La Crónica de Hoy, jueves 27 de septiembre de 2007

   El manotazo que el presidente Calderón dio el viernes sobre la mesa del escenario público mexicano tendría que suscitar más inquietudes y, sobre todo, decisiones más claras por parte del poder político. Ante un heterogéneo elenco integrado por mujeres y hombres a quienes una revista presuntamente especializada en ese tema ha calificado como líderes mexicanos, el presidente de la República enderezó una vehemente serie de reproches que dejaron aturdida a su audiencia y confundidos a la mayor parte de los medios de comunicación.

   Evidentemente el presidente Felipe Calderón estaba molesto. Quizá lo estaba con la ceremonia misma, en donde le ratificaban el reconocimiento como líder nacional frente a 300 personas catalogadas con la misma distinción. Posiblemente no se consideró idéntico a todas ellas, lo cual es comprensible si se advierte que en ese grupo había empresarios, comunicadores, políticos, deportistas y artistas, entre otros, de muy variadas aptitudes pero sobre todo de diversas y hasta contradictorias condiciones y famas públicas.

   También es probable que el presidente de la República haya desahogado en aquel encuentro la irritación acumulada por simulaciones y excesos de no pocos miembros de las elites económicas y políticas que suelen acudir a los gobernantes en busca de mayores privilegios. La recriminación a quienes se enriquecen a costa del esfuerzo de otros fue insoslayable: “Cuántas veces en nuestro México se ha roto nuestro tiempo, cuántas veces hemos perdido, cuántas crisis económicas en nuestro México reciente han mandado a más de la mitad de los mexicanos a la miseria otra vez. Cuántas fortunas se han construido sobre la sangre y sobre el dolor de esa mitad de mexicanos”.

   No sabemos cuántas, aunque no es difícil identificar a varios de los beneficiarios de tales fortunas. Con esa admonición el presidente convirtió a una ceremonia rutinaria en lo que posiblemente será uno de los momentos de inflexión más importantes en el transcurso de su gobierno.

   El presidente habló de congruencia. Jorge Ferráez, uno de los editores de la revista Líderes mexicanos, había dicho que los entrevistados en esa publicación suelen tener un sueño. Pero, dijo Calderón, “creer en algo implica también tener la fuerza para sostenerlo, no sólo la fuerza, sino la congruencia vital, escasa en nuestro tiempo, de ser coherente entre lo que se piensa y lo que se dice y todavía más escasa y quizá especie en extinción, la congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace”.

   Más tarde, aunque en una alusión un tanto oscura (aparentemente se refería al poeta T.S. Eliot) recalcó: “cuando el que es congruente es capaz de sacrificar y de mover, y cuando el que piensa, cree y hace lo que es congruente, es capaz de escapar a lo que los demás dicen, es capaz de ser, como dice Eliot, el fugitivo”.

   Así que si es consecuente con ese elogio de la congruencia, los hechos próximos del presidente Calderón tendrían que ser resultado de los dichos que con tanta elocuencia expresó. Decir que tenemos una sociedad profundamente desigual se ha convertido en lugar común. Pero que el presidente de la República cuestione las fortunas amasadas a costa del sacrificio de los mexicanos no es poca cosa.

   La consecuencia de ese diagnóstico, para que hubiera congruencia, necesitaría traducirse en una política económica capaz de redistribuir aunque sea parte de las fortunas que tienen unos cuantos en beneficio de los muchos que tienen casi nada. Y en una sociedad moderna y a la vez democrática únicamente hay un camino para emprender una operación redistributiva de esa índole: que el Estado tenga más recursos de origen fiscal.

   Quizá la exasperación del presidente Calderón esté relacionada con las egoístas reticencias de los dueños y beneficiarios del dinero para admitir del todo la tímida reforma fiscal que el gobierno propuso hace algunos meses. Las decisiones que, en ese terreno, tomó hace dos semanas el Congreso, significan un paliativo importante pero sobre todo insuficiente para que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de política social.

   El pequeño aumento que se dispuso al precio de la gasolina –y que ayer el presidente anunció que sería efectivo hasta el año próximo– fue una medida obligada por los tijeretazos que los grupos parlamentarios le impusieron a la propuesta inicial del Poder Ejecutivo. Todos los partidos son exigentes cuando señalan rezagos en las políticas públicas pero, en México, ninguno de ellos se arriesga con aumentos de impuestos como los que resultarían necesarios para proporcionarle al Estado una auténtica plataforma que le permitiera atender a la sociedad. La falta de compromiso con la cuestión fiscal es uno de los comportamientos que impiden considerar al PRD como auténtico partido de izquierda. Y en la reserva del PAN y el PRI para entrar a una verdadera reforma fiscal suelen influir los intereses de grupos empresariales.

   No sería inverosímil que esas circunstancias hayan estado presentes en el ánimo del presidente Calderón cuando expuso su concepción sobre el liderazgo que requiere el país. Los líderes que estaban presentes en aquella reunión y los que han sido catalogados como tales por la mencionada revista tuvieron, dijo, “más posibilidades que una niña que ni siquiera llegó a los dos años de edad en la montaña de Guerrero”. Todos ellos, disfrutaron de “más oportunidades que una joven en las orillas de Chimalhuacán que ha sido prostituida a sus 13 años en La Merced en la ciudad de México”.

   El país, de acuerdo con el razonamiento social del presidente, tiene más exigencias hacia ellos que para mexicanos como esas niñas. De allí que “esta minoría selecta, esta élite, tiene una responsabilidad enorme con su generación y con nuestro tiempo; pienso que esta minoría selecta que a final de cuentas marca cadencias en una generación, tiene mucho más que hacer que los demás”.

   A esas alturas de su discurso, que fue improvisado según las escasas crónicas periodísticas sobre ese acto, Calderón estaba claramente disgustado. No por la riqueza y las virtudes desarrolladas por tan variados dirigentes nacionales sino por la ausencia, o la insuficiencia, de su compromiso social. Entonces acudió a José Ortega y Gasset para hablar de las generaciones que se abandonan a un destino arrellanado y transcurren sin dejar huella en la historia: “se pierden, se hunden, se callan, se opacan en la mediocridad, se opacan en el miedo, en el temor, en la desesperanza, en la inercia”, dijo.

   No hay duda de que la que hemos tenido hasta ahora en la conducción de los asuntos nacionales –y no nos referimos únicamente al gobierno sino también a los negocios, los gremios e incluso el pensamiento crítico, entre otras áreas– ha sido una generación de miras estrechas en comparación con los desafíos del país. Cuando Ortega y Gasset se refería a ese asunto (especialmente en El tema de nuestro tiempo, publicado en 1923) era para explicar que una generación son las masas y los sujetos destacados que las componen. Aunque esa distinción entre “los individuos superiores y la muchedumbre vulgar” es bastante chocante, precisamente porque no reconoce la disparidad de oportunidades que hay en toda sociedad desigual, a Ortega le sirve para no incurrir en una interpretación colectivista ni individualista de la historia.

   A Calderón lo que le interesaba subrayar en su alocución del viernes 21 de septiembre era el exiguo compromiso de los líderes y su reticencia para coincidir en una idea común acerca del país que pretenden. A veces, recordó, “ese pequeño grupo de periodistas y de deportistas y de artistas y de políticos y de servidores públicos y de trabajadores, hace a un lado la gran tentación humana de quedarse sentado a la orilla del camino”. Entonces es “cuando esas minorías selectas y sus muchedumbres que la siguen transforman la historia”.

   La preeminencia de intereses particulares por encima de lo que a falta de mejor definición podríamos denominar como el interés nacional así como la profusión de rencillas, confusiones e incluso simplezas y torpezas que dominan el escenario público, son para inquietar a cualquiera que intente pensar en el futuro del país más allá de la agobiada coyuntura de todos los días. No sólo carecemos de liderazgos dignos de ese nombre. Tampoco tenemos un proyecto de país en torno al cual podamos articular decisiones y compromisos de los sectores fundamentales.

   Apenas unos días antes de su severo discurso, el presidente Calderón conoció las presiones de los dueños de las empresas mediáticas más importantes que han intentado frenar el proceso de reformas constitucionales en materia de comunicación y política. Por esas mismas fechas las fotografías del rancho de Vicente Fox ya eran escándalo mediático y político. El discurso del presidente, en cambio, pasó desapercibido en muchos noticieros y periódicos.

   Quién sabe en qué medida la codicia de los barones mediáticos y la impudicia de Fox y su esposa influyeron en el ánimo presidencial. Pero sin duda a unos y otros les quedaba como mandada a hacer la descripción que Calderón hizo, aparentemente recordando a Gandhi, de las faltas en las que pueden incurrir quienes tienen a su cargo decisiones importantes: “pecados nuestros verdaderamente son: uno, hacer política sin principios; hacer comercio sin moral, hacer oración sin sacrificio”.

   No conocemos a ciencia cierta a qué personas o instituciones se refería. Pero podríamos pensar en algunos comunicadores destacados cuando Calderón ambiciona “un México distinto al de la oruga docta que pontifica y se sube allá a su torre de marfil y que tarde o temprano queda convertida en pedestal de imbéciles”.

   Son palabras durísimas. No tardaremos en saber si obedecieron a convicciones ya decantadas o simplemente a un arrebato momentáneo. Cuando vienen del poder político, no es difícil advertir la distancia de los dichos a los hechos. Al presidente Calderón, que por lo visto es aficionado a ese pensador español, quizá no le resulte ajena esta frase de Ortega y Gasset cuando decía que, en su país: “A la república solo ha de salvarla pensar en grande, sacudirse de lo pequeño y proyectar hacia lo porvenir”. Si el presidente se resolviera, está a tiempo de emprender o al menos de intentar con seriedad un cambio de esa índole. Claro, si realmente eso es lo que quiere.

La Crónica de Hoy, 21 de junio de 2007

Decepcionante. Limitada. Tímida. A las iniciativas de ingresos que presentó ayer el gobierno federal es difícil denominarlas reforma fiscal, por lo menos de acuerdo con el sentido transformador y casi redentor que se le ha adjudicado a ese término. Los nuevos impuestos en realidad no son tales: funcionarán, en lo fundamental, como instrumentos para garantizar el pago de los gravámenes que ya existen. A la economía informal únicamente se la condena a dosificar sus depósitos bancarios o a prescindir de ellos. A los estados y municipios se les confieren atribuciones un poco más amplias pero siempre dentro del mismo esquema fiscal que ha existido hasta ahora.

   Con el más importante de los impuestos cuya aprobación le propuso ayer la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión, así como con las tímidas medidas contra la evasión fiscal que forman parte de ese paquete de iniciativas, el gobierno espera aumentar sus ingresos en 1.5 puntos del PIB en 2008 para llegar a 2.8 puntos en 2012.

