La Crónica, jueves 28 de febrero.

La prohibición para fumar en sitios públicos tiene motivos que parecen incuestionables. Sin embargo la discusión en torno a las decisiones recientes del Senado y especialmente de la Asamblea Legislativa del DF, ha estado repleta de equívocos retóricos y fantochadas.

Por un lado se ha extendido, sin contexto crítico y a veces con más prejuicios que datos duros, una enardecida condena a los fumadores. Nuestro país se ha incorporado –aunque resulta discutible que eso sea indicio de modernidad– a la corrección política que está de moda y que persigue los hábitos que la mayoría, o sus intérpretes, consideran nocivos.

No discutimos los efectos dañinos del tabaco. Evidentemente fumar mucho, hace mucho daño. También beber demasiado aunque solamente sea agua y comer en exceso pueden convertirse en prácticas incómodas para la salud. Sin embargo se ha vuelto costumbre condenar al hecho en sí mismo de fumar, como si cada fumador hubiera decidido suicidarse a fuerza de inhalar consuetudinariamente.

Si así fuese, se trataría de una decisión que compete al albedrío de cada quien. Fumar, para quienes gustan hacerlo, puede ser una manera de disfrutar mejor la vida. Cada individuo debería tener plena libertad para consumir lo que le venga en gana siempre y cuando no afecte derechos ni libertades de los demás. Aquí es donde se suele incorporar un matiz harto razonable. Las exhalaciones de los fumadores pueden resultar incómodas y, en distinta medida y de acuerdo a cada circunstancia, pueden ser incluso malsanas para quienes los rodean.

El derecho de los fumadores entonces, y en eso todos estaremos de acuerdo, tiene como límite fundamental el derecho de quienes no fuman a no padecer, si no quieren, los humos del vecino.

Si de eso se trata, entonces la reglamentación acerca del uso del tabaco tendría que garantizar derechos de no fumadores pero también los de aquellos que deciden fumar. La medida más pertinente hubiera sido establecer la posibilidad de que algunos sitios públicos, como restaurantes y bares, fueran para fumadores. El acceso a ellos estaría limitado únicamente a mayores de edad.

Sin embargo la Asamblea Legislativa resolvió impedir del todo la opción de fumar en cualquier recinto público. Y el Senado aprobó una Ley para el Control del Tabaco que permite establecer zonas de fumar que serán auténticas reservaciones para segregar a quienes quieran consumir un cigarrillo: en ellas no se podrá comer, ni beber, ni nada más que apurar el pitillo (como dicen los españoles) con la culposa sensación de saberse en un gueto sanitario.

La votación de esas reformas estuvo acompañada de expresiones de rechazo testimonial por parte de los legisladores, tanto locales como federales, que estuvieron en desacuerdo con ellas. Algunos subieron a la tribuna cigarro en mano. Otros aseguraron que no acatarán tales reglas. En varios casos fue estrecha la diferencia entre el berrinche y la patanería.

Erigidos por sí mismos en benefactores de la salud social unos y en valedores de sus costumbres nicotínicas los otros, casi todos han soslayado una de las implicaciones principales que tiene la prohibición al consumo de tabaco en público. Nos referimos al ejercicio de responsabilidad personal que cada fumador podría y tendría que desplegar ante sus congéneres que no quieren aspirar tales emanaciones.

La discusión sobre las consecuencias fatídicas que puede tener la inhalación exagerada de nicotina o, por otra parte, las virtudes sociales, culturales o extasiantes del cigarrillo, son lo de menos ante la decisión de quienes se niegan a sobrellevar el humo de otros. Para no molestar, los fumadores pueden preguntar a las personas que los rodean si les permiten o no encender un cigarrillo. Y éstas, desde luego, están en posibilidad de consentirlo o no. Después de todo así es la convivencia entre la gente. Aquello que quiero hacer pero puede incomodar a los demás, se los consulto y subordino el ejercicio de mis deseos a la aquiescencia de mis vecinos.

Esa es una de las claves de la civilización. Para vivir en comunidad (con-vivir) tenemos leyes pero también cultivamos hábitos de tolerancia y respeto. La mayor parte de los dilemas en la relación con otros los resolvemos merced a normas de urbanidad que son, también, pautas de coexistencia. Cuando fallan, entonces llega el momento para la aplicación de las leyes.

Los fumadores podrían disponer de espacios adecuados en los sitios públicos, o incluso de recintos en donde se pueda fumar sin restricción territorial alguna. Nadie se molestaría si alguien enciende un cigarrillo en un lugar de esa índole y la libertad de los que fuman sería compatible con la de quienes no desean hacerlo. Las nuevas disposiciones, sin embargo, cancelan esa posibilidad de convivencia.

La prohibición de los derechos de una minoría en aras del derecho de la mayoría se justifica cuando no hay oportunidad de arreglo entre una y otra. Sería inaceptable que se admitieran las aficiones gastronómicas de un grupo de caníbales, o las preferencias sexuales de los pederastas. Pero en costumbres respecto de las cuales puede haber acuerdos razonables, no solo es posible sino además resulta deseable que haya entendimiento. Propiciar la transacción social es una de las variadas rutas hacia la construcción de ciudadanía. Y al contrario, sustituir el acuerdo por la restricción debilita o mantiene estancada la cultura cívica.

Prohibir, por lo general, solamente inhibe pero no persuade. Con los menores de edad hay que impedir cualquier consumo potencialmente nocivo e incorporar el entendimiento de estos temas, pero también de la tolerancia y el respeto, como parte de la educación fundamental. Hacia los adultos, que están en capacidad para determinar qué fuman o dejan de fumar, una política racional contra los efectos que ocasiona el uso desmedido del tabaco podría ofrecer explicaciones e información abundantes. La proscripción, en cambio, no es solución a mediano plazo.

En un libro maravilloso que toma claro partido por el consumo libre de tabaco (Los cigarrillos son sublimes) Richard Klein recuerda: “La represión del tabaco suele garantizar su regreso bajo una forma mucho más virulenta. La demonización de un hábito por sus efectos nocivos para la salud lo convierte en algo irresistible, lo envuelve con la seducción del vicio y el poderoso atractivo de lo que debe permanecer oculto. La censura estimula irremisiblemente la práctica que se propone inhibir y, por lo general, la vuelve más compulsiva, precisamente por su clandestinidad”.

La prohibición contra los fumadores también debilita el ejercicio de la ciudadanía por las fuertes cargas de fundamentalismo conservador que a menudo la acompañan. No queremos decir que todos los que se oponen a que se fume en público practican una suerte de fascismo sanitario. Pero en la prepotencia de muchos de quienes promueven y aplauden esa interdicción hay un sesgo de intolerancia que vale la pena señalar aunque implique asumir una postura políticamente incorrecta.

El fanatismo constituye la peor forma de ceguera porque se asume de manera voluntaria. El fanático se considera cruzado de una causa en aras de la cual todo se vale. Peor aún, con frecuencia la causa queda desplazada por el combate contra todo aquello que la rodea. Los fanáticos del antitabaquismo en ocasiones pasan de la defensa de sus pulmones, a la negación del cigarrillo como parte de las costumbres sociales. Inclusive llegan falsear la historia.

Hace tres años, cuando Francia celebró el centenario del nacimiento de Jean Paul Sartre, los organizadores de aquellos festejos mandaron hacer un cartel para promover una exposición en la Biblioteca Nacional. Allí aparecía fotografiado el agudo filósofo existencialista con la mirada miope, la frente ancha, el saco de tweed y un extraño ademán en la mano derecha. Pronto se supo que los autores del cartel habían mutilado la fotografía original para quitarle a Sartre el característico cigarrillo que siempre portaba, prácticamente como señal de identidad. Aquel Sartre no fumador era una caricatura del original: una imagen desnaturalizada por la manía del antitabaquismo.

Abundan los ejemplos de esa asociación entre prohibicionismo antitabaco e intolerancia social, histórica, política incluso. Ese dejo de suficiencia que exhiben algunos defensores de las prohibiciones recientes difícilmente estará al servicio de asuntos o causas más relevantes. Fernando Savater, en un artículo publicado en enero de 2006, lo explica de manera inmejorable: “Lo peor de todo, a mi vicioso entender, es el airecillo virtuoso que rodea la proclamación ufana de estas medidas. Tal como señaló Chesterton: ‘Si hay algo peor que el debilitamiento moderno de los grandes principios morales es el reforzamiento de los pequeños principios morales’. En efecto, nuestra sociedad se va haciendo cada vez más virtuosa, pero con una uve cada vez más minúscula”.

La Crónica, jueves 3 de enero de 2008

La demanda de amparo que varios escritores y periodistas promovieron contra una de las fracciones de la reforma constitucional en materia electoral confirma que, en ocasiones, los buenos propósitos marchan por senderos tortuosos y contradictorios. Esos intelectuales, la mayor parte de ellos muy destacados, consideran que la prohibición a la contratación de propaganda electoral en radio y televisión “conculca su libertad de expresión”.

   Para llegar a esa afirmación, los promotores de la demanda parten de varias suposiciones erróneas. Persuadidos quizá por una información parcial, confunden la libertad de expresión con la posibilidad de comprar espacios en medios electrónicos. Y entonces, ofuscados por el disgusto que les suscita esa taxativa, consideran que todas sus posibilidades para expresarse públicamente quedan impedidas por la nueva disposición constitucional.

   En la petición de amparo que presentaron en diciembre esos escritores y periodistas estiman, según la información periodística: “En razón de las actividades lícitas que desarrollamos, quedamos automáticamente excluidos del derecho a la libre expresión de las ideas a través de la contratación de tiempo de transmisión en los medios masivos de comunicación, así como a deliberar y crear espacios para la discusión pública de temas que interesan a la comunidad”. Allí aparecen varias contradicciones.

   La reforma constitucional, en el tema que es motivo de esa demanda, no cancela derechos de particulares debido a la actividad que realizan. Simplemente establece que nadie, absolutamente nadie, podrá contratar espacios para propaganda política en televisión o radio. En esa restricción están incluidos los poderes públicos, las instituciones civiles o privadas, los ciudadanos a título individual y desde luego los partidos políticos. La única propaganda de carácter electoral que se podrá difundir en medios electrónicos será aquella que, a petición de los partidos, encauce el Instituto Federal Electoral en los tiempos de carácter estatal que ya existían en televisión y radio y que ahora serán utilizados para transmitir tales mensajes.

