Sociedad y poder

La Crónica de Hoy, jueves 6 de agosto de 2007

   Sacar a la diputada Zavaleta de la transmisión televisiva de la ceremonia del sábado en San Lázaro fue una inexcusable torpeza de la Secretaría de Gobernación. La protesta de todos los grupos parlamentarios ha sido entendible e inevitable, máxime porque la censura no solo afectaba a una legisladora del PRD sino, antes que nada, a la presidenta de la Cámara de Diputados.

   Ahora sin embargo los partidos, o al menos PRD y PRI, insisten en perpetrar, en contra de la autoridad electoral, un abuso mucho más grave. La destitución de los consejeros del IFE sería un acto de revancha política por motivos desdichadamente impolíticos, como se comentaba hace una semana en esta página.

   Los legisladores que han clamado su legítima indignación por la exclusión electrónica al discurso de la diputada Ruth Zavaleta miran la paja en el veto ajeno. No quieren percatarse del tremendo atropello que están a punto de formalizar al incluir la remoción forzosa de los consejeros entre los cambios que implicaría la nueva reforma electoral.

   El desagravio a la presidenta de la Cámara fue del tamaño de la falta cometida contra su investidura. El breve mensaje censurado en la transmisión oficial fue incluido horas más tarde, en medio de la programación habitual de los canales de televisión. Gracias a ello tuvo una audiencia muy superior a la que hubiera logrado en los minutos previos a la llegada del presidente Calderón para entregar su informe de Gobierno.

   No era gran cosa lo que decía Zavaleta en ese mensaje. Las machincuepas retóricas para justificar su ausencia de la Cámara hubieran sido incomprensibles fuera del marco de acontecimientos absurdos, algunos de ellos rayanos en la esquizofrenia política, que ha singularizado al comportamiento de los partidos y especialmente al PRD. Durante varias semanas la sociedad mexicana, inerme ante las andanadas de inconsecuencias que le propina la llamada clase política, presenció el extravagante regateo por la ceremonia del informe.

   Los acuerdos finales, francamente nimios, fueron tomados unos minutos antes de que el presidente llegara a San Lázaro. Esa premura explica en parte la omisión del discurso de la diputada Zavaleta en la transmisión para los canales de televisión. Pero no hay duda de que se trataba de una decisión explícita. Manuel Feregrino, periodista de Radio Fórmula, ha narrado cómo los conductores de la transmisión televisiva estaban listos para aparecer en pantalla en cuanto comenzara la intervención de la diputada del PRD. Ya estaba previsto sacarla del aire.

   Ese desacierto, cometido por alguien con alta capacidad de decisión en el círculo cercano al presidente de la República, afectó mucho más al gobierno que al partido de Zavaleta. El mensaje que al día siguiente leyó Calderón en Palacio Nacional fue desplazado, en muchos medios, por la murmuración acerca de la censura a la legisladora perredista. Ese discurso, con miga y formulaciones interesantes, fue desatendido también debido al contexto autolaudatorio en donde lo expuso el presidente Calderón.

   No cabe duda de que la ceremonia de cada 1 de septiembre tiene que cambiar. La obligación constitucional para que el titular del Ejecutivo le informe al Congreso acerca de la situación del país es uno de los pocos puentes institucionales que hay entre ambos poderes. Conviene vigorizarla con mecanismos de interlocución en donde, junto con el intercambio, se aseguren respeto y reconocimiento mutuos. Si se acuerdan de atender ese tema, los legisladores podrían resolverlo antes de que, el año próximo, el 1 de septiembre se les venga encima. Faltan 360 días para esa fecha. Sería imperdonable que los dilapidaran en nuevos dimes y diretes.

   Aunque quién sabe. La capacidad de buena parte de esa llamada clase política para magnificar las disputas pequeñas y perder el horizonte de los asuntos realmente importantes parece inagotable. A menudo pareciera que sus integrantes se empeñan en ponerse zancadillas unos a otros y no en reconocer que los avances, cuando los hay, pueden legítimamente ser reivindicados por todos.

   Esa ineptitud para el acuerdo está atrancando las dos reformas que todos han considerado indispensables pero que se han enredado en disputas mezquinas y de exiguo aliento. La reforma fiscal, que de por sí era limitada y luego fue mermada por presiones empresariales y recelos partidarios, ahora se encuentra amenazada por las dificultades para acordar la reforma electoral. PRD y PRI insisten en negociar aspectos de una con cargo a la otra. Si no hay acuerdo en todo, amagan, no habrá acuerdo en nada.

   Al revolver ambas discusiones los partidos extravían el sentido de cada una de tales reformas. Resulta aberrante que los recursos para el gasto público dependan del regateo alrededor de prerrogativas electorales o, peor aún, de la vendetta política contra los consejeros del IFE. Pero en eso están.

   La iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral incluye medidas sustanciales como la reducción del dinero que se destina a los partidos y de los plazos para las campañas. Pero otras de esas propuestas pueden tener un carácter regresivo.

   Actualmente el financiamiento a los partidos tiene dos componentes: el 30% se distribuye de manera igual entre todos los partidos y el 70% de acuerdo con los porcentajes de votación que hayan obtenido. La iniciativa mantiene solamente el segundo de esos criterios, con lo cual serían afectados los partidos más pequeños.

   Más preocupante es la creación de dos organismos que limitan las facultades del Consejo General del IFE. Se propone que haya una Contraloría, designada por la Cámara de Diputados, que fiscalizaría los gastos del Instituto. Si el Instituto es autónomo el Congreso no tiene por qué designar a su contralor. Con el mismo criterio los diputados podrían nombrar a la contraloría de la UNAM, por ejemplo.

   Por otro lado se establece que la fiscalización de las finanzas de los partidos estaría a cargo de “un órgano técnico del Consejo General”. En sus indagaciones, ese órgano técnico no estaría limitado por los secretos bancario y fiscal. Pero esa atribución, que ciertamente es de gran importancia, queda restringida a dicho organismo en vez de que se trate de una facultad del propio Consejo General.

   En otra de las enmiendas constitucionales se prohíbe “la propaganda electoral que denigre a las instituciones, los partidos o las personas”. Es entendible el propósito para evitar las campañas descalificatorias. Sin embargo en las campañas políticas son frecuentes las asperezas y las imputaciones mutuas. ¿Cómo se calificará cuándo una afirmación es denigratoria (es decir, que ofende la fama pública de alguien)?. La mejor manera de sortear o al menos disminuir la agresividad en las campañas radica en propiciar espacios para la deliberación y el intercambio de ideas. Pero nada de eso hay en la iniciativa.

   No hay una sola palabra acerca de la regulación para el acceso de los partidos a la televisión y la radio. Algunos legisladores han dicho que ese tema lo excluyeron de la propuesta que circula desde hace varios días para evitar presiones de las televisoras. Pero parece que sucedió lo contrario: es decir, que debido al cabildeo y los amagos de las empresas de televisión y radiodifusión la iniciativa de reformas constitucionales no precisa cómo habría de garantizarse la presencia de los partidos en tales medios.

   La única fórmula para que modifiquemos la dependencia que hoy tienen los partidos respecto de las empresas mediáticas consiste en cancelar cualquier tipo de contratación para espacios de propaganda política. Los partidos podrían anunciarse en espacios gratuitos, a cargo de los tiempos estatales que todavía existen en la televisión y la radio y con mediación de la autoridad electoral.

   La propuesta de reforma constitucional, por otra parte, precisa y amplía facultades del Tribunal Federal Electoral aunque reduce a 9 años el encargo (ahora es de 10 años) de los magistrados que lo integran. Igual que para los consejeros del IFE, se establece que la renovación de los magistrados del Tribunal sería de manera escalonada.

   Esa modificación no tendría que conducir a la sustitución, ahora mismo, de los consejeros del IFE. Pero si así ocurriera no habría motivo para que no fueran reemplazados, también, todos los miembros del Tribunal. Si los partidos insisten en remover ahora a los consejeros no será por necesidades de la reforma electoral sino por el pueril aunque muy costoso afán de venganza que mantienen algunos de sus dirigentes.

   De hecho, la propuesta de reforma constitucional establece plazos nada apremiantes para que entren en vigor varias de las nuevas reglas. Los cambios al régimen de financiamiento público para los partidos comenzarían a aplicarse en 2010. Si aguardarán hasta entonces para que funcione el nuevo régimen de dinero público, ¿por qué no pueden esperar también para iniciar la designación escalonada de consejeros electorales? Ya lo sabemos, aunque ahora se rehúsan a reconocerlo: con esta reforma los partidos –al menos PRD y PRI– no pretenden fortalecer sino minar a la autoridad electoral. Por eso la defenestración de los consejeros les resulta fundamental.

   Junto con su autonomía, habrán tirado por la ventana la respetabilidad de la autoridad electoral que contrasta de manera tan ventajosa con la estropeada fama pública de los partidos políticos.

La Crónica, jueves 7 de junio de 2007

En varias ocasiones durante sus argumentadas –y a la postre afortunadas– deliberaciones de los días recientes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia aludieron al pensamiento de Luigi Ferrajoli. Ese profesor de filosofía del Derecho fue citado por el ministro David Góngora cuando recordó una sentencia de la Corte Constitucional Italiana acerca de la concentración de los medios de comunicación en aquel país. El mencionado autor italiano consideró entonces que resulta inaceptable que la ley del mercado sea la única que domine para determinar el régimen de los medios de comunicación. El de los medios es un asunto estrechamente vinculado con la libertad y la democracia, apuntó el ministro citando a Ferrajoli.

   Aquella referencia al pensador italiano está tomada del artículo de Ferrajoli “La ley sobre la información. Libertad y propiedad” que apareció en enero de 2004 en La revista que publicaba el diario Il Manifesto. Se trata de un texto que cuestiona la excesiva concentración de concesiones de televisión en manos del entonces primer ministro Silvio Berlusconi pero que, más allá de esa peliaguda coyuntura, reflexiona acerca de la paradójica capacidad que los medios electrónicos tienen para reducir la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas. El acaparamiento de muchos medios por parte de pocos empresarios suele trocarse en autoritarismo de la radio y especialmente de la televisión.

   La línea argumental inspirada en Ferrajoli, fue reiterada por el ministro Góngora y varios de sus colegas en algunas de las sesiones que la Corte tuvo durante las dos semanas recientes. En ese ejercicio de discusión abierta, con argumentos claros y enterados, de frente a la sociedad y aprovechando los medios televisivos de la propia Corte y del Congreso, los ministros han ofrecido una alentadora muestra de pedagogía cívica.

   El método mismo de discusión, con ponencias que se nutrieron en el estudio de los ministros y sus grupos de trabajo así como en la convocatoria a especialistas en asuntos técnicos, resultó ejemplar. Y el contenido de las deliberaciones indicó una clara voluntad no sólo para mostrar de qué están hechos sino, además, para asumir una perspectiva amplia que no quedase acotada por consideraciones de detalle ni por los muchos intereses que han estado en juego en las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión.

