La Crónica, jueves 28 de febrero.

La prohibición para fumar en sitios públicos tiene motivos que parecen incuestionables. Sin embargo la discusión en torno a las decisiones recientes del Senado y especialmente de la Asamblea Legislativa del DF, ha estado repleta de equívocos retóricos y fantochadas.

Por un lado se ha extendido, sin contexto crítico y a veces con más prejuicios que datos duros, una enardecida condena a los fumadores. Nuestro país se ha incorporado –aunque resulta discutible que eso sea indicio de modernidad– a la corrección política que está de moda y que persigue los hábitos que la mayoría, o sus intérpretes, consideran nocivos.

No discutimos los efectos dañinos del tabaco. Evidentemente fumar mucho, hace mucho daño. También beber demasiado aunque solamente sea agua y comer en exceso pueden convertirse en prácticas incómodas para la salud. Sin embargo se ha vuelto costumbre condenar al hecho en sí mismo de fumar, como si cada fumador hubiera decidido suicidarse a fuerza de inhalar consuetudinariamente.

Si así fuese, se trataría de una decisión que compete al albedrío de cada quien. Fumar, para quienes gustan hacerlo, puede ser una manera de disfrutar mejor la vida. Cada individuo debería tener plena libertad para consumir lo que le venga en gana siempre y cuando no afecte derechos ni libertades de los demás. Aquí es donde se suele incorporar un matiz harto razonable. Las exhalaciones de los fumadores pueden resultar incómodas y, en distinta medida y de acuerdo a cada circunstancia, pueden ser incluso malsanas para quienes los rodean.

El derecho de los fumadores entonces, y en eso todos estaremos de acuerdo, tiene como límite fundamental el derecho de quienes no fuman a no padecer, si no quieren, los humos del vecino.

Si de eso se trata, entonces la reglamentación acerca del uso del tabaco tendría que garantizar derechos de no fumadores pero también los de aquellos que deciden fumar. La medida más pertinente hubiera sido establecer la posibilidad de que algunos sitios públicos, como restaurantes y bares, fueran para fumadores. El acceso a ellos estaría limitado únicamente a mayores de edad.

Sin embargo la Asamblea Legislativa resolvió impedir del todo la opción de fumar en cualquier recinto público. Y el Senado aprobó una Ley para el Control del Tabaco que permite establecer zonas de fumar que serán auténticas reservaciones para segregar a quienes quieran consumir un cigarrillo: en ellas no se podrá comer, ni beber, ni nada más que apurar el pitillo (como dicen los españoles) con la culposa sensación de saberse en un gueto sanitario.

La votación de esas reformas estuvo acompañada de expresiones de rechazo testimonial por parte de los legisladores, tanto locales como federales, que estuvieron en desacuerdo con ellas. Algunos subieron a la tribuna cigarro en mano. Otros aseguraron que no acatarán tales reglas. En varios casos fue estrecha la diferencia entre el berrinche y la patanería.

Erigidos por sí mismos en benefactores de la salud social unos y en valedores de sus costumbres nicotínicas los otros, casi todos han soslayado una de las implicaciones principales que tiene la prohibición al consumo de tabaco en público. Nos referimos al ejercicio de responsabilidad personal que cada fumador podría y tendría que desplegar ante sus congéneres que no quieren aspirar tales emanaciones.

La discusión sobre las consecuencias fatídicas que puede tener la inhalación exagerada de nicotina o, por otra parte, las virtudes sociales, culturales o extasiantes del cigarrillo, son lo de menos ante la decisión de quienes se niegan a sobrellevar el humo de otros. Para no molestar, los fumadores pueden preguntar a las personas que los rodean si les permiten o no encender un cigarrillo. Y éstas, desde luego, están en posibilidad de consentirlo o no. Después de todo así es la convivencia entre la gente. Aquello que quiero hacer pero puede incomodar a los demás, se los consulto y subordino el ejercicio de mis deseos a la aquiescencia de mis vecinos.

Esa es una de las claves de la civilización. Para vivir en comunidad (con-vivir) tenemos leyes pero también cultivamos hábitos de tolerancia y respeto. La mayor parte de los dilemas en la relación con otros los resolvemos merced a normas de urbanidad que son, también, pautas de coexistencia. Cuando fallan, entonces llega el momento para la aplicación de las leyes.

Los fumadores podrían disponer de espacios adecuados en los sitios públicos, o incluso de recintos en donde se pueda fumar sin restricción territorial alguna. Nadie se molestaría si alguien enciende un cigarrillo en un lugar de esa índole y la libertad de los que fuman sería compatible con la de quienes no desean hacerlo. Las nuevas disposiciones, sin embargo, cancelan esa posibilidad de convivencia.

La prohibición de los derechos de una minoría en aras del derecho de la mayoría se justifica cuando no hay oportunidad de arreglo entre una y otra. Sería inaceptable que se admitieran las aficiones gastronómicas de un grupo de caníbales, o las preferencias sexuales de los pederastas. Pero en costumbres respecto de las cuales puede haber acuerdos razonables, no solo es posible sino además resulta deseable que haya entendimiento. Propiciar la transacción social es una de las variadas rutas hacia la construcción de ciudadanía. Y al contrario, sustituir el acuerdo por la restricción debilita o mantiene estancada la cultura cívica.

Prohibir, por lo general, solamente inhibe pero no persuade. Con los menores de edad hay que impedir cualquier consumo potencialmente nocivo e incorporar el entendimiento de estos temas, pero también de la tolerancia y el respeto, como parte de la educación fundamental. Hacia los adultos, que están en capacidad para determinar qué fuman o dejan de fumar, una política racional contra los efectos que ocasiona el uso desmedido del tabaco podría ofrecer explicaciones e información abundantes. La proscripción, en cambio, no es solución a mediano plazo.

En un libro maravilloso que toma claro partido por el consumo libre de tabaco (Los cigarrillos son sublimes) Richard Klein recuerda: “La represión del tabaco suele garantizar su regreso bajo una forma mucho más virulenta. La demonización de un hábito por sus efectos nocivos para la salud lo convierte en algo irresistible, lo envuelve con la seducción del vicio y el poderoso atractivo de lo que debe permanecer oculto. La censura estimula irremisiblemente la práctica que se propone inhibir y, por lo general, la vuelve más compulsiva, precisamente por su clandestinidad”.

La prohibición contra los fumadores también debilita el ejercicio de la ciudadanía por las fuertes cargas de fundamentalismo conservador que a menudo la acompañan. No queremos decir que todos los que se oponen a que se fume en público practican una suerte de fascismo sanitario. Pero en la prepotencia de muchos de quienes promueven y aplauden esa interdicción hay un sesgo de intolerancia que vale la pena señalar aunque implique asumir una postura políticamente incorrecta.