   Los motivos de esa disposición han sido ampliamente argumentados. La contratación de propaganda electoral en televisión y radio llegó a ser una fuente de distorsiones cada vez más graves en contra de la equidad deseable en la competencia electoral. Las empresas televisoras, beneficiaban o perjudicaban a los partidos al ofrecer tarifas y horarios de transmisión discrecionales. El gasto en contratación de spots en esos medios ascendió a cerca de 2 mil millones de pesos en las campañas electorales de 2006. Y, por otra parte, la intervención de particulares que produjeron y financiaron anuncios electorales añadió un ingrediente más de arbitrariedad a la competencia entre los partidos.

   Cuando estaban por realizarse las elecciones de aquel 2006, el Consejo Coordinador Empresarial promovió una campaña mediática contra la candidatura de López Obrador. Independientemente de que estuviéramos o no de acuerdo con los contenidos de esos anuncios, se trataba de mensajes ilegales. Desde tiempo atrás el Código Federal Electoral, en su artículo 48, establecía que solamente los partidos políticos tenían derecho a “contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto”.

   Los escritores y periodistas que ahora se inconforman porque la reforma constitucional reitera esa prohibición nunca reclamaron contra ella durante los más de 10 años que estuvo vigente en el Cofipe. En 2006 los empresarios que pagaron spots pudieron burlar esa disposición porque no estaba acompañada de sanciones a quienes la infringieran. Ahora sí habrá multas para quienes quebranten esa norma pero, desde luego, no se encuentran establecidas en la Constitución sino en el Código Federal Electoral aprobado por el Congreso en diciembre pasado y cuya promulgación ha sido inquietantemente demorada por el Presidente de la República. Las sanciones que allí se establecen son especialmente severas con la empresas de radiodifusión que acepten dinero por difundir propaganda electoral.

   La reforma constitucional y su ley reglamentaria ratifican y precisan una restricción que ya existía y la hacen extensiva a los partidos políticos. Nada, absolutamente nada, cambiará en el ejercicio de la libertad de expresión. Los promotores del juicio de amparo se equivocan cuando dicen que ahora “estarán automáticamente excluidos del derecho a la libre expresión de las ideas a través de la contratación de tiempo de transmisión en los medios masivos de comunicación, así como a deliberar y crear espacios para la discusión pública de temas que interesan a la comunidad”. Esa exclusión ya existía. Quizá no se habían dado cuenta porque nunca tuvieron interés ni necesidad para contratar espacios en televisión o radio. Y no los tuvieron, entre otros motivos porque muchos de ellos son asiduos participantes en espacios de discusión y opinión que hay en los medios electrónicos.

   Los espacios de discusión e información seguirán existiendo en medios de toda índole. La libertad para expresarse en ellos no cambia ni un ápice debido a la reforma constitucional. Allí se encuentra el meollo del preocupante error en el que incurren los escritores y periodistas que promueven el amparo judicial. La libertad para expresarse en los medios no varía, porque nunca ha dependido de la posibilidad de contratar espacios pagados en ellos. Sin embargo, en una voltereta retórica tan arriesgada como desatinada, a partir de esa inexactitud se llega a la conclusión de que la opinión y la discusión en los medios electrónicos quedarán limitadas.

   En la demanda de amparo, de acuerdo con las versiones periodísticas, se dice que la reforma constitucional elimina “el derecho de los quejosos para acceder a los medios masivos de comunicación, con igualdad y equidad”.

   Pero el ejercicio de tales atributos –igualdad y equidad– no ha dependido jamás, hasta donde sabemos, de la capacidad que esos escritores y periodistas, o cualquier ciudadano, puedan tener para pagar spots en televisión y radio. Estamos seguros de que a ninguno de ellos les han cobrado por difundir sus declaraciones y opiniones –al contrario, en vista de que con frecuencia se trata de un trabajo profesional, son las televisoras y radiodifusoras las que tienen que remunerarles a esos opinantes frecuentes sus interesantes contribuciones–.

  El politólogo Federico Reyes Heroles, que ha encabezado la solicitud de amparo, ejemplificó en una entrevista una de las consecuencias que le preocupan de la reforma reciente: “si sale un candidato racista o un xenófobo donde sea, no podríamos salir a rentar un spot y decir que estamos en contra” (Milenio, 22 de diciembre). En efecto, los ciudadanos inconformes con ese presunto candidato no podrían contratar un anuncio pagado, en el también hipotético caso de que reunieran los fondos suficientes para ello. Pero tendrían la posibilidad de impugnarlo a través del mismo medio o de otros, ya fuese en sus propias colaboraciones periodísticas o haciendo valer el derecho de réplica, que precisamente en esta reforma, fue incorporado al artículo 6º. de la Constitución y cuya reglamentación está pendiente.

   En los últimos día de diciembre, la solicitud de amparo fue desechada por una juez federal. Los demandantes habían anticipado que insistirían por otros cauces legales. Es plausible que quienes no estén de acuerdo con una disposición legal tengan instrumentos jurídicos para impugnarla. Sin embargo en este caso hay un impedimento formal porque resulta bastante peregrino objetar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Por eso, igual que la que mencionamos, distintos jueces han rechazado otras demandas de amparo que presentó el Consejo Coordinador Empresarial contra la misma reforma constitucional.

   Al margen de esa discordancia jurídica lo más importante es el hecho de que varios escritores y periodistas, entre ellos algunos que habitualmente defienden sus puntos de vista con razones y hechos de reconocible solidez, en esta ocasión hayan incurrido en una postura tan desacertada. Acaso, en su adhesión a esa demanda influyó el disgusto contra los partidos políticos que han tomado decisiones tan inicuas como la destitución de los consejeros del IFE. Seguramente muchos de ellos están sinceramente convencidos de que hay una transgresión grave a la libertad de expresión.

   Quienes así lo consideran olvidan que la convivencia social obliga a que, siempre, el ejercicio de las libertades tiene limitaciones. Aunque la libertad de tránsito es una garantía constitucional, no tengo derecho a entrar al Periférico en sentido contrario. Aunque hay libertad para trabajar, la Constitución misma aclara que existen actividades ilícitas e incluso, hay profesiones cuyo ejercicio requiere de un título legal. Aunque la de expresión es una de nuestras libertades esenciales, hay reglas para ejercerla. No tengo derecho a pintarrajear con una opinión mía las paredes de un domicilio particular ni a pegar carteles en un monumento público, ni lo tengo para entrometerme en la vida privada de nadie, porque la libertad de expresión jamás se ejerce de manera irrestricta.

   Esas limitaciones, que son normales pero además necesarias en cualquier sociedad y sistema político, se les olvidan a los promotores del amparo. Algunos de ellos han llegado a decir que, a causa de la reforma constitucional, ahora no será posible criticar a los funcionarios públicos ni a los dirigentes políticos. Si así fuese, yo hubiera querido estar entre los primeros en oponerse a dichas modificaciones legales. Pero no es verdad que la reforma tenga tales consecuencias. Lejos de vulnerar libertades la actualización constitucional, en ese tema, propicia una competencia política menos inequitativa.

   En otros momentos he cuestionado aspectos que me han parecido indeseables de esa reforma constitucional en materia electoral. Junto a ellos, considero que ha sido un acierto terminar con la discrecionalidad que la radio y sobre todo la televisión han ejercido al manejar la propaganda electoral. No fue inesperado que Televisa y TV Azteca se inconformaran, incluso de manera tan tramposa y pendenciera como hizo la empresa de Salinas Pliego, contra esas nuevas disposiciones legales. Tampoco lo fue el respaldo de varios organismos patronales a esa causa de las televisoras. Lo que ha resultado preocupante es, por las exageraciones y confusiones que implica, la demanda de amparo de escritores y periodistas. Debido al respeto y aprecio que les ten a muchos de ellos he querido tomar en serio sus razones y señalar por qué me parecen erróneas y desafortunadas.

La Crónica, 27 de diciembre de 2007.

   Mientras nos recuperamos de las fiestas navideñas y nos disponemos para despedir al año es poco el margen –y sobre todo el ánimo– para ocuparnos de asuntos de actualidad política. Muchos comentaristas en los diarios, durante esta semana de plano bajan la cortina de sus columnas y artículos. Otros, aprovechan para desempolvar temas que no habían tratado o se ocupan de asuntos amables, de acuerdo con el regocijo, auténtico o impostado, que campea en estas fechas. Los libros que leímos recientemente, el cine que nos gustó, nuestra música favorita, salpican de recomendaciones los espacios de opinión en la prensa.

   Un recurso más para cumplir la cita con los lectores consiste en reflexionar acerca de temas trascendentes, pero desde la óptica mundana que resulta propia de la prensa diaria. Significados de la religión, las fiestas devotas y paganas, la simbología del año nuevo e incluso la futilidad de creencias, celebraciones o despedidas al final del período anual, aparecen con regularidad en los medios.

   Y desde luego, la práctica más usual radica en llenar los espacios periodísticos de fechas, frases y resúmenes. No es exagerado decir que cuando las noticias se acaban, comienzan los recuentos. Desde semanas antes, en las redacciones de los diarios y en los medios electrónicos se preparan notas y programas enteros que cumplirán con la previsible pero además inducida expectativa de balances anuales que hay entre el público.

   A los seres humanos, quizá por efecto de la civilización pero acaso también de manera espontánea, nos gusta cerrar ciclos. La oportunidad de celebrar la terminación de una etapa pero asimismo la necesidad de voltear sobre el camino andado, se conjugan para propiciar esa afición por revisar haberes y deberes. Así ocurre, tanto en el ámbito privado como en la vida pública.

   En estas fechas de diciembre la avidez por el jolgorio precede a la inclinación por el inventario de lo hecho en el transcurso del año. Brindis, posadas, cenas y congratulaciones, han sido manifestaciones de sociabilidad más propicias al aturdimiento que a la reflexión. Después de Navidad, nos encontramos en la segunda mitad de ese periodo a veces nebuloso e impar al que la experiencia mexicana denomina como el puente Guadalupe – Reyes. Son los días para el sosiego, después de un rebumbio al que resultó prácticamente imposible sustraerse.

   Cada quien emprende, aunque sea fugazmente, el balance de lo que hizo y dejó de hacer durante el año que está concluyendo. Habrá quien privilegie los beneficios o las carencias materiales, en tanto que para otros lo más importante habrá sido el afecto que encontró o que pudo prodigar. Aquello que conocimos, aprendimos o disfrutamos, quizá resulte más relevante en el plano personal que las realizaciones o los yerros por las que se nos conoce laboral y profesionalmente.

   En la vida pública, las apreciaciones sobre lo que hemos hecho y dejado de hacer son tan variadas como las perspectivas desde donde se realizan. No son pocos los mexicanos que evalúan con dureza al gobierno porque sus condiciones de vida no son tan favorables como creyeron o como les prometieron que serían. Otros, en cambio, si han podido mantener las condiciones de privilegio que ya disfrutaban considerarán que las cosas en el país no marchan tan mal como a menudo se dice.