   Ante las presiones de las televisoras, los ministros mantuvieron un comportamiento autónomo y sustentado tanto en su propia autoridad como en una reconocible dignidad. Quienes durante largo tiempo hemos deplorado la inexistencia de contrapesos ante el poder habitualmente desbordado de las televisoras, hemos presenciado con enorme satisfacción la manera razonada y razonable con que la Corte se erigió como factor de equilibrio en este litigio. Sus determinaciones invalidan los privilegios que las inopinadas reformas del año pasado otorgaban a las televisoras. Pero además, establecen parámetros desde ahora insoslayables para una renovación del marco jurídico de los medios electrónicos en México.

   El dictamen cuyo proyecto elaboró el ministro Salvador Aguirre Anguiano advertía que una concentración de medios de radiodifusión como la que existe en México atenta contra la pluralidad a la que tiene derecho la sociedad. A esas consideraciones se añadieron, en días recientes, contribuciones como las del ministro Góngora que en varias sesiones recalcó el derecho que los ciudadanos tienen a que se encuentren garantizadas las libertades de expresión e información. Tales prerrogativas no se pueden ejercer cabalmente cuando las opciones mediáticas no corresponden a la diversidad que existe en la sociedad, o cuando el interés de pequeños grupos privados se sobrepone ostensiblemente al interés de las audiencias de la televisión y la radio.

   Al eliminar el aprovechamiento prácticamente vitalicio de las concesiones y establecer que en la asignación de nuevas frecuencias la autoridad administrativa tendrá que tomar en cuenta la trayectoria y las propuestas de programación de los aspirantes a difundir en radio y televisión, la Corte redimió el interés público en la utilización del espectro radioeléctrico. En todo el mundo las concesiones tienen vigencias de entre 5 y 11 años y resultaba desmedido que en México fueran, obligatoriamente, de 20 y con refrendo prácticamente automático.

   Al desechar el artículo 28 de la Ley de Radio y Televisión que les regalaba a los concesionarios el privilegio de utilizar las frecuencias con servicios adicionales a los de radiodifusión de la manera que quisieran, sin requerir mas que una notificación administrativa y sobre todo sin pagarle por ello al Estado, los ministros reivindican el dominio de la Nación sobre el espectro radioeléctrico. Y de paso ponen a cada quien en su lugar en el escenario de la radiodifusión mexicana.

   Los principales concesionarios y muy especialmente los propietarios de las dos televisoras comerciales han estado acostumbrados a considerar que la radiodifusión en México es propiedad suya. Más aún, por lo general se han comportado como si el espectro radioeléctrico fuese una más de sus posesiones. Las decisiones de la Corte desmienten esa pretensión patrimonialista.

   La televisión y la radio son actividades de interés público. Las frecuencias de radiodifusión y el espacio en el que se difunden son propiedad de la nación. La radiodifusión privada ocupa un sitio importantísimo en el panorama de los medios electrónicos pero no es el único actor ni sus intereses son los únicos que pesan allí. Esos principios parecen elementales pero los empresarios mediáticos más influyentes, particularmente en la televisión, no han querido entenderlos.

   Quizá la decisión de la Corte contribuya a que esos capitanes de empresa y quienes les sirven pongan los pies en la tierra. Nadie ha propuesto que Televisa o Azteca desaparezcan. Pero no tienen por qué ser las únicas opciones en el campo de la televisión comercial mexicana. Nadie ha propuesto que dejen de desarrollarse. Pero tendrán que hacerlo reconociendo que están sometidas a reglas y, antes que nada, al dominio de la nación sobre el espacio abierto que usufructúan.

   Las decisiones de la Corte significan, también, un revés a la irresponsabilidad que en diciembre de 2005 y marzo de 2006 manifestaron las cámaras de diputados y senadores al aprobar las reformas ahora reconocidas como inconstitucionales. En el trabajo de revisión legislativa que emprenderá de inmediato el Congreso tendrá que considerar no solamente las decisiones de los magistrados sino, también, el cuestionamiento allí implícito al descuido con que aprobó la Ley Televisa.

   Varios de los integrantes de la anterior Legislatura lograron distanciarse de las convenencieras mayorías que dominaban en ambas Cámaras. Particularmente, los 47 senadores que interpusieron el ahora fructífero recurso de inconstitucionalidad supieron conducir sus desacuerdos con inteligencia política y jurídica. Las decisiones de la Corte no habrían sido posibles sin la perseverancia de ex senadores entre quienes destacan Javier Corral Jurado, Manuel Bartlett Díaz, Dulce María Sauri, Raymundo Cárdenas, Felipe de Jesús Vicencio y César Raúl Ojeda. Todos ellos, más allá de banderías partidarias, supieron entender en la disputa por la ley Televisa un tema fundamental en el tránsito democrático de nuestro país y lo asumieron como causa sin arredrarse ante las muchas presiones que recibían.

   Todos ellos, igual los ministros de la Corte, seguramente comparten preocupaciones como las que con autoridad y claridad ha expresado el ya mencionado Luigi Ferrajoli. En otro fragmento del texto recordado por el ministro Góngora, ese autor italiano alerta contra los efectos de la televisión sobre el interés de los ciudadanos: “Ese poder –el poder empresarial– viene a sobreponerse y a traslaparse con un derecho de libertad, la libertad de prensa, de opinión y de información, y entonces a acapararlo y estrujarlo. Los derechos de libertad, más que limitar al poder están, de alguna manera, limitados… la relación cada vez más estrecha entre la información y los poderes políticos de hecho, y no solo en Italia, están sofocando tanto al pluralismo como a la libertad de información”.

   Precisamente ha sido Ferrajoli quien, en un ensayo publicado en 2000, clasificó a los “poderes salvajes” que amenazan la estabilidad de las sociedades y los Estados contemporáneos. Algunos de ellos son de carácter delincuencial y otros son poderes de carácter extralegal, entre los cuales podemos reconocer a los medios de comunicación tal y como han funcionado en Italia o México.

   Si el poder mediático ha podido desarrollarse con tanta prepotencia e impunidad como las que hemos conocido en este país ha sido tanto por la ineficacia del marco jurídico como por la ausencia de contrapesos suficientes. Ambas carencias, han comenzado a ser resueltas gracias a las decisiones de la Suprema Corte.

La Crónica, 31 demayo de 2007

Aun antes de que los ministros de la Suprema Corte comiencen a discutir los
puntos más relevantes de la ley Televisa, los defensores de esa
contrarreforma ya experimentaron sus primeras derrotas. No me refiero a las
decisiones iniciales que la Corte asumió en días pasados, cuando se ocupó de
asuntos como el veto a quienes ya formaron parte de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones para seguir siendo considerados en el proceso de
integración de ese organismo, o los discriminados medios permisionados que
tienen derechos inferiores a los que disfrutan las radiodifusoras y
televisoras de índole comercial. Cuando digo que los defensores de la ley
Televisa han sufrido los primeros tropiezos en este proceso de discusión y
rectificación legales quiero recordar la manera como las dos televisoras
comerciales se han exhibido a sí mismas, al desplegar un comportamiento
abusivo, calumnioso y cínico en contra de algunos de los impugnadores más
notorios de esa contrarreforma.
En un esfuerzo bastante patético para confundir acerca de esa discusión
las dos televisoras, proponiéndose lo contrario, han enaltecido la imagen
pública del ex senador Javier Corral Jurado.
Al hoy presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información,
Televisión Azteca le recrimina estar sosteniendo posiciones contrarias a las
que, según esa televisora, Corral manifestaba hace pocos años. La semana
pasada, en todos sus noticieros, Azteca difundió una pieza que por respeto a
los periodistas tenemos que negarnos a considerar como noticiosa. Allí se
dice que cuando era legislador, Corral promovió una iniciativa de ley de
telecomunicaciones en donde se proyectaba que los integrantes de la Comisión
Federal de ese ramo fuesen ratificados por el Senado después de haber sido
propuestos por el Ejecutivo Federal.
Aquel proyecto era un documento de trabajo y nunca pudo fructificar como
iniciativa debido a la oposición de muchos de los legisladores que, más
tarde, aprobarían las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y
Televisión ­–las cuales por economía verbal pero también para subrayar a la
entidad que elaboró, promovió, defiende y gana más con tales modificaciones,
han sido denominadas ley Televisa–. En aquella propuesta de Ley de
Telecomunicaciones, Corral y otros senadores sugerían la creación de un
organismo regulador verdaderamente autónomo, no sólo por el procedimiento
para designarlo sino antes que nada por las capacidades que tendría. Esa
convicción la mantuvieron cuando, el año pasado, cuestionaron la ley
Televisa. Quienes hayan seguido las discusiones sobre ese tema, entre enero
y marzo de 2006, recordarán el énfasis que esos legisladores hacían sobre la
debilidad que tendría la Cofetel con el diseño que resultaba de tales
reformas. Así que cuando le reprochan a Corral una supuesta inconsecuencia,
los merolicos de Televisión Azteca (perdón por el adjetivo, pero no es
posible considerar periodistas a quienes simplemente repiten un libelo que
les han escrito) dicen mentiras al referirse de manera parcial a aquella
propuesta de Ley de Telecomunicaciones.
En lo personal, me parece que la participación del Senado en la
ratificación de los integrantes de la Cofetel es un aspecto reivindicable de
la ley Televisa y no he estado de acuerdo con la impugnación que los ahora
ex senadores hicieron de ese apartado. Pero antes que nada, lo que hace
falta es una Comisión capaz de administrar las telecomunicaciones y la
radiodifusión y que no sirva únicamente como oficialía de partes de las
televisoras y la SCT que es como la plantearon las reformas del año pasado.
Corral no ha sido inconsecuente. Pero, de haberlo sido, ¿qué importancia
tendría para la discusión de las leyes de medios? Todos los legisladores
matizan, complementan o rectifican sus posiciones: esa es, cuando se
encuentra sustentada en ideas, la esencia de la deliberación parlamentaria.
Si ese ahora ex legislador hubiese cambiado de opinión nada habría de
extraño al respecto. Pero no lo hizo y la televisora propiedad de Ricardo
Salinas Pliego se empeñó en inventarle una conducta en la que no incurrió.
Lo que ha querido Televisión Azteca es restarle legitimidad a la
preocupación social alrededor de la ley de medios. En vista de que Corral es
uno de los promotores más perspicaces y activos de la impugnación a esas
reformas, la televisora quiso mostrar una aparente debilidad del ex senador.
No había tal. Pero incluso cuando Corral exigió espacio para ejercer su
derecho de réplica, Televisión Azteca se burló de él afirmando que de
ninguna manera le facilitaría esa posibilidad.
La cantinela de la presunta inconsecuencia de Corral ha sido repetida en
otros medios, tanto en la radio como en columnas en la prensa escrita.
Incluso periodistas que a juzgar por sus apresurados textos no se han tomado
la molestia de estudiar las reformas que están siendo discutidas -como
varios interesados columnistas financieros y ayer, en Milenio, Carlos Marín-
han repetido esas versiones. Desprovistos de argumentos para defender a la
ley Televisa, quieren contribuir a la campaña de desconcierto sumándose al
intento para descalificar a Corral. En realidad se califican a sí mismos.
También la semana pasada y concatenada con la campaña de Azteca, Televisa
difundió perseverantemente, en sus noticieros, una decisión judicial acerca
de un litigio que ha mantenido durante varios años con el mismo ex senador.
Cuando Corral fue candidato al gobierno de Chihuahua su partido, Acción
Nacional, contrató espacios para propaganda en los canales locales de dicha
empresa. Al término de la campaña Televisa se negó a entregarle al partido
las facturas por esa venta de spots y sin tales documentos el PAN no podía
pagarlos. La actitud de la empresa era resultado de un capricho que además
pretendía, como se ha visto ahora, convertirse en presión contra Corral.
Televisa de Chihuahua les explicó a los dirigentes estatales del PAN que
solamente aceptaría el pago si el dinero lo aportaba Corral personalmente.
Ante esa pretensión inusitada e ilegal, el conflicto se fue a los
tribunales.
Cuando Televisa ha informado, también en sus principales noticieros,
acerca de la sentencia de un juez para que el pago se realice, ha omitido
explicar las circunstancias de ese litigio. No es una información sino un
amago lo que transmitió en esa nota. Las aclaraciones del PAN de Chihuahua
insistiendo en que no desconoce la deuda y que se trata de un compromiso del
partido y no de su ex candidato, no recibieron cobertura significativa.
Tampoco la explicación de Corral que, además, ha recordado que ese proceso
legal todavía no concluye.
La insistencia para estropear la imagen de un personaje público da cuenta
de la debilidad de los argumentos, así como de la aprensión que las
televisoras tienen respecto de Corral y quienes comparten sus puntos de
vista. Tanto la campaña de calumnias de Azteca como la campaña
desinformadora de Televisa han sido tan burdas que no calaron en el ánimo de
la sociedad activa, interesada en estos asuntos, que es a la que las
televisoras quisieran convencer. La respetabilidad del licenciado Corral no
ha variado un ápice. Y sin quererlo las televisoras han demostrado, en vivo
y en directo, por qué necesitamos un régimen de medios distinto al que
padecemos ahora.
Esas campañas confirman el patrimonialismo convenenciero, el desprecio al
debate y el autoritarismo mediático que campea en las dos empresas. Quienes
han creído que Televisa ha cambiado porque de cuando en cuando muestra
alguna apertura a puntos de vista diversos, podrán constatar de qué manera
utiliza sus frecuencias no para informar sino para tratar de golpear a
quienes considera sus adversarios. Quienes han querido suponer que en
Televisión Azteca no todo es lo mismo, encontrarán en este caso la
confirmación de un comportamiento faccioso que se difundió incluso en los
noticieros del 40 -el canal que, como es imposible olvidar, está en manos de
esa empresa como resultado de un proceso repleto de ilegalidades–.
Al margen de spots y libelos disfrazados de noticias, la discusión en la
Corte sigue. Sabremos, como se nos ha anunciado, de qué están hechos los
ministros. Por lo pronto hemos podido corroborar la inescrupulosidad
profesional, la desvergüenza corporativa y la ineficaz pero injuriosa
prepotencia de las que están hechas las dos televisoras comerciales.