El fanatismo constituye la peor forma de ceguera porque se asume de manera voluntaria. El fanático se considera cruzado de una causa en aras de la cual todo se vale. Peor aún, con frecuencia la causa queda desplazada por el combate contra todo aquello que la rodea. Los fanáticos del antitabaquismo en ocasiones pasan de la defensa de sus pulmones, a la negación del cigarrillo como parte de las costumbres sociales. Inclusive llegan falsear la historia.

Hace tres años, cuando Francia celebró el centenario del nacimiento de Jean Paul Sartre, los organizadores de aquellos festejos mandaron hacer un cartel para promover una exposición en la Biblioteca Nacional. Allí aparecía fotografiado el agudo filósofo existencialista con la mirada miope, la frente ancha, el saco de tweed y un extraño ademán en la mano derecha. Pronto se supo que los autores del cartel habían mutilado la fotografía original para quitarle a Sartre el característico cigarrillo que siempre portaba, prácticamente como señal de identidad. Aquel Sartre no fumador era una caricatura del original: una imagen desnaturalizada por la manía del antitabaquismo.

Abundan los ejemplos de esa asociación entre prohibicionismo antitabaco e intolerancia social, histórica, política incluso. Ese dejo de suficiencia que exhiben algunos defensores de las prohibiciones recientes difícilmente estará al servicio de asuntos o causas más relevantes. Fernando Savater, en un artículo publicado en enero de 2006, lo explica de manera inmejorable: “Lo peor de todo, a mi vicioso entender, es el airecillo virtuoso que rodea la proclamación ufana de estas medidas. Tal como señaló Chesterton: ‘Si hay algo peor que el debilitamiento moderno de los grandes principios morales es el reforzamiento de los pequeños principios morales’. En efecto, nuestra sociedad se va haciendo cada vez más virtuosa, pero con una uve cada vez más minúscula”.

Crónicaabr/25/07 

La Crónica, 26 de abril de 2007

En la querella en torno al aborto se enmarañaron argumentos científicos, realidades sociales, exigencias éticas, convicciones morales, creencias desatadas, apremios religiosos. Cada hebra de esa embrollada madeja enredó una discusión de antemano condenada a resultar infructuosa. Para que haya intercambio auténtico se requiere no solo de un contexto común sino, además, que los debatientes compartan algunas premisas básicas. Y el del aborto es de esos temas irremediablemente polarizados porque hay quienes, ante la ciencia, imponen sus creencias. 

   La investigación científica ha esclarecido sin lugar a dudas que el embrión, durante sus primeras semanas de desarrollo, no es un ser humano. Pocos temas de la biología y la medicina han sido motivos de una divulgación tan extensa como ese. Pero tales razones de nada sirven cuando hay quienes prefieren suponer que el ser humano existe desde el momento de la concepción. Las diferentes apreciaciones acerca de ese inicio paralizan cualquier discusión seria. Así ha ocurrido en todo el mundo y no podría haber sido de otra manera en este episodio que, entre otras cosas, forma parte del tortuoso pero a veces fructífero avance mexicano dentro de la modernidad. 

   Los puntos de vista de quienes se oponen al aborto antes de las 12 semanas de gestación resultan comprensibles como expresión de convicciones determinadas por la fe; son apreciables en tanto forman parte de posiciones realmente existentes en la sociedad mexicana. Pero no son respetables.  

   Una falsa cortesía habitualmente nos lleva a sostener que las posiciones de los otros son respetables aunque no coincidamos con ellas. Pero las ideas y las actitudes que se derivan de ellas no son para ser enaltecidas y mucho menos veneradas, sino para discutirlas. Las personas que las sostienen merecen respeto pero sus ideas, no necesariamente. Y así ocurre en el espinoso debate acerca del aborto. 

   La Asamblea Legislativa del DF tomó este martes 24 de abril una decisión pertinente e importante. Más allá del significado y los efectos específicos que la despenalización del aborto antes de las 12 semanas tendrá en beneficio de la salud y los derechos de las mujeres en la ciudad de México, esa votación reivindica el laicismo en nuestra vida pública y constituyó un rechazo al fundamentalismo. 

   Las distorsiones de quienes muestran imágenes de fetos desarrollados como si se tratase de embriones de menos de tres meses hicieron imposible un debate auténtico. La propaganda de los grupos anti aborto y del Partido Acción Nacional ha sido mentirosa e histérica. De por sí mutuamente excluyentes, las posiciones de partidarios y antagonistas del aborto fueron esquematizadas en los spots y desplegados de prensa que hablan de mártires inocentes cuando no puede haber víctimas si no hay individuos.  

   Falso dilema, en este asunto la decisión no estaba entre la libertad individual de las mujeres y sus parejas y la defensa de la vida de los no nacidos, sino entre el mantenimiento de creencias morales y religiosas de carácter privado por encima de derechos sociales. A esa disyuntiva se la pretendió enmascarar con una campaña chantajista que ha inquietado a no pocos ciudadanos pero que, a final de cuentas, delinea opciones muy claras. Entre Chespirito y Paulina, los mexicanos defienden el derecho de esa y muchas otras jóvenes a ser madres cuando así lo decidan y no cuando las circunstancias o los abusos las obliguen a ello. 

   Esas posiciones fueron expresadas el martes en la Asamblea Legislativa. Aunque con limitaciones y acotado por la polarización, hubo un interesante intercambio. No llegó a ser debate auténtico porque esgrimía más las razones y convicciones de cada quien que los argumentos para refutar las posturas contrarias. Pero el solo hecho de que durante varias horas ese cuerpo legislativo haya ventilado tales puntos de vista habla bien de sus integrantes y de los partidos, todos, allí representados. 

   Las presiones de la jerarquía eclesiástica incrementaron la importancia de la decisión que tomaría la Asamblea. De pronto no estuvo en juego únicamente la libertad de las mujeres para resolver si han  de ser madres o no, sino además la libertad de los legisladores y los partidos para tomar decisiones de interés público. Oponerse a los amagos de los obispos y del Papa no es liberalismo trasnochado sino reivindicación de la democracia que hemos querido y podido construir.  

   Cuando las sinrazones de la religión se confunden con los asuntos seculares, comenzamos a estar en problemas. La agenda pública no ha de resolverse a partir de creencias ni por autos de fe. Por eso ha resultado apropiado, aunque sus consecuencias sean solamente simbólicas, el reclamo formal que presentó el partido Alternativa para que sean sancionados los funcionarios eclesiásticos que instigaron en contra de la decisión que tomaría la Asamblea. 