   El que termina ha sido un año de tránsito, recomposiciones y definiciones iniciales en el terreno de la política mexicana. La heterogeneidad del Congreso no impidió que los partidos tomasen acuerdos en temas importantes como la reforma electoral y la aprobación del Presupuesto. Sin embargo esa capacidad de acuerdo sirvió también para castigar al IFE y se quebró cuando los líderes parlamentarios intentaban designar a los nuevos consejeros electorales.

   Las instituciones judiciales, especialmente la Suprema Corte, han adquirido una notoriedad que en ocasiones resulta perjudicial para la ecuanimidad con que se deberían aplicar las leyes. Los ministros de la Corte tuvieron el acierto de enfrentar al poder mediático encabezado por Televisa, cuya ley a modo declararon inconstitucional. Luego, varios de ellos evidenciaron su conservadurismo cuando se ocuparon de las denuncias contra el gobernador de Puebla en el asunto de Lydia Cacho.

   El presidente Felipe Calderón ha podido gobernar en condiciones menos difíciles a las que se podían prever hace un año, cuando había asumido el cargo en medio de una desusada tensión. Los adversarios de ese gobierno no han sido los partidos, sino poderes fácticos como el que constituye la delincuencia organizada. Pero las turbulencias de una vida política estrepitosa e inmadura, junto con la crudeza de acciones criminales cada vez más frecuentes y extendidas, les han impuesto al gobierno y al país todo una circunstancia que limita el desarrollo económico y que resulta cada vez más asfixiante para la sociedad.

   De esa vida política inmadura son responsables los partidos, pero también otros actores del escenario público. Los dirigentes sociales y sus organizaciones que mantienen prácticas clientelares, los líderes empresariales que intencionalmente confunden el interés de la sociedad con el de sus negocios, los obispos que no desperdician ocasión para amagar en defensa siempre de privilegios corporativos, contribuyen al estruendo de un escenario público repleto de palabrería y desconcierto.

   En el deterioro, más que en el saneamiento de ese ambiente, contribuyen notoriamente los medios de comunicación. La propensión a destacar los dichos antes que los hechos y sobre todo a lucrar con el estrépito que resulta de los desencuentros y las recriminaciones entre los personajes públicos, ha llevado a los medios a ser, con frecuencia, mucho más elementos disruptivos que articuladores de la vida pública. Dentro de ellos, habitualmente resulta más desorientadora que esclarecedora la actividad de una “comentocracia” –como Jorge Castañeda ha denominado a quienes desde los espacios periodísticos conforman la opinión publicada– que pocas veces se esfuerza por buscar explicaciones que trasciendan las admoniciones o descalificaciones maniqueas.

   Esos, son elementos de un balance que solamente resultaría útil si de él obtuviéramos enseñanzas para enmendar algunos de los defectos de nuestra vida pública en el año que está por comenzar. Lamentablemente los procesos históricos, y sobre todo sus deformaciones, no se modifican al compás del calendario. El nuevo año amanecerá, por lo que toca a la política, tan envejecido y deslustrado como, en esos aspectos, termina el actual 2007.

   Los rituales de fin de año son paradigmáticos del anhelo para cambiar las cosas a golpe de recursos mágicos. En algunos países se acostumbra que, cuando llega la medianoche del 31 de diciembre, la gente arroje por la ventana platos, cubiertos y hasta muebles para simbolizar el desprendimiento que se busca respecto de lo viejo en beneficio de las cosas nuevas. Hay quienes, en otras latitudes, salen a la calle cargando maletas vacías en una metáfora de la disposición con que inician el año para llenar de nuevas experiencias las alforjas personales. También sacan escobas para barrer el umbral de la casa.

   Al terminar el año hay quienes estilan ponerse alguna prenda de color rojo dizque para atraer buenas vibraciones. Y lo más sencillo, aparte del riesgo de atragantamiento, es el ritual de las doce uvas, supuestamente para conjurar los riesgos de cada uno de los meses del nuevo ciclo anual –en lo personal, prefiero siempre que las uvas estén destiladas y procesadas en una copa de vino–.

   Respecto de la vida política, no podemos vestir de rojo a nuestros políticos y locutores, ni sería posible echar por la ventana a los partidos, medios y corporaciones que tenemos. Tampoco hay escoba capaz de barrer las impurezas de nuestro escenario público. Así que, con realismo pero sin resignación, advirtamos activos y pasivos de nuestra vida pública de la misma manera que lo hacemos en el plano personal. Siempre pensaremos que el año que termina podría haber sido mejor. Hay que empeñarnos para que el año que comienza sea tan fructífero como lo merecemos. Feliz 2008.

La Crónica de Hoy, jueves 2 de agosto de 2007

Déjenme confesarles, con la condición de que no se lo digan a nadie, que no resistí la tentación de asomarme al final de Harry Potter antes de leer el séptimo libro de la célebre saga. Unos días antes de la aparición de Harry Potter and the Deathly Hallows encontré en Internet varias versiones sobre el esperado desenlace. Ahora que, una vez publicado el libro, doña J.K. Rowling se ha referido en público al final y ha explicado por qué no dejó morir al joven mago que gracias a esa indulgencia crece, tiene familia y ve a sus hijos acudir al Colegio Howarts, no hago revelación ni traición alguna a los lectores si menciono ese episodio. Es precisamente el que leí en varios sitios en la Red, gracias a la indiscreción de alguno de los muchos impresores, intermediarios y libreros que manejaron centenares de miles de ejemplares antes de que pudieran salir a la venta con el primer minuto del sábado 21 de julio.

Aunque la versión que encontré parecía verosímil, nunca dejé de tener cierta suspicacia y contaba las horas que faltaban para confirmar si ese era, en verdad, el final de Harry Potter. Después de haber leído los seis volúmenes anteriores con una fidelidad alimentada por la trama perspicaz que mantuvo en vilo la curiosidad de varias generaciones de lectores, no éramos pocos los que queríamos saber si el enfrentamiento último entre los paradigmas del mal y el bien, cuya evolución conocimos libro tras libro, favorecería al abusivo Lord Voldemort o al simpático aunque cada vez más angustiado Potter.

Así que el sábado 21 por la mañana mi hijo Rafael y yo, que hemos leído juntos la serie de Potter durante varios años, fuimos a un Sanborns a comprar el nuevo libro. A ese establecimiento habían llevado 100 copias y cuando llegamos quedaban solamente 20. Aunque se trata de un libro en inglés en México vendió, en un solo día, más ejemplares que la gran mayoría de los libros editados en nuestro país.

De inmediato puede comprobar que el capítulo que había leído días antes era el que ocupaba las últimas páginas –de la 753 a la 759– del libro postrero de esa dilatada serie. Pero conocer el final no le quitó un ápice al interés por leer el séptimo volumen. Aunque ya no hay partidos de quiditch –el deporte que practican los jóvenes magos trepados en escobas para darle caza a una pelotita escurridiza– y la vida en la escuela de hechicería deja de ser importante porque todo el mundo mágico está por colapsarse ante el progresivo poder del-que-no-debe-ser-nombrado, los ingredientes más arrebatadores de la serie Potter aparecen con una intensidad que resulta de especial eficacia gracias a las numerosas referencias que toma de la vida contemporánea.

La disputa por el poder en el gobierno de los magos, que ya se había manifestado desde tres volúmenes antes y fue tomada como el eje de la película más reciente (Harry Potter y la Orden del Fénix) recuerda mucho las que presenciamos a diario en el escenario público de cualquiera de nuestros países. La tirantez entre las normas que los funcionarios más rígidos aplican con espíritu burocrático y la gana de innovación y libertad, existen lo mismo en nuestras instituciones políticas que en el venerable Colegio Hogwarts.

El allanamiento de mayorías mentecatas a versiones disparatadas pero que están de moda o son políticamente correctas, se aprecia en la historia de Rowling con tanta claridad como en circunstancias que nos resultan mucho más cercanas. A Harry Potter, en la novela, lo hacen víctima de la incredulidad indocumentada de muchos e incluso lo calumnian y difaman con tanta alevosía como les ocurre en la vida fuera de la literatura a no pocos personajes públicos. En el séptimo volumen la periodista Rita Skeeter, cuyo cinismo ya ha padecido el joven mago y que se refocila en inventar versiones sensacionalistas que son exitosas en el diario donde escribe, anuncia que ahora publicará un libro que tiene todo un capítulo, desde luego repleto de falsedades, acerca de Potter.

Si las historias de Rowling son tan entrañables se debe, en buena medida, a que están plenamente asentadas en la realidad. Los hechizos, las varitas, el sombrero seleccionador, las escaleras movedizas, el espejo de los deseos, los viajes de una chimenea a otra y tantos otros recursos, son parte del universo mágico que constituye el contexto para que la creadora de Harry Potter ofrezca, con las coartadas de esa fantasía, una intuitiva sátira de los nada mágicos defectos y problemas de esta humanidad.

Rowling erigió un mundo quimérico con tantos detalles que resulta plenamente aprehensible para sus seguidores. Pero en él, recrea críticamente compasiones, ambiciones, sevicias, incurias, apetencias –virtudes, defectos, pasiones en fin– que forman parte de la vida misma. Gracias a los pormenores que nutren la narración, los aficionados de Harry Potter cuentan con pródigos asideros para sentirse parte de una cofradía que no por multitudinaria es menos excepcional. Gran parte de éxito de la saga radica en el entusiasmo con que sus admiradores han compartido y ostentado sus símbolos (bufandas, escudos, anteojos, capas, entre la parafernalia que nutre libros y películas de Potter).

La otra parte del triunfo editorial y cultural se debe a la familiaridad que los lectores, fundamental pero no exclusivamente jóvenes, encuentran en la serie de Rowling. No se trata de una simple historia de buenos y malos (aunque, como en la vida real y en las buenas novelas, hay unos y otros). Las personalidades allí descritas suelen ser complejas. Quizá no haya un solo protagonista relevante que se ciña al estereotipo con el que aparentemente quería comprometerlo la autora. El bondadoso Dumbledore es capaz de tener arranques de rabia, la cerebral Hermione incurre en torpezas elementales, el generoso Ron tiene acometidas de envidia contra su amigo Harry, el detestable Snape se revela como uno de los personajes más complejos. El mismo Potter parece condenado, más que favorecido, a tener una heroicidad que nunca busca porque lo que él quisiera es vivir en la serenidad de los desconocidos.