   Toda la arquitectura del paquete fiscal se encuentra articulada por esos objetivos. Y ellos, dependen del éxito que tengan las estimaciones realizadas por el secretario Agustín Carstens y su equipo.

   Para que esas metas pudieran alcanzarse, sería necesario que la nueva “Contribución empresarial a tasa única” realmente sirva, según se indica en la iniciativa correspondiente, “como un impuesto de control para el ISR, gravando con una tasa del 19% los ingresos después de deducir la inversión y la adquisición o renta de los bienes y servicios independientes”.

   Las empresas y las personas físicas con actividad empresarial tendrán que pagar ese porcentaje (que será inicialmente del 16% para aumentar tres puntos hasta 2009) a cuenta del impuesto sobre la renta que deberían entregar tanto por sus propios ingresos como por los que retienen a sus clientes. Pero aunque se dice que ese impuesto “hace más equitativa la tributación”, influirá fundamentalmente sobre aquellos que ya cumplen con sus obligaciones fiscales y no implica un paso sustancial para forzar al pago de contribuciones al amplio universo de evasores.

   Esa contribución podría ser atenuada con un crédito para estimular la creación de empleos pero cuyas reglas (establecidas en el “Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y se Establece el Subsidio para el Empleo”, ¡uf!) son inversamente proporcionales a cualquier intento para simplificar los procedimientos fiscales.

   La “CETU”, que es como se abrevia la nueva contribución, sustituiría al Impuesto al Activo. Pero los cálculos que se hacen acerca de su eficacia son mucho más difusos que las obligaciones inmediatas que impondrá a quienes ya son contribuyentes.

   Una segunda iniciativa que el Congreso tiene desde ayer bajo su consideración es la “Ley del impuesto contra la informalidad” que gravaría con una tasa del 2% los impuestos en efectivo cuyo monto acumulado sea mayor a 20 mil pesos y que, en un mes, sean realizados en la o las cuentas bancarias de personas físicas o morales. Ese también es un impuesto de control con el que se pretende fiscalizar las actividades de quienes, encontrándose en la economía informal, no suelen hacer declaración fiscal.

   De inicio, ese impuesto reconoce el fracaso en el seguimiento de las cuentas bancarias que la Secretaría de Hacienda anunció hace varios años que emprendería precisamente para determinar si el pago de impuestos correspondía a los ingresos que declarasen o dejasen de manifestar los contribuyentes. La nueva medida podría desalentar la utilización de cuentas bancarias y quizá propiciar el surgimiento de otros mecanismos para guardar e invertir el dinero de quienes tienen ganancias en actividades por las cuales no declaran impuestos.

   Los estados y municipios reciben una parcial satisfacción al perenne reclamo para intervenir más y con mejores beneficios en la recaudación fiscal. Una propuesta de reforma constitucional que forma parte del paquete anunciado ayer les permitiría a los estados crear impuestos para la venta final de gasolinas, diesel, tabacos y cervezas. Los municipios recibirían al menos la quinta parte de esa recaudación. También se propone sustituir la tenencia vehicular con impuestos estatales pero… hasta el año 2014.

   En otra iniciativa, el gobierno propone gravar con un recargo del 20% la participación en juegos con apuestas y sorteos. Y, sorprendentemente, se propone una tasa del 50% a la venta de pinturas en aerosol. Los motivos para ese inesperado cuan elevado impuesto no son financieros sino patrimoniales y, quizá, estéticos: se busca, dice uno de los documentos de Hacienda, “desalentar la pinta de bienes inmuebles públicos y privados, en algunos casos monumentos históricos, oficinas, fábricas, casas habitación y medios de transporte público y privado”.

   El impuesto anti graffiti podría inaugurar una curiosa filosofía fiscal. Para evitar los accidentes automovilísticos se podrían incrementar los gravámenes a las gasolinas (mientras menos coches más peatones a salvo); o para que lleguemos a estar a salvo de las marchas callejeras podría haber un impuesto especial a los zapatos, de tal manera que los marchistas consuetudinarios lo pensaran dos veces antes de gastar las suelas así encarecidas.

   Ya en serio, la debilidad fundamental de las propuestas que ayer presentó el gobierno del presidente Felipe Calderón es la ausencia de intención alguna para gravar los ingresos de quienes más dinero ganan en este país.

   Las iniciativas del Dr. Carstens y sus asesores son muy imaginativas. Pero le dan la vuelta a los únicos mecanismos fundamentales que existen para expandir la recaudación. El primero de ellos, Perogrullo dixit, es aumentar los impuestos. El otro, es combatir la evasión.

   Para aumentar los impuestos (asunto que a nadie le gusta pero que suele definir la diferencia entre los gobiernos que toman decisiones necesarias y los que solamente deciden cuando con ello quedan bien con la sociedad o algunos de sus grupos de interés) solamente hay dos caminos básicos: gravar el consumo o gravar los ingresos.

   La primera posibilidad ha sido vetada por algunos de los partidos nacionales, a pesar de los estudios que han demostrado que la generalización del IVA haría pagar mucho más a los que más gastan que a los pobres. La otra, consiste en gravar las ganancias. Sobre todo las ganancias más altas comenzando, por ejemplo, por aquellas que resultan de actividades especulativas como sucede con las inversiones en las bolsas de valores.

   Esa es la reforma fiscal que el doctor Carstens y el maestro Calderón se han negado a impulsar. En vez de ella presentaron las ingeniosas propuestas que desde ayer deben estar estudiando senadores y diputados. El diagnóstico que se ofrece en la presentación de tales iniciativas quizá es impecable: la recaudación en México es menor al 10% del PIB, la tercera parte de los ingresos del sector público provienen del petróleo, la tasa de evasión en el pago del ISR y el IVA es del 27% sobre la recaudación potencial. Tenemos muchas necesidades e insuficientes ingresos.

   Si la propuesta fiscal presentada ayer tiene éxito significaría, en el mejor de los casos, un incremento, dentro de 5 años, de aproximadamente el 10% en los ingresos del sector público. Actualmente, con datos para 2006, el total de esos ingresos equivalen al 24.7% del Producto Interno Bruto. La estimación de Hacienda supone que entre CETU y mejorías en la eficiencia recaudatoria, la Federación podría recibir ingresos adicionales equivalentes al 2.8% del PIB para 2012.

   En 2008, esos rubros significarían una mejoría del 1.5% –siempre respecto del PIB– que equivalen más o menos a la séptima parte del total de los ingresos no petroleros que recibe el gobierno federal (y que ascienden a 11 puntos del PIB).

   Desde luego, no se trata de montos desdeñables. El 1.5% del PIB equivale a casi todo el gasto educativo que la Federación realizó el año pasado. El 2.8%, que es la meta para 2012, equivaldría al gasto programable que el año pasado ejerció el gobierno federal en Agricultura y Desarrollo Rural, Educación, Desarrollo Social y Salud (rubros que significaron, respectivamente, 0.5%, 1.6%, 0.3% y 0.4% del PIB). No es poco, pero no basta. Esa, junto con la razonable incertidumbre que se puede tener respecto de las metas que anuncia, es la otra flaqueza de la propuesta fiscal del gobierno.

SOCIEDAD Y PODER

Raúl Trejo Delarbre

Publicado en La Crónica de Hoy el jueves 1 de marzo de 2007 

   La escena no podía ser más emblemática de los peliagudos cuan contradictorios tiempos actuales. Felipe Calderón, militante de toda la vida de una oposición que cuestionaba con invariable aspereza los vicios del viejo corporativismo sindical, ahora que es presidente acude nada menos que a la cueva de aquellos arcaicos líderes. Allí estaba el 24 de febrero, para conmemorar los 71 años de la CTM. Centenares de trabajadores lo vitorearon, no porque esa fuera su convicción sino porque así les exigían los animadores de aquella ceremonia, cuando después de su discurso recibió el saludo de Joaquín Gamboa Pascoe.   

   Se trata del líder que arribó a la dirigencia de la CTM hace 19 meses, a la muerte de Leonardo Rodríguez Alcaine. No tiene la picardía del atrabiliario dirigente electricista pero en alguna ocasión se permitió desplantes como cuando hacia 1988, siendo líder de los trabajadores del Distrito Federal, les replicó a varios reporteros que le preguntaron si no era inadecuado que él anduviera en automóviles ostentosos. “¡Qué les pasa! ¿Qué, porque los trabajadores están jodidos yo también debo estarlo?”.  

   Es el mismo Gamboa Pascoe que por aquellas fechas perdió ante Porfirio Muñoz Ledo la elección para senador en el DF. El mismo que fue señalado como beneficiario de la construcción de decenas de miles de casas con recursos del Infonavit. Distante de la austeridad que Fidel Velázquez procuraba exhibir Gamboa Pascoe, aficionado a los safaris en África, ha sido todo desplante, todo oropel, todo bluff.   

   Ese es el dirigente a quien el presidente Calderón fue a saludar en  su mismísima guarida, hoy tan deteriorada que apenas si se sostiene gracias a la inexistencia de corrientes que pugnen por la democracia en los sindicatos y a la complacencia del gobierno que en este nuevo sexenio panista, a la usanza del convenenciero priismo, sigue alentando una relación de condescendencias y simulaciones respecto del viejo corporativismo sindical.  

   “Don Joaquín”, como le dijo el presidente, está llegando a los 80 años y fue beneficiario del nepotismo que coloca en posiciones de responsabilidad pública a los yernos de desprestigiados dirigentes sindicales. Su suegro era Jesús Yurén, uno de los “cinco lobitos” que tomaron el control de la CTM y le heredó la dirigencia de la Federación de Trabajadores del DF.   

   No dudamos que el presidente de la República haya tenido que hacer de tripas corazón para mostrarse tan complaciente con Gamboa Pascoe. Las responsabilidades del gobierno imponen esas y hasta peores amarguras. Calderón no puede rehusar apoyo alguno y aunque la CTM se encuentra tan alicaída que prácticamente nadie se acordaba de ella, quizá en el gobierno hay quienes creen –erróneamente– que todavía representa a núcleos importantes de trabajadores.   

   Aunque se trataba de una visita de cortesía y desde luego de avenencia política, al presidente no le hacía falta prodigarse en elogios tan desmedidos como cuando aseguró que la CTM “para el gobierno tiene un reconocimiento especial, porque se trata de una organización que demanda, pero también propone, que cuestiona, pero que sobre todo construye, que trabaja  y trabaja intensamente por el bienestar de sus agremiados y por el bien de México”.  