   La jerarquía eclesiástica y los grupos fundamentalistas que se apoyan en ella, en el partido en el gobierno o en ambos, son los grandes derrotados en este episodio. A pesar de admoniciones cataclísmicas y de amenazas que fueron desde la excomunión hasta intimidaciones nada alegóricas, la sociedad no se ha dejado arredrar. A diferencia de los obispos, la mayor parte de los mexicanos distingue con claridad entre los ámbitos religiosos y los del orden civil. La separación indispensable entre Estado e iglesias hoy también se expresa en las fronteras, cada vez más claras, entre convicciones religiosas y decisiones personales. 

   El derecho de las mujeres y sus parejas a resolver acerca de los asuntos de su vida íntima no es una reivindicación menor. Por ella, han pugnado durante muchos años algunos de los grupos feministas y comprometidos con las libertades sociales e individuales que hoy celebran la despenalización del aborto. La decisión de la Asamblea Legislativa no es mérito de un solo partido sino del reconocimiento, en los partidos que hicieron mayoría, de tales derechos.  

   El cumplimiento de esos derechos no será sencillo. Además de infraestructura hospitalaria se requerirán campañas de orientación y prevención. La reforma legal no pretende propiciar el aborto sino garantizar condiciones médicas y sanitarias suficientes para las mujeres que decidan acudir a esa medida.  

   Habrá, posiblemente, inconformidades que lleven este asunto a la Suprema Corte de Justicia. De ser así, resultará absolutamente indispensable que los magistrados examinen la cuestión del aborto con la mayor escrupulosidad científica, médica y desde luego jurídica –y sin tropezar en ligerezas y prejuicios como los que algunos de ellos manifestaron al discutir las denuncias de los militares despedidos porque padecían Sida–.  

   La querella en torno al aborto no está saldada en México. Es un tema que nos acompañará por largo tiempo, brincando de cuando en cuando sobre todo conforme las mujeres de otros estados, y sus representantes, quieran compartir un derecho que ahora se encuentra restringido a las ciudadanas del Distrito Federal. Los fundamentalismos de tapujos moralistas, o religiosos, no desaparecerán. Seguirán requiriéndose explicaciones, documentación y aclaraciones. Pero indudablemente la decisión del 24 de abril en la ciudad de México será pionera. No es desenlace, sino punto de partida en la defensa de las libertades sociales.      

ALACENA: Quisquillosa Corte 

   Por lo pronto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación perdió una extraordinaria oportunidad para guardar silencio. El anuncio de televisión difundido por el PAN en donde un supuesto juez condena a un feto a ser abortado constituye una burda y maniquea caricatura, es de pésimo gusto estético y político y dibujó en toda su crudeza la vulgaridad con que ese partido y sus dirigentes quisieron enfrentar la despenalización del aborto. Pero es impensable que, a partir de ese spot, alguien pudiera creer que en México los jueces puedan tomar una decisión así.  

   El de ese anuncio televisivo es un juez de toga y martillo, parapetado en un estrado, como los que vemos a menudo en las películas estadounidenses. Nadie con el más elemental conocimiento del sistema judicial mexicano podría creer que la tosca parodia que muestra el anuncio panista es real.  

   Sin embargo los ministros del máximo tribunal del país se inconformaron, manifestando una susceptibilidad o una intolerancia preocupantes. A ese paso van a querer censurar el legendario programa radiofónico La tremenda corte. 

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La Crónica de Hoy, 19 de abril de 2007

   Las primeras versiones acerca de la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario eran absolutamente indignantes. Esa mujer de 73 años había fallecido, se aseguraba, a causa de una violación aparentemente perpetrada por miembros del Ejército Mexicano. Mujer, anciana e indígena: la triple indefensión de la señora Ascensio subrayaba la atrocidad que, de acuerdo con tales informaciones, se habría cometido en contra suya.     A la estupefacción ante ese crimen se añadió, desde luego, la exigencia para que fuese castigado con la mayor severidad posible. Las versiones iniciales parecían demasiado contundentes: se dijo que antes de fallecer en una clínica, la señora Ascensio había dicho que los soldados “se le habían echado encima”; el diagnóstico de los médicos que le atendieron mencionaba desgarramientos como los que produce una violación; la autopsia determinó que había muerto de traumatismo craneoencefálico e informó que en sus partes genitales había “líquido seminal en abundancia”.  

   Con tales evidencias, y con justa razón, la indignación se extendió. La Secretaría de la Defensa Nacional se apresuró a declarar que las muestras recogidas en el cuerpo de la señora serían cotejadas con pruebas de sangre de los militares destacados en el área de Zongolica, en Veracruz, para determinar si los culpables se encontraban entre ellos.    Pocos días más tarde, sin embargo, se fue conociendo otra versión. Una nueva autopsia, dispuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encontró que no había rastros de la supuesta violación. La necropsia inicial, realizada por el Ministerio Público local, había estado mal hecha y no examinó los órganos internos. El cráneo no estaba fracturado. Las muestras tomadas fueron guardadas con descuido y en ellas los análisis de laboratorio no identificaron células espermáticas.  

   De acuerdo con la autopsia realizada por personal de la CNDH en presencia de miembros de la Procuraduría de Justicia de Veracruz y de la Procuraduría de Justicia Militar, la señora Ascensio murió debido a una anemia aguda y de úlcera gástrica. El contraste entre esa y la versión inicial era tan acentuado que, para algunos, resultó ridículo. El viraje en la reconstrucción de la muerte de esa indígena de Zongolica era demasiado brusco para que lo aceptaran quienes preferían aferrarse a la versión del ataque tumultuario.     Para colmo, el diagnóstico que resultaba de la segunda necropsia no lo dio a conocer la CNDH sino el presidente de la República en un fallido intento para restarle importancia a ese asunto. El presidente Felipe Calderón estaba al tanto de esos resultados porque la autopsia fue presenciada por médicos militares. Y se le ocurrió participárselos, sin que viniera a cuento, a una reportera de La Jornada cuando lo entrevistaba en Los Pinos. 

