Sociedad y poder

En medio de la pobreza que con motivo de la discusión en torno a los ingresos del Estado ha venido mostrando gran parte de la llamada clase política mexicana, la presencia de excelentes aspirantes para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que ser reconocida como una buena noticia.

Emilio Álvarez Icaza, con un desempeño exitoso como ombudsman en el DF, Luis Raúl González Pérez que desarrolló una esmerada investigación acerca del asesinato de Luis Donaldo Colosio y que ahora es Abogado General de la UNAM y Luis de la Barreda Solórzano, de sabiduría y respetabilidad a toda prueba, destacan en una nómina de candidatos en donde hay trayectorias y experiencias plausibles.

Lamentablemente el proceso para seleccionar al nuevo ombudsman nacional no ha sido tan escrupuloso como la sociedad tendría derecho a exigir. En las audiencias a las que convocó el Senado a los aspirantes admitidos para ese cargo, se han manifestado descalificaciones personales que resultan inaceptables.

Así ocurrió el lunes 19 de octubre, cuando las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Justicia y Primera de Estudios Legislativos del Senado entrevistaron a 9 de los aspirantes a encabezar la CNDH. Cuando llegó el turno del doctor Luis de la Barreda, la senadora Rosario Ibarra de Piedra presentó una intervención repleta de invectivas y provocaciones.

El doctor De la Barreda, que  actualmente dirige el Instituto de Estudios Ciudadanos sobre la Inseguridad, fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF de 1993 a 2001. En esa responsabilidad se enfrentó a numerosas y en ocasiones escandalosas ilegalidades de funcionarios públicos en la ciudad de México. Esa actitud de compromiso con la justicia, aunque tuviera que incurrir en denuncias que algunos consideraban políticamente incorrectas, muy posiblemente influyó en las acusaciones contra su padre, el capitán Luis de la Barreda Moreno, que en los años setenta fue titular de la Dirección Federal de Seguridad.

Hace pocos años, la llamada “Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado” acusó al capitán De la Barreda por delitos que nunca se comprobaron. Su hijo, el doctor De la Barreda Solórzano, participó de manera activa en su defensa. Para quienes quisieron entender, quedó claro que el capitán De la Barreda había sido convertido en chivo expiatorio ante la ineptitud de esa Fiscalía para hacer una indagación en forma sobre delitos como los que se cometieron contra los estudiantes de 1968 y, más tarde, en la llamada guerra sucia entre el gobierno mexicano y la guerrilla urbana en los años 70. El capitán De la Barreda falleció en junio del año pasado, después de haber sido exonerado de todas aquellas acusaciones.

El compromiso del doctor De la Barreda Solórzano en la defensa de su padre, pero además en la reivindicación de la verdad, le fue recriminado por la senadora Ibarra de Piedra. Como es sabido, la señora Ibarra ha exigido que se esclarezca la desaparición en 1975 de su hijo Jesús Piedra, que era miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

El 19 de octubre, la audiencia para escuchar a los aspirantes a la CNDH había transcurrido casi con regularidad. Seis candidatos habían presentado sus propuestas. En su turno, el doctor De la Barreda explicó qué haría como presidente de la Comisión Nacional y antepuso su experiencia en la responsabilidad homólóga en el DF como evidencia de sus capacidades. Escuchó, y respondió, preguntas de varios senadores: el priista Pedro Joaquín Coldwell, la panista Adriana González Carrillo, Dante Delgado y Francisco Xavier Berganza de Convergencia, Tomás Torres Mercado del PRD. Todas esas intervenciones fueron respetuosas como tendría que ocurrir con cualquier aspirante invitado por el Senado a presentar sus puntos de vista y como suele imponer, además, la bonhomía de Luis de la Barreda Solórzano.

Pero la senadora Ibarra de Piedra rompió esa cortesía e impuso sus prejuicios sobre cualquier argumento. En una intervención tramposa, pretendió marcar al aspirante a la CNDH con la presunta culpabilidad de su padre. Como hemos señalado, el capitán De la Barreda fue declarado inocente después de un tortuoso proceso judicial. Pero aunque no hubiera sido así, mencionar las acusaciones que se le hicieron para empañar la comparecencia de su hijo fue una villanía de la senadora Ibarra.

En la información que ofrece el Senado en Internet no hay transcripción de las audiencias para la CNDH pero se encuentran las intervenciones en video. De allí hemos transcrito la alocución de Ibarra de Piedra:

“Usted defendió a su padre –que bien que lo hizo, porque era su padre– como el doctor Nassar Daw defendió a su padre Miguel Nassar Haro [en referencia al ex subdirector de la DFS]. Y como 557 mujeres defendemos a nuestros hijos del saldo doloroso de las desapariciones. Usted habla aquí de que no habrá negligencia, ni nada de eso. Yo le quisiera preguntar qué opina usted, como entiende tan bien el problema de las desapariciones forzadas en este país, ¿qué haría usted en caso de que le llevaran a que supiera, se enterara, de una desaparición forzada, que haría?. Pregunto a nombre de todas mis compañeras qué haría usted para que eso se resolviera y para evitar que se resolvieran las cosas del pasado, que no se fueran a disfrazar las desapariciones de levantones y de culpar al crimen organizado. El Ejército, la policía y la antigua tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad que en algún momento su señor padre fue el que era el jefe de la Dirección Federal de Seguridad lo mismo que el señor Nassar Haro”.

Anticipando el reproche que se le podría formular por una intervención tan pícaramente descalificatoria, la senadora Ibarra dijo, incurriendo de paso en una indiscreción al decir que no votaría por el doctor De la Barreda:

“No le estoy culpando a usted de lo que pasó en aquel tiempo. Su padre era una persona y usted es otra. Pero sí me interesa saber en caso de que usted resultara electo por alguna razón de mayoría, qué haría usted para evitar que hubiera desapariciones forzadas y qué haría usted para tratar de hacer justicia sin reparación del daño. Nosotras, las madres de los desaparecidos,  no aceptaremos nunca jamás reparación del daño porque es dar permiso para matar y es dar permiso para torturar”.

El doctor De la Barreda respondió con energía y de manera clara:

“Le agradezco la pregunta, señora senadora. Primero, quiero decir que estoy muy orgulloso de haber servido a mi padre. Lo volvería a hacer. Él fue blanco de diez acusaciones, todas las cuales fueron echadas abajo por resoluciones judiciales. Desde luego, estoy absolutamente convencido de que los autores de crímenes de Estado durante la década de los 70 debieron ser castigados, al igual que estoy convencido de que los autores de secuestros y ametrallamientos de policías o soldados también debieron ser castigados.

“En el caso de cualquier desaparición que ocurriera siendo yo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, haría exactamente lo que hice cuando desapareció el hijo del importantísimo investigador del Colegio de la Frontera Norte, Jorge Bustamante.

“Jorge Bustamante estuvo desaparecido. Y nosotros descubrimos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal descubrió, que había sido levantado –para usar esta jerga tan en boga hoy– por un automóvil militar. Era competencia de la Comisión Nacional porque el Ejército es una autoridad federal. Pero fue la Comisión  del DF la que descubrió esto, lo dijo públicamente y eso permitió que Jorge Bustamante hijo y un amigo suyo, que había desparecido con él, aparecieran sanos y salvos y entonces el asunto se turnó a la Comisión Nacional. Pero haría exactamente lo que hice con el caso de Jorge Bustamante hijo. Es decir, lucharía por encontrar al desaparecido y pediría que se iniciara el procedimiento contra los presuntos responsables”.

La senadora Ibarra no quedó conforme. Quizá entendió que su intervención le había permitido a De la Barreda mostrar su moderación y además, le llevó a mencionar un caso exitoso cuando encabezó la CDHDF. Entonces, la senadora optó por la insidia:

“Voy a decir solamente gran cosa. Solamente que tuve en mi poder, está por ahí archivado en algún lado, el parte que rindió su señor padre a  Moya Palencia cuando era  Secretario de Gobernación y tengo también entendido que la Dirección Federal de Seguridad era un organismo totalmente ilegal y se cometieron muchos crímenes y torturas en su local de Morelia número 8. Esperaría yo que se corrigiera todo eso, que aun lo seguimos padeciendo”.

