Sociedad y poder

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¿Canal 11 en cadena nacional? Dudas e interrogantes

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Cinco semanas después de haberlo creado, el gobierno federal sigue sin ofrecer una explicación clara acerca del “Organismo Promotor de Medios Audiovisuales”. La opacidad que lo ha rodeado, su nacimiento tan súbito como ayuno de precisiones, la actitud tan equívoca que pareciera culposa del secretario de Gobernación cuando acudió a San Lázaro no a ofrecer sino a eludir las aclaraciones que le pidieron diputados de casi todos los partidos, son parte de una operación política confusa y desmañada.

Si el gobierno apuesta a la transparencia en el manejo de sus medios de comunicación, podría hacer públicos los proyectos que tiene para el nuevo organismo que presuntamente coordinará varias de las televisoras y radiodifusoras que se encuentran en la administración pública federal. La ausencia de claridad ha propiciado especulaciones que posiblemente no apuntan a los propósitos reales del OPMA pero que encuentran caldo de cultivo en la vaguedad de la Segob cuando se refiere al nuevo organismo.

Nueva imagen de Canal Once

El decreto presidencial que establece el Organismo Promotor de Medios fue publicado el 31 de marzo, miércoles de semana santa. Si en Bucareli no había el propósito de dar un albazo, lo disimularon con gran tenacidad. Durante las semanas siguientes, en los medios del gobierno federal se extendió una inquietud que no ha cesado. Trabajadores, pero también directivos de los canales 11 y 22, de Radio Educación y del Instituto Mexicano de la Radio, han compartido y sobrellevado toda clase de suposiciones y dudas. Ante el vacío de explicaciones de las autoridades federales, prosperaron las versiones que le asignan al OPMA la función de centralizar, con propósitos de manipulación y censura política, los contenidos de esos medios de comunicación.

A trasmano, funcionarios de Gobernación cercanos a la creación del nuevo organismo insisten en que lejos de cercenarlos, el OPMA les dará recursos adicionales a los medios de la administración pública federal. De manera específica, se reitera, se trata de hacer del Canal Once una cadena de alcance nacional que contribuya a equilibrar el panorama televisivo capturado por las dos empresas que acaparan la mayor parte de las concesiones.

Si ese es el propósito del OPMA, ¿por qué no lo ha explicado así el secretario de Gobernación? Pero antes que nada, ¿por qué se trata de un proyecto en manos de la Segob y no del Conaculta o la Secretaría de Educación Pública?

La oscuridad de la información gubernamental en este asunto obliga, ni modo, a conducirnos en el resbaladizo terreno de la especulación. Si el OPMA es para que el Canal 11 tenga señal nacional, ¿por qué es necesaria la creación de un nuevo organismo? ¿No es más adecuado que el Estado le asigne nuevas concesiones de manera directa al Canal 11 en vez de que esa emisora transmita por una red que, en las condiciones así planteadas, no sería suya sino de otra entidad del gobierno federal?

Surgido en 1959 el Canal 11 se ha forjado, en medio de frecuentes cuan abundantes restricciones financieras y a veces también políticas, una imagen de nobleza y respetabilidad, en contraste con la televisión comercial. Se trata, como es bien sabido, de una emisora adscrita al Instituto Politécnico Nacional aunque la designación de su director suele ser una decisión presidencial que no es consultada con las autoridades del IPN.

Actualmente el Canal 11 tiene repetidoras en 14 ciudades, ubicadas en 10 estados del país. Su señal, además, es retransmitida en sistemas de cable y satélite que la llevan a otras localidades. Sin embargo la cobertura de la televisión de paga aún es tan insuficiente, pues apenas llega a 3 de cada 10 hogares, que en México no hay televisión nacional si no se difunde en señal abierta. El Canal 2 de Televisa tiene 128 repetidoras en el país; el 13 de Televisión Azteca, cuenta con 89. Si al Canal Once se le asignan nuevas frecuencias, junto con los recursos para transmitir esa señal en cada una de ellas, su red tendría que incrementarse con varias docenas de repetidoras.

Sería una espléndida noticia que el noble Canal 11 alcanzara presencia nacional. Pero si el gobierno va a financiar –con nuestro dinero, desde luego– esa plausible expansión, tendría que responder, ahora sí de manera clara, por lo menos a dos inquietudes fundamentales.

En primer lugar ¿es el Canal Once, tal como lo conocemos ahora, la mejor opción para una televisión nacional orientada por intereses no mercantiles? ¿Qué cambios tendría que haber en la programación, el organigrama y desde luego en las decisiones de esa emisora para ofrecer una televisión en donde la calidad esté aunada a la pluralidad?

Y por otra parte, ¿de qué manera se garantizaría que el gobierno federal, engolosinado con una televisora nacional, no quisiera hacer de ella un instrumento de propaganda? Las abundantes suspicacias que se han manifestado a ese respecto no son gratuitas. La administración del presidente Calderón ha colocado y mantenido al frente de los medios bajo su responsabilidad, a profesionales de la comunicación a quienes les ha reconocido comprobables márgenes de libertad y respeto. Pero nada asegura que eso seguirá ocurriendo, sobre todo en los turbulentos tiempos políticos que se ven aproximarse y especialmente en caso de que, como es muy posible, el gobierno cambie de manos dentro de dos años.

¿Está la administración de Calderón creando una cadena nacional para que el PRI tenga su propia televisión a partir de 2012? Es posibilidad quizá parezca ominosa pero está a la orden del día.