Nada de eso basta para explicar la peculiaridad cultural, que descansa en méritos literarios pero también mediáticos y mercadológicos, que para asombro generalizado ha tenido la serie Potter. Se han escrito toneladas de líneas ágata acerca de los millones de ejemplares, las multitudes en las librerías y la fascinación insospechada por la letra escrita que suscitan las vicisitudes del joven mago. La elección de decenas de millones de muchachos que, más allá de sus respectivos contextos sociales y culturales le roban tiempo y entusiasmo al chat, la tele y el videojuego para zambullirse en la semblanza de Potter, ha despertado perplejidades y esperanzas muy variadas. Si el éxito de Potter y su autora pudiera explicarse con una escueta fórmula el fenómeno de lectura y consumo cultural que significan estos libros no sería tan insólito. Nada garantiza que, después de Potter, los muchachos que han dedicado centenares de horas a leer estos siete volúmenes hayan brincado a otras novelas. Pero sin duda muchos de ellos lo hicieron. Y en cualquier caso, lo leído nadie se los quita.

El de Potter es, incluso a pesar de Ms. Rowling, un fenómeno que pasa por los medios y que en Internet alcanza expresiones de afición, compromiso y enardecimiento que pocas figuras o expresiones contemporáneas despiertan. Debido a la parsimonia que suele padecer la edición de libros pero quizá también a causa de inciertos cálculos mercantiles, después de la aparición de las novelas de Potter en inglés pasan varios meses para que se publiquen traducciones en otros idiomas. La editorial encargada de las versiones en español, Salamandra, anunció poco antes de que comenzara a circular The Deathly Hallows que no tenía fecha para la publicación en nuestro idioma, con la consiguiente desilusión de muchos lectores.

A esa editorial, la semana pasada se le adelantaron varios anónimos y generosos apasionados de Potter que dos días después de la publicación en inglés ya habían traducido, y colocado en la Red, los primeros capítulos. Eso había sucedido en otras ocasiones pero los libros de la serie Potter son tan voluminosos que los desconocidos traductores suspendían esa tarea por cansancio, o presionados por los abogados que defienden los derechos de autor de la señora Rowling.

Ahora sin embargo, cuatro días después de que comenzó a circular en inglés ya había en Internet una versión completa, compaginada a la manera del libro, incluso con las ilustraciones de la edición original y grabada en formato PDF, de Harry Potter y las reliquias de la muerte.

Más que transgresión a los derechos de autor, en ese esfuerzo podemos encontrar una profunda admiración por el trabajo de Rowling y por los personajes y el mundo mágicos que creó en sus novelas. ¡Qué enorme esfuerzo, por añadidura solidario y desinteresado, realizaron esos propagadores de Potter al traducir en unos cuantos días las 896 páginas que alcanzó la versión en español!

Me enteré de ella la semana pasada, cuando encontré en un foro de Internet una escueta referencia que decía: “Aquí Está !!! Tengo todos los libros originales. Tengo todas las películas originales y en edición de 2 dvd’s. De modo que no creo afectar a la economía de JK Rowling si paso este link”.

Con esa convincente coartada por delante, el autor del mensaje apuntaba a uno de los rasgos más sobresalientes del fenómeno Potter: por mucho que la conozcan anticipada en Internet, la gran mayoría de los admiradores de la novela seguramente comprarán el ejemplar cuando aparezca en español. Con dicha certeza, aunque con el temor de que haya sido retirado para cuando esta nota sea publicada, les informo que la versión electrónica del nuevo libro de Potter en español fue colocada en: http://spanishhallows.blogspot.com/

No se lo digan a nadie.

La Crónica, 31 demayo de 2007

Aun antes de que los ministros de la Suprema Corte comiencen a discutir los
puntos más relevantes de la ley Televisa, los defensores de esa
contrarreforma ya experimentaron sus primeras derrotas. No me refiero a las
decisiones iniciales que la Corte asumió en días pasados, cuando se ocupó de
asuntos como el veto a quienes ya formaron parte de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones para seguir siendo considerados en el proceso de
integración de ese organismo, o los discriminados medios permisionados que
tienen derechos inferiores a los que disfrutan las radiodifusoras y
televisoras de índole comercial. Cuando digo que los defensores de la ley
Televisa han sufrido los primeros tropiezos en este proceso de discusión y
rectificación legales quiero recordar la manera como las dos televisoras
comerciales se han exhibido a sí mismas, al desplegar un comportamiento
abusivo, calumnioso y cínico en contra de algunos de los impugnadores más
notorios de esa contrarreforma.
En un esfuerzo bastante patético para confundir acerca de esa discusión
las dos televisoras, proponiéndose lo contrario, han enaltecido la imagen
pública del ex senador Javier Corral Jurado.
Al hoy presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información,
Televisión Azteca le recrimina estar sosteniendo posiciones contrarias a las
que, según esa televisora, Corral manifestaba hace pocos años. La semana
pasada, en todos sus noticieros, Azteca difundió una pieza que por respeto a
los periodistas tenemos que negarnos a considerar como noticiosa. Allí se
dice que cuando era legislador, Corral promovió una iniciativa de ley de
telecomunicaciones en donde se proyectaba que los integrantes de la Comisión
Federal de ese ramo fuesen ratificados por el Senado después de haber sido
propuestos por el Ejecutivo Federal.
Aquel proyecto era un documento de trabajo y nunca pudo fructificar como
iniciativa debido a la oposición de muchos de los legisladores que, más
tarde, aprobarían las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y
Televisión ­–las cuales por economía verbal pero también para subrayar a la
entidad que elaboró, promovió, defiende y gana más con tales modificaciones,
han sido denominadas ley Televisa–. En aquella propuesta de Ley de
Telecomunicaciones, Corral y otros senadores sugerían la creación de un
organismo regulador verdaderamente autónomo, no sólo por el procedimiento
para designarlo sino antes que nada por las capacidades que tendría. Esa
convicción la mantuvieron cuando, el año pasado, cuestionaron la ley
Televisa. Quienes hayan seguido las discusiones sobre ese tema, entre enero
y marzo de 2006, recordarán el énfasis que esos legisladores hacían sobre la
debilidad que tendría la Cofetel con el diseño que resultaba de tales
reformas. Así que cuando le reprochan a Corral una supuesta inconsecuencia,
los merolicos de Televisión Azteca (perdón por el adjetivo, pero no es
posible considerar periodistas a quienes simplemente repiten un libelo que
les han escrito) dicen mentiras al referirse de manera parcial a aquella
propuesta de Ley de Telecomunicaciones.
En lo personal, me parece que la participación del Senado en la
ratificación de los integrantes de la Cofetel es un aspecto reivindicable de
la ley Televisa y no he estado de acuerdo con la impugnación que los ahora
ex senadores hicieron de ese apartado. Pero antes que nada, lo que hace
falta es una Comisión capaz de administrar las telecomunicaciones y la
radiodifusión y que no sirva únicamente como oficialía de partes de las
televisoras y la SCT que es como la plantearon las reformas del año pasado.
Corral no ha sido inconsecuente. Pero, de haberlo sido, ¿qué importancia
tendría para la discusión de las leyes de medios? Todos los legisladores
matizan, complementan o rectifican sus posiciones: esa es, cuando se
encuentra sustentada en ideas, la esencia de la deliberación parlamentaria.
Si ese ahora ex legislador hubiese cambiado de opinión nada habría de
extraño al respecto. Pero no lo hizo y la televisora propiedad de Ricardo
Salinas Pliego se empeñó en inventarle una conducta en la que no incurrió.
Lo que ha querido Televisión Azteca es restarle legitimidad a la
preocupación social alrededor de la ley de medios. En vista de que Corral es
uno de los promotores más perspicaces y activos de la impugnación a esas
reformas, la televisora quiso mostrar una aparente debilidad del ex senador.
No había tal. Pero incluso cuando Corral exigió espacio para ejercer su
derecho de réplica, Televisión Azteca se burló de él afirmando que de
ninguna manera le facilitaría esa posibilidad.
La cantinela de la presunta inconsecuencia de Corral ha sido repetida en
otros medios, tanto en la radio como en columnas en la prensa escrita.
Incluso periodistas que a juzgar por sus apresurados textos no se han tomado
la molestia de estudiar las reformas que están siendo discutidas -como
varios interesados columnistas financieros y ayer, en Milenio, Carlos Marín-
han repetido esas versiones. Desprovistos de argumentos para defender a la
ley Televisa, quieren contribuir a la campaña de desconcierto sumándose al
intento para descalificar a Corral. En realidad se califican a sí mismos.
También la semana pasada y concatenada con la campaña de Azteca, Televisa
difundió perseverantemente, en sus noticieros, una decisión judicial acerca
de un litigio que ha mantenido durante varios años con el mismo ex senador.
Cuando Corral fue candidato al gobierno de Chihuahua su partido, Acción
Nacional, contrató espacios para propaganda en los canales locales de dicha
empresa. Al término de la campaña Televisa se negó a entregarle al partido
las facturas por esa venta de spots y sin tales documentos el PAN no podía
pagarlos. La actitud de la empresa era resultado de un capricho que además
pretendía, como se ha visto ahora, convertirse en presión contra Corral.
Televisa de Chihuahua les explicó a los dirigentes estatales del PAN que
solamente aceptaría el pago si el dinero lo aportaba Corral personalmente.
Ante esa pretensión inusitada e ilegal, el conflicto se fue a los
tribunales.
Cuando Televisa ha informado, también en sus principales noticieros,
acerca de la sentencia de un juez para que el pago se realice, ha omitido
explicar las circunstancias de ese litigio. No es una información sino un
amago lo que transmitió en esa nota. Las aclaraciones del PAN de Chihuahua
insistiendo en que no desconoce la deuda y que se trata de un compromiso del
partido y no de su ex candidato, no recibieron cobertura significativa.
Tampoco la explicación de Corral que, además, ha recordado que ese proceso
legal todavía no concluye.
La insistencia para estropear la imagen de un personaje público da cuenta
de la debilidad de los argumentos, así como de la aprensión que las
televisoras tienen respecto de Corral y quienes comparten sus puntos de
vista. Tanto la campaña de calumnias de Azteca como la campaña
desinformadora de Televisa han sido tan burdas que no calaron en el ánimo de
la sociedad activa, interesada en estos asuntos, que es a la que las
televisoras quisieran convencer. La respetabilidad del licenciado Corral no
ha variado un ápice. Y sin quererlo las televisoras han demostrado, en vivo
y en directo, por qué necesitamos un régimen de medios distinto al que
padecemos ahora.
Esas campañas confirman el patrimonialismo convenenciero, el desprecio al
debate y el autoritarismo mediático que campea en las dos empresas. Quienes
han creído que Televisa ha cambiado porque de cuando en cuando muestra
alguna apertura a puntos de vista diversos, podrán constatar de qué manera
utiliza sus frecuencias no para informar sino para tratar de golpear a
quienes considera sus adversarios. Quienes han querido suponer que en
Televisión Azteca no todo es lo mismo, encontrarán en este caso la
confirmación de un comportamiento faccioso que se difundió incluso en los
noticieros del 40 -el canal que, como es imposible olvidar, está en manos de
esa empresa como resultado de un proceso repleto de ilegalidades–.
Al margen de spots y libelos disfrazados de noticias, la discusión en la
Corte sigue. Sabremos, como se nos ha anunciado, de qué están hechos los
ministros. Por lo pronto hemos podido corroborar la inescrupulosidad
profesional, la desvergüenza corporativa y la ineficaz pero injuriosa
prepotencia de las que están hechas las dos televisoras comerciales.