   Quizá el presidente Calderón se dejó llevar por el entusiasmo postizo que lo rodeaba. Pero se le pasó la mano. Esas frases, tan laudatorias como huecas, son idénticas a las que pronunciaban los presidentes del antiguo régimen pero ellos al menos eran del mismo partido que los líderes cetemistas. Y quizá ninguno de ellos, acaso porque conocían a ese podrido sindicalismo mucho mejor que Calderón, llegó a ensanchar de manera tan artificiosa la membresía de la CTM: “Sé que dirigirme a ustedes, señor secretario, señores dirigentes, señoras y señores, es dirigirme a millones y millones de trabajadores en todo México”.   

    Y eso no es cierto. Javier Aguilar García, que es el estudioso más serio y sistemático de la situación de la CTM, ha estimado que hace algunos años la afiliación de esa central se había reducido a menos de 900 mil trabajadores. E iba para abajo: posiblemente hoy los cetemistas son menos de 500 mil. Así que si al presidente Calderón le dijeron que hablaría ante los líderes de millones, simplemente lo engañaron.  

   Es natural, incluso deseable, que el gobierno tienda puentes con todas las fuerzas de la sociedad. Si ha de impulsar algunas de las muchas reformas que prometió –y respecto de las cuales tendrá que emprenderse un inicial corte de caja la próxima semana, cuando se cumplan los primeros 100 días de esta administración– Calderón requiere suficientes aliados. Pero con socios políticos como Gamboa Pascoe el presidente no llegará lejos.  

   En el terreno del sindicalismo la contracción política del sector encabezado por los telefonistas y la UNT, que no se reponen de la equivocada apuesta que hicieron por López Obrador, ha impedido que Calderón encuentre allí la interlocución que habían tenido otros gobiernos. E incluso la UNT, y sus dirigentes, se parecen cada vez más al sindicalismo estancado y a los líderes auto perpetuados en las secretarías generales a quienes tanto combatieron hace tres décadas.  

    Es comprensible que Calderón procure no desperdiciar cualquier ocasión para acercarse al llamado mundo del trabajo. Pero no necesita hacerlo de manera tan reverente.   

   Quizá sería mucho pedir que, desde su posición actual, el presidente recupere aquellos principios del PAN que con perspectivas conservadoras, pero de talante democrático, consideraban que el viejo sindicalismo aherrojaba la libertad y la dignidad de los trabajadores. Pero podría recordar los varios proyectos de reforma laboral que se encuentran estancados desde hace años y que, con matices distintos, coinciden en establecer normas para propiciar la participación de sus agremiados en la vida de los sindicatos.   

   El presidente podría reconocer, por lo menos, que al hablar frente a los anticuados dirigentes sindicales no necesariamente se dirige a los trabajadores de los sindicatos encabezados por esos líderes. Quizá entonces consiga conciliar, en esos difíciles trances, la ética con la estética. No vaya a ser que a fuerza de departir y convenir con ellos Calderón comience a parecerse a esos dirigentes espurios a los que tanto cuestionó en otros tiempos y con los que ahora, ni modo, tiene que alternar. 

Decíamos ayer  

   Estoy de vuelta en Crónica gracias a una muy amable invitación de su director general, Guillermo Ortega Ruiz. Fui colaborador del diario durante nueve años, hasta junio de 2005. Ahora que regreso no puedo ni querría dejar de reconocer la talentosa conducción que ejerció Pablo Hiriart en esta casa editorial, de la que es fundador y a quien se deben los méritos primordiales que ha tenido el periódico.   

   Como lector que antes que nada soy de Crónica, lamento el alejamiento reciente de varios de sus colaboradores más perspicaces y entiendo los diferentes motivos de su ausencia en estas páginas. Estoy convencido de que en la medida en que mantenga el respeto que ha tenido hacia la opinión crítica y profundice su compromiso con la diversidad y el profesionalismo editoriales, este diario conservará e intensificará la presencia pública que ha alcanzado.  –0–

Texto publicado en el suplemento de fin de año de Correo de Guanajuato, diciembre de 2006.

   El desafío de Felipe Calderón, valga la perogrullada, es gobernar. Pero los frentes de conflicto con los que se inicia el sexenio son tantos y los recursos del nuevo presidente y su equipo parecen tan insuficientes que la tarea de gobernar puede ser entorpecida por circunstancias múltiples. Mas aun cuando la principal fuerza de oposición está empeñada no en disputar el gobierno sino en hacerle imposible esa tarea al nuevo presidente.  

   Calderón tiene oficio, experiencia y, hasta donde se ha podido apreciar, ganas suficientes para gobernar a este país. En todo eso se distingue de Vicente Fox cuyos méritos nunca fueron bastantes y que se fatigó –hasta el hartazgo, según se manifestó en el último trecho de su desastrado mandato– de intentar cumplir con la tarea de gobernar. El nuevo presidente ha tenido que remontar primero la oposición dentro de su partido, luego la sustancial desventaja que todavía hace un año tenía respecto del candidato de la Coalición por el Bien de Todos y más tarde una espinosa fase postelectoral cuyas secuelas nos acompañarán por varios años.   

   Quizá todo ese camino, además de angustioso para el país, haya sido aleccionador para Felipe Calderón. No tardaremos en saberlo. Se ha manifestado conciliador, ha reiterado que tiene que gobernar para todos los mexicanos y no solamente para el tercio de los electores que votó por él, ha querido ser incluyente a pesar de la intolerancia o la ambición de sus interlocutores. Esa disposición es útil para gobernar en un país tan políticamente escindido y, sobre todo, con una sociedad tan  confundida. Pero como el oficio de gobernar no se resuelve solamente con buenas intenciones, para ejercer a plenitud sus responsabilidades Calderón tiene que contar con políticas, consenso y condiciones mínimas suficientes.  

   Las primeras, las ha manifestado en distintas ocasiones. El nuevo presidente necesita procurar reformas aunque sea modestas para fortalecer la economía. El fracaso del gobierno anterior –pero también de las fuerzas políticas todas– para alcanzar una reforma fiscal obliga a considerar otras opciones, especialmente el mejoramiento en la recaudación. Para ello tendrían que existir reglas y sobre todo procedimientos menos tortuosos para el pago de impuestos y, desde luego, la abolición del privilegio que tienen numerosos sectores de la sociedad que no contribuyen fiscalmente. La reforma energética quizá tenga que ser planteada de manera menos estridente y drástica y con una reorganización de Pemex y las empresas de electricidad en donde la apertura a la inversión privada sea resultado de proyectos específicos y no de una receta de aplicación general.   Calderón prometió más empleos. Si no cumple con rapidez ese compromiso lo perseguirá durante seis años tanto como a Fox aquella ilusoria meta del 7% de crecimiento.

   Al menos el nuevo presidente no ha dicho que resolverá nada en 15 minutos. Pero a diferencia de Fox, que comenzó su gobierno en un clima de relativa confianza por parte de la sociedad, el país que ahora gobierna Calderón no parece tener tanta paciencia. Más empleos, como es evidente, requiere de mayores pero sobre todo mejor distribuidos recursos. Y allí es en donde la economía y la política se imbrican para forjar uno de los grandes nudos que Calderón tiene que desatar y  reordenar si quiere que su gobierno resuelva y no solo contenga los grandes problemas del país. 

   En México la concentración de poder –financiero, político, gremial, cultural– es el dique más estorboso para cualquier reforma que pretenda atenuar de manera significativa cualquiera de las desigualdades que sofocan al país. La revista The Economist lo recordó hace varias semanas y desde tiempo atrás ese problema ha sido señalado desde distintos ángulos de la opinión crítica nacional: la concentración de privilegios excesivos se ha convertido no solo en fuente de adicionales desigualdades sino, además, en uno de los desafíos que enfrenta el Estado mexicano.   

   El poder acumulado por los grandes bancos, los caciques políticos y sindicales, las empresas de telecomunicaciones y los principales medios de comunicación resulta, además de ofensivo para la mayoría de los mexicanos, una creciente fuente de exacción para ellos. Las comisiones e intereses que cobran las instituciones financieras por cualquier servicio bancario resulta desmedido en cualquier comparación internacional además de que encarece el crédito y limita, así, el crecimiento económico de la sociedad. El tráfico que se mantiene en la representación de la mayoría de los trabajadores sindicalizados constituye una de las más flagrantes contradicciones con la democracia que hemos logrado en el terreno electoral. El costo del servicio telefónico y ahora de las conexiones a Internet es en México cuatro o seis veces más alto que en la mayoría del mundo desarrollado. La concentración de prácticamente todas las frecuencias comerciales en solamente dos empresas de televisión atenta contra la diversidad comunicacional a la que tienen derecho los mexicanos.   

   El poder de las corporaciones es el obstáculo más relevante que tiene Calderón para gobernar y antes de dilucidar si puede enfrentarlo, será preciso saber si quiere hacerlo. El poder de los cacicazgos políticos locales, entreverado con el caciquismo y sus pragmáticos equilibrios que se mantiene en el sindicato de los maestros, detonaron y alentaron el costoso conflicto en Oaxaca. El afán de los grupos de radiodifusión acaudillados por Televisa los condujo a presionar como nunca antes para que, en la primavera pasada, el Senado aprobara las reformas conocidas, precisamente, como “Ley Televisa”. La voracidad del Grupo Carso se ha impuesto para impedir que tengamos la competencia telefónica que implicaría una auténtica variedad de ofertas y tarifas en ese terreno. El poder de tales corporaciones querrá bloquear al gobierno de Calderón si trata de atenuar sus prerrogativas. Pero si no procura moderarlo, será una administración al servicio de esos intereses creados y no de la sociedad para la cual el nuevo presidente dice que quiere gobernar.  

   El oficio político hará falta no únicamente para negociar con los grupos partidarios más estridentes sino, también, para refrenar a los grupos de interés. La composición del Congreso federal obliga a un ejercicio político permanente sin el cual el nuevo gobierno será rehén de la tornadiza coyuntura nacional. Lo ideal sería que pudiera establecer acuerdos de mediano plazo con las fuerzas políticas más importantes pero ni el PRI ni el PRD parecen dispuestos a comportarse como partidos serios. El primero, mientras no resuelva sus problemas de liderazgo interno seguirá sin ser un interlocutor sólido. El PRD, al contrario, sigue sometido a un excedido caudillismo que a ratos parece caricatura de sí mismo pero que aún cuenta, por muy extraño que parezca, con la adhesión de un significativo segmento de ciudadanos.  

   Con esas fuerzas Calderón tiene que buscar entendimientos. Hacer política, mucha política como decía Reyes Heroles. Pero para que ese ejercicio sea eficaz tiene que emprenderlo sin olvidar que hoy en día el espacio para la política es sustancialmente distinto al del México en el viejo régimen. Hoy en día la política no se reduce a la ineludible transacción entre partidos; además se desenvuelve en y con una sociedad enmarañada y en alguna medida impaciente e incómoda. Para gobernar con ella y no solamente delante de esa sociedad el nuevo presidente tendría que contar con iniciativas capaces de involucrarla. La más importante podría ser el combate a la delincuencia que constituye el desafío más grave –aunque a veces se nos olvida a causa del rebumbio político– no solo para el gobierno sino para el país.  