La única manera para que esa televisora nacional mantuviera el prestigio ya ganado por Canal Once y además con tal autonomía que la colocara al margen de tentaciones burocráticas y jugarretas políticas, radicaría en una renovación de su estructura y su situación jurídica. Podría pensarse, por ejemplo, en un esquema similar al que tiene desde hace varios años la agencia de noticias Notimex, cuyo director general es nombrado por el presidente de la República con la posibilidad de que el Senado objete esa designación. Ese director dura seis años en tal encargo.

Esa sería una vía para darle transparencia, estabilidad y credibilidad a un nuevo Canal Once. De ocurrir un cambio de esas dimensiones, tendría que estar precedido por una decisión generosa –y realista– del Instituto Politécnico Nacional para dejar que la emisora que nació bajo su cobijo siga creciendo y adquiera el estatus jurídico necesario para que ofrezca un mejor servicio a la sociedad.

La decisión fundamental tendría que ser del gobierno del presidente Calderón: más repetidoras, para un Canal sometido a la supervisión de Bucareli, no sería avance sino involución.

El gobierno puede impulsar una televisora auténticamente pública, aunque las definiciones recientes del presidente y su partido en materia de medios de comunicación no dejan mucho margen para suponer que apostarán por la pluralidad, la competencia y la calidad en la televisión.

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Written by Raúl Trejo Delarbre

mayo 7, 2010 at 3:49 am

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Congreso en línea y las propuestas de Zedillo

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Una de las muchas consecuencias del terremoto en Chile fue la cancelación del V Congreso Internacional de la Lengua Española que tendría que haber concluido hoy en Valparaíso. El lunes pasado, al constatar la magnitud de los daños, los organizadores de ese evento y el gobierno de Chile decidieron suspender el Congreso cuya inauguración estaba prevista para el martes 2 de marzo.

Pero no todo se perdió. Desde ayer, las ponencias que habían sido preparadas para ese encuentro comenzaron a ser colocadas en el sitio web del congreso, de tal manera que podrán ser conocidas por los interesados en las vertientes, usos y dilemas de la lengua española. Hasta ahora los organizadores de ese sucedáneo virtual no han abierto espacios de discusión de las ponencias, o foros de encuentro en donde con recursos como los del chat podría haber deliberación en tiempo real, como se le llama en Internet a la concurrencia simultánea de varios usuarios de la Red.

La causa de fuerza mayor que hoy mantiene apesadumbrados a los chilenos y a los muchos amigos de esa nación, interrumpe la celebración de los congresos de la lengua española que comenzaron en 1997 en Zacatecas. Luego hubo reuniones similares en Valladolid, España (2001), Rosario en Argentina (2004) y Cartagena en Colombia (2007). El de Valparaíso sería el quinto congreso y el tema central habría sido “América en Lengua Española” para orientar la discusión hacia el papel que desempeña nuestro idioma en las formaciones nacionales que surgieron hace 200 años.

Con motivo de la cancelación del Congreso, además de los contenidos que estará difundiendo el sitio oficial del encuentro en Valparaíso, el suplemento “Babelia” del periódico El País abrió un espacio de entrevistas en línea con algunos escritores. Curiosamente, el sitio web del Congreso no anuncia el de El País, ni viceversa. En todo caso el talento de algunos de los entrevistados en el espacio de ese diario lo hacen muy visitable. Ayer alguien le preguntó al escritor Javier Marías qué palabra utilizaría para definir a la clase política española. El autor de Tu rostro mañana respondió con precisión: “Si sólo ha de ser una, cochambrosa”.

Los congresos de la lengua han reunido a dirigentes políticos, periodistas, académicos y empresarios para intercambiar opiniones no solamente acerca del uso sino también la vigencia del español. Allí se encuentran lo mismo meticulosos filólogos interesados en las mutaciones formales de las palabras, que conductores de televisión por lo general despreocupados respecto de la corrección idiomática, u hombres de negocios motivados por las posibilidades del idioma español en las industrias de las comunicaciones.

El programa del Congreso en Valparaíso preveía la presentación de unas 130 ponencias. Entre las que ayer estaban en línea se encuentra la participación enviada por el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo a quien le tocó inaugurar, junto con el rey español Juan Carlos I, el encuentro de hace 13 años.

La de Zedillo es una ponencia bien escrita, con señalamientos precisos y con una amplia presentación dedicada a recordar el Congreso de Zacatecas. Luego reconoce la preponderancia del inglés como lingua franca de la globalización contemporánea, a pesar de lo cual “la triple w, la Internet, todos los demás emisarios del mundo global no han logrado mellar nuestra identidad ni nuestra lengua”.

Esa globalización tanto en el uso de la lengua como en los mecanismos de los que disponemos para propagar información, es confirmada cuando Zedillo se apoya en Wikipedia para señalar que actualmente el español es la primera lengua de 425 millones de personas pero además es practicado por otros 87 millones de personas. La nuestra es, en esas condiciones, la tercera lengua más hablada en el mundo, después del chino mandarín y el inglés.

Zedillo menciona la migración de latinoamericanos a otros países y eso le da pie para ocuparse de su tema favorito que es el estancamiento de las economías en casi toda la región. No incursiona, en absoluto, en la eterna polémica sobre la responsabilidad en las terribles vicisitudes financieras con las que comenzó su gobierno en 1994. Su participación, que envió al congreso anunciando que no podría estar en Valparaíso, se refiere a la crisis económica más reciente. Los actuales gobiernos, considera Zedillo, deben mantener “la estabilidad macroeconómica, evitando inflaciones altas y reafirmando la responsabilidad fiscal y monetaria” y fortalecer el ahorro interno.

