Sociedad y poder

La Crónica, jueves 19 de julio de 2007

La extraordinaria facilidad con la que Zhenli Ye Gon se convirtió en personaje central en las agendas mediática y política constituye uno de los más lamentables signos de la confusión que prolifera en la vida pública mexicana. Numerosos medios de comunicación, a la caza de la estridencia con la que suelen sustituir a la auténtica indagación periodística, hicieron de las declaraciones de Ye Gon asunto de primera línea en cuanto comenzó a despotricar contra funcionarios del gobierno federal. Sin que se tomara en cuenta que se trataba de un prófugo, acusado de narcotraficante, de pronto ese ciudadano de origen chino se volvió referente indispensable.

   Posiblemente, el fracaso propagandístico de la conferencia de prensa que sus abogados ofrecieron ayer en Washington sea tan decepcionante para esas expectativas de espectacularidad que a partir de ahora la estrella mediática de Ye Gon comience a declinar. Pero la amplísima cobertura que suscitó en los noticieros radiofónicos al comenzar la tarde –y antes, en extensos espacios tanto en televisión como en los diarios– indicaba que a Ye Gon se le ha reconocido como declarante sobresaliente más allá de los notorios déficit de credibilidad que tienen sus afirmaciones.

   Ayer, para decepción de conductores, reporteros y editores mediáticos, las acusaciones de Ye Gon se desbarataron al confirmarse que no están respaldadas mas que por su vehemente propósito para que el gobierno mexicano atenúe los cargos en su contra. Sus abogados no presentaron los testimonios ni los documentos que algunos esperaban. Los supuestos videos que decían tener, primero dijeron que los darían a conocer solamente si a Ye Gon se le privaba de la vida pero más tarde él mismo admitió que no dispone de grabación alguna. Confrontado una y otra vez por los reporteros que lo interrogaban por teléfono, dijo que no está seguro de que el misterioso personaje que según él le dio a guardar 250 millones de dólares sea realmente el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Y no sostuvo acusación alguna contra el presidente Felipe Calderón.

   Deshinchada la enorme burbuja mediática que se ha creado con ese asunto, valdrá la pena preguntarse cómo es que tantos noticieros y periódicos consideraron que las imputaciones de Zhenli Ye Gon eran noticia de primera plana. O, para decirlo de otra manera, cómo es que tantos periodistas se apoyaron en una fuente de credibilidad tan peregrina.

   Cuando, en marzo pasado, la Procuraduría General anunció el hallazgo de 205 millones de dólares en la casa de Ye Gon, ese asunto mereció la atención mediática porque se trata de una suma descomunal sobre todo para estar oculta en billetes. Pero el interés por esa fortuna declinó durante varios meses hasta que, en los primeros días de julio, Ye Gon pasó de las secciones policiacas a las páginas de información política. Para ello, le bastó con inventar una rocambolesca historia en la que involucraba al gobierno actual.

   Las inculpaciones de Ye Gon no resisten análisis alguno. El más elemental sentido común tendría que bastar para considerarlas como simples recursos que, en la desesperación, ese personaje quiso esgrimir para mostrarse como perseguido político cuando ha sido señalado como traficante de sustancias ilícitas y posible fabricante de drogas. La trama que atribuye el origen de los 205 millones de dólares a operadores del partido en el gobierno que tenían un plan desestabilizador en caso de perder la elección presidencial del año pasado, es tan inverosímil que no merecería atención ni conmiseración. Pero en un contexto ceñido por la estridencia mediática y la desconfianza políticas, incluso paparruchas como las de Ye Gon reciben cobertura extensa e intensa.

   Los medios han tenido una parte notable en la magnificación de este episodio. Pero la llamada clase política, algunos de sus actores por torpeza y otros más bien por bajeza, han profundizado y reproducido ese empantanamiento. El gobierno federal, cuya impericia comunicacional resulta crecientemente palmaria, respondió primero con sorpresa y luego con turbación a las nebulosas acusaciones de Ye Gon. El secretario del Trabajo se comportó como si hubiera sido directamente aludido por ese personaje cuando, desde la primera información acerca del complot relacionado con la campaña presidencial panista, solamente se hablaba de un individuo de nombre similar al suyo.

   La nota de dos reporteros de la agencia AP puntualizaba que, ante la posibilidad de que la persona a la que aludía como “Javier Alarcón” fuera el secretario del Trabajo, a Ye Gon le mostraron dos fotografías delante de las cuales vaciló en un primer intento, sin identificar de inmediato al secretario Javier Lozano Alarcón. Ye Gon y sus abogados querían insinuar acusaciones sin formularlas directamente. La misma actitud han tenido ahora, al desconocer una carta con imputaciones similares que fue publicada a principios de esta semana.

   The Associated Press publicó aquellas declaraciones mes y medio después de haber entrevistado a Ye Gon. La agencia explicó que demoró en hacerlo porque la investigación periodística que realizaba sobre ese caso aun no concluía. Pero las dio a conocer cuando la PGR declaró que los abogados de Ye Gon querían presionar al gobierno mexicano con la especie de que el dinero encontrado en marzo había sido reunido para respaldar la campaña de Acción Nacional. La AP transmitió las declaraciones de Ye Gon sabiendo que la información era parcial y sin que el trabajo de sus reporteros hubiera terminado. Casualmente, ese despacho informativo fue enviado el 1 de julio, a tiempo para que fuese publicado en el aniversario de la elección presidencial.

   Al desconcierto que esa noticia causó en el gobierno, se añadió la suspicacia que la historia del negociante de origen chino desató en variados segmentos de la política mexicana. Hay quienes, en el PRI, han comparado a Zhenli Ye Gon con Carlos Ahumada aunque nadie vio al primero de ellos entregando maletas repletas de dinero a dirigente político alguno. Otros, como los líderes de la Unión Nacional de Trabajadores, aprovecharon ese lance para golpear declarativamente a Lozano Alarcón –incluso algunos de ellos pidieron su renuncia, como si las acusaciones sin pruebas de un individuo reputado como criminal bastaran para que suscitar una decisión de esa índole–.

   Los más zafios, entre quienes le han conferido verosimilitud a Ye Gon, han sido los dirigentes del PRD que han querido ver confirmadas, en esas acusaciones, sus gastadas quejas acerca de las elecciones del año pasado. Aunque se vuelvan cómplices o al menos comparsas de un delincuente, para los líderes de ese partido los enemigos de su enemigo son sus amigos.

   Ayer, en un deplorable artículo en Excélsior, el presidente nacional de ese partido, Leonel Cota Montaño, aseguraba que en la conferencia de prensa de este miércoles tendría que ocurrir uno de tres escenarios: “1. Se dan a conocer las pruebas que sustentan la acusación y el escándalo adquiere proporciones grotescas. 2. Se pospone la conferencia con cualquier argumento porque hay negociaciones en curso entre las partes. 3. Se cancela porque ya se logró un acuerdo aceptable para Zhenli Ye Gon”. 

   Para Cota Montaño no había más opciones porque ha querido creer, o ha querido sostener, que las acusaciones de Ye Gon son ciertas. Por eso no se le ocurrió que, simplemente, la conferencia de prensa se derrumbaría por carencia de elementos para satisfacer las abultadas expectativas que habían suscitado los abogados estadounidenses de ese personaje. Y es que, para Leonel Cota, Zhenli Ye Gon no es un difamador que busca eludir la aplicación de la justicia sino un “empresario caído en desgracia”.

   Con dirigentes políticos como ese, no resulta sorprendente la mezcolanza de turbación y descomposición que domina en el escenario público. Tal vez haya mucho por aclarar, acaso sancionar, en las circunstancias que durante varios años favorecieron los negocios de Ye Gon y sus posibles vínculos con redes delincuenciales. Pero las desorbitadas fabulaciones de ese personaje no hubieran tenido verosimilitud alguna en una clase política segura de sus responsabilidades ni en una sociedad convencida de los principios básicos que hacen sólido a un país.

La Crónica, 15 de septiembre de 2002

A veces parecería que el teatro puede ayudar a entender la realidad. La retahíla de trompicones, desencuentros e intimidaciones entre distintas fuerzas y personajes que hemos presenciado en los días recientes quizá tienen más aspecto de representación dramática que de acontecimientos políticos.

   Por eso es pertinente establecer a qué género teatral podrían ser adscritos esos relevantes sucesos de la semana que ha terminado.

   Comedia es una: “Obra dramática, teatral o cinematográfica, en cuya acción predominan los aspectos placenteros, festivos o humorísticos y cuyo desenlace suele ser feliz”.

   El diccionario añade esta definición: “Suceso de la vida real, capaz de interesar y de mover a risa. Farsa o fingimiento”.

   Así que no resulta muy escrupuloso llamar comedia a la decisión del PRI para defender a toda costa a los desprestigiados líderes petroleros o a las acusaciones hasta ahora sin sustento claro que el gobierno les hace.

   Cualquiera que sea, el resultado de todo ese asunto no resultará venturoso para el país. Si las imputaciones del gobierno prosperan y el sistema judicial las reconoce como válidas, será a costa de un desgaste de muchos meses para el sistema político. Al final, las sanciones quizá resulten muy leves en comparación con las expectativas que se habrán levantado alrededor del que algunos han llamado Pemexgate. 

Improbable farsa

   La decisión del gobierno para enfrentar de esa manera al principal partido de oposición tendría que haber estado respaldada por una impecable averiguación policiaca que luego se tradujera en un sólido expediente judicial.

   Hasta ahora lo que se ha visto es una indagación salpicada de irregularidades, entre ellas la indebida publicidad que recibió cuando todavía no ofrecía conclusiones.

   El gobierno federal se queja de la politización que ha recibido ese asunto pero quienes lo identificaron como un tema de índole política fueron, antes que nadie, importantes funcionarios de la actual administración, comenzando por el presidente Vicente Fox.

   Así que no parece que a ese y otros litigios recientes se les pueda calificar como farsa, la cual se define así:

   “Pieza cómica, breve por lo común, y sin más objeto que hacer reír”. Y también: “Enredo, trama o tramoya para aparentar o engañar”.

   Como cortina de humo el llamado Pemexgate ya estaría resultando más oneroso que cualquier asunto que pretendiera desplazar de la atención pública.

   Y aunque algunas de sus consecuencias anecdóticas susciten sonrisas, la pena que también provocan es mucho mayor.

Dramáticos errores

   El miércoles por la noche la PGR presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero de tres dirigentes del sindicato petrolero que además, son legisladores. Esa medida era esperada desde varios días antes gracias a las filtraciones que la anticiparon, con una consiguiente e intensa expectación mediática.

   Si no se quería que ese trámite fuese entendido como una medida de promoción política del gobierno, entonces esa búsqueda de reflectores era innecesaria.

   Pero la denuncia contra el diputado federal Antonio Romero Deschamps, el senador Ricardo Aldana Prieto y el diputado del Congreso de Tamaulipas Jesús Olvera Méndez, fue presentada en un momento peculiarmente propicio para que tuviese intensas consecuencias políticas.

   Unas horas más tarde estaba programada la comparecencia del secretario de Gobernación, precisamente, ante la Cámara de Diputados.

   Solo con una perspectiva muy estrecha o con un gran desconocimiento del panorama político se pudo haber pensado que la solicitud de desafuero no afectaría la presentación del secretario Santiago Creel.

   Al titular de Gobernación se le considera uno de los miembros del equipo gobernante que más interés ha demostrado en la construcción de puentes con todas las fuerzas políticas. Esa es su obligación institucional, pero además la ha mantenido como divisa de su actitud personal en la escabrosa situación política del México actual.

