Sociedad y poder

¿Corre algún riesgo la democracia en México?

La democracia siempre, en todas las circunstancias, experimenta riesgos. Máxime en situaciones como la mexicana, en donde tenemos una democracia joven, vital, en varios sentidos inexperta e insuficientemente consolidada. La democracia mexicana es sólida en el plano formal, que se manifiesta sobre todo en las elecciones. A diferencia del pasado reciente (antes de los años 90) hoy en día contamos con reglas e instituciones eficientes para organizar y verificar los resultados de las elecciones. Sin embargo los protagonistas esenciales del juego político, que son los partidos, no parecen estar suficientemente dispuestos a interiorizarse ni a comprometerse todo lo que hace falta con las prácticas y sobre todo los compromisos que la democracia supone e impone.

Los tres partidos nacionales padecen rezagos respecto de las prioridades democráticas. Acción Nacional, el partido en el gobierno, no ha sabido tomar distancia del presidente de la República del que se ha convertido, como en los viejos tiempos del autoritarismo presidencial mexicano, en comparsa más que en contrapeso; el PAN ha sido incapaz para renovar su estructura interna, mantiene un viejo discurso conservador que resulta cada vez más contradictorio con nuevas exigencias del país y con frecuencia cede a la tentación de cobijarse en viejos sectores corporativos que proverbialmente han sido refractarios a la democracia (los caciques sindicales, la jerarquía eclesiástica, los empresarios más poderosos).

El viejo PRI (Revolucionario Institucional) que gobernó México durante siete décadas, podría decirse que resurge de sus cenizas excepto porque nunca quedó del todo calcinado y aunque perdió la presidencia en 2000 mantuvo posiciones en gobiernos estatales y el parlamento que hoy le permiten ser la opción política con más posibilidades de ganar tanto las elecciones intermedias de 2009 como los comicios presidenciales que habrá tres años más tarde. Se trata de un partido incapaz pero además profundamente reacio a renovarse. En el PRI se mantienen las arcaicas prácticas que hicieron de la antidemocracia el alma de la cultura política mexicana durante tanto tiempo.

Y en lo que algunos consideran el flanco izquierdo, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, vive escindido entre los dirigentes de vocación reformadora que ocupan la dirección nacional y los sectores de propensión clientelar, populista y patrimonialista que se identifican con el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Ambos sectores en el PRD se han forjado en la cultura política priista a la que no parecen estar dispuestos a renunciar.

Así que los riesgos para la democracia mexicana están enraizados en sus estructuras políticas. También los hay en los grupos de interés que en ocasiones adquieren tal influencia que se les ha podido denominar “poderes salvajes”: los medios de comunicación que permanecen mayoritariamente en manos de acaparadores y agresivos empresarios, por ejemplo.

La expresión más brutal de esos poderes salvajes se encuentra en la delincuencia organizada, que en México ha tenido un crecimiento inmenso debido a la negligencia de gobiernos anteriores, a las redes de complicidad y negocios que encuentra en toda la región (lo mismo al norte que al sur de nuestro país) y sobre todo debido a la impunidad que la corrupción y la debilidad del Estado ha favorecido a los grupos criminales.

Hoy en día, sin duda, la amenaza más grave no solo para la democracia sino para el Estado mexicano mismo se encuentra en el poder del narcotráfico cuyas vendettas internas y contra las corporaciones policiacas que lo persiguen han dejado varios miles de muertos en los meses recientes. Las dimensiones de esas venganzas y represalias dan idea de la extensión social y territorial que ha alcanzado el narcotráfico, pero también de una cierta eficacia inicial en el combate que el Estado ha emprendido contra esos grupos delincuenciales. Hoy en día la sociedad mexicana tiene miedo debido a la proliferación y al conocimiento que tenemos, gracias a los medios de comunicación, de los hechos criminales. Pero si el gobierno del presidente Felipe Calderón no hubiera incrementado notablemente la persecución al narcotráfico, la situación sería mucho peor aunque quizá no nos percataríamos de ella de manera tan dramática.

En diciembre del año pasado, el periodista español Txema Santana me envió un cuestionario sobre la situación política y los medios de comunicación en México. El texto anterior constituyó la primera de mis respuestas a esas preguntas.

El golpe de Estado en Honduras mereció cuestionamientos desde todos los flancos del entramado político y en las más diversas latitudes. Los gobiernos latinoamericanos, la Unión Europea, la Casa Blanca, la OEA y la ONU, condenaron la actuación de los militares que el 28 de junio por la madrugada sacaron de la cama al presidente Manuel Zelaya Rosales y lo expulsaron del país.

Ayer en Costa Rica, cuando Zelaya se reunía con el jefe de los golpistas a instancias del premio Nobel Óscar Arias, la repulsa internacional seguía pesando en la búsqueda de una solución constitucional a la crisis hondureña.

La condena a los golpistas, sin embargo, no ha sido unánime. Las simpatías del presidente Zelaya con el gobierno de Hugo Chávez y su propósito para, a semejanza del venezolano, modificar las leyes para mantenerse en el poder, han suscitado algunos reconocimientos a la intervención militar.

Zelaya quería abusar del mandato que le dieron los hondureños y trataba de extender su gobierno convocando a un referéndum que no se realizó debido al golpe castrense. Pero aún en ese exceso, es el presidente que fue designado en una elección democrática. Las alianzas y simpatías políticas que cultivó lo hacen políticamente cuestionable pero ese no es motivo para justificar la acción de los militares.

En la prensa mexicana, sin embargo, han aparecido opiniones que defienden o minimizan el golpe de Estado. En el diario La Razón el periodista Rubén Cortés, en un texto titulado “Hasta aquí el chavismo” que también apareció en el portal El Arsenal, dijo hace algunos días:

“Echar del país por eso al Presidente es una vía extrema, pero la única con visos democráticos para frenar el avance del populismo autoritario, un estilo de gobierno que, en cambio, sí aprendió a manipular la democracia a su favor, sometiendo al poder legislativo y al judicial, al Ejército y la Policía, la prensa y el empresariado”.

Persistente y enterado crítico del autoritarismo en Cuba, el periodista Cortés defiende ahora el autoritarismo de los militares hondureños: “Por eso es importante que quienes echaron a Zelaya en Honduras sean capaces de resistir el juego diplomático de tensión y de paciencia al que están siendo sometidos. Porque son los únicos que han tenido la visión histórica de decidirse a cortar de un tajo la amenaza que representa el eje chavista para el futuro de la libertad en este continente”.

De manera menos enfática, pero disgustado con la condena que hizo el gobierno de México ante el golpe en Honduras, el por lo demás admirable y muy estimado escritor Luis González de Alba considera, en Milenio del 6 de julio: “Legal o ilegal es asunto interno, de hondureños. El único amago de tropas ha sido el de Chávez desde Venezuela. Esa defensa apesta raro. Por eso me asombra que el presidente Calderón llegue a extremos como el retiro del embajador y se una a los Castro, Chávez, Evo Morales, Nicaragua y Ecuador en una toma de partido”.

