razones; los intelectuales que se declaran contra una privatización petrolera que definieron mal, de prisa y equívocamente, después de suscribir sus desplegados; los legisladores más aptos para asaltar la tribuna que para ocuparla con argumentos y explicaciones. Esos, junto con la simplificación mediática (no en todos los medios, sí en los más refractarios de la misma manera que en los más sumisos al gobierno actual) son rasgos de anti-clima que encuentran las propuestas del presidente Calderón.

Tarde y mal, pero a fin de cuentas de frente, Calderón se animó a presentar su propuesta de reforma legal. En realidad se trata de cinco iniciativas: una nueva Ley Orgánica para Petróleos Mexicanos, modificaciones a la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, la creación de una Comisión del Petróleo, así como reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. En esos documentos, aun sujetos al escrutinio especializado, se pueden distinguir cuatro coordenadas para el crecimiento de la industria petrolera:

1. La transformación de Pemex en una empresa que trabaje con criterios y decisiones propios. Se trata de que esté regida por un consejo de administración en el que, además de los representantes del Estado y el sindicato petrolero, habría consejeros profesionales. El gobierno no se arriesgó a proponer la exclusión de los representantes sindicales, con lo cual mantiene una de las principales fuentes de favoritismo y desviación de recursos en la industria petrolera. Sin embargo estableció un candado parcial: las decisiones del Consejo de Administración requerirán del voto favorable de al menos dos de los cuatro consejeros profesionales en una primera sesión. Si no hay acuerdo, se decidirá por mayoría simple en una segunda reunión. La empresa tendrá autonomía para el manejo de su presupuesto.

2. La creación de nuevos mecanismos y organismos de regulación y transparencia. En Pemex habrá un Comité de Transparencia y un Comisario que vigilarán las decisiones del Consejo de Administración y del Director de la empresa. Por otra parte se crea la Comisión del Petróleo, organismo técnico asesor de la Secretaría de Energía. Esa Comisión estará integrada por 5 comisionados a los que designará el Presidente de la República. Entre otras obligaciones tendrá la cuantificación de las reservas de hidrocarburos, propondrá lineamientos para proyectos de inversión, exploración y explotación y otorgará y revocará permisos para obras de exploración y explotación. La Comisión Reguladora de Energía recibe nuevas facultades, entre otras la de establecer precios de los derivados de la petroquímica. Además sancionará violaciones a normas de seguridad.

3. Más información pública acerca de la industria petrolera, su situación y proyectos. Además de la información que provean los ya señalados organismos, Pemex deberá rendir cuentas de sus políticas y resultados a quienes tengan “bonos ciudadanos”. Esos títulos de crédito serán expedidos por Pemex y darán rendimientos de acuerdo con su desarrollo pero no implican derechos patrimoniales sobre la empresa. Como figura retórica para subrayar el carácter nacional de Pemex, los bonos son una fórmula llamativa y quizá resulten propagandísticamente eficaces. Pero pueden conducir a un endeudamiento excesivo de Petróleos Mexicanos. Por otra parte, a fin de que no se susciten falsas expectativas, es preciso que el gobierno explique los mecanismos de adquisición, las reglas para evitar su acaparamiento y los réditos posibles de tales bonos.

4. La posibilidad de contratar a empresas privadas para tareas de exploración petrolera, así como en la refinación y transporte de productos petroquímicos, siempre bajo la supervisión de Pemex. Aquí se encuentra el tema que será más debatido de entre los que componen esta colección de propuestas.

El Artículo 4º. que se propone para la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo dice:

“Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos.

“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo. Dicha contratación no podrá, en modo alguno, transmitir la propiedad del hidrocarburo al contratista, quien tendrá la obligación de entregar a Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios todos los productos y residuos aprovechables que resulten de los procesos realizados.

“Las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan…”

Y el artículo 6º. de esa misma iniciativa indica:

“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar

con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, manteniendo en todo momento el control sobre las actividades en la exploración y desarrollo de los recursos petroleros.

“Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan, serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán, por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, propiedad sobre los hidrocarburos, ya sea a través de porcentajes en los productos o de participación en los resultados de las explotaciones”.

Esas son las cartas del presidente Calderón. Decimos que las presentó mal y tarde por toda la especulación que el gobierno dejó brotar antes de decidirse a enfrentar las contingencias, pero también las ventajas políticas, de hacer una propuesta integral y clara.

Será difícil que alguien esté en contra de que Pemex trabaje con eficiencia, o de que haya más y más claros controles sobre su desempeño. Los “bonos ciudadanos” tendrán que ser evaluados independientemente de su fuerza simbólica. Y respecto de la contratación de empresas privadas para desempeñar tareas tanto en la búsqueda y obtención como en el procesamiento de crudo, subsisten preguntas básicas. ¿Pemex no puede hacerse cargo directamente de esas tareas? ¿Qué necesitaría para estar en aptitud de enfrentarlas sin subcontratar? ¿Cuánto perderemos a mediano plazo por ahorrar ahora en la inversión tanto para explorar y extraer como para refinar petróleo?

La solución a esas y las seguramente muchas otras interrogantes que suscitan las iniciativas presidenciales tendría que ocurrir en una auténtica deliberación nacional. El marco institucional deseable para ello es el Congreso y por eso ha sido pertinente que, ayer, el Senado estableciera un ambicioso temario para un debate sobre la cuestión energética. Quienesquiera que se opongan a esa discusión –y a que, al cabo de ella, los legisladores cumplan con la obligación que tienen para, valga la redundancia, tomar decisiones legislativas– estarán entorpeciendo no solamente la posibilidad de acuerdos básicos en un asunto nodal para el país. Además impedirían que en este debate los ciudadanos opinen, pregunten, entiendan y, así, se formen una posición enterada acerca de la reforma petrolera. No hay que hacer enredos de los veneros del petróleo lopezvelardianos.

No sería una novedad que López Obrador prefiriera las medidas de fuerza a la deliberación. El debate de ideas no es ni ha sido su fuerte. Pero no es la capacidad ni mucho menos la lucidez de ese dirigente lo que está a prueba, sino la aptitud del país para tomar decisiones a pesar de los segmentos más cerriles de la sociedad. La mitad del PRD que en el reciente y desastrado proceso electoral de ese partido se manifestó contra el caudillismo del ex candidato presidencial tendrá algo que decir en ese debate, a menos que involucione de nuevo y otra vez se mimetice con el inmovilismo político que, hipotecado únicamente a la expresión callejera, propone López Obrador. Los intelectuales que con este motivo refrendaron su adhesión al que unos cuantos de ellos consideran presidente legítimo, están ante la valiosa oportunidad de volver a las ideas. Las adelitas, como ellas mismas se denominan en autoflagelatorio vasallaje, tienen la ocasión de reivindicarse como mujeres plenas, dispuestas a actuar pero antes que nada a razonar, a diferencia de aquellas señoras que no acompañaban sino que simplemente seguían a sus hombres en la Revolución de hace casi un siglo. A ver si quieren.

La Crónica, jueves 20 de marzo

   En este 70 aniversario de aquella decisión valiente del general Lázaro Cárdenas se reiteró la fuerte carga simbólica que la nacionalización del petróleo sigue teniendo para los mexicanos. Recordar es reconocerse y en la remembranza del 18 de marzo nos advertimos como parte de una historia que no comienza ni termina ahora. Pero ningún país puede vivir de sus recuerdos. Y respecto del petróleo, la necesidad de tomar decisiones pronto y con seriedad condicionó las tres principales ceremonias con las que se conmemoró la expropiación de 1938.

   Andrés Manuel López Obrador ofreció, en el Zócalo de la ciudad de México, una visión del petróleo fundamentalmente anclada en la retórica y mirando hacia el pasado. El presidente Felipe Calderón Hinojosa mostró en Paraíso, Tabasco, una actitud de reconocimiento a la gesta histórica pero tan ayuna de definiciones sustanciales que resultó fundamentalmente estática respecto de los retos que hoy tiene nuestra industria petrolera. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano presentó en Morelia, Michoacán, una perspectiva fincada en la historia pero orientada a la solución de los problemas nodales de Petróleos Mexicanos. Paradójicamente, de esos tres mensajes el que menos se refociló en la épica de 1938 fue el que presentó el hijo del general Cárdenas.

   La de López Obrador, delante de un auditorio enardecido y complaciente, fue una postura cuya enjundia resultó inversamente proporcional a las ideas. El “presidente legítimo” se construye como referencia política a partir de la denostación de sus adversarios. En el mensaje del martes pasado abundaron expresiones al estilo de “¡ésos políticos y tecnócratas corruptos, acomplejados y vende patrias!”.

   Antes de que exista una propuesta formal y pública sobre ese tema, López Obrador ya decidió que Calderón y sus colaboradores quieren privatizar la industria petrolera. Él se opone por tres motivos: “la primera razón es la defensa de nuestra soberanía nacional”; “la segunda razón…es que sería una violación infame a nuestra Constitución Política”; “la tercera razón es que detrás de la privatización está el interés de un grupo para hacer negocios privados al amparo del poder público”.

   Como no discute con un proyecto ya conocido sino con el fantasma del que él asegura es el propósito de Calderón, la eficacia del discurso de López Obrador radica únicamente en sus coartadas autorreferenciales. Ciertamente la falta de definiciones del gobierno federal, reiterada en el mensaje que el presidente Calderón ofreció en Tabasco, alimenta esas especulaciones. Pero en todo caso, la postura de López Obrador no enfrenta los problemas actuales de la empresa petrolera.