   Sin embargo los propósitos no son suficientes. La descortesía que el secretario Creel padeció el miércoles en el Palacio Legislativo confirma el enorme trecho que hay entre los dichos y los hechos políticos, así como la dificultad que ese personaje experimenta para traducir sus declaraciones, en logros.

   La política, además de proyecto y propuestas es, en primer lugar, una constante labor de persuasión, conciliaciones, diálogo. A juzgar por los resultados nada de eso existió en los preparativos para la comparecencia del secretario Creel.

   Y si eso le sucede al titular de Gobernación en su propia presentación ante la Cámara de Diputados, no es descabellado abrigar temores sobre la ausencia de oficio político en la atención de otros asuntos públicos.

   Además de insuficiencias en la búsqueda de acuerdos con los diputados, el episodio del miércoles revela ausencia de acuerdos dentro del gobierno mismo en la aplicación de las decisiones políticas.

   Ir a tocar la ventanilla de la oficialía de partes de San Lázaro el martes por la noche para denunciar a varios legisladores del PRI y presentarse horas más tarde en la tribuna del salón de sesiones parece una operación política algo esquizofrénica –o por lo menos bastante extraña– por parte del gobierno federal.

   Ni comedia ni farsa: ese episodio y hasta donde puede esperarse los que seguirán en las semanas próximas tienen mucho de drama, al cual se le caracteriza como:

    “Obra de teatro o de cine en que prevalecen acciones y situaciones tensas y pasiones conflictivas”.

   Drama también es: “Suceso de la vida real, capaz de interesar y conmover vivamente”.

Conductas trágicas

   Por lo pronto ese incidente ha tenido repercusiones más desfavorables para el PRI que para el titular de Gobernación. El desaire que le hicieron los diputados de ese partido fue expresión de la política primitiva que sigue definiendo muchas reacciones y decisiones entre los priistas. Se trató de una actitud incompatible con las responsabilidades del Congreso que está obligado a parlamentar, no a dar la espalda a sus interlocutores institucionales.

   Algunas versiones indican que el abandono del salón de sesiones había sido discutido por los diputados priistas y sus dirigentes y que tal medida fue expresamente descartada porque se prevenían las desfavorables consecuencias públicas que tendría para ese partido. Si así fue, entonces la situación del PRI es peor a la que se ha podido apreciar en estos días. Un partido en donde las decisiones no se cumplen y los dirigentes no tienen capacidad de convencer a sus legisladores, es una organización de discutible eficacia política.

   Al salirse del salón de sesiones dejando sin audiencia ni quórum al secretario de Gobernación los diputados del PRI cometieron una explícita desatención. Pero sobre todo al defender a los líderes petroleros con ese gesto, que es propio de las desavenencias extremas en los litigios parlamentarios, esos legisladores antepusieron la reivindicación de privilegios clientelares y corporativos por encima de la aplicación de la justicia.

   El panorama dentro del PRI es demasiado grave para suponer que es fársico y su capacidad de riesgo supera los alcances del drama. Todo parece indicar que se le puede describir como trágico.

  Tragedia, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, es: “Obra dramática cuya acción presenta conflictos de apariencia fatal que mueven a compasión y espanto, con el fin de purificar estas pasiones en el espectador y llevarle a considerar el enigma del destino humano, y en la cual la pugna entre libertad y necesidad termina generalmente en un desenlace funesto”.

   ¿Tendrá la situación en el PRI esa capacidad catártica y reparadora? Si así fuese habría que pensar que no hay crisis que por bien no venga. Pero determinaciones como las que ha tomado ese partido en los días recientes, en acrítica defensa del sindicalismo descompuesto que padecen los trabajadores petroleros –igual que el que existe entre los trabajadores del gobierno del Distrito Federal, a cuyos líderes también ha reivindicado el PRI– indican que más que purificación lo que existe es una involución hacia la vieja y sucia política del clientelismo y el tráfico de influencias.

   Y no solo en el PRI hay comportamientos trágicos. La comparecencia del miércoles fue expresamente desairada por los diputados priistas, pero sus colegas del PAN tampoco se esmeraron para mantener el quórum en el Palacio Legislativo. Si fue simple descuido de sus dirigentes parlamentarios que no previeron la necesidad de contar con todos los legisladores atendiendo a la presencia del secretario de Gobernación –y además correligionario suyo– se trató de un vistoso descuido. Si la fuga de los diputados panistas no fue casual y estuvo relacionada con desacuerdos dentro de ese partido entonces la situación es peor.

   En todo caso el comportamiento trágico no es monopolio del PRI. Parece extenderse a todo el sistema político.

Colorido sainete

   En otras circunstancias el grosero desencuentro y luego el inverosímil abrazo del ahora subsecretario de Relaciones Exteriores y el embajador en Cuba, habrían sido simplemente deplorables y ridículos. Pero en un panorama político determinado por repetidos desaciertos y en una secretaría tan intencionalmente expuesta a la atención de la sociedad y los medios como ha sido la de Relaciones Exteriores, ese incidente ha tenido señaladas repercusiones.

   En un servicio exterior determinado por las normas de respeto y civilidad más elementales, las expresiones que el señor Mauricio Toussaint le dirigió al embajador Ricardo Pascoe tendrían que haber ocasionado su destitución inmediata.

   En ningún ministerio se debería disculpar una expresión grosera contra ningún funcionario público. Pero mucho menos en el de Relaciones Exteriores y en contra de un funcionario cuya designación ha sido dispuesta por el presidente de la República y ratificada por la Cámara de Senadores.

   Al insultar a Pascoe, Toussaint descalificó al titular del Ejecutivo y a los legisladores que avalaron ese nombramiento.

   Se podría suponer que fue un lamentable descuido de Toussaint, que un mal día todo el mundo lo tiene y que no lo volverá a repetir. Aun así, cuenta con experiencia suficiente para haber aquilatado el alcance de sus palabras.

   Pero ni él ni su jefe inmediato parecen haber entendido la gravedad del incidente. Lo peor ha sido que a Toussaint lo premiaron al día siguiente de descalificar a Pascoe.

   El martes 10 de septiembre, en conferencia de prensa Mauricio Toussaint, oficial mayor de la SRE, acusó de manejos ilícitos al embajador mexicano en Cuba y lo llamó “pececito de colores caribeños”.

   El jueves 12 Toussaint fue ascendido a subsecretario para América del Norte.

   El viernes 13, también delante de la prensa, le ofreció sus “más sentidas disculpas” al embajador Pascoe y le pidió perdón.

   Ese episodio tal vez muestra la capacidad de rectificación que tiene el ahora subsecretario. Pero es pésimo indicio de la aptitud política que tanto se echa de menos en la conducción de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

   Ahora, cuando el nuevo subsecretario para América del Norte tome cualquier decisión, habrá que esperar algunos días para constatar si no se desdice de ella. Sus interlocutores, que son nada menos los gobiernos de la región en donde se encuentra ubicado nuestro país, podrán tomar con reservas los anuncios y reclamos del embajador Toussaint. Los medios, ni se diga.

   Y dentro de esa secretaría el ascenso de Toussaint causará confusiones, si no es que zancadillas y puñaladas –retóricas pero hirientes–. Ya que el método del vituperio ha sido tan eficazmente premiado no deberá extrañar que otros funcionarios y embajadores intercambien descalificaciones, por supuesto en público, tan coloridas aunque poco ingeniosas como las que don Mauricio ha sabido expresar.

   Esta definición de sainete parece mandada a hacer para el incidente en la SRE: “Pieza dramática jocosa en un acto, de carácter popular, que se representaba como intermedio de una función o al final”.

   También resulta apropiada esta acepción del mismo término: “Situación o acontecimiento grotesco o ridículo y a veces tragicómico”.

En descargo del teatro

   Farsa o comedia, drama y tragedia, sainete: todos esos géneros parecieran reproducirse en el comportamiento de personajes e instituciones políticas. La terminología teatral puede ayudarnos para delimitar acontecimientos como los que destacan en la vida pública del país. Pero, en beneficio del teatro, tenemos que reconocer que no suele padecer, al menos de manera tan determinante, las perversiones de la política.

   Hay diferencias prácticas entre los quehaceres político y teatral. En un clima como el que tenemos en México pareciera que cada uno de los actores políticos atiende a un guión distinto, de manera tan discordante que a menudo presenciamos una sucesión de monólogos que no alcanzan a cristalizar en diálogos.

   Peor aún, con frecuencia los actores políticos se dan de trompicones a la mitad del escenario. A menudo, más que teatro parece espectáculo de lucha libre aunque es difícil establecer quiénes son los rudos y cuáles los técnicos.

   En nuestro tablado político no hay director y parece que nadie tiene idea del desenlace que pueda ocurrir en cada episodio. Por otra parte, si el espectáculo no le gusta el público no puede exigir que le devuelvan las entradas.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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La Crónica, septiembre 29 de 2002

Todos pierden con el litigio petrolero. Pero algunos pierden más que otros. El actor político más perjudicado en esta crisis será el PRI, cuya fractura y desorientación resultan más evidentes que nunca. Si se cumplen las previsiones optimistas que todavía ayer campeaban en declaraciones y medios y se llega a un acuerdo capaz de suspender el emplazamiento a huelga, el presidente Fox se anotará un triunfo importante. Será un éxito pírrico, o al menos sumamente costoso, en un litigio que su gobierno provocó.

   Todo ello, si la negociación llegó a un desenlace feliz para cuando estas líneas sean publicadas, o si el acuerdo se consolida a más tardar en el transcurso del lunes. De otra forma sería imposible desactivar la maquinaria de la huelga que, a pesar de todo lo que se ha dicho, sigue activa y puede conducir a una situación de dificultad extrema para el país.

Halagos y amagos, a la vez

   Aunque el amago de la huelga fue utilizado por el sindicato petrolero en su negociación con Pemex, si se mantuvo vigente durante varias semanas fue debido a la intransigencia de ambas partes.

   El encausamiento contra los caciques sindicales politizó una revisión que de otra manera habría transcurrido sin nerviosismos ni aspavientos. Ante el acoso a sus líderes el sindicato aprovechó el emplazamiento por motivos salariales para negociar un acuerdo en beneficio de ellos.

   El gobierno, con toda razón, replicó que los temas judiciales no debían mezclarse con los de carácter laboral. Sin embargo no se esmeró para resolver las causas formales que podían precipitar la huelga y que son, precisamente, de índole laboral.

   Durante varias semanas el gobierno mantuvo sin cambios su propuesta para aumentar los salarios en Pemex. Aunque en público diversos funcionarios e incluso el presidente de la República hablaban de un monto mayor, en la mesa de negociaciones la empresa insistía en un incremento del 5.5%.

   Esa fue al menos la actitud denunciada por el sindicato en un desplegado que publicó el viernes 27 de septiembre. Para entonces el titular del Ejecutivo Federal había sugerido que el incremento sería más alto. La lentitud con que han fluido las decisiones de Los Pinos hasta la Torre de Pemex ha sido extraña, por decirlo de alguna manera.

   También ha resultado contradictorio el comportamiento del gobierno hacia los trabajadores petroleros.

   En sus visitas a plantas y plataformas de Pemex el presidente Fox se ha dirigido a ellos de manera elogiosa. “Todos los mexicanos y todas las mexicanas (están) particularmente agradecidos con sus trabajadores, con quienes le dan vida a esta empresa”, dijo el viernes en Cadereyta.

   Al mismo tiempo el gobierno articula una campaña que pone en evidencia los desmedidos privilegios que tiene el sindicato. Aguinaldos de varios meses, créditos a tasas prácticamente simbólicas, gasolina y aceite a mitad de precio, becas generosísimas, todo ello a cargo de la empresa petrolera, son algunas de las prestaciones que reciben esos trabajadores.