Inmediatamente después, el senador Pablo Gómez le arrebató la palabra al senador que conducía la sesión para gritar “¡…se cometieron acciones ilegales contra los derechos humanos, contra la vida y la libertad. De miles de personas, por eso fue disuelta la Dirección Federal de Seguridad!”.

Los crímenes cometidos por el Estado, inadmisibles siempre, fueron y siguen siendo condenables. Pero no es con acusaciones infundadas, ni con improperios, como se podrían esclarecer y castigar.

Las reglas de la comparecencia le impidieron replicar al doctor De la Barreda. La versión del informe que rindió su padre acerca de la detención de Jesús Piedra Ibarra en 1975 ha sido aclarada en distintas ocasiones. En las páginas 49 y 50 del libro El pequeño inquisidor. Crónica de una infamia (Océano, México, 2008) el mismo Luis de la Barreda demuestra que ese documento no prueba responsabilidad alguna de su padre en la desaparición del hijo de la señora Ibarra. Ella cree lo contrario. Pero es discutible que utilice la investidura senatorial para manifestar sus prejuicios que, por añadidura, en esta ocasión han sido calumniosos.

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Como si le faltaran motivos de preocupación, el Senado de la República ha sido puesto en un dilema por la Arquidiócesis de México. El vocero de la jerarquía católica vetó el domingo pasado a uno de los más destacados aspirantes a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A nombre de esa corporación religiosa, Hugo Valdemar Romero se opuso a la designación de Emilio Álvarez Icaza, que hasta hace dos semanas presidió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Exagerando y mintiendo, el vocero del arzobispo de México dijo que Álvarez Icaza “es el más connotado pro abortista del Distrito Federal”. Con esa declaración, la cúpula eclesiástica quiere castigarlo por haberse negado a respaldar, hace dos años, la impugnación legal a las reformas al Código Penal que permiten el aborto en la ciudad de México.

El Arzobispado, de esa manera, coloca en aprietos a la Cámara de Senadores. Cualquier decisión a favor de algún aspirante a la CNDH que no respalde claramente los derechos reproductivos de las mujeres, será considerada como expresión de sometimiento al amago de la iglesia católica.

En abril de 2007, el comité directivo del Partido Acción Nacional en el DF solicitó el respaldo de la Comisión local de derechos humanos para objetar esas reformas al Código Penal, así como a la Ley de Salud del Distrito Federal. Álvarez Icaza sometió esa petición a consulta del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos, integrado por 10 destacados ciudadanos. El Consejo resolvió, por unanimidad, reivindicar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado.

Ahora el arzobispo de México, Norberto Rivera, le quiere cobrar a Álvarez Icaza aquella decisión. Y lo hace, a través de su vocero, con una exigencia ilegal y burda. La intromisión de la iglesia católica en una decisión del Poder Legislativo contradice la obligación que los ministros religiosos tienen para mantenerse al margen de asuntos políticos.

Con razón el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, ha escrito a propósito de las declaraciones del vocero del Arzobispado: “las iglesias no deben colonizar la esfera pública para imponer sus dogmas a la comunidad política; las religiones (y las concepciones ateas del mundo) deben respetarse y convivir en plural y; sobre todo, las autoridades —el gobierno— deben garantizar a las personas que ninguna organización religiosa —por más poderosa y hegemónica que sea— les impondrá sus dogmas y creencias. La convivencia pacífica —la historia nacional y mundial enseñan— también depende de ello”.

Álvarez Icaza nunca ha promovido el aborto. Lo que sí hizo, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fue expresar la decisión del Consejo de ese organismo en donde, con una sólida argumentación, se respalda “el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, el derecho de igualdad entre la mujer y el hombre y el derecho a la salud”.

Ese fue el sentido de la resolución que aprobó el Consejo de la CDHDF el 3 de mayo de 2007 y que Álvarez Icaza le comunicó varios días más tarde a la dirección del PAN en el DF. Allí se dice, entre otras cosas:

“El aborto constituye una cuestión de salud pública porque pone en peligro el bienestar de un gran número de mujeres y, en muchos casos, su vida, al realizarse en forma clandestina e insalubre. Según cifras de la Comisión Nacional de Bioética, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud Federal, ‘En 2005 se registraron 136,874 abortos en hospitales públicos y se estima que las instituciones privadas atienden otro 20%, lo que añadiría 26,375. Por subregistros elevados se recomienda ajustar por un factor de corrección entre 3 y 7, lo que arrojaría una cifra entre medio millón y un millón doscientos mil’. Ello explica la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que el aborto consentido por la madre sea libre, gratuito y no punible”.

Aquella opinión, avalada por Elena Azaola, Judit Bokser, Daniel Cazés, Santiago Corcuera y Denise Dresser, entre otros consejeros, precisó: “Así también el artículo 1º de la Constitución prohíbe la discriminación en términos muy amplios, de donde se advierta que se deba proteger los derechos que toda persona posee como ser humano, sin ninguna distinción. Una de las formas de dar cumplimiento a ese precepto consiste en evitar que las mujeres pobres que así lo decidieran, se vean constreñidas a interrumpir el embarazo antes de las doce semanas en condiciones de insalubridad, que ponen en riesgo su vida”.

También respaldado por los consejeros Patricia Galeana, Ángeles González Gamio, Armando Hernández Cruz, Clara Jusidman y Carlos Ríos Espinosa, el extenso alegato a favor de los derechos de las mujeres consideró:

“A nadie se le impone el deber de interrumpir el embarazo antes de las doce semanas de gestación, así, no puede ser considerado por ello una obligación. Las reformas al Código Penal no imponen una conducta, sólo hacen posible una decisión individual, acorde con el sistema de libertades que establece la Constitución. Las limitaciones previas a la reforma penal, conferían al Estado un poder de intervención en la vida íntima y libertad de las mujeres. Así, el Estado imponía a las mujeres la obligación de soportar contra su voluntad las consecuencias de un embarazo no deseado por ellas, regulando su vida íntima y libertad, cuando estos bienes no están siendo afectados. La reproducción es un derecho de las personas, no es una obligación susceptible de ser impuesta por el Estado en contra de la voluntad de las mujeres y los hombres. La utilización del aparato coactivo del Estado para mantener un embarazo no deseado antes de las doce semanas de gestación, se opone a la vigencia de los derechos humanos”.

Hoy aquel episodio, rescatado por el vocero arzobispal, muestra el compromiso de Emilio Álvarez Icaza con los derechos humanos más allá de presiones corporativas o conveniencias políticas. Quizá Valdemar, sin proponérselo, hizo campaña en beneficio de Álvarez Icaza.
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Algo tiene que significar la reunión, ayer domingo, de más de un millón de personas en la Plaza de la Revolución de La Habana. No fueron a escuchar una larguísima perorata autocomplaciente e ideologizada como las que tantas veces han ocupado la atención de los cubanos en ese mismo sitio. Se trataba de un concierto de música, convocado en nombre de la paz y que desde semanas antes concitó una exasperada polémica.

La iniciativa del músico colombiano Juanes para llevar a La Habana otro de los conciertos que ha organizado con la misma divisa, suscitó deslindes y cuestionamientos de buena parte del exilio cubano. En Miami, se alzaron voces con influencia suficiente para disuadir a varios artistas hispanoamericanos que inicialmente dijeron que acudirían a La Habana. Sus opositores, consideraron que el concierto legitimaría a la dictadura que los hermanos Castro ejercen en Cuba.