   La administración de Pemex y diversos especialistas sostienen que a México se le está haciendo tarde para explorar las aguas profundas del Golfo de México. López Obrador simplemente considera que las principales reservas de crudo no están allí.

   Ante la preocupación de numerosos analistas de la cuestión petrolera por la extracción subrepticia de petróleo mexicano que podrían estar realizando empresas estadounidenses en los límites territoriales en el Golfo, López Obrador se limita a descalificar “la vacilada del ‘efecto popote’, para tratar de justificar la pretendida reforma a las leyes y permitir la asociación con empresas extranjeras”.

   Allí se agota el discurso, ayuno de propuestas, del despechado ex candidato presidencial. Esas limitaciones no le impiden llamar a una campaña nacional contra una privatización todavía incierta.

   El mensaje del presidente de la República, en Tabasco, no fue mucho más puntual en las propuestas aunque sí en el diagnóstico de la industria petrolera. Después de afirmar que “Petróleos Mexicanos no se privatizará”, Calderón ofreció datos alarmantes: al ritmo de producción actual, las reservas probadas nos durarán apenas 9 años; la producción diaria cayó en 300 mil barriles entre 2004 y 2007 y seguirá reduciéndose porque el yacimiento de Cantarell, de donde se extraía el 62% de la producción petrolera nacional, está extinguiéndose;  hoy en día tenemos que importar y subsidiar la venta de 4 de cada 10 litros de la gasolina que consumimos en México.

   El presidente anunció inversiones para respaldar a Pemex y, sin precisar plazos ni sitio, ordenó que se realicen estudios para construir una nueva refinería. Todo ello es importante pero no enfrenta las principales carencias de la paraestatal. Faltaron definiciones claras cuando dijo que es preciso “transformar a Pemex en una empresa que tenga la libertad suficiente en la toma de decisiones para que pueda utilizar mejor sus recursos y contratar, en las condiciones que más le convenga, a los mejores en su especialidad”.

   Con la campaña que despliega en numerosos medios audiovisuales, Pemex ha sembrado la inquietud acerca de la exploración en aguas profundas. Cabe preguntarse por qué la empresa petrolera dilapida centenares de millones de pesos en esa campaña en vez de utilizar el tiempo al que tiene derecho el Estado en las emisoras de radio y televisión.

   El presidente Calderón estima que Pemex debería “contar con el soporte técnico y operativo de empresas especializadas, que le permitan superar su rezago tecnológico y multiplicar su capacidad financiera y de ejecución”. Nadie se opondría a ello. El problema es en qué condiciones, a qué precio y con qué compromisos, Pemex recibiría ese respaldo.

   Y a propósito de compromisos y costos, el mensaje presidencial en Tabasco dejó ver uno de los lastres que el gobierno ha decidido seguir cargando en cualquier eventual renovación de Pemex cuando Calderón reconoció “la responsabilidad en la defensa de sus agremiados, la responsabilidad con la empresa y con el país, con la cual se ha conducido el sindicato, su dirigencia y su líder Carlos Romero Deschamps”. Tan inciertas y quizá tan costosas como los tratos que pretende con empresas extranjeras, son las alianzas que el gobierno panista ha decidido mantener con el sindicalismo de origen priista, ideología convenenciera y acreditada corrupción.

   Frente a la demagogia de López Obrador y las indefiniciones de Calderón, el discurso de Cuauhtémoc Cárdenas en Morelia fue de agradecible mesura y seriedad. Gran parte de las carencias que se deploran hoy, subrayó, se deben a la exacción que el país ha hecho de su industria petrolera. Ahora, sin embargo, los yacimientos se están agotando y no hemos tenido una política para restituir las reservas.

   El cuestionamiento de Cárdenas va más allá de la situación petrolera e involucra a la política económica: “La ineficiencia de las autoridades recaudadoras para cobrar impuestos  se ha resuelto imponiendo a Pemex un sistema de pagos por adelantado y con una fiscalidad que absorbe el 74 % de sus ingresos por la venta de crudo y algo más por otros conceptos. La pregonada estabilización macroeconómica y el equilibrio en las finanzas públicas, no provienen de una mayor eficiencia en el gasto, sino del embargo del presupuesto de las empresas públicas, en especial Pemex y Comisión Federal de Electricidad, a las que se impide disponer de recursos autorizados de inversión…”

   Igual que Calderón, Cárdenas destaca la dependencia mexicana respecto de las empresas de refinación extranjeras y ofrece otro dato: la importación de gasolinas nos cuesta 15 mil millones de dólares al año. Pero además, alerta, nuestras refinadoras están diseñadas para  crudo ligero y no pueden procesar el de tipo pesado por lo que es indispensable modificar el sistema nacional de refinación y construir dos nuevas refinerías (Calderón anunció al menos una de ellas).

   La petroquímica, indicó Cárdenas, “acumula más de quince años de estancamiento, deterioro, baja utilización de su capacidad instalada, ruptura de cadenas productivas nacionales y crecimiento de las importaciones, cuya factura supera ya los diez mil millones de dólares anuales”. La organización de Pemex en varias empresas ha significado “una separación rígida y una relación comercial entre filiales que las hace conducirse como si se tratara de negocios separados y en competencia”.

   La deuda de Pemex, documentada en los llamados pidiregas que han alcanzado los 50 mil millones de dólares, “no es sino una doble contabilidad que lleva el gobierno para cuadrar las cuentas que oficialmente rinde a los organismos internacionales, que no ignoran la existencia de esa deuda pero se engañan a sí mismos al no registrarla como tal”. Esa deuda, dice Cárdenas, “debiera ser absorbida y en su caso renegociada por el gobierno federal, descargando de ese pesado lastre al sector energético”.

   La exploración en aguas profundas en el Golfo, a juicio del hijo del General, es necesaria pero no tiene por qué realizarse con contratos de riesgo como sugiere el video gubernamental que todos conocemos. Esos contratos, recuerda Cárdenas, “están expresamente prohibidos por nuestra Constitución”.

   Para Cuauhtémoc Cárdenas esa exploración puede realizarse con tecnologías compradas o contratadas pero sin compartir riesgos e inversiones con empresas privadas: “no existe razón para que la industria nacionalizada no sea la que reciba el 100% de los beneficios del petróleo que se extraiga de las aguas profundas”. De cualquier forma, si esos trabajos de exploración comenzaran hoy tendríamos que aguardar 8 o 10 años antes de que se extrajera el primer barril de petróleo.

   De allí la insistencia del fundador del PRD –un partido hoy tan lejano de cualquier deliberación seria y atrapado por el canibalismo de las corrientes que lo están despedazando– en que, además de la exploración profunda, la empresa petrolera emprenda otras tareas: “construir refinerías, extender la red de ductos, modernizar terminales de almacenamiento, explorar en aguas someras, reactivar campos maduros, explotar los yacimientos en tierra, conceder autonomía presupuestal y liberar de la deuda en pidiregas a Pemex”.

   Además, Cárdenas Solórzano apremió al gobierno mexicano para que acuerde con Estados Unidos las condiciones de explotación de los yacimientos submarinos en la zona transfronteriza en el Golfo de México.  

   Allí hay una opción integral para que conmemoremos las 7 décadas de petróleo nacionalizado pensando responsablemente en el futuro sin darle la espalda a la historia. Por desgracia, es altamente posible que la obcecación revanchista de López Obrador y la perspectiva limitada que hasta ahora ha mostrado el presidente Calderón les impidan aquilatar la propuesta que presenta Cárdenas.      

La Crónica, jueves 6 de marzo.

Hace menos de dos meses Juan Camilo Mouriño llegó a la Secretaría de Gobernación para resolverle problemas al presidente Felipe Calderón. Hoy, sin embargo, se ha convertido en uno de los problemas centrales para el gobierno federal.

Cuando se hizo cargo del ministerio avecindado en Bucareli se comentó mucho la edad del nuevo secretario, que a sus 36 años ha sido uno de los titulares más jóvenes que ha tenido Gobernación. Ahora, vueltas que da la vida, puede convertirse en uno de los inquilinos más efímeros del Palacio de Covián.

A ese dilema, que tendría que afrontar el nuevo Secretario pero sobre todo su jefe directo, ha llegado la indolencia para responder a las acusaciones sobre posible tráfico de influencias por parte de Juan Camilo Mouriño.

Los contratos que según se ha dicho suscribió con Pemex en representación de una de las empresas transportistas propiedad de su familia quizá no fueron ni son ilegales, aunque a ese respecto hay varias interpretaciones jurídicas. Pero si no lo son, no se entiende por qué Mouriño no ofreció una respuesta clara cuando, el domingo 28 de febrero, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer copias, supuestas o reales, de esos documentos.

Tuvo que transcurrir casi una semana para que, con desgano y casi como si despreciara tener que referirse a ese asunto, el titular de Gobernación dijera que le parecía “mezquino” que se le acusara de beneficiarse de la política cuando ha sido su actividad política la que lo alejó de los negocios familiares.

En esa aclaración al político Mouriño le faltaron algunas precisiones. No explicó por qué, si ya estaba al margen de las empresas, fue él quien suscribió los convenios que se han difundido y que, como no han sido refutados, podemos suponer que son auténticos.

