La Crónica, 14 de noviembre de 2004

El fárrago mediático y los escándalos públicos que mantienen en estado de crispación a nuestra sociedad a menudo nos llevan a desatender con demasiada rapidez la gravedad de algunos acontecimientos. Hace dos años fueron asesinados los cinco integrantes de la familia Narezo Loyola y sus dos empleadas domésticas. Ese crimen, para el que cualquier adjetivo resulta insuficiente, suscitó una extendida estupefacción que luego sería horror e indignación generalizados el país. La crueldad con que fueron asesinadas siete personas en la colonia Toriello Guerra, al sur de la ciudad de México, causó tal inquietud que durante varias semanas la búsqueda de los homicidas acaparó la atención pública.

   Mañana, 15 de noviembre, se cumplen dos años de esos crímenes. Uno de los asesinos, plenamente identificado, está en prisión y jamás podrá pagar la pena de 384 años que le impuso la justicia. Las autoridades encargadas de esa indagación han querido dejar allí las pesquisas pero no se sabe, a ciencia cierta, qué ocurrió con el cómplice de aquellos homicidios. Los familiares de los Narezo Loyola, que cargan con un dolor lacerante e indeleble, insisten en que la investigación no sea cancelada.

Hace dos años

   La tarde del viernes 15 de noviembre de 2002 Orlando Magaña Dorantes llegó, acompañado de otro individuo, a la casa de la familia Narezo Loyola en Cuitláhuac 186. Magaña vivía en la misma calle. Al parecer tenía la intención de robar uno de los automóviles que había en ese domicilio. Con su cómplice, ató a las dos muchachas del servicio doméstico y luego, conforme fueron llegando, hizo lo mismo con toda la familia.

   Magaña y el cómplice llevaban el rostro cubierto pero al forcejear con Ricardo Narezo Loyola, el hijo mayor de la familia, la máscara se le cayó y lo reconocieron. Cuando tuvieron en su poder la factura del automóvil –que Ricardo Narezo Benavides, el jefe de familia, tuvo que ir a buscar a un taller mecánico que tenía en la colonia Insurgentes Mixcoac– decidieron asesinarlos a todos.

   Antes de la medianoche, habían sido asesinados Ricardo Narezo Benavides y su esposa Diana Loyola Bautista, así como sus hijos Ricardo Jesús, Andrea y Diana Narezo Loyola. También fueron victimadas Cecilia de los Ángeles Pacheco y Margarita Cortés, que trabajaban con la familia.

   Los homicidas creyeron que también habían asesinado al joven Juan Pablo Quintana, amigo de la familia. Mal herido, varias horas más tarde ese joven logró salir de la casa y pedir ayuda. Gracias a él se supo que Magaña y otra persona eran los criminales.

   La búsqueda de Magaña, como se recordará, ocupó la atención de los medios entre noviembre y diciembre de hace dos años. Las autoridades judiciales del Distrito Federal lograron ubicar su paradero y lo detuvieron. El asesino declaró entonces que su cómplice de llamaba Jorge Esteva, o Esteban.

El cómplice desconocido

   Allí se encuentra el cabo suelto que, a pesar de la notoria diligencia que invirtieron en ese caso, no han podido resolver las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. No se conocen más datos y ni siquiera hay certeza sobre el nombre del otro asesino. Preso desde entonces, Magaña se ha negado a ofrecer mayor información sobre su cómplice.

   A comienzos de 2003 se informó que Esteva podía haber sido asesinado por Magaña y que su cadáver había sido localizado, calcinado, en Amecameca. Sin embargo no se podía asegurar que los rasgos del retrato hablado que proporcionó Juan Pablo Quintana, el sobreviviente del crimen, fueran los de ese cuerpo. Entonces se comparó el ADN del cadáver con el que se identificó en una colilla de cigarro encontrada en la casa de la familia Narezo pero los resultados fueron negativos.

   Tampoco dieron resultado las indagaciones sobre los antecedentes criminales y los posibles cómplices de Orlando Magaña en otros delitos. Varios familiares suyos, entre ellos su padre, fueron agentes de la policía judicial federal. Una investigación de La Crónica publicada el 24 de noviembre de 2002 encontró que Magaña había sido reconocido como miembro de una banda de distribuidores de droga por vecinos de la colonia Constitución de 1917, en Iztapalapa, en donde vivían algunos parientes suyos.

Preso en Puente Grande

   Desde hace tres meses Magaña está recluido en la prisión de Puente Grande, en Jalisco, a donde fue trasladado junto con otros delincuentes. Las autoridades carcelarias tienen que protegerlo de la irritación de otros reclusos que no le perdonan la sevicia extrema con la que asesinó a los Narezo Loyola. Así pasará toda su vida y se lo merece. Pero no deja de ser inquietante la posibilidad de que su cómplice, el otro asesino, siga libre sin que la justicia tenga interés en buscarlo.

   En noviembre pasado, cuando se cumplió un año del crimen, la fama pública de la familia Narezo Loyola estaba libre de las sospechas que se publicaron en algunos medios después del asesinato. El subprocurador de la PGJDF, Renato Sales, dijo entonces: “tenemos la certeza que se trataba de una familia honesta”.

   Juan Pablo Quintana, el testigo que con gran entereza identificó a Magaña, trata de rehacer su vida después de una larga convalecencia. Los deudos de los Narezo Loyola, por su parte, no solo recuerdan con cariño indeleble a sus familiares y amigos asesinados. Además sostienen la legítima exigencia para que las indagaciones sobre el crimen no sean canceladas.

* * *

   Rosario Narezo Benavides, en representación de su familia, ha puesto por escrito la exigencia, la protesta y el dolor de quienes perdieron hace dos años a sus hermanos, cuñados, sobrinos y primos. La carta que reproducimos a continuación es el testimonio valiente y franco de una ciudadana resuelta a no dejarse avasallar por la congoja y que no se resigna ante las insuficiencias de una justicia a medias. Es también un homenaje a la memoria de los integrantes de la familia Narezo Loyola y las muchachas que hace dos años fueron asesinados.

In memoriam

A Ricardo, Diana, Richie, Andrea, Dianita, Cecilia y Margarita

   No hay explicación para el misterio de la vida, no hay explicación para la banalidad del mal. ¿Cómo podemos restablecer la estructura argumental de una vida que ha sido interrumpida por una pérdida o un acontecimiento traumático? Tal vez podemos hacerlo repitiendo una y otra vez nuestra historia a los oyentes, a los que les importa, a quienes, como cualquier ciudadano mexicano, tenemos derecho a una vida segura, tranquila, humana. Cuando contamos públicamente nuestras historias pedimos ayuda para responder a estas preguntas. También el efecto de una carta pública es eficaz, ésa es la intención de la presente.

   Sin embargo, el dolor que nos ha provocado a familiares y amigos la pérdida de cinco integrantes de la Familia Narezo Loyola, se ha visto agravado por la INDIFERENCIA y la falta de ATENCIÓN de las autoridades responsables de la procuración de justicia en el Distrito Federal.

   Si bien es cierto que el principal asesino fue capturado (lo cual reconocimos públicamente en su momento), las preguntas ahora son ¿dónde quedó el cómplice?, ¿quién es?, ¿dónde está? ¿por qué no se encuentra en la lista de los 20 más buscados? Después de varios intentos por obtener explicaciones sobre las indagatorias, estas preguntas no han tenido respuesta.

   De la carta enviada por mi hermano Jaime Narezo al Mtro. Bernardo Bátiz, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, el pasado 2 de julio, no hemos siquiera obtenido un acuse de recibo. De varios correos electrónicos enviados por mi parte al Lic. Renato Sales, Subprocurador de Justicia del Distrito Federal, sólo recibí respuesta a dos de ellos y en uno de éstos, me decía que uno de los “derechos” del asesino, es no decir quien fue su cómplice. ¿Dónde quedan entonces, los derechos de una Familia honrada a seguir viviendo? ¿Dónde quedan los derechos humanos de nuestro hermano, cuñada y sobrinos a vivir tranquilamente en su propia casa? ¿Dónde quedan los derechos de nuestra Familia a no haber sido ultrajada en su propio domicilio? ¿Quién tiene el derecho a cometer semejante asesinato? Y ahora resulta que el asesino está en todo su derecho de no decir la verdad. El resultado es que  entre los derechos y privilegios de que gozan los criminales y la ineficacia de los sistemas de investigación del la procuraduría tenemos al asesino de siete personas suelto por las calles. 

   Por desgracia nosotros hemos tenido que atestiguar la falta de preparación de las personas que supuestamente están para protegernos. Hay mucho de improvisación, sin investigaciones que puedan dar resultado alguno, sin la más mínima metodología, sin presupuesto suficiente. Habría qué preguntarse si en un sistema de administración de justicia de calidad, no se hubiera detenido ya  al cómplice del cual la Procuraduría del Distrito Federal ni siquiera conoce el nombre.