 A un año de la Ley Televisa

Publicado en La Crónica el jueves 29 de marzo de 2007

   No hubo razones que respaldaran aquella decisión de la mayoría senatorial. En patente aceptación de su indigencia argumental, los 81 senadores que el 30 de marzo de 2006 aprobaron la Ley Televisa dejaron la tribuna en manos de quienes se oponían a esas reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión. Durante varias horas los legisladores que habían encabezado la oposición a esas modificaciones reiteraron, sin encontrar una sola réplica, los muchos riesgos que implicaban para la soberanía del país sobre sus espacios radioeléctricos y para la diversidad comunicacional a la que tiene derecho la sociedad mexicana.
   La Ley Televisa, insistieron sus impugnadores, carecía de reglas equitativas para la asignación de nuevas concesiones de televisión y radio. Al establecer la oferta económica que presenten los interesados como criterio fundamental para el otorgamiento de frecuencias, se deja el desarrollo de esos medios al garete de los intereses mercantiles. La nueva composición de la Comisión Federal de Telecomunicaciones se advertía, desde entonces, como mero subterfugio para mantener las decisiones primordiales respecto de la radiodifusión en manos del gobierno federal. A los medios públicos y comunitarios, las nuevas disposiciones solamente los tomaban en cuenta para imponerles restricciones adicionales a las que ya padecían. Los cambios que aparentemente implicaba para la compra de espacios de propaganda por parte de los partidos eran esencialmente cosméticos y no atendían la necesidad de regular y limitar ese gasto. Tales reformas no implicaban un respaldo eficaz a la producción independiente ni a la diversidad de opciones en la televisión mexicana.
   Y lo más importante: al facultar a los concesionarios que ya tenían licencias de radio y televisión para que además de difundir señales de radiodifusión en esos espacios pudieran transmitir servicios de telefonía e Internet, entre otras opciones que ahora son posibles gracias a la digitalización de las telecomunicaciones, dichas reformas propiciaron un formidable negocio adicional para las principales empresas de ese ramo.
Las modificaciones al artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión permiten que esos concesionarios ofrezcan tales servicios adicionales sin establecer claramente la obligación para que, a cambio, le paguen por ello al Estado. En cambio las empresas que desde hace años brindan servicios de telefonía han tenido que pagar por ello cantidades muy altas, ya que las porciones disponibles para ello en el espectro radioeléctrico son limitadas y cada vez más cotizadas. El uso de un recurso natural por el que algunas empresas han pagado, podrá resultarles gratuito a los concesionarios de televisión y radio. La pérdida que tendría el Estado mexicano ascendería a varios miles de millones de dólares.
   Por eso, poco después de que fue abruptamente aprobada el 1 de diciembre de 2005 en la Cámara de Diputados, a esas reformas se les denominó Ley Televisa. Esa empresa, junto con Televisión Azteca, era indudablemente la beneficiaria principal de tales modificaciones legales. Pronto se comprobaría que, además de agraciada, Televisa era autora y promotora de dicha reforma.
   Solamente así podía explicarse el repentino proyecto que había presentado un hasta entonces oscuro diputado priista, Miguel Lucero Palma, sin conocimientos ni experiencia mostrados en el campo de las telecomunicaciones. Solamente así podía entenderse la insólita aquiescencia de los 327 diputados que el primer día de diciembre habían respaldado esa inopinada reforma. Algunos quisieron pensar que aquellos diputados se habían descuidado y que, confundidos en el maremágnum legislativo de fin de año, habían aprobado esas reformas sin entender su verdadero alcance.
   Ahora se sabe que, en todos los grupos parlamentarios, al menos los diputados más enterados conocían el significado de esas modificaciones legales. Todos ellos las aprobaron por instrucciones de sus respectivos candidatos presidenciales que, a su vez, de esa manera querían congraciarse con Televisa a unos cuantos días de que comenzaran las campañas formales hacia las elecciones del 2 de julio.

   Más tarde entre priistas, panistas y perredistas habría, de diferentes maneras, impulsores de la Ley Televisa que deploraron haberse comportado de esa manera porque al cabo de pocos meses comprobaron que esa empresa de comunicaciones no favorecía a sus candidatos como inicialmente habían esperado.
La unanimidad y la precipitación del 1 de diciembre fueron tan escandalosas que al menos propiciaron una intensa atención pública sobre la Ley Televisa. Productores, cineastas, actores, técnicos, académicos y periodistas, entre otros, comprendieron los peligros que implicaban aquellas reformas y mantuvieron ante ellas una informal pero muy destacada coalición ciudadana. Forzado a escuchar posiciones acerca de la minuta que ya había sido aprobada por los diputados, el Senado abrió audiencias en donde las razones contra la Ley Televisa sobrepasaron, en cantidad y calidad, a los parcos pero prepotentes defensores de esas modificaciones.
   A favor de la Ley Televisa se manifestaron, exclusivamente, los intereses empresariales a través de diversas voces. Empleados de despachos de asesoría jurídica contratados primero para escribir dicho proyecto de ley y luego para propagandizarlo, se hicieron cargo de esa defensa. Pero no eran argumentos sino coacciones e intimidaciones lo que estaba en juego. A no pocos de los firmantes de documentos contra la Ley Televisa, personeros de esa empresa les recriminaron que hubieran asumido tales posiciones y trataron de intimidarlos. El cabildeo más intenso era delante y dentro de los partidos políticos, a cuyos senadores también les hicieron ofertas y exigencias, según fuese el caso. A los radiodifusores que por diversos motivos se habían inconformado con la Ley Televisa también los llamaron a cuentas. Y en la industria de las telecomunicaciones, cuyos directivos habían rechazado tales reformas entre otros motivos porque no conducían a un auténtico aprovechamiento de la convergencia digital, las coacciones incluyeron amenazas de Televisa para dejar de comprarles insumos o servicios.
   En esa operación fueron cosechados los 81 votos senatoriales por la Ley Televisa. No había convicciones sino conveniencias detrás de ellos. Lo más notable fue cómo, ante tal despliegue de recursos para forzar la decisión legislativa en beneficio de la corporación mediática más influyente y arrogante, hubo 40 senadores que votaron en contra —cuatro más, se abstuvieron—.