Si, como se ha dicho, esos convenios entre la empresa de transportes de la familia Mouriño y Petróleos Mexicanos fueron suscritos entre 2002 y 2003, entonces resultará innegable que de alguna manera el ahora titular de Gobernación quedó atrapado en un conflicto de intereses. Hasta agosto de 2003 era diputado federal y había presidido la Comisión de Energía en San Lázaro. A fines de ese año fue nombrado Coordinador de Asesores del Secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa.

Negligencia o descuido, o simplemente resultado de la suposición de que todo está bien mientras no transgreda frontalmente una disposición legal, Mouriño tendría que haber enterado a su jefe de entonces, que es el mismo de ahora, acerca de la existencia de esos contratos. Si uno de los motivos principales por los que llegó a Gobernación es la negociación de la reforma para los energéticos ahora es un interlocutor poco fiable, al menos precisamente en ese tema, ante los suspicaces dirigentes y legisladores de los partidos políticos con los que tiene que tratar.

Esos legisladores discuten la creación de una comisión especial que indagaría los contratos a terceros otorgados por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. La insistencia del PAN para que si se ha de revisar a la empresa de la familia Mouriño también se documenten licitaciones o asignaciones con las que pudieran estar relacionados dirigentes de otros partidos, retrasó la aprobación de ese grupo de trabajo parlamentario.

La exigencia de Acción Nacional es razonable solamente en parte. Los panistas quieren diluir en un contexto de generalizados abusos los resultados posiblemente adversos de una investigación acerca de los negocios de Mouriño. Pero decir que ese posible tráfico de influencias no es tan escandaloso porque otros funcionarios han realizado transacciones similares, equivale a resguardarse en una de las más miserables coartadas políticas que es el mal de muchos. Con el mismo argumento hace tres años había quienes objetaban el proceso de desafuero contra López Obrador. Todos los políticos, decían, infringen la ley; no se vale sancionar a unos cuantos; en tierra de ciegos el medio honesto es rey, después de todo qué tanto es tantito.

Por otro lado, aunque sea frecuente que los funcionarios a cargo de la asignación de recursos o la resolución de licitaciones tomen decisiones de manera discrecional, en este caso no estamos ante una determinación que beneficia a terceros. El favorecido con la autorización de contratos de una empresa pública es el propio Mouriño que, no hay que olvidarlo, firmó tales documentos como representante de una empresa privada.

La legalidad de tal asignación, que no decidió el ahora titular de Gobernación sino algún otro funcionario, tendrá que ser dilucidada por la comisión legislativa y en todo caso por autoridades judiciales. Ya sabemos que una gran cantidad de comisiones camarales sirve para dos cosas: para nada y para que parezca que algo se hace. Pero mientras se mantenga e independientemente de sus hallazgos, su sola existencia sería denuncia constante del recelo que ocasiona el secretario Mouriño.

Y qué lástima porque además de la franca confianza del presidente de la República, Mouriño parecía tener talento y entusiasmo para enfrentar las exigencias que impone la secretaría más importante del gabinete. Lo que quizá no ha tenido es la perspicacia que solo dan la experiencia y el conocimiento directo de la circunstancia política mexicana.

Solo en ausencia de ese atributo se explica la tardanza primero y la ligereza, después, de la contestación que Mouriño ofreció el viernes pasado a las acusaciones de tráfico de influencias. Si los contratos son falsos, tendría que haberlo denunciado de inmediato. Si son reales pero considera que no implican una infracción legal, también hubiera sido apreciable una explicación. Si haber firmado tales documentos resultó ilegal, ya se le está haciendo tarde para dimitir.

Posiblemente el presidente Calderón se resiste a prescindir de su secretario más apreciado para no darle un triunfo a su principal adversario político. El autoproclamado presidente legítimo se dedica a cazar errores y a explotarlos, magnificándolos cuando puede. No importa cuánta demagogia, estridencia o alharaca tenga que desparramar: el ex candidato derrotado considera que le va bien mientras peor le vaya al gobierno del presidente Calderón.

Así, primero López Obrador y algunos de sus socios más conspicuos ensayaron la descalificación del nuevo secretario de Gobernación cuestionando que hubiera nacido fuera del país. La retórica xenófoba que desparramaron fue de un provincianismo y un atraso políticos bastante patéticos.

Lamentablemente, en el asunto de los contratos la denuncia de López Obrador ha sido posible gracias a una pifia de Mouriño. A estas alturas el presidente de la República tendrá que hacer un arqueo de costos y beneficios políticos. De otra manera, la inexperiencia que se le atribuye a su hombre en Bucareli resultaría ser extensiva también a Los Pinos.

La Crónica, 7 de febrero de 2008

Para conmemorar el aniversario de la Constitución, antier en Querétaro, el presidente Felipe Calderón leyó un discurso de aproximadamente 7 cuartillas. En ese espacio se refirió por lo menos 28 veces a la ley, las leyes o a la “Ley Fundamental” que es el documento que cumplió 91 años. En otras 10 ocasiones el presidente mencionó, aunque no definió, el término legalidad. Dos de ellas las utilizó para convocar al país todo –poderes constitucionales, gobiernos municipales, estatales y federal, “a la sociedad entera”– a un acuerdo por la legalidad y la seguridad.

   Nadie que apueste por la política institucional, ceñida a reglas y compromisos entre los actores de la vida pública, querrá ni podrá rehusarse a un arreglo de esa índole. El solo hecho de formar parte de alguno de los poderes constituidos ya sea como gobernantes, legisladores o jueces, hace de los servidores públicos sujetos obligados a un acuerdo tácito, pero también a reglas muy explícitas, con la legalidad. Y entre los ciudadanos, aunque a veces las leyes existentes no nos gusten es indudable que al tener derechos contraemos obligaciones y la primera de ellas es el acatamiento al orden jurídico.

   Todo eso resulta demasiado evidente. Pero al parecer no lo es tanto para el presidente Calderón porque si no se le nutre de contenidos específicos, el acuerdo al que emplazó en el Teatro de la República quedará en pura palabrería.

   La vieja política mexicana está repleta de discursos huecos. La redundancia en el lugar común y el abuso de una retórica que se agotaba en sí misma formaron parte de las rutinas del poder político. Quienes lo encabezaban, en buena medida por carecer de un proyecto de país o debido a que para ellos el proyecto nacional era aquel que se ajustaba a sus conveniencias, acudían con frecuencia a esos discursos repletos de fórmulas grandilocuentes pero ayunos de precisiones conceptuales y programáticas.

   Sería prematuro considerar que el discurso que el martes 5 de febrero ofreció el presidente Calderón para homenajear a la Constitución recala en esa triste y gastada tradición. Si le da contenido al pacto por la legalidad y la seguridad, ese mensaje quedará registrado como preámbulo de una cadena de decisiones posiblemente importantes. Pero si queda en la retórica sin sustancia estaremos ante una nueva expresión de la política que, a falta de fondo, se constriñe a las formas.

   A la legalidad, en ese discurso, el presidente Calderón la consideró como la vía que le permitió al país pasar a una convivencia ordenada y armónica después de los tiempos turbulentos que dieron origen a la Constitución. Legalidad e igualdad, dijo luego, son las garantías consagradas por la Constitución liberal de 1857. Es la vía para acercarnos “a los sueños e ideales de nuestros próceres”. También constituye el principio que debe regir a todo acto de autoridad. La formulación que más se acercó a explicar ese término la ofreció el presidente cuando consideró: “los ciudadanos deben ver, en el cumplimiento de la ley, la mayor garantía de los derechos, la sociedad debe sujetar su actuar cotidiano al orden legal. Ésta es la base de una auténtica cultura de legalidad”.

   Calderón, además, estimó que todo abuso de poder y todo atentado contra la legalidad deben ser sancionados. En la lucha por la legalidad, añadió, ningún miembro de la sociedad debe quedar excluido. De allí su convocatoria al acuerdo “por la legalidad y la seguridad”.

   Legalidad es, en términos llanos, la cualidad de legal y el conjunto de normas legales que rigen en un país. Cuando el presidente de la República exhorta de manera tan enfática a que compartamos y cumplamos la legalidad, evidentemente anuncia él mismo su compromiso con ella. Pero el pacto que anuncia difícilmente podría ir más allá de una mera enunciación de reiteraciones porque todos, querámoslo o no, estamos obligados por el orden jurídico.

   Quizá, entonces, más que esa exhortación resulta relevante el hecho de que el presidente Calderón considere necesario formularla. Si el titular del Ejecutivo Federal cree que los responsables de instituciones y los ciudadanos todos, que de cualquier manera están obligados con el orden jurídico, deben hacer explícito ese compromiso, no puede ser sino porque advierte que el cumplimiento de la legalidad es débil o insuficiente. Y entonces podemos preguntarnos si una exhortación como la de Querétaro es la vía más pertinente para propiciar que las leyes se cumplan en nuestro país.

   Si esa admonición hubiera sido formulada por algún comentarista, o por un actor de la vida política sin responsabilidades institucionales, no habría motivo peculiar para ocuparnos de ella. Pero quien convocó a un pacto por la legalidad fue nada menos que el Presidente de la República. Como gobernante que es de todos los mexicanos resulta explicable que el presidente Calderón presente recomendaciones y amonestaciones. Pero además de ellas a la ley se le cumple, valga la perogrullada, haciéndola cumplir.