   Esto es gravísimo, y aquí por último habría qué preguntarse donde están los derechos humanos de los habitantes de este país y de esta ciudad a no vivir en el miedo, en el terror que implica salir a las calles y no tener la certeza de regresar o de que asesinos se metan a sus casas. Como ciudadanos nos sentimos abandonados a nuestra suerte. En la indefensión tras los trágicos acontecimientos que vivimos, pero por supuesto, esto qué importa en un país donde impera lo político sobre lo humano,  donde nadie está dispuesto a aceptar una falla o hacer un gesto si esto tiene el mínimo costo electoral. Es importante entender que el crimen no fue un incidente aislado, sino un grave ejemplo de nuestra degradación social.         

   Las autoridades podrán contestar que sí se está buscando al cómplice (tal vez sea así), pero la pregunta es por qué no hemos conocido los avances. No pretendo convertirme en juez del trabajo de la PGJDF, ni tampoco provocar polémica, pero de nuevo vuelvo a preguntarme ¿hasta dónde llegan los derechos y privilegios de asesinos de niños, de familias completas, de quienes cometen los más atroces asesinatos?, ¿qué confianza podemos tener entonces en la procuración de justicia?, ¿habrá qué repensar el concepto de “los derechos” de este tipo de rufianes o hasta dónde están los límites? ¿Es el Distrito Federal realmente la Ciudad de la Esperanza?

   Sin embargo, he entendido que SÍ hay explicación para la IMPUNIDAD y ésta es la INDIFERENCIA. Una de las peticiones por parte de la ciudadanía en la marcha del 27 de junio pasado, fue acabar con la IMPUNIDAD, mientras ésta exista, rufianes como el cómplice del asesino de nuestra Familia, (y de otros casos parecidos conocidos por todos), seguirán caminando tranquilamente por cualquier ciudad de la República Mexicana o por cualquier calle del Distrito Federal, lo cual es para morirse de terror.

   A dos años del duelo por el que aún transitamos, las Familias Narezo y Loyola no nos hemos cansado de luchar y de EXIGIR RESPUESTAS, así pasen 20 años no nos detendremos ante el nulo caso y la indiferencia que han demostrado algunas autoridades a nuestras peticiones y preguntas.

   Agradecemos, desde luego, el apoyo y los actos de solidaridad y humanismo de analistas sociales y periodistas que nos han dado voz.

Rosario Narezo Benavides.

15 de noviembre de 2004.

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La Crónica, 27 de junio de 2004

crónica

jun/26/04

SOCIEDAD Y PODER DOMINICAL

El día después de la marcha

Raúl Trejo Delarbre

Mañana lunes, mientras la prensa reseñe los pormenores de una manifestación concurrida y diversa, cada segmento del poder político emprenderá el balance del acto de masas más importante en la historia reciente de nuestro país. Los diarios se darán vuelo registrando anécdotas y exprimiendo lugares comunes identificados en la marcha.

   La participación que para unos será señal de frivolidad y espectacularidad, a otros les permitirá comprobar prejuicios anteriores a la marcha. Reforma mostrará rostros y atuendos de los famosos que habrán asistido a esa demostración contra la delincuencia. La Jornada reconocerá a los miembros de grupos reputados como conservadores y se ensañará en la reseña del porte atildado y la inexperiencia  en manifestaciones callejeras de damas y caballeros que no suelen aparecer en las páginas de información política sino en las secciones de fiestas y celebraciones. El Universal enfatizará el comportamiento distinto de los gobiernos federal y de la ciudad de México en las primeras reacciones después de la marcha. Milenio desplegará las cifras de asistencia que ofrezca la policía del Distrito Federal y que serán inferiores a las estimaciones de los organizadores de la marcha. La Crónica observará la composición plural y las dimensiones multitudinarias del evento, podrá destacar las consignas –inevitables a pesar del llamado al comportamiento silencioso– en contra del jefe de Gobierno del DF y si los hay, reportará los robos de autos y otros atracos que a pesar de la vigilancia policiaca se hayan cometido en las inmediaciones de la manifestación.

Posiciones en los medios

   Cada uno de esos diarios, igual que el resto de los medios de comunicación, habrá sido adversario, testigo o promotor activo de la marcha contra la inseguridad pero ninguno la habrá podido ignorar. En la posición ante la marcha cada medio, igual que cada autoridad local o federal, ha mostrado concepciones distintas acerca del papel que le reconocen a la sociedad en la solución a los problemas públicos.

   Algunos medios de comunicación, que por costumbre antigua o por reciente conveniencia han querido identificarse con Andrés Manuel López Obrador, hicieron todo lo posible para destacar las impugnaciones contra la marcha, en tanto que minimizaban sus virtudes. La versión de que se trataba de un evento promovido por grupos de ultra derecha –y que hoy será descalificada en la composición y el talante político de la enorme mayoría de los asistentes– fue asumida como consigna por La Jornada y Milenio y, aunque con dificultades porque esa postura se confrontaba con su público habitual, por Monitor de José Gutiérrez Vivó.

   La mayoría de los medios y periodistas, más de forma espontánea que como resultado de una decisión corporativa, quiso apostar por la marcha y contra la inseguridad en la ciudad de México. Era difícil no hacerlo, especialmente cuando muchos de esos profesionales de la información reseñan los secuestros, asaltos y violaciones que todos los días se dan a conocer.

   Respaldar la manifestación se convirtió en un recurso para pugnar por una realidad distinta. En ese empeño se identificaron ciudadanos de las más diversas condiciones sociales y profesionales. Todos, sin distinción, somos o podemos ser víctimas de la desmedida delincuencia que se ha convertido en el problema urbano más grave de los últimos tiempos. Por eso la convocatoria a la marcha despertó tanto y tan extendido interés.

Extendida aceptación

   Aunque la marcha habrá tenido importancia política y presencia social más allá de los medios, todavía hay quienes consideran que se trata de un acontecimiento fraguado y moldeado por las empresas comunicacionales. Lo que ha ocurrido es lo contrario. La aceptación que la marcha alcanzó en la sociedad fue tan amplia y generalizada que los medios no pudieron ignorarla.

   Por supuesto sin la promoción que recibió, sobre todo en espacios informativos y en programas de discusión especialmente en la radio, la marcha no habría sido tan considerablemente conocida. Sobre todo no se habría convertido en el acontecimiento insoslayable, y para algunos indispensable, que ha llegado a ser. Pero la iniciativa, organización y la definición de las prioridades de la marcha, no han sido resultado de una manipulación de los medios.

   Seguramente los propietarios de algunas de las empresas televisivas y editoriales más importantes están de acuerdo con la manifestación y no han puesto taxativas para que sea promovida en sus medios. Pero la notoriedad de la marcha no se debe exclusivamente a la intensa exposición en la radio, a las habitualmente costosas menciones en televisión, ni a la información documentada por la prensa.

   Todo eso ha ayudado. Pero de poco habría servido si, en la sociedad, no hubiera una sensación de miedo, inquietud y molestia ante la persistencia y la frecuente impunidad de la delincuencia.

Cotidiana intranquilidad

   La zozobra de los ciudadanos ha sido el fermento del hoy extendido interés por el combate a la criminalidad y por la utilización de recursos de expresión y presión como el que constituye la marcha.

   La inseguridad económica es lacerante, pero la mayor parte de las familias han podido sobrellevarla aunque sea con enormes dificultades. La desazón política, es causa de preocupación y disgustos pero ha llegado a ser entendida como un asunto distante de los ciudadanos.

   En cambio la intranquilidad que ocasiona la posibilidad de ser asaltados, o de que alguno de sus familiares no llegue al hogar porque se ha convertido en una más de las víctimas de la delincuencia, ahora es una angustia que todos los días corroe la convivencia en sociedad y la supervivencia en nuestras ciudades –y muy especialmente en la capital del país–.

   En ese sustrato real, la explicable y preocupada inquietud de los ciudadanos se desarrolló a partir de los desatinos políticos del gobierno del Distrito Federal. Quizá si no hubiéramos padecido la tensa temporada de videos, denuncias y desvergüenzas que presenciamos desde marzo pasado –y que no sabemos si ha concluido– el de la delincuencia no habría sido un tema tan punzante en la sensibilidad de la sociedad.

   Pero cuando a la conocida ineficiencia de las autoridades para enfrentar a las bandas criminales se añade el descubrimiento de los negocios ilícitos en los que estaban involucrados algunos de esos funcionarios o sus colaboradores cercanos, es entendible que la desazón se convierta en irritación.

   El razonamiento que, al respecto, hacen no pocos ciudadanos es de contundente sencillez: si en vez de llenarse las bolsas de dólares y ligas algunos de los funcionarios más importantes del gobierno del DF se hubieran dedicado a cumplir con sus obligaciones, posiblemente la delincuencia y otros males de la ciudad habrían sido atendidos con menos negligencia.

López reprobó la marcha

   A la incapacidad para entender ese disgusto, el gobierno de la ciudad de México añadió una desmañada actitud para entender y atender el desafío que significa la manifestación. En vez de reconocer que allí se expresan reclamos fundamentales de la sociedad, la administración de López Obrador decidió sabotearla y descalificarla.

   En lugar de identificarlos como interlocutores, el gobierno del DF asumió como contendientes a los organizadores y participantes de la manifestación.