La nómina de quienes han cuestionado el golpe en Honduras también incluye a José Luis Rodríguez Zapatero, José Miguel Insulza, Michelle Bachelet y Barack Obama. Pero aunque solamente hubieran protestado quienes han simpatizado políticamente con él, la condena al golpe de Estado contra el presidente de Honduras sería pertinente.

Esas opiniones se quedan cortas ante la exaltación que reproduce Javier Ibarrola en Milenio del miércoles 8 de julio. Ese periodista cita la opinión del general de Brigada Jorge Lugo Cital, a quien presenta como “uno de los analistas más brillantes del Centro de Análisis y Opinión de Militares Retirados”:

“¿Qué hacía Felipe Calderón en Nicaragua al lado de Daniel Ortega, Raúl Castro, Correa y Hugo Chávez, condenando el supuesto golpe de Estado en Honduras? Los medios de información masiva lo colocan en una presentación televisiva, junto a las formas de gobierno de esos personajes, incluyendo los 45 mil soldados del Ejército mexicano que tiene Calderón en las calles de nuestra república”.

Ibarrola dice, más adelante: “El análisis del general Lugo Cital se pregunta igualmente si el presidente Calderón había evaluado bien el supuesto golpe de estado, antes de retirar de Tegucigalpa al embajador mexicano”.

Viniendo de un militar mexicano, en un espacio periodístico reputado por el acceso que suele tener a fuentes militares, la calificación del golpe de Estado hondureño como “supuesto” resulta francamente preocupante.

El presidente Zelaya fue depuesto por la fuerza. Las protestas ante esa acción militar han sido sofocadas también de manera violenta.

Defender la legalidad y la democracia en Honduras, igual que en cualquier otro sitio, no implica coincidir con quienes, como Zelaya, son víctimas de acciones ilegales y antidemocráticas. Por eso resultan esclarecedoras reflexiones como las del escritor Sergio  Ramírez, que fue vicepresidente de Nicaragua y que aparecieron en El País del 30 de junio:

“El golpe militar consumado contra el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, ha representado para América Latina el regreso a la era de las cavernas, cuando era signo común que los ejércitos actuaran como árbitros finales del poder político. Los regímenes surgidos de los golpes militares fueron un mal propio de Centroamérica por décadas, lo que ganó a estos países el triste título de repúblicas bananeras, denominador común que se extendió hacia todos aquellos otros donde hubiera un Ejército dispuesto a ejercer sus prerrogativas de gorilato”.

Antiguo militante de la revolución sandinista, Sergio Ramírez fue vicepresidente de Nicaragua y ahora es perseguido por el gobierno de su país, encabezado por algunos de sus antiguos camaradas. El presidente Daniel Ortega, que ha bloqueado los textos y conferencias de Ramírez en Nicaragua, es uno de los aliados más cercanos del depuesto presidente Zelaya. Esa circunstancia le da mayor autoridad a los juicios de Ramírez, cuando dice:

“Los errores de apreciación política del presidente Zelaya, que no advirtió el terreno que estaba pisando, y sus enfrentamientos con el orden legal para promover un cambio constitucional que le permitiera la reelección, como es ahora el impulso de los líderes en el Gobierno en no pocos países de América Latina, se vuelven anecdóticos. Fue depuesto de manera ilegal y brutal, y eso es lo que cuenta”.

El hecho de que se enfrenten al populismo autoritario de Zelaya y Chávez, no hace defendibles a los militares hondureños. No hay que olvidar que los enemigos de nuestros enemigos no siempre son, tan solo por eso, nuestros amigos.

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Se ha convertido en destinataria de los más inclementes reproches políticos; se le culpa del atraso, las pugnas e incluso las engañifas de los partidos; mientras más se la identifica por sus excesos, más se mitifican sus capacidades: la partidocracia es objetada, con y sin razones, por numerosos ciudadanos.

Colocada en el centro del cuestionamiento político, pareciera que mientras más se defiende la partidocracia refuerza mejor las impugnaciones en contra suya. Los reproches de dirigentes de todos los colores políticos en contra de la iniciativa para anular el voto, por lo general no han hecho sino justificar las desavenencias que se tienen acerca de ellos.

Denominarlas partidocracia implica, de inicio, una posición crítica respecto de las dirigencias de los partidos políticos. En todos los partidos tiene que haber jerarquías y las decisiones fundamentales deben estar a cargo de aquellos que han logrado colocarse al frente de cada organización política. Aunque sea de Perogrullo, es preciso recordar que los dirigentes están para conducir a un partido. El problema surge cuando se trata de liderazgos sustancialmente  alejados de sus bases, o de la sociedad a la que pretenden representar.

El cuestionamiento actual a la partidocracia surge precisamente de segmentos sociales que no se consideran identificados con tales partidos ni con quienes los encabezan. En esa apreciación crítica se amalgaman posiciones e intereses muy variados. Esencialmente podría considerarse, con Alberto Aziz, en una explicación acuñada hace tres años:

“La partidocracia, representa el encierro de una clase política que ha sido incapaz de construir acuerdos para consolidar la democracia, y por supuesto, para fortalecer el desarrollo del país. Tenemos a un conjunto de actores políticos obsesionados primero con la sucesión presidencial, y luego por quedarse con la presidencia, sin importar los medios para conseguirlo. Actores que paralizaron cualquier posibilidad reformadora. Partidos que tienen dinero público, mucho dinero y televisión, así que no necesitan ni ciudadanos, ni hacer política”.

En la circunstancia mexicana actual, no puede desconocerse que el reclamo contra la partidocracia ha sido alentado por las corporaciones mediáticas que fueron afectadas con la reforma constitucional que en 2007 canceló la venta de propaganda política en la televisión y la radio. Desde entonces menuderaron los reproches a una partidocracia que, se decía, estaba acaparando el espacio público en detrimento de los ciudadanos. Uno de los voceros de las televisoras exclamó en septiembre de aquel año: “No podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos cuantos dirigentes de partidos políticos”.

Tampoco deberíamos permitir que a la sociedad, o a sus espacios de expresión y deliberación, los secuestre una mediocracia deformadora y convenenciera.

Por eso es pertinente distinguir entre los cuestionamientos a la partidocracia que surgen del interés para restaurar y ampliar privilegios de grupos de presión como los que constituyen las corporaciones mediáticas y las críticas surgidas de otras posiciones, especialmente entre ciudadanos que están en desacuerdo con los actuales partidos.

Las burocracias dirigentes son consustanciales a los partidos. Y los partidos, gústenos o no, son indispensables en las democracias. Podemos decir que son males necesarios. Podemos y debiéramos advertir sus muchas inconsistencias y desde luego sus inconsecuencias y arbitrariedades. Pero sin partidos no hay representación política en una sociedad compleja y de masas como la que tenemos. Sin partidos no hay democracia y en cada uno de ellos resulta inevitable que existan –y desde luego que gobiernen– grupos dirigentes.