   Allí es donde falla la exhortación del presidente Calderón y no porque se pueda decir que su gobierno incurre en ilegalidades, sino porque se desempeña en un contexto acotado por ellas. Cuando los partidos políticos –incluyendo el partido del presidente de la República– transgreden la reforma constitucional que ellos mismos establecieron como sucede con la designación de los consejeros del IFE, para mencionar uno de los casos en donde con mayor impudor los legisladores disponen, modifican y rectifican a sus anchas, evidentemente es difícil reivindicar la legalidad.

   Con ese entorno tiene que lidiar quienquiera que se proponga propiciar el cumplimiento de la legalidad. Lograrlo no es solamente asunto de aplicar el orden jurídico, ni podrá conseguirse únicamente predicando con el ejemplo. Además hace falta consolidar una cultura de la legalidad comenzando por la todavía en buena medida cerril clase política que tenemos.

   Junto con esa clase política, hay actores de la vida pública para los cuales no hay más legalidad que aquella que ampara sus negocios e  intereses. Esa es la idea que prevalece acerca de las leyes en varios de los consorcios mediáticos más importantes del país. Para algunas de tales empresas se ha vuelto costumbre despotricar contra los políticos –y no faltan motivos para eso– sin reconocer los muchos atropellos que ellas mismas cometen tanto contra sus audiencias como con los mecanismos de competencia salvaje que practican a menudo. No habrá cultura de la legalidad sin un auténtico compromiso de los medios de comunicación. Allí se encuentra uno de los principales escollos para cualquier cruzada por el cumplimiento de las leyes.

   En ese panorama, además de incitar a la legalidad y de desempeñarse en observancia a ella el presidente de la República está obligado a conciliar entre las principales fuerzas nacionales, especialmente con los partidos. Gobernar, en la actual circunstancia mexicana, requiere de diálogo y arreglos constantes. En su discurso de Querétaro el presidente Calderón mencionó el término “acuerdo” en 3 ocasiones. Pero solamente una vez, y no en referencia a la conciliación que se requiere ahora sino para aludir a la pluralidad que había en el Constituyente de hace 91 años, mencionó la palabra “política”.

   Hace un siglo, en vísperas del movimiento social que luego daría lugar a la Constitución de 1917, había quienes sostenían que para gobernar se necesitaba poca política y mucha administración. Luego tuvimos gobiernos que, por ausencia de capacidad y/o voluntad, quisieron hacer lo contrario. Hoy en día México requiere de sus gobernantes mucha administración pero también mucha política. Sin ambos atributos, no habrá legalidad ni admoniciones que valgan.

La Crónica, 17 de enero de 2008

   Cuando Emilio Portes Gil fue designado Secretario de Gobernación, en 1928, tenía 38 años y había sido –dos veces– gobernador de Tamaulipas.

   Una década más tarde Ignacio García Téllez asume la misma responsabilidad, a los 41 años y después de haber sido Rector de la Universidad Nacional.

   En 1940 el secretario de Gobernación es Miguel Alemán Valdés, con 40 años y que había sido gobernador de Veracruz.

   En 1948, cuando asume la secretaría de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines tenía 58 años y había sido gobernador de Veracruz.

   Ángel Carvajal en 1952 tenía 51 años y también había gobernado Veracruz antes de llegar a Gobernación.

   En 1958 Gustavo Díaz Ordaz tenía 47 años cuando ocupó ese cargo. Antes había sido oficial mayor en la misma Secretaría, así como senador por Puebla.

   En 1963 Luis Echeverría cumplía 41 años y había sido oficial mayor y subsecretario de Gobernación antes de encabezar esa dependencia.

   Mario Moya Palencia sustituyó a Echeverría el 11 de noviembre de 1969. Entonces, tenía 36 años con casi 5 meses. Había sido director de Cinematografía y de la empresa estatal productora de papel, así como subsecretario de Gobernación.

   En 1976, cuando ocupó la secretaría de Gobernación, Jesús Reyes Heroles tenía 55 años. Había sido presidente del PRI y director de Pemex y del IMSS entre muchas otras responsabilidades.

   De esa secretaría se hizo cargo Enrique Olivares Santana en 1979. Tenía 59 años, había sido gobernador de Aguascalientes y líder de la mayoría en el Senado.

   En 1982, cuando fue designado Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz tenía 46 años y había sido director de Gobierno en esa dependencia.

   Fernando Gutiérrez Barrios tenía 61 años en 1988 cuando se hizo cargo de la Segob. Había sido subsecretario de Gobernación y gobernador de Veracruz.

   Patrocinio González Blanco alcanzaba 59 años cuando se ocupó de la Secretaría. Antes, fue senador y gobernador de Chiapas.

   Jorge Carpizo tenía 49 años cuando, a comienzos de 1994, fue designado Secretario de Gobernación. A esa edad ya había sido Rector de la UNAM, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Procurador General de la República.

   Esteban Moctezuma Barragán tenía 40 años cuando se ocupó de Gobernación a fines de 1994. Había sido oficial mayor en Programación.

   Emilio Chuayffet había sido gobernador del Estado de México entre otros cargos cuando en 1995, con 44 años, fue Secretario de Gobernación.

   Francisco Labastida, en 1998, cumplió 56 años. Había sido secretario de Energía y gobernador de Sinaloa al llegar al Palacio de Covián.

   Diódoro Carrasco en 1999 , tenía 45 años y había sido gobernador de Oaxaca.

   Santiago Creel en 2000, a los 45 años, había sido consejero en el IFE, diputado federal y candidato al gobierno del DF.

   Carlos Abascal Carranza en 2005 tenía 55 años, había sido dirigente empresarial y secretario del Trabajo.

   Francisco Ramírez Acuña en 2006 cumplió 54 años y había sido gobernador de Jalisco.

   Todos esos antecesores de Juan Camilo Mouriño Terrazo tenían más edad que él –excepto uno– y una experiencia política en casi todos los casos más notoria que la suya cuando comenzaron a despachar como titulares de Gobernación.

   Podría suponerse que la llegada de Mouriño a esa responsabilidad es síntoma de los nuevos tiempos, en un país en donde la edad promedio es de aproximadamente 25 años. Por supuesto más edad no significa necesariamente mayor capacidad para la administración pública, como demostraron algunos secretarios de Gobernación. Pero no dejan de ser inquietantes por una parte la juventud y, especialmente, la escasa trayectoria en ese terreno de quien desde ayer ocupa la posición política por excelencia en este país.

   Quizá también sucede que la Secretaría de Gobernación ha perdido la centralidad política que tenía en otros tiempos. Después de Los Pinos y en no pocas ocasiones antes que en la residencia presidencial, en la casona de Bucareli se dirimían por las buenas o por las malas, o incluso se anticipaban o provocaban, los conflictos más relevantes. Hoy nos encontramos ante una desconcentración de la política que se ejerce tanto en la negociación dentro del gobierno y delante de él como en los partidos, las cámaras legislativas, los medios de comunicación y otros espacios, institucionales o no.

   El arbitraje presidencial, fuente del poder a veces colosal y en otras ocasiones discreto pero incontestable que ejercía el secretario de Gobernación, ya no es necesario en todos los casos. Frente al gobierno y al margen suyo han surgido, o han logrado espacios propios, otros actores de la vida pública.

   Pero precisamente debido a esa complejidad del escenario público el gobierno necesita, más que nunca, del ejercicio de la política. Hay que hacer política (¡mucha política! urgía Jesús Reyes Heroles) más hoy que ayer, porque la existencia de fuerzas partidarias y sociales diversas, ninguna de las cuales acapara el poder como sucedía antes, exige de un ejercicio constante de interlocución, negociación y avenencia con todas ellas.

   No parece haber duda sobre los motivos de Felipe Calderón para designar a Juan Camilo Mouriño en Gobernación. El presidente despliega una ambiciosa operación para controlar, a través de sus más allegados, posiciones claves de la conducción gubernamental. Colocó en Desarrollo Social a Ernesto Cordero, fiel colaborador suyo durante todo el sexenio anterior. Ahora pone como responsable de la política interior a su hombre más cercano.

   Mouriño, por lo general, se ha mantenido a la sombra de Calderón. Por eso la edad, y especialmente su rápida trayectoria por unas cuantas responsabilidades públicas, obligan a tener dudas sobre la idoneidad para ese cargo del nuevo secretario de Gobernación.

   No es, como se ha dicho, el más joven que ha llegado a esa posición. Mario Moya Palencia, cuando se encargó de Gobernación, tenía unas semanas de edad menos que los 36 años con 5 meses y medio con los que ahora cuenta el joven Mouriño. Esa no constituye una limitación esencial y en algunos casos no la es en absoluto. Pero la ausencia o escasez de adistramiento específicamente político sí puede ser una desventaja costosa para el presidente y, por lo tanto, para el país.

   El nuevo secretario de Gobernación no es bisoño en esas lides pero tampoco se le ha conocido vuelo propio. Fue diputado local y luego federal, por el PAN, hace dos legislaturas. Allí conoció a Calderón. Encabezó la Comisión de Energía en San Lázaro y formó parte de la Comisión Permanente entre 2001 y 2002. En esas tareas Mouriño tuvo un perfil bajo. Solo en contadas ocasiones ocupó la tribuna, entre otras en diciembre de 2001 para proponer el horario de verano y, ocho meses después, en una comparecencia del entonces secretario de Energía Ernesto Martens. En abril de 2003 el diputado Mouriño pidió licencia para competir por la presidencia municipal de Campeche pero perdió esa elección. Calderón lo nombró asesor suyo cuando ocupó la Secretaría de Energía y en 2004 lo hizo subsecretario de Electricidad. Luego fue el primer coordinador de la campaña presidencial.