   El resultado ha sido políticamente desastroso. La marcha contra la delincuencia se ha convertido, incluso a pesar de sus promotores, en termómetro del rechazo al jefe de Gobierno de la ciudad de México.

   López Obrador se enfrentó a esa movilización y la descalificó inventando patrañas acerca de ella. Hoy se demostrará no solo que su administración mintió acerca de los grupos que promovían la marcha, sino que miles y miles de ciudadanos desatienden esas advertencias simplemente porque no le tienen confianza al jefe de Gobierno.

   Al gobierno de la ciudad de México, la marcha de este domingo le pareció reprobable porque no la controlaba. No hay otro motivo real para que se haya querido desacreditarla con tanta insistencia como hicieron en días pasados varios funcionarios de esa administración.

Intolerancia y lucro

   En la reacción a la marcha se expresa de manera transparente la personalidad autoritaria de López Obrador: desconfía de cualquier iniciativa ajena a su ámbito de control, se niega a reconocer errores, encuentra perversas conspiraciones en donde lo que hay son reclamos legítimos, rechaza la interlocución y prefiere la descalificación.

   Por obediencia o convicción, varios de los colaboradores más importantes de López Obrador compartieron y esgrimieron ese discurso intolerante hacia la marcha. Las acusaciones de Alejandro Encinas que la atribuyó a un complot de la derecha, el desprecio de Bernardo Bátiz por una movilización a la que desaprueba como “alharaca” y las descalificaciones de Martí Batres al presidente de la República porque dijo que el DF es la entidad más insegura del país, son indicios de la inhabilidad de ese gobierno para enfrentar los problemas de la ciudad de México y de la autoritaria noción que tienen de la sociedad.

   Con más habilidad pero tratando de lucrar políticamente con la marcha, el presidente Vicente Fox se ha acercado a los grupos que la organizan y les ha prometido escuchar sus exigencias.  A diferencia del gobierno del DF, la administración federal ha entendido que en la manifestación se expresan reivindicaciones sociales legítimas y que de nada sirve ignorarlas.

   Sin embargo el presidente Fox aprovecha la reivindicación de la marcha para desacreditar al gobierno de la ciudad de México. Con esa actitud demuestra, otra vez, su incapacidad para tener una mirada de largo aliento. En ausencia de esa perspectiva, el gobierno federal se comporta como si la manifestación fuera simplemente un episodio en su diferendo político con López Obrador.

Más o menos delincuencia

   Al lado de esas querellas, la marcha habrá demostrado que sus banderas son mucho más importantes que las ambiciones de los grupos que se disputan el poder.

   En los días recientes el gobierno federal y los colaboradores de López Obrador se enfrascaron en una poco útil disputa sobre el tamaño de la delincuencia en la ciudad de México. A la afirmación del presidente Fox sobre el primer sitio que el DF ocuparía en materia de criminalidad, Batres contestó con cifras federales sobre seguridad pública. No quiso recordar que esos datos suelen estar sesgados por el desinterés de los ciudadanos para presentar denuncias ministeriales cuando son víctimas de algún delito.

   Los datos son útiles, pero más allá de ellos es evidente que el de la criminalidad es un problema que afecta y agobia en ciudades como el DF. Por eso es útil la precisión que hacen las 80 organizaciones que convocaron a la marcha: “No se debe perder el tiempo en discusiones sobre el incremento o la disminución de los delitos del país. Lo único cierto es que los ciudadanos de aquí y de allá nos sentimos inseguros”.

Agenda contra el crimen

   Por eso, la manifestación de este domingo por Reforma y que llegará hasta el Zócalo no solo será muy concurrida. Además, en forma y fondo, constituirá la expresión de una sociedad disgustada y que no quiere permanecer impávida frente al empeoramiento de problemas que la afectan directamente.

   Ese brío de la sociedad (no de toda ella, desde luego, sino de sus componentes más activos) será indispensable que se mantenga para insistir en las medidas legales y administrativas que pueden forzar a una disminución real de la delincuencia.

   Reorganización y depuración de cuerpos policiacos, reglas más estrictas en las prisiones, atribuciones y obligaciones del ministerio público, plazos y alcances de los juicios penales serán, entre otros, algunos de los capítulos cuyo desahogo requerirá de una sociedad vigilante y un compromiso explícito de las fuerzas políticas.

   La marcha permitirá hacer evidentes esas opciones y el respaldo social que tienen. Será el inicio, apenas, de un esfuerzo que si no resulta sostenido tendrá escasos resultados. Mantener el de la seguridad como tema imprescindible de la agenda pública será una de las tareas de las organizaciones que se congregan hoy y de los ciudadanos que respaldan ese empeño.

Más allá de los partidos

   Esos ciudadanos se manifestarán más allá de los partidos políticos y en algunos casos de manera crítica ante ellos. Junto con el tema de la delincuencia, ese constituye un mensaje insoslayable para partidos, legisladores y gobernantes.

   Si en vez de estar contaminados por puyas y timos los espacios para hacer y procesar la política funcionaran con eficacia, los ciudadanos no tendrían necesidad de salir a las calles a exigir que sean atendidos asuntos como el aumento y la frecuente impunidad de la delincuencia.

   Si el Poder Legislativo cumpliera con escrupulosidad sus obligaciones y desahogara asuntos pendientes como las iniciativas para enfrentar al crimen en lugar de permanecer atrancado en disputas por parcelas de influencia, no harían falta marchas como la de hoy.

   Si los partidos recordaran que los votos de mañana se cosechan hoy pero sobre todo que además del horizonte electoral tienen responsabilidades, que habitualmente no cumplen, en el diseño de estrategias para la nación, no enfrentarían tantos reproches.

   Si los gobiernos locales y federales lograsen sobreponerse a la corrupción que a menudo domina en los cuerpos de seguridad pública y solucionaran la división de tareas y jurisdicciones que suele entorpecer el combate a la delincuencia, quizá obtuvieran reconocimientos y no reconvenciones como las que se escucharán hoy.

Por una mejor política

   Si a la sociedad se le viera como fuente de soluciones y no, simplistamente, como semillero de conflictos, el poder político entendería mejor las motivaciones que animan a los concurrentes y simpatizantes, en todo el país, de la manifestación del día de hoy.

   También entre los promotores y asistentes de la marcha sería saludable que se extendiera una visión menos maniquea que la que con frecuencia, en algunos segmentos, existe acerca de los asuntos públicos.

   Tanto gobernantes como organizadores de la marcha han insistido en que esta demostración “no se politice”. Pero todo en esta sociedad es política. Especialmente, cuando miles de ciudadanos salen a las calles movilizados por una reivindicación de eminente importancia pública, es clarísimo que se trata de una acción política. Lo importante es que sea así y no que derive en una expresión de impolítica.

   Todos ganaríamos si a la marcha se la entendiera no como una demostración en contra de la política, sino como la búsqueda de una mejor política.

   En todo caso, a pesar de admoniciones y descalificaciones, no obstante el miedo y decididamente en contra de él, los mexicanos que este domingo se manifestarán para derrotar a la delincuencia estarán siendo activa, plena y gozosamente ciudadanos. Esa actitud, en medio del frecuente desinterés por los asuntos públicos, constituirá uno de los méritos principales de la marcha.

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La Crónica, 17 de diciembre de 2004

Las contradicciones de nuestra vida pública son tantas que una encubre a la otra. Apenas conocemos el desplante, la ocurrencia, la inconsecuencia o el galimatías más reciente, cuando otro asunto reclama, con igual estridencia, nuestra atención. Anoche comenzó la temporada de posadas y ni siquiera el ambiente festivo consigue opacar las inconsecuencias de los protagonistas cardinales del ambiente político.

   La ausencia de un contexto riguroso, capaz de exigir congruencia aunque fuera consigo mismos a los personajes políticos, forma parte de esa difuminación de compromisos y formalidad en la vida pública. El hecho que para algunos es motivo de escándalo, para otros lo resulta de orgullo o autojustificación. Las afirmaciones que unos entienden como insolentes y frívolas, con otra perspectiva resultan encomiables.

   El jefe de Gobierno de la ciudad de México ha construido un caparazón quien sabe si a prueba del desprestigio pero sí, al menos, refractario a la opinión crítica que cada vez se extiende más acerca de su gestión. La autocomplacencia es signo y método de su administración. El linchamiento en Tláhuac, que en otra circunstancia habría sido causa de explicaciones muy rigurosas por parte de las autoridades policiacas, en el DF se convirtió en un escenario más del pulso que López Obrador sostiene con el gobierno federal.

   El video que dio a conocer la Procuraduría General de la República abre líneas de investigación pero también de reflexión y alarma que no han sido plenamente desahogadas. Gracias a él ahora se sabe que ese martes 23 de noviembre la policía no sólo pudo haber llegado a San Juan Ixtayopan a tiempo para evitar el linchamiento. Más aun: varios policías, con sus patrullas, arribaron a ese sitio, se enteraron de la situación, pudieron informar de ella a sus superiores y se quedaron, casi literalmente, con los brazos cruzados.