  
   Varias semanas después, el 4 de mayo, 47 senadores presentaron en la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad respaldado con una extensa documentación. Aunque el conservadurismo y el apego a los poderes fácticos que han demostrado algunos de sus integrantes no ofrecen demasiado margen para esperar una resolución favorable a esa impugnación, de la decisión de la Corte depende, en parte, el futuro de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. La otra vía para enmendar el allanamiento de esos sectores a un puñado de intereses privados, se encuentra en las nuevas reformas que puedan emprender los actuales legisladores. No hay que olvidar que la Ley Televisa implicó la modificación de unos cuantos artículos en un par de leyes federales y que el régimen legal de la radiodifusión mexicana sigue siendo tan obsoleto como hace décadas.
   Mientras tanto, las reformas de hace un año han propiciado la conformación de una nueva Comisión Federal de Telecomunicaciones en la cual se encuentran peones y aliados de las grandes televisoras —está presidida por Héctor Osuna, quien fue uno de los senadores que encabezaron la defensa de la Ley Televisa—. El acatamiento de ese organismo al interés de los monopolios de la radiodifusión se ha manifestado en algunas de sus primeras decisiones y sobre todo en la indefinición con que mantiene asuntos relevantes como las solicitudes de nuevas frecuencias para televisión.
   Otra consecuencia de la Ley Televisa fue la propagación, en segmentos significativos de la sociedad mexicana, de las posiciones discrepantes respecto de esa empresa y del régimen de radiodifusión que tenemos en México. Una de las expresiones de ese nuevo contexto crítico ha sido la revitalización de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información cuyo nuevo presidente, Javier Corral Jurado, tomó posesión la semana pasada, el martes 20 de marzo, en una ceremonia realizada en la Facultad de Derecho de la UNAM.
   Conocido como uno de los impugnadores más perseverantes al régimen de privilegios mediáticos que cristalizó en la Ley Televisa, Corral recordó en esa ocasión que muchos de los miembros de la Asociación somos los que impugnaron aquella reforma pero nos define mucho más que esa coyuntura: “Nosotros somos los que estamos a favor de la democratización de los medios de comunicación electrónica en México, los que consideramos que como el agua, que como la seguridad, que como el medio ambiente, como la salud y la educación, la información es un bien público y no una mercancía, que esa industria poderosa e influyente de la radio y la televisión debe ser también un servicio público y no sólo un negocio, que se hace millonaria con los recursos públicos destinados a la política electoral y a los partidos, y se ha vuelto obstáculo para el verdadero debate, de la auténtica discusión de los problemas del país, que no las intrigas palaciegas de los políticos entre sí, sino la pobreza insultante, la desigualdad como principal cáncer que destruye la vida nacional”.

Publicado en Nexos de mayo de 2006

Las campañas electorales confirman, entre otras pobrezas de nuestra vida social y nacional, el abatimiento del debate público. Todavía hace no mucho tiempo los partidos y sus candidatos pretendían –o al menos eso aseguraban– que para buscar el voto de los electores ofrecerían diagnósticos y propuestas. Hoy en día, tal y como ratifica la campaña presidencial que presenciamos en estas fechas, tal aspiración, con toda y la carga pretenciosa y retórica que tenía, ha quedado manifiestamente arrinconada. Arregladas al ritmo de las exigencias y cadencias mediáticas, las principales campañas buscan el golpe escenográfico y no la persuasión deliberada. Sometidos al aguacero de agravios y reproches que ellos mismos maquinan, los tres partidos nacionales se encuentran más preocupados por las respuestas que por las propuestas.

Esa batahola que domina en la vida política no ha encontrado un contexto de exigencia crítica, y mucho menos un contrapeso simbólico, en los actores sociales que en otros momentos solían contrastar excesos retóricos o reales de partidos, candidatos y gobernantes. Periodistas e intelectuales, cuando se ocupan de temas de actualidad política, habitualmente lo hacen con adicionales dosis de especulación, magnificación, suspicacia y maledicencia que nutren el de por sí exacerbado estruendo que prevalece en el espacio público.

Desde hace rato, pero especialmente en los meses recientes, venimos padeciendo una lamentable declinación del debate público. La discusión abierta ha quedado reducida a la exposición de estereotipos, consignas y dicterios o, en otros casos, de adhesiones sin condiciones. Los grandes temas nacionales han sido relevados por una sucesión de grandes lemas que se acomodan según las expectativas o conveniencias de cada quien.

Piénsese, si no, en cualquiera de los asuntos que tendrían que ser reconocidos como relevantes en cualquier país. Por lo general –y desde luego hay excepciones, pero de insuficiente visibilidad– cuando se habla de reforma fiscal, manejo de los energéticos, protección ambiental o seguridad pública, es a partir de lugares comunes y no del examen crítico y la presentación de opciones en cada uno de esos temas. La prensa diaria y los medios electrónicos pero también, con frecuencia, las discusiones y publicaciones académicas, se reducen al inventario de problemas ya conocidos para los cuales se enumeran clichés también harto repetidos. Y de las cuestiones nodales a partir de las cuales antes se definían –o se pretendía que así era– las visiones del país y los proyectos para gobernarlo, nadie o casi nadie se quiere acordar. El sentido y las prioridades de la educación pública, las miserias y opciones del campo mexicano, los grandes modelos de política económica o las urgencias en la investigación tecnológica, son algunos de los muchos asuntos marginados de la discusión pública.

Abandono de las ideas

No tenemos una auténtica deliberación pública. La indolencia para discutir va de la mano con el abandono de las ideas. El compromiso suele estar con los proyectos políticos y no con la reflexión y los argumentos. Se echa de menos el papel de la crítica intelectual y de los espacios que en otros tiempos la propiciaron y con la cual se nutrieron.

En todo el mundo los dimes y diretes, convertidos en solaz nacional gracias al prisma amplificador de los medios, son parte de la política y de la apropiación que la gente hace de ella. México no es la excepción pero entre nosotros la resistencia a esa trivialización y escandalización de la vida pública resulta singularmente débil a causa de la atonía de nuestro panorama intelectual y, especialmente, del generalizado decaimiento del debate público.

Hace un par de años Enrique Krauze y la revista Letras Libres sugirieron la creación de un comité para organizar debates en televisión. “Hoy por hoy –decía ese historiador– la política mexicana es un teatro (mitad farándula, mitad reality show) trasmitido en vivo por los medios de comunicación y ubicado en el Eje ‘Los Pinos-Zócalo-Donceles-San Lázaro’, en cuyo escenario hablan el Presidente y su esposa, el Gabinete, el Jefe de Gobierno del DF, senadores, diputados, algunos gobernadores y el coro de la clase política, mientras el resto del país bosteza, abuchea o guarda silencio en las butacas. Para cambiar este desorden de cosas, para tomar la palabra, para alentar una participación política madura, informada y eficaz, los espectadores debemos dejar el teatro y organizar un espacio propio cuyo propósito sea elevar la calidad del debate público”.

En aquellas fechas los videoescándalos y las denuncias mutuas iniciaban una hasta ahora inacabada fase de aquelarre y desconcierto en la vida pública mexicana. La propuesta de Krauze suscitó docenas de comentarios (de los cuales hicimos un recuento para la revista Configuraciones) al cabo de los cuales se confirmó una de las quejas del director de Letras Libres: “Vivimos una Babel cotidiana en donde lo fundamental se confunde con lo nimio… no tenemos siquiera un acuerdo de cómo resolver nuestros desacuerdos”.

Carencias e impedimentos

Más allá de la discusión acerca de las características de aquella iniciativa, la dificultad central para ponerla en práctica –y, de hecho, uno de los motivos principales que la hacían interesante– es la debilidad en el intercambio de ideas en nuestra vida pública. El debate público es tan escaso que se le puede considerar exánime debido a impedimentos como los siguientes.

1. Complacencia. Entre los actores políticos, así como en el mundo intelectual, no existe un contexto de exigencia capaz de identificar problemas, generalizar diagnósticos y abrir, entonces, una franca discusión sobre cada uno de ellos. Por una parte, entre una y otra formación política y en los coros de adhesiones y reprobaciones que se constituyen alrededor y enfrente de ellas no hay debate sino retórica –eso sí, en términos frecuentemente ríspidos–. Por otra, dentro de los partidos y en sus respectivos circuitos de influencia no se aprecian ejercicios de rigor analítico y mucho menos autocrítico.

2. Superficialidad. Carentes por lo general de compromisos específicos, las posiciones políticas se asemejan casi todas al menos en el discurso de candidatos y partidos. Cuando ofrecen propuestas, son casi idénticas independientemente del marco ideológico o político al que se adscriba cada quien. Doblegados a la fatalidad del cliché y en demostración de la escasa audacia o creatividad política que los determina, candidatos, partidos y analistas políticos coinciden en reivindicar grandes axiomas como si fueran o tuvieran que ser inamovibles. Por ejemplo, cuando se habla de las opciones para el gasto público, unos y otros han descartado la discusión sobre el déficit fiscal que en otros países es reconocido como un instrumento (riesgoso pero útil) de política económica.

3. Negligencia. Subyugados por la incesante aparición de nuevos y por lo general perturbadores o llamativos acontecimientos, ni los protagonistas ni los observadores de la vida pública le dan seguimiento a los asuntos que han sido notorios durante algunos días. Un caso: la reforma sobre derechos indígenas suscitó largas y enconadas discusiones cuando fue propuesta y aprobada en 2001, pero hoy nadie se toma la molestia de analizar qué fue de ella y qué consecuencias ha tenido.

4. Desinterés. El debate público no tiene espacios adecuados para desarrollarse. A los medios electrónicos les interesa el griterío del vituperio, no la exposición inevitablemente cadenciosa de argumentos y contrarréplicas. La prensa diaria y no pocas revistas han reducido de tal manera el espacio para textos de opinión que en ellos apenas caben unos cuantos pincelazos y no el lienzo completo que es preciso dibujar para rebatir un punto de vista y exponer otro de manera documentada. El periodismo light ha confirmado el abandono, o al menos el estrujamiento, de la reflexión crítica.

5. Extrañeza. El debate es contradictorio con la cultura de la simulación que domina la vida pública mexicana. Con frecuencia en los ámbitos sociales más diversos –entre ellos la academia e incluso en las instituciones políticas– a la confrontación de ideas se la rehuye como si fuera una calamidad y no un mecanismo para precisar nociones, posturas o propuestas. El debate suscita más temor que interés. Cuando en una reunión hay dos personas que discuten y alguien las conmina para dejar de hacerlo reclamando “que no se hagan diálogos” estamos ante una negación del intercambio y el debate.

6. Polarización. Cuando hay discusión –que no necesariamente debate– las posiciones en conflicto suelen exacerbarse de tal manera que solamente se aprecian los rasgos más ásperos de cada una. Los matices que siempre existen en cada tema quedan desvanecidos cuando solamente se aprecian posiciones en blanco o negro. En palabras de Néstor García Canclini, en un reportaje de Jaime Reyes Rodríguez: “Las sociedades suelen ser más complejas, y cuando las encajonamos en dos opciones estamos expulsando algo más que matices. Para ir construyendo una cultura de la polémica es útil, ante cada opción binaria, preguntarse qué temas y problemas dejamos fuera”. Lamentablemente no es ese el método que prevalece en un contexto dominado por las apreciaciones maniqueas. Hay más alineamientos que razonamientos.

7. Descalificación. No hay debate sin el reconocimiento mutuo, como interlocutores, de los debatientes. Cuando no se cumple con ese requisito no existe discusión sino, acaso, solamente en apariencia. Si no hay ideas en juego sino únicamente agravios recíprocos, si las anécdotas y la retórica dominan sobre el cotejo de marcos conceptuales y propuestas, no existe el entorno de entendimientos indispensable para debatir.