   El Diccionario, pero también la realidad y las urgencias nacionales, indican que gobernar es “mandar con autoridad… dirigir a un país”. Para no solo administrar sino antes que nada ejercer el gobierno, el presidente Calderón tiene que hacer frente a sus principales retos. Para hacerlo con autoridad, tiene que apoyarse en la sociedad. Para ganarse la confianza de esa sociedad… tiene que gobernar. De Calderón, pero también de la enredada circunstancia en la que le toca ser parte de la historia de este país, depende que ese círculo sea vicioso o virtuoso.

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 Un manido refrán, cargado de voluntarismo y en ocasiones candoroso sostiene que de las crisis, nacen las oportunidades. Desde luego, suponer que siempre hay circunstancias propicias es mejor que encerrarse en la desconfianza y la parálisis. Pero para comprender un escenario político repleto de tantas paradojas y complejidades como el que tenemos hoy se precisa de optimismo y, además, de una preventiva pizca de realismo.

   Considerar que la transición mexicana se encuentra en riesgo es, a la vez, diagnóstico y conclusión inicial. Pero habría que aquilatar en qué han consistido los avances de esa transición para entender qué es lo que está peligrando y cuáles opciones tenemos ante ese apuro.

   El eje del cambio político mexicano en los años recientes fue la construcción de un sistema electoral ejemplar y confiable, cuya solidez ha dependido de reglas muy detalladas y del compromiso de todos los actores políticos con tales normas. La identificación mecánica de la democracia con la competitividad y la transparencia electorales condujo a no pocos observadores de nuestra vida pública a considerar que la transición política podía darse por concluida sin reparar en sus varias asignaturas pendientes: entre ellas se encuentran la insuficiente y a veces inexistente democracia en los sindicatos y otros organismos de la sociedad, la concentración y el autoritarismo de los medios de comunicación más influyentes y el ingente déficit que padece la cultura cívica de los mexicanos. Sin atender esos rezagos, para no referirnos a la desigualdad social que constituye el principal factor de escisión en el país, era demasiado ilusorio considerar que la transición democrática había concluido.

   Ahora, cuando la coalición perdedora en las elecciones del 2 de julio y sus simpatizantes cuestionan agriamente al sistema electoral y colocan a la política mexicana en el desafío más espinoso que haya enfrentado durante esta transición, vale la pena preguntarnos qué es lo que realmente ha entrado en crisis y qué es lo que se encuentra en riesgo.

Reformar, sin desdeñar

lo que ahora tenemos

   Se está volviendo lugar común hablar del deterioro de nuestras instituciones políticas. Son caducas, han sido desbordadas, no dan para más, se dice quizá con indocumentada ligereza. Evidentemente nos encontramos en una situación difícil. Pero, justamente por ello, habría que incorporar al análisis al menos parte de la prudencia que les requerimos a los actores políticos para no arrojar por la ventana el agua de estos turbulentos tiempos, el niño que es nuestra inmadura democracia y de paso también la bañera institucional que encauza, cobija y legitima al juego político.

   La confianza e incluso el respeto de un segmento importante de los mexicanos hacia el sistema político y específicamente hacia las instituciones electorales se encuentran notoriamente erosionados. Pero esas instituciones han cumplido con sus obligaciones, han acatado las leyes y están funcionando. Conforme el proceso de la calificación electoral ha avanzado se ha podido ratificar no solamente el resultado de la votación del 2 de julio sino, junto con ello, el desempeño en términos generales escrupuloso del Instituto Federal Electoral.

   Lo que falló no fueron el IFE ni las reglas electorales sino el compromiso de uno de los actores de la competencia política con esas reglas y con los resultados de la votación del 2 de julio. El resto de las instituciones del Estado mexicano también continúa en marcha. Las dos cámaras del Congreso federal ha quedado instaladas y en ellas se encuentran representadas todos los partidos. En pocos días más tendremos presidente de la República formalmente electo. El país está cruzado por la inquietud y por una sensación de malestar que nos ha traído de la crispación al pesimismo pero la economía funciona y la vida cotidiana de la gente sigue. No hay que menospreciar la protesta del candidato presidencial que perdió las elecciones pero, más que por la cantidad de mexicanos a los que pueda representar, el arrebato de  López Obrador es preocupante porque puede está conduciendo al PRD hacia un despeñadero político.

   El hecho de que las instituciones políticas no se encuentren paralizadas no significa que respondan cabalmente a las nuevas realidades del entramado partidario y de la sociedad mexicanos. El presidencialismo está definitivamente agotado, por lo menos con la omnímoda concentración de poder y con las forzosas capacidades de arbitraje que tuvo en otros tiempos de la vida política mexicana. La construcción de un nuevo perfil, más moderno, acotado, dialoguista y flexible para el Poder Ejecutivo Federal, quedó arruinada con las cotidianas torpezas, los compromisos facciosos, las palmarias insuficiencias personales y el patético desempeño del presidente Vicente Fox. Sería injusto condenar a la institución presidencial por todos los desatinos de quien la ha ocupado en los últimos seis años. Pero el solo hecho de que a la Presidencia de la República haya llegado un personaje con las limitaciones que han sido tan ostensibles en este sexenio confirma que el país necesita de un esquema de gobierno diferente, capaz de racionar la responsabilidad del gobierno en diferentes fuerzas y poderes y que, sobre todo, obligue a los acuerdos y compromisos políticos.

Partidos inmaduros para

el parlamentarismo

   Cuando nos preguntamos cuál es el modelo de organización institucional más apropiada para México es frecuente voltear la mirada hacia los regímenes parlamentarios. Pero resulta un tanto aterrador imaginar al gobierno del país aherrojado a las cadencias y costumbres de partidos tan atrasados, inorgánicos y escindidos como los que dominan en el actual escenario político. El hecho de que el PAN siga conducido por una dirigencia de vocación fundamentalista, el PRI esté representado –como ocurre ahora en el Congreso– por personajes más proclives a la picardía que a la política y el PRD se empeñe en padecer el síndrome de Estocolmo que lo sujeta al personaje que secuestró el proyecto de las antiguas izquierdas para reemplazarlo por una grotesca reedición del viejo caudillismo caciquil, permiten desconfiar de cualquier esquema que dependa de la interacción cotidiana entre tales actores políticos.

   Es cierto que con esos partidos tenemos que arar. Pero si son indispensables y si su funcionamiento y vigencia resultan incluso deseables para que no lleguemos a tener, entonces sí, una auténtica y acaso irreversible crisis de nuestro modelo político, parece necesario que no nos conformemos con ellos. Junto a la solidificación de opciones políticas nuevas –como la que representa, destacada y meritoriamente el Partido Alternativa– es preciso que mantengamos y profundicemos las apreciaciones críticas acerca de todos y cada uno de los partidos y fuerzas políticas del país.

   La mejor opción para que México supere creativa y provechosamente la crisis actual tendría que pasar por la coincidencia de todos esos partidos y fuerzas políticas en torno a una diversa colección de compromisos. Ojalá hubiera sensatez y generosidad suficientes, en esas fuerzas políticas y en la sociedad, para alcanzar y afianzar un acuerdo nacional capaz de involucrarlos a todos. Esa es la meta deseable y cualquier esfuerzo hacia ella resultará plausible. Pero también es necesario plantearnos la posibilidad de que no todas las fuerzas políticas entiendan la necesidad nacional de tales compromisos.

   Todos los días constatamos, en todos los partidos principales, la enorme dificultad que sus dirigentes y representantes tienen para mirar más allá de sus intereses y antojos inmediatos. Su extraordinaria dificultad para tener una perspectiva de largo o aunque sea mediano plazo, siempre ha sido un defecto de la clase política mexicana. Por eso no sería remoto que, a pesar de la palmaria necesidad para que formen parte de un acuerdo amplio, magnánimo e incluyente, alguno o algunos de los partidos principales antepongan la confrontación o, en otro caso, supongan que pueden sortear los actuales aprietos sin necesidad de establecer compromisos con sus ahora adversarios.

Equívocos del PRD,

dilemas de Calderón

   El PRD aparentemente mantiene una posición ambigua. El candidato presidencial derrotado está a punto de proclamarse alteza inserenísima al mismo tiempo que los senadores y diputados de ese partido, legítimamente electos, asumen sus tareas legislativas. Mientras en el Zócalo llaman a la asonada, en San Lázaro juran la Constitución. Hay quienes confían en que dentro de ese partido se impongan la sensatez y el realismo para que el PRD coseche y usufructúe los nada despreciables triunfos que logró en la elección del 2 de julio. Pero como a la vez que sus nuevos legisladores reciben sus credenciales y se aprestan para el primer periodo de sesiones el PRD prepara una supuesta convención cuyo resultado ya ha sido anunciado y que lo afianzará en una ruta de muy difícil retorno, a estas alturas podemos preguntarnos si en ese partido dominarán la responsabilidad y el realismo, o la esquizofrenia, la insensatez y el resentimiento políticos.

   Felipe Calderón, al parecer más en el plano de las declaraciones que en una auténtica operación de acercamientos y pactos políticos de largo alcance, ha seguido insistiendo en la creación de acuerdos. No es demasiado relevante si esa búsqueda se debe a la seriedad  con que contempla el desastrado panorama que deja la elección o a la necesidad de compromisos que le impone ese mismo contexto. Lo importante es que, en el actual clima de confrontación, esa búsqueda de Calderón puede quedarse sin interlocutores suficientes. Si no se convierte en una operación de cara y hacia el país, los márgenes del presidente electo quedarán acotados por la soberbia y la intolerancia que campean en las fracciones que siguen dominando en Acción Nacional y por el convenencierismo de los aliados de ocasión que encuentre en el PRI.

Los acuerdos necesarios

   En este escenario, discutir propuestas puntuales aparentemente resulta anticlimático pero, por eso mismo, puede contribuir a la distender la crispación que sigue imperando quizá no en todo el país pero sí en los segmentos más activos y políticamente interesados de la sociedad mexicana. Sería deseable pensar en un gran acuerdo para renovar la política y otro para el crecimiento económico. Política y economía se encuentran imbricadas como nunca antes. Uno de estos acuerdos, sería irrealizable si no existe el otro. Es imperioso, además, un acuerdo muy puntual y con metas definidas para restablecer la seguridad pública y contra la delincuencia.