   La escena del policía preventivo que contempla los vejámenes a los tres agentes con tanta tranquilidad que se da tiempo para encender un cigarrillo, es terriblemente descriptiva de la negligencia que permea a esa corporación policiaca –y por lo visto, incluso hasta sus mandos más importantes–.

   Ese video confirmó que la policía del DF pudo haber enviado elementos suficientes para impedir los asesinatos y no lo hizo. Ahora falta saber con claridad qué negociaciones transcurrieron y cuáles esperaban entablar las autoridades de la ciudad con los ahora asesinos de los policías victimados aquella tarde.

   Los policías de refuerzo no llegaron porque no fueron enviados. Así de simple. Y de ese descuido son responsables varios jefes policiacos con cuya actitud se implicó López Obrador al respaldar el comportamiento de aquel martes.

   Pero el jefe de Gobierno, lejos de reconocer la incuria policiaca que manifiestan, considera que el video recientemente difundido comprueba que los policías del DF arribaron a Ixtayopan antes que los de otras corporaciones. Y ese es el problema: la presencia allí de varios preventivos demuestra que sí se podía llegar y que quienes lograron hacerlo se quedaron mirando, asustados y desbordados pero quizá con órdenes de no actuar a favor de los policías federales que estaban por ser linchados.

   Esa comprobación, lejos de suscitar al menos una disculpa, se convirtió en motivo para que López Obrador dijera que los policías hicieron todo lo posible para evitar el linchamiento. Las escenas del mencionado video lo desmienten.

   De autocrítica, ni medio palmo. Ayer cuando el reportero de Radio 13 lo invitó a que señalara qué le ha fallado en el año que concluirá dentro de dos semanas, López Obrador contestó primero con una salida elegante: eso se los dejo a ustedes y a mis críticos porque así es la democracia.

   Pero de inmediato él y sus resentimientos se dieron cuerda y añadió que quienes lo critican ejercen esa tarea todos los días. De allí al reproche, y luego a la diatriba, no mediaron sino unas cuantas palabras. Sus críticos, dice el jefe de Gobierno, “gritan como chachalacas y se callan como momias”.

   Así es la democracia, dice López Obrador. Pero no hay tal cuando a la opinión crítica el poder político la enfrenta con invectivas y no con razones. Nadie espera que el jefe de Gobierno, dada su acotada formación política e intelectual, se comporte como tribuno flemático e inmutable. Pero sí se le puede exigir que haga un esfuerzo para razonar sus apreciaciones.

   La desconsideración de López Obrador por las opiniones que no se allanan a sus intereses de promoción política y su rechazo a la rendición de cuentas se ha expresado de diversas maneras, desde la condición de agobio en la que mantiene al organismo de transparencia del DF hasta su irritación con quienes no le aplauden.

   Chachalacas y momias: esa es la calificación que, quienes lo cuestionan, le han merecido al personaje político más insistentemente empeñado en alcanzar la presidencia de la República.

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La Crónica, septiembre 9 de 2004

Al mismo tiempo que la petición para retirarle el fuero quedaba inevitablemente en manos de la Cámara de Diputados, Andrés Manuel López Obrador encontró un enunciado cómodo, contundente y eficaz para describir –desde su punto de vista– la situación en la que dice lo han colocado.

   Se trata, dijo ayer el jefe de Gobierno, “de un intento de golpe de Estado”.

   Así nomás. Pero ni el Zócalo no está ocupado por tropas de asalto dispuestas a deponer al jefe de Gobierno del DF, ni los ciudadanos hemos padecido la suspensión de garantías individuales.

   Nade de eso ocurre aunque la sola mención de tan drástico y categórico vocablo remite a experiencias siempre indeseables a las que sería mejor no invocar, ni siquiera forzando ese término como hace López Obrador.

   El uso embustero pero por lo visto útil de ese término se le ocurrió al abogado Javier Quijano Baz que, el martes, lo empleó en un artículo en el diario Milenio. El mismo texto apareció reproducido como desplegado ayer en ese periódico.

   La tesis de Quijano es tan peregrina como estridente. Después de dedicar varias líneas a considerar que ya es tiempo de darle a las palabras su auténtico valor –aunque luego es notoriamente inconsecuente con ese afán– ese abogado considera que el desafuero al que se pretende someter a López Obrador “es un liso y llano golpe de Estado: un vulgar y corriente golpe palaciego”.

   Más adelante el autor de ese texto se extravía en consideraciones acerca de la competencia del Congreso para retirarle sus derechos políticos a un ciudadano que ha sido electo a un cargo de responsabilidad. Y finalmente considera que el desafuero sería golpe de Estado porque al gobernante afectado por esa medida le impediría postularse a otro cargo de elección “sin ser juzgado, sin ser oído, sin oportunidad de defensa alguna”.

   El hecho de que López tenga simpatizantes que con tal de propagandizar sus puntos de vista acudan a un empleo ligero y precipitado de conceptos cuyo manejo exige alguna seriedad, no es sorprendente. Uno de los efectos de la demagogia es que se vuelve contagiosa. Pero que un abogado de prestigio como el licenciado Quijano diga de manera tan gratuita que estamos ante un golpe de Estado es expresión del deterioro que padecemos en el debate acerca de los asuntos públicos.

   Quijano no es especialista en ciencia política sino abogado. Pero esa perspectiva profesional no lo exime de la responsabilidad de ser riguroso cuando emplea términos de una disciplina distinta a la suya.

   En la bibliografía más seria y en las más variadas experiencias nacionales, el golpe de Estado se encuentra asociado: a) al desplazamiento o la sustitución, por vías ilegítimas, de un gobierno o un gobernante; b) a la actuación de órganos o integrantes del Estado en esa operación espuria; c) a la ruptura del orden constitucional y d) a la búsqueda del poder político a través de ese mecanismo.

   Esas son constantes que pueden encontrarse en numerosas definiciones de golpe de Estado. No tiene que tratarse de una acción violenta, pero sí implica el quiebre de la legalidad desde el seno mismo del poder político.

   Nada de eso está ocurriendo en México con motivo de la denuncia que podría llevar al desafuero de López Obrador. No se le busca sustituir, ni se trata de una maniobra ilícita. Al contrario. Ante una decisión judicial que pone en duda el cumplimiento de la ley por parte del jefe de Gobierno, la Cámara de Diputados tiene que determinar si ese funcionario debe quedar a disposición de un juez.

   No está a discusión si López incumplió la ley. Él asegura que no lo hizo. Un juez consideró lo contrario. La única forma de resolver esa diferencia es permitiendo que tenga libre cauce la aplicación de la justicia.

   Hay quienes consideran que el delito por el que se acusa al jefe de Gobierno es tan pequeño y las consecuencias del desafuero serían tan grandes que lo mejor es no profundizar en ese litigio. No sería la primera vez que una decisión política se sobrepusiera a la aplicación de la justicia. Pero por esa vía el orden jurídico quedará avasallado por consideraciones políticas.

   No es verdad, como dice Quijano, que a López Obrador se le sustraería el derecho a defenderse. Al contrario: para eso precisamente –para que compareciera ante un juez– sería la decisión de retirarle la inmunidad constitucional en caso de que los diputados encuentren motivos suficientes.  

   Eso no es golpe de Estado sino, al contrario, la aplicación de un procedimiento previsto por la Constitución. Golpe de Estado es una expresión a la que sería saludable referirse con escrupulosidad, sin dejarla al garete de la propaganda política ni en la imprecisión del arrebato retórico.

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La Crónica, 21 de julio de 2004

Las dudas acerca de la muerte de la abogada Digna Ochoa no terminaron con la declaración de la Procuraduría General de Justicia del DF, que en septiembre pasado concluyó que esa combativa abogada se había suicidado el 19 de octubre de 2001. A las naturales pero subjetivas expresiones de descontento de quienes consideraron que en la actividad política de Digna Ochoa podían existir motivos para que hubiera sido asesinada, se añade ahora un detallado informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

   El documento que será presentado hoy no investiga la vida y los compromisos públicos de Digna Ochoa, ni las amenazas que pudo haber recibido. El expediente está dedicado a estudiar la averiguación previa que realizaron las autoridades judiciales del DF.

   Aunque se dice que se trata de un documento “de carácter informativo con un sustento técnico-jurídico, que de ninguna manera referirá en relación a la determinación de las circunstancias en que murió la licenciada Digna Ochoa y Plácido ni sobre la identificación o juzgamiento de los posibles responsables”, se trata de una  categórica impugnación a las conclusiones de la Procuraduría local.

   La violación al derecho de los familiares del Digna Ochoa para entregar pruebas periciales que no fueron tomadas en cuenta en la indagación oficial, es subrayada en el apartado jurídico del documento. Pero más allá de ese incumplimiento formal, destacan abundantes omisiones en el trabajo criminalístico.

   El documento de la Comisión compara los peritajes de la averiguación previa con los procedimientos que, según estima allí, han sido reconocidos como indispensables para recabar evidencias en el sitio de un crimen, realizar la autopsia y levantar pruebas de balística, entre otros rubros. Aunque en una de sus conclusiones el informe reconoce que la capacitación de los agentes del ministerio público deja mucho que desear y por ello es preciso que se actualice constantemente, el señalamiento de esas deficiencias abre nuevas suspicacias sobre la muerte de la abogada.