   Allí y cuando encabezó la Oficina de la Presidencia, Mouriño fue circunspecto. Contribuyó a cabildear las iniciativas gubernamentales y a construir puentes en los difíciles meses inaugurales de la nueva administración. Paradójicamente se supo más de su enfrentamiento con Manuel Espino, a quien se empeñó en desplazar de la dirección nacional del PAN, que de su trato con otros partidos.

   La fama de “duro” se volvió parte de la semi leyenda de Mouriño, aunque hasta ahora no hay evidencias suficientes para estimar si esa apariencia corresponde a su auténtico talante. Tampoco las hay para evaluar sus apreciaciones sobre el país, los temas que lo conmueven, sus convicciones.

   Ni fu, ni fa. No se sabe si la parquedad de Mouriño obedece a una intencional cautela, o simplemente a un pragmatismo comprometido con los resultados aunque equidistante de las ideas. El beneficio de la duda que siempre existe en esos casos se mantendrá durante poco tiempo porque, en su nueva responsabilidad, ese funcionario tendrá que asumir definiciones y, desde luego, decisiones.

   Hasta ahora, aunque ineficiente, Francisco Ramírez Acuña le servía al presidente Calderón como pararrayos desde Gobernación. Trato que no se establecía, o litigio que no se resolvía, podían achacarse a la impericia o la dejadez del ex gobernador tapatío. Mientras tanto Mouriño, desde Los Pinos, operaba decisiones que no pasaban por Bucareli. Ahora, con un titular de Gobernación cuya principal cualidad es su cercanía con el presidente, Calderón dejará de tener ese recurso.

   En junio pasado Juan Camilo Mouriño estuvo en Galicia donde su padre es propietario del Celta de Vigo, un equipo de futbol de larga historia y que en aquella ocasión descendió a la segunda división española. Allí fue entrevistado por F. Franco, de El Faro de Vigo, que publicó esa conversación el 10 de julio de 2007. En aquella nota el periodista describía así a Juan Camilo Mouriño: “Un hombre que ha llegado a tales responsabilidades en el gobierno de un país tan grande y tan complejo tiene que tener por fuerza una buena mano izquierda para conciliar, mano derecha para golpear la mesa cuando la ocasión lo exija y, en síntesis, notorias habilidades políticas para poner la brújula en una geografía cultural y sentimental tan rica, diversa e intensiva (a veces de cuidados intensivos) como la mexicana. Sin embargo, el hombre que tenemos delante en el salón de esa casa viguesa y paterna de Saiáns que un día fuera del alcalde Soto, con las islas Cíes al fondo de la mirada, exhibe una sencillez en las formas que no casa con esa etiqueta de Supremo Deshacedor que le ha puesto alguno de sus adversarios. No destaca por su elocuencia al modo de un Demóstenes pero tampoco le falta para expresar una serie de ideas claras y precisas, un concepto de país y de gobierno. Por algo le habrá puesto ahí Felipe y por algo otros no han podido evitarlo”.

   Brazo derecho de Calderón, le han calificado numerosos comentaristas. Político de mano izquierda, estimaba su entrevistador gallego. Ya se verá qué tanto es lo uno, o lo otro.

La Crónica, jueves 11 de octubre 2007

     Quién sabe si el presidente Calderón sabía, mientras hablaba ayer ante los radiodifusores, que su discurso no estaba siendo transmitido en directo por la mayoría de las estaciones de televisión y radio. Tan prestas como fueron hace exactamente un mes para encadenarse mientras protagonizaban ante los senadores el patético espectáculo que tantas recriminaciones les ha propiciado, ayer los dueños de las radios y televisoras privadas dispusieron que la comida anual de la Cámara Nacional que las reúne, y en la que es tradición la presencia del titular del Ejecutivo Federal, fuese difundida con hora y media de retraso.

   Únicamente una de las frecuencias de Radio Fórmula y XEW y quizá alguna otra emisora transmitieron, en la ciudad de México, el discurso presidencial mientras ocurría. Muchas otras estaciones y un canal de cada una de las televisoras privadas lo hicieron de manera diferida. En ningún caso, hasta donde pudimos apreciar, esas estaciones advirtieron a sus audiencias que no se trataba de una transmisión en vivo.

   Tan desusado tratamiento al discurso presidencial puede tener varias explicaciones. Quizá los radiodifusores decidieron no alterar la hora de la comida de la mayoría de los televidentes y radioescuchas y por eso dejaron el mensaje del presidente Felipe Calderón para después de los postres. Pero es inevitable suponer que tal decisión estuvo relacionada con las secuelas de la fallida campaña que esos empresarios levantaron contra las reformas constitucionales que los dejaron sin el gasto que hacían los partidos en la contratación de propaganda electoral.

   Posiblemente los radiodifusores quisieron supervisar el discurso presidencial antes de transmitirlo. Quizá temían que el presidente de la República apoyara el proceso de reformas constitucionales que acaba de terminar con el voto favorable de 30 legislaturas estatales y que fue impulsado por los tres partidos más importantes del país. De haber sabido que sería tan complaciente con ellos, es altamente probable que lo hubieran difundido en directo y por muchas más frecuencias.

   El mensaje del presidente Calderón era esperado porque su gobierno no ha manifestado con claridad una posición pública ante esa reforma, aunque es evidente que el voto del PAN tuvo que haber contado con su anuencia.

   Hubiera sido una oportunidad relevante para que, más allá de expresar una definición acerca de las modificaciones constitucionales, el presidente alzara la mira y ofreciera algunas definiciones para las fases próximas en ese proceso legislativo que son las reformas al Código Electoral –en donde habrá un capítulo especial para normar las nuevas relaciones entre procesos políticos y medios de comunicación– y, después a la legislación para los medios y las telecomunicaciones.

   El presidente, sin embargo, decidió desaprovechar esa ocasión. En vez de un discurso que le permitiera contribuir a esa discusión nacional –y con el que pudiera afianzar la vocación de liderazgo que dice tener pero con la que solamente cumple de manera retórica y a veces ni siquiera en ese plano– Calderón ofreció una alocución ritual, solícita casi, y muy parecida a las que dirigían sus antecesores en otras celebraciones de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.

   Sin contexto crítico ni analítico, las exhortaciones que formuló a la responsabilidad y a un ejercicio comprometido de la libertad resultaron equívocas. Decir que es preciso ejercer la libertad de expresión con respeto a los demás sin recordar, aunque fuese de manera general, las reiteradas transgresiones a esa norma –por ejemplo, por parte de Televisión Azteca– hizo de tal señalamiento una formulación protocolaria.

   Repetir que concesionarios y permisionarios de la radiodifusión se encargan de un servicio de interés público que influye en la cultura cívica sin advertir que la gran mayoría de los contenidos en la televisión no se hace cargo de esa función, fue como decir nada ante un auditorio colmado de empresarios que no han querido distinguirse por la autoevaluación y mucho menos por la autocrítica.

   La transición de la radio analógica a la digital, que suscita inquietudes y confusión entre los radiodifusores que han sido causantes de que el gobierno no defina el estándar tecnológico que será utilizado en México para ese cambio, el presidente la abordó en busca del aplauso de los concesionarios pero sin ofrecer una solución. No es claro el alcance de la promesa presidencial cuando dijo que habrá mecanismos para que “todos los radiodifusores, desde la televisión hasta las más modestas estaciones de amplitud modulada” emprendan el tránsito tecnológico. Lo que México tiene que hacer es decidir cuál o cuáles de los formatos digitales que ahora existen será utilizado para sustituir a las bandas de AM y FM. Y si alguien requeriría de apoyo para renovar sus equipos a fin de sintonizarse con la nueva radio digital serían los radioescuchas, mucho más que los empresarios.

   La otra promesa de Calderón se refirió a las concesiones vencidas o que están por vencerse. Es natural que entre los radiodifusores cuyos títulos de concesión han caducado o están por llegar a su término exista “incertidumbre y zozobra” como dijo el presidente. Pero incurrió en una eventual contradicción, que puede tener consecuencias graves, cuando consideró: “Nuestro deber como gobierno de la República es conciliar los legítimos intereses de todos los que participan en la industria con las disposiciones contenidas en las leyes sobre la materia y las resoluciones judiciales en la misma”.

   Actualmente, de 1488 concesiones y permisos que existen para radio en Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada en todo el país, hay aproximadamente 54 que vencieron el año pasado y otras 69 que habrán vencido en 2007. Antes el gobierno federal renovaba sin chistar esos títulos de concesión. Con la Ley Televisa, los radiodifusores pretendieron que las concesiones fueran por 20 años y que su refrendo fuese automático. Sin embargo la decisión de la Suprema Corte de Justicia que modificó esa reforma legal y que indica que las renovaciones deben estar sujetas a licitación dejó en la penumbra legal a las concesiones que no fueron refrendadas por el gobierno anterior ni por la actual administración.