Eso no significa que los partidos que ahora tenemos, ni que los grupos que ahora los dirigen, tengan que recibir solamente por eso nuestra adhesión. Por ello las convocatorias para anular el voto no necesariamente atentan contra institucionalidad política ni son antitéticas con la democracia, como con tanta ligereza han sostenido algunos de sus críticos. Pero, por otra parte, quienes a partir de la iniciativa para anular el voto consideran que de esa manera abolirán a la partidocracia, incurren en una actitud demasiado candorosa.

Las dirigencias de los partidos son ineludibles. Precisamente por eso hay que aspirar a que estén sometidas al más estricto escrutinio y, antes que nada, a que a ellas lleguen los mejores dirigentes que sea posible.

Desde luego, la designación de sus líderes y la vigilancia de su desempeño es asunto antes que nada de los miembros de cada partido. Pero también se trata de temas que conciernen al conjunto de la sociedad. No hay que olvidar que los partidos son instituciones de interés público.

Esa condición de los partidos no está suficientemente contemplada en la legislación mexicana. En este país, por motivos diversos, hemos demorado la creación de una Ley de Partidos que establezca mecanismos para asegurar la democracia interna, los derechos de corrientes y minorías, la rendición de cuentas, la revocabilidad y los compromisos públicos tanto de los propios partidos como de sus líderes, entre otros temas.

Contamos con disposiciones que ya obligan a los partidos a informar de su situación financiera y de otras decisiones y que están contenidas en el capítulo sobre Transparencia del actual Código Electoral, pero son tan nuevas y tan escasamente conocidas que no han sido suficientemente cumplidas ni exigidas. Además hace falta una legislación específica para los partidos y no solamente las medidas que establece la normatividad electoral.

La anulación del voto no abolirá a la partidocracia. Pero será un reto a su capacidad de respuesta a las inquietudes de los ciudadanos que no se avienen con ninguno de los partidos tal y como se encuentran ahora. Posiblemente, además, gracias a inquietudes como esas podamos tener una ley de partidos que se origine en el reconocimiento de que las burocracias políticas son inevitables, pero no por ello irremediables.

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Con pocas excepciones –José Woldenberg,  Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Navarrete, entre algunos otros– los críticos de la anulación del voto han replicado con ignorancia y autoritarismo e incluso con posiciones un tanto histéricas. La propuesta, que brincó de Internet a los medios y que se adentra paulatinamente en la sociedad mexicana, agarró desprevenidos a muchos comentaristas y, desde luego, a la llamada clase política.

La propagación de esa iniciativa, hace algunos días, puso fuera de balance a numerosos dirigentes. Habituados a disputar consensos y votos con interlocutores dentro de la institucionalidad política, líderes de todos los partidos reaccionaron con inseguridad y agresividad. “Demagógicos y peligrosos” consideró Jesús Ortega que son los llamados a cruzar la boleta sin preferir a un solo candidato. Germán Martínez Cazares, por su parte, ha despotricado contra los que llama “pontífices del voto nulo”.

Lo que no han querido o no han podido hacer esos y otros dirigentes políticos, es preguntarse por qué la anulación del voto ha sido sugerida desde segmentos tan diversos e incluso discordantes del entramado ideológico mexicano. Cualquier vistazo a las trayectorias públicas y a las preferencias políticas de muchos de quienes apuestan por el voto nulo desmentirá la tesis de la conspiración que con tanta desfachatez han esgrimido algunos líderes partidarios.

La idea de anular el voto no es patrimonio de las derechas ni de las izquierdas. Con ella coinciden críticos de todos los partidos y antagonistas específicos de algunos de ellos, decepcionados de la política realmente existente y descontentos con abusos, privilegios y excesos que han sido perpetrados desde todos los colores partidarios.

A los dirigentes políticos convencionales –que se encuentran en todos los partidos– les ha resultado imposible entender una protesta que no se escuda en un partido específico, que no se adhiere a uno de ellos para descalificar a otro, que no se encauza por las vías tradicionales del quehacer político.

Heterogéneo y no carente de contradicciones entre los intereses y afanes de sus variados promotores, el movimiento por la anulación del voto no es adverso a la institucionalidad política. Algunos críticos de esa iniciativa sostienen que se desentiende de la esforzada marcha que hemos debido mantener para construir nuestra imperfecta pero tangible democracia electoral. Pero no han podido advertir que la anulación del voto es antes que nada una reivindicación del sufragio.

El día de las elecciones miles de ciudadanos irán a las casillas, aguardarán su turno, cumplirán con todos los requisitos legales y en vez de apoyar a un candidato o un partido anularán su voto. Es un desperdicio, dicen algunos cuestionadores de esa medida. Están socavando la democracia, claman los más exasperados.

Pero no se trata de un despilfarro sino de una utilización crítica del voto. ¿Por qué, para expresar nuestra preferencia, hemos de escoger entre el menú de partidos que se nos presenta? ¿Por qué no vamos a tener derecho a decir que ninguna de esas opciones nos gusta? ¿Por qué debemos limitarnos a votar por el menos peor? Ese es el sentido de la anulación. No se trata de un atentado sino de una reivindicación de la democracia.

Más allá de las expectativas que cada quien pueda tener con esa acción, los ciudadanos que anulen la boleta estarán votando con la esperanza de que en elecciones próximas haya opciones políticas que sí les satisfagan.

Eso es lo que, desde su formalismo autodefensivo, no comprenden los políticos tradicionales. El voto nulo no es contra el sistema político sino contra el comportamiento de los partidos que ahora tenemos.

Por eso, encerrados en los esquemas que habitualmente utilizan para evaluar y enfrentar los asuntos públicos, algunos dirigentes y candidatos juzgan la anulación del voto como un atentado contra sus propios intereses. Así, colocado por encima pero no al margen de los partidos ya que aún maneja dos franquicias (PT y Convergencia) López Obrador dice que el voto nulo “beneficia al PRI y al PAN”. El panista César Nava, candidato a diputado, asegura que la anulación del voto perjudica al PAN y “beneficia al PRI”. El priista Eugenio Hernández Flores, gobernador de Tamaulipas, advierte que el voto nulo “desfavorece a México” y que es nocivo para la democracia.

La suspicacia que comparten  esos y otros personajes para evaluar la misma iniciativa ha sido reveladora de su incapacidad para entenderla. Lo mismo sucede en la autoridad electoral. El presidente del IFE, Leonardo Valdés, dice que los votos anulados “no tienen ninguna consecuencia, ni política ni jurídica”.

Ya sabemos que se mezclarán con los anulados por equivocación, que no puede haber un inventario de las diversas frases y modalidades de anulación, que aunque fuese con poquitos votos a los próximos diputados los elegirán quienes apuesten por una opción partidaria específica. Pero eso no implica que los votos anulados no tengan validez jurídica. La tienen, de manera tan puntual, que la autoridad electoral está obligada a contarlos y a informar cuántos fueron.