Sin embargo la concentración de centenares de miles de jóvenes cubanos para escuchar, corear y aplaudir música, difícilmente podría entenderse como una forma de respaldo a la dictadura castrista. El arte, el baile, el gozo y el reconocimiento colectivos que se suscitan en eventos como el de ayer, tendrían que ser antagónicos a cualquier fundamentalismo político.

Las letras, entonaciones e intenciones que ayer se oyeron en La Habana admitirán diversas opiniones. Pero era imposible no encontrar alusiones por lo menos irónicas o involuntarias a la cerrazón política que se vive en Cuba, cuando el español Luis Eduardo Aute interpretó “Rosas en el mar”, que puso de moda la cantante Massiel a fines de los años sesenta (“la escribí apenas hace seis horas”, bromeó como si quisiera subrayar la actualidad de esa arenga a la libertad). O cuando Silvio Rodríguez, tan entrañable para varias generaciones como complaciente con el régimen cubano, interpretó su conmovedora “Ojalá” en donde aparece la críptica frase que alude “a tu viejo gobierno de difuntos y flores”.

Juanes mismo, después de la intensa ovación con que le agradecieron la organización del concierto, les dedicó “a ustedes, a todos los jóvenes cubanos” su conocida “A dios le pido” en donde entre otras solicitudes se escucha “que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente…”

Otra de las interpretaciones de Juanes fue “Alas de libertad”, que dedicó a los colombianos que permanecen secuestrados en la selva de su país, así como “a todos aquellos que están privados de su libertad”. Más tarde les diría a los asistentes al concierto: “Vencimos el miedo para estar aquí con ustedes esta tarde y esperamos que ustedes también lo puedan vencer”. Miguel Bosé anunció poco después que había un millón 150 mil personas en la Plaza de la Revolución.

Pero muchas más lo siguieron en toda Iberoamérica. Fenómeno político, también lo fue en el plano mediático. El concierto de ayer en La Habana fue transmitido en sus sitios en Internet tanto por la estadounidense Univisión, que es la principal cadena en español en Estados Unidos, como por la aguerrida Telesur. La televisora más cercana al exilio cubano en Miami y la televisora financiada por el dinero que administra Hugo Chávez, coincidieron en reconocer la importancia del concierto y lo difundieron compartiendo la misma señal. Otros sitios en Internet se sumaron a esa inaudita labor de divulgación. En México, aunque interrumpido por cortes informativos y comerciales, parte del concierto fue transmitido por el canal del grupo Milenio.

La retroalimentación en línea fue tan intensa como la polémica previa al concierto. Irene Muñoz, del equipo de  eje central, mantuvo una constante información desde La Habana en su espacio en Twitter.

En el sitio de blogs de Univisión, no parecía sorpresivo que aparecieran mensajes críticos a Juanes y al concierto. Pero fueron mayoritarias opiniones de reconocimiento como ésta, de Lucía, que se identifica como colombiana avecindada en Easton, Pennsylvania: “Nunca antes visto en CUBA!!! Cómo les quedo el ojo a los pesimistas; inclusive a los mismos Cubanos que trabajan en los medios de comunicación no se atrevían a dar su opinión personal y algunos creían que iban a sabotear el concierto y que Raúl Castro se iba a presentar en el concierto… Este concierto es un granito de arena para ir cambiando…”

Con ese punto de vista coincidía una joven cubana que vive en Miami: “Yo soy cubana y pienso que es increíble que existan personas como Juanes que hace todo con buenas intenciones. Todos los que hablan sin saber piensen que en Cuba hace años no existe un concierto, esto no tiene nada que ver con política, eso (es) llevarle un poquito de alegría a los inocentes que están allá y están pagando las crueldades sin tener culpa. No saben lo que es pasar hambre ganas de comer algo y no tenerlo es duro y triste saber la pobreza que hay en Cuba. Juanes te deseo lo mejor y sigue así que una persona que defiende lo que quiere llegará muy lejos”.

“El concierto blanco de Juanes sirvió de catarsis colectiva a cientos de miles de cubanos ansiosos de buen arte”, escribe Mauricio Vicent en El País de hoy lunes. Si tan sólo eso logró, el esfuerzo de Juanes y sus colaboradores habrá merecido la pena. Pero catarsis como esas, experimentadas en el fragor de la muchedumbre, a veces causan adicción. El gusto por la acción colectiva suele ser progresivo y contagioso. Y difícilmente hay dictadura que soporte esa gana de cantar, decir, querer y actuar en libertad.

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La Suprema Corte hizo justicia para los 20 indígenas que estaban presos después de haber sido considerados culpables de la matanza de Acteal en un proceso repleto de irregularidades. Falta, todavía, que se haga justicia respecto de aquella masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

Los 20 tzotziles y otros 28 más cuyos procesos serán revisados a partir de la resolución de la Primera Sala de la Corte, estuvieron presos casi 12 años. La decisión que ahora los beneficia ha sido cuestionada con ofuscador maniqueísmo por quienes están convencidos de que esos indígenas no solamente fueron culpables del homicidio de 45 personas, en su mayoría mujeres y niños, sino de que esa matanza fue dispuesta por el gobierno mexicano como represalia contra las comunidades zapatistas en Chiapas. Por otro lado, quienes encuentran que las anomalías en el proceso penal llevaron a la cárcel a personas inocentes, reconocen ese esfuerzo de investigación y decisión de la Corte.

De esta manera, una decisión que en muchas otras circunstancias todos considerarían pertinente y plausible, ha quedado nublada por la ideologización que se mantiene en torno a los hechos de 1997 en Acteal.

Aquella matanza sigue sin ser judicialmente esclarecida. No en balde el ministro José Ramón Cossío, ponente de la resolución aprobada el miércoles 12 de agosto, explicó que la Corte no estaba determinando si las personas encarceladas por los acontecimientos en Acteal son culpables o no. Lo que hizo la primera sala fue reconocer que las pruebas presentadas en contra de esos indígenas no demuestran que hayan sido autores de la masacre.

Esa conclusión fue posible después de la extensa indagación que emprendió desde 2004 la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económica, que se encargó de la defensa de los encarcelados por los homicidios en Acteal cuando sus integrantes encontraron que había numerosas ilegalidades en ese litigio –declaraciones falseadas, testimonios inventados, contradicciones flagrantes, evidencias que no se tomaron en cuenta y otras más que no fueron preservadas, etcétera–. Por otra parte, un ejemplarmente documentado reportaje del escritor Héctor Aguilar Camín insistió hace dos años tanto en la crueldad extrema de aquella masacre como en las irregularidades que abundaron en el proceso judicial.

Ahora, la coincidencia de los abogados del CIDE y de ese escritor para subrayar que en los procesos de Acteal se cometieron injusticias graves, ha llevado a algunos críticos de la resolución de la Corte a enderezar una campaña de agravios e intimidaciones. En vez de exigir una nueva indagación y el castigo a los auténticos culpables de la matanza en Acteal, los simpatizantes neozapatistas (que todavía hay algunos) han inventado una extravagante especulación conspiratoria.

El diario La Jornada ha sido uno de los espacios, aunque no el único, en donde se expresan suspicacias y desacuerdos no tanto con la decisión de los ministros de la Corte, sino con los abogados y el escritor que tuvieron el mérito de denunciar los yerros del juicio contra varias docenas de indígenas.

El jueves 13 de agosto, ese diario comunicó la decisión de los ministros con una  nota del reportero Alfredo Méndez en donde, luego de reseñar las posturas de otros ministros de la primera sala, se dice: “Cossío, durante su alocución, pareció responder a la organización civil Las Abejas, que en días pasados responsabilizó –entre otros– a los ministros de la Corte y al historiador Héctor Aguilar Camín (que se ha erigido en una especie de vocero de los acusados de la matanza del 22 de diciembre de 1997) de cualquier rebrote de violencia en Chiapas derivado del otorgamiento de estos amparos”.