   El escenario quedó dispuesto, así, para un nuevo tema de polarización. Hubo quienes, con buena e indignada voluntad pero en ocasiones con ideologización excesiva, vieron en la muerte de Ernestina Ascensio una confirmación de la prepotencia del poder contra los más pobres. El gobierno, se sugirió entonces, quiere encubrir un abuso de los militares. La torpeza de la Secretaría de la Defensa cuando declaró que el líquido seminal recogido por la Procuraduría veracruzana sería confrontado con el ADN de los soldados en Zongolica fue tomada como confirmación de la existencia de esas muestras (las cuales la Sedena nunca dijo que tuviera en su poder). La declaración del presidente Calderón, desde esa perspectiva, confirmaba la manipulación gubernamental. Las fotografías del cadáver que mostraban una gran mancha de sangre fueron comentadas como evidencia del maltrato que habría sufrido doña Ernestina sin advertirse que habían sido tomadas después de la necropsia que, como es comprensible, deja huellas de líquido hemático.    También con precipitación y quién sabe por qué más el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, respaldó la versión del ataque contra la señora Ascensio. Y por otro lado las declaraciones del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, fueron tachadas como parciales e interesadas por quienes están convencidos de la versión inicial que ofreció la Procuraduría de Justicia de Veracruz. 

   En alguna medida, Soberanes está cosechando los resultados de un comportamiento fuertemente definido por la frivolidad y la improvisación durante varios años. Su frecuente interés en el aplauso mediático más que en el rigor de las indagaciones o de las recomendaciones que tiene la atribución de emprender y formular, le han conducido a buscar una frecuente cobertura mediática y, a veces, a opinar sin ton ni son. Ahora comprueba cuán veleidoso es el cobijo mediático.    Pero no es únicamente ese funcionario sino, además, la respetabilidad de la institución que encabeza lo que está siendo cuestionado. Y llama la atención la caprichosa apreciación de quienes, cuando les gustan, aplauden las determinaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero las descalifican cuando no se ajustan a sus simpatías o prejuicios ideológicos.  

   La investigación de la CNDH sobre la muerte de la señora Ascensio ha sido encabezada por Susana Thalía Pedroza, que es la misma Visitadora General que tuvo a su cargo la indagación sobre los abusos que cometió la policía en mayo de 2006 durante el desalojo de los comuneros de San Salvador Atenco. En aquella ocasión, las conclusiones que presentó esa funcionaria fueron aplaudidas por quienes hoy reprueban su examen sobre los acontecimientos del 25 y el 26 de febrero en Zongolica.     La investigación sobre la muerte de la señora Ascensio tendría que despejar cualquier duda. Si hay una sola evidencia sólida de que murió a causa de una agresión, el expediente judicial debería quedar abierto hasta que el caso se esclareciera de manera incuestionable y los culpables, si los hubiera, fuesen castigados.  

   Eso tendría que ocurrir en un escenario, dentro de toda esta tragedia, acotado por condiciones ideales. Lamentablemente la muerte de doña Ernestina se convirtió en bandera política tanto para el municipio de Soledad Atzompa que espera recibir más apoyo institucional a partir de este acontecimiento como para quienes por diversas causas, que van desde la convicción auténtica hasta la pragmática conveniencia, quieren culpar al gobierno federal y al Ejército.     Una nueva indagación estaría menoscabada por la inescrupulosidad del Ministerio Público –que no trató ni conservó las evidencias de esa muerte con el cuidado que señalan las pautas más elementales en esos asuntos– y acotada por los sectores de la opinión mediática que ya tomaron partido sobre este asunto. Así que persistirán dos versiones: una, respaldada por las ganas de creer en la consumación de un crimen y la otra, afianzada en la indagación de la CNDH.  

   Extraviadas entre escabrosos pormenores de carácter forense, quedan algunas preguntas fundamentales que nadie ha tratado de responder. ¿Por qué, si es que así ocurrió, habría soldados tan desquiciados que llegasen a violentar de esa manera a una anciana? ¿Por qué, si es que hubo crimen y los culpables fueron otros, habría tanto interés en desacreditar al Ejército? Junto a esas interrogantes está el resultado de la investigación de la CNDH, la cual tampoco tendría motivos para desacreditarse a sí misma con una pesquisa falseada. Y está el hecho, ese sí irrefutable, de la pobreza y el abandono en los que vivía Ernestina Ascensio y que todavía a la hora de su muerte la perjudican con una impartición de justicia improvisada e inescrupulosa.    ALACENA: Una década sin Pablo Pascual 

   El próximo sábado, 21 de abril, se cumplirán 10 años de la muerte de Pablo Pascual Moncayo. Había nacido en 1944. Su trayectoria política y académica (dirigente del sindicalismo universitario, promotor de la insurgencia obrera, diputado federal, militante de una izquierda que se empeñaba en ser moderna, economista, profesor universitario, comentarista en la prensa) no alcanza a describir la venturosa red de afectos y simpatía que construyó en los sectores más variados.     La generosidad personal, la valentía en cualquier circunstancia, las convicciones transparentes que desplegaba Pablo, formaban parte de una actitud que trascendía a la política y con la cual vivía y enseñaba a vivir. A veces a nuestros amigos muertos los recordamos con desconsuelo. A Pablo no habrá, entre quienes tuvimos el extraordinario privilegio de conocerlo, quien no lo recuerde con una sonrisa. 

La Crónica de Hoy, 12 de abril de 2007

Ignacio Carrillo Prieto se echó a cuestas una causa que lo sobrepasó. La fiscalía que ejerció durante más de cinco años tenía propósitos meritorios pero acabó por convertirse en expresión de las lacras que decía perseguir. Con el pretexto de reparar abusos del poder, incurrió en otros nuevos. A nombre de la impartición de justicia, cometió ilegalidades cuya sanción sigue pendiente.  

   El fracaso de la “Fiscalía especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado” cuyo largo nombre (¡uf!) ya era indicio de la imprecisión de las tareas que tenía asignadas, no debiera cancelar el derecho que el país tiene para saldar cuentas con su propia historia. Pero su desmedido y tortuoso desempeño tendría que ofrecer una lección cívica, legal y política: es inadmisible que quienes indagan y sancionan infracciones –antiguas o recientes– actúen con la ligereza y la irresponsabilidad que, en varias de sus decisiones principales, singularizaron la gestión de Carrillo Prieto. 

   Creada en noviembre de 2001, cuando todavía había quienes creían que el gobierno de Vicente Fox se distinguiría de la discrecionalidad con que ejercieron el poder casi todos los presidente priistas, esa Fiscalía adscrita a la Procuraduría General de la República tenía el encargo de indagar a profundidad y, en la medida de lo posible, castigar los crímenes cometidos contra mexicanos que fueron reprimidos cuando luchaban por sus derechos políticos. Las masacres contra los estudiantes del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, así como la llamada guerra sucia contra los grupos guerrilleros de los años setenta, constituían los episodios principales que ocasionaban el surgimiento de la Fiscalía.  