   Quizá se trata, como en las películas de serie negra, de la manida táctica del bueno y el malo para ablandar a su adversario. El presidente va con los trabajadores petroleros y les da afectuosas palmaditas retóricas, al mismo tiempo que su oficina de comunicación promueve una visión desfavorable de ellos al exponer las ventajas que disfrutan.

   Quizá esa contradicción sea simplemente uno más de los desatinos del gobierno en este conflicto.

Beneficios del petróleo

   Pase lo que pase, el sindicato y no solo sus líderes quedarán muy maltratados después de este enfrentamiento. No está claro si ese debilitamiento le conviene o no al país.

   No está mal que ese gremio se haya beneficiado de la riqueza petrolera. Si sus trabajadores son quienes extraen y procesan ese recurso, nada más natural que sus rendimientos los favorezcan.

   Sin embargo las ganancias del petróleo no se han desparramado de la misma y generosa manera entre el resto de los mexicanos. Es cierto que un segmento importante del presupuesto federal se origina en la industria petrolera. Pero en comparación con la riqueza distribuida antes que nada entre sus propios trabajadores, esas utilidades son muy desiguales con el país.

   Tales ganancias no benefician tanto a los trabajadores, como al sindicato. Sería útil que junto a las cifras que ahora se difunden acerca de los salarios y prestaciones de los trabajadores pudieran conocerse los montos que recibe el STPRM –y que sus dirigentes administran a discreción– por cuotas, pagos especiales y sobre todo gracias a los contratos de servicios que esa organización todavía le proporciona a Pemex.

   Tales recursos no necesariamente benefician a los trabajadores petroleros sino a la burocracia sindical. Pero si esos dirigentes han medrado con dicho patrimonio ha sido, entre otras causas, gracias a la complacencia de los trabajadores.

Qué sindicato hace falta

   Es difícil aventurar cuál será el destino de un sindicato debilitado y acotado si es que ese resulta ser uno de los saldos, al cabo de un litigio que dista de haber terminado. Aunque ha sido una de las principales sangrías de la empresa petrolera el sindicato también ha sido una de sus fuentes de estabilidad –ciertamente costosa, pero eficaz en términos técnicos y políticos–.

   La desnaturalización que ha sufrido por culpa de los dirigentes antidemocráticos no debiera hacer olvidar el origen y el comportamiento en ocasiones responsable y nacionalista que el Sindicato de Trabajadores Petroleros ha sabido tener en distintos momentos de su historia. No siempre ha sido una cueva de líderes bandidos como la que Pemex y el país han padecido especialmente bajo los cacicazgos de Joaquín Hernández Galicia y Carlos Romero Deschamps.

   Es difícil pensar en una empresa pública sólida y estable sin un sindicato fuerte y responsable. Hasta ahora el sindicato ha sido una de las debilidades de Pemex. Pero sin él, posiblemente esa empresa sería más vulnerable a los muchos intereses foráneos y domésticos que suelen presionarla.

   Pase lo que pase el sindicato de Pemex no va a desaparecer. Y hasta ahora el presidente de la República asegura que sólo “zafado de la cabeza” se le ocurriría promover la privatización de esa empresa –aunque durante su campaña presidencial, quién sabe en dónde o cómo tendría la cabeza, llegó a considerar esa posibilidad–. Así que a pesar de las turbulencias de esos días sería pertinente mirar hacia delante y pensar qué sindicato les hace falta a la empresa petrolera y al país. Esa es una de las varias asignaturas que, pase lo que pase, habrá en la siguiente etapa del litigio en Pemex.

Riesgos, réditos, costos

   Sin embargo casi ninguno de los actores en esta crisis manifiesta voluntad para mirar hacia el mediano y el largo plazos. Lo más que alcanza la perspectiva del gobierno es julio de 2003, fecha que se parece haberse convertido en meta y obsesión del presidente y sus colaboradores. Todo parece indicar que las acusaciones que desataron el Pemexgate, la persistencia en imbricar a la política con la justicia, el desafío a los líderes petroleros y muy especialmente el propósito para apalear al PRI con este incidente tienen el propósito de ganar consenso y votos para las elecciones federales del año próximo.

   Esa es la única explicación a la obstinación, que implica tantos riesgos que a ratos parece políticamente suicida, del presidente y su gobierno para hacer del litigio en Pemex el tema central y ahora prácticamente el único (excepto por las terribles consecuencias del huracán en Yucatán, Campeche y Chiapas) de la agenda nacional de esta temporada.

   Al enfrentar a los caciques del sindicato petrolero el presidente Fox logrará que su imagen mejore entre los ciudadanos. Al compartir e impulsar la idea de ir hasta las consecuencias últimas en este asunto, el PAN participará de ese nuevo repunte en la popularidad presidencial y estará en mejores condiciones de competir con éxito en las elecciones legislativas de 2003. Todo ello si se evita la huelga y a los líderes señalados por haberse beneficiado de transacciones presuntamente ilícitas la justicia los castiga de alguna manera.

   A cambio de ello el presidente y su partido habrán puesto en tensión a la economía y a la sociedad mexicanas. El riesgo que habrán corrido será muy elevado en comparación con los réditos políticos que, a la postre, lleguen a cosechar.

   El presidente recibirá numerosos y, amplificados por el sistema mediático que se alinea en torno al gobierno, atronadores aplausos. El costo de esas inopinadas aunque bulliciosas ovaciones será, en primer lugar, la constatación de que tenemos un presidente más interesado en que le aplaudan que en gobernar de manera responsable y prudente. Con tal del mejorar su posición y la de su partido en las encuestas, habrá puesto en peligro la estabilidad política y financiera del país.

Anticorrupción, autopromoción

   Hay dos costos adicionales que el presidente, y junto con él sus gobernados, pagaremos al cabo de este episodio.

   Uno de ellos es la degeneración política del combate a la corrupción. Aunque más adelante el gobierno encuentre nuevas evidencias para acusar de ladrones y tramposos a los dirigentes petroleros o a ex funcionarios de Pemex –o contra miembros destacados del PRI– no podrá soslayarse el hecho de que la acusación inicial contra esos personajes ha sido de un lamentable desaseo jurídico.

   Imputaciones apoyadas en presunciones y no en hechos, utilización de los medios para dar a conocer expedientes que tendrían que estar en el ámbito de los tribunales y cargos que se presentan con tanta ligereza que luego de habla de negociarlos (como la acusación de narcotráfico a los dirigentes sindicales que según se dice ahora se debió a un “error mecanográfico”) son algunos de los dislates que la PGR y el gobierno han cometido en un caso cuya importancia exigía la mayor escrupulosidad.

   Después del llamado Pemexgate habrá quedado claro que al gobierno del presidente Fox, el combate a la corrupción le interesa como bandera de autopromoción política más que para atender a su obligación de aplicar y cumplir las leyes. Desde luego todo gobierno quiere obtener réditos de sus acciones. Pero cuando se trata de medidas que buscan fundamentalmente un efecto político mas que el cumplimiento de las leyes o de las responsabilidades sustantivas de los gobernantes, entonces queda de manifiesto que se trata de decisiones motivadas por su agenda particular y no por el interés general de la sociedad.

   Desvirtuado por las ambiciones políticas del presidente y sus colaboradores, el combate a las malversaciones y los abusos en la administración pública no deja de ser necesario y urgente. Sin embargo lo que el gobierno gana en popularidad con el Pemexgate quizá lo pierda, en credibilidad social, la lucha contra la corrupción.

PRI, líderes aislados

   La otra consecuencia onerosa que deja la crisis de estos días es la renovada discordia en el PRI. Gústenos o no se trata –todavía por lo menos– del partido político más importante del país, que reúne a más legisladores federales y locales, más gobernadores y más presidentes municipales que cualquier otro.

   Quizá resulte exagerado decir –como, hablando de Pemex, amagaba hace varios años un líder petrolero a un presidente de la República– que si se hunde el PRI se hunde México. De hecho el naufragio definitivo de ese partido ha sido el empeño político central de una importante corriente de dirigentes políticos y aspirantes a serlo tanto en el actual grupo gobernante como en sus periferias.

   Pero una operación de esas dimensiones requeriría tiempo, consensos y circunstancias suficientes. Y no parece que hasta ahora se haya cumplido con ninguna de esas condiciones para suponer que el sistema político mexicano puede, al fin, prescindir del PRI.

   En este episodio el gobierno ha puesto a los dirigentes priistas en un callejón sin salidas. Si no respaldan a los líderes petroleros, quedan debilitados en su partido y pierden capacidad para encabezarlo con representatividad suficiente. Si se oponen al gobierno quedarían indeleblemente identificados con la corrupción y la ilegalidad que se les imputan a esos caciques sindicales. Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo han querido hilar con fineza en este litigio pero el afán para mantenerse en una posición intermedia los ha dejado, al menos hasta ahora, aislados de una porción significativa de su partido.

   El comité ejecutivo nacional del PRI ha defendido el derecho de huelga pero reconociendo que parar Pemex sería inadecuado y  demandó que los procesos judicial y laboral transcurran cada uno por su cauce institucional. Sin embargo no ha enfrentado el propósito central del gobierno en este asunto que no es otro que el intento para perjudicar al PRI.

Gobernadores soliviantados

   La necesidad de mantenerse como interlocutores entre el gobierno y el sindicato llevó al presidente y la secretaria general priistas a buscar ese difícil equilibrio. Cuando se haga el balance de esta crisis podrá discutirse si el papel de los dirigentes del PRI era fungir como intermediarios.

   El documento que los 17 gobernadores priistas presentaron el viernes por la noche en Querétaro tiene coincidencias con las posiciones de la dirección nacional de su partido. Reconoce la importancia de Pemex y la responsabilidad del sindicato, exige que la demanda salarial no se confunda con las indagaciones judiciales y exhorta a los diputados federales para que no se mimeticen a la postura del gobierno cuando examinen las peticiones de desafuero contra los líderes sindicales.

   Pero a diferencia de la postura del comité nacional de su partido, los gobernadores miembros del PRI cuestionan la actitud del presidente Fox cuando dicen que “el radicalismo en el discurso del Ejecutivo Federal tan solo agrava el conflicto”.

   Mas aun, cuando identifican el núcleo del problema queda claro que esta crisis, más allá del emplazamiento a huelga, no se dirimirá del todo en los siguientes días. “Tenemos la percepción –dicen los gobernadores– de que el caso Pemex es parte de una cruzada gubernamental para debilitar el sindicalismo y aniquilar al PRI”.

   Aunque no señalan vías específicas para distender este conflicto, llaman a la sensatez y la prudencia y dicen: “México está de por medio y no puede ser presa ni seguir inmovilizado a causa de una enconada guerra política”.

   Esa es la opinión de los gobernadores de la mayoría de las entidades del país. Es una posición que, además, comparte una buena cantidad de los senadores de dicho partido.

Presidente en campaña

   Eso es lo que se juega con el llamado Pemexgate. Como líder de un partido, comprometido con causas y ambiciones particulares, Vicente Fox se habrá anotado un triunfo al golpear y dividir al PRI con tanta fuerza que posiblemente este episodio contribuya de manera importante a definir el resultado de las elecciones de julio próximo.

   Pero como presidente de la República, que hipotéticamente no gobierna para reivindicar solamente los intereses de un partido sino con un horizonte más amplio, el licenciado Fox habrá demostrado una conducta facciosa y poco prudente.

   Al apalear al PRI y dejar mal parados a sus dirigentes, el titular del Ejecutivo maltrata a su interlocutor político más importante. Al bloquearles las salidas políticas habrá confirmado la gran fascinación que le suscitan la popularidad y las encuestas y la inquietud que le causan las elecciones de julio de 2003. Pero también se habrá constatado su escasa previsión como gobernante.