Publicado en Crónica el jueves 5 de abril 

La encuesta de la revista Nexos confirmó la diversidad y dispersión pero, sobre todo, la estrechez y el estancamiento de la literatura mexicana de nuestros días. No tenemos grandes obras que sirvan como punto de referencia y condensen paradigmas o rumbos en materia de gusto literario. Tal circunstancia, que ante una producción literaria ambiciosa y próspera sería expresión de pluralidad y contraste creativo, en el panorama actual es signo de escasez en esa materia. 

Publicado en Nexos, noviembre 2006.

Una de las debilidades de nuestra vida pública que afloró en la reciente y desastrada temporada electoral fue la pobreza del análisis crítico. Desplazada por el encono que se prodigaron los principales partidos y condicionada por un sistema mediático empeñado en privilegiar altercados de los candidatos presidenciales, la opinión crítica –o las expresiones que en otros tiempos podríamos haber identificado con ella– quedó marginada, cuando no allanada a las principales corrientes políticas. 2006 quedará singularizado, entre otras cicatrices, como un año de indigencia crítica.

   Sólo uno de los partidos políticos que protagonizaron la disputa nacional contó con un respaldo explícito y constante entre la amalgama de personas, grupos, tendencias y actitudes que en aras de la sencillez descriptiva suele ser denominada como la comunidad intelectual. En rigor, los intelectuales no forman una comunidad sino varias –y muchos de ellos no se encuentran en ninguna–. Para ser estrictos habría que reconocer que en tales grupos, corrientes y espacios de expresión intelectuales no están todos los que son y viceversa. En todo caso dentro o fuera de esos grupos y espacios –periodísticos, académicos, etcétera– quienes se dedican a trabajar con ideas, o pretenden que así lo hacen, suelen tener aficiones y afectos políticos que los singularizan. Por lo menos desde las primeras décadas del Siglo XX en México los intelectuales, o algunos de aquellos que tienen mayor presencia pública, sostuvieron una actitud de exigencia crítica respecto de la política y los políticos. Más que el peso moral de ese comportamiento, respecto del cual con frecuencia se tejen especulaciones y exageraciones (como si el hecho de dedicarse a las letras, a la reflexión o a la ciencia les confiriera una calidad ciudadana superior a la de otros mortales) los intelectuales tuvieron influencia por el filo crítico de sus puntos de vista. La opinión intelectual señalaba yerros y ayudaba a encontrar rumbos pero, sobre, todo ponía en contexto las dificultades coyunturales. Todo eso, en buena medida, quedó ausente durante el vendaval electoral de este año.

Conocida intolerancia

   Con los intelectuales el PAN ha tenido una relación acongojada, cuando no inexistente. Ha comprendido en sus filas a escritores y pensadores, sobre todo de convicciones conservadoras, pero ese partido nunca ha sido especialmente receptivo a la circulación de ideas. En el PRI han militado intelectuales importantes, que en ocasiones alcanzaron cargos de dirección partidista y en el gobierno, pero casi todos debieron subordinar las ideas a los intereses políticos del momento. No entramos aquí a la perenne discusión sobre la independencia que los intelectuales, para desplegar con toda libertad su creatividad analítica y crítica, tendrían que mantener respecto de la política activa. Simplemente recordamos que esa independencia supone limitaciones y oportunidades. Ceñido por la militancia o la simpatía partidarias, quien trabaja con ideas tiene menos libertad para desarrollarlas y manifestarlas pero se encuentra en un contexto que le permite socializarlas con más eficacia e incluso ponerlas en práctica.

   El PRD, a diferencia de sus competidores principales, sí ha contado con el respaldo activo, constante y público de ciudadanos destacados por su trabajo intelectual. Pero al menos en la temporada reciente, el apego a ese partido no fue ocasión para desarrollar y esparcir ideas sino para que tales intelectuales, dimitiendo de su responsabilidad crítica, estuvieran al servicio de una causa política constatablemente reñida con las ideas y el pensamiento crítico.

   Esa ha sido una de las consecuencias más tristes de la resignación de no pocos escritores, analistas, artistas y científicos a los intereses –y por lo tanto a las frecuentes veleidades– del candidato presidencial del PRD. El comportamiento público de Andrés Manuel López Obrador se encuentra en la antípoda de los valores que podríamos identificar con el trabajo y el compromiso intelectuales. No es un hombre de proyectos sino de conveniencias. La única congruencia que mantiene es con su desbordado apetito para alcanzar el poder a toda costa. No está hecho a la discusión de ideas sino a la arenga placera. No admite la diversidad ni le interesa garantizar la libertad que son requisitos de la creación artística y científica.

   En los intelectuales López Obrador no busca interlocutores; simplemente exige incondicionalidades. Cada vez que sus ambiciones tropiezan con la realidad, inventa conjuras para las que encuentra cómplices en todos aquellos que no comparten sus puntos de vista. Es profundamente intolerante.

   Todo eso se sabía incluso antes de que ocupase el gobierno de la ciudad de México. Varios de esos rasgos se acentuaron a raíz de la persecución que el gobierno federal y sus aliados políticos emprendieron contra López Obrador en el episodio del desafuero y empeoraron después de la campaña electoral. A diferencia del respeto a la diversidad, el diálogo de ideas y la tolerancia que son condiciones insustituibles para el trabajo intelectual en la vida pública, antes y después de las elecciones de julio ese personaje exigió sumisión a su pensamiento limitado, al rechazo a toda apreciación que no se ajustase a las que decía sus convicciones y a un rígido fundamentalismo.

Un coro obnubilado

   No obstante esa conducta política, antagónica con la naturaleza del quehacer intelectual, muchos escritores, pensadores y artistas respaldaron a López Obrador y algunos lo han seguido en su aventura post electoral. ¿Qué es lo que encontraron tantos y antaño tan lúcidos y reflexivos autores y creadores en ese candidato? Hubo quienes lo apoyaron como expresión de rechazo al conservadurismo con el que identificaron al PAN y a Felipe Calderón, así como contra la corrupción preponderante dentro del PRI y simbolizada por Roberto Madrazo y su discutible trayectoria. Era la tesis del mal menor: frente a la mochería panista y el oportunismo priista, no pocos de esos ciudadanos prefirieron a López Obrador incluso a costa de disimular ante sus evidentes defectos.

   Aquellas apreciaciones cojeaban en algunas de sus premisas. La que representa Calderón es una derecha capaz de reconocer la diversidad de preferencias y convicciones, en todos los planos de la vida pública y privada, que hoy cruza por la sociedad mexicana. En cambio el de López Obrador es un modelo ideológicamente entumecido y políticamente excluyente, que no consiente discrepancia alguna. (Cuando supo que los funcionarios de casilla a los que ya había calumniado al culparlos de introducir votos fraudulentos eran miembros de su partido los calificó de traidores y vendidos, por recordar un solo ejemplo). A comienzos de su campaña Calderón manifestó opiniones contrarias a la libertad de elección en asuntos como el aborto y la píldora del día siguiente. Luego dijo que se había equivocado. López Obrador, en cambio, sistemáticamente eludió asuntos como esos. Su gazmoñería es irreductible. Y jamás está dispuesto a admitir que se equivoca.

   Con el PRI, López Obrador no ha tenido una sola discrepancia de fondo. El mismo clientelismo (o quizá peor porque el suyo está sustentado en redes de corrupción y conveniencia como las que durante su gobierno proliferaron en varios servicios públicos de la ciudad de México), la misma utilización de recursos fiscales para apuntalar proyectos políticos, la misma ideología de fachada estatista pero cada vez que hace falta disimulada para favorecer intereses privados, los mismos rasgos que hicieron aborrecibles y desgastaron a los gobiernos priistas, se advirtieron en el desempeño de quien luego sería candidato presidencial del PRD. Aparentemente no se ha enriquecido personalmente, pero varios de quienes lo han rodeado sí se beneficiaron de transacciones dudosas como las que fueron difundidas en célebres y a la postre inocuos videos.

   Así que aquellos que se adhirieron a la candidatura de López Obrador para combatir lacras panistas o priistas, apoyaron una opción peor o al menos no necesariamente mejor que las que decían rechazar. Ese error, como ciudadanos, fue refrendado vistosamente por algunos escritores y artistas que en la campaña electoral y después de ella se mimetizaron tanto con el absolutismo de López Obrador que llegaron a tener posiciones de similar y antiintelectual intolerancia. Los novelistas que para impedir el cuestionamiento a la propaganda del PRD proclamaron “¡No pasarán!” como si defendieran una trinchera ante el espectro fascista cuando solamente se trataba de una confrontación entre dos opciones ubicadas ambas en la competencia política institucional; las escritoras cursis que para ensalzarlo quisieron ver a López Obrador con anteojeras que no utilizaron cuando descalificaban a otros candidatos; los científicos y artistas que denunciaron fraude donde no lo había; aquellos que desacreditaban al candidato panista a partir de lo que decidieron suponer que quería y pensaba como si para cuestionarlo no hubiera suficientes motivos en lo que realmente hacía y decía, formaron parte de un coro obnubilado en donde las razones estuvieron ausentes, o al menos se convirtieron en un bien patéticamente escaso.

Enajenación intelectual

   Hubo, desde luego, escritores y artistas que se rehusaron a participar del en apariencia políticamente correcto lopezobradorismo, aunque ello implicase ir a contracorriente de esa moda pretendidamente intelectual. Muchos más se comprometieron con ese candidato. No discutimos su derecho para adoptar la posición política que prefieran sino la ausencia de rigor en sus apreciaciones sobre esta fase de la vida pública mexicana.