   El legítimo afán de muchas de sus víctimas para que aquellos sucesos tuvieran un esclarecimiento oficial y sus responsables fuesen castigados, alentó desmedidas expectativas respecto de esa oficina de la PGR. La responsabilidad legal por los homicidios cometidos en Tlatelolco y San Cosme, entre otros, había caducado o estaba por vencer. Así que en el terreno de la impartición de justicia era poco lo que podía lograrse. Una comisión capaz de expedir un veredicto político, apoyado en un sólido bagaje documental, posiblemente hubiera sido más eficaz. Pero Carrillo Prieto y, por lo visto, el gobierno que lo designó, aspiraban a resultados más espectaculares. La posibilidad de ver tras las rejas a algún ex presidente, o a varios ex funcionarios de gobiernos priistas, parece haber sido más atractiva que la auténtica búsqueda de la justicia histórica y política. 

   Quizá por eso Carrillo Prieto se convirtió en perseguidor, sin contar en todos los casos con motivos legales suficientes, y así perdió la autoridad moral que pudo haber tenido para ofrecerle a la sociedad un dictamen serio, completo y acreditado acerca de excesos cometidos por el Estado mexicano en décadas anteriores. 

   Como sus indagaciones no bastaron para identificar con toda claridad a los culpables de crímenes como los que hemos mencionado, el Fiscal quiso fabricarlos. El 26 de julio pasado La Crónica dio a conocer la denuncia de César Augusto Osorio, quien había sido director general de Investigaciones Ministeriales “B” de la Fiscalía y que, según dijo, fue despedido cuando se negó a consignar inocentes. 

   De acuerdo con ese funcionario, Carrillo Prieto le había exigido una cuota de culpables para ser procesados: 25 responsables de la matanza del 2 de octubre de 1968. “Cuando yo le hice notar que eso era técnicamente imposible y que moralmente era deleznable y criticable, entonces me impidió definitivamente el ingreso a las oficinas y me quitó el trabajo”, declaró.    

   Es posible que entre las personas señaladas por Carrillo Prieto hubiera auténticos culpables de crímenes que se quedaron sin castigar. Pero el caso del capitán Luis de la Barreda Moreno, cuya inocencia ha sido ratificada por varios tribunales federales después de once acusaciones penales en su contra, manifiesta un deliberado –e incluso enfermizo, podría considerarse– afán persecutorio. 

   De la Barreda Moreno era subdirector Federal de Seguridad en 1968. Esa circunstancia, así como especulaciones sin sustento demostrable, llevaron a la Fiscalía Especial a consignarlo como uno de los responsables en “la planeación y dirección” de la operación que desembocó en el crimen de Tlatelolco. En aquellos días, sin embargo, De la Barreda Moreno estuvo internado en el Centro Médico Nacional y no pudo haber planeado ni mucho menos dirigido la represión contra los estudiantes del 68.  

   Esa acusación, así como las otras que fueron enderezadas contra De la Barreda Moreno, fueron desmontadas por sus abogados y al cabo de tres años su inocencia quedó plenamente acreditada. Pero en ese lapso él y su familia debieron transcurrir por circunstancias en extremo penosas, que seguramente contribuyeron para que en junio pasado sufriera un triple infarto cerebral que estuvo a punto de llevarlo a la muerte. Su hijo, el doctor Luis de la Barreda Solórzano, ha sostenido un ejemplar esfuerzo primero para defender el nombre y la inocencia de ese ex funcionario que, según todas las evidencias, fue injustamente acusado. Y ahora, para exigir que Carrillo Prieto sea castigado por esa ilegal persecución. 

   Recientemente, el Ministerio Público Federal reabrió la averiguación previa que se inició contra Carrillo Prieto a partir de una denuncia presentada por el doctor De la Barreda en septiembre de 2005. Inicialmente la PGR había resuelto no ejercer acción penal considerando que la consignación contra el capitán De la Barreda Moreno no había sido responsabilidad del fiscal Carrillo Prieto sino de Abel Flores, uno de los agentes del Ministerio Público adscritos a esa Fiscalía. El doctor De la Barreda Solórzano demostró que el Fiscal Especial era plenamente responsable de aquella consignación y además ha denunciado al mencionado agente del Ministerio Público. 

   De la Barreda Moreno y su familia tienen pleno derecho a que se les haga justicia. Y más allá del desenlace que tenga ese nuevo episodio, es claro que la gestión de Carrillo Prieto fue un auténtico desastre. Ahora el ex fiscal promociona el pretenciosamente denominado “Informe Histórico a la Sociedad Mexicana 2006” con el que, en la práctica, concluyó su gestión en noviembre pasado. Aunque allí se reúnen datos de interés y se hace un interesante recuento a partir de archivos gubernamentales y algunos testimonios, en realidad es poco lo que hay de novedoso en ese documento. En sus 742 páginas, organizadas en 12 capítulos, hay más un frecuente afán de autojustificación que una explicación precisa de cómo ocurrieron los crímenes cuya averiguación le fue encomendada a esa Fiscalía. En ese documento, por cierto, no aparece una sola acusación en contra del capitán De la Barreda Moreno.  

   Qué fracaso. Y qué patético. Si la indagación de los crímenes históricos tiene sentido es para que aprendamos a evitarlos pero, jamás, para que con el subterfugio de sancionarlos se cometan nuevas arbitrariedades. 

ALACENA: El sindicato Minero - Metalúrgico   Como dirigente obrero Napoleón Gómez Urrutia ha sido altamente discutible desde que fue impuesto por su padre, sin que tuviese trayectoria sindical alguna, al frente de los mineros y metalúrgicos. Sus operaciones financieras siguen resultando dudosas. Pero la maniobra para destituirlo, hace más de un año, pasó por encima de la legalidad y, según las evidencias disponibles, de la voluntad de la mayoría de los trabajadores de ese gremio. Hacía tiempo que el gobierno no se entremetía en un sindicato como hizo entonces, desfachatada y autoritariamente, el gobierno del presidente Fox. Solamente a los miembros del Sindicato Minero corresponde decidir quién los dirige, aunque resuelvan tener un liderazgo tan controvertido como el que encabeza Gómez Urrutia.–0–

La Crónica, junio 12 de 2005

Ahora que el Poder Judicial lo ha declarado inocente del asesinato por el que estuvo más de 10 años en prisión, Raúl Salinas de Gortari tiene que seguir atendiendo asuntos legales debido a las denuncias de enriquecimiento ilícito que se le han formulado desde hace tiempo. Las cuantiosas sumas de dinero y la ostentación de influencia personal y política que hacía durante el gobierno de su hermano Carlos le ganaron a ese personaje la animadversión –en muchas ocasiones extralógica pero también a partir de elementos reales– de importantes sectores en la sociedad mexicana.