Consecuencias políticas, aunque traspasen la institucionalidad tradicional, el voto nulo evidentemente las tiene. El presidente del IFE se equivoca al descalificar con tanta ligereza el propósito de algunos ciudadanos (muchos o pocos, quizá no será lo más relevante) interesados en anular su voto. Semanas antes de la elección el voto nulo inquieta, irrita, incomoda e interesa. De algo está sirviendo.

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“La casa de Zacatecas 94 se llena otra vez de rebeldía y de victoria. Poco a poco, mientras llueve, se van reuniendo los herederos de Rafael Galván Maldonado, a compartir una vez más la dignidad y la lucidez que Don Rafael sembró en todos. Aquí nadie está derrotado, como nadie lo estuvo el 22 de marzo de 1975, cuando Galván y su grupo fueron expulsados de la dirección charrificada del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas. Ni el 16 de julio de 1976, cuando el ejército impidió la huelga de los electricistas. Ni en noviembre de 1977, cuando el Campamento de la Dignidad Obrera sonrojó demasiado los muros de Los Pinos y las retinas incómodas de Televisa”.

Así describió Hermann Bellinghausen la ceremonia luctuosa que se realizaba la tarde del 4 de julio de 1980, un día después de la muerte del dirigente de la Tendencia Democrática de los electricistas. Escenario de innumerables discusiones y encuentros, cuartel general de los trabajadores del SUTERM y antes del STERM que pugnaron por la democracia sindical con una tenacidad que llevó al gobierno a despedirlos, perseguirlos e intimidarlos con tal de complacer a los líderes charros, esa casa en la Colonia Roma fue sede inolvidable de la insurgencia obrera de los años setenta.

Allí recibía Galván a los delegados del sindicato electricista que llegaban de todo el país para organizar las movilizaciones que congregaron a cientos de miles en 1975 y 1976. Allí se escribió y discutió la Declaración de Guadalajara, el programa con el cual los electricistas dejaron claro que buscaban la democracia en su sindicato porque la querían también para el resto del país. Allí se reunía Galván con los dirigentes de izquierda que no lograron convencerlo para crear un nuevo partido político, a él que padeció como nadie el acoso del ala más intolerante del PRI y que años atrás había sido senador por ese partido.

A esa casa de Zacatecas 94 se trasladaron en 1971 las oficinas de la revista Solidaridad, órgano del grupo electricista y más tarde del movimiento sindical alentado por don Rafael. Allí estaba la imprenta (prensa plana, de tipos móviles que era preciso colocar a mano) en donde se editaban la revista y centenares de folletos y libros. Allí se organizó el Movimiento Sindical Revolucionario que pretendía reproducir en otras ramas de actividad la experiencia democrática de los electricistas. Allí se prepararon las reuniones del Frente Nacional de Acción Popular que llegó a ser una amplia y nutrida pero efímera alianza de agrupaciones sociales a mediados de los setenta. Allí los electricistas organizaron el campamento que instalaron frente a Los Pinos y que fue desalojado en noviembre de 1977. En aquellos días los dirigentes de los electricistas democráticos temieron que era casa en la Colonia Roma fuese asaltada también por la policía o por esquiroles y se prepararon para defenderla a como diera lugar.

Esa era la casa en donde aquella tarde de julio de 1980 sus compañeros rendían homenaje a Galván que había muerto a los 60 años. De acuerdo con la misma crónica de Bellinghausen, que fue publicada el 23 de julio de 1980 en el suplemento “La Cultura en México” de la revista Siempre!:

“Nada se escucha en las austeras salas de reunión donde en otras ocasiones habló la voz de tantas voces, desde la disidencia firme. El clamor hoy, en el patio central, es de quienes escudriñamos en su recuerdo nuestra propia voz:

“– Rafael Galván, ¡presente!. Evidencia y no lamento fúnebre de una historia ascendente y victoriosa. Fue él parte privilegiada de la conciencia obrera mexicana, esa moldeadora tenaz del futuro, mil veces contrariada pero nunca vencida. Ante la urna que contiene sus cenizas, sus amigos desfilan de palabra o de silencio, tristes pero seguros porque Rafael Galván, aún muerto, sigue abriendo el horizonte”.

Esa casa lucía muy diferente el jueves pasado, 4 de junio de 2009. Después de casi 4 años de gestiones administrativas y de una profunda restauración arquitectónica, el inmueble de Zacatecas 94 ahora es la “Casa de la cultura Rafael Galván Maldonado” de la Universidad Autónoma Metropolitana.

En 2005 los antiguos miembros de la Tendencia Democrática que fueron trabajadores y luchadores sociales con Galván y a quienes pertenecía ese inmueble, decidieron donarlo a la UAM para que allí funcione un centro de estudios del sindicalismo. El salón de sesiones en donde se reunían numerosos sindicatos independientes ahora es galería para exposiciones. El subsuelo en donde estaban instalados los mimeógrafos que imprimieron millares de volantes y documentos, fue convertido en librería para las ediciones universitarias. Las habitaciones que fueron archivo fotográfico y de documentos, son cubículos para investigadores. El galerón que alojó a la imprenta fue dividido en varias salas de juntas. El espacio en donde estuvo la oficina de don Rafael ahora será un recinto para conferencias.

Con la cesión de esas instalaciones, sus compañeros cumplen el cometido que Galván quería darle a la infraestructura de la sección de electricistas en donde se instaló la Tendencia Democrática. El análisis de la sociedad mexicana, el diagnóstico del estancado sindicalismo, la promoción del debate y de la cultura en variadas manifestaciones, interesaron siempre a Galván que no en balde fue escritor y editor de fructíferas reflexiones políticas y que siempre tuvo simpatía por los universitarios.

En la inauguración el Rector de la UAM, José Lema Labadié, estuvo acompañado por tres de los electricistas que acordaron esa donación: Sergio Álvarez, Bernabé González y Humberto Gordillo. Otro de sus compañeros, Sergio Pig, falleció hace algunas semanas. Sencilla, en la ceremonia faltó precisar la historia del grupo sindical que le dio vitalidad histórica a esas instalaciones e incluso se dijo erróneamente que se trataba del Sindicato Mexicano de Electricistas que es una organización distinta al SUTERM cuya Tendencia Democrática fue ejemplarmente dirigida por Galván.

Ojalá que la UAM, en donde hay estudiosos muy notables de los asuntos sindicales, sepa documentar, explicar y propagar los pormenores de esa entrañable casa y del grupo sindical que transitó de allí a la historia de México.