   Con la composición política que tiene el país, parece extremadamente difícil gobernar en confrontación con el PRI. Será muy complicado tomar decisiones nacionales cuando los gobernadores de 17 estados se consideran sometidos a una enconada guerra política.

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La Crónica, septiembre 22 de 2002

Enredado en la crisis más grave que el país haya enfrentado en los años recientes, el presidente Vicente Fox se empeña en mostrar un rostro optimista.

   La buena cara nunca viene mal pero los tiempos no están para fingimientos. Prodigar sonrisas cuando el temporal político amenaza con devastar parte de nuestros recursos no es muestra de templanza sino de irresponsabilidad. Y lo es, sobre todo, porque en buena medida el conflicto petrolero se ha desatado debido a la imprevisión y la ausencia de estrategia política del gobierno federal.

   Claro que en el origen del llamado “Pemexgate” se encuentra un sindicato corrupto, quizá el peor ejemplo del corporativismo autoritario que ha esquilmado a los trabajadores, al país y especialmente a la empresa pública en donde se ha enquistado.

   Pero a ese sindicalismo igual que a las estructuras enmohecidas pero aun funcionales del viejo aparato político no se las desarticulará con amagos judiciales insuficientemente sustentados, ni desprestigiándolas (como si su mala fama pudiese empeorar) delante de la sociedad. A esos viejos aunque todavía actuantes resabios del antiguo régimen solo se les desplazará con paciencia, perseverancia y sobre todo, inteligencia. Y desde luego con un escrupuloso cumplimiento de la legalidad, articulado con un esmerado oficio político.

Debilidades legales

   Pero, para desdicha del país y apuro del gobierno, nada de eso ha existido en la embestida presidencial contra los caciques petroleros. Muy al contrario, la operación que ha buscado el encarcelamiento de esos líderes para luego involucrar al PRI en el tráfico de recursos de origen pretendidamente ilegítimo ha incurrido en una torpeza tras otra. Al encausamiento sin suficiente consistencia legal se ha añadido una patética ausencia de operación política.

   El resultado, es el temor que se ha generalizado durante los días más recientes ante la posibilidad de que una huelga petrolera y un estancamiento político todavía peor afecten a la sociedad y a la economía con secuelas desastrosas para todos.

   Aparentemente el gobierno federal supuso, quién sabe a partir de qué despistadas evaluaciones, que el PRI dejaría solos a los dirigentes petroleros para que, sin mayor objeción, fuesen desaforados y encarcelados. Esa estimación soslayó las numerosas complicidades, no todas pero algunas de ellas sí de carácter ilegítimo, que articulan a ese partido.

   Pero además parece que se ha olvidado que el litigio contra el sindicato es solamente el primer paso en una escalada –legal o no– de revancha política en contra del PRI.

   Se trata de demostrar, primero, que la decisión de entregarle al sindicato petrolero más de mil millones de pesos a mediados de 2000 no tuvo sustento jurídico.

   El segundo paso sería la consignación de los dirigentes sindicales que recibieron ese dinero.

   El tercero, la inculpación al PRI por haberse beneficiado de una parte de tales recursos.

   Así pensado, el proceso de incriminación contra distintos personajes del régimen priista tenía cierta lógica. Pero ninguna de esas fases ha contado con la solidez jurídica suficiente.

   Todavía no se ha probado que Rogelio Montemayor haya actuado ilegalmente al autorizar esas transferencias al sindicato, que son de un monto escandaloso pero tienen una justificación al menos formal pues eran apenas una parte de la deuda que Pemex tenía con la organización laboral. Se puede considerar que es indebido, y hasta inmoral, que el sindicato reciba sumas tan altas, derivadas del contratismo que durante mucho tiempo lo favoreció y de prestaciones exageradamente cuantiosas. Pero ese es un problema que ahora no se está dirimiendo.

   El gobierno tampoco ha logrado acreditar, por lo tanto, que los dirigentes del sindicato petrolero hayan actuado de manera ilegal cuando recibieron ese dinero. Los motivos jurídicos de la petición de desafuero presentada por la PGR contra varios de esos líderes siguen siendo oscuros. Si tales recursos decidieron cederlos al PRI y excedieron los montos para donativos autorizados por la legislación electoral, la averiguación tendría que desarrollarse en el marco de esa normatividad. Si se quedaron con ese dinero o parte de él, los dirigentes petroleros quizá infringieron la legalidad de su sindicato pero ese no es un delito que pueda ser perseguido sin denuncia de los trabajadores.

   Al equivocarse en cada uno de los pasos que había previsto su estrategia de enfrentamiento con el sindicato petrolero y el PRI, la causa del gobierno federal ha sido endeble, incompetente y costosa.

Presionar con la huelga

   En el plano de la moralidad los líderes petroleros son indefendibles. Pero el gobierno que pretende promover el cambio no podía combatirlos solamente con impugnaciones éticas y descalificaciones políticas. Ya se sabe que esos líderes son unos sinvergüenzas. El problema es demostrar que al serlo han infringido las leyes y que, por ello, ameritan sanciones penales.

   Nade de eso parecen haber pensado los secretarios de Estado y el presidente Fox que resolvieron, de todos modos, emprender esa embestida que los ha colocado –y con ellos, al país entero– en un callejón de donde todos saldrán lastimados.

   Como si no fuera suficiente la ausencia de perspicacia política y jurídica en la articulación del llamado Pemexgate, la petición de desafuero fue presentada tres semanas antes de la fecha señalada para la huelga petrolera.

   Los caciques sindicales tuvieron, de esa manera, la extraordinaria oportunidad de utilizar el amago de la huelga para defenderse de las acusaciones que les hace el gobierno.

   Ya se sabía que a la dirección del sindicato, más que el aumento salarial le inquietaba la averiguación contra varios de sus integrantes. Durante las negociaciones con la empresa los líderes gremiales pretendieron negociar, junto con los asuntos laborales, las presiones del gobierno. Como no hubo acuerdo al respecto el emplazamiento se prorrogó hasta el 1 de octubre próximo.

   Gracias a la PGR que tenía demasiada prisa por entregar a la Cámara de Diputados las peticiones de desafuero, ahora los caciques sindicales han podido defenderse amenazando con paralizar las operaciones de la empresa más grande de México.

Costosa desarticulación

   Quizá –ojalá– la huelga pueda evitarse.

   El gobierno federal, comenzando por su principal integrante está volcado –ahora sí– a propiciar un arreglo que tendrá que incorporar los aspectos políticos, jurídicos y laborales que complican al enmarañado Pemexgate.

   El PRI ha reconocido que tiene un papel por desempeñar en todo este litigio y, sin abandonar a los líderes petroleros, ha colaborado en la búsqueda de un acuerdo. Sin embargo no hay concertación en los diferentes espacios de operación política que, al estar desarticulados, propician reacciones contradictorias.

   Al mismo tiempo que en Los Pinos el presidente de la República conversa con el presidente nacional del PRI, en claro reconocimiento de que esta crisis no tendrá arreglo si no es con el concurso de ese partido, en San Lázaro el PAN propone que la comisión de diputados que habrá de evaluar las peticiones de desafuero tenga una integración inaceptable para los priistas.

   Dos miembros del PAN, uno del PRI y otro del PRD es la fórmula que se iba a votar el jueves en el Palacio Legislativo. Esa composición sería aprobada por panistas y perredistas que, juntos, reúnen al 52% de los diputados. Pero era improcedente desde el punto de vista de los priistas, que tienen tantos diputados como Acción Nacional.

   Sea cual sea la manera como se integre la comisión instructora, es evidente que no hay articulación entre lo que se hace en el Congreso y lo que se promueve desde el gobierno. La separación y el respeto entre los poderes no tiene por qué significar desconcierto, que es una de las vías del desgobierno.

Política y justicia

   A la política no solo se le ha descuidado. Incluso se la ha despreciado como si se tratase de una actividad vergonzante. Cuando se dice que el orden jurídico es contradictorio con los acuerdos políticos se incurre en una gravosa ignorancia, como si la política fuese solo arreglos ilícitos e impropios.

   La política no tiene por qué estar disociada de la legalidad. Ni viceversa. Precisamente, la virtud de una política democrática radica en la legitimidad que tiene al estar sustentada en las leyes. Pero el Estado de derecho ofrece márgenes para tomar decisiones que siempre están propiciadas, o matizadas, por consideraciones políticas.

   Política y justicia no solo no tienen por qué ser contradictorias. Inclusive en la articulación inteligente de una y otra, radica una de las claves de todo buen gobierno.

   Por eso cuando se dice que en la solución a ese enorme enredo que es el Pemexgate hay que separar la política de la justicia, se puede incurrir en un enorme error.

   Desde luego es pertinente que una, no esté subordinada a la otra. Sería inaceptable que, por consideraciones políticas, el ministerio público o el poder judicial dejasen de cumplir sus responsabilidades en la persecución de delitos plenamente acreditados.

   Pero cualquiera que sea el arreglo al que pueda llegarse, tendrá que implicar oficio político junto con acatamiento pleno al marco legal.

Chantaje y consecuencias

   Esa conjunción no se ha advertido en las soluciones que, según se ha dicho, ensaya el gobierno federal.

   El dirigente de la CTM, Leonardo Rodríguez Alcaine, habituado como está a los arreglos pragmáticos y alegales fungió como vocero del gobierno al decir, a mediados de la semana, que bastaría con que el sindicato petrolero le devolviese a Pemex el dinero en litigio para que todo quedase resuelto. Se dice incluso que podrían regresar solo 640 de los más de mil millones de pesos que el gobierno asegura fueron transferidos indebidamente de la empresa al sindicato.

   Para los líderes petroleros un acuerdo de tal naturaleza implicaría reconocer que ese dinero lo recibieron de manera ilegítima y ellos han sostenido todo lo contrario. Incluso afirman que la deuda de Pemex con el sindicato era casi cinco veces superior a los mil millones de pesos que les entregaron.

   Quizá un arreglo en esos términos sería explicable si las circunstancias fueran fundamentalmente adversas a los caciques sindicales.

   Lamentablemente no es así. No son ellos sino el gobierno y el país quienes se encuentran con el agua –casi– al cuello ante la posibilidad de la huelga petrolera.

   Muy a pesar de lo que durante varias semanas dijeron voceros oficiales y oficiosos del gobierno, la suspensión de labores en las instalaciones de Pemex es una posibilidad real. Si la huelga estallase la sociedad se volcaría contra los dirigentes sindicales. Pero aun así, ellos estarían ejerciendo un derecho gremial porque la suspensión de labores sería, formalmente, para obtener mejores salarios.

   Podemos considerar que se trata de un chantaje. Nunca como ahora los líderes petroleros se han empeñado en llegar a la huelga para defender el interés laboral de los trabajadores. Pero al mismo tiempo los indicios disponibles sugieren que esos caciques sindicales cuentan, entre sus representados, con apoyo suficiente para bloquear la industria petrolera.

   Por lo pronto, la posibilidad de la huelga ha tenido costos para México. Aunque el panorama internacional ha experimentado problemas que influyen en las finanzas de nuestro país, la devaluación del 3.5% del peso en tan solo dos días y los altibajos de la bolsa no pueden disociarse del nerviosismo que suscita el Pemexgate.

   Al mismo tiempo y aunque no se cuenta con datos precisos, se ha dicho que en el transcurso de la semana varios miles de millones de dólares salieron de México a causa de ese conflicto. Como de costumbre esos desplazamientos indican un inexistente compromiso de inversionistas y especuladores con el interés de nuestro país. Pero son reacciones que cuestan y que cuentan.

Dos estilos, un conflicto

   Sin embargo, más que un realismo responsable que condujera a una negociación lícita y realista el presidente Vicente Fox ha querido aparentar que las cosas no son tan graves.  