   Pero Raúl Salinas, como ahora tanto se dice, no fue encarcelado por ese enriquecimiento sino porque lo acusaron de haber asesinado a su ex cuñado, el ex gobernador de Guerrero y secretario general del PRI José Francisco Ruiz Massieu. El tribunal que examinó el abultadísimo expediente determinó que no había sustento para tales imputaciones de asesinato.

   Diez años con casi cuatro meses habrá estado Raúl Salinas en la cárcel desde que fue aprehendido el último día de febrero de 1995. Ese fue el tiempo que se llevaron la indagación de la PGR y la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, su evaluación en sucesivos juzgados, las apelaciones de la defensa y el análisis de todo el expediente hasta la decisión final.

Galimatías judiciales

   Diez años y medio, prácticamente. En ese lapso Raúl Salinas de Gortari estuvo varios años sometido a formas de vigilancia que atentan contra los derechos humanos en la cárcel más rigurosa del país. Luego lo llevaron a otro penal en donde también padecía un régimen penitenciario de excepción porque no le permitían tener las prerrogativas que disfrutaban otros internos.

   Ahora que se ha reconocido su inocencia, no sólo Raúl Salinas tiene asuntos pendientes que debe resolver y aclarar. El encarcelamiento injusto y la difamación de la que fue víctima nadie los va a reparar. Al menos, el caso de Raúl Salinas de Gortari tendría que ser motivo de obligatoria reflexión para el sistema judicial mexicano en todos sus niveles y, también, para la sociedad entera.

   Precisamente en estos días la Suprema Corte de Justicia estableció un convenio para que sus sesiones sean televisadas. Qué bueno. Los asuntos que se discuten en ese organismo resultan, con creciente frecuencia, de tanta importancia nacional que algún interés despertarán sus deliberaciones.

   Pero la transparencia que con esas transmisiones se pretende, alcanzará sólo a la cúpula del sistema judicial. Los motivos y, cuando las hay, las razones de quienes imparten justicia en otros niveles del complejo aparato de justicia que tenemos en este país no suelen ser conocidos, y menos comprendidos, por los ciudadanos. Inclusive cuando los expedientes judiciales alcanzan notoriedad mediática pocas veces se les atiende –y se les entiende– con el esmero que sería necesario.

Irregular investigación

   El del ingeniero Raúl Salinas de Gortari ha sido, desde hace 10 años, un caso seguido con atención mediática y social debido a la notoriedad del acusado y, desde luego, de la víctima cuyo homicidio se le imputó. Pero en la apreciación que predominó acerca de ese caso, pesaron más las consideraciones subjetivas que el examen de las evidencias aportadas por el Ministerio Público.

   La indagación a cargo de la PGR estuvo saturada de tantas irregularidades que, por encima de evidencias, los medios propalaron acerca de ella los rasgos excéntricos y vulgares que muy pronto la definieron. La inhumación clandestina de una osamenta para pretender que era la del desaparecido diputado Manuel Muñoz Rocha y el pago de medio millón de dólares a Fernando Rodríguez, el único testigo que involucró a Raúl Salinas en la conspiración para asesinar a José Francisco Ruiz Massieu, formaron parte de esa campaña vergonzosa y circense que no buscaba hacer justicia sino, al contrario, impedir su cabal aplicación.

   Cuando no tenía evidencias con frecuencia la Procuraduría General, sobre todo entre 1995 y 1997, las inventaba. Y cuando no contaba siquiera con documentos que parecieran respaldar sus imputaciones, esa dependencia del gobierno federal propalaba filtraciones entre periodistas.

   Ahora se confirma que esas presuntas evidencias nunca fueron suficientes para fincar una acusación sólida contra Raúl Salinas de Gortari. Sin embargo varios jueces las consideraron satisfactorias y expidieron o ratificaron la sentencia.

   Ese desaguisado se ha resuelto, nomás con 10 años de tardanza, gracias a la resolución que tomó el jueves pasado por la noche en Tribunal Colegiado en Toluca. Pero más allá del asunto estrictamente legal, también en amplios segmentos de la sociedad y en los medios de comunicación se juzgó como asesino, sin pruebas, al hermano del ex presidente Carlos Salinas.

Montajes de faramalla

   Aunque los montajes de la PGR en aquellos años fueron faramallescos y era imposible tomarlos como concluyentes, en los medios y el mundo político hubo quienes condenaron abiertamente a Raúl Salinas. En la sociedad mexicana prevalecía el convencimiento de que la contratación de una vidente, la osamenta en El Encanto y el soborno a Fernando Rodríguez eran signo de acusaciones falsas. Y sin embargo, en todos esos sectores se mantuvo un ánimo de linchamiento que condescendió con la reclusión de Raúl Salinas aunque se sabía que no había motivos sólidos para culparlo de la muerte de su ex cuñado.

   La contratación de La Paca y sus allegados tendría que haber sido motivo suficiente para que el Procurador y el subprocurador, Antonio Lozano Gracia y Pablo Chapa Bezanilla, fueran cesados. Mucho más, el soborno de medio millón de dólares para propiciar una declaración incriminadora contra Raúl Salinas. Pero ni en la clase política, ni en los medios, ni en la sociedad mexicana de esos nada lejanos años, se levantaron suficientes voces para exigir seriedad en la investigación sobre el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

   La crisis económica era realmente amenazadora, el país se encontraba estancado en muchos terrenos, los asesinatos políticos y la irrupción guerrillera de 1994 seguían enturbiando el panorama público… Era difícil mirar los acontecimientos con serenidad y abstraerse del clima de crispación que dominaba en aquellos años. Pero aún así no deja de llamar la atención la pasividad, lindante con la complicidad, que con escasas excepciones hubo en la sociedad mexicana –medios y comentaristas críticos incluidos– ante las acusaciones sin suficiente sustento que se enderezaban contra Raúl Salinas. En marzo de 1995 escribimos, recordando al macartismo estadounidense que tan puntualmente había bautizado cuatro décadas antes la escritora Lillian Hellman, que estábamos entrando a un Tiempo de canallas. Posiblemente no hemos logrado salir de esa ominosa etapa.

Mirar e incriminar

   Durante la década reciente, amplios sectores del entramado mediático y de la sociedad mexicana vieron solamente lo que querían ver en el encausamiento contra Raúl Salinas. El soborno para favorecer la declaración de un testigo fue dispensado, o soslayado, como si hubiera sido un asunto menor. Las extravagancias y tropelías del fiscal Pablo Chapa fueron asumidas como anécdotas.