En ese texto, Zedillo aboga por la economía de mercado pero también por gobiernos fuertes: “Sin gobierno no puede haber economía de mercado, ya que ésta requiere del estado de derecho, cuya creación y vigencia son función primaria y exclusiva del Estado. La justicia y la fuerza para hacerla valer constituyen el único monopolio del cual no puede ni debe abdicar el Estado”. De paso, critica a los países en “donde la democracia ha tendido a debilitarse y subsiste entre la población una obstinada devoción por el populismo”.

La reforma institucional de mayor importancia que hace falta, dice el ex presidente mexicano, “es la del estado de derecho, palmariamente deficiente en casi todos nuestros países. La vigencia del estado de derecho es importante por razones éticas, políticas y sociales. También lo es para alcanzar el desarrollo”.

Cuando acudí al congreso en Zacatecas, me llamó la atención ver al ex presidente Miguel de la Madrid deambular entre los congresistas con toda libertad y sin protección notoria. En el congreso en Valladolid, me tocó escuchar al presidente Fox hablar de “Jose Luis Borgues” para bochorno de los mexicanos que asistíamos a la inauguración en el Teatro Calderón de aquella ciudad castellana. El discurso que Zedillo envió al malogrado congreso en Valparaíso me permite suponer que algún otro ex presidente mexicano hubiera querido ser invitado a eventos como ése, o desearía pasear sin contratiempos por las calles de cualquier ciudad mexicana.

Sociedad y poder se publica los viernes en este espacio

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Written by Raúl Trejo Delarbre

marzo 5, 2010 at 4:12 am

Despistados críticos de la “Generación del No”

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Los firmantes del enjundioso desplegado que se publicó ayer a favor de la reforma política que propuso el presidente Calderón, no tuvieron que esperar demasiado para encontrar respuesta a sus exigencias. Ayer mismo, en el Senado, el grupo parlamentario del PRI dio a conocer su propia iniciativa de reformas y se esperaba que el PRD hiciera lo propio de un momento a otro. Los partidos, con esas iniciativas, confirman que la propuesta que dio a conocer en diciembre pasado el presidente Felipe Calderón dista de ser la única opción para reformar nuestras instituciones políticas.

Los escritores, artistas, periodistas, ex funcionarios, empresarios y académicos que suscribieron el exigente documento titulado “No a la Generación del No”, acusan a los políticos de todos los partidos que, aseguran, “han hecho improductiva nuestra democracia”. Eso se debe, consideran, a la “resistencia al cambio” que ha impedido una nueva reforma política.

La insistencia en las reformas resulta muy saludable, porque parte del reconocimiento de que nuestro desarrollo político ha sido incompleto e imperfecto. Instar a los legisladores para que se pongan a trabajar y, más allá de discrepancias e intereses partidarios sean capaces de pensar en el país, es muy pertinente. También lo es la consideración, implícita en esa como en cualquier exigencia de reformas legales, que advierte la legitimidad del Congreso y la capacidad de las instituciones políticas para enmendarse a sí mismas.

Pero el desplegado y sus autores se equivocan en el diagnóstico de los problemas políticos del país, así como en la propuesta que defienden.

Según autores y firmantes de ese documento, existe un “bloqueo persistente al cambio por parte de las fuerzas políticas” y ese estancamiento “tiene detenido a México”. Más que bloqueo, podría hablarse de inercias, resignaciones y conveniencias que han impedido la aprobación de reformas indispensables, aunque no necesariamente las que el presidente Calderón y sus recientes adherentes consideran como tales. La ausencia de las reformas que hacen falta es responsabilidad antes que nada de la clase política, sin duda. Pero también de la sociedad, especialmente de sus segmentos más activos que han soslayado ese igual que muchos otros asuntos nacionales.

El documento promovido por Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles y Jorge G. Castañeda, reitera que “las reformas de fondo que el país necesita” llevan detenidas 13 años. Se les olvida que hace poco más de dos años, a fines de 2007, el Congreso reformó la Constitución y más tarde la legislación electoral para modificar las reglas de la propaganda electoral, entre otros cambios. Aquellas reformas tuvieron aspectos discutibles pero no se puede sostener que los legisladores no se han ocupado de asuntos electorales e institucionales en más de dos sexenios. Varios de los firmantes del documento publicado este martes 23 de febrero impugnaron aquellas reformas, especialmente la prohibición que les quitó a las televisoras el enorme negocio que hacían vendiendo espacios para spots políticos.

Las reformas al régimen político son bienvenidas. Pero las que propone el presidente Calderón no son las únicas. Numerosos analistas las han cuestionado por insuficientes pero también por erróneas, como sucedió en el foro del mes pasado en el Senado. Aquí mismo, en cuanto se dieron a conocer, señalamos contraluces de la iniciativa del presidente.

Entre las propuestas del presidente Calderón hay medidas relacionadas con el Congreso (reelección consecutiva, disminución del tamaño de ambas cámaras). Otras, tienden a solidificar el régimen presidencial (segunda vuelta, iniciativas de trámite preferente, observaciones al presupuesto). Alguna más, eleva el porcentaje de votación a los nuevos partidos para obtener su registro con lo cual se favorece a los partidos actualmente existentes. Y hay dos propuestas dedicadas a los ciudadanos que quieren hacen política al margen de los partidos: candidaturas independientes e iniciativa ciudadana.