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Los defensores del voto útil –es decir, del voto a favor de un partido, cualquiera que sea– tienen razones importantes. Hay que ejercer el sufragio de manera plena, dicen, porque ese es precisamente el sentido que tiene. Si no elegimos de entre las opciones que hay, otros decidirán por nosotros. Gústenos o no, la próxima Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa, los delegados en el caso del DF, van a ser electos de entre los candidatos que hay. Ese es el elenco del que disponemos. Por eso, afirman los defensores del voto útil, hay que decidirse aunque sea por el mal menor.

Entiendo sus razones. Más aún, estoy seguro de que en alguna otra circunstancia las compartiría. El voto no solamente es un derecho. Se trata de la expresión más tangible y fundamental de la democracia. Y por eso, precisamente, me parece que en esta ocasión una opción sensata puede ser anular el voto.

El motivo para ello es sencillo y drástico. De todos los partidos que compiten en las elecciones del 5 de julio, no hay uno solo que me parezca suficientemente confiable para votar por él. Es una opinión personal, desde luego. Cada cual tiene la suya permeada de las historias, identidades, antipatías, convicciones, entusiasmos o resignaciones de cada quien.

Comprendo el pragmático realismo de quienes, además con frecuencia alentados por convicciones democráticas, sostienen que ni modo, esos son los partidos con los que tenemos que arar. Pues que en esta ocasión sean otros los que labren el surco, o los que alienten la yunta. Anular el voto puede ser una forma de reclamo, ciertamente limitado porque se reduce a una expresión simbólica. Es una acción modesta, de fastidio y reproche ante la pobreza discursiva, la homogeneidad programática y el convenencierismo ramplón que campea en todos los partidos.

El voto anulado es también una confesión de inutilidad democrática. Ojo: no digo ni sugiero que la democracia sea inútil, sino que éste momento al que nos ha traído nuestra democracia, a algunos ciudadanos no nos resulta propicio. El voto nulo es precisamente eso: un sufragio que en estas circunstancias reconocemos sin el valor que tendría en una democracia sólida, con partidos y políticos respetables. Es un voto malogrado, que no se sumará a la contabilidad de los sufragios políticamente eficaces y que quedará simplemente como recurso testimonial.

Tienen razón quienes dicen que el voto intencionalmente nulo se añadirá a los sufragios de quienes se equivoquen, o de aquellos que para hacerse los graciosos o en otra forma de protesta le dediquen su voto a Cantinflas. Igual que ésos, el voto politizadamente nulo no contará y podrá ser considerado como un desperdicio de la democracia.

Sobre todo, resulta inquietante advertir la fauna variopinta de quienes hoy en día promueven esa opción para el 5 de julio. El voto nulo es impulsado por militantes de distintos sesgos ideológicos de cuyo compromiso democrático no hay duda alguna y por ciudadanos disgustados con la pobreza del elenco partidario que tenemos en este país. Pero la anulación del voto además es aconsejada por una corriente de opinión y un grupo de interés que resultan, ambos, de dudosas convicciones democráticas.

La corriente de opinión es la que conforman aquellos que desconfían a priori del sistema de partidos cuando se quejan de que una partidocracia suplanta las decisiones de los ciudadanos. En efecto, nuestras élites políticas se han distanciado sobremanera del interés de la sociedad. Pero ese discurso quejumbroso soslaya el hecho de que en una sociedad de masas no hay democracia posible sin el concurso de los partidos, de la misma manera que no hay partidos (Robert Michels dixit) que funcionen sin cuerpos directivos que tienden a acaparar las decisiones. El problema en la circunstancia mexicana actual no es que tengamos partidos, sino el tipo de organizaciones en las que han devenido nuestros desastrados partidos políticos.

El grupo de interés que, por otra parte, alienta la anulación del voto, es el que conforman los consorcios mediáticos y algunos de sus voceros. La irritación que mantienen contra las actuales reglas para la propaganda política ha llevado a algunos personeros de las televisoras a respaldar el voto nulo. No se trata, hasta ahora, de una política consistente y mucho menos oficial de las corporaciones mediáticas sino de una opción con la que están jugando sin por ello abandonar otras posibilidades para influir políticamente en las elecciones.

¿Vale la pena apostar por el voto nulo a pesar de que es impulsado por personajes y grupos tan escasamente confiables como los partidarios del antipartidismo y las corporaciones mediáticas? Creo que sí. La existencia de motivos muy variados para anular el voto no cancela la pertinencia de esa medida.

Hay que ir a votar, antes que nada, en señal de reconocimiento a los centenares de miles de mexicanos que cuidan las casillas, cuentan los sufragios y organizan las elecciones.  Ese ejército ciudadano, integrado fundamentalmente por una enorme legión de personas que participan de buena fe, nos compromete a votar. Ya luego, en la esperada soledad de la casilla, que cada quien decida

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En unos cuantos días, la sociedad mexicana fue capaz de entender y practicar las medidas sanitarias para atajar al virus de la influenza maligna. Pero todavía no guardábamos los cubrebocas cuando, de nuevo, esa misma sociedad sucumbía ante una intoxicación más aturdidora y persistente. La contaminación de la maledicencia encuentra campo fértil entre una ciudadanía cuyas defensas políticas –y, aunque suene tan fuera de moda referirse a ese término– también morales, se encuentran tan degradadas.

La suspicacia se extiende apuntalada en acusaciones inconsistentes, versiones no confirmadas y descripciones incompletas pero tomadas como verosímiles porque todo, o casi todo, resulta creíble en el contexto de esa desconfianza.

Un día el libro de Carlos Ahumada se convierte en best seller no como prueba de lo mucho que se lee en México sino de la intensa necesidad que no pocos mexicanos tienen para encontrar confirmación impresa de las sospechas que han querido abrigar durante varios años. Conocido por sobornar a sus socios políticos, traicionar incluso a su amiga íntima y por vistosas cuan costosas extravagancias, de pronto Ahumada se vuelve fuente confiable simplemente por la gana de chismerío que tanto entusiasma en los medios y que se añade al intenso ruido que aturde y deslumbra pero no deja apreciar la realidad de nuestra vida pública.

No hay revelaciones en el libro de Ahumada, cuyos pasajes más inquietantes fueron copiosamente reproducidos en diarios y revistas. En el universo de corruptos y corruptores allí descrito, nadie se salva pero eso ya lo sabíamos. No será un libro tan leído como comentado. Pero no obstante esa pobreza informativa, su aparición modificó la agenda nacional por lo menos en la apreciación preponderante en los medios de comunicación.

Mucho ruido y pocos hechos verificables, pero en una sociedad forjada en los mitos más que en los datos las confesiones de Ahumada son leídas según conviene a las convicciones pero sobre todo a los prejuicios de cada quien. Los persuadidos de que el señor Amlo es un peligro para México, hallaron en ese texto confirmación de la podredumbre que hubo durante su gestión en el DF. Quienes hace rato intuían que los videoescándalos obedecían a un complot, le agradecen a dicho empresario esa confirmación.