   Apoyar a López Obrador para enfrentar otras opciones o porque le adjudicaron atributos que no tenía, implicó una abdicación del análisis crítico que condujo a enmascarar sus defectos. Pero respaldarlo por convicción en sus propuestas, sólo fue posible como resultado de un proceso de enajenación intelectual y política.

   Muchos distinguidos escritores y artistas quisieron encontrar en ese candidato la reivindicación de los asuntos sociales que los partidos conservadores ignoraron, o por lo menos no reivindicaron con toda la importancia que tienen. López Obrador, en efecto, se ocupó intensamente del tema de la pobreza. Pero para él los pobres no eran el eje de una nueva política económica sino simple pretexto para aparentar una preocupación social que no tenía correspondencia en su, por lo demás, endeble propuesta de gobierno. No es cierto, como algunos dicen, que la campaña de López Obrador recuperó para el debate público el tema de la pobreza. Ese asunto no ha dejado de estar en la discusión y en las ofertas de cada una de las opciones políticas gracias, entre otros factores, a la perseverante insistencia de algunos de los intelectuales que ahora quisieron ver en ese candidato la personificación de la cuestión social.

   Tampoco puede afirmarse, como escribimos en estas páginas en diciembre pasado, que López Obrador representaba cabalmente a una opción de izquierda si por tal corriente, modelo o utopía, entendemos la lucha por la igualdad y la defensa de los derechos humanos. Pocos liderazgos en la historia reciente de México han sido tan autoritarios, así como desdeñosos de los derechos de las personas, como el de López Obrador.

   Muchos de los intelectuales que lo apoyaron, igual que quizá la mayoría de los mexicanos, estaban tan convencidos de que el candidato del PRD iba a ganar las elecciones que cuando se supo que no había sido así se resistieron a admitir ese resultado. El compromiso de algunos de ellos con la democracia quedó en entredicho cuando se sumaron a las denuncias contra un fraude que no pudo ser documentado porque nunca había ocurrido. Junto al desconcierto y la impremeditación de no pocos abajo firmantes filo perredistas, destacaron las mentiras de algunos simpatizantes de López Obrador con falacias pretendidamente científicas como cuando dijeron que había engaño en la publicación de los resultados electorales cuando el único dolo era el de ese partido. Hubo una suerte de efecto espejismo: muchos adherentes de ese candidato vieron en él lo que querían ver. En otros, el voluntarismo les llevó a no ver lo que en otras condiciones hubieran advertido y cuestionado.

   Cuando han aludido a cuestionamientos como los que aquí se presentan, algunos de esos escritores y pensadores lo han hecho con retruécanos y subterfugios. Otros, más imbuidos en el talante del candidato al que apoyaron, sostienen que cuestionar esa adhesión es una manera de defender a Calderón y al PAN. La defensa que tendría que interesarnos es la del pensamiento crítico respecto de todos los protagonistas de la vida pública, incluyendo a los intelectuales.

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Respuestas publicadas por la revista Educación 2001 en abril de 2006

¿CUÁLES SON LOS 5 FACTORES QUE DEBEN CAMBIAR EN LA EDUCACIÓN NACIONAL?

   1. Las prioridades de la educación. Por mucho que se dice lo contrario, seguimos teniendo una educación que, al menos en sus etapas básicas, sigue siendo fundamentalmente memorista, reiterativa, monótona y plana. A los niños en Primaria se les sigue requiriendo el aprendizaje de largas listas de nombres, sitios, fechas y fórmulas sin que se les inculque, antes que nada, el entendimiento acerca de la utilidad de esos datos.

   Nuestra enseñanza, en todos los niveles, debería estar primordialmente orientada para pensar y para investigar. Hoy en día nadie aprende, salvo para salir del paso en el examen del día siguiente, una extensa relación de nombres si no comprende cuáles son su significado y utilidad. Y allí se encuentra una de las rémoras de nuestro sistema educativo. Contenidos y mecanismos de enseñanza suelen ser espeluznantemente aburridos. Niños y jóvenes bostezan aun antes de entrar al salón de clases porque saben que se encontrarán con una retahíla de discursos y exigencias a los que no les encuentran sentido. Por supuesto hay excepciones, cuando tienen la fortuna de encontrarse con profesores entusiastas e imaginativos. Pero esos son dos atributos por desgracia escasos en el magisterio de nuestro país –y, en general, en la vida pública mexicana–.

   2. La evaluación. Evaluar escuelas, planes de estudio, maestros y al sistema escolar mismo se ha convertido en una moda pero casi nunca los evaluados y los evaluadores se preguntan para qué tendrían que servir esos ejercicios de revisión, cotejo y apreciación. La evaluación, cuando la hay, tiende a ser una rutina y no el momento sobresaliente que podría constituir en la relación entre la escuela y la sociedad.

   En la enseñanza básica, la evaluación suele servir fundamentalmente para resolver expedientes de promoción laboral o para nutrir informes burocráticos a los que, por añadidura, la sociedad no suele tener acceso. En las universidades la evaluación por lo general es un mecanismo de autocomplacencia, simulaciones y eventualmente incluso de represalias pero pocas veces constituye una oportunidad para identificar y enmendar insuficiencias de carácter académico.

   Para una gran cantidad de funcionarios y profesores universitarios la evaluación, cuando la hay, se ha convertido en monserga admisible sólo porque de ella dependen reconocimientos y financiamientos. A la evaluación no se la reconoce como ejercicio indispensable que tendría que formar parte de la autocrítica que debiera acompañar al desempeño de las tareas universitarias. Hace dos décadas, cuando la UNAM realizó su Congreso Universitario, una de las propuestas que más antipatías suscitó fue, precisamente, la que sugería que hubiera mecanismos de evaluación regulares para estimar el desempeño del personal académico. Y la misma UNAM ha sido una de las pocas universidades relevantes en el país que ha expresado reticencias a la evaluación por parte de instituciones como el CENEVAL.

   3. El empleo de nuevas tecnologías. A las computadoras, la Internet y otros recursos que amalgaman la digitalización de los contenidos con su teletransmisión se les ha mitificado de dos maneras en nuestro sistema educativo.

   Por una parte hay quienes por ignorancia o temor, o por una suerte de fundamentalismo didáctico, descalifican a esos que no son mas que instrumentos que de la misma manera que facilitan la socialización y la propagación de informaciones, también pueden facilitar la enseñanza. Con frecuencia, profesores de todos los niveles y especialmente con varias décadas de experiencia docente desprecian la utilización de tales recursos a veces simplemente porque nadie les ha enseñado a aprovecharlos y, en otras, porque se sienten tan distantes de ellos que prácticamente llegan a considerar que compiten con su propio trabajo. La ausencia de proyectos de capacitación razonables, razonados y accesibles para los profesores, desde la primaria hasta la Universidad, mantiene a muchos de ellos en la creencia de que esas tecnologías sirven sólo para encauzar el ocio e incluso para propiciar la haraganería de los estudiantes jóvenes y no como herramientas de aprendizaje.

   La otra forma de fundamentalismo en este campo es la de quienes, en el extremo opuesto, ensalzan de tal manera a la Internet y a la computadora que llegan a considerar que en ellas y con ellas se resuelven los déficit de nuestro entramado educativo. La expresión más patética, costosa y bochornosa de ese fanatismo tecnofílico ha sido la manera como el presidente Fox y su gobierno promovieron, con propósitos propagandísticos más que didácticos, el proyecto Enciclomedia. Apoyado en una plataforma tecnológica innecesariamente costosa, subordinado al menos en sus inicios a los contenidos que había diseñado la empresa Microsoft, emprendido sin un plan de capacitación para los profesores que hipotéticamente habrían de aprovecharla y cerrada a la diversidad de contenidos que hay en la Internet la Enciclomedia, a pesar de los esfuerzos de sus propagandistas, se está convirtiendo en prematuro y dispendioso elefante blanco de este sexenio.

   Las computadoras y la Internet son instrumentos formidables cuando están en manos de profesores y estudiantes con aptitud y calificación para aprovecharlas. En México no hemos contado con un plan nacional para que la sociedad –y en primer lugar los jóvenes, los niños y sus maestros– se beneficien de esa plétora de información y conocimiento. En el terreno de la enseñanza no hemos comenzado a construir una auténtica sociedad de la información. Lo que tenemos, en vez de ella, es una patética sociedad de la simulación.

   4. Los profesores y su sindicato. Los maestros son el patrimonio más importante del nuestro y de cualquier sistema educativo. Pero en México se han convertido, al mismo tiempo, en el más oneroso lastre para que tengamos una educación a la altura de las exigencias que imponen el desarrollo cultural y social del nuevo siglo.

   La frecuente reticencia para actualizar sus conocimientos –o la exigencia para, a cambio de ello, lograr promociones como si la instrucción constante tuviera solamente propósitos escalafonarios–, la resistencia a la innovación didáctica y tecnológica, el desgano que contagian a sus alumnos, son defectos frecuentes en no pocos profesores. Se puede reconocer, en su defensa, que los salarios son bajos, las cargas de trabajo abrumadoras y los estímulos infrecuentes. Se puede y se debe advertir que hay notables excepciones y que, desde luego, no todos los maestros padecen esa mezcla de indolencia burocrática y abulia profesional. Son excepciones honrosas que confirman la triste regla de la desidia magisterial.

   Sobre todo se puede recordar que en la educación básica, cuando las hay, muchas de las expresiones de iniciativa, empuje y vivacidad entre los profesores suelen tropezarse con esa muralla forjada en el tráfico de privilegios, cimentada en el viejo corporativismo y afianzada en la corrupción que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Cuando Educación 2001 pregunta qué debe cambiar en la educación nacional lo primero que se me ocurre contestar es “el SNTE”. Si en vez de 5 me hubieran solicitado una respuesta única esa habría sido, sin lugar a dudas, la que hubiera entregado a esta revista.

   Tengo la certeza, porque lo conozco y lo he estudiado, porque he examinado la trayectoria de sus dirigentes y sé de las vicisitudes de sus agremiados, de que ese sindicato no sólo se ha convertido en el mayor estorbo para el desarrollo de la educación sino en uno de los más costosos y abrumadores defectos del país. Los profesores, a veces por convenencieros y en otras ocasiones por condescendientes, han permitido la permanencia de un sindicato que para la sociedad mexicana se ha vuelto sinónimo de compraventa de influencias y de abusos ilícitos. No me refiero sólo a una sino a varias de las facciones que lo encabezan. La otrora disidencia democrática se ha mimetizado, en buena medida, al clientelismo y a la demagogia del viejo sindicalismo. Y la dirección nacional actúa más como grupo de presión política que como el liderazgo gremial, con responsabilidad, que los maestros y el país merecen. Elba Esther Gordillo pudo haber sido una dirigente capaz de reconocer y alentar la diversidad y el recambio indispensables en un sindicato de esas dimensiones. En vez de ello, movida por una acaparadora ambición, ha hecho del sindicato un instrumento político y se ha convertido, ella misma, en uno de los personajes más desagradables de la incierta transición política por la que atraviesa nuestro país.