   El viernes en una ceremonia de la Universidad de las Américas el titular del Ejecutivo comenzó su alocución:

   “Muy buenos días. Buena mañana el día de hoy, buenas lluvias en el país. El país marcha y marcha bien, afortunadamente. Estamos optimistas, como siempre”.

   El presidente dijo más adelante que conflictos como el de Pemex, él los maneja apoyado “en el diálogo y la negociación fructífera”. Ojalá que así sea. Pero no hay que olvidar que esta crisis se desató por falta de esos atributos en la actuación del gobierno.

   Eso decía el presidente Fox la mañana del viernes. Un par de horas más tarde, en Ciudad Acuña, el presidente nacional del PRI se refería al mismo trance de la siguiente manera:

   “Lo que hoy vemos no es reconfortante. La situación del país nos preocupa. La falta de acuerdos políticos en torno a los temas sustantivos de la agenda nacional, el riesgo presente  de polarización y la poca sensibilidad para entender las consecuencias que esto puede traer, sumados a un entorno internacional complicado, empiezan a generar resultados negativos para México”.

   Se trata de dos estilos, de dos discursos, para describir una misma realidad.

   No puede pretenderse que representantes de fuerzas políticas tan distintas como las que encabezan Vicente Fox y Roberto Madrazo tengan expresiones y diagnósticos idénticos sobre una situación política en la que son, además, antagonistas.

   Pero cuando mientras el presidente de la República asegura con optimismo que el país marcha bien y que el diálogo prospera y el dirigente del partido con más gobernadores y legisladores se manifiesta preocupado y dice que no hay acuerdos políticos estamos en una situación realmente difícil.

   Eso, además del estilo. La alusión del presidente a las “buenas lluvias” no debe haberles resultado precisamente simpática a los millares de damnificados por las inundaciones en distintos sitios de la República.

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La Crónica, 27 de enero de 2002

La ausencia de una estrategia homogénea y la precipitación de algunos de sus funcionarios para denunciar delitos respecto de los cuales no tienen las pruebas que hacen falta, enfrentaron innecesaria y costosamente al gobierno federal con el principal partido de la oposición.

   Insinuaciones y versiones a medias pero sobre todo una actitud amenazante del presidente de la República y el secretario de la Contraloría pusieron al PRI en pie de guerra y lograron algo que ni la derrota electoral del 2000 ni posteriores vicisitudes habían conseguido: unificar a los priistas en torno a un objetivo común.

   La defensa de su partido, al que consideran agraviado, llevó a los dirigentes del PRI a considerar incluso la suspensión de las votaciones para elegir dentro de cuatro semanas a su presidente y secretario general. Esa decisión hubiera quebrantado uno de los principales acuerdos de la asamblea nacional que dicho partido tuvo en noviembre pero sobre todo, habría constituido una muestra de debilidad.

   De esas dimensiones han sido las angustias priistas ante la que pareciera ser una ofensiva deliberada pero insuficientemente documentada del gobierno en contra del PRI.

Secodam rectifica

   Antier, viernes 25 de enero, la Secretaría de la Contraloría rectificó las acusaciones que pocos días antes formuló contra la anterior administración de Petróleos Mexicanos. En un comunicado  la Secodam desmiente las versiones que implican al PRI como beneficiario del millonario desvío de fondos del que tanto se ha dicho desde hace una semana.

   “Se ha generado una gran confusión sobre las declaraciones del secretario en torno al caso. Se menciona que el titular de Secodam ha involucrado al PRI. Francisco Barrio jamás ha hecho imputaciones al respecto. No existe ninguna declaración o comentario del secretario que involucre a ese partido político o alguno de sus miembros”.

   El comunicado de la Contraloría no aclara si entre esos miembros incluye a Rogelio Montemayor Seguy, que ha sido gobernador, senador y diputado por el PRI. De ser así la rectificación desmentiría las imputaciones que la Secodam hizo desde que, hace una semana, se publicó que estaba investigando un desvío de mil cien millones de pesos entregados en 2000 por la administración de Pemex al sindicato petrolero para que, luego, fueran destinados al PRI.

Confusiones

   El litigio alrededor de esas versiones ha estado contaminado por la falta de claridad respecto a lo que realmente está indagando el gobierno federal.

   En el barullo político y público que se ha desatado alrededor del dinero que Pemex le entregó a su sindicato hay imprecisiones al menos en cuatro planos.

   Por una parte hay que distinguir entre lo que han insinuado destacados funcionarios del gobierno (comenzando por el presidente Fox) y lo que de manera oficial han comunicado distintas dependencias acerca de esa investigación.

   En segundo lugar es pertinente diferenciar las acusaciones (formales) sobre la entrega de recursos de Pemex al sindicato y las alusiones (informales) sobre el presunto desvío de esos fondos para beneficiar al PRI.

   En tercer término será indispensable que se aclare si Pemex actuó de manera ilegal –o no– al suministrarle esos recursos al sindicato.

   Por último será necesario que se demuestre si una vez que lo tenía en sus manos el sindicato le traspasó ese dinero al PRI y, entonces, si esa operación era lícita, o no.

Pescaditos y filtraciones

   Aunque desde meses antes, como veremos más adelante, había informaciones sobre la investigación de la Contraloría, el escándalo se avivó hace 10 días cuando destacados funcionarios crearon expectativas sobre la persecución a importantes personajes de la administración anterior.

   El jueves 17 de enero, de acuerdo con información que más tarde publicaría en Crónica el reportero José Contreras, el presidente Vicente Fox les dijo a varios senadores del PAN en el Club de Industriales: “Pronto conocerán acciones muy fuertes en materia de combate a la corrupción”. Horas antes el presidente se había reunido con el titular de la Contraloría, Francisco Barrio, en la presentación del portal de Internet de esa dependencia.

   Al día siguiente, viernes 18 de enero, Barrio estuvo en un foro de la Coparmex en Ciudad Juárez. Allí dijo: “tenemos carne en la sartén y vamos a freír pescaditos de buen tamaño”. Incluso, de acuerdo con las informaciones periodísticas, anunció: “Tenemos una orden de aprehensión en contra de un cercanísimo colaborador del ex presidente Ernesto Zedillo”. Existe “un caso que traerá serias implicaciones políticas”, dijo el Contralor.

   Ese anuncio pareció estar vinculado con la información que el sábado 19, desplegó La Jornada como nota principal. Según ese diario tres ex colaboradores de la campaña presidencial de Francisco Labastida estaban arraigados en sus domicilios por la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. La Operación Crudo como según se dijo la denominó esa dependencia, investigaba un aparente desvío de mil millones de pesos de Pemex para pagar actividades del PRI en las elecciones de 2000. El sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana sería corresponsable en ese fraude. La indagación había sido iniciada a raíz de una denuncia de la Contraloría, aseguró el diario.

Vanas aclaraciones

   Ese sábado 19 el Contralor Barrio acudió a una reunión del PAN en la ciudad de México y, entrevistado por periodistas, confirmó que había una investigación pero aclaró que no se podía afirmar que los recursos de Pemex se hubieran utilizado para financiar de manera directa la campaña del PRI.

   La coincidencia entre su anuncio acerca de los “pescaditos de buen tamaño” que estarían a punto de pasar al sartén de la Contraloría y la publicación en La Jornada permitieron suponer que en Ciudad Juárez el secretario Barrio había aludido a los fondos que, según se dijo después, habrían beneficiado a la campaña del candidato priista Francisco Labastida.

   De nada sirvió que la Secodam aclarase, en varias ocasiones, que no había acusaciones contra el PRI. Las filtraciones a la prensa eran tan abundantes y las afirmaciones iniciales de Barrio y del mismo presidente Fox tan amenazadoras, que tanto en el mundo político como en los medios no pudo sino reconocerse que todos hablaban del mismo asunto.

1100 – 460 = 640

   El lunes 21 de enero la Secodam confirmó que había presentado ante la PGR “una denuncia penal…por el presunto desvío de recursos federales, cuyo monto total asciende a mil 100 millones de pesos, detectado en Petróleos Mexicanos”.

   Ese pago habría sido entregado por la dirección general de Pemex al sindicato petrolero “sin la autorización del Consejo de Administración de la paraestatal y sin contar con la provisión presupuestal correspondiente, lo cual contraviene las normas presupuestarias vigentes”. Según la Contraloría el 5 de junio de 2000 el director de Pemex, Rogelio Montemayor, suscribió con el sindicato un convenio para prestarle 640 millones de pesos que fueron pagados tres días más tarde.

   Un nuevo convenio, el 11 de septiembre de 2000, amparaba 850 millones de pesos para “cubrir supuestos incumplimientos laborales de la paraestatal, acordados en revisiones del contrato colectivo de trabajo de 1997 a 1999” y 250 millones de pesos más para que el sindicato enfrentase la antigua demanda de una empresa estadounidense por incumplimiento de contratos. De esa cantidad el sindicato solicitó que se le descontara el préstamo de junio, por 640 millones de pesos.

   Es decir, si las reglas de la aritmética no han cambiado, restando el préstamo Pemex debía pagarle al sindicato 460 millones de pesos. Ese fue el monto que Petróleos Mexicanos le entregó al comité ejecutivo nacional del sindicato el 19 de octubre de 2000, siempre según la información de la Contraloría.

   Debido a esa operación la Secodam presentó a la PGR, el 10 de diciembre de 2001, una “denuncia de hechos”.

   Se habló entonces de mil cien millones de pesos. En varios medios de información se dijo que ese dinero posteriormente el sindicato lo había entregado para apoyar la campaña del PRI. Sin embargo, de manera formal, el actual gobierno no ha hecho tal acusación.

Lícito o ilícito

   El miércoles 23 el general Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de la República hizo una precisión que parecía desmentir parcialmente la denuncia de la Contraloría: “no podemos hablar de elementos para fincar responsabilidades… la Fiscalía… únicamente tiene en sus manos aspectos relacionados con 640 millones”.

   Para entonces en el PRI se hablaba de una declaración de guerra y el jueves los dirigentes de ese partido tuvieron una reunión de emergencia. Ese jueves 24 la Contraloría hizo un nuevo esfuerzo de precisión: “Derivado de las pruebas que se recaben y de las varias líneas de investigación que procedan, se establecerá la existencia o inexistencia de delito y, en su caso, los probables responsables de los mismos”.

   Ese mismo día, más tarde, la Contraloría y la PGR trataron de poner un poco de orden para que sus respectivas declaraciones no parecieran contradictorias: “hasta el momento se investiga el origen, destino final y por ende licitud o ilicitud, de 640 millones de pesos”.

   A diferencia de su comunicación del lunes, ahora la Secodam admitía que estaba por determinarse si la entrega de recursos de Pemex al sindicato había sido lícita o ilícita. Y se acotó el alcance de la investigación al monto que señaló el procurador Macedo: 640 y no mil 100 millones de pesos.

Concesiones y sindicato

   Hasta ahora parece claro que Petróleos Mexicanos entregó al sindicato las sumas que la Contraloría ha señalado. El diferendo es si el pago de esos recursos fue legal, o no.

   La entrega de esos recursos, según se ha publicado también, ocurrió después de una negociación de varios meses entre la administración de Pemex y el sindicato. Desde varios años atrás el comité ejecutivo de esa agrupación gremial le exigía a la dirección de la empresa el pago de comisiones que se derivan del contrato colectivo pero, sobre todo, de los convenios que le autorizan al sindicato la explotación de obras y servicios que la paraestatal le concesiona.

   Ese adeudo, según la información publicada en varios diarios, era cercano a 5 mil millones de pesos. La Dirección de Pemex habría negociado esa suma para disminuirla al 20 por ciento.