Y como si la auténtica conspiración estuviera en marcha ahora mismo, a la semana siguiente se conocen las parcas aunque devastadoras declaraciones de Miguel de la Madrid. Más que entrevista, lo que difundió Carmen Aristegui fue un extenso monólogo suyo acompañado de lacónicos asentimientos del ex presidente. Pero con eso bastó para que se desatara, cotidianamente aceitada como la tenemos, la maquinaria del escándalo público.

Las acusaciones de De la Madrid serían gravísimas si las acompañara aunque fuese de un dato, una fecha, un testimonio verificables. En ausencia de pruebas, lo único que manifiesta son suposiciones. Desde luego, se trata de conjeturas que alcanzan primeras planas y que le dan vuelo al rebumbio radiofónico porque las dice un ex presidente. Pero justamente por esa responsabilidad pública que tuvo sería exigible que el licenciado De la Madrid fuese más allá de la insidia cuyos efectos él conoce tan bien.

Quizá sea la enfermedad avanzada que dicen que tiene. O simplemente la edad. Pero quizá también es el contexto de habladurías intensas, extensas y constantes en el que nos encontramos, pero algo debe haber profundamente inquietante en la decisión de Miguel de la Madrid para asentir, aunque solamente sea con monosílabos, de la manera en que lo hizo ante la grabadora de Carmen Aristegui. Él tan cuidadoso de las formas que jamás hasta ahora había quebrantado la discreción que se impuso hace 21 años; él tan escrupuloso que creó la Contraloría; él tan preocupado por la opinión publicada que sus memorias parecen informe de notario público.

Algo en este clima de murmuración llevó a De la Madrid a romper con esos incendiarios asentimientos la circunspección de tanto tiempo. Igual que con Ahumada, le creerán los muchos dispuestos a ello y recelarán algunos más. Pero ningún hecho relevante, ningún esclarecimiento útil para saber qué nos ha ocurrido y en dónde estamos, habremos conocido al cabo de este nuevo episodio por el que nos trae el tren de la crispación en el que, con la diligente ayuda de los medios, hemos querido treparnos.

Ah, dicen que ahí viene el libro de Madrazo, otro prócer de la confianza y la transparencia.

La noticia fue aprovechada, desplegada y exprimida con una mezcla de sensacionalismo rutinario y desplante revanchista: solamente, se dijo, el 4% de los mexicanos cree en los partidos políticos. Numerosos medios compartieron la misma confusión, o quizá leyeron únicamente lo que querían leer.

Se referían a los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Política 2008 que realizó la Secretaría de Gobernación y que ofrece un diagnóstico, completo, confiable y severo, de las convicciones políticas (o ausencia de ellas) de los mexicanos.

En ese ejercicio de medición del estado de ánimo de la sociedad se muestra, ciertamente, una opinión muy exigente acerca de los partidos políticos. Pero en ninguno de sus apartados la encuesta concluye que “apenas 4% confía en los partidos”, como informó el sábado el diario Milenio y repitieron a partir de entonces otros medios, especialmente en la radio.

Pareciera que ese solo dato llenase de regocijo a algunos comentaristas que, de esa manera, creían ver confirmado no el diagnóstico de una sociedad recelosa sino el pronóstico que ellos se han anticipado a formular acerca del divorcio entre la política y los ciudadanos. Esa desafección, como en otras circunstancias y momentos le han llamado algunos analistas sudamericanos a la suspicacia de la gente respecto de los asuntos públicos y sus instituciones, en México ha ocasionado la disminución en los índices de expectativas respecto de la política y los partidos. Pero no tan paupérrimos que solamente 4 de cada 100 mexicanos les tenga confianza.

Lo que inquirió la pregunta hasta ahora más consultada de la encuesta es cuánta confianza le tienen los ciudadanos a los partidos políticos. Y, como suele hacerse en ese tipo de indagaciones, a los entrevistados de les ofrecieron varias opciones. En este caso, se les preguntó si tienen en los partidos “mucha” confianza, “algo”, “poca”, o “nada”.

Quienes respondieron que les tienen “mucha confianza” a los partidos ascendieron al 4% de los interrogados. Ese es el resultado que, malinterpretado, destacaron distintos medios desde el fin de semana.

El 19% contestó que a los partidos les tiene “algo” de confianza. El 36% consideró que les tiene “poca” confianza. Y otro 36% declaró que no tiene confianza alguna en los partidos políticos.

El 5% dijo que no sabe, o no quiso responder.

Así que los ciudadanos que en México le tienen alguna confianza a los partidos, aunque sea poquita, asciende al 58%. O, si se quiere ver el vaso medio vacío, el 72% tiene poca o ninguna confianza en ellos. Esas serían dos maneras, serias ambas, de leer la encuesta. Pero tales porcentajes no son noticia para quienes consideran que solamente son tales las muy malas noticias.

Si se hubiera querido ser estrictos se habría podido decir que el 23% de los ciudadanos les tiene mucha o algo de confianza a los partidos, pero aclarando que un 36% adicional les guarda muy poca (pero ciertamente alguna confianza a los partidos.

Y si la elección tenía que ser por el flanco negativo, el 36% de ciudadanos que no les tiene ni una pizca de confianza ya era suficiente para considerar noticiosa esa reticencia respecto de los partidos.

Pero a varios medios les ganaron las ganas. En la radio del lunes y todavía el martes, no fueron unos cuantos los conductores que se refocilaron con ese parcialmente leído 4% con un tono de “se los dije”. Como si el hecho de que los ciudadanos reconozcan la miseria de los partidos, así en general, fuese para echar a volar las campanas de nuestro entusiasmo cívico.

Hay muchos hallazgos, sin necesidad de forzar sus datos, en la Encuesta Nacional de Cultura Política 2008. Su primera consecuencia, ha sido ese inopinado festejo de una suspicacia que muchos consideran digna de celebración.

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Cinco meses antes de su muerte, el 30 de octubre de 2008, a Raúl Alfonsín le hicieron un homenaje en el mítico Luna Park bonaerense. Aquel día se cumplían 25 años del triunfo electoral del primer presidente de la democracia argentina. Los discursos, ora nostálgicos, en ocasiones puntillosamente actuales, se sucedían delante de 10 mil emocionados admiradores suyos

Alfonsín, enfermo ya, no pudo acudir a su homenaje y envió un mensaje que no fue suficiente para colmar las ganas que tenían de expresarle afecto. Ya al final, y puesto que “el doctor” no llegaba, hubo quien propuso ir a plantarse afuera de su casa a varias calles de distancia. La crónica de la perspicaz escritora Beatriz Sarlo publicada en el diario Perfil registró aquella celebración. Conductor de un gobierno atrapado entre las amenazas de regresión militar y antidemocrática y una crisis económica que detonaría las finanzas y luego los ánimos de los argentinos, Raúl Alfonsín fue presidente en una etapa de transición cuyas contradicciones él mismo padeció. Supo y pudo impulsar los juicios a los jefes militares que perpetraron innumerables atrocidades en la Argentina de los años setenta y luego promovió los ordenamientos que creaban coartadas y descargos para algunos de esos militares. Por eso Beatriz Sarlo escribía en aquella narración: “la Argentina le debe tanto a este hombre homenajeado hoy: el juicio a las juntas, que fue la piedra liminar de la democracia, el umbral que, una vez atravesado, ya no permitió el retroceso, pese a las propias leyes que Alfonsín promulgó sobre Obediencia Debida y Punto Final. El juicio a la juntas no se borró con nada, no tuvo correcciones aunque su propio impulsor quiso imponérselas”.