Los severos señalamientos a lo que falta y sobra en esa iniciativa, llevaron al gobierno a sostener que las propuestas de Calderón reivindican el interés de los ciudadanos por encima de las conveniencias de los partidos. Pero la iniciativa presidencial no se trata de eso. Las dos medidas que aparentemente dan fuerza a los ciudadanos que están al margen de los partidos terminan favoreciendo la organización política, sin la cual serían incapaces de promover iniciativas de reforma y candidatos independientes.

Los promotores del desplegado “No a la Generación del No” comparten, de manera sorprendentemente acrítica, el discurso engañoso de la presidencia de la República. Es falso que en la iniciativa de Calderón “los beneficiarios son los ciudadanos, no los partidos”. Así dice la propaganda de Los Pinos, pero resulta lamentable que eso sostengan analistas políticos y ex funcionarios –entre ellos el ex presidente Ernesto Zedillo– tan habitualmente cuidadosos en el examen que hacen de la situación nacional.

Por lo demás, si se trata de enjuiciar a la generación del no habría que comenzar por ser autocríticos. En el desplegado es suscrito por ciudadanos que cuando tuvieron responsabilidades públicas no siempre se distinguieron por su aptitud reformadora. Pero además todos, o prácticamente todos ellos, forman parte de la misma generación de los políticos cuya inacción cuestionan. Si hay una generación del no que ha sido incapaz para reformar al país, de ella somos parte todos los que llevamos varias décadas discutiendo, detestando, contemplando o usufructuando –según sea el caso– al sistema político.

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Written by Raúl Trejo Delarbre

febrero 24, 2010 at 4:16 am

Habermas en Twitter

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(La matanza del domingo en Ciudad Juárez es tan pavorosa que la gran mayoría reacciona con estupefacciones, lugares comunes, condenas catárticas y, desde el flanco de los funcionarios, con declaraciones trilladas que oscurecen aún más ese episodio. Dejamos el comentario de ese tema para una próxima ocasión).

Finalmente resultó que era falso, pero mientras se esclarecía su identidad 6264 personas se anotaron como seguidores de una presunta cuenta del filósofo alemán Jürgen Habermas en Twitter. Varias veces por semana, durante tres meses, el autor de ese espacio apócrifo colocó breves extractos de un ensayo del autor de Historia y crítica de la opinión pública.

El engaño, quizá inicialmente no intencional, comenzó en noviembre pasado. Pocos usuarios de Twitter advirtieron que había mensajes colocados por un tal “JHabermas” hasta que, a mediados de enero, los interesados en esos textos aumentaron por centenares. La seducción que ejercía la posibilidad de que Habermas, tan reacio a la publicidad, estuviera poniendo a circular pequeñas dosis de su pensamiento en Internet, llevó a muchos estudiantes y profesores de filosofía a suscribirse a esa cuenta de Twitter. Incluso, hubo estudiosos de la obra de Habermas que quisieron encontrar en esa presunta incursión cibernética del filósofo una confirmación de sus lecturas de algunos de los párrafos más crípticos de ese autor.

Finalmente, a comienzos de esta semana, el periodista Jonathan Stray le llamó por teléfono al autor de Teoría de la acción comunicativa y confirmó que los envíos de Twitter no eran de Habermas. El filósofo, que cumplió 80 años en junio pasado, ya estaba enterado de esa suplantación y respondió: “No, no, no. Es alguien más. Están mal empleando mi nombre”.

Habermas añadió: “Mi correo electrónico no está disponible al público”. Como saben sus usuarios, Twitter no es un servicio de correo electrónico. Así que al venerable filósofo alemán ni siquiera le ha interesado enterarse de qué se trata.

Solamente con mucho voluntarismo se pudo haber creído que los mensajes en Twitter eran de Jürgen Habermas. Quienes conocen la obra de ese autor están al tanto de la densidad, a veces incluso adyacente con la confusión, que hay en sus escritos y categorías más conocidos. Se trata de un pensador, por añadidura alemán, proclive a la explicación densa y extensa: todo lo contrario a los 140 caracteres que, como máximo, se pueden escribir en un mensaje de Twitter.

La deliberación racional como elemento constitutivo de la esfera pública, que es una de las ideas clave en el pensamiento de Habermas,  sólo ocasionalmente se realiza en Internet. Abierta a contenidos de toda índole, dominada más por las trivialidades que por la reflexión, la Red de redes ha sido poco propicia para ese intercambio de razones. Algunos estudiosos, como el profesor Peter Levine, de la Universidad de Tufts, en Massachusetts, se han referido a Twitter para ejemplificar la idea de esfera pública propalada por Habermas. Pero el mismo Habermas ha expresado desconfianza acerca de las capacidades de Internet.

En un discurso que ofreció en 2006 al recibir un premio en Viena, Habermas manifestó: “El uso de Internet, ha ampliado y fragmentado, al mismo tiempo, los contextos de la comunicación. A eso se debe que Internet pueda tener un efecto subversivo en la vida intelectual dentro de regímenes autoritarios. Pero a la vez la vinculación cada vez menos formal, la reticulación horizontal de los canales de comunicación, debilita los logros de los medios tradicionales. Esto enfoca la atención de un público anónimo y disperso en asuntos y en información específicos, permitiéndole a los ciudadanos concentrarse en los mismos temas críticamente filtrados y en las piezas periodísticas en cualquier momento. El precio que pagamos por el crecimiento del igualitarismo ofrecido por Internet es el acceso descentralizado a historias no editadas. En este medio, las contribuciones de los intelectuales pierden su capacidad para enfocar un discurso”. (Ese fragmento de Habermas es comentado en un ensayo acerca de Internet como expresión y extensión del espacio público).