   Llamativos, a esos episodios se les restó importancia como indicadores del timo al que se estaba conduciendo al sistema judicial. Pero a su vez, cobraron tanta relevancia pública que desplazaron la divulgación y discusión de otros rasgos en el juicio contra Raúl Salinas.

   A estas alturas casi nadie se acuerda, por ejemplo, de la manera como el juez Ricardo Ojeda Bohórquez tomó en cuenta, como evidencia contra Raúl Salinas, un segmento de tres segundos en donde, según dijo, se podía apreciar una mirada de complicidad con el entonces diputado Manuel Muñoz Rocha.

   Al referirse a esa supuesta evidencia el juez, que en enero de 1999 le impuso a Raúl Salinas una sentencia de 50 años de prisión, advertía que el registro de esa mirada “por sí solo no sería motivo para fincarle una responsabilidad penal, en el delito que se le imputa”. Pero junto con otros elementos, al juez le pareció que esa grabación “sirve de apoyo” a la acusación contra Salinas como autor intelectual del crimen.

Imaginaria complicidad

   El intercambio de miradas ocupa las reflexiones del juez Ojeda entre las páginas 3170 y 3180 de la sentencia que expidió contra Salinas. De ese asunto esta columna se ocupó los días 20 y 21 de mayo de 1999 y vale la pena recordarlo porque ejemplifica la ligereza del proceso cuyo desenlace ahora ha sido rectificado a favor de Raúl Salinas.

   En ese apartado de la sentencia, así como entre las páginas 55267 y 55296 del expediente con las actuaciones judiciales del caso, se analiza un video grabado por reporteros de Televisa el 28 de septiembre de 2004 en el Hospital Español poco después de que, herido de muerte, José Francisco Ruiz Massieu había sido llevado a ese nosocomio. Además de una entrevista con uno de los médicos que trató de impartirle los primeros auxilios en esa grabación se aprecian los gritos, el desconcierto y la expectación de docenas de amigos y familiares que estaban llegando al hospital.

   En el tumulto, de acuerdo con la narración que aparece en las actas judiciales, se alcanza a ver al entonces diputado Manuel Muñoz Rocha –a quien Fernando Rodríguez González señaló después como la persona que, por indicaciones de Raúl Salinas, le había encargado que contratase a un pistolero para que atentara contra Ruiz Massieu–.

   El video era aparentemente útil como prueba porque, en su declaración ministerial, Rodríguez González dijo que aun cuando él no se encontraba aquella tarde en el Hospital Español Muñoz Rocha, que sí estuvo, le aseguró que en algún momento Raúl Salinas de Gortari se le aproximó, le dio una palmada en el hombro y le dijo “bien”. Ese presunto gesto, a partir de una declaración de tercera mano, fue tomado por el Ministerio Público como señal de que Salinas y Muñoz Rocha estaban coaligados en el crimen.

   Lo que el video mostró fue que en ningún momento Muñoz Rocha y Salinas intercambiaron palabras ni palmada alguna porque estuvieron distantes uno del otro. Pero en vez de considerarlo como demostración de la falsedad del testimonio de Rodríguez González el juez Tercero de Distrito Penal encontró –o quiso encontrar– un indicio de complicidad entre aquellos personajes.

Evidencia en 3 segundos

   La grabación dura 11 minutos con 36 segundos. De ellos, las escenas que sugieren algún acercamiento entre Muñoz Rocha y Raúl Salinas, tienen una extensión de tres segundos. El análisis de ese pequeño segmento, realizado el 21 de febrero de 1997 en el juzgado de Almoloya, era tan subjetivo que cabía preguntarse si el resto de la sentencia estuvo afectada por otros sesgos de esa índole.

   Ante el video examinado cuadro por cuadro, el secretario del Juzgado identificó un momento en el que Muñoz Rocha dirige la mirada hacia los miembros de la familia Salinas que habían acudido al hospital. En una primera descripción dejó asentado que entre muchas otras personas se identificaba “hacia el fondo de la escena, mirando de frente a la cámara, Manuel Muñoz Rocha, sin que se aprecie hacia dónde dirige la mirada, porque la nariz del procesado [Raúl Salinas de Gortari] y el pelo de la señora Paulina impiden esa apreciación”.

   Uno de los agentes del Ministerio Público Federal pidió entonces que el secretario del Juzgado determinara a quién miraba Muñoz Rocha. La nueva descripción, indicó lo siguiente: “aparecen en escena seis personas, de espaldas a la cámara, dos de ellas inidentificables por sólo verse el cabello oscuro, uno de ellos alzando una cámara fotográfica, una tercera persona vestida de saco azul rey, que fue identificado como el señor Raúl Salinas Lozano, atrás de él quien fue identificada como la señora Paulina Castañón y a espaldas de ésta el ingeniero Raúl Salinas de Gortari, y al fondo el señor Manuel Muñoz Rocha, sin que se aprecie que entre éste y el señor Raúl Salinas haya diversas personas, y la mirada de aquél estaba dirigida hacia éste, apreciándosele a Manuel Muñoz Rocha únicamente el ojo izquierdo. Doy fe”.

   Ante una nueva petición para que fueran certificadas las escenas del siguiente segundo de ese video, el secretario del juzgado dejó establecido: “en la proyección aparecen las personas referidas… con la salvedad de que el inculpado Raúl Salinas de Gortari aparece volteando hacia el lado derecho, sin apreciarse hacia dónde dirige la mirada, por no observar sus ojos en la escena”.

Apreciar sin explicar

   A pesar de la vaguedad de esa descripción el Ministerio Público consideró que allí se probaba que Muñoz Rocha, en el video, “mira fijamente al inculpado”

   Sus defensores y el propio Raúl Salinas alegaron entonces que de una fracción tan pequeña del video no podía concluirse que Muñoz Rocha lo hubiera volteado a ver, específicamente, a él. Las escenas cuadro por cuadro de esos tres segundos no eran suficientemente claras para determinar que Muñoz Rocha miraba sólo a una persona. Además, como dijo el secretario del juzgado, solamente se apreciaba uno de los ojos del entonces diputado.

   Cuando el acusado solicitó que esa apreciación fuera revisada con una impresión ampliada de tales escenas, el juez acordó que tal petición no era procedente, “en virtud de que el Secretario tiene fe pública y sus apreciaciones audiovisuales no ameritan explicación”.

   El juez se empeña tanto en defender a Rodríguez González –que había recibido medio millón de dólares para ofrecer ese testimonio– que incluso le dispensa haber dicho, falsamente, que Raúl Salinas y Manuel Muñoz se habían saludado en el Hospital –lo cual, por otra parte, no hubiera tenido nada de extraño–. “No quiere decir que Fernando Rodríguez haya mentido, ya que a él se lo dijeron, aunque no lo vio” dice la sentencia del juez Ojeda.