   En el plano de la economía el tema de la reforma hacendaria –que incluya significativos ajustes fiscales y recaudatorios– parece imprescindible. Si el Estado no cuenta con más recursos será imposible desplegar la política redistributiva que prácticamente todos reconocen como necesaria. Metas, pautas y beneficiarios de esa política tendrían que ser la otra cara del acuerdo económico.

   Las reformas en el plano específicamente político tendrían que sustituir lo que resulta insuficiente y fortalecer lo que funciona bien. Si, como señalamos antes, no parece pertinente pensar en un sistema político de índole parlamentaria al menos por ahora, habría que considerar la construcción de contrapesos y de esquemas de responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo. La necesidad, por ejemplo, de que algunos secretarios de Estado sean aprobados por el Congreso a partir de propuestas del Presidente de la República, la creación de mecanismos más ágiles y transparentes para la rendición de cuentas de ambos poderes, el establecimiento de reglas actuales y eficaces para el trabajo parlamentario y la revisión del funcionamiento y la situación legal de comisiones y organismos autónomos en cuya designación participan Ejecutivo y Legislativo, constituirían algunas de las pautas en esa reforma de la institucionalidad política.

   Sería imprudente trastocar el trabajo de los organismos electorales simplemente porque el partido que perdió la elección, y sus simpatizantes, quieren culpar a las autoridades del IFE de la decisión que los votantes definieron en las urnas. Lo que hace falta es emprender reformas hace tiempo requeridas para solidificar y mejorar la competencia electoral, comenzando con la sustitución de la propaganda pagada en radio y televisión por la apertura de franjas destinadas a los partidos en los medios electrónicos.

   La reforma de los medios para establecer límites a la inusitada concentración de muchas frecuencias en pocas manos, propiciar el desempeño responsable de las empresas de comunicación y garantizar que sean regulados por un organismo verdaderamente autónomo –a diferencia de la mascarada de reforma que todos los partidos aprobaron hace pocos meses con la Ley Televisa– forma parte ineludible de esas transformaciones para la competitividad y la convivencia políticas.

Ante mesianismos

y fundamentalismos

   Indudablemente, hay áreas del entramado estatal y especialmente de su relación con la sociedad que requieren de importantes actualizaciones y renovaciones. Para ello hace falta el acuerdo de todas o, si no fuera posible, de algunas de las principales fuerzas políticas del país. Pero no hay que olvidar que también se requiere el compromiso de todas esas fuerzas con las reglas que ahora tenemos para la competencia y la representación políticas. Hace falta, para decirlo en términos más llanos, de un expreso y productivo compromiso con la política.

Es momento de la política, mas no de la politiquería de miras estrechas y afanes mezquinos con que tan a menudo se la confunde. Las oportunidades para el país, si las hay al cabo de esta crisis, no llegarán solas. El campo de la política es el único en donde pueden procesarse diferencias y edificarse compromisos. Pero además, en el campo de la política quedan aislados tanto el fundamentalismo conservador como el mesianismo populista: es el terreno cuya naturaleza excluye a los excluyentes.

Texto preparado para el foro “La transición en riesgo: retos y oportunidades” organizado por el Partido Alternativa el 30 de agosto en la ciudad de México.

Versión ampliada de la participación preparada para una mesa redonda sobre el conflicto post-electoral a la que convocó el Partido Alternativa y que se realizó el jueves 27 de julio.

 El 2 de julio tuvimos elecciones limpias, legítimas, legales. Votamos 6 de cada 10 mexicanos inscritos en el padrón. Los sufragios fueron contados y el cómputo fue conocido de acuerdo con las previsiones que la ley establece. Los principales grupos de observadores internacionales ponderaron la transparencia de estas elecciones. Ni durante la jornada electoral, ni en los días posteriores, se supo de un solo incidente que pusiera en riesgo la integridad o el cómputo de los sufragios. Las reglas que tenemos para elegir a nuestros gobernantes –y que, como se sabe, establecen sofisticados y  profusos candados para evitar el fraude– funcionaron al pie de la letra. Hacia la media noche del domingo 2, el presidente del IFE se abstuvo de ofrecer las tendencias registradas en los conteos rápidos de la votación por la Presidencia de la República porque la diferencia entre los dos candidatos punteros era tan estrecha que no permitía establecer un claro ganador. Durante las horas y días siguientes se fueron propagando, sin cesar, los resultados en cada una de las más de 130 mil casillas instaladas en todo el país. El Programa de Resultados Preliminares permaneció abierto durante casi todo el lunes hasta reunir datos del 98.37% de las casillas. El miércoles 5 de julio, cuando fueron computados los resultados de cada casilla, esa información también se conoció de manera inmediata conforme era confirmada en cada uno de los 300 distritos electorales. Con esos datos, la tarde del jueves 5 el IFE pudo dar a conocer de manera oficial, y siempre en cumplimiento de su obligación legal, los resultados de la votación. Gracias a esa información se confirmó que el candidato que había recibido más votos y con una diferencia de menos del 0.6% respecto de su rival más cercano era el panista Felipe Calderón Hinojosa.

   Nadie ignoraba que la declaración formal que confiere el nombramiento de presidente electo la extiende el Tribunal Federal Electoral, una vez desahogadas las impugnaciones que se le hubieran presentado. Pero saber con toda precisión la suma de los votos en las 130 mil 477 casillas que funcionaron el 2 de julio era un derecho de la sociedad que la autoridad electoral tenía la responsabilidad de acatar.

   En ese proceso el IFE sufrió dos equivocaciones. Una, cuando la noche del 2 de julio no explicó, con el detalle que hubiera sido necesario, la decisión que le impusieron los partidos para no dar a conocer los resultados de los conteos rápidos porque la distancia entre los dos candidatos que iban adelante era demasiado pequeña. La otra, al no informar con claridad ni oportunidad el procedimiento que la autoridad electoral, con acuerdo de los partidos, seguiría para separar de la contabilidad del Programa de Resultados Preliminares los votos contenidos en las actas que mostraban algún error cometido cuando fueron llenadas. La creación del “archivo de inconsistencias” era desconocida para la mayoría de los ciudadanos pero no así para los partidos políticos. Cuando el PRD y su candidato presidencial denunciaron el faltante de casi 3 millones de votos –en realidad eran 2 millones 581 mil– en las sumas mostradas por el PREP, actuaron de mala fe porque sabían que no se trataba de una irregularidad –más tarde se comprobaría que algunas de las consultas realizadas a ese archivo de inconsistencias que estaba disponible en Internet fueron realizadas por gente del PRD–.

Las quejas de López Obrador

   Tal vez la desconfianza condujo al dolo, o quizá fue al revés. En todo caso, desde el 3 de julio los dirigentes y el candidato presidencial de la llamada Coalición por el Bien de Todos se han empeñado en propalar una gran y muy grave cantidad de infundios acerca del proceso electoral. Una síntesis de esas acusaciones se encuentra en la carta que Andrés Manuel López Obrador le envió el 24 de julio a Felipe Calderón. Conviene revisarlas punto por punto (la numeración de esas imputaciones es nuestra) porque el litigio actual se desenvuelve, en buena medida, a partir de tales denuncias.

   1. Durante la campaña el Consejo General del IFE actuó de manera facciosa [1]. Esa es, antes que nada, una acusación extemporánea. Durante toda la campaña, López Obrador y la coalición que lo respaldó reconocieron el trabajo de las autoridades electorales y en varias ocasiones se comprometieron a respetarlo. El hecho de que ahora subrayen tal imputación, sin prueba alguna que la respalde pero repitiéndola con asiduidad, permite reconocer que ese candidato y su coalición no quieren una revisión seria de los resultados en las urnas sino la descalificación de todo el proceso electoral, comenzando por desacreditar a las autoridades que lo rigieron.

   2. La publicidad en los medios de comunicación no fue equitativa. Esa afirmación se desmorona cuando se examinan los resultados del monitoreo que el IFE encargó para contabilizar la propaganda política transmitida en los medios electrónicos entre enero y junio. La contratación de mensajes promocionales fue decisión de cada partido, de acuerdo con sus estrategias de campaña y sin más limitación que los recursos financieros de los que cada uno de ellos pudo disponer. De todos los mensajes en televisión pagados y específicamente destinados a promover a los candidatos a la Presidencia (los cuales sumaron un total de 40 mil 305 anuncios) el 25.86% era de la campaña de Roberto Madrazo, el 29.53% de la campaña de Felipe Calderón y el 40.48% eran anuncios pagados de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. El 3.6% de esos mensajes anunciaba la campaña de Roberto Campa del Partido Nueva Alianza y el 0.51% la campaña de Patricia Mercado, de Alternativa.

   Esos anuncios ocuparon un tiempo total 904 607 segundos, o sea algo más de 251 horas. De ese tiempo de publicidad pagada en televisión el 30.54% correspondió a la campaña del candidato presidencial del PRI, el 30.43% a la promoción del candidato del PAN y el 35.28% a la campaña del candidato a la Presidencia que postuló la Coalición por el Bien de Todos.

   En el caso de la radio, en cambio, la campaña de Felipe Calderón tuvo una presencia mayor: ocupó el 45.83% del total de anuncios pagados y el 39.66% del tiempo en el que fueron transmitidos esos mensajes. Se trató de un total de 233 352 mensajes pagados por todos los partidos y que ocuparon algo más de 4 millones 763 mil segundos (es decir, 1323 horas). De esos mensajes el 25.46% fueron de la campaña de Roberto Madrazo y el 25.88% de la campaña de López Obrador. El 1.44% de los anuncios en radio fueron contratados por la campaña de Campa y el 1.37% por la campaña de Patricia Mercado.

   En otros términos, la campaña del candidato presidencial del PRD pagó 4 de cada 10 anuncios en televisión y 2 y medio de cada 10 anuncios en radio. Es difícil hablar de inequidad cuando esa publicidad se pudo contratar libremente y especialmente cuando en el medio más costoso, que es la televisión, López Obrador fue el candidato presidencial que más recursos invirtió.

   3. Se gastó dinero a raudales, de procedencia desconocida, y se rebasaron por mucho los topes establecidos por la ley, dice López Obrador en relación a la campaña de Calderón. Pero hasta ahora no se han conocido datos que sustenten esa afirmación. Al menos en la contratación de espacio en medios electrónicos, que distintas estimaciones consideraron que habría ocupado entre el 60% y el 70% de los gastos de los partidos durante las campañas de 2006, López Obrador desembolsó más recursos que Calderón.