8. Aldeanismo. La mayor parte de las discusiones que transitan por nuestro escenario público están determinadas por perspectivas únicamente locales. Acostumbramos ufanarnos de una globalización en la que inevitablemente nos reconocemos pero, por lo general, no miramos hacia el resto del mundo cuando enfrentamos los problemas que tenemos delante nuestro. En cada asunto hay especialistas que indudablemente tienen miradas enteradas acerca de la situación internacional del tema que dominan. Pero en la discusión pública esas lecciones y experiencias suelen quedan apabulladas por circunstancias, sucesos y ambientes locales.

9. Espectacularización. La discusión pública, cuando la hay, por lo general no busca la verdad sino la notoriedad. Las tintas se cargan y los adjetivos arrecian con tal de llamar la atención tanto de los medios como de sus públicos. No existe, entonces, debate sino espectáculo. Gerardo de la Concha ha explicado las consecuencias de que tengamos muchos escándalos y casi ninguna polémica: “Y es que el escándalo se asocia a la sociedad del espectáculo, finalmente al vacío. Y la polémica apela al argumento, así sea un argumento colérico, lo cual es una forma de racionalidad inexistente en la sociedad del espectáculo, llamada de esa manera por Guy Debord para describir cómo la apariencia, la farsa, excluye los contenidos de lo verdadero; cómo el rito de lo superficial entierra al espíritu y a la razón, conformando una sociedad donde la forma de la imagen sustituye al fondo de las cosas y donde prevalece la retórica por encima de las ideas”.

10. Mediatización. Acaparada por los formatos, intereses y preferencias de los medios de comunicación de mayor audiencia, la escena pública sólo acoge –o sólo privilegia– discusiones cuya intensidad dramática cumpla con las exigencias del espectáculo. El estilo preponderante en los medios electrónicos –frases cortas, intervenciones breves, formulaciones simples, ideas escuetas– es refractario a la exposición lógica, a los matices y la densidad argumental que requiere la auténtica deliberación. La discusión en espacios mediáticos no intenta esclarecer sino exponer. No busca interlocutores sino públicos. Hace poco, cuando le preguntaron acerca de los intelectuales en su país, el filósofo Jean Baudrillard contestó: “Ya no hay intelectuales franceses. Los que usted llama intelectuales franceses han sido destruidos por los medios. Hablan en televisión, hablan a la prensa y ya no están hablando entre ellos mismos”.

Referencias:

-Gerardo de la Concha, “Perdidos en la retórica”. Reforma, 16 de enero de 2005.

-Enrique Krauze, “Para salir de Babel”. Letras Libres, mayo de 2004.

-Jaime Reyes Rodríguez, “Faltan ideas a la polémica”. Reforma, 16 de enero de 2005.

-Deborah Solomon, “Questions for Jean Baudrillard”. The New York Times Magazine, 20 de noviembre de 2005.

-Raúl Trejo Delarbre, “Para no seguir en Babel. Una reseña de los juicios y reacciones ante el debate sugerido por Enrique Krauze”. Configuraciones número 15. Otoño-Invierno de 2004.

La Crónica, febrero 13 de 2005

La mitad de los senadores presentes en la sesión del jueves por la tarde se negó a respaldar la iniciativa que hubiera permitido la reelección de los miembros del Congreso. La otra mitad apoyó esa posibilidad.

   A la mitad que discrepó con esa propuesta les han llovido descalificaciones no siempre escrupulosas. En cambio los legisladores que respaldaron esa propuesta están siendo considerados como impulsores de la democracia y el cambio político.

   Los votos de los 51 senadores que simpatizaron con esa iniciativa no fueron suficientes porque, tratándose de una reforma constitucional, se requería el respaldo de dos terceras partes de los legisladores de esa Cámara. En contra estuvieron 50 senadores y hubo una abstención.

   Partido en dos en ese tema, el Senado fue representativo de las adhesiones, dudas y francas discrepancias que suscita la posibilidad de que los legisladores sean reelectos. La Constitución Política permite que quienes han sido diputados federales o senadores vuelvan a desempeñar esa responsabilidad pero no el periodo inmediato.

Dos concepciones

   Las resistencias a la reelección forman parte de la historia, pero también de los equilibrios del sistema político mexicano. Es imposible olvidar la intensa convicción con la que, durante y después de la revolución de hace casi un siglo, se extendió el rechazo a la reelección. Hermanarla con la efectividad del sufragio ha sido uno de los apotegmas de la vida política nacional que comparten muchos mexicanos, más allá de las adhesiones partidarias que puedan tener.

   Otros, consideran que la imposibilidad para que se reelijan de manera inmediata constituye un obstáculo a la solidificación del Congreso como auténtico contrapeso al Poder Ejecutivo y al desarrollo de una verdadera carrera parlamentaria.

   Ambas posiciones se expresaron el jueves 10 de febrero, en uno de los debates más maduros que se han escuchado recientemente en el Congreso mexicano.

   Buena parte de los comentarios que se han dicho y publicado en los días recientes no toman en cuenta los argumentos expresados aquel día en el Senado. Se ha extendido la impresión de que la reelección inmediata de los legisladores es requisito indispensable en el avance democrático del país. Y al considerar que se trata de una posición  políticamente correcta –con su correspondiente contraparte– se tiende a soslayar los puntos de vista razonados que también se expresan  contra la reelección inmediata.

   La que se discutió y finalmente resultó aplazada el jueves, es una iniciativa de varios senadores para reformar los artículos 59 y 116 de la Constitución. Con ese cambio el primero de tales artículos hubiera establecido: “Los Senadores podrán ser electos de manera inmediata hasta por un periodo adicional. Los diputados podrán ser reelectos hasta en tres períodos consecutivos”.

   Actualmente el 59 Constitucional indica que “los senadores y diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el periodo inmediato”.

Sauri: moda e ilusiones

   El debate en Xicoténcatl comenzó con una ordenada intervención de la senadora priista Dulce María Sauri quien consideró que la reelección puede ser una necesidad pero, también, se ha convertido en una moda. Esa legisladora expresó seis objeciones a otras tantas “ilusiones”, como las consideró, que suelen apuntalar la reelección inmediata de senadores. Es pertinente detenernos en ellas porque sintetizan con claridad las objeciones a esa iniciativa.

   Sauri rechazó el argumento de quienes sostienen que la reelección les ofrece a los ciudadanos un mecanismo para sancionar a los legisladores. Al contrario, dijo, a quienes puede servir la permanencia de senadores o diputados es a grupos cuyos intereses coincidan con esos legisladores: “Se asume que al existir un Poder Legislativo con reelección continua, los legisladores responderán únicamente a los intereses de sus electores, pues sólo estos tendrán la posibilidad de ratificarlos con su voto. Poco se ha debatido sobre el riesgo que representan los poderosos e influyentes grupos de poder y de interés, con importantes recursos económicos para asegurar la reelección de los legisladores que le son afines y eliminar a los que le son incómodos. Intentarían y eventualmente lograrían cortar a grupos de legisladores para representar y proteger sus intereses, muy probablemente en demérito de los intereses colectivos de amplios grupos sociales”.

   Al buscar su reelección, se dice también, los senadores o diputados tratarán de acercarse a los votantes. Pero ese es un recurso de doble filo. Pretender la reelección inmediata podría llevar a los legisladores a tratar de congraciarse, más allá de principios o proyectos, con los ciudadanos: “Se presume que al existir reelección continua los legisladores establecerán relaciones políticas cercanas a sus electores y lejos de los intereses de los partidos políticos, ‘partidocracias clientelares’, se les llama. Es factible suponer que los mecanismos de negociación política y los canales de expresión de las demandas de las organizaciones populares, obreras, campesinas se trasladarían al Congreso de la Unión y se reflejarían en su relaciones con la administración pública. Podríamos ver nacer una nueva categoría política, el denominado ‘clientelismo legislativo’ ”.

Carrera parlamentaria

   Otro motivo frecuentemente esgrimido a favor de la reelección es la posibilidad de que haya una carrera parlamentaria. Suele sostenerse, explicó Sauri, “que los legisladores no tienen conocimiento de los temas que manejan, porque no tienen tiempo de aprender. Ese estereotipo ha sido cultivado por el Ejecutivo Federal para erosionar la imagen del Congreso ante la sociedad”.

   Y abundó la senadora: “Sin dejar a un lado la necesidad de fortalecer la profesionalización, vale la pena detenerse a pensar si esta justa demanda de la sociedad se resolvería por la permanencia de individuos en sus cargos o si tiene que ver, principalmente, con el diseño y operación institucional del propio Poder Legislativo”.

   En cuarto lugar la senadora recordó que la iniciativa que estaba a discusión proponía únicamente la reelección de los miembros del Congreso de la Unión. “Los defensores de la reelección inmediata aseguran que esta sólo se plantea para los legisladores federales, incluso el dictamen lo establece con claridad y deja libre la situación de definición en las constituciones de los estados a los congresos de las entidades federativas. De ninguna manera evolucionaría hacia una reelección presidencial”.

¿Y el Presidente?

   Algunos de los argumentos por la reelección senatorial y de diputados federales podrían tomarse en cuenta para proponerla, además, en otros poderes. Sauri lo explicó así: “No podemos dejar de considerar que en el mediano plazo muy probablemente surgiría el tema de la reelección del Ejecutivo. Ya se ha planteado la demanda de reelección continua de presidentes municipales, después puede presentarse como una necesidad la reelección del Presidente de la República con argumentos quizá muy semejantes a los que ahora se presentan: Rendición de cuentas, decisión de los electores, premio a la eficacia de sugestión, entre otros. La reelección continua de legisladores abre paso en forma por demás natural a la reelección presidencial, tal como ha sucedido en los últimos años en Perú, Argentina, Brasil, Colombia por sólo mencionar algunos ejemplos de América Latina”.

   Allí se encuentra uno de los tabúes que ni siquiera los promotores de la iniciativa recién discutida han enfrentado. El peso de la anti reelección sigue siendo tal que la sola posibilidad de extenderla a la Presidencia de la República intimida a la mayoría de quienes consideran que sería pertinente en el Congreso.

Ser o no distintos

   Otro argumento cuestionado por esa senadora sugiere que la reelección facilitaría la construcción de acuerdos entre el Congreso y el Ejecutivo. Sin embargo al tratar con legisladores que podrían permanecer en sus cargos el siguiente sexenio o trienio, mientras que él únicamente puede completar una gestión, habría un factor adicional de disparidad entre ambos poderes.