   Asegurar que conciliará el interés de los radiodifusores colocados en ese trance y las decisiones judiciales fue un exceso del presidente Calderón porque las reglas a las que habrán de sujetarse las renovaciones de los títulos de concesión no las define él sino el Poder Legislativo. Así que no sólo eludió respaldar las reformas constitucionales recientes sino, además, presentó una postura que podría ser contraria a la de la Suprema Corte y se inmiscuyó en el proceso legislativo que se encuentra en curso para renovar las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones.

   Repitió, eso sí, que las pautas de su gobierno en ese terreno están definidas por tres “C”: cobertura, convergencia y competencia. Pero quizá ese encomiable propósito carece de otro atributo que tiene la misma inicial: congruencia. No la hay cuando, hace unos días, su secretario de Comunicaciones anunció que el año próximo no habrá nuevas concesiones de televisión. ¿Cómo, entonces, aumentará la cobertura y, sobre todo, cómo habrá competencia en ese medio de comunicación si el gobierno desalienta la posibilidad de que haya nuevas frecuencias?

   Con razón al término de la emisión diferida, más de 90 minutos después del momento en que Calderón había dicho esas palabras aunque a radioescuchas y televidentes se les hizo creer que se trataba de un evento en tiempo real, el conductor de la transmisión en radio, Iñaki Manero, de Grupo ACIR, pudo concluir que había sido “un discurso conciliador, un discurso amigable”.

   No tenía por qué ser agresivo. Pero el presidente pudo haber pensado no solamente en el reconocimiento de la audiencia que tenía delante suyo sino en los intereses de la sociedad radioescucha y televidente.

   Intentando, en cambio, congraciarse con los radiodifusores, Calderón dijo que su gobierno ha cerrado “más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal” y que hará lo mismo con varias docenas más. Enhorabuena si se trata de emisoras que han querido hacer negocio a costa de una frecuencia que no les había sido adjudicada. Pero en años anteriores las acciones del gobierno contra estaciones sin licencia intentaron afectar a pequeñas radiodifusores comunitarias que no habían tramitado su permiso debido a las enormes complicaciones administrativas que encontraban para ello. Una docena de estas radios comunitarias, no obstante, obtuvo permisos legales durante el gobierno anterior.

   El presidente Calderón afirmó, antes de recibir una emocionada ovación: “no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos, nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”.

   Tiene toda la razón. Sin embargo no quedó claro si se refería a las radiodifusoras que el año pasado fueron ocupadas en Oaxaca o al violento asalto que hace menos de 5 años, en diciembre de 2002, ordenó el empresario Ricardo Salinas Pliego contra las instalaciones de transmisión del Canal 40.

   Si el presidente Calderón toma en serio sus propias palabras, su gobierno tendría que revisar el litigio, aun no concluido, entre Televisión Azteca y el concesionario legítimo del Canal 40.

   Todavía está por verse si, en sus relaciones con los consorcios de televisión y radio, el gobierno promoverá el cumplimiento y la actualización de la ley o se conformará con un poder y una presencia política diferidos.

La Crónica de Hoy, jueves 27 de septiembre de 2007

   El manotazo que el presidente Calderón dio el viernes sobre la mesa del escenario público mexicano tendría que suscitar más inquietudes y, sobre todo, decisiones más claras por parte del poder político. Ante un heterogéneo elenco integrado por mujeres y hombres a quienes una revista presuntamente especializada en ese tema ha calificado como líderes mexicanos, el presidente de la República enderezó una vehemente serie de reproches que dejaron aturdida a su audiencia y confundidos a la mayor parte de los medios de comunicación.

   Evidentemente el presidente Felipe Calderón estaba molesto. Quizá lo estaba con la ceremonia misma, en donde le ratificaban el reconocimiento como líder nacional frente a 300 personas catalogadas con la misma distinción. Posiblemente no se consideró idéntico a todas ellas, lo cual es comprensible si se advierte que en ese grupo había empresarios, comunicadores, políticos, deportistas y artistas, entre otros, de muy variadas aptitudes pero sobre todo de diversas y hasta contradictorias condiciones y famas públicas.

   También es probable que el presidente de la República haya desahogado en aquel encuentro la irritación acumulada por simulaciones y excesos de no pocos miembros de las elites económicas y políticas que suelen acudir a los gobernantes en busca de mayores privilegios. La recriminación a quienes se enriquecen a costa del esfuerzo de otros fue insoslayable: “Cuántas veces en nuestro México se ha roto nuestro tiempo, cuántas veces hemos perdido, cuántas crisis económicas en nuestro México reciente han mandado a más de la mitad de los mexicanos a la miseria otra vez. Cuántas fortunas se han construido sobre la sangre y sobre el dolor de esa mitad de mexicanos”.

   No sabemos cuántas, aunque no es difícil identificar a varios de los beneficiarios de tales fortunas. Con esa admonición el presidente convirtió a una ceremonia rutinaria en lo que posiblemente será uno de los momentos de inflexión más importantes en el transcurso de su gobierno.

   El presidente habló de congruencia. Jorge Ferráez, uno de los editores de la revista Líderes mexicanos, había dicho que los entrevistados en esa publicación suelen tener un sueño. Pero, dijo Calderón, “creer en algo implica también tener la fuerza para sostenerlo, no sólo la fuerza, sino la congruencia vital, escasa en nuestro tiempo, de ser coherente entre lo que se piensa y lo que se dice y todavía más escasa y quizá especie en extinción, la congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace”.

   Más tarde, aunque en una alusión un tanto oscura (aparentemente se refería al poeta T.S. Eliot) recalcó: “cuando el que es congruente es capaz de sacrificar y de mover, y cuando el que piensa, cree y hace lo que es congruente, es capaz de escapar a lo que los demás dicen, es capaz de ser, como dice Eliot, el fugitivo”.

   Así que si es consecuente con ese elogio de la congruencia, los hechos próximos del presidente Calderón tendrían que ser resultado de los dichos que con tanta elocuencia expresó. Decir que tenemos una sociedad profundamente desigual se ha convertido en lugar común. Pero que el presidente de la República cuestione las fortunas amasadas a costa del sacrificio de los mexicanos no es poca cosa.

   La consecuencia de ese diagnóstico, para que hubiera congruencia, necesitaría traducirse en una política económica capaz de redistribuir aunque sea parte de las fortunas que tienen unos cuantos en beneficio de los muchos que tienen casi nada. Y en una sociedad moderna y a la vez democrática únicamente hay un camino para emprender una operación redistributiva de esa índole: que el Estado tenga más recursos de origen fiscal.

   Quizá la exasperación del presidente Calderón esté relacionada con las egoístas reticencias de los dueños y beneficiarios del dinero para admitir del todo la tímida reforma fiscal que el gobierno propuso hace algunos meses. Las decisiones que, en ese terreno, tomó hace dos semanas el Congreso, significan un paliativo importante pero sobre todo insuficiente para que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de política social.

   El pequeño aumento que se dispuso al precio de la gasolina –y que ayer el presidente anunció que sería efectivo hasta el año próximo– fue una medida obligada por los tijeretazos que los grupos parlamentarios le impusieron a la propuesta inicial del Poder Ejecutivo. Todos los partidos son exigentes cuando señalan rezagos en las políticas públicas pero, en México, ninguno de ellos se arriesga con aumentos de impuestos como los que resultarían necesarios para proporcionarle al Estado una auténtica plataforma que le permitiera atender a la sociedad. La falta de compromiso con la cuestión fiscal es uno de los comportamientos que impiden considerar al PRD como auténtico partido de izquierda. Y en la reserva del PAN y el PRI para entrar a una verdadera reforma fiscal suelen influir los intereses de grupos empresariales.

   No sería inverosímil que esas circunstancias hayan estado presentes en el ánimo del presidente Calderón cuando expuso su concepción sobre el liderazgo que requiere el país. Los líderes que estaban presentes en aquella reunión y los que han sido catalogados como tales por la mencionada revista tuvieron, dijo, “más posibilidades que una niña que ni siquiera llegó a los dos años de edad en la montaña de Guerrero”. Todos ellos, disfrutaron de “más oportunidades que una joven en las orillas de Chimalhuacán que ha sido prostituida a sus 13 años en La Merced en la ciudad de México”.

   El país, de acuerdo con el razonamiento social del presidente, tiene más exigencias hacia ellos que para mexicanos como esas niñas. De allí que “esta minoría selecta, esta élite, tiene una responsabilidad enorme con su generación y con nuestro tiempo; pienso que esta minoría selecta que a final de cuentas marca cadencias en una generación, tiene mucho más que hacer que los demás”.

   A esas alturas de su discurso, que fue improvisado según las escasas crónicas periodísticas sobre ese acto, Calderón estaba claramente disgustado. No por la riqueza y las virtudes desarrolladas por tan variados dirigentes nacionales sino por la ausencia, o la insuficiencia, de su compromiso social. Entonces acudió a José Ortega y Gasset para hablar de las generaciones que se abandonan a un destino arrellanado y transcurren sin dejar huella en la historia: “se pierden, se hunden, se callan, se opacan en la mediocridad, se opacan en el miedo, en el temor, en la desesperanza, en la inercia”, dijo.