Anoche a las 8 y media, hora de Buenos Aires, Raúl Alfonsín murió a consecuencia de un cáncer de pulmón que lo venía socavando desde tiempo atrás. Tenía 82 años. No asistió al homenaje en el Luna Park pero sí pudo acudir, a comienzos de octubre, a la develación de una estatua suya en la Casa Rosada, la casa de la presidencia argentina. Hombre de convicciones democráticas, en esa ocasión Alfonsín manifestó miras de estadista y una sensibilidad política por desgracia infrecuente entre los actuales líderes latinoamericanos. “Es la misión de los dirigentes y de los líderes –dijo hace exactamente medio año, el 1 de octubre de 2008– plantear ideas y proyectos evitando la autoreferencialidad y el personalismo; orientar y abrir caminos, generar consensos, convocar al emprendimiento colectivo, sumar inteligencias y voluntades, asumir con responsabilidad la carga de las decisiones. ‘Sigan a ideas, no sigan a hombres’, fue y es siempre mi mensaje a los jóvenes. Los hombres pasan, las ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva a la política democrática”.

El discurso de Raúl Alfonsín en la inauguración de su estatua en la Casa Rosada el 1 de octubre de 2008 no tiene desperdicio. En esa ocasión definió así a la democracia:

“Democracia es vigencia de la libertad y los derechos pero también existencia de igualdad de oportunidades y distribución equitativa de la riqueza, los beneficios y las cargas sociales: tenemos libertad pero nos falta la igualdad. Tenemos una democracia real, tangible, pero coja e incompleta y, por lo tanto, insatisfactoria: es una democracia que no ha cumplido aún con algunos de sus principios fundamentales, que no ha construido aún un piso sólido que albergue e incluya a los desamparados y excluidos. Y no ha podido, tampoco aún, a través del tiempo y de distintos gobiernos construir puentes firmes que atraviesen la dramática fractura social provocada por la aplicación e imposición de modelos socioeconómicos insolidarios y políticas regresivas”.

Entonces recordó su mensaje de toma de posesión, el 10 de diciembre de 1983, después de haber ganado en las urnas a la fórmula peronista. Dirigente de la Unión Cívica Radical, Alfonsín, ya como presidente, se enfrentaba a la ruptura de la sociedad y la clase política argentinas. Para unificarlas, recordaba, “era imprescindible luchar por un Estado independiente, que no podía subordinarse a poderes extranjeros, ni a grupos financieros internacionales, ni a los privilegios locales. La propiedad privada cumplía un papel importante en el desarrollo de los pueblos, pero el Estado no podía ser propiedad privada de los sectores económicamente poderosos”.

El eje de su proyecto de gobierno lo describía en estos términos: “Era necesario buscar un consenso fundamental: la democracia aspira a la coexistencia de las diversas clases y sectores sociales, de las diversas ideologías y de diferentes concepciones de vida. Es pluralista, lo que presupone la aceptación de un sistema que deja cierto espacio a cada uno de los factores y hace posible así la renovación de los gobiernos, la renovación de los partidos y la transformación progresiva de la sociedad”.

La democracia, reconocía Alfonsín, está más relacionada con la normalidad cotidiana que con las rupturas súbitas. Por eso, añadimos nosotros, la democracia resulta tan anticlimática en las sociedades condicionadas por la espectacularidad mediática y acostumbradas a sobresaltos verdaderos o impostados. Decía: “La democracia es previsible, y esa previsibilidad indica la existencia de un orden mucho más profundo que aquel asentado sobre el miedo o el silencio de los ciudadanos. La previsibilidad de la democracia implica elaboración y diálogo que no excluirá, sin duda, tempestuosos debates y agrios enfrentamientos de coyuntura que nutrirán al estilo republicano triunfante ya en el país. La democracia no se establece sólo a través del sufragio ni vive solamente en los partidos políticos”.

Aquella apuesta democrática de Alfonsín subrayaba la oposición que siempre mostró frente a las opciones violentas para enfrentar a los violentos. Por eso se permitía recordar: “habíamos aprendido que los que estimulan la impaciencia para proponer la intolerancia y la violencia como remedios terminan favoreciendo los intereses del privilegio. Aprendimos que cuando el pueblo no decide sobre el gobierno, la nación y el pueblo quedan desguarnecidos frente a los intereses de adentro y de afuera”. Y más todavía: “la intolerancia, la violencia, el maniqueísmo, la compartimentación de la sociedad, la concepción del orden como imposición y del conflicto como perturbación antinatural del orden, la indisponibilidad para el diálogo, la negociación, el acuerdo o el compromiso, han sido maneras de ser y de pensar que echaron raíces a lo largo de generaciones en nuestra historia. Y que por cierto, constituyen todavía hoy una de las principales rémoras y déficit con las que carga nuestra democracia”.

Esa normalidad democrática se enfrentaba en la Argentina de hace un cuarto de siglo, igual que hoy en día en muchos de nuestros países, a la devastación que los políticos suelen hacer de su propia actividad y del escenario público todo. Cuando no tienen coordenadas claras, los políticos crean las peores imágenes de sí mismos y ahuyentan a la sociedad respecto de los asuntos públicos: “Hoy todavía hay rastros de ese canibalismo político que ha teñido la práctica política. La política implica diferencias, existencia de adversarios políticos, esto es totalmente cierto. Pero la política no es solamente conflicto, también es construcción. Y la democracia necesita más especialistas en el arte de la asociación política. Los partidos políticos son excelentes mediadores entre la sociedad, los intereses sectoriales y el Estado y desde esa perspectiva hemos señalado que lo que más nos preocupa es el debilitamiento de los partidos políticos y la dificultad para construir un sistema de partidos moderno que permita sostener consensos básicos. No será posible resistir la cantidad de presiones que estamos sufriendo y sufriremos, si no hay una generalizada voluntad nacional al servicio de lo que debieran ser las más importantes políticas de Estado expresada en la existencia de partidos políticos claros y distintos, renovados y fuertes, representativos de las corrientes de opinión que se expresan en nuestra sociedad”.

Dichas para la Argentina de hoy en día y apuntaladas en su difícil y hoy en día ampliamente reconocida gestión, aquellas advertencias de Raúl Alfonsín parecieran leer el panorama de situaciones como la que padecemos hoy en México.