   4. Grupos de intereses creados pusieron en práctica un activismo ilegal. Durante las campañas, y especialmente en los últimos días antes del 2 de julio, se conocieron expresiones de sectores que se alineaban con algunos de los principales candidatos presidenciales. El Consejo Coordinador Empresarial pagó anuncios en televisión para alertar acerca del riesgo que supondría la modificación del modelo que ha orientado a la economía del país. Esos mensajes, aunque no mencionaban a candidato alguno, pudieron ser entendidos como respaldo a Calderón. Junto a ellos, se conocieron las expresiones de distintos grupos sociales –entre ellos los dirigentes de algunos sindicatos– que expresaron abiertamente su adhesión a López Obrador. Desde luego hubo grupos de intereses, como les llama ese candidato, que se manifestaron políticamente. Pero entre tales expresiones algunas favorecieron al candidato del PAN y otras al candidato del PRD.

   5. Se recurrió a la “guerra sucia”, a la mentira y a las campañas del miedo. En eso tiene toda la razón López Obrador, aunque si fuésemos rigurosos sería excesivo hablar de guerra sucia que es un término que remite a épocas y prácticas de represión que por fortuna hace tiempo dejamos de padecer en México y América Latina. A ese candidato se le olvida decir que las tres principales fuerzas políticas, incluyendo la que lo respalda, emplearon la infamación y la exageración como recursos de campaña. Contra él, se recordaron acciones y omisiones suyas especialmente cuando fue jefe de Gobierno de la ciudad de México y se le tildó de ser una amenaza para México. Esas podían ser –y fueron– afirmaciones discutibles. Pero hasta donde recordamos la propaganda contra López Obrador no estuvo sustentada en mentiras –seguramente fue exagerada, pero no necesariamente falsa, la equiparación de ese candidato con el estridente mandatario venezolano Hugo Chávez–.

   En cambio la campaña que los partidarios de ese candidato enderezaron contra Calderón sí dependió, en buena medida, de la utilización de falsedades. Los publicistas de la Coalición por el Bien de Todos manipularon, colocándolas fuera de contexto, escenas y frases de Calderón. A ese candidato, López Obrador lo culpó de haber favorecido ilegalmente a varios de sus familiares y nunca demostró tal acusación. Las versiones sobre los negocios presuntamente sucios de Hildebrando, así como la especie de que esa empresa tenía acceso al padrón electoral –lo cual, dicho sea de paso, no hubiera implicado irregularidad formal ni posibilidad de manipulación algunas– resultaron vistosos artificios propagandísticos que ocuparon amplio espacio en los medios y repercutieron en contra de la campaña de Calderón pero nunca fueron demostrados. Si alguien puede quejarse de una campaña sucia y mentirosa en su contra antes e incluso después del 2 de julio, es el candidato del PAN y no López Obrador. Luego de las elecciones, el empleo de la insidia por parte de algunos simpatizantes de López Obrador se ha extendido en cierta medida, en este caso con endebles argumentos misóginos y sectarios, en contra del Partido Alternativa y de su candidata presidencial.

   6. Se usaron los programas sociales del Gobierno federal y otros recursos públicos en apoyo a su candidatura. Tampoco esa afirmación ha sido demostrada. Hablar de “los” programas sociales, es decir de todos ellos, resulta por lo menos desmedido. El empleo de recursos de la política social para favorecer a los candidatos del gobierno en turno era frecuente cuando no se podía asegurar la secrecía y la libertad del voto. En la medida en que el sufragio lo decide cada ciudadano, las presiones de índole clientelar dejan de ser eficaces. En todo caso, si se hubiera de revisar el empleo de recursos gubernamentales para apoyar a un candidato sería preciso incluir en esas prácticas al gobierno de la ciudad de México.

   7. Fue pública y notoria la injerencia del Presidente de la República para golpearnos. Lo notorio y público fue el activismo del presidente Vicente Fox, pero no existen evidencias de que sus alusiones en supuesto respaldo al candidato de su partido hayan, realmente, golpeado a López Obrador. Incluso, quizá podría establecerse alguna relación entre las declaraciones del presidente y la intención de voto a favor del candidato de la Coalición por el Bien de Todos. Mientras más hablaba, el presidente Fox más perjudicaba al candidato del PAN. En todo caso, alusiones como las que formulaba Fox pueden haber sido incómodas, obtusas e incluso ordinarias, pero no fueron ilegales.

   8. Hubo manipulación en los sistemas de cómputo electoral y se falsificaron resultados en miles de actas de escrutinio. Las especulaciones y necedades que se han propagado a este respecto han sido tan asombrosas como dañinas para la confianza social en las elecciones. Durante varias semanas, alentada por la especulación mediática pero sobre todo por especialistas de dudosas calificaciones académicas, se habló de la existencia de un “algoritmo” que habría modificado el cómputo de la votación presidencial –aunque nadie explicó por qué quienes podrían haber querido favorecer de esa manera a Calderón se tomaron tanta molestia para que solamente ganara por una pequeña diferencia de votos–. Se diseñaron embrolladas versiones acerca del comportamiento en el flujo de la información de las casillas como si se tratase de datos que brotaban al azar y no, como sucedió, de acuerdo a diversas y nada aleatorias circunstancias –la ubicación geográfica de las casillas, la lentitud o presteza de los responsables de cada una de ellas para contar los votos, la decisión o no de los consejos distritales para abrir los paquetes, etcétera–.

   La especie de la manipulación cibernética ha estado apuntalada en la suspicacia pero no en hechos verificables cuando, de haber existido, nada sería más rastreable que cualquier alteración informática porque las modificaciones de esa índole siempre dejan huellas. Lamentablemente para quienes invirtieron imaginación y fantasía acerca de una falsificación tecnológica, el propio López Obrador declaró el 17 de julio que el fraude había sido “a la antigüita” y no cibernético.

Incongruencias, incompetencias

   Como en esa, en cada vez más ocasiones el candidato del PRD se contradice, se enmienda a sí mismo, tropieza con sus declaraciones, lo mismo reivindica que vilipendia a quienes lo representaron en las casillas, un día insiste en que nadie puede declararse ganador y al otro se proclama presidente de México. La irritabilidad, las contradicciones, su patética ausencia de proyecto político, el patente caudillismo que ejerce sobre sus seguidores, el rechazo a la autoridad electoral cuando se supo perdedor, la reticencia a comprometerse con la decisión del Tribunal, confirman las aprensiones de quienes hace largo rato alertaron –advertimos– contra las carencias y excesos políticos y personales del candidato presidencial del PRD.

   Hay quienes encuentran en López Obrador la recuperación del componente popular que hace tiempo perdió gran parte de la política mexicana. Algunos, se reconocen en las promesas de política social que han aderezado su discurso, aunque sin las medidas de política económica que harían posible un gasto público capaz de satisfacer las muchas promesas que hizo en su campaña. Muchos de sus simpatizantes le agradecen a López Obrador ayudas como la que estableció para los viejos, como si se tratara de recursos suyos de los cuales se hubiera desprendido para socorrer a los pobres. Hay quienes lo respaldan porque lo identifican con la izquierda.

   Entre los diversos perfiles que ha logrado construir, el más exitoso es aquel que lo presenta como redentor de los mexicanos más desamparados. El solo hecho de que hablar de los pobres haya sido una novedad, da cuenta de la indiferencia de las campañas de todos los partidos respecto de los rezagos sociales que agobian al país. López Obrador supo dar la impresión de que mientras la mayoría de los políticos se dedicaban a lucrar y maltratarse entre ellos, él se afanaba en socorrer a los necesitados. Que esa imagen prenda en sectores de la población abandonados o desengañados ante los fracasos del PRI y el PAN, ha sido comprensible. Los numerosos abusos perpetrados por gobernantes que llegaron al poder gracias al Revolucionario Institucional y las imperdonables ineptitudes de no pocos gobernantes miembros de Acción Nacional –comenzando por el presidente Fox– pavimentaron el camino electoral de López Obrador y su partido. En esas condiciones de disgusto ante la política convencional y desagrado con los saldos de la política económica se pudo consolidar la figura mesiánica, que aprovecha recursos del viejo clientelismo y moderniza algunos rasgos del ya conocido populismo, de Andrés Manuel López Obrador.

   La reivindicación de los pobres es un acierto en la actitud de ese candidato. Pero a los pobres López Obrador los quiere como clientela más que como destinatarios de políticas sociales específicas.  Y ese comportamiento, el talante personal de su dirigente y candidato, la oquedad de su programa político, la veleidad en su desempeño, la heterodoxia de sus alianzas y el mesianismo con que actúa especialmente cuando se enfrenta a situaciones difíciles, hacen imposible considerar, con seriedad, a López Obrador como un político de izquierda. A menos que las izquierdas hayan cambiado tanto que hayan perdido el perfil, el proyecto y sobre todo la ética que las definía, resulta insostenible reconocerle esa calidad al candidato de la Coalición por el Bien de Todos.

   Por lo pronto, López Obrador se muestra como un político ambicioso y ansioso, incapaz de capitalizar los nada desdeñables triunfos que su partido logró en las elecciones del 2 de julio. Consolidarse como la segunda fuerza política del país con 127 diputados y 29 senadores (en comparación con los 97 y 15 que tenía en la Legislatura que está concluyendo) [2] además de haber conservado el gobierno de la ciudad de México, son logros de los cuales el PRD se podría ufanar si no fuese un partido concentrado en un solo objetivo y orientado por una sola voluntad personal.

   Lo mismo se puede decir del despeñadero a donde López Obrador está llevando a su partido. Al negarse a respetar a una autoridad electoral que cumplió con las tareas y los plazos que le indica la ley, López Obrador se enfila a un callejón sin salidas legales ni políticas. Una primera víctima en este embrollo ha sido nuestro sistema electoral, cuya confiabilidad radica en dos grandes puntales. El primero de ellos es la existencia de normas capaces de garantizar la soberanía del voto de los ciudadanos. El otro pilar del sistema electoral mexicano es el compromiso de todos los actores políticos con esas reglas. Hasta ahora las reglas han funcionado. Lo que no se ha mantenido es el respeto de una de las principales fuerzas políticas del país al pacto que implica la competencia con esas normas. Desde el día siguiente a la elección, una vez que sus dirigentes supieron que no tenían la mayoría de los votos, la Coalición por el Bien de Todos emprendió una campaña para desnaturalizar y desconocer ese resultado.

El PAN, la derecha, Calderón

   Si hacemos énfasis en las inconsecuencias y los riesgos que implican el comportamiento de López Obrador y la coalición que lo respalda, es porque de allí ha provenido el desafío a las reglas y la institucionalidad electorales que están por convertirse en la más aguda crisis política que el país haya experimentado en varias décadas. De esa crisis nos puede librar la resistencia, todavía verificable, de las instituciones políticas y especialmente de las que están encargadas de sustentar y sancionar el  proceso electoral. Desde luego, no podemos olvidar que en el otro flanco del escenario político también hay preocupantes desatinos.