   No hay duda de que la que hemos tenido hasta ahora en la conducción de los asuntos nacionales –y no nos referimos únicamente al gobierno sino también a los negocios, los gremios e incluso el pensamiento crítico, entre otras áreas– ha sido una generación de miras estrechas en comparación con los desafíos del país. Cuando Ortega y Gasset se refería a ese asunto (especialmente en El tema de nuestro tiempo, publicado en 1923) era para explicar que una generación son las masas y los sujetos destacados que las componen. Aunque esa distinción entre “los individuos superiores y la muchedumbre vulgar” es bastante chocante, precisamente porque no reconoce la disparidad de oportunidades que hay en toda sociedad desigual, a Ortega le sirve para no incurrir en una interpretación colectivista ni individualista de la historia.

   A Calderón lo que le interesaba subrayar en su alocución del viernes 21 de septiembre era el exiguo compromiso de los líderes y su reticencia para coincidir en una idea común acerca del país que pretenden. A veces, recordó, “ese pequeño grupo de periodistas y de deportistas y de artistas y de políticos y de servidores públicos y de trabajadores, hace a un lado la gran tentación humana de quedarse sentado a la orilla del camino”. Entonces es “cuando esas minorías selectas y sus muchedumbres que la siguen transforman la historia”.

   La preeminencia de intereses particulares por encima de lo que a falta de mejor definición podríamos denominar como el interés nacional así como la profusión de rencillas, confusiones e incluso simplezas y torpezas que dominan el escenario público, son para inquietar a cualquiera que intente pensar en el futuro del país más allá de la agobiada coyuntura de todos los días. No sólo carecemos de liderazgos dignos de ese nombre. Tampoco tenemos un proyecto de país en torno al cual podamos articular decisiones y compromisos de los sectores fundamentales.

   Apenas unos días antes de su severo discurso, el presidente Calderón conoció las presiones de los dueños de las empresas mediáticas más importantes que han intentado frenar el proceso de reformas constitucionales en materia de comunicación y política. Por esas mismas fechas las fotografías del rancho de Vicente Fox ya eran escándalo mediático y político. El discurso del presidente, en cambio, pasó desapercibido en muchos noticieros y periódicos.

   Quién sabe en qué medida la codicia de los barones mediáticos y la impudicia de Fox y su esposa influyeron en el ánimo presidencial. Pero sin duda a unos y otros les quedaba como mandada a hacer la descripción que Calderón hizo, aparentemente recordando a Gandhi, de las faltas en las que pueden incurrir quienes tienen a su cargo decisiones importantes: “pecados nuestros verdaderamente son: uno, hacer política sin principios; hacer comercio sin moral, hacer oración sin sacrificio”.

   No conocemos a ciencia cierta a qué personas o instituciones se refería. Pero podríamos pensar en algunos comunicadores destacados cuando Calderón ambiciona “un México distinto al de la oruga docta que pontifica y se sube allá a su torre de marfil y que tarde o temprano queda convertida en pedestal de imbéciles”.

   Son palabras durísimas. No tardaremos en saber si obedecieron a convicciones ya decantadas o simplemente a un arrebato momentáneo. Cuando vienen del poder político, no es difícil advertir la distancia de los dichos a los hechos. Al presidente Calderón, que por lo visto es aficionado a ese pensador español, quizá no le resulte ajena esta frase de Ortega y Gasset cuando decía que, en su país: “A la república solo ha de salvarla pensar en grande, sacudirse de lo pequeño y proyectar hacia lo porvenir”. Si el presidente se resolviera, está a tiempo de emprender o al menos de intentar con seriedad un cambio de esa índole. Claro, si realmente eso es lo que quiere.

La Crónica de Hoy, 21 de junio de 2007

Decepcionante. Limitada. Tímida. A las iniciativas de ingresos que presentó ayer el gobierno federal es difícil denominarlas reforma fiscal, por lo menos de acuerdo con el sentido transformador y casi redentor que se le ha adjudicado a ese término. Los nuevos impuestos en realidad no son tales: funcionarán, en lo fundamental, como instrumentos para garantizar el pago de los gravámenes que ya existen. A la economía informal únicamente se la condena a dosificar sus depósitos bancarios o a prescindir de ellos. A los estados y municipios se les confieren atribuciones un poco más amplias pero siempre dentro del mismo esquema fiscal que ha existido hasta ahora.

   Con el más importante de los impuestos cuya aprobación le propuso ayer la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión, así como con las tímidas medidas contra la evasión fiscal que forman parte de ese paquete de iniciativas, el gobierno espera aumentar sus ingresos en 1.5 puntos del PIB en 2008 para llegar a 2.8 puntos en 2012.

   Toda la arquitectura del paquete fiscal se encuentra articulada por esos objetivos. Y ellos, dependen del éxito que tengan las estimaciones realizadas por el secretario Agustín Carstens y su equipo.

   Para que esas metas pudieran alcanzarse, sería necesario que la nueva “Contribución empresarial a tasa única” realmente sirva, según se indica en la iniciativa correspondiente, “como un impuesto de control para el ISR, gravando con una tasa del 19% los ingresos después de deducir la inversión y la adquisición o renta de los bienes y servicios independientes”.

   Las empresas y las personas físicas con actividad empresarial tendrán que pagar ese porcentaje (que será inicialmente del 16% para aumentar tres puntos hasta 2009) a cuenta del impuesto sobre la renta que deberían entregar tanto por sus propios ingresos como por los que retienen a sus clientes. Pero aunque se dice que ese impuesto “hace más equitativa la tributación”, influirá fundamentalmente sobre aquellos que ya cumplen con sus obligaciones fiscales y no implica un paso sustancial para forzar al pago de contribuciones al amplio universo de evasores.

   Esa contribución podría ser atenuada con un crédito para estimular la creación de empleos pero cuyas reglas (establecidas en el “Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y se Establece el Subsidio para el Empleo”, ¡uf!) son inversamente proporcionales a cualquier intento para simplificar los procedimientos fiscales.

   La “CETU”, que es como se abrevia la nueva contribución, sustituiría al Impuesto al Activo. Pero los cálculos que se hacen acerca de su eficacia son mucho más difusos que las obligaciones inmediatas que impondrá a quienes ya son contribuyentes.

   Una segunda iniciativa que el Congreso tiene desde ayer bajo su consideración es la “Ley del impuesto contra la informalidad” que gravaría con una tasa del 2% los impuestos en efectivo cuyo monto acumulado sea mayor a 20 mil pesos y que, en un mes, sean realizados en la o las cuentas bancarias de personas físicas o morales. Ese también es un impuesto de control con el que se pretende fiscalizar las actividades de quienes, encontrándose en la economía informal, no suelen hacer declaración fiscal.

   De inicio, ese impuesto reconoce el fracaso en el seguimiento de las cuentas bancarias que la Secretaría de Hacienda anunció hace varios años que emprendería precisamente para determinar si el pago de impuestos correspondía a los ingresos que declarasen o dejasen de manifestar los contribuyentes. La nueva medida podría desalentar la utilización de cuentas bancarias y quizá propiciar el surgimiento de otros mecanismos para guardar e invertir el dinero de quienes tienen ganancias en actividades por las cuales no declaran impuestos.

   Los estados y municipios reciben una parcial satisfacción al perenne reclamo para intervenir más y con mejores beneficios en la recaudación fiscal. Una propuesta de reforma constitucional que forma parte del paquete anunciado ayer les permitiría a los estados crear impuestos para la venta final de gasolinas, diesel, tabacos y cervezas. Los municipios recibirían al menos la quinta parte de esa recaudación. También se propone sustituir la tenencia vehicular con impuestos estatales pero… hasta el año 2014.

   En otra iniciativa, el gobierno propone gravar con un recargo del 20% la participación en juegos con apuestas y sorteos. Y, sorprendentemente, se propone una tasa del 50% a la venta de pinturas en aerosol. Los motivos para ese inesperado cuan elevado impuesto no son financieros sino patrimoniales y, quizá, estéticos: se busca, dice uno de los documentos de Hacienda, “desalentar la pinta de bienes inmuebles públicos y privados, en algunos casos monumentos históricos, oficinas, fábricas, casas habitación y medios de transporte público y privado”.

   El impuesto anti graffiti podría inaugurar una curiosa filosofía fiscal. Para evitar los accidentes automovilísticos se podrían incrementar los gravámenes a las gasolinas (mientras menos coches más peatones a salvo); o para que lleguemos a estar a salvo de las marchas callejeras podría haber un impuesto especial a los zapatos, de tal manera que los marchistas consuetudinarios lo pensaran dos veces antes de gastar las suelas así encarecidas.

   Ya en serio, la debilidad fundamental de las propuestas que ayer presentó el gobierno del presidente Felipe Calderón es la ausencia de intención alguna para gravar los ingresos de quienes más dinero ganan en este país.

   Las iniciativas del Dr. Carstens y sus asesores son muy imaginativas. Pero le dan la vuelta a los únicos mecanismos fundamentales que existen para expandir la recaudación. El primero de ellos, Perogrullo dixit, es aumentar los impuestos. El otro, es combatir la evasión.

   Para aumentar los impuestos (asunto que a nadie le gusta pero que suele definir la diferencia entre los gobiernos que toman decisiones necesarias y los que solamente deciden cuando con ello quedan bien con la sociedad o algunos de sus grupos de interés) solamente hay dos caminos básicos: gravar el consumo o gravar los ingresos.

   La primera posibilidad ha sido vetada por algunos de los partidos nacionales, a pesar de los estudios que han demostrado que la generalización del IVA haría pagar mucho más a los que más gastan que a los pobres. La otra, consiste en gravar las ganancias. Sobre todo las ganancias más altas comenzando, por ejemplo, por aquellas que resultan de actividades especulativas como sucede con las inversiones en las bolsas de valores.