   Esas carencias fueron advertidas en la investigación misma. El documento recuerda que “la perito encargada de la verificación de las pruebas en el área de medicina forense externó que la metodología empleada en los servicios periciales no se ajusta completamente a estándares internacionales, que la descripción de hallazgos no permite pronunciamientos con carácter científico para alcanzar un suficiente grado de certeza en diversas cuestiones como orificios de entrada, trayectorias, lesiones por proyectil, tiempo de muerte”.

   En ningún momento el análisis de la Comisión propone conclusiones distintas a las de la Procuraduría del DF. Pero al desmantelar al menos algunos de los fundamentos de la determinación del año pasado, la hipótesis del suicidio queda cuestionada.

   Y aunque el informe no dice que Digna Ochoa haya sido asesinada, la discusión de los dictámenes periciales apunta a esa posibilidad.

   Por ejemplo, una de las conclusiones del dictamen pericial, acerca de la manera como se encontró el cuerpo de la abogada, explica: “En ausencia de indicios de desorden en el lugar, el cual es muy reducido, desorden en las ropas. Lesiones características de lucha y forcejeo. Ausencia de violencia en los accesos se descarta la participación de una o más personas como victimarios”.

   A esa opinión, la CDHDF contrapone el siguiente juicio: “Pareciera que siempre que no se encuentren indicios de desorden en el lugar de los hechos, desorden en las ropas, lesiones características de lucha y forcejeo (lo cual cuando menos es dudoso, ver lo relacionado a las lesiones de párpado superior derecho y muslo derecho…) y ausencia de violencia en los accesos, dé como resultado invariable la no participación de uno o más victimarios. Seguramente hay casos de homicidios en los que se encuentran presentes estas variables, y no por ello se siga que se tratan de casos de suicidio, por ejemplo aquella persona que teniendo abierta la puerta de su casa, entra alguien que le apunta con un arma de fuego a la cabeza y el victimario le ordena que se ponga unos guantes y sin más es privada de la vida mediante un disparo del arma”. Digna Ochoa fue encontrada con unos guantes de látex junto a la pistola que le causó la muerte.  

   El informe de la Comisión de Derechos Humanos del DF abunda en puntualizaciones como esas en sus dos centenares de apretadas páginas (una docena de las cuales, sin embargo, aparecen repetidas).

   Los errores periciales y la improvisación al menos en los primeros momentos de la investigación, posiblemente se debieron a simple descuido. La investigación policiaca en México no siempre se caracteriza por su profesionalismo. Esas fallas le permiten a la Comisión considerar que hay “poca certeza sobre la determinación emitida en la indagatoria”. Quizá por eso nunca sabremos cómo y por qué murió la abogada Digna Ochoa.

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La Crónica, 22 de octubre de 2004

En sus ratos libres, después de elaborar empeñosamente las cifras sobre los delitos que se cometen en la ciudad de México, César Alfonso Rodríguez Gómez se dedicaba a poner su granito de arena para engrosar esas estadísticas.

   Ese notable afán para ser actor y no solamente analista del crimen en la capital del país no se hubiera conocido de no ser por la denuncia de un automovilista que, el martes por la tarde, presenció el secuestro de un ciudadano en la colonia Granjas México y llamó a la policía.

   Una patrulla alcanzó a la camioneta a donde los plagiarios habían metido a Otilio López, gerente de una fábrica textil. Fue recibida a balazos pero cuando llegaron refuerzos los secuestradores tuvieron que rendirse.

   Antes de ello los tripulantes de un vehículo con emblema de la Procuraduría General de Justicia del DF quisieron rescatar a los asaltantes. Pronto se sabría por qué. El jefe de la banda se identificó como funcionario de esa dependencia. César Alfonso Rodríguez Gómez era (suponemos que ya fue destituido) subdirector de Política y Estadística Criminal en esa dependencia.

   Don Bernardo Bátiz Vázquez, titular de la Procuraduría, dice que no conocía a ese empleado que además se esforzaba, como bandido, en ser cliente suyo. Pero no deja de ser lamentable que además de disponer la consignación del plagiario y sus cómplices como es su obligación, Bátiz se empeñe en restarle importancia a la aprehensión in fraganti de ese funcionario.

   Ayer en el programa Fórmula de la Tarde el Procurador del DF explicó que a Manuel Maclú Bermúdez, que era el jefe inmediato de Rodríguez Gómez en dicha dependencia, le propusieron hace año y medio que admitiera a ese empleado en el área encargada de llevar el conteo de delitos en la ciudad de México. Su tarea era “manejar cifras, datos, números, no tenía nada operativo”, explica Bátiz como si esa responsabilidad no fuese importante.

   En varias ocasiones la Procuraduría y el gobierno del DF han defendido esas estadísticas como si fueran la única verdad aceptable acerca de la delincuencia en la ciudad de México. Ante otras estimaciones, Bátiz y Andrés Manuel López Obrador han insistido en que sus datos tienen mayor verosimilitud.

   El problema con esas cifras ha sido que se originan en las denuncias que presentan los ciudadanos agraviados por algún delito. Pero no toman en cuenta los delitos que la gente decide no denunciar para no padecer el suplicio que suele ser la visita a cualquier agencia del Ministerio Público.

   Ahora, además, habrá motivos para desconfiar de esas estadísticas en vista de las aficiones del subdirector de la Procuraduría encargado de elaborarlas.

   No es difícil imaginar a Rodríguez Gómez, muy afanoso haciendo cuadros de Excel en su computadora, pero con el interés concentrado en la aventura delictiva que tendría esa tarde. Quizá se haya inquietado al advertir que en el primer semestre de este año la cantidad de robos a transeúntes disminuyó de 61.75, a 55.19 diarios, en promedio y quiso hacer algo para atenuar esa caída.

   También habrá advertido que los delitos en Iztacalco, en donde perpetró el secuestro del martes, han sido 18.71 diarios en promedio según esas cifras.

   Y quién sabe en dónde habría clasificado Rodríguez su propia fechoría porque en las estadísticas de la Procuraduría no se consigna el delito de secuestro. Quizá lo habría incluido en “robo a transeúnte”, aunque también pudo ser “robo a transporte” porque al asaltado lo bajaron a la fuerza de su automóvil. Tal vez, de no mediar la intervención de los policías preventivos, habría sido un caso de “lesiones dolosas” o algo peor.

   Después de ese incidente las estadísticas de la PGJDF son menos admisibles que antes. Aunque malogrado, el secuestro que cometieron ese funcionario y sus cómplices indica fallas graves en la selección y fiscalización del personal de la Procuraduría.

   El licenciado Bátiz ha querido menospreciar ese episodio diciendo que fue un “asalto a alguien en la calle, no creo que tenga nada que ver con su trabajo”.

   Luego, el Procurador afirmó que se trató de “un delito en horas que no eran de trabajo” como si el hecho de que Rodríguez “checara” tarjeta a las 5 fuese motivo de descargo para que se pusiera a secuestrar a las 6 de la tarde.

   Si la tesis del licenciado Bátiz resultase extensiva a otros casos recientes, a René Bejarano no habría que culparlo porque posiblemente recogía los dólares de Ahumada fuera de horas de oficina. Y a Gustavo Ponce habría que dejar de preguntarle de dónde sacaba el dinero para sus apuestas porque cuando iba a Las Vegas era en sus días de descanso.

   Lo que sí es un hecho es que ayer, cuando insultó a Rosario Robles, Dolores Padierna estaba en horas de trabajo en la Cámara de Diputados. No se podrá beneficiar del método Bátiz de disculpas instantáneas.

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La Crónica, septiembre 26 de 2004

Con certera ironía, la senadora panista Cecilia Romero describió el significado del más reciente berrinche del jefe de Gobierno del Distrito Federal: “Me parece verdaderamente que habla de su mesianismo, no sé qué quiera decir con eso de pacto fiscal, no sé si entendió lo que dijo o si sabe las consecuencias que tendría romper el pacto federal, a menos de que quiera instaurar la república de Pejelandia“.

   La legisladora reaccionó así a la amenaza de Andrés Manuel López Obrador para deshacer los compromisos fiscales del DF con el resto del país. “Se rompe el convenio de coordinación. ¿Quieren eso? Vamos, que el Distrito Federal ejerza su propia soberanía, cobre sus impuestos, que no haya participaciones federales”, dijo el jueves el jefe de Gobierno.

   Esa fue la reacción, desmesurada e impulsiva, que tuvo López Obrador ante la decisión de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados para proponer que la educación básica en esta entidad esté a cargo del gobierno local y no del gobierno federal como ha ocurrido.

   El asunto tiene implicaciones muy variadas y su discusión no es reciente. Desde hace doce años comenzó un proceso de descentralización educativa que transfiere, a los estados, los recursos que hasta entonces venía gastando el gobierno federal en tareas relacionadas con la enseñanza básica.