   Se trata de montos exorbitantes cuya sola mención causa asombro e indignación. Desde hace tiempo los privilegios del sindicato han sido insistentemente mencionados como una de las causas de la insuficiente solidez financiera de la principal empresa de nuestro país. El Sindicato de Trabajadores Petroleros se ha enquistado como un grupo de presión que disfruta de cuantiosas concesiones que le impiden a Pemex funcionar con la competitividad y eficiencia que estaría obligada a tener.

   Pero eso no es lo que se discute ahora. El litigio es si el pago de la multicitada suma al sindicato fue ilegal.

   La Contraloría acusa a la anterior dirección de Pemex de haber autorizado esa erogación sin haber consultado con el Consejo de Administración y sin tener suficientes reservas presupuestarias.

   Sin embargo no se ha demostrado que las normas internas de Pemex obliguen a su dirección a someter esas decisiones al Consejo de Administración. Al parecer la dirección de Pemex tiene atribuciones para tomar acuerdos con el sindicato y solamente debe enterar de ellos al Consejo de Administración, posiblemente sí ocurrió.

   Por otro lado se ha informado que la secretaría de Hacienda autorizó el pago de esos recursos, de tal manera que el requisito de la suficiencia financiera habría sido satisfecho. Incluso se ha dicho que el convenio entre Pemex y el sindicato quedó registrado en la Secretaría del Trabajo.

Transacción anunciada

   Mil cien millones son muchísimos pesos. Es natural que la información sobre un pago de esas dimensiones a un sindicato tan desprestigiado y con fundada fama de corrupto como es el petrolero, despierte indignación.

   Pero hasta donde puede establecerse esa transacción no fue ilegal. Y tampoco fue subrepticia. También según informaciones diseminadas en la prensa de estos días el pago al sindicato estaba consignado en los estados financieros de Pemex que, incluso, fueron aprobados por las instancias de fiscalización estatales, entre ellas el Congreso de la Unión.

Transferencia incierta

   Otro asunto es si ese dinero el sindicato lo destinó para apoyar la campaña del PRI.

   Posiblemente los dirigentes del sindicato petrolero no habrían cometido una falta legal ni estatutaria al utilizar esos recursos para hacer proselitismo político, porque las normas de esa organización propician una alta discrecionalidad y un manejo autoritario de los recursos y de decisiones de toda índole.

   Pero una cantidad de esas dimensiones sin duda habría quebrantado el límite máximo que la ley electoral impone a las contribuciones que reciben los partidos.

   Allí sí habría un delito a perseguir. Sin embargo hasta ahora no parece que el gobierno tenga evidencias de que el PRI hubiese recibido tales recursos. Tanto así que, de manera expresa, antier la Secodam precisa que “jamás” ha formulado imputaciones contra ese partido.

Juicio pendiente

   ¿Qué ha pasado entonces? Antes que nada será indispensable aguardar a que termine la investigación de la PGR iniciada por la denuncia que la Contraloría entregó el mes pasado.

   Hasta ahora solamente se conocen declaraciones que cambian de un día a otro, sobre reacciones que nada ayudan al esclarecimiento de este asunto  y  contradicciones que solo muestran confusión política.

   Lo que sí se puede documentar es que desde hace varios meses era público que el gobierno investigaba a la anterior administración de Pemex. Y desde hace dos años al equipo del ahora presidente Fox le inquietaba la posibilidad de que la empresa petrolera sufragara la campaña de Labastida.

Ya se sabía

   El lunes 24 de septiembre de 2001 el columnista Miguel Badillo publicó en El Universal una detallada nota sobre las investigaciones que la Secretaría de la Contraloría realizaba en Petróleos Mexicanos.

   “El asunto que aún rastrean los auditores de la Secodam se refiere al supuesto desvío de más de mil millones de pesos de las arcas de Pemex con fines políticos… Según las pesquisas (Rogelio) Montemayor Seguy entregó dos cheques, uno por la cantidad de 600 millones de pesos y otro por más de 400 millones a nombre del Sindicato Petrolero, el cual utilizaría parte de los fondos para la compra de votos de los trabajadores y otra parte sería canalizado directamente a la campaña del PRI”.

   La misma información, ahora en la primera plana de La Jornada, es la que desató hace ocho días la tormenta política que hemos presenciado toda la semana.

   Notas similares aparecieron en varios diarios en los últimos meses del año pasado. Por ejemplo, el 4 de noviembre de 2001 el periodista Fausto Fernández Ponte escribió en México hoy que la Secodam investigaba “1) El presunto desvío de recursos de la empresa a la campaña de proselitismo paraelectoral de Francisco Labastida Ochoa, quien fue el candidato del PRI a la Presidencia de la República en el 2000. 2) Esos recursos suman más de mil millones de pesos, suma que fue presuntamente entregada en dos partes —una de 600, otra de más de 400—…”

   La denuncia periodística que tanto revuelo ha levantado había sido anticipada por filtraciones de ese estilo. Si adquirió notoriedad fue, entre otras circunstancias, por las advertencias del presidente Fox y el secretario Barrio sobre los peces gordos y los pescaditos fritos.

Anticipación de Fox

   El posible desvío de dinero de Pemex en beneficio del PRI es una antigua preocupación de Vicente Fox.

   El 26 de marzo de 2000, cuando estaba de campaña en Poza Rica, dijo en un mitin que le advertía al director de Pemex, Rogelio Montemayor, que no fuera a desviar recursos de esa empresa para destinarlos a la campaña electoral del ”chaparrito” Labastida.

   Ese día el candidato de la Alianza por el Cambio amonestó: “Cuidado y meta la mano (…) porque lo que primero vamos a hacer es auditar para asegurar que no se utilizaron recursos de Pemex y de los mexicanos, que no se utilizó a Pemex como caja chica de la campaña de Labastida”.

   La deplorable fama pública del PRI y la necesidad de transparencia en el financiamiento de los partidos hacían entendible esa exigencia. Pero el día que Fox demandó que Pemex no financiara la campaña de Labastida aun faltaban 2 meses y medio para que el sindicato petrolero recibiera el primero de los pagos que ahora han sido motivo de un escandaloso litigio.

   Aun está por demostrarse si el ahora presidente se anticipó, aquel 26 de marzo, a un delito cometido a favor del PRI. También es posible, y resultaría tan vergonzoso como lamentable, que las indagaciones y filtraciones que se han conocido en estos días no hayan tenido el propósito de hacer justicia sino de satisfacer una obsesión política del presidente Fox y sus allegados.

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La Crónica, 15 de julio de 2001

Durante décadas hemos sospechado que nuestros teléfonos están intervenidos. Primero con resignación y ahora con una suerte de realismo más morboso que indignado, acostumbramos suponer que cada conversación puede estar siendo grabada aunque pocas veces imaginamos exactamente por quiénes.

Esa vulnerabilidad de las comunicaciones telefónicas ha sido reconocida ante la presunción, pocas veces documentada pero repleta de leyendas y solo de cuando en cuando sustentada en hechos reales, de que hay espías dedicados a escuchar, grabar e incluso transcribir lo que conversamos por ese medio.

Las recientes y aun incompletas revelaciones sobre la banda de fisgones que interceptaba teléfonos en el estado de México se añaden a la cauda de filtraciones y denuncias sobre casos similares que se habían conocido en los meses recientes. Desde la grabación que puso en aprietos a los hermanos Salinas de Gortari hasta la afectuosa charla de la señora Padierna con uno de sus clientes, a últimas fechas hemos asistido a una danza de frases, compromisos, revelaciones o murmuraciones que tienen en común la circunstancia de haber sido grabadas a espaldas de quienes las decían.

La peculiaridad en el episodio más novedoso radica en que la noticia –y la denuncia– ha sido la existencia de un grupo semi profesional que, aparentemente patrocinado por el gobierno mexiquense, escuchaba las conversaciones de reputados políticos y personajes de esa entidad.

En muchos de los casos de espionaje telefónico anteriormente conocidos el acontecimiento más relevante era el contenido de las conversaciones ilegalmente interceptadas, o la personalidad de los ciudadanos escuchados a pesar suyo. En ninguno de esos casos se ha sabido quiénes –y por encargo de quiénes– perpetraron esas intercepciones. Ahora en cambio, el hecho notable es el descubrimiento de una banda que se encargaba de entrometerse ilegalmente, y con propósitos políticos, en las pláticas de otros.

Fácil y barato

Conversar a distancia –y a veces también cara a cara– implica el riesgo de que nuestras palabras pueden ser conocidas por otros. El teléfono es un instrumento de comunicación interpersonal pero sus características técnicas permiten la intromisión de extraños. Es relativamente fácil, sobre todo con artefactos rápidamente adquiribles, interceptar una conversación telefónica.

El desarrollo de las nuevas tecnologías permite que al teléfono lo llevemos en el bolsillo y a todas partes. Pero paradójicamente, mientras más versátil es la capacidad de traslado del teléfono mayor es su vulnerabilidad. Para “pinchar” –como dicen los españoles– una conversación a través de un teléfono alambico se necesita colocar un dispositivo en ese aparato o en alguna de las centrales por las que pasa nuestra conversación. En cambio para interferir un celular basta con un escáner desde el cual se puede escuchar a varias decenas de metros.

La tecnología entra, entonces, en una carrera interminable para colocar diques a los fisgones. Los nuevos celulares, de características digitales, resultan mucho más difíciles de intervenir pero nadie puede garantizar que sean del todo invulnerables a tales infiltraciones. La Internet, en donde se concentran los mayores avances en tecnología de las comunicaciones, es mucho más abierta de lo que acostumbramos suponer. Los mensajes que enviamos a una página web o los correos electrónicos pueden ser conocidos por personas distintas a sus destinatarios. La velocidad de ese medio es directamente proporcional a la ausencia de confidencialidad.

Espiral lucrativa

Todo eso se sabe y es, incluso, fuente de nuevos y sofisticados negocios. La creación de códigos, lo mismo que los vericuetos informáticos para eludirlos, constituye una de las áreas de más creativo y costoso desarrollo en la investigación en materia de procesamiento de datos.

Lo mismo ocurre con la telefonía: por cada cachivache que se inventa para intervenir teléfonos en el mercado aparece otro para bloquearlo y así sucesivamente. La espiral lucrativa que se crea entre quienes pretenden intervenir comunicaciones ajenas y aquellos que a toda costa quieren que sus mensajes privados lo sean auténticamente, es parte de la nueva industria de las comunicaciones.

Gran parte de las discusiones e intercambios internacionales en esa industria están relacionados con la protección de la intimidad personal. Por ejemplo el jueves pasado en el Valle Microsoft en Mountain View California (al que no hay que confundir con el Microsoft Sun Valley en Idaho en donde ayer se reunieron Bill Gates y el presidente Vicente Fox) se realizó un encuentro llamado “Privacía: ¿en dónde está el negocio?” en donde se reconoció:

“Cientos, quizá miles de nuevos proyectos empresariales se sustentan en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para la privacidad. Las tecnologías que protegen la privacía –tanto como los negocios apoyados en aquellas que la socavan– parecen emerger casi cada semana. Las leyes federales actuales o propuestas para defender la privacía tendrán un enorme impacto en el éxito que puedan alcanzar esos proyectos”.

En los Estados Unidos la discusión sobre la privacía forma parte del análisis de las nuevas tecnologías de la comunicación. La elaboración de leyes actuales para defender ese derecho de los ciudadanos se ha desarrollado con intensidad aunque, a menudo, algunos de los reglamentos que buscan ese propósito tienen el efecto de limitar otras prerrogativas sociales e individuales. La reivindicación de la privacía se ha convertido en negocio mercantil pero también político.