Así que, de haberse reconvertido en twittero, Habermas habría rectificado sus, por lo demás, atendibles reparos acerca de las limitaciones de Internet.

El anónimo suplantador que durante varias semanas les hizo suponer a varios miles que se trataba del filósofo alemán, colocó la noche del lunes (tiempo de México) dos últimos mensajes. Uno, dirigido a sus lectores, solicita: “Discúlpenme por hacerles creer (al menos a algunos de ustedes) que era Habermas”. El otro, para el autor suplantado: “Y finalmente, aunque no al último, por favor, prof. Habermas, discúlpeme por hacer que algunos le llamaran sólo para verificar”.

En todo caso más de 6 mil personas quisieron recibir, aunque fuera dosificados en un par de líneas o quizá por eso, pensamientos que creyeron eran de Juergen Habermas. En Twitter, como en el resto de Internet, hay de todo. También hay apetito por las ideas.

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Written by Raúl Trejo Delarbre

febrero 3, 2010 at 3:48 am

Publicado en Cultura, Medios

Tapabocas

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El tapabocas es nueva señal nacional de identidad. Tiene una función profiláctica pero también social y simbólica. Usarlo, desde el punto de vista que campea en las calles y los medios, es santo y seña de responsabilidad. A quienes prescinden del tapabocas se les considera negligentes o, peor aún, contaminadores potenciales. La epidemia de influenza ha mostrado algunas de las mejores virtudes de los mexicanos pero también, detonadas por el desconcierto y el miedo, propicia expresiones de intolerancia.

Traer tapabocas denota compromiso con los demás. Es una manera de asumirse parte de los amenazados pero también de los que resisten al riesgo. “Tras el tapaboca se puede leer si se asume el reto colectivo de reconstruir la salud pública o se milita en la indiferencia” escribió Rodrigo Morales. Millones de mexicanos se han aferrado al tapabocas como barrera entre el virus y la salud que todos queremos preservar. De las medidas de higiene que las autoridades sanitarias recomendaron desde el primer momento de la emergencia, el tapabocas se convirtió en recurso indispensable y, por eso, ha sido tan encarecido.

Repartir tapabocas fue tarea encomendada a miembros del Ejército Mexicano desde la semana antepasada. Podría suponerse que nuestros soldados tienen deberes más relevantes pero sobre todo más especializados. No es usual ver al Ejército en las calles de la ciudad de México pero nadie cuestionó esa labor que, al contrario, suscitaba sorprendidos agradecimientos.

La especulación con los tapabocas llegó al grado de que algunos vivales los vendían hasta en 50 pesos cada uno. Las autoridades judiciales dijeron que perseguirían la venta ilegal de ese producto pero ¿desde cuándo es legal la venta de cualquier artículo en la calle?

Los especuladores más avispados han sido los que, con propósitos políticos, se suben al tren de la angustia ciudadana poniéndose e incluso repartiendo tapabocas. El gobernador veracruzano Fidel Herrera, a pesar de las exigencias que enfrenta para que explique la contaminación en las Granjas Carroll, se dio tiempo para mostrar el “tapabocas jarocho”: un paliacate con cordones amarrados a cada lado. En varios estados, ahora que comenzaron las campañas formales rumbo a las elecciones de julio, hay quienes se han propuesto distribuir tapabocas con emblemas partidarios. Y en Ciudad Victoria, por hacer una broma insulsa al colocarse dos tapabocas simulando que eran un sostén, el diputado local Raúl Bocanegra desató la furia de los dirigentes del Partido Verde que aseguraron que lo van a expulsar por haber “faltado el respeto a la sociedad mexicana”.

Si se tratase de respetar a la sociedad, los líderes del PVEM tendrían un amplio inventario de faltas tan sólo con mirarse al espejo de sus acciones cotidianas. Pero la reacción arrebatada que tuvieron es emblemática de la mitificación que se hace del tapabocas. De instrumento para coadyuvar en la higiene contra la influenza, se ha convertido en emblema de la nueva idiosincrasia mexicana.

Afortunadamente la sociedad misma, acaso sin dejar de usarlo, hace del tapabocas motivo de ocurrencias y humor como se aprecia en chispeantes maneras para decorarlos. Los tapabocas con figuras, colores, diseños y gracejadas de lo más variadas, son muestra de la personalización que muchos, sobre todo jóvenes, hacen de ese instrumento. Y son expresión del rechazo a resignarse a la masificación que la emergencia subraya.

Los tapabocas son motivo de solidaridad, cuando se les obsequia o al menos en las comedidas recomendaciones para hacer tapabocas caseros. También han sido utilizados para engañar y robar, como ocurre con un misterioso asaltante en León al que se le imputan varios atracos.

Recurso de protección, distintivo en la contingencia, prenda de moda, el tapabocas para algunos es recurso incuestionable y casi mágico. Por eso causaron tanta desazón las declaraciones del doctor Miguel Ángel Lezana, director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades y que ha sido uno de los especialistas más comprometidos en el combate a esta epidemia.