   Al comportarse como presidente electo sin haber recibido formalmente esa investidura, Felipe Calderón ha añadido elementos de tensión adicionales a un escenario público de por sí desastrado por profusas acusaciones y suspicacias. La noche del 2 de julio, después de que López Obrador dijo que él había ganado con una diferencia de por lo menos medio millón de votos, era inevitable que el candidato del PAN reclamase, también, ese triunfo. Lo que hizo Calderón fue leer los resultados de media docena de conteos rápidos y encuestas de salida para, con esos datos, considerar que era él quien había vencido en la competencia presidencial. Más tarde, el todavía aspirante presidencial ha procedido de manera equívoca. A veces recuerda que la última palabra sobre el proceso electoral la tendrá el Tribunal Federal. Pero en otras ocasiones se comporta y acepta ser tratado como si ya hubiera recibido la confirmación como presidente electo.

   En ese comportamiento errático, Calderón y su equipo de campaña manifiestan la insuficiente experiencia con la que están enfrentando esta ciertamente inédita y compleja circunstancia. Aunque aguardan la resolución del Trife con suficientes elementos para tener confianza –si bien nadie puede estar seguro del sentido que tendrá esa decisión– Calderón y su equipo también han querido jugar a la presión mediática. En ese afán ha aceptado los parabienes de actores sociales y políticos muy diversos, para afianzar la impresión de que su consenso aumenta. Pero es muy discutible el beneficio que le pueden significar respaldos de dirigentes sindicales tan desacreditados como el que encabeza a los ferrocarrileros o la profesora que detenta el cacicazgo en el gremio magisterial. Esa reedición, sintetizada y edulcorada pero finalmente grotesca de la vieja cargada priista, suscita reservas fundadas sobre la política y las alianzas que definirán al próximo presidente en el muy posible escenario de una ratificación de los datos que señalan a Calderón como el triunfador del 2 de julio.

   La fuerte posibilidad de que sea él quien gobierne a este país durante los próximos seis años, hacen más inquietantes el desempeño reciente y el desafiante cuan adelantado triunfalismo de Calderón. Esa posibilidad tendría que ser correspondida con una actitud más responsable, a diferencia de la que singulariza al candidato de la Coalición por el Bien de Todos. Sin embargo Calderón, aunque en menor medida, también ha contribuido a la polarización que abruma hoy a la sociedad mexicana con decisiones como la prematura e innecesaria designación de un “equipo de transición” o con exhortaciones simbólicas pero promotoras de nueva discordia como la invitación a portar una pulsera blanca en pueril contraposición a la de tonos tricolores que llevan los defensores de López Obrador.

   Desde una perspectiva analítica y un tanto maniquea, a Calderón y a su partido se les identifica con la derecha conservadora. Las frecuentes reticencias que él y su partido han manifestado para respetar algunos derechos individuales básicos  y el compromiso que asumieron con intereses no solo empresariales sino incluso facciosos como los que impulsaron la Ley Televisa ratifican esa filiación. Sin embargo en otros campos (política social, política exterior, reformas institucionales) el proyecto de Calderón podría considerarse como de centro. Si desde el campo social carece de contrapesos suficientes y sobre todo de exigencias específicas, podría ocurrir que los adeudos políticos que tiene con intereses y facciones conservadores terminasen por circunscribirlo totalmente.

Voto por voto

   La exigencia para que se cuente voto por voto ha sido propagandísticamente eficaz –al menos entre un significativo segmento de ciudadanos que sigue simpatizando con López Obrador– pero es políticamente incierta y jurídicamente limitada. Desde luego, como ese candidato se empeña en decir, si Calderón ganó la elección de manera legítima no tendría por qué oponerse a que los votos fuesen contados por instrucciones del Tribunal.

   Un primer problema radica en que ese cómputo, sufragio por sufragio, ya ocurrió y estuvo a cargo de los ciudadanos que formaron parte de las 130 mil 477 mesas de casilla. Podría suponerse que en aras de una absoluta claridad y de la conciliación política un recuento de todos los votos resultaría pertinente. Pero hay que recordar que la Coalición por el Bien de Todos solo ha requerido la apertura y el recuento de votos en aproximadamente 50 mil urnas de la votación presidencial; es decir, menos del 39% de todas las casillas. Aunque se le pueda tildar de esquizofrénico porque en el terreno político demanda que se cuenten todos los votos y en el jurídico solamente de cuatro de cada 10 de ellos, ese es el discurso del PRD. El otro problema es que López Obrador no se ha comprometido con el resultado que surgiría del recuento voto por voto.

   En esas circunstancias, la apuesta política de López Obrador y las fuerzas que lo respaldan parece desmesurada. No quieren clarificar, sino descalificar la elección presidencial. Al tiempo que afrentan al IFE, presionan al Tribunal Electoral. Más que argumentos y evidencias de carácter jurídico, han propuesto un litigio político. Tienen derecho a defender sus votos. Pero es discutible que lo tengan para arruinar un proceso político necesario y genuino. Los escenarios que propicia esa actitud son, en todos los casos, maniqueos y riesgosos. Aun si abriera todas las urnas, la decisión del Trife sería insatisfactoria para la Coalición por el Bien de Todos que solamente estaría conforme si se proclamara el triunfo de López Obrador. El cómputo voto por voto en una cantidad importante de casillas, pero inferior a las que ha exigido esa Coalición, es una de las opciones más factibles para el Tribunal, que está comprometido no con un partido ni un candidato sino con el acatamiento a la ley.

   Abrir todas las urnas y contar cada una de las papeletas de la elección presidencial, podría ser resultado del análisis que haga el Tribunal de las objeciones y pruebas que le han presentado. Es una posibilidad que tiene esa autoridad. Exigir el recuento voto por voto como si fuese la única vía legítima implica encasillar al Trife y cancelarle las opciones de las que dispone en el de por sí muy acotado escenario jurídico y político que enfrenta. Hay que respaldar al Tribunal Federal Electoral y a la decisión que tome, independientemente del método que utilice para llegar a ella y del desenlace que de allí resulte para la elección presidencial.

Trascender la crispación

   La defensa de nuestras instituciones electorales es, hoy en día, una causa que trasciende banderías y ambiciones políticas. Sería preciso mirar más allá de esta coyuntura para pensar en los acuerdos posibles, recuperar las capacidades de la política, buscar el hilado fino que reivindica los acuerdos capaces de articular algunos de los cambios –por ejemplo y especialmente el tránsito de nuestro enmohecido presidencialismo a un régimen de rasgos parlamentarios que reconozca y potencie la diversidad de opciones que hoy son políticamente competitivas en México–. Sin embargo tan solo ese ejercicio es difícil porque la crispación que define a nuestro escenario político ha trasminado a todas las áreas de la vida social. Resulta peliagudo pensar en acuerdos cuando una de las fuerzas políticas centrales en este país parece empeñada en imponerse incluso a pesar del veredicto en las urnas. Hoy el requisito central para estar en condiciones de articular consensos es la defensa del voto y de las instituciones encargadas de reivindicar la libertad y claridad del sufragio. Una vez que el Tribunal Electoral extienda su veredicto, el país contará con decisiones que serán el soporte para, entonces sí, preparar la hora de los acuerdos.

Julio 27 de 2006.

[1] Las frases en cursivas están tomadas, textualmente, de la carta que Andrés Manuel López Obrador le dirigió a Felipe Calderón Hinojosa el lunes 24 de julio.

[2] Estimaciones tomadas de Grupo Consultor Interdisciplinario, Lectura política número 365, 26 de julio de 2006.

La Crónica, 1 de junio de 2004

Al renunciar como secretario de Energía, Felipe Calderón Espinosa emprende un camino político sin retorno –por lo menos a corto plazo–.

   Miembro destacadísimo del PAN, del que fue dirigente nacional cuando tenía 33 años, Calderón ha decidido pasar a la oposición dentro de ese partido.

   Así puede entenderse la dimisión que le presentó ayer al presidente Vicente Fox. Después de haber sido parte del equipo presidencial, Calderón podría intentar aglutinar a los no pocos panistas que se encuentran disgustados con la gestión del presidente de la República.

   Puede considerarse que después de la insólita descalificación que antier le enjaretó el presidente, Calderón no podía hacer mas que renunciar. Cuando consideró imprudente y fuera de lugar el mitin de los panistas de Guadalajara para promover al secretario de Energía como precandidato presidencial, el licenciado Fox le retiró la confianza que deben merecerle sus colaboradores. Así lo destaca el renunciante en la carta de la que entregó copia a los medios.

   Esa renuncia ubica a Calderón en una posición notoria, difícil y arriesgada, pero diferente respecto de otros aspirantes a la candidatura presidencial del PAN. Fuera del gobierno, carecerá de las ataduras institucionales que sigue teniendo Santiago Creel.

   Sobre todo Calderón se beneficiará, dentro de su partido, de la equívoca pero en ocasiones eficaz reputación que disfrutan aquellos que, por disentir, sacrifican una posición política.

   Al hasta ayer secretario se le considerará abanderado del panismo que, sin desatender la doctrina y tradiciones de ese partido, encuentra en el gobierno de Vicente Fox errores que perjudican al país y sobre todo, deterioran la presencia pública de Acción Nacional.

   A diferencia de Fox –y, por cierto, también de Santiago Creel– Calderón no es nuevo en la militancia panista. Hace 20 años –cuando tenía 22– ya era consejero nacional en ese partido. En aquel tiempo el ahora presidente de la República seguía dedicado a sus negocios y el ahora secretario de Gobernación únicamente atendía los asuntos de su despacho de abogado.

   Más tarde Calderón encabezó al PAN en una fase de notable desarrollo electoral de ese partido. Su desempeño como legislador fue notorio y cuando en 2003 concluyó su segundo periodo en San Lázaro, parecía evidente que ocuparía una posición destacada en el gobierno. La dirección de Banobras, que desempeñó entre febrero y septiembre del año pasado, era un encargo menor para sus capacidades y experiencia. Por eso no fue una sorpresa su ascensión al gabinete, hace nueve meses, como secretario de Energía.

   La reforma de la industria eléctrica y la apertura de Pemex, que eran las tareas principales que tenía Calderón, parecían difíciles desde que fue designado pero transcurridos estos meses se han convertido en uno de los principales escollos de las fuerzas políticas del país. No se le puede achacar a Calderón el fracaso de esas reformas. Pero tampoco se puede considerar que haya tenido un desempeño destacado para hacerlas posibles. Así que parte de los fiascos que se le pueden imputar al gobierno del que hasta ayer formaba parte, han sido corresponsabilidad de suya.