   5. Los medios de comunicación. El sistema educativo mexicano no ha reconocido a los medios de masas, especialmente a la televisión y a la radio, como instrumentos indispensables en la enseñanza de y para la sociedad. No pretendemos que esos medios sirvan como apoyo directo a las tareas docentes –aunque, por otro lado, México se sigue debiendo a sí mismo la existencia de un auténtico y ambicioso sistema de enseñanza a distancia, apuntalado en los medios masivos, como los que desde hace décadas existen en la Gran Bretaña y Costa Rica entre otros sitios–. Más allá de los contenidos específicamente curriculares, los medios tendrían que ser puertas siempre abiertas para inculcar valores en y de la sociedad mexicana.

   El civismo, por ejemplo, podría aprenderse en sus rudimentos básicos en el salón de clases pero tendría que ser cotidianamente ratificado en los programas de televisión. Como todos sabemos, lo que a diario sucede es exactamente lo contrario. La televisión no sólo tiende a competir con los contenidos que se les imparten a niños y jóvenes en el aula. Además, por lo general induce valores antagónicos a los que pretende arraigar el sistema educativo.

   Necesitamos una educación que contemple entre sus escenarios imprescindibles al de los medios de comunicación de masas. Sin embargo el de los medios ha sido relegado por la sociedad, pero también por el Estado mexicanos, como un asunto que compete a empresas privadas o, en su defecto, a iniciativas oficialistas. Ese alejamiento es tal que, en el régimen legal para la radiodifusión, la Secretaría de Educación Pública no tiene una auténtica participación. La regulación de la televisión y la radio corre a cargo de las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, como si los contenidos y la influencia de tales medios fuesen únicamente asuntos políticos o técnicos y no con las dimensiones educativas que alcanzan todos los días, a toda hora.

La Crónica, enero 31 de 2005

Decía Albert Einstein –en estas fechas justamente conmemorado por el centenario de la teoría de la relatividad– que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. La ciencia suele superarse a sí misma e introduce elementos de progreso en las sociedades. En cambio las creencias llegan a ser fuentes de estancamiento e incluso de involución.

   Cuando cada quien las resuelve de manera personal, las creencias son asunto de la esfera privada y pueden ser, incluso, respetables. Cuando se traducen en conductas que afectan y hasta lesionan los derechos de otros, estamos ante expresiones de intolerancia que puede llegar al fanatismo.

   De esa índole es la actitud de la Unión Nacional de Padres de Familia y su actual dirigente, el señor Guillermo Bustamante Manilla, que ahora dedica sus esfuerzos a censurar la campaña de la Secretaría de Salud para promover el uso del condón y el respeto a las preferencias sexuales de los ciudadanos.

   Hoy en día los especialistas en prevención del SIDA coinciden, en todo el mundo, en que el empleo del preservativo es el mejor recurso contra esa pandemia. Pero la UNPF se empeña en perseguir a las autoridades mexicanas que cumplen con su obligación de explicar e impulsar el empleo del condón.

   Esa organización, de acuerdo con una nota publicada el miércoles 26 de enero en Crónica, considera que la campaña sobre el condón, “conlleva el mensaje de usarlo en coitos con personas desconocidas como son las prostitutas o parejas casuales que pueden ser incluso del mismo sexo, lo que significa que junto con la promoción del condón se invita a prácticas sexuales irresponsables y, entre los jóvenes se convierte en un ataque frontal hacia la familia”.

   El deber de la autoridad sanitaria es explicarle a la gente qué opciones tiene para protegerse en las relaciones sexuales. Con quién las practique es asunto de cada individuo. Sin embargo grupos como la mencionada Unión pretenden que a los jóvenes y adultos se les oculte esa información. Si esas objeciones tuvieran éxito el resultado sería, literalmente, criminal. Al carecer de indicaciones claras, miles de mexicanos podrían ser víctimas del SIDA.

   Esa Unión Nacional tiene, como se decía antes, un rancio conservadurismo no solo por la vieja y autoritaria moralidad en la que dice respaldar sus posiciones sino porque dentro de dos años cumplirá nueve décadas de promover actitudes retardatarias y en contra de las responsabilidades del Estado hacia los ciudadanos.

   Ahora, junto con la cruzada contra el condón, la UNPF quiere vetar los mensajes patrocinados por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

   El primero de esos spots, llamado “La cena”, reproduce una conversación entre una madre y su hijo:

   –Te veo enamorado mi hijito, ¿cuánto llevan?

   –Ya cinco meses.

   –¿Y le gustó la idea de venir a cenar con la familia?

   –Sí, le encantó. Es más: preparó un postre que te va a fascinar.

   –Mmmm. Espero que le guste lo que yo cociné. Y por cierto, ¿cómo me dijiste que se llama?

   –Oscar mamá, ya te lo había dicho, se llama Oscar.

   A continuación se escucha a un locutor que dice: “¿Te parece raro? En nuestra sociedad cada vez es más común vivir esta situación. La homofobia es la intolerancia hacia la homosexualidad. La igualdad comienza cuando reconocemos que todos tenemos el derecho a ser diferentes”.

   El otro mensaje, titulado “Preguntas”, dice a una sola voz: “Si ves a un homosexual o lesbiana en la calle, ¿ves para otro lado? ¿Sientes ganas de ofenderlo o que desaparezca? Si una persona cercana a ti es gay, ¿le dejas de hablar? ¿Sientes odio por los diferentes a ti? ¿Sabias que lo que tienes es homofobia, es decir, un odio irracional? La tolerancia a la diferencia sexual es más sana que el odio. Acéptalos”.

   Los dos mensajes reconocen como adultos a sus destinatarios y no promueven conducta sexual alguna. Simplemente parten de la existencia de opciones y preferencias sexuales que son una realidad, cada vez menos escondida, en la sociedad mexicana.

   Sin embargo el presidente de la UNPF considera que la homosexualidad es una “desviación sexual” y que las autoridades de Salud lo que deberían hacer es ofrecer tratamientos a quienes la padecen. Mientras más insiste Bustamante en esas posiciones,  más evidente resulta que los mensajes contra la intolerancia y la homofobia son necesarios.

La Crónica, 6 de marzo de 2005

Las familias mexicanas se festejan a sí mismas cotidianamente, en el solo hecho de seguir juntas. Pero hoy, prácticamente por disposición presidencial, es Día de la Familia.

   De las abundantes y en varios casos innecesarias fechas que abruman hoy a nuestro calendario social, con homenajes impuestos que los ciudadanos practican más por inercia que convicción, esta es de las pocas conmemoraciones que han sido establecidas con anuencia expresa del gobierno de la República.

   Eso hizo el presidente Vicente Fox el 13 de enero pasado, al firmar el documento llamado “Compromiso de Fomento a la Unidad Familiar” que estableció el primer domingo de marzo de cada año como “Día de la Familia Mexicana”.

   Esa celebración fue formalmente propuesta por el Consejo de la Comunicación, la asociación civil formada por empresas mediáticas y anunciantes que antes convergían en el Consejo Nacional de la Publicidad. El afán por tener una imagen menos supeditada a los intereses mercantiles que determinan las relaciones entre anunciantes y medios llevó a ese grupo a cambiar de nombre hace tres años. Las campañas que suele realizar, independientemente de la utilidad social que puedan tener, forman parte de esa tarea permanente para remozar la presencia pública de las empresas dedicadas a lucrar en y con los medios de comunicación.

Interés de la señora Fox

   La más reciente de esas iniciativas es el Día de la Familia. Pero no se trata solo de una propuesta de los empresarios mediáticos y sus anunciantes. La conmemoración que hoy congrega el entusiasmo televisivo ha sido promovida –así lo confirman diversas puntualizaciones en los medios– por la esposa del presidente de la República.

   A la señora Marta Sahagún de Fox el tema de la familia le ha permitido acercarse, con cierta eficacia, a las preocupaciones cotidianas de los mexicanos. El apego a la familia, la defensa de sus integrantes, los lazos de solidaridad que se reproducen en ella con naturalidad, el papel que desempeña en la propagación de valores y costumbres y el hecho de ser referencia entrañable de las relaciones sociales, forman parte de la centralidad que tiene en este como en todos los países.

   Por eso el discurso tradicional del poder político ha recalado de manera importante en la reivindicación de la familia. En la construcción de la ideología post-revolucionaria la idea de la familia era uno de los ejes que el Estado proponía para cohesionar y nutrir de identidad a los mexicanos.

   Además de implicaciones políticas, la insistencia en la integración y la consistencia familiares tuvo connotaciones morales y religiosas. Por lo general, cuando se hablaba de familia se aludía a la estructura convencional –padre, madre, hijos– sin reparar en las modalidades, cada vez más frecuentes, que asumen los núcleos familiares.

   La esposa del presidente Fox aprovecha la simpatía que despierta la idea de familia y la incorpora prácticamente en cada una de sus cotidianas alocuciones. Habitualmente se refiere a las familias en general, sin reconocer los rasgos específicos que tienen en la sociedad contemporánea. En unas cuantas ocasiones la señora Sahagún ha recordado la existencia de familias de corte no tradicional.

Nueva idea de familia

   Un estudio sobre la presencia de las mujeres en el discurso y las políticas públicas en nuestro país recordaba, recientemente: “En la cultura política hegemónica del México posrevolucionario, el  ciudadano era pensado en masculino. A las mujeres se les concedía importancia, eso sí, (el ejemplo más claro es el pedestal que se les erige en el día de la madre) pero no como sujetos activos, diferentes y dotados de razón, sino como meros receptáculos. Como ‘depositaria (s) de nuestra nacionalidad’, para decirlo en las palabras del presidente Miguel de la Madrid. Prosigue el ex presidente: ‘Nuestra nacionalidad es fuerte porque tenemos una familia fuerte que debemos a una mujer admirable y responsable’. Aparte de que los intereses de las mujeres solían subsumirse a los intereses de la familia, existen paralelas entre el discurso oficial acerca de la mujer (la madre) y el de la familia mexicana. Ambas, la mujer y la familia, han sido instrumentalizadas como pilares de la ‘identidad nacional’, y ambas han sido homogenizadas y des-historizadas a este efecto por el discurso oficial”.