Antes de transcribir las palabras del ministro, el reportero Méndez despliega su personal subjetividad para decir que Cosío pareció responder a las imputaciones contra el mencionado historiador que, añade el periodista, se ha erigido en una especie de vocero. Esas son conclusiones que tendrían que dilucidar los lectores si se les diera oportunidad de conocer una información equilibrada, o que el reportero podría expresar sin contradicciones profesionales en un artículo de opinión. Solamente después de esas consideraciones, el reportero retorna a su tarea como informador: “Las consecuencias que deriven (de esta resolución) no pueden ser imputadas a esta Corte, sino a las autoridades que tienen competencia para la persecución e investigación de los delitos, y que están encargadas de preservar la paz social en el país, expuso Cossío”.

La Jornada abunda en la tesis de la conjura en  una nota del reportero Roberto Garduño publicada también el jueves 13 en La Jornada: “El revisionismo histórico de la matanza de Acteal, promovida desde las instituciones del Estado y los medios de comunicación afines al poder, por los asesores y apologistas de los regímenes del PRI y del PAN, condujo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a tomar una controvertida decisión: ordenar la puesta en libertad de los autores materiales de la muerte de 45 niños, mujeres y hombres indefensos”.

Así que la decisión del 12 de agosto no se debió a la solicitud de amparo que presentaron los abogados de los indígenas presos, ni a la tarea de investigación que encomendaron los ministros y cuyas conclusiones fueron dictaminadas por Cosío. Convertida en polichinela de una alevosa coalición de fuerzas oscuras gracias a la intencionada imaginación de los redactores de La Jornada, la Suprema Corte fue el instrumento de esta inusitada colección de actores políticos:

“El 21 de diciembre de 2006, el CIDE y Alternativa Ciudadana 21, encabezada por Ricardo Raphael, y acompañados por Héctor Aguilar Camín, anunciaron que asumirían la defensa de los 75 detenidos por Acteal. Raphael, director del área de Estudios Jurídicos del CIDE, adujo que la determinación de asumir la defensa ocurrió porque las supuestas violaciones a los principios de debido proceso y presunción de inocencia eran tan graves que lo hacían un caso paradigmático. A su vez, Aguilar Camín publicó en la revista Nexos una descripción en tres entregas titulada El regreso de Acteal, fundada en los argumentos de Hugo Eric Flores” (uno de los profesores del CIDE que promovió la defensa de los tzotziles encarcelados).

La defensa de una causa que consideraron justa, y que nunca ocultó su preocupación para que sean identificados los verdaderos culpables del homicidio de 45 personas en Acteal, convirtió a esos ciudadanos en autores de una maquinación perversa. En palabras del ya citado Garduño:

“Al entorno, al de los promoventes del revisionismo y de la liberación de los homicidas, se sumaron instituciones públicas y privadas con objeto de generar una corriente de opinión pública apegada a la tesis del perdón institucional. Los arietes de la liberación –además de Flores Cervantes– Ricardo Raphael, Ana Laura Magaloni y Aguilar Camín utilizaron el CIDE y los medios de comunicación afines a su interés, como Canal 11, Televisa, Canal 22 y el periódico El Universal”.

Un análisis serio de las posiciones de cada una de esas instituciones, empresas y personas, demostraría que más allá del asunto de Acteal no suelen coincidir en numerosos asuntos de la agenda nacional. La Jornada y sus voluntariosos denunciadores de conjuras no explican por qué ciudadanos y medios tan diversos, además de una institución de comprobada seriedad como es el CIDE, querrían coincidir en la defensa de un grupo de homicidas. Y es que, obnubilados por las anteojeras ideológicas que cargan, el periódico y algunos de sus redactores parten de una suposición respecto de la cual no admiten cuestionamiento alguno: los culpables de los crímenes en Acteal fueron los que estuvieron presos independientemente de que hayan ocurrido injusticias en el proceso penal.

Al redactor de La Jornada le faltó decir que Aguilar Camín estudió con los jesuitas del Instituto Patria y que vive a pocas calles de la embajada de Rusia, circunstancias ambas que podrían acumularse como evidencia de una conspiración multi doctrinaria y globalizadora.

Ya en serio, lo grave de todo este incidente es, por una parte, la preeminencia de los prejuicios sobre los hechos. A muchos de los exasperados con la decisión de la Corte no les interesa la justicia sino el caparazón políticamente correcto.

En segundo término, el señalamiento de personas e instituciones específicas como promotores de una iniquidad –por añadidura vinculada a un hecho tan desgarrador y espeluznante como fue la matanza de Acteal– tiene consecuencias e implicaciones persecutorias que resultan inaceptables. Lo que hicieron los abogados del CIDE fue desbrozar, con paciencia inagotable y destreza jurídica, las aberraciones de un proceso irregular. Lo que hizo Héctor Aguilar Camín, con rigor y tenacidad, fue un trabajo de investigación que debiera considerado ejemplar en la prensa mexicana. Pero la decisión del miércoles 12 fue de los ministros de la primera sala, que además han considerado que la indagación de los crímenes en Acteal sigue siendo responsabilidad de las autoridades competentes.

Ya en la tercera parte de su reportaje, aparecida en Nexos de diciembre de 2007, Aguilar Camín consideraba:

“La revisión cuidadosa del expediente judicial y las versiones de los agresores confesos sobre lo sucedido el 22 de diciembre en el campamento Los Naranjos, echan nueva luz, en realidad nuevas preguntas, sobre la matanza de Acteal al menos en tres aspectos fundamentales, hasta hoy no esclarecidos:

1. No hubo sólo una masacre, hubo también una batalla.

2. Parte del horror ha sido explicado, pero parte del horror permanece en la sombra. Nadie ha explicado las doce muertes por machete y traumatismo craneal que registran las necropsias.
3. La investigación judicial no buscó ni encontró la verdad: buscó y fabricó culpables. Hay presos inocentes y culpables libres”.

Nadie, comprometido con la justicia, podría querer que hubiera presos inocentes. Nadie, comprometido con la verdad, podrá considerar que ya está todo dicho sobre los hechos de diciembre de 1997 en Acteal.

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La cancillería mexicana –una de cal– respondió con agudeza a la decisión del gobierno de Canadá que repentinamente comenzó a exigir visas a nuestros compatriotas que viajan a ese país. En vez de ignorar el asunto o de, en otro extremo, responder de la misma manera, nuestro gobierno anunció ayer que los diplomáticos canadienses que quieran venir a México deberán tramitar una visa.

Se trata de una medida simbólica y que tendrá efectos fundamentalmente en el litigio que ya se ha desatado sobre ese asunto en los medios de comunicación. Los turistas canadienses que vengan a México no tendrán que cumplir con ese requisito, con lo cual se evita ahuyentar al de por sí amedrentado y disminuido turismo. Lo mismo hizo el gobierno de la República Checa, a cuyos ciudadanos Canadá decidió imponer, junto a los mexicanos, el requisito de la visa.

Con esa decisión no se remedian las vicisitudes de millares de mexicanos que, fundamentalmente para hacer turismo, tenían previsto viajar en los próximos días a Canadá. Pero quizá, sumada con las protestas que ya se propagan entre los propios canadienses, esa decisión contribuirá a subrayar la enorme injusticia y la inadmisible tontería que ha cometido el gobierno de Ottawa en contra de todos esos mexicanos y sus familias.

El gobierno de Canadá explicó que, con la visa, pretende disminuir la gran cantidad de peticiones de asilo que son presentadas por mexicanos que buscan aprovechar las generosas disposiciones legales que hay en aquel país para acoger a ciudadanos que se consideran perseguidos en sus respectivas naciones.

Sin embargo no resulta claro por qué el hecho de llenar una compleja y exigente solicitud desalentará a quienes buscan acogerse a las normas canadienses en materia de asilo. No hay correspondencia alguna entre el problema que pretende atajar y la decisión del gobierno de Canadá para requerir visas a los mexicanos.