   Ese traspaso ha tenido implicaciones accidentadas, sobre todo cuando los estados consideran que el dinero que les entrega la federación resulta insuficiente.

   De esa manera, un proceso concebido para que las decisiones relacionadas con la enseñanza fueran tomadas por las instituciones dedicadas a esta tarea en cada estado se ha convertido, en algunas ocasiones, en un mecanismo para que el gobierno federal deje de cumplir una de sus responsabilidades esenciales.

   Pero también, la descentralización educativa ha sido un reconocimiento a la capacidad y obligación de los gobiernos estatales para encargarse de ese aspecto de la política social.

Viejo y resbaloso asunto

   Aunque la descentralización educativa lleva más de dos sexenios, las autoridades del Distrito Federal se han negado a que llegue a esta entidad.

   A veces esa reticencia se ha debido al temor de enfrentar un sistema educativo elefantiásico y cuyos rezagos crecen a cada momento.

   En otras ocasiones, el propio gobierno federal lo ha pensado dos veces antes de transferir a los sucesivos gobiernos locales los recursos para mantener la educación en la capital del país.

   El interés para que el DF se haga cargo de su educación va más allá de las relaciones entre esa entidad y el gobierno federal. Con frecuencia los gobiernos de los estados manifiestan recelo ante la que, consideran algunos, es una situación de privilegio en beneficio de la ciudad de México.

   Por eso no fue extraño que desde hace varios meses arreciara la discusión para consumar la transferencia de recursos educativos al DF. En diciembre pasado, varios diputados federales del PRI presentaron una iniciativa para precisar, en la Constitución, la obligación del gobierno del DF en la educación básica que se imparte en esa entidad.

Repentina votación

   Esa iniciativa era examinada en la Comisión del DF con la parsimonia que suele afectar a la mayor parte de las propuestas legislativas.

   Pero además el presidente de la Comisión, José Agustín Ortiz Pinchetti, del PRD, se había negado a dar trámite a la discusión de la iniciativa porque afectaría las finanzas de la Ciudad de México.

   El martes pasado, según el comunicado que expidió la Cámara de Diputados, la reunión de la Comisión del DF tenía el propósito de examinar los proyectos para modificar la iniciativa presentada en diciembre pasado. No estaba previsto llevar esas opciones, en ese momento, a una votación. Sin embargo el diputado priista Marco Antonio Gutiérrez Romero sugirió que la propuesta fuese votada allí mismo.

   13 diputados del PAN y el PRI votaron a favor de la iniciativa, para que pase a ser considerada en el pleno de la Cámara. 7 legisladores lo hicieron en contra. Según la información de Francisco Reséndiz en La Crónica del miércoles, esos votos fueron de diputados del PRD y de los priistas Roberto Campa y Claudia Ruiz Massieu.

   El presidente de la Comisión, Ortiz Pinchetti, consideró que esa aprobación ““viola todo principio Constitucional y el orden del día, por tanto es un proceso ilegal, además causará graves problemas a las finanzas públicas del Distrito Federal”. Aseguró que las finanzas del gobierno de la Ciudad de México serían lastimadas con una reducción de 9 mil millones de pesos pero no explicó de dónde surgían esos cálculos.

Contribuir igual que todos

   Al día siguiente la furia de López Obrador fue patente y vinculó el asunto de las finanzas educativas con la posibilidad de desafuero que pende sobre él. Al acuerdo de la Comisión del DF lo calificó como “una infamia”.

   “No nos pueden quitar así nada más 5 mil millones de pesos”, dijo el jefe de Gobierno pero tampoco indicó el origen de esa cifra.

   La propuesta inicial para reformar el artículo 122 Constitucional fue presentada el jueves 11 de diciembre de 2003 por el diputado Alfredo del Mazo González y estaba suscrita, además, por los también priistas  Rebeca Godínez, Blanca E. Gómez Carmona y Marco A. Gutiérrez Romero.

   Esa modificación establecería en uno de los apartados del 122, que es el extenso artículo constitucional que se refiere a las autoridades del DF: “El Distrito Federal participará en la proporción que las demás entidades federativas en el gasto destinado al sostenimiento de la educación básica obligatoria”.

   Así presentada, la propuesta parece de lo más equitativa. No parece haber causas legítimas para que el Distrito Federal tenga una situación de preferencia –y si las hubiera, tendrían que ser explícitas y no resultado de la inercia o de la ausencia de decisiones–.

   La exposición de motivos de tal iniciativa recuerda la obligación constitucional del Estado para impartir educación gratuita y más adelante hace un recuento de las condiciones de excepción jurídica y política que ha tenido el Distrito Federal en donde las autoridades, durante largo tiempo, no eran electas por los ciudadanos.

   “Pero a cambio de su discapacidad política –considera acerca del DF ese documento– gozaba, y sigue gozando, de prebendas en el Presupuesto Federal, que van desde conceptos jurídicos en las leyes tributarias para beneficiarlo con el producto de los impuestos federales, hasta enormes privilegios en el gasto, que no tienen igual en el resto del país. Por eso el Distrito Federal tiene un presupuesto que supera en el doble al estado que le sigue y tiene requerimientos de gasto por la mitad de los conceptos, que obligatoriamente sufragan el resto de las entidades del país”.

   Allí se encuentra expresado el meollo de los reclamos que en muchas entidades suelen hacerse respecto del centralismo no solo político sino financiero del Distrito Federal.

Desembolso obligatorio

   La argumentación del ex gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo y otros diputados continuaba: “Urge corregir tal situación en términos de equidad y transparencia, ya que de continuar así, además de la notoria inequidad que ello implica, se está contribuyendo al desarrollo social de una entidad federativa a costa de los demás estados federados. Muestra de la situación de privilegio de que disfruta el Distrito Federal radica en el hecho de que, dentro de sus obligaciones, atribuciones y facultades que le confiere el artículo 122 de nuestra Carta Magna, se soslaya la prestación del servicio de educación básica, tan es así que ese servicio se ha venido prestando en el Distrito Federal con cargo a recursos federales; resulta incongruente que si, de acuerdo con la reforma constitucional de 1996, se le otorgó el nivel de entidad federativa, no se le haya impuesto la obligación de participar en el gasto público destinado a cubrir la educación básica obligatoria, como lo hacen las demás entidades federativas”.

   “La equidad es el trato igual a los iguales”, proclama la iniciativa. Además de proponer que el DF participe en el sostenimiento a la educación igual que el resto de las entidades, incluye varios artículos. En el primero de ellos se precisa: “El Distrito Federal, al igual que las demás entidades federativas, deberá contribuir al gasto educativo, junto con la Federación, en un equilibrio equivalente al gasto medio nacional de aportación federal y estatal que se ajustará, anualmente, en función del crecimiento de la matrícula compuesta por alumnos de educación básica obligatoria”.

   Luego se establece el procedimiento para que el gobierno del DF haga su parte de esa contribución. De las contribuciones que correspondan al DF, la Federación le descontaría el monto equivalente al gasto educativo. Podría decirse, en otras palabras, que sería una forma de cobrarse a lo chino. (Sin embargo ese término resulta políticamente incorrecto, especialmente después del exitoso activismo político con que el gobierno de China ha presionado al de nuestro país con motivo de la visita del Dalai Lama. Pero ese, claro, es otro asunto).

   La cantidad que se le dejaría de entregar al gobierno del DF se repartiría entre los estados que están gastando más en servicios educativos. Eso ocurriría a partir de julio de 2005.  

Sindicato por decreto

   Un transitorio más, que no aparecía en la iniciativa, establece que la reforma constitucional no afectaría los salarios ni las prestaciones de de los empleados de la educación en el Distrito Federal. Además se precisa que “el titular de la representación de los derechos laborales, profesionales, económicos y sociales” es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

   La exposición de motivos no explica por qué es necesario llegar a una reforma constitucional para consumar un proceso de descentralización educativa que ha sido posible, en prácticamente todo el país, a partir de ordenamientos de otra jerarquía.

   Tampoco se argumenta la repentina aparición del SNTE en todo este asunto. Enredar la descentralización de las finanzas y las decisiones educativas con la adscripción gremial de los trabajadores incorpora un elemento de confusión y hace más vulnerable a la iniciativa.

   Los motivos de esa adición parecen comprensibles. Los diputados que la incorporaron quieren proteger al SNTE de una posible y cuantiosa escisión en el caso de que los trabajadores de la educación de la ciudad de México resolvieran, ya que cambian de patrón, mudar también de sindicato.

   Hasta ahora la interpretación rigurosa de la ley reglamentaria apartado B del artículo 123 constitucional, que rige las relaciones laborales de los trabajadores del Estado, ha mantenido a esos asalariados en sindicatos únicos. Sin embargo ya existen decisiones judiciales que han permitido que, en algunas dependencias, los trabajadores formen sindicatos distintos a los oficiales.

   En el caso del Distrito Federal, si los trabajadores de la educación tuvieran como jefe al gobierno local y ya no al federal, posiblemente se facilitaría la formación de un sindicato distinto al SNTE. Por eso la incorporación de ese inopinado artículo transitorio.