   La decisión de Calderón profundiza las fracturas en el PAN cuya dirección nacional parecía pasmada, todavía anoche, ante ese acontecimiento. El mitin del sábado cerca de Guadalajara fue un albazo el estilo –y con los modos– del priismo más tradicional. Durante mucho tiempo se discutirá si fue una decisión oportuna, o si Calderón y sus partidarios violentaron innecesariamente el proceso político en Acción Nacional.

   Apenas el 15 de enero pasado el gobernador Francisco Ramírez Acuña aseguraba que el momento para que se manifestaran posibles candidaturas sería hasta 2005: “Los que tengan ganas tienen que trabajar fuertemente todavía éste y el próximo año, los adelantados han salido vituperados por todos lados, pero además han salido con acciones muy lamentables en sus tareas, tanto dirigentes de partidos como funcionarios del gobierno federal”. Poco más de cuatro meses después el gobernador jalisciense promovió a su propio adelantado y ambos se expusieron a la reprimenda presidencial.

   Seguramente Calderón tenía ganas, y prisa, para hacer evidentes sus aspiraciones políticas. Aun así, es difícil entender por qué se apoyó, para su lanzamiento, en el panismo de Guadalajara que ha sido uno de los segmentos política e ideológica más retardatarios –y autoritarios– dentro de Acción Nacional.

   Ese respaldo oscurece el perfil de Calderón, un político que alguna vez se describió como de centro izquierda y que ahora se resguarda en compañías de signo contrapuesto a esa preferencia.

La Crónica, mayo 31 de 2004

El notorio disgusto del presidente de la República ante el destape de su secretario de Energía como precandidato para sucederlo da cuenta del juego político no solo abierto, sino además carente de reglas, parámetros y acuerdos dentro del Partido Acción Nacional.

   Cuando, a propósito del mitin realizado el sábado en un rancho cerca de Guadalajara, considera que “fue más que imprudente llevar este acto político”, el presidente Vicente Fox no solo descalifica la participación allí uno de sus colaboradores más cercanos. Además confirma el descontrol que la muy anticipada sucesión ha ocasionado en todas las fuerzas políticas, entre las cuales su partido no es excepción.

   Antier, convocados por el gobernador Francisco Ramírez Acuña, entre 3 y 4 mil jaliscienses vitorearon a Felipe Calderón Hinojosa como aspirante a la Presidencia de la República.

   “La lucha ha iniciado. Nuestro anhelo es que tú seas nuestro candidato a la Presidencia de la República. Sabemos que no puedes decirnos abiertamente que quieres ser candidato, pero en muchos de tus párrafos nos dices que ya estás en la lucha”, le dijo el gobernador al Secretario de Energía.

   Calderón no aceptó, pero tampoco rechazó esa prematura postulación. Habló como quien se prepara a una responsabilidad mayor, más que como quien prefiere esperar a que se cumplan tiempos reglamentarios y políticos: “Así como me han visto luchar en el pasado me verán luchando en el futuro, cuando los tiempos así lo marquen”.

   El mitin había sido expresamente convocado para promover a Calderón a la candidatura presidencial que habrá de competir dentro de dos años. Ramírez Acuña y el resto de los panistas-calderonistas que organizaron la concentración con recursos que no son sustancialmente distintos a los del viejo priismo –luego de los discursos hubo una multitudinaria comida– quisieron aprovechar la presencia de numerosos enviados de prensa que estaban en Guadalajara con motivo de la Cumbre de Jefes de Estado de Europa y América Latina.

   Calderón les recordó a sus partidarios que la Secretaría de Energía sigue siendo su prioridad. Sin embargo aclaró: “Pero quiero decirles que nada me arredra, nada me intimida. Llegado el momento asumiré la tarea si así lo resuelven los panistas”.

   Así que, aun sin decirlo con todas sus letras, Calderón aceptó la postulación. Desde que en septiembre pasado fue incorporado al gabinete presidencial, era evidente que se encontraba en la primera línea de los aspirantes a la candidatura panista. Pero una cosa es que se le considere posible pretendiente y otra, que acceda a que esa aspiración sea amplia y masivamente propagada.

   El mitin que le organizó el gobernador de Jalisco –y al que asistieron todos los miembros de su gabinete, así como varios presidentes municipales– rompe con la mesura que los dirigentes nacionales del PAN habían acordado respecto de las precandidaturas presidenciales. Cuando hace algunos meses, en una de sus reuniones nacionales, ese partido comenzó a discutir cuándo y cómo se realizaría el proceso de selección con vistas a 2006, los panistas encargaron a una comisión el diseño de esas reglas.

   Varios posibles interesados en esa candidatura accedieron a esperar a los plazos formales del partido. El más notorio de ellos es Santiago Creel, cuyo desempeño en Gobernación le otorga una visibilidad cotidiana aunque pocas veces con una imagen favorable. Otros posibles aspirantes como Francisco Barrio, el coordinador panista en San Lázaro, han seguido una estrategia diferente, con un bajo perfil público.

   Quizá Calderón y su grupo de apoyo se animaron a romper la discreción debido a la notoriedad de Creel. Una encuesta del diario Reforma levantada a mediados del actual mayo preguntó, entre posibles votantes panistas, cuál candidato presidencial preferirían. Creel y Marta Sahagún (que aparentemente se ha descartado, aunque quizá no con mucha convicción) obtuvieron, cada uno, el 36% de menciones. Muy lejos de ese reconocimiento Barrio y Calderón fueron preferidos, cada uno, por el 5%. Carlos Medina, que hace pocos días anunció también su interés por buscar la candidatura, fue mencionado por el 4%.

   La postulación de su secretario de Energía colocó al presidente Fox en tal aprieto que, ayer, no tuvo empacho en asegurar: “Me parece que está fuera de lugar y de tiempo lo digo tanto por el secretario como por el gobernador y su equipo”.

   Más claro, no podía expresarse. Calderón, cuya trayectoria en Acción Nacional ha sido vertiginosa y en ocasiones brillante, quiere ser presidente de la República. Pero al titular actual del Ejecutivo Federal esa pretensión le desacomoda el tablero político –si es que tiene uno–. Si el licenciado Fox fuese auténtico árbitro, esa declaración de fuera de lugar le costaría una sanción al secretario Calderón. En este caso, la queja presidencial solo manifiesta el descontrol político que hay, incluso, dentro del equipo gubernamental.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

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La Crónica, octubre 15 de 2003

Posiblemente Felipe Calderón nunca pensó que acudiría al edificio del PRI a presenciar una de las disputas ideológicas y políticas más enconadas que se hayan librado dentro de ese partido. Acaso tampoco imaginó que él, forjado en la militancia anti priista que lo llevó a adherirse desde los 18 años al PAN, saldría de esas instalaciones reconociendo la actitud “de madurez, de apertura y de diálogo” que, según dice, ahora muestra el Revolucionario Institucional.

   Dichas al cabo del encuentro que tuvo antier con los dirigentes del PRI, esas palabras del Secretario de Energía fueron expresión de gentileza pero, también, de la casi desesperada preocupación del gobierno para que prospere su iniciativa de reforma eléctrica.

   Solo por esa causa puede suponerse que Calderón haya canjeado su histórico anti priismo por la actitud que lo lleva a reconocer “el contraste de lo que era el PRI en aquel tiempo y lo que es ahora”.   Además de esas declaraciones que aparecen en una nota del periodista Roberto Zamarripa la edición de ayer de Reforma, en información de los reporteros Claudia Guerrero y Benito Jiménez, menciona algunas de las paradójicas circunstancias que pudieron registrarse en el encuentro de Calderón con los priistas.

   El encuentro había comenzado con una explicación que Calderón y dos directivos de la Comisión Federal de Electricidad, hicieron acerca de la situación de esa industria y de la propuesta de reforma legal que impulsa el gobierno. Allí se reiteró la inevitable necesidad de modificar la referencia que nuestra Constitución Política hace a la exclusividad del Estado en el manejo de la electricidad si es que se quiere abrir dicho sector a la inversión privada.

   Algunos priistas han mantenido la ilusión de que tales enmiendas no son indispensables o de que se les puede dar la vuelta. Para la mayoría de los dirigentes de ese partido, más que el destino de la electricidad el tema central es cómo emprender esa operación reformadora sin que les cueste mucho en términos políticos.

   Tocar o no la Constitución y, en ese caso, acatar o no los documentos básicos del PRI según los cuales cualquier reforma constitucional en materia energética que apoyasen sus legisladores tendría que ser aprobada en una asamblea nacional del partido, constituyen las preocupaciones que más inquietan a esos dirigentes.

   No ha existido, ni dentro ni fuera del Revolucionario Institucional, una discusión informada, capaz de trascender los cartabones ideológicos, acerca de los cambios que podría necesitar la industria eléctrica o sobre la pertinencia de mantener intocada la exclusividad del Estado.

   Por eso a Calderón le tocó presenciar un diferendo que los priistas no han podido resolver en sus propias deliberaciones. Mientras varios ellos se mostraban no solo anuentes sino hasta entusiasmados con la propuesta del gobierno, algunos más la rechazaron bruscamente.

   Fue entonces cuando el secretario de Energía dejó a un lado los argumentos técnicos, financieros y jurídicos para tratar de encandilar a los priistas con el tema que más los conmueve. Piensen, les dijo, qué pasará si ustedes ganan la próxima elección presidencial.

   “En la eventualidad de que el PRI regrese en el 2006 a Los Pinos, pues la reforma es una cuestión que a ustedes les interesa para que no les pase lo que nos está pasando a nosotros”.

   Continuó el secretario, de acuerdo con la mencionada versión: “Ahora el PRI está entendiendo. Nosotros estamos viviendo lo que ustedes vivieron y quiero decirles que estar en la oposición es el cielo, pero estar en el gobierno es la tierra”.

   Según esa reconstrucción el primero en contestar fue el senador Manuel Bartlett: “Ahora sí nos vamos entendiendo, Calderón”.

   Así que no son la capacidad  de autosuficiencia, la disponibilidad de fluido, el mantenimiento de las redes o el precio de la electricidad los factores que pueden convencer a muchos priistas. Lo que más entenderán es esa lógica desde el poder que les planteó Calderón y que a ellos, nostálgicos del mando presidencial que perdieron hace tres años, los estremece sobremanera.

   Sin embargo hay premisas que no encajan del todo en el razonamiento de Calderón. Él ahora trabaja en la administración federal pero su partido se mantiene tan distante –y no por respeto, sino por una cada vez más clara incompatibilidad con el presidente– que difícilmente se puede decir que el PAN se encuentra en el gobierno. Y el PRI, más que reconocerse como partido en la oposición, actúa como grupo de presión sin coordenadas claras y supeditado al vaivén de los intereses que se desgarran a su interior.

   Así que ni el partido opositor experimenta una situación tan celestial, ni el gobierno ha demostrado tener los pies en la tierra como pretende el secretario de Energía.

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