En ese país, efectivamente, desde hace tiempo hay numerosas peticiones de asilo. Se puede asegurar, incluso sin tener a la mano una relación detallada de quienes se han beneficiado del asilo canadiense, que la gran mayoría han sido personas que distan de ser perseguidas en México.

Y son muchos. Entre 2005 y 2008 la cantidad de mexicanos que pidieron asilo en Canadá aumentó de 3400 a 9400. De esta última cantidad, el 89% de las solicitudes fueron rechazadas. Eso deja más de mil solicitudes –1034– que sí fueron aceptadas.

¿A qué persecución política escapaban, de qué movimiento social formaban parte, en qué partido disidente concurrían esos mexicanos? Es posible que entre ellos haya unos cuantos ciudadanos cuya militancia política o social hubiera suscitado represalias de alguna fuerza política o algún poder fáctico en México. Pero la mayoría, son pícaros que se han valido de la manga ancha con que Canadá juzga las peticiones de asilo para encontrar una manera de vivir.

Si esas peticiones han sido aceptadas, se debe a la holgura de las disposiciones canadienses. Más aún: si la cantidad de mexicanos que busca ese cobijo legal se triplicó en los años recientes ha sido, precisamente, por el éxito que han tenido las solicitudes débilmente fundadas pero admitidas con ligereza por el gobierno de Canadá.

El asilo es una de las más nobles y fundamentales instituciones en las relaciones entre los países. No hace falta insistir en la importancia que tiene. Pero si Canadá acoge por esa vía a centenares de mexicanos cada año, no se debe a que en nuestro país haya una intensa persecución política sino a deficiencias o, para decirlo de manera menos drástica, a la flexibilidad con que se interpreta y aplica el derecho de asilo en aquella nación. Ahora, las víctimas de esa abundancia de asilados reconocidos como tales son los mexicanos que quieren viajar a Canadá.

La medida fue anunciada tan de improviso que, todavía ayer, en algunos sitios de ese país como “Canadá en español” se aseguraba que los mexicanos no necesitamos visas para viajar a ese país.

Ayer mismo el director ejecutivo de la Fundación Canadiense para las Américas, Carlo Dade, sostenía en un texto muy crítico que pedir asilo se vuelve atractivo debido a la tardanza de las autoridades de Canadá para resolver cada solicitud: “Abofetear con las restricciones de las visas a los países no sirve, y no servirá, para arreglar el asunto del sistema de refugiados. Si los requerimientos de asilo fueran procesados rápidamente, entonces los incentivos para abusar de ese sistema desaparecerían”.

Dade, también expresa preocupación por las reacciones que estas medidas puedan suscitar en países como México: “Podemos imaginar lo que está pensando América Latina. Por un lado, Canadá dice que quiere lazos más estrechos, más intercambios culturales y mejores relaciones. Por el otro, de manera unilateral y sin aviso, impone una medida precisamente para hacer lo contrario con sus aliados más cercanos y con quienes tiene relaciones más intensas en la región. Y todo por 9 mil solicitudes de asilo”.

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Suena muy drástico y parece difícil de creer, pero el gobierno del presidente Felipe Calderón ha resuelto, en algunos casos, criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión. Eso significa que hay mexicanos a quienes, por ejercer ese derecho, podrían meterlos a la cárcel.

Nos referimos a la suerte que están a punto de padecer ciudadanos como Rosa Cruz en Ocumicho, Michoacán y Héctor Camero en Monterrey, Nuevo León. Ambos, con trayectorias, experiencia y en contextos diferentes, forman parte de sendos proyectos de radiodifusión comunitaria que han sido perseguidos por el gobierno federal porque no tienen permiso para transmitir.

El primero de junio pasado Camero, que  es promotor de la radiodifusora comunitaria Tierra y Libertad, fue consignado por el Ministerio Público federal por delitos que tipifica la Ley General de Bienes Nacionales. Sigue en libertad gracias a un amparo judicial. Esa radiodifusora funcionaba desde hace siete años en la mencionada comunidad, de larga tradición en el movimiento por la democracia en las colonias populares. El 8 de junio de 2008, fue ocupada por 200 policías federales mientras varios niños de la radiodifusora transmitían un programa infantil.

Radio Tierra y Libertad solicitó desde 2002 su regularización como emisora permisionada, pero el gobierno federal no auspició el avance de esos trámites. En 2005 fueron legalizadas varias radios de esa índole en diversos sitios del país, mas esa decisión no alcanzó a beneficiar a la emisora regiomontana.

La gracia de la regularización dispuesta por el gobierno del presidente Fox tampoco llegó a Ocumicho, el poblado purépecha en donde funcionaba Radio Uekakua. Las transmisiones en esa lengua se habían convertido en punto de referencia para la comunidad, lo cual hacía patente el servicio social que ofrecía esa emisora.

También esa estación gestionaba su regularización legal desde 2002. Sin embargo el 29 de enero pasado un centenar de agentes de la AFI y otras corporaciones llegó a desmantelar la emisora porque operaba sin consentimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Un comunicado de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y otras agrupaciones que se distribuirá el día de hoy relata cómo fue esa operación contra la emisora: “Con uso desmedido de la fuerza procedieron al cierre en una comunidad de apenas 3 mil habitantes. Los elementos policíacos amedrentaron a los niños que se encontraban en ese momento en la estación, amenazaron a las mujeres con golpearlas, le taparon la boca a una menor y le lastimaron la mano, y una señora fue arrastrada violentamente de la radio”.

El testimonio de una de las muchachas amedrentadas en esa acción puede encontrarse en YouTube. La peor parte la llevó Rosa Cruz, que colaboraba en Radio Uekakua y a la cual los agentes que allanaron la modesta radiodifusora hicieron responsable de las transmisiones sin el permiso legal.

Convertida en culpable por esa decisión la señora Cruz, que apenas habla castellano, recibió hace 10 días una orden para comparecer en la oficina del Ministerio Público en Uruapan que la considera “indiciada” por explotar un bien que es propiedad de la nación. Ese delito, establecido en la Ley General de Bienes Nacionales (artículos 149 y 150) se castiga con prisión de 2 a 12 años y multa de hasta mil veces el salario mínimo.

Así es como Rosa Cruz, una indígena purépecha que colaboraba en la difusión de mensajes radiofónicos para su comunidad, lo mismo que el doctor Héctor Camero, dirigente de la Asociación Civil Tierra y Libertad de Monterrey, están en riesgo de ir a prisión. La causa de ese encarcelamiento sería la participación que han tenido en la radiodifusión comunitaria.

Esas emisoras operaban sin autorización legal. Pero nunca desconocieron tal irregularidad e, igual que otras en esas condiciones, quisieron normalizar su condición jurídica. En varias ocasiones, cuando querían sancionar a las radiodifusoras comunitarias las autoridades imponían medidas administrativas que llegaban a la incautación del equipo de transmisión.

Desde hace algunos meses, sin embargo, el gobierno federal endureció su actitud hacia las radios comunitarias y decidió acusarlas por transgresión a la mencionada Ley de Bienes Nacionales que implica penas corporales.

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuya dependencia presentó la denuncia que ha conducido a esas acciones legales, no parece tener disposición alguna para reconocer el derecho a la comunicación de indígenas como los de Ocumicho, o luchadores sociales como los de Tierra y Libertad.

La Procuraduría General de la República, por su parte, envió un centenar de agentes el 1 de febrero pasado a intervenir las instalaciones de la radio en Ocumicho, en donde encontraron –y maltrataron– a varias mujeres y algunos niños. Esa presteza, las autoridades federales no la han tenido para resolver el crimen de Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, de 22 y 24 años, las locutoras de la radiodifusora triqui “La voz que rompe el silencio” que fueron emboscadas y asesinadas el 7 de abril del año pasado en Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca.