En su discurso en la Casa Rosada hace medio año, el ex presidente argentino coincidió con quienes alertan en contra de quedarse en la remembranza y recordó la maldición bíblica que padecía Lot, condenado a no mirar atrás so pena de volverse de sal. Pero, añadió, “hay también otro riesgo. Están aquellos que no miran hacia atrás pero tampoco lo hacen hacia ningún lado. Los que ni siquiera tienen pensamiento propio. Erich Fromm, en su libro ‘¿Podrá sobrevivir el hombre?’, lo define como el pensar inauténtico, de autómata, de aquel que cree que algo es verdad no porque haya llegado a esa convicción por el propio pensar, basado en observaciones o experiencias, sino porque se lo han sido ‘sugerido’, porque le ha sido propuesto ‘…por fuentes que llevan consigo el peso de las autoridad, en una u otra forma’, modas y olas pasajeras, distintas formas de ‘pensamiento único’ ”.

“Un símbolo de la democracia”, tituló anoche el diario Página 12 el recuerdo de Alfonsín. “Ha muerto un hombre cabal” escribió José Claudio Escribano en La Nación. “El presidente de la democracia”, testimonió Perfil. “El símbolo de la democracia”, se llama el suplemento de Clarín que circula desde este miércoles.

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Este fin de semana se cumplieron 50 años de la represión contra los trabajadores ferrocarrileros. La tarde del 28 de marzo de 1959 el dirigente nacional de ese gremio, Demetrio Vallejo, fue detenido junto con otros líderes sindicales. Poco después, elementos del ejército mexicano ocuparon las instalaciones en varios lugares del país que se encontraban en huelga desde tres días antes.

La represión que el gobierno del presidente Adolfo López Mateos emprendió contra los ferrocarrileros desbarató la experiencia democrática que desde varios meses antes había logrado colocar al frente de aquel sindicato a un dirigente respaldado por los trabajadores. Desde entonces, parecía claro que los intentos por la democracia sindical solamente podrían prosperar si tenían la aquiescencia del poder político –el cual, desde aquellos años, se encadenaba cada vez más a los intereses de los líderes charros–. Aquella represión se tradujo, además, en enormes injusticias. Demetrio Vallejo y algunos de sus compañeros, entre ellos Valentín Campa, permanecieron encarcelados durante once años.

El encono presidencial contra Vallejo y los ferrocarrileros de ánimo independiente había comenzado cuando, en 1958, ese dirigente ganó de manera arrasadora las elecciones para el comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Posiblemente tenga algo de exageración, pero la versión que prevalece sobre aquella elección relata que el cómputo fue suspendido cuando la planilla de Vallejo llevaba 59 mil votos y sus contrincantes solamente nueve.

Meses más tarde, la nueva dirección sindical tuvo que ocuparse de las revisiones salarial y del contrato colectivo que vencían en febrero para los trabajadores de los Ferrocarriles Nacionales y varias semanas después en los Ferrocarriles del Pacífico y Mexicano. Las movilizaciones del sindicato para difundir sus reivindicaciones fueron enfrentadas con una intensa campaña macartista. “Conjura roja”, exclamaban personeros del gobierno y numerosas voces en la adocenada prensa de aquel último trecho de los años 50. Cuando el sindicato anunció que realizaría una manifestación el 22 de febrero, el gobierno la prohibió y únicamente autorizó un mitin. El 25 de febrero los trabajadores estallaron la huelga, pero unos minutos más tarde la Junta Federal de Conciliación la declaraba inexistente. Ante la posibilidad de mayores represalias, la dirección sindical aceptó las propuestas de la empresa y levantó la huelga.

Aún estaban por resolverse las peticiones de los trabajadores en las otras dos empresas ferroviarias. El 25 de marzo el sindicato estalló sendas huelgas en los ferrocarriles Mexicano y del Pacífico. La pretensión salarial era idéntica a la que habían conseguido los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales –16%– además de algunas prestaciones. Pero no era económico el significado principal de aquellas huelgas, que además ponían a prueba la capacidad de un sindicato apartado de la órbita de influencia oficialista para defender los intereses de sus agremiados.

Aquel 25 de marzo era miércoles de Semana Santa. La coincidencia de la huelga con la afluencia de vacacionistas en todo el país fue aprovechada por los medios de comunicación que enderezaron una cruzada contra el sindicato ferrocarrilero acusándolo de trastornar el asueto de la sociedad mexicana. Junto con esa campaña, menudean los amagos. Horas antes de que la huelga estallase, fueron despedidos los trabajadores más activos por su militancia sindical. Igual que la anterior, la nueva huelga fue declarada inexistente pero el sindicato obtuvo un amparo que le permitía mantenerla.

En todo el país, las secciones del sindicato estallan paros en solidaridad con sus compañeros en huelga. Esas acciones, y la huelga misma, propician el despido de centenares de ferrocarrileros y la detención de docenas de ellos. El 27 de marzo los dirigentes nacionales, encabezados por Demetrio Vallejo, visitan al secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, para explicarle que ahora la huelga exige la reinstalación de los despedidos, además del aumento salarial y reparación a diversas violaciones contractuales.

La espiral del enfrentamiento era irrefrenable. A cada muestra de fortaleza del sindicato, cuya huelga concitaba enorme interés y solidaridad en otros gremios, se enardecía la respuesta del gobierno. A cada medida autoritaria, el sindicato no podía responder sino manteniendo su huelga. El 28 de marzo Vallejo y los dirigentes Hugo Ponce de León y Alejandro Pérez Enríquez fueron detenidos en un restaurante contiguo al edificio sindical. El procurador de la República, Fernando López Arias, aseguró que los detenidos “desarrollaban un plan de agitación y de graves daños a la economía del país, guiados por comunistas”.

Detenidos sus principales dirigentes, la huelga se mantuvo unos días. En su libro Mi testimonio, Valentín Campa relata: “Todo el ejército fue movilizado. Se estableció el estado de sitio en los barrios en donde vivían los ferrocarrileros. En las colonias Guerrero y Vallejo, del Distrito Federal, se prohibía reunirse en la calle a más de tres personas. Sin embargo, las divisiones del sureste no pudieron ser controladas por el ejército. En ellas las pequeñas guarniciones no eran capaces de evitar el movimiento, por lo que la huelga general continuó hasta el 12 de abril”.

Miles de trabajadores fueron despedidos. El sindicato fue entregado a una dirigencia espuria. Vallejo y Campa fueron presos políticos hasta 1970. Su liberación fue una de las banderas del movimiento estudiantil del 68.

Absurda y emblemática, la represión contra el movimiento ferrocarrilero expresó límites y obcecaciones del Estado mexicano. Si algo han cambiado desde entonces las cosas en este país, se debe en buena medida al empeño de mexicanos como aquellos trabajadores que a pesar de la intolerancia gubernamental se empeñaron en defender derechos gremiales y ciudadanos que resultan fundamentales. Aquellos ferrocarrileros de 1959 se encuentran entre nuestros héroes cívicos.

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