   En sexto lugar Sauri se ocupó de quienes sostienen que la reelección legislativa es necesaria para no ser, en ese aspecto, distintos a otros países. “Se ha subrayado que solamente México y Costa Rica prohíben la reelección continua de legisladores. Curiosamente son, asimismo, los dos países de mayor estabilidad política en América Latina y el Caribe en la segunda mitad del siglo XX. Ser diferentes en cuanto al sistema electoral mixto desde 1962, cuando se creó la figura de diputados de partido, también nos ha distinguido. Lo importante es cambiar porque ese cambio le sirve a la sociedad mexicana, no solo por dejar de ser distintos”.

Reforma integral

   La pregunta que los legisladores tendrían que hacerse, enfatizó Sauri, es si la reelección continua sirve “para que el gobierno esté a la altura de las expectativas de la gente o es tan solo un distractor y paliativo para no enfrentar los graves problemas que padecemos”.

   Lo importante, sugirió, es pensar en el diseño constitucional que requiere el sistema político mexicano. En ese plano la senadora fue más audaz que la iniciativa a la cual se oponía: “Existe un consenso en la necesidad de transitar de un sistema presidencial fuertemente centralizado en la figura del Presidente de la República, hacia un régimen semi presidencial en que el Poder Legislativo tenga corresponsabilidad en la ejecución de sus decisiones, a través de la obligación de formar gobiernos en función de la integración de una mayoría”.

   Esa es, ciertamente, una idea que ha circulado con insistencia. Pero no hay elementos para considerar que haya “consenso” en torno a ella. La posibilidad de que tengamos un régimen se mipresidencial, con contrapesos que ahora no existen delante del Poder Ejecutivo, ha sido atractiva. Pero no se puede decir que esa, igual que en el tema de la reelección legislativa, sea una discusión concluida.

   En todo caso la senadora Sauri no acompañó su adhesión a la semi parlamentarización del régimen mexicano con una propuesta. Pero sí consideró que “en un nuevo régimen político constitucional de estas características, la reelección continua tendría un propósito y una perspectiva diferentes”.

Amplio debate

   Trece senadores más subieron a la tribuna para discutir la reelección en el Congreso. César Jáuregui Robles del PAN, Demetrio Sodi del PRD y Genaro Borrego del PRI la apoyaron.

   Para Sodi, en contraposición con una de las opiniones de la senadora priista, la reelección les daría a los legisladores ventajas sobre los poderes económicos porque ya los conocerían los ciudadanos y no requerirían apoyos externos. Sin embargo, por muy famosos que sean, al tratar de permanecer en el escaño o la curul esos legisladores tendrían que hacer campañas que, en circunstancias como las actuales, son muy costosas.

   “La reelección –dijo Sodi– da autonomía de cualquier interés económico, porque tenemos la seguridad de una carrera legislativa. Y no lo que pasa ahora que todos los legisladores estamos preocupados (pensando) y después del 2006 qué”.

   Borrego anunció que disentiría de la mayor parte de los senadores priistas y que respaldaba la reelección porque en el país ya no existen las condiciones que la hicieron necesaria en los años treinta, cuando teníamos otro sistema político. “Ese sistema basado en la centralización del poder, en la figura del Presidente de la República ya no existe y ya no existirá. Es menester, por tanto, en coherencia con el espíritu original de los principios de la República –no los principios de ningún partido– redistribuir el poder en los espacios institucionales y ciudadanos que les corresponde”.

Razones y retórica

   Los priistas Humberto Roque Villanueva, Silvia Hernández, Óscar Cantón Zetina y David Jiménez González cuestionaron la reelección.    El primero de ellos se lució citando al filósofo político Edmund Burke y al sociólogo Karl Deutsch, así como al ex presidente estadounidense Woodrow Wilson y al politólogo Samuel Huntington. Consideró que más que profesionalismo y rendición de cuentas, lo que consigue la reelección “es una vinculación extraordinaria con los intereses económicos locales”. Y más que pensar en ella como mecanismo de rendición de cuentas, dijo ese legislador, sería preciso plantearse la revocación del mandato constitucional.

   La senadora Hernández advirtió el riesgo de que, con esa reforma constitucional, en los congresos locales proliferasen regímenes distintos para permitir, o impedir, la permanencia inmediata de los legisladores.

   Cantón Zetina se apartó de la discusión conceptual y ofreció una arenga política para considerar que la reelección legislativa “abriría la puerta para modificar la Constitución vigente, y desaparecer, totalmente, el Estado social; se busca lograr por la vía legislativa, lo que no se ha podido hacer por la vía de la alternancia en el Ejecutivo”. No explicó por qué la reelección le sirve a las derechas pero su alocución indicó la malquerencia que la reelección había suscitado en el priismo intolerante y duro que sigue habiendo en el Congreso. A diferencia de otros senadores de ese partido, a la intervención de Cantón Zetina le faltaron argumentos y le sobraron adjetivos.

   Jiménez González advirtió que, con la reelección inmediata, se fortalecerían cotos de poder en el Congreso y se evitaría la movilidad política al cerrarles el paso a quienes no han tenido la oportunidad de ser legisladores.

Cambio aislado, limitado

   También se expresó contra la reelección Raúl Ojeda Zubieta, senador por el PRD. Descalificó la creencia de que así habría profesionalización de los legisladores. Quienes llegan a las cámaras ya tienen conocimientos y experiencia políticos y además hay asesores que los respaldan.

   Lo que sería necesario, consideró Ojeda, es impulsar cambios más ambiciosos: “la verdadera reforma de fondo del sistema político mexicano, un paquete integral que abarque desde reforma electoral (hasta la) reforma de la Ley de Radio; que la ciudadanía vea que no sólo logramos acuerdos cuando el beneficio es nuestro”. Si la reelección se aprobara, anticipó Ojeda, los ciudadanos considerarían que los senadores solamente aprueban reformas para su conveniencia. Más tarde el senador Javier Corral, del PAN, recordó que la iniciativa establecía, en un artículo transitorio, que la reelección podría beneficiar a los miembros de la Legislatura que la aprobase.

   En respaldo de la propuesta hablaron la senadora Sara Castellanos del Partido Verde y los panistas Jorge Zermeño y Javier Corral. Los ciudadanos deben tener la capacidad de decidir, en las urnas, si sus representantes permanecen o no en el Congreso, dijo Zermeño. Corral, por su parte, exhortó para que al votar los senadores tomasen en cuenta el futuro y no solamente la situación circunstancial de nuestro sistema político.

   La mayoría de los legisladores panistas respaldó la reforma. Pero Luisa María Calderón Hinojosa votó por la abstención porque, a su juicio, la profesionalización y el fortalecimiento del Congreso no se lograrían con una “reforma aislada”. Lo que haría falta son reformas para que los legisladores rindan cuentas efectivas a sus electores. “¿Quién nos dice que en vez de lograr la profesionalización no estaremos incentivando las tareas de gestoría, que se alejan de la verdadera responsabilidad del legislador, y que son mucho más redituables, electoralmente hablando?” insistió esa senadora por Acción Nacional.

   Devuelta a comisiones, la iniciativa sobre la reelección inmediata de los legisladores tendrá que aguardar a otro momento. Promotores e impugnadores de esa propuesta ofrecieron ideas. De ambas partes hay razones atendibles. Quizá lo pertinente sea ubicar esa medida dentro de una colección más ambiciosa de reforma institucional para el sistema político mexicano.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

–0–

El Correo de Guanajuato y otros diarios, 30 de junio de 2005

Detrás de su escritorio, en la oficina que ocupó durante años en la Colonia Roma, don Rafael Galván tenía un retrato de José María Morelos. Tocado con el proverbial paliacate, empuñando un machete en la mano derecha, el insurgente aparecía entre blasones coloridos como si se dispusiera a la batalla. El centro del cuadro era la mirada: no se trataba del Morelos hierático que suelen rescatar los museos sino de un hombre con incertidumbre, arrojo y miedo.

Tal era la expresión que a Galván le gustaba contemplar, sin duda porque se reconocía en ella. Don Rafael era el dirigente de la Tendencia Democrática de los trabajadores electricistas. Había encabezado, desde los años cincuenta, sucesivos esfuerzos de organización sindical independiente.

Michoacano como el Morelos que le cuidaba las espaldas, Rafael Galván Maldonado nació en Uruapan el 7 de noviembre de 1919. Al parecer fue hijo del general revolucionario Rafael Buelna. Le tocó vivir, adolescente apenas, los años inquietantes del cardenismo. Estudió Ingeniería Mecánica en el Politécnico y Economía en la UNAM. A los 15 años trabajó en Radio Revolución, estación del Partido de la Revolución Mexicana y desde entonces se relacionó con el sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio del que, en 1943, fue designado secretario general.

Como dirigente de ese gremio, estableció una alianza con la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Eléctrica la cual poco después llegó a dirigir. En 1951 consiguió una plaza de base como trabajador electricista en la planta que había en La Boquilla, al sur de Chihuahua. Poco después creó la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas, que era otro eslabón en la perseverante cadena de organismos cada vez más amplios de cuya fundación Galván sería el motor fundamental.

La Confederación Mexicana de Electricistas (1954), el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (1960), la Confederación Nacional de Trabajadores (1961) y en alguna medida el Congreso del Trabajo (1966) fueron resultado del empeño organizador de Galván que estaba convencido de que mientras más amplios fueran los sindicatos, mejores resultarían las posibilidades de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales pero, también, la situación del país.

Para Galván los sindicatos no eran solamente frentes de lucha gremial sino, sobre todo, organismos llamados a impulsar un proyecto nacional. Ese afán por reivindicar banderas nacionalistas (primero en la industria eléctrica y luego con un proyecto de transformaciones más amplio) y el compromiso que tenía con la democracia, lo enfrentaron con los dirigentes tradicionales del sindicalismo.

Había tenido simpatías con el trostkismo cuyo componente moral lo diferenciaba de otras vertientes en las izquierdas y más tarde, creador de instituciones, se incorporó a la política institucional para ser senador priista por Michoacán entre 1964 y 1970. El STERM, que encabezaba en esos años, fue víctima de una intensa persecución por parte del charrismo enquistado en el Sindicato Nacional de Electricistas hasta que Galván promueve la unificación de las dos organizaciones para dar lugar, en 1972, al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas, SUTERM.

Los dirigentes tradicionales marginan y finalmente expulsan del sindicato a Galván y a sus compañeros. Así nace la Tendencia Democrática que en 1975 proclama la Declaración de Guadalajara, un proyecto de amplio aliento que propone desde la democracia y la independencia sindicales hasta la reorientación de la economía con un sentido popular. Para Galván la democracia sin ideas estaba incompleta. Democracia es programa, solía decir.

Con esas banderas, los electricistas encabezan grandes movilizaciones por todo el país y en julio de 1976 la fuerza pública los contiene cuando intentan estallar una huelga nacional.