Cuando el reportero Pablo Ordaz, de El País, fue a entrevistarlo a su oficina, encontró que nadie en esa área de la Secretaría de Salud usaba tapabocas. Es que son demasiado porosos para impedir el paso de las partículas pero, además, “es muy poco viable que el virus pueda transmitirse por el aire sin estar en contacto con ninguna superficie”, explicó el epidemiólogo. ¿Por qué entonces el gobierno ha repartido millones de ellos?, replicó el periodista. “Bueno, es más una demanda de la población. La gente se siente más segura llevándolas, más tranquila, y no les hace ningún daño” respondió el doctor Lezana.

No lo hubiera hecho. La reacción mediática brincó pronto del asombro al disgusto. ¿Cómo que los tapabocas no sirven? Lezana dijo simplemente que no bastan para contener al virus y reiteró las recomendaciones fundamentales: lavarse las manos, no tocarse el rostro, etcétera. La declaración del doctor Lezana era científicamente adecuada pero, en el clima de sobresalto y confusión que seguimos viviendo, resultó políticamente incorrecta. El tiempo le dará la razón aunque por lo pronto haya sido considerado, casi, como apóstata de esa nueva devoción nacional al tapabocas.

Por lo pronto la discusión ha llegado a espacios de seriedad incuestionable como el servicio en español de la BBC de Londres que se pregunta “¿Sirven para algo las mascarillas?” (y en donde las respuestas de varios científicos coinciden con la apreciación del doctor Lezana). El tapabocas es útil, pero no basta.

Más allá de tales aprensiones, o como expresión retozona de ellas, ya se conoce la Cumbia del tapabocas que hizo un grupo musical de San Luis Potosí. Y también, en ritmo de rap, mejor producido y más politizado, el video Ponte tapabocas. Están en YouTube y se pueden mirar… sin tapabocas

Written by Raúl Trejo Delarbre

mayo 4, 2009 at 5:16 am

Profesores reprobados

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emeequis, 25 de agosto

El concurso de selección para nuevas plazas en la SEP mostró las ingentes limitaciones de un magisterio mal preparado, reacio a desarrollar sus conocimientos, incompetente para enfrentar las responsabilidades cardinales que tiene con sus alumnos y el país.

Algunos medios dieron cuenta de los datos más generales, y de suyo contundentes, en la evaluación realizada por la SEP.

De 71 mil profesores que se presentaron a concursar por algo más de 8 mil 200 plazas, siete de cada diez no alcanzaron la puntuación requerida para acreditar el examen.

Sin embargo la situación es peor de lo que se ha dicho en distintos medios.

De esos 71 mil, algo más de 17 mil 600 son profesores que ya imparten clases en la educación básica pero que no cuentan con plaza fija. Otros 53 mil 400, son recién egresados de escuelas normales que buscan incorporarse a las tareas para las cuales estudiaron.

De los profesores en activo que presentaron el examen, 6 de cada 10 lo reprobaron de acuerdo con los parámetros de medición que establecieron la SEP y el sindicato. De quienes aspiraban a ingresar al servicio docente, la reprobación fue de 7 de cada 10.

Esos criterios disimulan una situación todavía más terrible. El examen al que se sometieron los 71 mil maestros tenía 80 preguntas. Pero quienes lo aprobaron no fueron necesariamente aquellos que alcanzaron más de la mitad de respuestas acertadas sino quienes recibieron más de 70 puntos, de acuerdo con un sistema de evaluación que adjudicó 100 puntos al examen que tuvo mayor cantidad de respuestas correctas en cada estado del país y en cada categoría del concurso.

Por ejemplo: el profesor en activo de todo el país que más aciertos logró trabaja en Guanajuato, compitió por una plaza de primaria y respondió acertadamente a 75 de las 80 preguntas. Esa cantidad de aciertos estableció el límite máximo de 100 puntos con el cual fue calificado el resto de sus colegas en esa categoría y en ese estado. Los dos profesores que le siguieron tuvieron 72 aciertos, que fueron equivalentes a 96 puntos. Otros dos tuvieron 71 respuestas correctas que significaron 95 puntos, y así hacia abajo.

Pero al establecer que la calificación al docente con más puntuación en cada estado y categoría determinaría el indicador para todos los demás, el examen abatió la calidad de los resultados, y de esa manera en la medición de la capacidad de los profesores, en las entidades donde los profesores padecen más deficiencias. En Chiapas, por ejemplo, la mejor calificación en el concurso para docente de matemáticas la obtuvo un profesor que acertó solamente a 29 de las 80 preguntas. Ese profesor, como fue menos malo que cualquiera de sus colegas en esa categoría, tuvo 100 puntos. El que le siguió, respondió adecuadamente a 28 de las 80 preguntas y, en la escala así establecida, alcanzó 97 puntos. El primero de ellos, es un profesor con casi 10 años de servicio. El otro, lleva 8 años dando clases.

El ejemplo que mencionamos no es el de las peores calificaciones. Hay profesores en activo que tuvieron 20 de 80 aciertos pero que aprobaron gracias a esa escala para calificarlos.

Las plazas disponibles, que son casi 5400 para los 7150 docentes en servicio que alcanzaron más de 70 puntos en todo el país, serán adjudicadas de acuerdo con criterios específicos en cada entidad.

Para los 704 profesores que superaron esa puntuación en Guanajuato, hay únicamente 66 plazas, así que la selección dejará fuera a la gran mayoría.