¿Por qué el gobierno federal interrumpió el proceso de regularización legal de las radios comunitarias que había comenzado el sexenio anterior? ¿Por qué en vez de sanciones administrativas la Secretaría de Gobernación decidió perseguir a integrantes de esas radiodifusoras con acusaciones que de prosperar los llevarían al encarcelamiento? ¿Por qué se acosa con tanta saña a quienes, con las estaciones comunitarias, no hacen más que abrir espacios de expresión que, entre otras cosas, sirven como distensión a los conflictos sociales?

Esas preguntas quedan desplazadas por una más elemental, que formula una de las indígenas que con grandes sacrificios contribuyeron a instalar la radiodifusora en Ocumicho y que, después de ser maltratada por agentes federales y emplazada por el Ministerio Público, pregunta, simple y directamente en otro video: “¿Por qué el gobierno nos trata tan mal?”.

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Eliseo Barrón Hernández era un reportero de a pie. Lo suyo eran las notas breves, directas, información pura y dura. Tenía 11 años practicando el qué, quién, cuándo y dónde en las notas policiacas que escribía para la edición en Torreón, Coahuila, del diario Milenio. El cómo y el por qué por lo general se los dejaba a otros periodistas.

De prisa y precisa, la información acerca de crímenes, robos y accidentes no se presta mucho a la especulación. Sin embargo el auge del narcotráfico ha llevado las notas policiacas a la primera plana de los diarios. Quizá esa circunstancia hizo más complejo, y acaso arriesgado, el trabajo de Eliseo Barrón. El lunes por la noche varios hombres armados lo sacaron de su casa por la fuerza. Al día siguiente su cadáver apareció en un predio de Gómez Palacio, ciudad vecina de Torreón. Es evidente que lo torturaron.

Con Eliseo Barrón, son cinco los periodistas mexicanos asesinados en el transcurso de este año. Es posible que no todos hayan sido victimados como resultado de su trabajo informativo pero las parsimoniosas indagaciones judiciales no lo han esclarecido.

El Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, que mantiene un registro de agresiones a periodistas, indica que el 13 febrero Jean Paul Ibarra, fotógrafo de El Correo de Iguala, Guerrero, fue asesinado a tiros cuando viajaba en una motocicleta con otra periodista que resultó herida. Ibarra cubría asuntos policiacos.

El 23 de, febrero en Huayacocotla, Veracruz, Luis Daniel Méndez Hernández, reportero de la radiodifusora “La Poderosa”, murió tiroteado cuando salía de un salón de baile.

El 29 de febrero Juan Carlos Hernández Mundo, director del periódico El Quijote de Taxco, Guerrero, murió cuando le dispararon desde una camioneta.

El 3 de abril Carlos Ortega Samper, de El Tiempo de Durango, fue victimado cuando se resistió a ser secuestrado por cuatro individuos que lo querían sacar de su automóvil en el poblado de Santa María del Oro. Ortega había denunciado al alcalde y otras autoridades de ese municipio por amenazarlo después de que publicó denuncias por hechos de corrupción.

Ninguna de las averiguaciones por esos asesinatos ha sido resuelta. El Commitee to Protect Journalists con sede en Nueva York, indicaba el martes pasado que en el transcurso de 2009 ha registrado 11 casos confirmados de periodistas asesinados en todo el mundo debido a su trabajo como informadores y 12 casos por confirmar, entre ellos 2 mexicanos (Jean Paul Ibarra y Carlos Ortega). Con el nuevo crimen, esa cifra habrá aumentado a 3.

La información de cualquiera de esas muertes posiblemente habría sido cubierta de manera escueta por Eliseo Barrón. Uno de sus últimos reportes periodísticos, si no es que el último, fue acerca de un escolta del jefe de la policía municipal en Torreón a quien despidieron porque el domingo pasado, alcoholizado, se puso a tirar balazos. Días antes, escribió sobre el despido de 302 agentes policiacos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada.

Quién sabe cuál de esas informaciones desató la violencia de sus asesinos. Eliseo Barrón era reportero de notas concisas, sin especulaciones ni florituras. Los títulos de algunas de las más recientes dan cuenta de sus temas cotidianos: “Engañan a vendedora con billete de $500 falso” (25 de abril); “Niña de Matamoros baleada en persecución murió hoy” (1 de mayo); “Con tres impactos de bala asesinan a soldado” (11 de mayo); “Policía asesino sigue prófugo de la justicia”(11 de mayo); “Madre del niño atropellado por chofer pide castigo para el agresor” (19 de mayo). Los que por lo general ocupaban a Barrón no eran asuntos tan estridentes como los  que protagonizan las grandes pandillas de narcotraficantes.

Más que las intimidaciones de capos criminales, lo que Eliseo Barrón había deplorado eran las limitaciones que los compromisos personales y comerciales imponen a la información periodística. El 8 de diciembre pasado apareció, firmada con su nombre, la siguiente opinión en un foro de discusión en línea sobre la censura en la prensa latinoamericana:

“La autocensura se inicia en los medios cuando el funcionario o la persona, son ‘amigos’ de los jefes y por ende no se puede emitir ninguna información en su contra.

“En México ya sea periódicos de circulación nacional o local, no se habla en contra de los alcaldes o gobernadores, debido a que se teme les quite la publicidad, de la cual ya la tienen cobrada por adelantado, o se tienen convenios.

“En lo que respecta a las notas policiacas, el 90 por ciento de ellas no se publican cuando el sospechoso es familiar, amigo o conocido de un funcionario municipal o estatal.

“Esa es una autocensura, que en la realidad tiene que ver con amistades entre los funcionarios y los directivos de los medios, aunque en ocasiones es por un asunto de carácter económico o publicitario”.

Esas, forman parte de las restricciones cotidianas que padecen reporteros como Eliseo Barrón Hernández. A un panorama profesional acotado por diversas formas de censura, se añade ahora el asesinato como instrumento de coacción a los periodistas.

Desde el martes es noticia que Eliseo Barrón Hernández murió torturado, después de que lo secuestraron delante de sus pequeñas hijas. Se sabe el qué y el dónde. Resulta imprescindible conocer además el cómo y el por qué.

Esta nota, ahora actualizada con ligeros cambios, apareció ayer jueves en la edición digital del periódico El País.

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La pésima broma a un discapacitado mental ha puesto en evidencia el doble discurso de Televisa acerca de las personas con limitaciones. Esa empresa, que cada año se ufana de una vistosa aunque interesada filantropía cuando organiza el Teletón, ha vuelto rutina las mofas que algunos de sus cómicos y productores hacen del comediante Sammy Pérez.

El domingo 17 de mayo en el programa paradójicamente llamado “¡Hazme reír”, ese personaje conocido por sus limitaciones para expresarse fue víctima de una abusiva ocurrencia protagonizada por las conductoras Galilea Montijo y Roxanna Castellanos. A Pérez le dijeron que iba a ser contratado para una nueva serie pero que antes tenía que ensayar con ellas varias escenas atrevidas.

La información periodística reseñó así las escenas siguientes: “Montijo y Castellanos se cambiaron de ropa y se pusieron unos baby dolls. Luego, comenzaron a desvestirlo hasta dejarlo en calzoncillos y una toalla envuelta y le pidieron que les untara crema a ambas.

“En otra escena, un perico de peluche que hablaba comenzó a darle instrucciones a Sammy para que él, semidesnudo, bailara y se quitara la toalla.

“En ese momento entró un tercer actor haciéndose pasar por personal de seguridad y reprendió a Sammy, explicándole que estaba violando las normas de la empresa al estar en paños menores. Fue entonces cuando le dijeron que se trataba de una broma”.

Abusiva con cualquier persona, esa supuesta broma resultaba especialmente grosera con Sammy Pérez cuyas limitaciones lo han convertido en un personaje a la vez simpático y patético por la manera como es utilizado en varias series de Televisa. Durante el mismo programa, que está organizado como aparente concurso en donde un jurado premia la rutina más graciosa, se suscitó una breve discusión por el abuso cometido con Sammy.