   Esas son algunas de las conclusiones de la investigación de Miriam Lang, que hizo un doctorado en Sociología en la Universidad Libre de Berlín y que hace un lustro estuvo en México investigando el papel de la mujer desde la perspectiva del poder político.

   La doctora Lang identificó cambios importantes en ese tema: “Los discursos que se manejan hoy en las políticas públicas mexicanas sobre el tema de la violencia hacia las mujeres difieren fundamentalmente de esta visión, que sin embargo influyó en la construcción de los géneros desde el oficialismo durante décadas. Obviamente, esta construcción tradicional de los géneros se encuentra actualmente en un proceso de transición, al igual que el proyecto nacional en el cual se inscribía. Durante los dos últimos gobiernos PRIistas, los sexenios de Carlos Salinas (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000), el recurso discursivo tanto a la Nación histórica como a la Revolución, mito fundador de aquella, perdió en importancia. Fueron reemplazados en la retórica oficial por promesas de modernización y de democratización del país, y de su entrada económica al ‘primer mundo’. Es en el marco de este nuevo proyecto nacional, que se inscribe en la globalización neoliberal y también incluye una renovación de las formas de interacción política, que la participación de mujeres como ciudadanas se hizo pensable por primera vez. Este contexto de la modernización neoliberal de México también conforma el marco de referencia para mi análisis”.

Moderno discurso político

   Denominada “¿Mujeres vulnerables o ciudadanas plenas?”, la investigación de Lang sobre políticas públicas, violencia de género y feminismo en el México de los años recientes considera que a fines del siglo XX el discurso gubernamental toma en cuenta a las mujeres ya no solo como madres y esposas sino como profesionistas, electoras e individuos. Eso ocurre tanto en los textos programáticos del PRI y el gobierno de Zedillo, como en documentos del PRD y el gobierno de la ciudad de México.

   “Hasta mediados de los 90 –explica– los textos elaborados por entidades públicas partían de un modelo inalterable y normativo de familia patriarcal, a pesar de que éste correspondía cada vez menos a las realidades sociales mexicanas. Daban prioridad a la preservación de la unidad de esta familia y automáticamente descalificaban otras formas de convivencia como ‘anormales’ o inferiores”.

   Eso comienza a cambiar en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal cuyos textos, “fueron los primeros en distinguir diferentes tipos de familias: la familia extensa, la familia nuclear, la familia monoparental, etc. La definición de familia que propone la Dirección General de Equidad y Desarrollo Social evita valoraciones: ‘Es un grupo de personas unidas por un parentesco (consanguíneo, afinidad o adopción), quienes generalmente conviven en un mismo espacio hogar’. En un hogar también pueden convivir varias familias o personas sin consanguinidad. En estos textos, la importancia que se le da a la familia proviene de una valoración social y no es ‘natural’ ”.

   Más adelante, ya casi al final de los años 90, esa autora identificó documentos del gobierno federal en donde “el espacio social familiar es mucho menos idealizado y mistificado, ya no es considerado el pilar de la identidad nacional o la célula básica de la organización social, y por ende del poder estatal. Ya se habla mucho menos de él – como solían hacerlo los textos de tinte católico o nacionalista hasta hace pocos años atrás – como de un espacio de protección especial y como instancia transmisora de valores esenciales”.

Más allá de la pareja

   Desde luego no hay una definición oficial de familia pero en la propaganda para la conmemoración de este domingo prevalece una idea tradicional acerca del núcleo familiar. La pareja presidencial misma, al aparecer alternándose en la lectura de un breve mensaje para promover esta fecha, privilegia –y aprovecha– esa imagen convencional de la familia.

   Aunque no suele hacer precisiones sobre la existencia de familias que no se ciñen al modelo tradicional, en unas cuantas ocasiones la señora Fox se ha referido a ellas. El 7 de noviembre de 2003, en un congreso llamado “La Familia Hoy, derechos y deberes” realizado en la ciudad de México, la esposa del presidente aludió a las nuevas formas de organización familiar de la siguiente manera: “hoy la familias, sin duda alguna, tienen que ser consideradas así, las familias. Quizás no bajo escenarios ideales, no bajo lo que representa, lo que en algún momento fue realmente nuestra propia convicción, sino que tenemos que respetar a las familias, no solo a la familia tradicional”.

   Señaló entonces la señora Sahagún: “dentro de las familias se han ido rompiendo paradigmas para conformar nuevos modelos que nos imponen nuevos retos, a los que no escapamos los gobiernos ni las organizaciones de la sociedad civil”.

   En aquella ocasión la esposa del presidente recordó que, en México, solamente seis de cada diez hogares descansan en el núcleo conyugal. Pero no se aventuró a mencionar otros tipos de familia, entre las que se encuentran aquellas cuyo núcleo lo forman parejas del mismo sexo.

Papel de las mujeres

   El creciente peso de la responsabilidad familiar sobre las mujeres y la existencia de núcleos familiares a cargo de mujeres solas han sido las dos variantes principales en el discurso del gobierno actual –y especialmente de la esposa del presidente– en este asunto. El 27 de octubre de 2004, en el congreso panamericano “La Familia: base del desarrollo integral del niño, la niña y el adolescente” celebrado también en la capital del país, Sahagún recordó que cada vez tenemos más familias distintas del esquema tradicional:

   “Las familias monoparentales, las familias en las que las mujeres representan el principal sustento económico o las familias en las que los hijos han tenido que abandonar la escuela para contribuir al gasto, son sólo tres ejemplos que iluminan la magnitud de las transformaciones irreversibles que se ha experimentado en las últimas décadas”.

   Es importante que se reconozca el papel activo, y a veces único, que tienen las mujeres en la conducción y el sostenimiento de numerosas familias. Allí hay un avance, sobre todo porque los ajustes en el discurso resultan necesarios para que, entonces, haya cambios en las políticas públicas.

   Pero otros rasgos en la conformación de las familias, originados por preferencias sexuales heterodoxas o por la simple decisión de varias personas para vivir juntas aunque no tengan relaciones de pareja, todavía no suelen ser admitidos entre los lazos de integración familiares.

   Según el INEGI, encargado de nutrir al país de información estadística, no todos los hogares son familiares. Para que lo sean, es preciso que están formados por un “conjunto de personas que residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común para la alimentación, en el que por lo menos uno de los integrantes tiene relación de parentesco con el jefe del hogar”.

   Se trata, por supuesto, de una definición de trabajo. Pero delimita el alcance de la idea de familia que hay en numerosos documentos y posiciones oficiales.

Uno de cada cinco

   En México, según el Censo de 2000, el 69% de las familias mantienen la organización tradicional: una pareja con sus hijos. El 17.3% están encabezadas por uno de los padres y el 10% las constituyen parejas sin hijos.

   De los 22 millones 269 mil hogares que teníamos hace 5 años, el 20.6% –4 millones 597 mil– estaban encabezados por mujeres. Se trata de uno de cada cinco hogares en México.

   En 1960 los hogares con jefa de familia eran el 13.7%. En 1970, así como en 1990, los hogares encabezados por una mujer eran el 17.3%.

   Ese cambio en la responsabilidad familiar –y con ello social y laboral– de las mujeres constituye la principal fuente de transformaciones en la definición sobre núcleo familiar que se abre paso en nuestro país. Sin embargo la imagen que se impulsa en la conmemoración de hoy es únicamente la de la familia convencional. Tres de cada siete familias en México tienen formas de organización y cohesión diferentes.

Convenenciera iglesia

   La celebración de este día, forzada pero ampliamente publicitada, ha sido apoyada por conveniencia, más que por convicción. En la Iglesia Católica, que promueve la idea tradicional de valores y estructura familiares, esa iniciativa provocó sorpresa y cierta incomodidad pero, a final de cuentas, la decisión de subirse al tren del festejo para no quedarse al margen de él.

   En un comunicado a los cardenales, arzobispos y obispos de esa corporación en México el obispo de Matehuala y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Familiar, Rodrigo Aguilar Martínez, dispuso el 22 de enero pasado:

   “Teniendo en cuenta que es un hecho la declaración del primer domingo de marzo como el Día de la Familia en México; teniendo en cuenta también que no dejará de haber riesgos de que esto se tergiverse por diferentes grupos, sea con promoción de enfoque consumista o sea con posturas divergentes a la doctrina de la Iglesia Católica, conviene ser proactivos y aprovechar la fecha para difundir nuestro mensaje según el Evangelio del matrimonio, la familia y la vida”.

   El obispo Aguilar les recordó a sus colegas que el establecimiento del primer domingo de marzo como Día de la Familia, era una “iniciativa que el Presidente Vicente Fox ha aceptado y apoyado al hacer la declaración respectiva el pasado día 13 de enero”.

Celebración y promoción

   No es censurable –al contrario– que a la familia se la festeje y reivindique. Pero hacerlo sin recordar la variedad de prácticas y expresiones familiares que hoy forman parte de la diversidad mexicana y con el propósito esencial de promover intereses mercantiles y políticos, da cuenta de la parcialidad de esa iniciativa.

   Aficionada a reivindicar a la familia en sus discursos, aunque al mismo tiempo contribuye a la privatización de la política social y de esa manera a la desprotección de muchas familias, la señora Sahagún de Fox parece especialmente interesada en mostrarse como campeona de los valores familiares. Las empresas mediáticas y publicitarias han avalado, interesadamente obsequiosas, esa iniciativa.

   Si la señora Sahagún de Fox, como es inocultable propósito suyo, contrae nupcias religiosas, esa reivindicación publicitaria de la familia le ayudaría en sus aspiraciones políticas. Si se casa o no por la iglesia tendría que ser asunto concerniente solo a su vida privada y la de su marido. Pero la pareja presidencial insiste tanto en exhibir intimidades suyas que esos proyectos personales han adquirido inevitable connotación pública.

El Día de la Mujer

   Con o sin día marcado por las televisoras y las ambiciones políticas, cada familia se celebra de la manera y en las fechas que a sus integrantes les parece posible o pertinente. No hacía falta un día especial para ello.

   Aparte de otras implicaciones, no deja de ser sintomático el hecho de que esta festividad se encuentre tan cerca del Día Internacional de la Mujer que pasado mañana, como cada año, se recuerda el 8 de marzo. Inevitablemente, el empeño publicitario e institucional invertido en el Día de la Familia –que el presidente Fox, manifestando la visión que tiene de la sociedad y sus protagonistas, promovió ayer en su programa de radio acompañado por Chabelo y César Costa– le restará presencia pública al día de las mujeres.

   Claro, todo ello se entiende cuando estamos en vísperas de decisiones políticas y electorales en las que cada quien –la señora Marta y su marido no son la excepción– querrá beneficiarse del poder de la familia.

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