Pero en Chiapas concursaron únicamente 92 profesores, de los cuales 59 alcanzaron la puntuación necesaria. Y para los docentes de esa entidad hay 1103 plazas disponibles. Así que el profesor de inglés que solamente tuvo la cuarta parte de los aciertos posibles, o los de matemáticas que atinaron a 29 y 28 de 80 preguntas, tienen su plaza asegurada. La situación entre los egresados de escuelas normales y que apenas pretendían una plaza revela aun mayores deficiencias.

La secretaria general del SNTE le echa la culpa de esa desastrosa preparación a las autoridades de la SEP. Pero cuando en una entrevista le preguntaron cómo debía ser la formación de los estudiantes en México, dijo que le “gustaría contar con niños inventativos”. La declarativa, activa y ahora inventativa Elba Esther Gordillo, expresa palmariamente las carencias de un gremio refrenado por el sindicato que ella usufructúa.

Written by Raúl Trejo Delarbre

agosto 25, 2008 at 1:07 am

Publicado en Cultura

Inquietos intelectuales

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La Crónica, 3 de julio

Los 15 ciudadanos, todos ellos dedicados a tareas intelectuales, que en diciembre pasado solicitaron un amparo contra uno de los puntos de la reforma constitucional en materia electoral, se han inconformado porque la Suprema Corte de Justicia no ha resuelto acerca de esa petición. La justicia debe ser expedita, desde luego. Pero no puede dejar de tomarse en cuenta que existen pasos y plazos judiciales que en ese caso apenas se han venido cumpliendo. Primero, el amparo ha debido ser admitido por el juez ante el que se presentó. Más tarde, la Suprema Corte resolvió estudiar si le daba entrada, o no, a ese y otros amparos similares. En eso están los magistrados. Sin embargo con motivo de la queja de Los Quince las cadenas nacionales de televisión desataron una nueva andanada de estrépito y distorsiones contra la Suprema Corte, a cuyos integrantes no les perdonan la decisión que hace un año desbarató la Ley Televisa.

Habitualmente perspicaces y siempre respetables, Los Quince intelectuales inconformes con un aspecto específico de la reforma constitucional no han parecido estar interesados en las consecuencias políticas de ese reclamo. No les han inquietado los nada desinteresados respaldos que esa causa ha encontrado en los consorcios comunicacionales. Tratándose de ciudadanos tan inteligentes y atentos a los asuntos públicos, esa coincidencia tendría que estarles preocupando pero no parece que ocurra así. Apenas ayer, en Milenio, Héctor Aguilar Camín publicó un claro deslinde respecto de Televisión Azteca en donde se ha dicho que la reforma constitucional convierte a México en una dictadura o algo así.

Resulta demasiado esquemático suponer que todo asunto que concite el aplauso de Televisa y Televisión Azteca resulta, solo por eso cuestionable y sospechoso. Pero en este caso vale la pena preguntarse por qué esos consorcios, que han conculcado, expropiado y acaparado como ningún otro organismo o institución la libertad de expresión en este país, ahora respaldan a quienes están convencidos de reivindicar esa libertad. Esa es una implicación que Los Quince promotores de la demanda de amparo todavía no explican.

La reforma constitucional promulgada en noviembre pasado establece que solamente la autoridad electoral podrá ordenar la transmisión de propaganda en radio y televisión, utilizando para ello el tiempo del cual dispone el Estado en esos medios. Ni los partidos, ni organización o persona alguna, podrán comprar tiempos, para esos fines, en los medios electrónicos.

A Los Quince ciudadanos les parece que la imposibilidad para comprar espacios de propaganda en radio y televisión conculca su libertad de expresión. Se refieren a la adición, incorporada a uno de los nuevos apartados del Artículo 41 Constitucional, que establece:

“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”.

Como sosteníamos aquí mismo, el pasado jueves 3 de enero, los espacios de discusión e información seguirán existiendo en medios de toda índole, y desde luego también en televisión y radio. La libertad para expresarse en ellos no varía, porque nunca ha dependido de la posibilidad de comprar tales espacios. Desde hace más de una década la legislación electoral prohíbe a los particulares la compra de propaganda de esa índole en medios electrónicos. Lo que hacen ahora la reforma constitucional y las adiciones al Código Electoral es señalar sanciones a quienes infrinjan esa taxativa.

La demanda de amparo de Los Quince padece numerosas imprecisiones y exageraciones. Tomemos por ejemplo uno de los párrafos, acotado por el farragoso tono del alegato jurídico, en donde sintetizan algunas de sus posiciones y que aparece en la página 69 de su solicitud de amparo: “desde el momento mismo en que el artículo 41 constitucional reformado modifica los valores superiores de la democracia deliberativa y limita a los hoy quejosos el ejercicio libre de su autonomía para expresarse, informar y generar la discusión pública sobre los temas que interesan a la sociedad; desde el momento mismo en que el citado artículo 41 reformado impone a los quejosos la obligación inmediata de abstenerse de contratar espacios en los medios de comunicación masiva, radio y televisión, en los que  promuevan el debate público sobre la dirección social y donde prevalezcan los principios más que los intereses; y desde el momento mismo en que la reforma constitucional desalienta el ejercicio democrático, en tanto que éste exige la deliberación libre y pública sobre los méritos de las políticas a adoptar en el ámbito público; resulta que esta modificación constitucional altera y frustra el derecho humano a la libre expresión de las ideas y, por consecuencia, del derecho a informar”.