Mermado por el acoso gubernamental, el movimiento de los electricistas se disuelve en 1977 y Galván se propone, entonces, participar en la organización de un amplio frente que denomina Movimiento Sindical Revolucionario. A ese afán destina la revista Solidaridad, de la que se había encargado desde los años cincuenta. En esas tareas estaba empeñado cuando falleció el 3 de julio de 1980.

El edificio ubicado en Zacatecas 94 en donde Galván pensó, organizó y debatió durante tantos años y en donde conservaba aquel cuadro de Morelos, se convirtió en sede del Instituto de Estudios Obreros que llevó su nombre. El pasado 7 de junio dicho Instituto, encabezado por antiguos trabajadores electricistas, donó ese inmueble a la Universidad Autónoma Metropolitana para la creación de un centro de difusión y documentación sobre asuntos laborales.

El próximo domingo se cumple un cuarto de siglo de la muerte de don Rafael Galván. En el panorama de desbarajuste y estruendo que define hoy a nuestra vida pública, las lecciones de integridad y patriotismo que ofreció ese mexicano ejemplar parecen más necesarias que nunca.

El Correo de Guanajuato y otros diarios, 29 de junio de 2005

La amplísima mayoría que ayer aprobó en la Cámara de Diputados el voto por correo para los mexicanos que viven fuera del país es similar a la que, hace cuatro meses, había respaldado una reforma mucho más ambiciosa pero también con márgenes de inseguridad notoriamente mayores.

   La reforma finalmente aprobada ayer y que se convierte en ley porque ya pasó por el Senado, establece como única modalidad el envío de boletas por correo para los mexicanos que previamente se registren con ese propósito. Aquella, que fue votada por los diputados pero que luego los senadores frenaron bruscamente, implicaba demasiados riesgos tanto en la organización como en la vigilancia de las elecciones. La instalación de casillas con funcionarios electorales en las ciudades en las que radica una mayor cantidad de mexicanos fuera del país, entrañaba no sólo un desembolso alto sino, además, supeditar una elección mexicana a las garantías que pudieran ofrecer gobiernos extranjeros, especialmente el de Estados Unidos.

   El voto postal también tiene sus bemoles. El hecho de que tengan que registrarse con varios meses de antelación a los comicios desalentará a no pocos compatriotas nuestros. Y sobre todo, la vía para hacer llegar la boleta a las autoridades electorales en México no deja de resultar bastante expuesta.

   Si alguien se animara a enviar dinero en efectivo por correo se le consideraría temerario, o imprudente. Pero los legisladores han considerado que para la boleta electoral sí existen las condiciones de seguridad necesarias.

   Dentro de un año veremos si ese mecanismo resultó confiable para una cantidad significativa de los mexicanos que radican fuera del país. Por ahora pueden recordarse, con preocupación, las prevenciones que las autoridades del Servicio Postal Mexicano les manifestaron hace unas cuantas semanas a los diputados en San Lázaro.

   El sistema de correos no está diseñado para transportar valores. Nunca ha sido el mecanismo idóneo para enviar documentos irremplazables ni mucho menos dinero. Desde hace años, además, la remisión de papeles de algún valor es realizada por empresas de mensajería –una de las cuales, por cierto, es propiedad del mismo Servicio Postal Mexicano–.

   Así que si sus propias autoridades no confían en él ¿por qué los mexicanos que viven fuera del país van a fiarse de la seguridad del servicio de correos mexicano? Mandar una boleta electoral será como arrojar una botella al mar.

   Aun con esas limitaciones, diversos grupos de mexicanos que radican en Estados Unidos están celebrando, hoy, la aprobación de la reforma que les permitirá votar en nuestras elecciones presidenciales. Todos ellos la consideran limitada pero de todos modos les parece que es un avance.

   Los partidos en México dicen lo mismo. Ayer en San Lázaro, varios de los diputados que anunciaron la votación casi unánime que avalaría la nueva modalidad para el sufragio engolaron la voz y miraron de frente a las cámaras televisivas, como si a través de ellas lo hicieran para la posteridad, al decir que se trataba de un momento histórico.

   Quizá lo sea. Pero hasta ahora no tenemos evidencias claras de que, como dicen los grupos que se presentan como voceros suyos, entre los mexicanos que radican en Estados Unidos realmente se haya generalizado la inquietud para votar en nuestras elecciones.

   Lo más probable es que para quienes por decisión o necesidad viven fuera del país, votar en nuestras elecciones no constituya sino una apenas esporádica curiosidad. Para esos mexicanos los problemas cotidianos, que se relacionan con el entorno en el que viven, son los verdaderamente inquietantes.

   Ayer por ejemplo la primera plana de La Opinión, que se edita en Los Angeles y es sin duda el diario de mayor prestigio entre los que se publican en español en Estados Unidos, se refería a una reforma legal.  Pero no se trataba de la reforma para votar que se aprobaría en la ciudad de México sino a los recortes que el presidente George W. Bush propuso para el régimen de seguridad social en ese país y que, según se estima, afectarán especialmente a los latinos.

   Esos son los temas que preocupan más, puesto que afectan sus vidas diarias, a los mexicanos que radican más allá de nuestras fronteras. Quienes deseen votar en nuestras elecciones, ahora dispondrán de un recurso algo incierto pero que tal vez gratifique ese interés. Pero sería deplorable que, por reconocerles prerrogativas que la mayoría de ellos no se interesa en reivindicar, a esos mexicanos dejásemos de apoyarlos en la defensa del derecho que tienen a participar en la elección de las autoridades que los gobiernan en Estados Unidos –e, incluso, en el derecho que tienen a ser candidatos en esas elecciones–-.

   Para los partidos y legisladores mexicanos, el voto en el extranjero se convirtió en una trampa que se crearon ellos mismos. La resolvieron mal y a medias. Ya pueden pasar la página. La de ayer, no fue necesariamente una decisión que estimule la democracia sino una medida que al Congreso le pareció políticamente correcta.

La Crónica, 23 y 24 de febrero de 2005

Ayer, al respaldar el voto de nuestros compatriotas en el extranjero, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que pone en riesgo la transparencia y la confiabilidad de las elecciones mexicanas. Aunque obedece a una vieja y sostenida demanda de las comunidades más activas de mexicanos que radican en Estados Unidos, esa reforma deja fuera del control de la autoridad electoral y del Estado mexicano la promoción de las campañas e incluso, en algunos aspectos, la realización de los comicios.

   La votación casi unánime a favor de las reformas al Código Federal Electoral y los generalizados elogios que se les dispensaron en la tribuna de San Lázaro, indicaron el amplio consenso que tiene el reconocimiento del derecho al voto para los mexicanos que se encuentran o radican fuera del país. Pero la ausencia misma de discusión sobre los pros y contras de esas reformas y la improvisación con que fue presentada la iniciativa (a la cual ayer mismo, en tribuna, se le tuvo que añadir una extensa fe de erratas) manifiesta una preocupante premura.

   Aunque se trata de un tema que ha sido discutido en innumerables foros y desde hace buen rato, el del voto en el extranjero sigue siendo un asunto que suscita dudas e implica riesgos importantes para la integridad de nuestras elecciones.

   En el ánimo de los diputados, esas consideraciones fueron subordinadas al aprecio por el interés cívico de los mexicanos que se encuentran fuera del país. La existencia de cierta actitud culposa con esos compatriotas que han tenido que emigrar para encontrar fuera de nuestras fronteras el trabajo que no hallan en México, ha influido para que se soslayen las dificultades reales que podría implicar una votación fuera del país.

   El Instituto Federal Electoral, de acuerdo con esa reforma, tendría que crear, en su ya compleja estructura, una nueva rama para los votantes fuera de México. Además de las juntas locales y consejos distritales que ahora tiene en cada entidad y distrito electoral en el país, el IFE debería crear una cantidad ahora indeterminada de nuevas delegaciones.

   El número de esas nuevas dependencias, su ubicación y la cantidad de ciudadanos a la que atenderían tendrían que ser establecidas por el propio Instituto Electoral.

   Los aspectos organizativos, las prioridades en la construcción de esa nueva institucionalidad y la selección de personal –que debiera ser inmediata ya que estamos a 15 meses de la elección federal– los diputados se la dejan al IFE. Sin embargo no resolvieron los ajustes al presupuesto del Instituto que todo esa operación requeriría.

   En ese, como en otros rasgos, la reforma aprobada ayer en San Lázaro le transfiere al IFE la responsabilidad, pero sin recursos financieros e incluso jurídicos suficientes, para encargarse de las elecciones en el extranjero. La autoridad electoral mexicana carecería de instrumentos, por ejemplo, para fiscalizar eficazmente la propaganda en las campañas fuera del país.

   Los diputados quedaron bien con los mexicanos que viven en otras naciones y quieren participar en la designación de nuestros gobernantes –la iniciativa les reconoce ese derecho solamente en la elección presidencial–. Pero le dejaron a la Cámara de Senadores la tarea de ignorar esos inconvenientes, o cargar con el costo político que implicaría negarse al voto en el extranjero.

El nuevo gran elector 

Además de dificultades financieras y logísticas, el voto de los mexicanos en el extranjero implica supeditar un segmento estratégico de nuestro proceso electoral a condiciones que el IFE será incapaz de regular. Con la reforma que los diputados aprobaron antier se echa por la borda (alegremente, lo que es peor) buena parte de las garantías para el voto que nuestro país logró establecer en los años anteriores.

   Una de las claves de esas salvaguardas ha sido la supervisión, en ocasiones exagerada pero a final de cuentas eficaz, de cada uno de los pasos del proceso electoral. Desde la expedición de las credenciales para votar hasta la selección de candidatos, la obtención de dinero, la jornada electoral y la publicación de resultados, el Código Federal Electoral le confiere al IFE detalladas atribuciones de regulación y sanción. Gracias a ello hemos logrado que, sin lugar a dudas, los votos en las elecciones federales cuenten y sean escrupulosamente contados.

   Esa meticulosidad quedará en riesgo con la apertura de los comicios al sufragio de los mexicanos que radican en el extranjero. Las facultades que la autoridad electoral tiene para organizar y sancionar los comicios, no existirán cuando haya campañas y urnas mexicanas en otras naciones.

   Los diputados, con gran ligereza, aprobaron reformas legales que le dejan al Instituto Federal Electoral el paquete de resolver en qué ciudades y países podrán votar nuestros compatriotas en las elecciones presidenciales de 2006. Esa autoridad deberá credencializar, instalar módulos, informar de tales derechos a los mexicanos en el extranjero y levantar la lista de votantes.

   Los módulos deben estar funcionando dentro de solamente cuatro meses, en junio próximo. Como si le faltaran problemas, la autoridad electoral ahora tiene que resolver problemas prácticos y organizativos que no había previsto enfrentar. Todo ello, a menos que en la Cámara de Senadores se manifieste la cordura que no han tenido sus colegisladores y la aprobación de esta iniciativa esté supeditada a una reflexión más serena.