Días después, varias organizaciones y personas interesadas en la defensa de derechos humanos protestaron ante ese atropello. “Se trata de un acto irrespetuoso, indigno y discriminatorio hacia una persona con discapacidad intelectual, ya que al utilizarlo para esta ‘broma’ se abusa de su condición y se viola el reconocimiento de sus derechos”, dijeron en un documento promovido por la columnista Katia d’ Artigues en el sitio web de El Universal.

En esa carta abierta se explica: “Hay que recordar que los conductores se rieron, e invitaron al público a reírse de la ingenuidad y candidez del protagonista, características asociadas a su discapacidad, sin tener en cuenta el impacto enorme que tiene la televisión en la cultura social de este país, y sin hacerse responsables de la imagen social que proyectan y reproducen de las personas con discapacidad”.

Los firmantes de ese documento dijeron que se había presentado una queja ante el  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Además, solicitaron a las conductoras del programa televisivo que le ofrecieran una disculpa pública a Sammy “por la utilización indigna, burlona y absolutamente falta de respeto que hicieron de su persona, y la hagan extensiva a todos los ciudadanos con discapacidad de nuestro país, que según cifras de la Organización Mundial de la Salud, son el 10 por ciento de la población total de México”.

Esa carta, publicada el 22 de mayo, está respaldada por una treintena de organizaciones de defensa de los discapacitados como Unidos Pro Down, Fundación Pasos, Comunidad Down, Todos por la Inclusión e Inclusión Interamericana. Además, a título personal, fue suscrita por 121 ciudadanos, entre ellos Elena Poniatowska, Teresa Vale, Carmen Verduzco, Patricia Vega, Rosario Robles, Sabina Berman, Isabelle Tardan, Sandra Lorenzano y Teresa Incháustegui.

En el mismo sitio de Internet se propaló una iniciativa para que las conductoras del programa pretendidamente cómico tomaran un curso sobre derechos humanos que les enseñe a identificar las conductas discriminatorias. Aunque parecía una propuesta más bien emblemática como tantas otras que aparecen en la Red, hubo una respuesta formal de   Ricardo Bucio Mújica Secretario Técnico Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que dirigió una carta a los productores del programa “Hazme reír y serás millonario”.

Ese funcionario señaló: “la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF),  apoyando la propuesta de la periodista Katia D’Artigues, invita al equipo de  producción, los actores y al jurado del programa a recibir un  curso de corta duración sobre el derecho a la no discriminación y el respeto a los derechos humanos, con la finalidad de ofrecer herramientas para que los contenidos de su programación promuevan el respeto a los derechos humanos y no caigan en estereotipos y prejuicios que  atenten contra la dignidad de las personas”.

A su vez, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) inició una queja “por presuntos actos discriminatorios” y felicitó a la Comisión de Derechos Humanos del DF por el exhorto que envió a los productores de la serie de televisión “para que se sensibilice en el trato que deben tener a las personas que forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad”.

Burdas e indignantes, las burlas a Sammy Pérez hace 8 días ocasionaron protestas pertinentes. Pero esas inconformidades no dejan de resultar algo tardías y, si se les mira en un contexto más amplio, también insuficientes.

Son reclamos tardíos porque desde hace varios años ese personaje es utilizado por Televisa para practicar una peregrina y vulgar comicidad. Las burlas a Sammy son frecuentes y siempre de mal gusto. En ocasiones los conductores de algunos programas lo insultan abiertamente y de manera intencional convocan al escarnio por parte de los televidentes inclusive en programas con público en el estudio. En otras, lo hacen interpretar rutinas o canciones haciéndole creer que le aplauden por sus méritos histriónicos o artísticos. Por otra parte, no es la primera vez que los programas de Televisa se aprovechan de la condición de Sammy para reírse de él con insinuaciones eróticas.

Esa burla de una persona con capacidades limitadas forma parte del humorismo ramplón que practica Televisa y que no pocos televidentes miran y aplauden, a veces porque no tienen otras opciones de entretenimiento pero también porque han sido habituados a tales simplezas. Vale decir, sin embargo, que Sammy Pérez y su familia están conformes, incluso contentos, con esa utilización que hace Televisa.

Cualquier abuso con personas que tienen dificultades físicas o mentales resulta cuestionable. Pero, más allá de esta situación, también podría considerarse que cualquier engaño que los medios de comunicación perpetren contra cualquier ciudadano debería merecer la más amplia condena. Desde hace años varios programas de Televisa, y especialmente en Televisión Azteca, embroman a personas con escenas falsas. El empleo de cámaras ocultas y de conductores disfrazados se ha convertido en recurso frecuente en busca de la hilaridad de los televidentes. Las comisiones y los defensores de los derechos humanos también podrían interesarse en abusos como esos. A la audiencia de Televisa, mientras tanto, este episodio podrá confirmarles la basura que transmite esa empresa.

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Este texto fue publicado en marzo de 2008. Cobra alguna actualidad debido al regreso a México de la srita. Morett y a la versión distorsionada que algún articulista hizo de estas opiniones sobre la frágil distancia que suele haber del voluntarismo al aventurerismo.

La Crónica, jueves 26 de junio.

Ninguna destitución, aunque merecida, remediará el asesinato de 12 personas el viernes pasado en la discoteca News Divine. Esas muertes se debieron a una sucesión de torpezas mayúsculas, brutales, criminales. Pero también y por encima de la incompetencia y la imbecilidad policiacas, en ese desdichado episodio se puede reconocer un abusivo desprecio a los jóvenes.

La policía llegó a detener a todos los muchachos que estaban en la discoteca. No había orden judicial, ni siquiera una acusación específica. Los arrestarían porque se habían reunido a bailar y escuchar música y porque esa conducta, a los zafios personajes que toman decisiones relevantes en las corporaciones policiacas les parece indebida.

Hay quienes dicen que la aprehensión de jóvenes en recintos como ése se ha vuelto rutinaria y que de esa manera la policía trata de atajar el tráfico de estupefacientes. En News Divine no encontraron drogas ni personas consumiendo algo ilícito. Aunque así hubiera sido, el consumo de drogas no es un delito. Venderlas sí, pero difícilmente se podrá atrapar a los desdichados que hacen negocio promoviendo la adicción a las drogas con operativos tan absurdos como el del viernes. Los muchachos son víctimas, no cómplices de los traficantes de drogas.

No era en defensa de esos jóvenes que actuaba la policía. Al contrario, y de allí los rasgos más agraviantes en la retahíla de tonterías que fue evidente el viernes, la policía llegó para importunar, acosar, maltratar y vejar a los muchachos. Nueve de ellos, y tres policías, murieron en esa operación.

Ilegal y absurda la aprehensión de todos, además se realizó con inexcusable violencia. Dentro y fuera de la discoteca, muchos jóvenes fueron golpeados. En ocasiones, al parecer, ese maltrato tuvo consecuencias criminales: “Rafael Morales, de 18 años, no soportó la serie de ‘cachazos’ que le propinaron el viernes granaderos de la SSP-DF durante el operativo en la discoteca News Divine. El joven se desplomó. Cayó al piso y de nada le sirvieron los primeros auxilios que le dieron sus amigos, porque horas después murió por contusiones en el hospital de La Villa”. Ese y el resto de los testimonios que transcribimos en los siguientes párrafos aparecieron en los reportajes de Hilda Escalona y René Cruz el sábado 21 de junio; Hilda Escalona, Vania Arroyo y Jonathan Villanueva el domingo 22; Israel Yáñez G. el lunes 23 y Jonathan Villanueva el martes 24, todos en La Crónica de Hoy.

“Hubo más de cinco adolescentes que relataron que los policías utilizaron toletes y pistolas para sacarlos del lugar”. Las huellas las llevan en el rostro. “ ‘A todos los que no agarraban nos subían al transporte oficial y nos empezaban a agarrar a cachazos’, decía Luis ‘N’, alias El Babo de 14 años, al momento que mostraba su cara con dos heridas, que dijo que eran cachazos”.