La democracia deliberativa supone espacios y libertad, pero también condiciones de equidad para la discusión pública. El apartado que inquieta a Los Quince, lejos de trastocar los valores de esa democracia los solidifica. Se trata de que el peso del dinero de quienes podrían contratar espacios en radio y televisión no se convierta, como ya ha sucedido en México, en un factor disruptivo de tal equidad.

A los quejosos no se les limitan sus posibilidades de expresión en ningún medio. Lo único que no podrán hacer es pagar dinero por opinar en medios electrónicos. De hecho, varios de los demandantes se encuentran en la situación inversa: a ellos las televisoras o radiodifusoras les pagan por opinar. Así, y qué bueno, seguirá ocurriendo.

El ensortijado lenguaje jurídico del párrafo antes citado conduce a serios resbalones conceptuales. La reforma constitucional no impone una “obligación inmediata” sino una restricción, que no es lo mismo. Y en los espacios que no se podrán contratar podría haber no solo mensajes edificantes y nobles sino, antes que nada, de acuerdo a la experiencia mexicana reciente, contenidos muy lejanos de los principios democráticos.

Sin embargo, debido a esa sustitución de la precisión jurídica por la ambigüedad retórica, el alegato de Los Quince vuelve premisa –sin haberla demostrado– una de sus presuntas conclusiones: “la reforma constitucional desalienta el ejercicio democrático”. Si ese ejercicio dependiera de la capacidad de los particulares para pagar anuncios en televisión y radio indudablemente estaríamos ante una situación grave. Pero lo que hace la reforma constitucional es liberar al sistema político de la dependencia creciente que ha experimentado respecto de los medios electrónicos.

Por eso, sostener que la mencionada modificación “altera y frustra” la libre expresión de ideas no solamente es, por decirlo de manera leve, exagerado. Además coloca a quienes suscriben ese documento al borde de una lamentable abdicación intelectual. La mayor parte de Los Quince firmantes de esa demanda son ciudadanos que han tenido enormes méritos por su quehacer intelectual, es decir, por la elaboración y propagación de ideas con inteligencia y calidad expresiva. Es una pena que demeriten indirectamente ese notable trabajo al sostener que la falta de spots en televisión y radio impedirá la circulación de ideas en la sociedad mexicana: como si las ideas y la creatividad que varios de ellos mismos han aportado a la cultura y la deliberación mexicanas pudieran reducirse a 20 segundos en televisión. Tampoco la información que requiere la sociedad mexicana depende de los anuncios políticos pagados por particulares.

El apartado constitucional impugnado por esos ciudadanos prohíbe la contratación de propaganda en medios electrónicos pero no es del todo claro si solamente durante campañas electorales, o en todo momento. El jurista Pedro Salazar, en un acucioso texto que apareció en Nexos de mayo, explica ese flanco equívoco de la reforma del año pasado.

Otro tema, que Los Quince no impugnaron en su demanda de amparo aunque varios de ellos lo han mencionado como si formase parte de ella, es la proscripción, consecuencia de la misma reforma, a las expresiones que en la propaganda de los partidos “denigren a las instituciones y a los propios partidos”. La ambigüedad de esa disposición ha llevado a la autoridad electoral a excederse al calificar los anuncios de varios partidos políticos.

Precisar si la prohibición para contratar propaganda en medios electrónicos es permanente o solo en épocas de campañas y definir los alcances de la denigración entre partidos, podrían ser dos temas que acoten, sin trastocarla, la reforma constitucional en materia electoral. Lamentablemente Los Quince impugnadores de uno de los temas de esa reforma, tan puntillosos como han sido, no se han preocupado de esos otros aspectos.

ALACENA: Gabriel Sosa Plata

Intolerantes ante una mirada crítica que no los favorece como quisieran, algunos directivos y empleados del Grupo Imagen desataron una andanada de descalificaciones contra el maestro Gabriel Sosa Plata, prestigiado profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y uno de los más laboriosos analistas de las telecomunicaciones y los medios en nuestro país. El martes de la semana pasada, en su columna de El Universal, Sosa Plata se refirió a las irregularidades que precedieron, hace dos años, a la venta de los derechos de transmisión del Canal 28. En aquel tiempo la injerencia de Marta Sahagún y su marido para propiciar esa transacción fue comentada en numerosos medios.

Al día siguiente, miércoles 25, el director de Grupo Imagen, Ernesto Rivera, envió a ese periódico una carta en donde, lejos de hacer precisiones a la información publicada por ese investigador, intentó desacreditarlo debido a la relación profesional que un hermano de Gabriel Sosa Plata tuvo con el gobierno anterior. Y ese día en Excélsior, diario propiedad de Imagen, en un texto tan vergonzoso que fue retirado y modificado en el sitio web de ese periódico, la comentarista Yuriria Sierra también eligió la vía del ataque personal contra dicho académico.

La seriedad de Sosa Plata, verificada en sus libros y ensayos, en la meticulosidad de sus textos periodísticos y en el respeto que se ha ganado durante años, no se vulnera con esos infundios. En Grupo Imagen hay comunicadores responsables y profesionales. Otros, lamentablemente, prefieren la alharaca y la intolerancia para responder ante opiniones y datos que no les gustan.

Written by Raúl Trejo Delarbre

julio 3, 2008 at 2:46 pm

Publicado en Cultura, Elecciones, Justicia

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