Mal aparentemente menor

En México nos hemos acostumbrado a saber, o a suponer, que nuestros teléfonos pueden estar intervenidos. Esa convicción lleva a mucha gente a hablar en clave, o a no conversar por teléfono asuntos importantes.

En realidad son pocos los negocios –comerciales, políticos o personales– que correrían riesgos si sus detalles, al ser platicados por teléfono, quedasen inermes ante el posible escrutinio de oídos extraños. Muchas veces exageramos, o nos asignamos más relevancia de la que creemos tener, cuando aseguramos que nuestras conversaciones están siendo grabadas.

Hay quienes, incluso, se hacen los interesantes, o pretenden serlo, suponiendo que sus teléfonos están intervenidos. Pero es realmente poca la gente a la cual le resulta imprescindible hablar con completa discreción. Pero ese es un asunto menor. Lo realmente grave es que, aunque ocurra en menos ocasiones de las que imaginamos, haya diálogos privados que sean registrados sin autorización alguna.

Independientemente del contenido de una conversación, el derecho de quienes la sostienen a que esa plática sea privada debiera ser inalienable. Y no sólo no lo es, sino que la inercia nos ha llevado a considerar que la intercepción telefónica es un mal menor, molesto pero con el que podemos convivir.

Derecho de la gente

El de los teléfonos intervenidos no es un problema de cantidad de aparatos pinchados, ni de tecnología compleja o rudimentaria. Ni siquiera se trata, en primera instancia, de un asunto específicamente político.

Lo que se quebranta cuando un teléfono es intencionalmente interferido es la privacidad de los ciudadanos. No importa si la víctima es un hombre de negocios emprendiendo transacciones financieras, un político hablando de sus próximas maquinaciones, o la adolescente que invierte espaciosas y entretenidas horas platicando con una amiga.

Lo que se vulnera con la intercepción telefónica, antes que nada, es el derecho de la gente a tener vida privada.

Ese es un derecho que en México nos ha preocupado poco. Nuestras leyes lo protegen, pero pocas veces son aplicadas en beneficio de esa prerrogativa individual.

Por eso, aunque lo sabemos ilegal y lo consideramos desagradable, llegamos a acostumbrarnos, con docilidad y paciencia, a la intervención de los teléfonos. Aunque lo intuimos grave, ese asunto nunca ha formado parte de la agenda de los asuntos públicos que más preocupan a la sociedad mexicana.

Peor aún, el respeto a la privacía no suele ser considerado una obligación ni por las autoridades gubernamentales ni por una gran cantidad de empresas. Con enorme frecuencia bancos, tiendas y otros negocios trafican con los nombres y datos personales de sus clientes. Las listas de tarjetahabientes o socios de una institución financiera o comercial suelen circular sin que en todas las ocasiones se haya recabado el permiso de las personas cuyos teléfonos y domicilios aparecen allí.

El lugar de pedir autorización para lucrar con sus datos, Teléfonos de México dispone a discreción de los nombres y direcciones de sus clientes al colocarlos en el directorio telefónico de cada localidad. Cuando un suscriptor manifiesta que no desea que sus datos aparezcan en esa guía la empresa telefónica le cobra una cantidad. “La privacía tiene su precio”, alegan los empleados de Telmex.

Delito frecuente

La falta de respeto al derecho de los ciudadanos a la vida privada se extiende por toda la sociedad. Esa ha sido una de las causas para que en nuestro país, aunque nos irrita, no nos sorprenda ni nos alarme demasiado el hecho de que el gobierno o distintas fuerzas políticas y/o económicas practiquen la intercepción telefónica.

Ahora que hay alguna expectación porque ha podido comprobarse la existencia de grupos con patrocinio oficial y que se dedican a escuchar teléfonos sin permiso legal para ello, el tema cobra actualidad.

A diferencia de lo que a veces se piensa las leyes castigan esa intercepción e incluso, la publicación de conversaciones que hayan sido grabadas clandestinamente.

Quizá esa legislación no es tan actual como se pudiera, o como sucede en otros países. Pero sin lugar a dudas, en México la intervención telefónica solo puede realizarse, sin que sea un delito, con autorización de un juez y con destinatarios y plazos específicos. Cualquier espionaje al margen de esas consideraciones amerita, según las leyes, sanciones de cárcel y pecuniarias.

Medios corporativos

También la publicación de documentos que sean resultado de intercepciones telefónicas está sancionada por la ley. Esa circunstancia pone en riesgo a los medios de comunicación que dan a conocer grabaciones o transcripciones que son resultado del espionaje en un teléfono.

En ocasiones los medios sostienen que el derecho del público a saber datos y circunstancias de que otra manera no conocerían, legitima política y aun éticamente la publicación de tales materiales, aunque la ley no lo permita.

Sin embargo son muy escasas las circunstancias en las que una conducta o una declaración de auténtico interés público solo puedan ser conocidas mediante la publicación de una interferencia telefónica.

El tema ha sido discutido en varios países. Lamentablemente en México, cada vez que se pone a debate, muchos periodistas reaccionan a ese asunto con un espíritu de cuerpo tan apasionado e irracional que impide cualquier discusión sensata.

Pero ya es difícil darle la vuelta a esa asignatura.

Espiral del chisme

En nuestro país la privacía está siendo crecientemente reconocida como un derecho de los ciudadanos tan importante y reivindicable como muchos otros.

Sin embargo ese derecho es vulnerado de distintas maneras, entre otras por la recurrente intercepción telefónica.

Recientemente la intervención de teléfonos ha encontrado un nuevo espacio para propagarse –y, también, para de alguna manera legitimarse– en la amplia disposición de numerosos medios de comunicación para publicar transcripciones de conversaciones privadas realizadas en contra de la voluntad expresa de quienes las han sostenido.

Más allá de consideraciones jurídicas o éticas, distintos medios impresos y electrónicos han publicado conversaciones de esa índole.

Siempre estará a discusión la pertinencia de hacer públicas esas charlas privadas. Pero en los casos recientes, es poco lo que la sociedad mexicana o la causa del debate público hayan ganado con el conocimiento de tales conversaciones.

En cambio, la publicación de esos materiales ha contribuido a crear una espiral del chismorreo y el fisgoneo.

Que la ley se aplique

Las intercepciones telefónicas, como las que se han conocido en la semanas y los meses recientes, no han sido realizadas por los medios de comunicación sino por agentes o grupos que luego, para hacer negocio o simplemente como parte de una táctica de presión respecto de alguna persona, las dan a conocer.

En esos casos los medios se convierten en cómplices de intereses que en ocasiones ni siquiera identifican con toda claridad.

El registro o la publicación de esas conversaciones nunca constituye un mérito periodístico, aunque lleguen a tener fuerte relevancia en la sociedad y consigan vender ejemplares o elevar el rating de los medios.

Es indispensable que el gobierno federal explique cabalmente las circunstancias y los motivos con los que han actuado grupos de fisgones (su desempeño es tan rudimentario que nos resistimos a llamarles espías) como el que fue descubierto en el estado de México.

Es preciso que se conozca quienes han sido los patrocinadores de ese grupo y que se apliquen las sanciones que la ley establece.

Por un compromiso

Pero la sociedad podría hacer algo más en contra del espionaje telefónico: podría exigir a los medios de comunicación que dejen de dar a conocer grabaciones telefónicas realizadas ilegalmente.

Es difícil, pero resultaría altamente meritorio que los medios asumieran un compromiso de esa magnitud y acordaran no difundir grabaciones originadas en intercepciones de carácter ilegal.

De esa manera no sólo dejarían de escandalizarse ante una práctica respecto de la cual en ocasiones han sido cómplices, intencionales o involuntarios. Además contribuirían a poner en el centro de las preocupaciones públicas el asunto de la privacía.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

–0–

La Crónica, 15 de julio de 2001

Durante décadas hemos sospechado que nuestros teléfonos están intervenidos. Primero con resignación y ahora con una suerte de realismo más morboso que indignado, acostumbramos suponer que cada conversación puede estar siendo grabada aunque pocas veces imaginamos exactamente por quiénes.

Esa vulnerabilidad de las comunicaciones telefónicas ha sido reconocida ante la presunción, pocas veces documentada pero repleta de leyendas y solo de cuando en cuando sustentada en hechos reales, de que hay espías dedicados a escuchar, grabar e incluso transcribir lo que conversamos por ese medio.

Las recientes y aun incompletas revelaciones sobre la banda de fisgones que interceptaba teléfonos en el estado de México se añaden a la cauda de filtraciones y denuncias sobre casos similares que se habían conocido en los meses recientes. Desde la grabación que puso en aprietos a los hermanos Salinas de Gortari hasta la afectuosa charla de la señora Padierna con uno de sus clientes, a últimas fechas hemos asistido a una danza de frases, compromisos, revelaciones o murmuraciones que tienen en común la circunstancia de haber sido grabadas a espaldas de quienes las decían.

La peculiaridad en el episodio más novedoso radica en que la noticia –y la denuncia– ha sido la existencia de un grupo semi profesional que, aparentemente patrocinado por el gobierno mexiquense, escuchaba las conversaciones de reputados políticos y personajes de esa entidad.

En muchos de los casos de espionaje telefónico anteriormente conocidos el acontecimiento más relevante era el contenido de las conversaciones ilegalmente interceptadas, o la personalidad de los ciudadanos escuchados a pesar suyo. En ninguno de esos casos se ha sabido quiénes –y por encargo de quiénes– perpetraron esas intercepciones. Ahora en cambio, el hecho notable es el descubrimiento de una banda que se encargaba de entrometerse ilegalmente, y con propósitos políticos, en las pláticas de otros.

Fácil y barato

Conversar a distancia –y a veces también cara a cara– implica el riesgo de que nuestras palabras pueden ser conocidas por otros. El teléfono es un instrumento de comunicación interpersonal pero sus características técnicas permiten la intromisión de extraños. Es relativamente fácil, sobre todo con artefactos rápidamente adquiribles, interceptar una conversación telefónica.

El desarrollo de las nuevas tecnologías permite que al teléfono lo llevemos en el bolsillo y a todas partes. Pero paradójicamente, mientras más versátil es la capacidad de traslado del teléfono mayor es su vulnerabilidad. Para “pinchar” –como dicen los españoles– una conversación a través de un teléfono alambico se necesita colocar un dispositivo en ese aparato o en alguna de las centrales por las que pasa nuestra conversación. En cambio para interferir un celular basta con un escáner desde el cual se puede escuchar a varias decenas de metros.

La tecnología entra, entonces, en una carrera interminable para colocar diques a los fisgones. Los nuevos celulares, de características digitales, resultan mucho más difíciles de intervenir pero nadie puede garantizar que sean del todo invulnerables a tales infiltraciones. La Internet, en donde se concentran los mayores avances en tecnología de las comunicaciones, es mucho más abierta de lo que acostumbramos suponer. Los mensajes que enviamos a una página web o los correos electrónicos pueden ser conocidos por personas distintas a sus destinatarios. La velocidad de ese medio es directamente proporcional a la ausencia de confidencialidad.

Espiral lucrativa

Todo eso se sabe y es, incluso, fuente de nuevos y sofisticados negocios. La creación de códigos, lo mismo que los vericuetos informáticos para eludirlos, constituye una de las áreas de más creativo y costoso desarrollo en la investigación en materia de procesamiento de datos.

Lo mismo ocurre con la telefonía: por cada cachivache que se inventa para intervenir teléfonos en el mercado aparece otro para bloquearlo y así sucesivamente. La espiral lucrativa que se crea entre quienes pretenden intervenir comunicaciones ajenas y aquellos que a toda costa quieren que sus mensajes privados lo sean auténticamente, es parte de la nueva industria de las comunicaciones.