Dentro de la discoteca el aire se volvió irrespirable cuando, también de acuerdo con muchos testimonios, la policía aventó gases lacrimógenos. “ ‘Sí lo echaron… los chavos tuvieron que romper las ventanas y tirarse desde un segundo piso porque no podían respirar’, contó Jesica Jazmín Hernández Carranza, quien ayer fue dada de alta del hospital La Villa”.

¿Qué impresión de esos jóvenes tenían los jefes policiacos que ordenaron el desalojo de esa manera? ¿Qué imagen de ellos tienen los agentes que golpeaban, ofendían e insultaban a discreción? Una muchacha asegura “que los uniformados la amenazaron… ‘Hija de tu puta madre, te vamos a madrear hija de la chingada, súbete al camión culera. No mereces nada ni siquiera tu libertad ni tú ni tu pinche bola de amigos delincuentes’, recuerda la menor de edad. 16 años”.

El desprecio contra los jóvenes, la prepotencia machista, el abuso gandul, se desplegaron contra las muchachas indefensas. “ ‘A mí me manosearon los policías, cuando según me querían sacar, nada más me estaban manoseando… después una policía me jaló de los cabellos y me subió a un camión, y en la desesperancia (sic) empezamos a romper los vidrios del camión’, dijo la adolescente de 16 años”.

Quienes pudieron salir al comienzo del desalojo fueron amontonados en vehículos que llevaba la policía. “Nos agarraron y nos subieron a una camioneta y nos echaron boca abajo uno por uno, casi no podíamos respirar”.

Cuando los vehículos se llenaron, la policía bloqueó la puerta principal de la discoteca. Esa fue, como ahora se sabe, la mayor insensatez. ¿Qué supusieron los jefes policiacos que harían los muchachos, sobre todo cuando otros policías los hostigaban desde dentro del recinto? “ ‘No nos dejaron salir, porque cerraron las puertas’, agregó entre sollozos”.

Afuera de la discoteca no había asistencia médica. Nunca se sabrá si algunos de los muertos pudieron haberse salvado de haber recibido primeros auxilios.

Ya en el Ministerio Público, a muchos les robaron sus pertenencias. “Llegamos a la agencia de San Juan de Aragón, nos quitaron celulares, carteras, dinero que ya no lo regresaron, ya no tengo celular”.

A varias muchachas las desnudaron y vejaron. “ ‘Para hacernos el examen médico nos quitaron toda la ropa, nos ponían así con los brazos arriba a dar vueltas, con dos oficiales hombres en la sala y un doctor…, habíamos 13 mujeres dando vueltas, nos sentimos incómodas ante las miradas de los policías’, explicó Ceci ‘N’ en entrevista”. Tiene 16 años.

También se ha sabido que a varias muchachas y muchachos los marcaron en un brazo, para numerarlos.

A los familiares de todos esos jóvenes, más de 600, las autoridades los tuvieron varias horas en una incertidumbre de pesadilla. No proporcionaban listas de fallecidos o lesionados. A los padres de varios de los muertos tardaron mucho más en permitirles acercarse a los cuerpos.

Pero esa negligencia para dar cuenta a los directamente afectados de lo que había sucedido con sus hijos, el jefe de la policía no la tuvo para improvisar una a la postre fallida justificación ante los medios de comunicación. El viernes por la noche Joel Ortega Cuevas tenía mucha urgencia para propalar una versión mañosa sobre las causas de la tragedia.

Según el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, la culpa había sido del dueño de la discoteca que al avisar que la policía estaba presente provocó la fuga en masa. Sin embargo el video que con tanta diligencia Ortega les entregó esa noche a las televisora desmentía esa versión. Después del anuncio del propietario del establecimiento los muchachos reaccionaron con natural enojo porque la fiesta terminaba repentinamente pero no se veían ni escuchaban reacciones de miedo. El terror vendría después, pero de eso no hubo constancia en la grabación censurada.

Las autoridades del DF dicen que los videos completos no serán mostrados en consideración a los familiares de las víctimas. Esa deferencia no la tuvieron durante muchas horas después de la tragedia. Y por lo general las autoridades policiacas no suelen tener miramientos para difundir e incluso improvisar grabaciones de sus operativos. Con cuánta frecuencia se presentan escenas de supuestos o reales criminales, que en todo caso no han sido sentenciados, a quienes se muestra junto con armas o artículos que han sido decomisados.

Una, y otra, y otra y otra vez, los muchachos de la News Divine fueron amagados, violentados, humillados. No fueron casualidades. En la tragedia en la Nueva Atzacoalco tenemos los resultados de una sistemática actitud de desdén hacia los jóvenes y sus problemas.

Para los muchachos de la News Divine y muchísimos más como ellos, la ciudad es un entorno permanentemente hostil. Padecen la agresividad urbana en sus colonias, cuando se trasladan a la escuela, cuando se les hace noche, dondequiera que estén. Sus ganas de diversión no pueden desahogarlas mas que en recintos también incómodos pero en donde al menos están juntos, como ocurre en las discotecas. Ahora, también allí llega la policía no para protegerlos (¡qué ingenuo resulta creer que podría ser así!) sino para importunarlos y ultrajarlos.

Si los jóvenes les importan a las autoridades y, descendiendo en el escalafón burocrático, a la caterva de delegados, directores, inspectores y demás funcionarios que lucran transigiendo con ilegalidades e irregularidades, es como pretexto para hacer negocio. Se trata del vasto y rentable negocio de la corrupción.

¿Qué imagen de la justicia, de las autoridades, van a tener esos muchachos y muchos otros de su generación que han tenido que crecer primero con temor y ahora con resentimiento hacia la policía? ¿Qué opinarán del inicial intento auto exculpatorio de Joel Ortega? ¿Qué del ahora ex delegado Francisco Chíguil que hizo ostentación de insensibilidad y vulgaridad al acarrear a un grupo de aplaudidores? ¿Qué dirán esos muchachos agraviados de la ausencia que en principio tuvo Marcelo Ebrard y luego de su afán para encontrar un chivo expiatorio en vez de procurar soluciones de fondo a la violencia contra los jóvenes?

En México no tenemos auténticas políticas de atención a los jóvenes. Por negligencia o indiferencia, hemos permitido que a los muchachos se les imponga esa impolítica del desprecio. Eso es lo que hubo tras la decisión criminal que les cerró el paso a la salida de la discoteca. Y es lo que se manifestó cuando sacaron, trasladaron, despojaron, revisaron y retuvieron ilegalmente a esos jóvenes.

La indignación ante tales acontecimientos es significativa por su extensión. Y también lo son algunas ausencias en esa reacción de la sociedad. Hay quienes buscan lucrar políticamente, como si la caída de un funcionario torpe o la desventura del escurridizo Marcelo Ebrard fueran realmente importantes. Hay otros que reaccionan con una discreción que no existiría si las autoridades responsables de esta desgracia hubieran formado filas en otro partido político. Se ha dicho que en el PRD y en las supuestas izquierdas que convergen en ese partido hay una doble moral: condenan cuando les conviene, callan cuando de otra manera comprometerían a los suyos. Allí no hay doble moral: se trata simplemente de una llana, ostensible y vergonzosa inmoralidad.

Algunos harán cuentas sobre la manera en la que votarán esos muchachos el año próximo, o dentro de cuatro años. No importa. Ellos desde ahora han confirmado que da lo mismo. Los dejarán de despreciar cuando crezcan. Mientras, se resignan a vivir con miedo y rencor. Doce muertos aplastados en la discoteca. Asesinados todos. Tres de ellos, agentes que fueron llevados por ineptos jefes policiacos. Nueve, eran muchachos que nada más querían divertirse. Hace 40 años, por menos que eso comenzó el movimiento del 68.