Descalificar e intimidar

   Al reaccionar tan irreflexivamente, el jefe de Gobierno del DF indicó lo peliagudo que le resultaría el paquete educativo si, por decisión del Congreso, se lo transfiere el gobierno federal.

   Y también, López Obrador reiteró la intolerancia y el autoritarismo con que reacciona ante los problemas. Encresparse en vez de entender, amenazar en lugar de negociar –y, en otras palabras, fanfarronear en vez de hacer política– son actitudes que forman parte del carácter y, con él, del estilo de gobierno del iracundo personaje tabasqueño.

   Aquellos que consideran a López Obrador como una opción satisfactoria en la presidencia de la República, podrían aprovechar este incidente e imaginar de qué manera reaccionaría ante desafíos más graves e inminentes que el que le plantea la descentralización educativa. No es difícil suponer cómo respondería ante una crisis económica, o frente al reclamo de algún grupo social.

   Descalificar e intimidar no son, en un gobernante, recursos para resolver los problemas sino formas de eludirlos.

   Amagar con retirarse de los compromisos de colaboración fiscal implica, además, una profunda ignorancia de López Obrador sobre el funcionamiento de las finanzas en el DF y el resto del país. Desconocer los convenios para cobrar y pagar impuestos implicaría que la ciudad de México quedase al margen de la nación.

   No sería la república de Pejelandia como ocurrentemente supone la senadora Romero, sino una ínsula de desgobierno en materia económica. Antes de que eso ocurriera, muy posiblemente López Obrador se haría acreedor a sanciones jurídicas mucho mayores a las que ahora lo tienen a las puertas del desafuero y, como puede apreciarse, tan preocupado e irritable.

Resentimiento ante el DF

   Por lo pronto, la iniciativa de reforma sobre el gasto educativo en el DF trae a la discusión pública no solo la inversión en ese rubro sino, de manera más amplia, la pertinencia de los recursos federales que se destinan a la capital del país.

   El resentimiento –a veces con buenas razones o otras no– que existe en el resto del país debido al monto del gasto federal que se desembolsa en el DF, podría tener un nuevo catalizador con esa iniciativa. No es reciente la animosidad debido al trato financiero y fiscal que recibe esta entidad y que no pocos, en el país, consideran inmerecidos.

   La respuesta de López Obrador a la propuesta para que el gobierno local se encargue del gasto educativo le añade a ese tema un ingrediente de mayor polarización. Al considerar que es parte de la conspiración en contra suya, el jefe de Gobierno politiza esa propuesta tanto para obstaculizarla, como en sentido contrario.

   Habrá quienes aconsejen que más vale dejar así las cosas y que la descentralización de la enseñanza debe aguardar a otro momento para ser vigente en el DF, con tal de que no se mezcle con la encrespada coyuntura política.

   Pero otros, pretenderán empujar esa iniciativa precisamente como expresión de disgusto no solo a los desplantes y pretensiones de López Obrador sino también para poner a prueba sus bravatas.

  Como se trata de una reforma constitucional, esa adición al artículo 122 tendría que ser aprobada en las cámaras federales y, también, en la mayoría de los congresos de los estados.

   Allí tenemos un nuevo tema de tensión, confrontación y prueba entre las fuerzas políticas. La deliberación de esa reforma en cada uno de los congresos estatales sería una suerte de road show, de resultados ahora imprevisibles, en donde más que la responsabilidad de las entidades federativas hacia la enseñanza se discutiría la circunstancia política de López Obrador. El camino a pejalandia todavía está empedrado de numerosas vicisitudes.

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La Crónica, 18 de octubre de 2004

Cinco policías que maltrataron a varios jóvenes el sábado 2 de octubre, durante la marcha para recordar la Noche de Tlatelolco, fueron destituidos y podrían ser consignados penalmente. Ese es el resultado de la denuncia que, con inusual valentía y entereza cívica, presentaron algunos de los muchachos que sufrieron esos atropellos. La actuación del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del DF también se debió, de manera muy importante, a la investigación que sobre esos hechos realizó el noticiero del Canal 40.

   La tarde del 2 de octubre la vigilancia policiaca en la marcha que iría de Tlatelolco hasta el Zócalo fue más intensa que en otras ocasiones. Las autoridades del DF querían impedir provocaciones como las que trastornaron esa conmemoración en años anteriores. Pero los excesos, esta vez,  no los cometieron manifestantes sino elementos de la policía.

   El miércoles 6 de octubre, en CNI Noticias, la reportera Marisa Iglesias presentó el testimonio de tres jóvenes, estudiantes en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, arbitrariamente detenidos cuando uno de ellos tomaba fotografías durante la marcha.

   Joel Ortega Erreguerena relató que cuando llegaban a la avenida Flores Magón se encontraron a unos cincuenta policías vestidos de civil. A uno de sus compañeros, Israel Peña Orozco, lo tiraron al suelo, lo golpearon y le rompieron su cámara fotográfica. A él, cuando salió a defenderlo, lo trataron igual.

   El otro estudiante, Luis Emmanuel Ramírez, narró que lo metieron a una camioneta blanca en donde ya había varios jóvenes hincados, cada uno de ellos con el rostro tapado y el torso descubierto: “Me obligaron a cubrirme la cara mientras me golpeaban constantemente en los costados, en la nuca, en los pies. Todo el tiempo me estuvieron amenazando, nos amenazaban a todos diciendo que nos iban a matar, que nos iban a violar. Solo nos permitieron que nos descubriéramos el rostro para fotografiarnos dentro de la camioneta. A dos muchachos, por lo que estuve escuchando, abusaron sexualmente de ellos obligándolos a tocar a los policías en sus partes íntimas”.

   “Después de un tiempo –añadió Luis Emmanuel– nos subieron a un compañero y a mí a una patrulla, siempre con el rostro cubierto y allí se ensañaron terriblemente. Sentí que allí sí iban a acabar con nosotros. Después me aventaron por allí en la calle”. Junto con ese relato, se mostraron escenas en las que se podían apreciar los rostros de varios de los policías sin uniforme y la camioneta a donde eran llevados los detenidos.

   Los muchachos presentaron una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos del DF. La reportera Marisa Iglesias terminaba su nota informando: “Luis tiene un esguince cervical y el cuerpo y la memoria todavía adoloridos. Él tampoco olvidará nunca el 2 de octubre”.

   El día anterior en el diario Milenio Joel Ortega Juárez, luchador de izquierdas desde hace décadas y padre de uno de los muchachos maltratados, publicó el artículo “¿A dónde vamos, Andrés Manuel?” en donde le reprocha al jefe de Gobierno la represión del 2 de octubre: “Andrés Manuel, no se puede ignorar ni detener la historia. Antes que sea tarde, corta de un tajo con esos embriones fascistas. Aplasta el huevo de la serpiente. Castiga a los jefes policíacos o de tus columnas ‘civiles’, disuelve esos grupos fascistoides”, exigía Ortega Juárez.

   El viernes 8, cuando una reportera del 40 le preguntó a Marcelo Ebrard por qué varios jóvenes habían sido detenidos por policías no uniformados el secretario de Seguridad Pública, contestó, molesto: “eso es lo que dicen ellos”.

   Pero gracias a las escenas que difundió CNI, el área de Asuntos Internos de la SSP identificó a los policías. El martes pasado, 12 de octubre, se anunció la destitución de los agentes Eduardo Ávila Olvera, Luis Fernando Carrión León, Ubaldo Castillo Pineda, Octavio Martínez Castillo  y Erick Mendoza Rodríguez, miembros del “Grupo Táctico Especial Tigre Dos”. Se dijo que en esa operación cerca de 60 elementos policiacos actuaron de manera ilegal pero no se ha informado qué ocurrirá con todos ellos.

   La destitución resulta pertinente. Pero si los muchachos no se hubieran inconformado y el canal 40 no hubiera recogido sus testimonios, muy posiblemente los abusos de este 2 de octubre habrían quedado sin castigo.

   Según la SSP el “Grupo Tigre” es “de reacción inmediata en el combate al crimen organizado (en bandas de delincuentes de robo en todo tipo, venta y el consumo de estupefacientes, entre otros ilícitos)”. Nada de eso estaban haciendo los policías que, de manera ilegal, se dedicaban a secuestrar y golpear muchachos. La saña con que actuaron y la impunidad que hubieran disfrutado de no haberse conocido esa denuncia, confirman que el gobierno del DF mantiene usos represivos que se creían de otros tiempos.

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La Crónica, 25 de noviembre de 2004

Los dejaron solos. Los agentes de la Policía Federal Preventiva, dos de los cuales fueron brutalmente golpeados hasta morir –el tercero encuentra muy grave– pudieron haber sido rescatados si esa corporación y especialmente la policía del Distrito Federal se hubieran movilizado a tiempo.

   Entre las 6 de la tarde de antier martes cuando se supo que esos policías habían sido secuestrados por una turba frenética y casi las 9 de la noche cuando fueron asesinados, hubo tiempo suficiente para que las fuerzas policiacas se trasladaran a Tláhuac.