   Esa es la reforma fiscal que el doctor Carstens y el maestro Calderón se han negado a impulsar. En vez de ella presentaron las ingeniosas propuestas que desde ayer deben estar estudiando senadores y diputados. El diagnóstico que se ofrece en la presentación de tales iniciativas quizá es impecable: la recaudación en México es menor al 10% del PIB, la tercera parte de los ingresos del sector público provienen del petróleo, la tasa de evasión en el pago del ISR y el IVA es del 27% sobre la recaudación potencial. Tenemos muchas necesidades e insuficientes ingresos.

   Si la propuesta fiscal presentada ayer tiene éxito significaría, en el mejor de los casos, un incremento, dentro de 5 años, de aproximadamente el 10% en los ingresos del sector público. Actualmente, con datos para 2006, el total de esos ingresos equivalen al 24.7% del Producto Interno Bruto. La estimación de Hacienda supone que entre CETU y mejorías en la eficiencia recaudatoria, la Federación podría recibir ingresos adicionales equivalentes al 2.8% del PIB para 2012.

   En 2008, esos rubros significarían una mejoría del 1.5% –siempre respecto del PIB– que equivalen más o menos a la séptima parte del total de los ingresos no petroleros que recibe el gobierno federal (y que ascienden a 11 puntos del PIB).

   Desde luego, no se trata de montos desdeñables. El 1.5% del PIB equivale a casi todo el gasto educativo que la Federación realizó el año pasado. El 2.8%, que es la meta para 2012, equivaldría al gasto programable que el año pasado ejerció el gobierno federal en Agricultura y Desarrollo Rural, Educación, Desarrollo Social y Salud (rubros que significaron, respectivamente, 0.5%, 1.6%, 0.3% y 0.4% del PIB). No es poco, pero no basta. Esa, junto con la razonable incertidumbre que se puede tener respecto de las metas que anuncia, es la otra flaqueza de la propuesta fiscal del gobierno.

SOCIEDAD Y PODER

Raúl Trejo Delarbre

Publicado en La Crónica de Hoy el jueves 1 de marzo de 2007 

   La escena no podía ser más emblemática de los peliagudos cuan contradictorios tiempos actuales. Felipe Calderón, militante de toda la vida de una oposición que cuestionaba con invariable aspereza los vicios del viejo corporativismo sindical, ahora que es presidente acude nada menos que a la cueva de aquellos arcaicos líderes. Allí estaba el 24 de febrero, para conmemorar los 71 años de la CTM. Centenares de trabajadores lo vitorearon, no porque esa fuera su convicción sino porque así les exigían los animadores de aquella ceremonia, cuando después de su discurso recibió el saludo de Joaquín Gamboa Pascoe.   

   Se trata del líder que arribó a la dirigencia de la CTM hace 19 meses, a la muerte de Leonardo Rodríguez Alcaine. No tiene la picardía del atrabiliario dirigente electricista pero en alguna ocasión se permitió desplantes como cuando hacia 1988, siendo líder de los trabajadores del Distrito Federal, les replicó a varios reporteros que le preguntaron si no era inadecuado que él anduviera en automóviles ostentosos. “¡Qué les pasa! ¿Qué, porque los trabajadores están jodidos yo también debo estarlo?”.  

   Es el mismo Gamboa Pascoe que por aquellas fechas perdió ante Porfirio Muñoz Ledo la elección para senador en el DF. El mismo que fue señalado como beneficiario de la construcción de decenas de miles de casas con recursos del Infonavit. Distante de la austeridad que Fidel Velázquez procuraba exhibir Gamboa Pascoe, aficionado a los safaris en África, ha sido todo desplante, todo oropel, todo bluff.   

   Ese es el dirigente a quien el presidente Calderón fue a saludar en  su mismísima guarida, hoy tan deteriorada que apenas si se sostiene gracias a la inexistencia de corrientes que pugnen por la democracia en los sindicatos y a la complacencia del gobierno que en este nuevo sexenio panista, a la usanza del convenenciero priismo, sigue alentando una relación de condescendencias y simulaciones respecto del viejo corporativismo sindical.  

   “Don Joaquín”, como le dijo el presidente, está llegando a los 80 años y fue beneficiario del nepotismo que coloca en posiciones de responsabilidad pública a los yernos de desprestigiados dirigentes sindicales. Su suegro era Jesús Yurén, uno de los “cinco lobitos” que tomaron el control de la CTM y le heredó la dirigencia de la Federación de Trabajadores del DF.   

   No dudamos que el presidente de la República haya tenido que hacer de tripas corazón para mostrarse tan complaciente con Gamboa Pascoe. Las responsabilidades del gobierno imponen esas y hasta peores amarguras. Calderón no puede rehusar apoyo alguno y aunque la CTM se encuentra tan alicaída que prácticamente nadie se acordaba de ella, quizá en el gobierno hay quienes creen –erróneamente– que todavía representa a núcleos importantes de trabajadores.   

   Aunque se trataba de una visita de cortesía y desde luego de avenencia política, al presidente no le hacía falta prodigarse en elogios tan desmedidos como cuando aseguró que la CTM “para el gobierno tiene un reconocimiento especial, porque se trata de una organización que demanda, pero también propone, que cuestiona, pero que sobre todo construye, que trabaja  y trabaja intensamente por el bienestar de sus agremiados y por el bien de México”.  

   Quizá el presidente Calderón se dejó llevar por el entusiasmo postizo que lo rodeaba. Pero se le pasó la mano. Esas frases, tan laudatorias como huecas, son idénticas a las que pronunciaban los presidentes del antiguo régimen pero ellos al menos eran del mismo partido que los líderes cetemistas. Y quizá ninguno de ellos, acaso porque conocían a ese podrido sindicalismo mucho mejor que Calderón, llegó a ensanchar de manera tan artificiosa la membresía de la CTM: “Sé que dirigirme a ustedes, señor secretario, señores dirigentes, señoras y señores, es dirigirme a millones y millones de trabajadores en todo México”.   

    Y eso no es cierto. Javier Aguilar García, que es el estudioso más serio y sistemático de la situación de la CTM, ha estimado que hace algunos años la afiliación de esa central se había reducido a menos de 900 mil trabajadores. E iba para abajo: posiblemente hoy los cetemistas son menos de 500 mil. Así que si al presidente Calderón le dijeron que hablaría ante los líderes de millones, simplemente lo engañaron.  

   Es natural, incluso deseable, que el gobierno tienda puentes con todas las fuerzas de la sociedad. Si ha de impulsar algunas de las muchas reformas que prometió –y respecto de las cuales tendrá que emprenderse un inicial corte de caja la próxima semana, cuando se cumplan los primeros 100 días de esta administración– Calderón requiere suficientes aliados. Pero con socios políticos como Gamboa Pascoe el presidente no llegará lejos.  

   En el terreno del sindicalismo la contracción política del sector encabezado por los telefonistas y la UNT, que no se reponen de la equivocada apuesta que hicieron por López Obrador, ha impedido que Calderón encuentre allí la interlocución que habían tenido otros gobiernos. E incluso la UNT, y sus dirigentes, se parecen cada vez más al sindicalismo estancado y a los líderes auto perpetuados en las secretarías generales a quienes tanto combatieron hace tres décadas.  

    Es comprensible que Calderón procure no desperdiciar cualquier ocasión para acercarse al llamado mundo del trabajo. Pero no necesita hacerlo de manera tan reverente.   

   Quizá sería mucho pedir que, desde su posición actual, el presidente recupere aquellos principios del PAN que con perspectivas conservadoras, pero de talante democrático, consideraban que el viejo sindicalismo aherrojaba la libertad y la dignidad de los trabajadores. Pero podría recordar los varios proyectos de reforma laboral que se encuentran estancados desde hace años y que, con matices distintos, coinciden en establecer normas para propiciar la participación de sus agremiados en la vida de los sindicatos.   

   El presidente podría reconocer, por lo menos, que al hablar frente a los anticuados dirigentes sindicales no necesariamente se dirige a los trabajadores de los sindicatos encabezados por esos líderes. Quizá entonces consiga conciliar, en esos difíciles trances, la ética con la estética. No vaya a ser que a fuerza de departir y convenir con ellos Calderón comience a parecerse a esos dirigentes espurios a los que tanto cuestionó en otros tiempos y con los que ahora, ni modo, tiene que alternar. 

Decíamos ayer  

   Estoy de vuelta en Crónica gracias a una muy amable invitación de su director general, Guillermo Ortega Ruiz. Fui colaborador del diario durante nueve años, hasta junio de 2005. Ahora que regreso no puedo ni querría dejar de reconocer la talentosa conducción que ejerció Pablo Hiriart en esta casa editorial, de la que es fundador y a quien se deben los méritos primordiales que ha tenido el periódico.   

   Como lector que antes que nada soy de Crónica, lamento el alejamiento reciente de varios de sus colaboradores más perspicaces y entiendo los diferentes motivos de su ausencia en estas páginas. Estoy convencido de que en la medida en que mantenga el respeto que ha tenido hacia la opinión crítica y profundice su compromiso con la diversidad y el profesionalismo editoriales, este diario conservará e intensificará la presencia pública que ha alcanzado.  –0–