   Más allá de su organización, el problema central con esa modalidad para nuestras elecciones radicará en la imposibilidad para que las campañas en otros países –muy especialmente en Estados Unidos– sean supervisadas con las reglas que existen para el proselitismo electoral dentro del territorio mexicano.

   El artículo 186 del Código Electoral, que se refiere a la difusión de las campañas políticas en radio y televisión, sería adicionado al establecer que: “para el caso del extranjero, los partidos políticos no podrán contratar espacio en radio y televisión de propiedad extranjera, pudiéndolo hacer únicamente en radio y televisión nacional y sus repetidoras, tanto en territorio nacional como en el extranjero”.

   No sabemos si la ignorancia fue mayor que el candor –o al revés– en la redacción y aprobación de ese artículo por parte de los diputados. Los partidos no necesitarían contratar directamente la publicidad que aparecería en radiodifusoras y televisoras estadounidenses. Bastaría que un grupo de simpatizantes, mexicanos o no, creara un comité de adhesión a la campaña de cualquiera de los candidatos presidenciales para que la supervisión del IFE quedase flagrantemente burlada.

   Los autores de la iniciativa no saben que las empresas de radiodifusión mexicanas no tienen, formalmente, repetidoras en el extranjero. Están aliadas con emisoras de Estados Unidos que reproducen parte de su programación pero con criterios corporativos y publicitarios que no son necesariamente los que determinan el funcionamiento de esas empresas en México.

   Aunque tienen oportunidad de ver y escuchar medios mexicanos, nuestros compatriotas en Estados Unidos atienden, fundamentalmente, a los medios hispanos que hay en ese país. Se estima que el 92% de las familias hispanas ve la cadena Univisión y el 85% la cadena Telemundo. Alrededor del 65% del mercado hispano en ese país está compuesto por televidentes de origen mexicano.

   Una investigación sobre consumo mediático realizada hace pocos meses por la Fourth Partner Foundation en la ciudad de Tyler, en Texas, encontró que Univisión es la televisora más vista por la población hispana (entre la cual la gran mayoría es mexicana) con 62% de la audiencia. Le sigue Telemundo con 22.7%. Galavisión, la filial de Televisa en Estados Unidos, alcanza solamente el 8.2% de las preferencias y Televisión Azteca apenas el 0.8%. El 3% prefiere a una emisora afiliada a la cadena ABC, el 1.9% a la cadena Fox y el 0.7% a la CNN.

   Univisión y Telemundo podrían convertirse en el nuevo gran elector de los comicios en México. Los candidatos y quienes los respaldaran en la Unión Americana preferirían anunciarse en las televisoras que ven allá nuestros compatriotas. Esa publicidad, sin regulación posible por parte del IFE, podría ser la que definiera quién será el próximo presidente de México.

La Crónica, 8 y 9 de abril de 2004

Por ley y necesidad política los gobernantes son responsables ante la sociedad –es decir, tienen que responder sobre sus actos–. En esa obligación radica una de las claves de las democracias. Cuando una sociedad puede exigir a quienes la gobiernan que expliquen sus acciones y omisiones, las probabilidades de abuso del poder político son menores y los ciudadanos tienen más control sobre el régimen que los gobierna.

   Responsabilizarse de sus decisiones ha sido, históricamente, no solo obligación sino además privilegio de los gobernantes. Al responder por sus actos no sólo reconocen logros y errores para el balance que hagan de inmediato sus gobernados y para la historia.

   Además, al distinguir abiertamente sus méritos y fracasos los hombres –y mujeres– del poder aceptan que son tan falibles como otros seres humanos. Los informes de una administración en el gobierno cobran auténtico sentido cuando, más allá de la danza de cifras y autoelogios que suelen nutrirlos, ofrecen un diagnóstico autocrítico de haberes y deberes.

   Un gobernante íntegro en ambos sentidos del término –honesto, pero además completo– se comporta de manera responsable. Mientras mayores son los contrapesos delante del poder de quienes gobiernan, mejores son las posibilidades para que el ejercicio de la responsabilidad sea uno de los principales factores de confiabilidad en la administración pública.

   En algunas de las democracias más consolidadas, cuando cometen un error muy grave los gobernantes renuncian –no para evadir responsabilidades por sus faltas sino para asumir plenamente las consecuencias de ellas–.

   En regímenes parlamentarios, donde la gobernabilidad es determinada por la composición de las fuerzas políticas en el Congreso es frecuente que el líder del gobierno, cuando pierde mayoría, presente su dimisión. La responsabilidad llega entonces al punto de reconocer que los electores, o las fuerzas políticas al tomar acuerdos, le han regateado el consenso necesario para seguir al frente del gobierno.

   La Historia, con mayúscula, registra numerosos casos de gobernantes que han tenido que asumir su responsabilidad en momentos límite. No es este el sitio para intentar ese inventario. Lo que nos interesa subrayar es la tendencia inversa: la cada vez más frecuente reticencia de los dirigentes políticos para admitir la responsabilidad en decisiones o hechos que afectan notoriamente a sus sociedades.

   Lejos de admitir sus propios yerros, los personajes políticos suelen echarse la culpa unos a otros. Esa práctica contamina aun más el entendimiento –y la solución– de los problemas.

   Al estar más preocupados por desconocer errores que por asumir un comportamiento responsable, gobernantes y dirigentes envilecen la cultura cívica y entorpecen el esclarecimiento de los hechos públicos.

   Veamos hacia los vecinos, para luego contemplar nuestras propias desdichas políticas. En Estados Unidos la clase política ha perdido la costumbre de asumir abiertamente sus responsabilidades. En las últimas semanas, por ejemplo, el gobierno de George W. Bush hizo casi todo lo posible para eludir la investigación que está desarrollando el Congreso acerca de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

   La Casa Blanca se negó, hasta que no pudo mantener esa posición, a que la consejera de seguridad nacional, Condolezza Rice, rindiera testimonio. Esa funcionaria, si quisiera, tendría mucho que relatar acerca de lo que sabía el gobierno sobre la posibilidad de un ataque terrorista de gran magnitud.

   Hoy en día lo más frecuente es que, ante una equivocación, casi cualquier gobierno intenta tender una cortina de humo con un artificioso manejo de medios e insistiendo, a pesar de las evidencias que haya, en que no es responsable de la dificultad o el error que se le señalan. El tema amerita que regresemos a él, especialmente en estos días que resultan propicios para mirar alrededor y reconocer algunos de los grandes déficit –que a veces son auténticas tragicomedias– de nuestra vida pública.

El juego de las culpas

Ayer, cuando Condoleezza Rice rendía en Washington su larga declaración ante la comisión bipartidista que investiga los atentados del 11 de septiembre de 2001, podía recordarse la costumbre de la rendición de cuentas que en Estados Unidos, como en México, se encuentra debilitada.

   La asesora nacional de seguridad no hizo revelaciones estruendosas. Como era de esperarse supo cuidarle las espaldas a su jefe, el presidente George W. Bush, y evitó ofrecer evidencias de que el gobierno estadounidense pudo haber impedido la destrucción de las Torres Gemelas y, así, la enorme cantidad de muertes que hubo en aquel atentado.

   Más que sus declaraciones, quizá lo importante era ver a la arrogante y poderosa asesora presidencial sentada en el banquillo de los interrogados. Las reticencias que inicialmente presentó la Casa Blanca a esa comparecencia fueron vencidas por los cuestionamientos que surgieron en la sociedad estadounidense. Rice, aunque Bush no quería, tuvo que ofrecer su testimonio sobre el conocimiento que el gobierno tenía acerca de posibles atentados como el que finalmente ocurrió al sur de Manhattan.

   Ese rechazo de la administración Bush a facilitar las investigaciones del comité bipartidista ha sido presentado como ejemplo de las crecientes resistencias de los políticos estadounidenses a admitir responsabilidades.

   En un  comentario el 28 de marzo en The New York Times, el analista Michael Orkenses comparó esa actitud con el comportamiento del presidente John F. Kennedy cuando, en abril de 1961, el descubrimiento de misiles soviéticos en Cuba desató una de las peores crisis en la política exterior de Estados Unidos. En aquella ocasión Kennedy se enfrentó a sus compatriotas y reconoció, en estos términos, que había tomado decisiones equivocadas: “Hay un viejo dicho que dice que la victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana… Soy el funcionario responsable del gobierno”.

   Los ciudadanos agradecieron la franqueza de su presidente. Por lo general, apunta el analista, la gente reconoce cuando los gobernantes admiten que se han equivocado. David Gergen, un antiguo asistente del también ex presidente Ronald Reagan, comenta en la misma nota que un gobernante que se comporta de manera responsable (es decir, cuando responde por sus actos) suele encontrar resultados favorables.

   Ahora, sin embargo, muchos políticos se resisten a reconocer que se equivocan porque consideran que les darían armas a sus contrincantes. Además la puntillosa atención de los medios, que de acuerdo con su naturaleza escandalosa le confieren mayor atención a los deslices que a los éxitos, puede multiplicar las consecuencias de un reconocimiento honesto.

   “La razón por la que ese comportamiento se ha vuelto tan poco frecuente –añade Gergen– se debe a la manera en que se desarrolla el juego de las culpas. Puede ser tan terrible que cuando se admite que se ha cometido un error, en cualquier momento puede ser explotado por el bando contrario”.

   De la misma manera que la administración Bush se esfuerza para cubrir cualquier flanco débil y se niega a admitir que pudo haber evitado la tragedia del 11-S, en muchas otras circunstancias políticas y nacionales asistimos a una progresiva pérdida del sentido de la responsabilidad.

   En México se ha vuelto habitual que, en vez de reconocer errores, numerosos personajes públicos ocultan evidencias, falsean declaraciones o de plano mienten con abierta desvergüenza. Las respuestas de varios de los funcionarios sobornados por el negociante Ahumada son tan ingeniosas como impúdicas. El país entero los ha visto llenar sus portafolios o las bolsas del supermercado con dólares mal habidos pero insisten en que se les tendió una trampa.

   El gobierno federal no se salva de la triste cultura de la irresponsabilidad. Aquel “¿Yo? ¿Por qué?” con que el presidente Fox quiso desentenderse del atraco que habían cometido sus amigos de TV Azteca contra el Canal 40 quedará como una de las frases emblemáticas del sexenio.

   El hecho de que entre nuestros vecinos cunda la cultura de la irresponsabilidad no debiera conducirnos a restarle importancia a la desenfadada manera como se practica también en México. Los estadounidenses están retrocediendo respecto de la práctica, afianzada en instituciones sólidas, que durante mucho tiempo ha obligado a sus gobernantes a responder por sus decisiones. Nosotros apenas estamos construyendo esa costumbre de la rendición de cuentas pero, frente a ella, se levanta una cada vez más extendida incultura del cinismo.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

–0–