   En ese lapso, las unidades móviles de varias empresas de televisión pudieron llegar antes de los asesinatos. Los conductores de noticieros clamaban para que la policía interviniera. Las transmisiones, en directo, mostraban el linchamiento en marcha.

   Cuando los jefes policiacos se decidieron a intervenir era muy tarde. Tendrá que haber una investigación que establezca las formas de irresponsabilidad en que incurrieron funcionarios de las corporaciones policiacas, tanto de rango federal como de la ciudad de México. Posiblemente algunos de ellos confiaban en que se pudiera negociar con la muchedumbre. Otros, tal vez, temieron tomar una decisión que pudiera empeorar esa complicadísima situación.

   En todo caso, por impericia o negligencia de los jefes policiacos, hay dos agentes muertos. Los asesinaron el fanatismo, la ignorancia y el enardecimiento. Pero si las corporaciones policiacas hubieran estado preparadas para una situación como esa y sus mandos hubieran tomado decisiones a tiempo, las dos ejecuciones y la tortura del agente que sobrevivió pudieron haber sido evitadas.

   En los homicidios de Tláhuac se puede deplorar, en primer término, el arrebato casi instantáneo de una multitud que de pronto decide creer que los tres forasteros eran roba chicos y no agentes policiacos. A pesar de que se identificaron y aunque varios reporteros quisieron interceder para evitar la ejecución, la multitud no escuchaba hechos.

   Aparentemente la versión de que los policías eran delincuentes fue propalada por individuos ligados a la venta de drogas, cuyos intereses estaban amenazados por la presencia de los agentes de la PFP.

   De ser así, además del horror que suscita por sí misma, la masacre de Tláhuac constituiría un bestial aviso para todo el país. El descrédito de las leyes y del poder que tendría la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir comienza a ser de tal magnitud que, pertrechados en la muchedumbre, hay segmentos significativos de la sociedad dispuestos a cometer crímenes.

   Peor aun: en situaciones límite como la que con gran rapidez  se creó en Tláhuac, los delincuentes organizados son  capaces de soliviantar a esos grupos. Ya no estamos solamente ante una sociedad irritada, cansada y desconfiada. Junto con ello, nos encontramos ante una sociedad cuyo resentimiento y desesperanza la hacen tan vulnerable que puede ser presa fácil de la manipulación de pandillas criminales.

   No quisiéramos, pero hay que comenzar a imaginar lo que podría suceder si alguna de las mafias del narcotráfico decidiera manipular, en contra de las autoridades y las instituciones, a la sociedad de alguna de las zonas en las que tienen ascendencia y poder.

   Un país en manos de las mafias, encrespado y con multitudes dispuestas no solo a tolerar sino incluso a perpetrar acciones criminales: esa es una de las lecturas más apremiantes que ofrece la barbarie que vimos en Tláhuac.

   Ayer en varios medios se repetía la exigencia para que renuncie Marcelo Ebrard, jefe de la policía del DF, cuya incompetencia en este caso fue manifiesta. Ese funcionario no ha ofrecido una explicación satisfactoria para la inacción de la policía ante el crimen en Tláhuac. También la titular de esa delegación, Fátima Mena, que literalmente les dio la espalda a los agentes que estaban por ser asesinados, incurrió en irresponsabilidad grave.

   Con razón, ayer mismo el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad consideró que los jefes policiacos pudieron haber evitado esos crímenes “pero la negligencia, la pereza, la cobardía y el absoluto desprecio por la vida de los agredidos tuvieron más peso que su sentido del deber”.

   En el caso de los funcionarios del DF ese comportamiento pudo haber estado inducido por la política del gobierno de la ciudad de México ante conflictos como el de Tláhuac.

   El 27 de julio de 2001, poco después de que una multitud en Petlacalco, en Tlalpan, asesinó a golpes a un joven al que acusaban por haber robado en una iglesia, Andrés Manuel López Obrador quiso justificar la inacción de las fuerzas policiacas diciendo que esa era una expresión del “México profundo”.

   En aquella ocasión el jefe de gobierno del DF dijo: “con las tradiciones del pueblo, con sus creencias, vale más no meterse”.

   Esa legitimación de la pasividad policiaca y del incumplimiento de la ley era, entonces, expresión de una política populista y demagógica. Ahora, aquella incuria de López Obrador ha sido parte del contexto en el que se desarrolló el crimen de Tláhuac.

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La Crónica, noviembre 24 de 2003

Absurdo, brutal, monstruoso: los adjetivos se quedan cortos para describir el asesinato, hace un año, de siete personas en la casa de la familia Narezo Loyola. El crimen conmovió al país entero. El cinismo del homicida sigue causando indignación.

   Para robarles un automóvil y algún dinero Ricardo José Narezo Benavides y su esposa Diana Patricia Loyola Bautista fueron asesinados en su casa al sur de la ciudad de México. Allí mismo murieron sus hijos Andrea, Diana y Ricardo. También perecieron las dos empleadas domésticas Cecilia de los Ángeles Pacheco Maldonado y Margarita Cortés Santiago. Un amigo de la familia, Juan Pablo Quintana, quedó herido de suma gravedad. Gracias a su testimonio se sabe que uno de los dos asesinos era Orlando Magaña Dorantes, vecino de la misma calle.

   El crimen fue tan bestial que resultaba difícil creer que el único móvil había sido el robo. Menudearon las conjeturas. De la natural búsqueda de explicaciones en algunos medios de comunicación se dio paso a insinuaciones e imputaciones gratuitas.

   Al enorme dolor causado por la muerte de cinco de sus familiares la familia Narezo ha padecido al escuchar y leer que a sus parientes asesinados se les implicaba, falsamente, con el narcotráfico.

   Las autoridades judiciales de la ciudad de México, después de la investigación, han dado fe de la honorabilidad de la familia. Por otra parte esta semana el Juez 61 Penal, Rogelio Antolín Magos Morales, dictará la sentencia –que no puede ser sino severísima, con el mayor rigor previsto por la ley– contra Orlando Magaña.

   Los Narezo consideran que aun tienen algo por hacer. Rosario Narezo Benavides, hermana del jefe de familia que fue asesinado con su esposa e hijos, está persuadida de que debe limpiar su apellido. La semana pasada le entregó al procurador de Justicia del DF, el maestro Bernardo Bátiz, la carta que reproducimos a continuación. Denuncia y lamento, el mensaje de Rosario Narezo es también una acusación muy enfática contra la ligereza que suele haber en nuestros medios de comunicación:

   “Nos resulta muy fácil vivir nuestras vidas cotidianas siguiendo las convenciones de un sistema de creencias que damos por supuesto. Creemos que viviremos una vida plena, que podemos esperar un futuro lejano rodeados de nuestros seres queridos, que nuestros esfuerzos van a verse recompensados, que la vida nos va a tratar bien.

   “Tendemos a vivir día a día como si el universo tuviera un orden sencillo, comprensible para las mentes humanas y con un grado sustancial de predictibilidad y control siempre ‘que sigamos las normas’. La intrusión de la pérdida traumática en nuestras vidas ha hecho añicos todas estas ilusiones. Aprendimos que no tenemos asegurado el futuro y que a las buenas personas también pueden pasarles cosas malas.

   “En un sentido muy real, ya no somos quienes éramos antes de la pérdida de cinco integrantes de mi familia. Personalmente, me he convertido en una persona más escéptica, la ciudad ha dejado de cumplir con mis expectativas de una buena calidad de vida a la que tengo derecho. He dejado de tener emoción por vivir en mi país y el temor aparece constantemente.

   “A un año de la muerte de mi familia, en manos de un criminal de la peor ralea de esta sociedad, éstas y otras reflexiones me han invadido. ¿Cómo pudo alguien matar a una familia honrada y honesta, que sólo vivió para amarse?

   “¿Cómo pudieron algunos medios televisivos y escritos (sin tener prueba alguna ni haber hecho una investigación seria), decir que esto había tenido que ver con un ajuste de cuentas del narcotráfico? ¿De vender más, de fomentar el morbo?  ¿Por qué señalar como culpable por tener supuestos lazos con el narcotráfico a una familia sin que medien pruebas ni veredicto judicial? ¿De qué es de lo que se trataba? ¿De hacer leña del árbol caído?

   “En algunos medios se privilegia el escándalo antes de la investigación de fondo, finalmente es más sencillo creer en declaraciones precipitadas que realizar reportajes a profundidad. Qué fácil hubiera sido investigar quién era Ricardo Narezo B. en el mundo del automovilismo, en el contexto de los talleres mecánicos y en el de los restauradores de autos de lujo. Qué fácil hubiera sido investigar qué clase de estudiante era Ricardo Narezo Loyola en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad Iberoamericana donde estudiaba. Qué fácil hubiera sido saber quién era mi cuñada Diana en el Colegio Godwin donde fue maestra varios años. Qué fácil hubiera sido investigar qué clase de estudiantes eran Andrea y Dianita en el Colegio Westminster.

   “¿Cómo retomar la vida si el camino está cortado? Tal vez la esperanza esté en esperar que se haga justicia, y sacar fuerzas de nuestros recursos internos”.

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