Gran parte de las discusiones e intercambios internacionales en esa industria están relacionados con la protección de la intimidad personal. Por ejemplo el jueves pasado en el Valle Microsoft en Mountain View California (al que no hay que confundir con el Microsoft Sun Valley en Idaho en donde ayer se reunieron Bill Gates y el presidente Vicente Fox) se realizó un encuentro llamado “Privacía: ¿en dónde está el negocio?” en donde se reconoció:

“Cientos, quizá miles de nuevos proyectos empresariales se sustentan en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para la privacidad. Las tecnologías que protegen la privacía –tanto como los negocios apoyados en aquellas que la socavan– parecen emerger casi cada semana. Las leyes federales actuales o propuestas para defender la privacía tendrán un enorme impacto en el éxito que puedan alcanzar esos proyectos”.

En los Estados Unidos la discusión sobre la privacía forma parte del análisis de las nuevas tecnologías de la comunicación. La elaboración de leyes actuales para defender ese derecho de los ciudadanos se ha desarrollado con intensidad aunque, a menudo, algunos de los reglamentos que buscan ese propósito tienen el efecto de limitar otras prerrogativas sociales e individuales. La reivindicación de la privacía se ha convertido en negocio mercantil pero también político.

Mal aparentemente menor

En México nos hemos acostumbrado a saber, o a suponer, que nuestros teléfonos pueden estar intervenidos. Esa convicción lleva a mucha gente a hablar en clave, o a no conversar por teléfono asuntos importantes.

En realidad son pocos los negocios –comerciales, políticos o personales– que correrían riesgos si sus detalles, al ser platicados por teléfono, quedasen inermes ante el posible escrutinio de oídos extraños. Muchas veces exageramos, o nos asignamos más relevancia de la que creemos tener, cuando aseguramos que nuestras conversaciones están siendo grabadas.

Hay quienes, incluso, se hacen los interesantes, o pretenden serlo, suponiendo que sus teléfonos están intervenidos. Pero es realmente poca la gente a la cual le resulta imprescindible hablar con completa discreción. Pero ese es un asunto menor. Lo realmente grave es que, aunque ocurra en menos ocasiones de las que imaginamos, haya diálogos privados que sean registrados sin autorización alguna.

Independientemente del contenido de una conversación, el derecho de quienes la sostienen a que esa plática sea privada debiera ser inalienable. Y no sólo no lo es, sino que la inercia nos ha llevado a considerar que la intercepción telefónica es un mal menor, molesto pero con el que podemos convivir.

Derecho de la gente

El de los teléfonos intervenidos no es un problema de cantidad de aparatos pinchados, ni de tecnología compleja o rudimentaria. Ni siquiera se trata, en primera instancia, de un asunto específicamente político.

Lo que se quebranta cuando un teléfono es intencionalmente interferido es la privacidad de los ciudadanos. No importa si la víctima es un hombre de negocios emprendiendo transacciones financieras, un político hablando de sus próximas maquinaciones, o la adolescente que invierte espaciosas y entretenidas horas platicando con una amiga.

Lo que se vulnera con la intercepción telefónica, antes que nada, es el derecho de la gente a tener vida privada.

Ese es un derecho que en México nos ha preocupado poco. Nuestras leyes lo protegen, pero pocas veces son aplicadas en beneficio de esa prerrogativa individual.

Por eso, aunque lo sabemos ilegal y lo consideramos desagradable, llegamos a acostumbrarnos, con docilidad y paciencia, a la intervención de los teléfonos. Aunque lo intuimos grave, ese asunto nunca ha formado parte de la agenda de los asuntos públicos que más preocupan a la sociedad mexicana.

Peor aún, el respeto a la privacía no suele ser considerado una obligación ni por las autoridades gubernamentales ni por una gran cantidad de empresas. Con enorme frecuencia bancos, tiendas y otros negocios trafican con los nombres y datos personales de sus clientes. Las listas de tarjetahabientes o socios de una institución financiera o comercial suelen circular sin que en todas las ocasiones se haya recabado el permiso de las personas cuyos teléfonos y domicilios aparecen allí.

El lugar de pedir autorización para lucrar con sus datos, Teléfonos de México dispone a discreción de los nombres y direcciones de sus clientes al colocarlos en el directorio telefónico de cada localidad. Cuando un suscriptor manifiesta que no desea que sus datos aparezcan en esa guía la empresa telefónica le cobra una cantidad. “La privacía tiene su precio”, alegan los empleados de Telmex.

Delito frecuente

La falta de respeto al derecho de los ciudadanos a la vida privada se extiende por toda la sociedad. Esa ha sido una de las causas para que en nuestro país, aunque nos irrita, no nos sorprenda ni nos alarme demasiado el hecho de que el gobierno o distintas fuerzas políticas y/o económicas practiquen la intercepción telefónica.

Ahora que hay alguna expectación porque ha podido comprobarse la existencia de grupos con patrocinio oficial y que se dedican a escuchar teléfonos sin permiso legal para ello, el tema cobra actualidad.

A diferencia de lo que a veces se piensa las leyes castigan esa intercepción e incluso, la publicación de conversaciones que hayan sido grabadas clandestinamente.

Quizá esa legislación no es tan actual como se pudiera, o como sucede en otros países. Pero sin lugar a dudas, en México la intervención telefónica solo puede realizarse, sin que sea un delito, con autorización de un juez y con destinatarios y plazos específicos. Cualquier espionaje al margen de esas consideraciones amerita, según las leyes, sanciones de cárcel y pecuniarias.

Medios corporativos

También la publicación de documentos que sean resultado de intercepciones telefónicas está sancionada por la ley. Esa circunstancia pone en riesgo a los medios de comunicación que dan a conocer grabaciones o transcripciones que son resultado del espionaje en un teléfono.

En ocasiones los medios sostienen que el derecho del público a saber datos y circunstancias de que otra manera no conocerían, legitima política y aun éticamente la publicación de tales materiales, aunque la ley no lo permita.

Sin embargo son muy escasas las circunstancias en las que una conducta o una declaración de auténtico interés público solo puedan ser conocidas mediante la publicación de una interferencia telefónica.

El tema ha sido discutido en varios países. Lamentablemente en México, cada vez que se pone a debate, muchos periodistas reaccionan a ese asunto con un espíritu de cuerpo tan apasionado e irracional que impide cualquier discusión sensata.

Pero ya es difícil darle la vuelta a esa asignatura.

Espiral del chisme

En nuestro país la privacía está siendo crecientemente reconocida como un derecho de los ciudadanos tan importante y reivindicable como muchos otros.

Sin embargo ese derecho es vulnerado de distintas maneras, entre otras por la recurrente intercepción telefónica.

Recientemente la intervención de teléfonos ha encontrado un nuevo espacio para propagarse –y, también, para de alguna manera legitimarse– en la amplia disposición de numerosos medios de comunicación para publicar transcripciones de conversaciones privadas realizadas en contra de la voluntad expresa de quienes las han sostenido.

Más allá de consideraciones jurídicas o éticas, distintos medios impresos y electrónicos han publicado conversaciones de esa índole.

Siempre estará a discusión la pertinencia de hacer públicas esas charlas privadas. Pero en los casos recientes, es poco lo que la sociedad mexicana o la causa del debate público hayan ganado con el conocimiento de tales conversaciones.

En cambio, la publicación de esos materiales ha contribuido a crear una espiral del chismorreo y el fisgoneo.

Que la ley se aplique

Las intercepciones telefónicas, como las que se han conocido en la semanas y los meses recientes, no han sido realizadas por los medios de comunicación sino por agentes o grupos que luego, para hacer negocio o simplemente como parte de una táctica de presión respecto de alguna persona, las dan a conocer.

En esos casos los medios se convierten en cómplices de intereses que en ocasiones ni siquiera identifican con toda claridad.

El registro o la publicación de esas conversaciones nunca constituye un mérito periodístico, aunque lleguen a tener fuerte relevancia en la sociedad y consigan vender ejemplares o elevar el rating de los medios.

Es indispensable que el gobierno federal explique cabalmente las circunstancias y los motivos con los que han actuado grupos de fisgones (su desempeño es tan rudimentario que nos resistimos a llamarles espías) como el que fue descubierto en el estado de México.

Es preciso que se conozca quienes han sido los patrocinadores de ese grupo y que se apliquen las sanciones que la ley establece.

Por un compromiso

Pero la sociedad podría hacer algo más en contra del espionaje telefónico: podría exigir a los medios de comunicación que dejen de dar a conocer grabaciones telefónicas realizadas ilegalmente.

Es difícil, pero resultaría altamente meritorio que los medios asumieran un compromiso de esa magnitud y acordaran no difundir grabaciones originadas en intercepciones de carácter ilegal.

De esa manera no sólo dejarían de escandalizarse ante una práctica respecto de la cual en ocasiones han sido cómplices, intencionales o involuntarios. Además contribuirían a poner en el centro de las preocupaciones públicas el asunto de la privacía.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

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Publicado el 18 de septiembre de 2000

Como autor de una columna periodística diaria tengo el privilegio de recibir mensajes de lectores que cotidiana, u ocasionalmente, se toman la molestia de leer mis textos. No siempre puedo hacer referencia a esas cartas, que van desde breves reacciones hasta detalladas argumentaciones.

   El martes pasado recibí una carta que me sorprendió primero su extensión equivalente a poco más de seis cuartillas y por su tono juicioso y esmerado. Se trata de las reflexiones de una funcionaria pública identificada con preocupaciones que pudieron haber llevado al doctor Raúl Ramos Tercero a tomar la decisión de suicidarse. A diferencia de la mayoría de las versiones que han proliferado en los medios, esa funcionaria considera que el suicidio es verosímil y relata su propia experiencia en el servicio público.

   En esa carta no hay revelaciones ni denuncias específicas. Se trata del testimonio de una funcionaria incómoda por la desconfianza que la sociedad, pero también el gobierno, suele tener hacia el trabajo que ella y otros como ella realizan.

Medios y funcionarios, desconfianza mutua

   De acuerdo con ese testimonio la proliferación de controles administrativos que, a su vez, no son controlados por nadie, mantiene a numerosos funcionarios sometidos a un temor constante. Pero además la imagen social de los funcionarios del gobierno es tan desfavorable que muchos, temen ser condenados en el maniqueo tribunal de la opinión pública incluso antes de haber tenido la oportunidad de defenderse.

  Tales apreciaciones, valiosas como parte de la discusión que se mantiene en torno a la muerte del subsecretario de Secofi, además tienen la singularidad de mostrar un ángulo que pocas veces se conoce. Los empleados públicos de nivel medio o con alguna responsabilidad, suelen ser reacios a manifestar sus opiniones en los medios de comunicación. A veces sus jefes inmediatos se lo prohíben. Pero en la mayoría de los casos tienen tal desconfianza en la prensa que prefieren mantenerse al margen de ella, incluso cuando podrían aclarar o desmentir informaciones publicadas en los medios.

   Los periodistas, por su parte, suelen recelar de las opiniones de los empleados públicos a quienes en ocasiones descalifican en bloque como si todos, de manera autoritaria y prepotente, defendieran al partido político que hasta ahora ha estado en el poder. La situación para esos funcionarios ahora es peor, porque incluso desde ese partido surgen las reprobaciones más arbitrarias contra ellos. A muchos de esos servidores públicos, cuando son especialistas en alguna profesión, se les llega a descalificar tildándolos de “tecnócratas” como, con irónica amargura, se queja la funcionaria.

   Esta carta no fue escrita para publicarse. Sin embargo, después de intercambiar opiniones con ella, su autora accedió a que apareciera en esta columna a condición de que no se le identificara. He comprobado la identidad de esa funcionaria pública y su sitio de trabajo y, a petición suya, eliminé las