   “Lo que sí es innegable –continúa ese fragmento de la extensa sentencia–  es que Fernando Rodríguez no mintió al decir que Manuel Muñoz Rocha se vio con el acusado imprevistamente, en el Hospital Español; sin embargo, al observar el videocasete en cámara lenta… se advierte que es evidente que Manuel Muñoz Rocha trataba de buscar la mirada del acusado y acercarse a él y que en un determinado momento se cruzaron las miradas y se nota en ellas un sentimiento de complicidad y disimulo, aun cuando no se observe ‘una palmada’ como refiere el acusado, ni se escucha que le haya dicho ‘bien’…”

   Aunque en la revisión de uno de los tres segundos pertinentes del video el secretario del Juzgado dejó asentado que si bien Muñoz Rocha veía de frente a la cámara no se apreciaba “hacia dónde dirige la mirada”, el juez decidió considerar que resultaba “evidente” que el entonces diputado priista buscaba la mirada de Raúl Salinas.

   Y aunque en la siguiente escena, según la misma descripción a partir del video exhibido en la audiencia judicial, de Muñoz Rocha se veía “únicamente el ojo izquierdo” y al tercer segundo la mirada de Raúl Salinas no se apreciaba, “por no observar sus ojos en la escena”, el juez Ojeda decidió que, aquella mañana trágica en el Hospital Español, Muñoz Rocha “trataba de buscar la mirada del acusado”.

   Con ese fragmentario registro, el juez que condenó a Raúl Salinas dictaminó: “de la simple observación del video en forma pausada (o cámara lenta) se puede advertir la complicidad y acuerdo que existía entre el acusado y el desaparecido diputado Manuel Muñoz Rocha a través de sus miradas”.

Tribunal mediático

   Desde luego esa fue solamente una, entre otras, de las evidencias que Ojeda Bohórquez utilizó para condenar a Raúl Salinas. Es una sola pero ejemplifica el enorme descuido y, quizá, la prejuiciada malquerencia con que se desarrolló el proceso que tuvo a Raúl Salinas en prisión durante más de 10 años hasta que, el jueves, el Tribunal Colegiado le otorgó el amparo contra esa sentencia.

   El universo de las actuaciones y decisiones judiciales suele ser hermético al escrutinio de una sociedad que, por lo demás, no se detiene a examinar con detalle documentos tan farragosos como los que forman parte de esas diligencias. Pero episodios como el que hemos descrito fueron intencionalmente ignorados por muchos de quienes condenaron a Raúl Salinas, no en los juzgados formales sino en el con frecuencia inicuo tribunal de la opinión pública.

   Más allá del sufrimiento injusto que padecieron Raúl Salinas de Gortari y su familia, tendría que ser tiempo de preguntarnos qué le pasó a la sociedad mexicana que fue capaz no sólo de tolerar sino de, en algunos momentos, aplaudir un empleo tan abusivo de la justicia.

    Podría ser momento para establecer cuántas arbitrariedades judiciales más han sido posibles gracias a los respaldos mediáticos y políticos que han encontrado.

   Prácticamente nadie, sin embargo, se hará esos cuestionamientos. Es políticamente incorrecto. Resultará de mal gusto. Pero una sociedad y un sistema político que no examinan sus propios errores y abusos corren el riesgo de volver a padecerlos.

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La Crónica, 2 de marzo de 2005

La Crónica, 23 de marzo de 2005

Mientras el tinglado político y mediático dirime si ella tiene derecho a morir o a vivir, Terri Schiavo se consume –literalmente– en la cama de un hospital de Florida.

   La querella en torno a la vida o la muerte de esa mujer de 41 años que desde hace 15 padece una incurable parálisis cerebral, se ha convertido en el nuevo tema que escinde –y conmueve– a los Estados Unidos. Sin embargo la intensa murmuración mediática y política no ha llegado a ocuparse de la eutanasia como asunto cardinal que deba resolver la sociedad de ese país. La discusión está ceñida al caso de Schiavo y a la disputa que han protagonizado su esposo y sus padres.

   La señora Schiavo sufrió en 1990 un ataque al corazón que le dejó el cerebro sin irrigación durante bastante rato. Ahora se encuentra en una condición que los médicos describen como “persistente coma vegetativo”.

   Su esposo, Michael Schiavo, afirma que ella lo instruyó hace varios años para que no la dejasen con vida artificial. Con ese argumento obtuvo una autorización judicial para suspender la alimentación que Terri Schiavo recibe a través de una sonda. Se trataría de conducirla a una muerte paulatina y, según los médicos, indolora.

   Los padres de la señora Schiavo, Bob y Mary Schindler, han tenido una posición radicalmente distinta. Ellos están por principio en contra de que a su hija se le deje morir pero, además, aseguran que mantiene la conciencia y que es capaz de pensar, sentir e incluso de expresarse.

   Los señores Schindler grabaron varios videos en donde se ve a la desahuciada mujer balbuceando y mirando a la cámara en lo que podría pensarse son respuestas concretas. Pero, según distintos médicos, no se trata mas que de reacciones fortuitas.

   Hasta ahí, el diferendo sobre Terri Schiavo sería muy entendible. El esposo, que además tiene su representación legal, considera que la mujer ha sufrido demasiado y que no tiene caso que siga viviendo si solo podría hacerlo en esas condiciones. Los padres, por afecto y convicción, se oponen a esa medida. El único espacio en donde legítimamente puede resolverse una disputa así de escabrosa, cuando no encuentra remedio en la comprensión y la conmiseración, tiene que ser el de los tribunales.

   Sin embargo el pleito por la vida o la muerte de Terri Schiavo trascendió los pasillos del hospital y las salas de juzgado. En las últimas semanas ha sido aprovechado para hacer proselitismo político y religioso.

   Los grupos conservadores, que no son pocos ni carecen de poder en Estados Unidos, se han movilizado para impedir que se cumpla la que, de acuerdo con su esposo, ha sido la voluntad de Terri Schiavo. Quizá no les importa tanto la vida de esa mujer sino la bandera que significa. De la misma forma que se oponen sin matices al aborto y, contradictoriamente, abogan por el derecho a que cada estadounidense tenga las armas que le de la gana, esos grupos encontraron cómo forzar las decisiones de los jueces en el caso Schiavo.

   Durante las primeras horas del lunes pasado el Congreso –de mayoría republicana– aprobó en Washington una enmienda legal específicamente destinada al caso Schiavo para detener la suspensión del alimento. El presidente George W. Bush había promovido esa ley, que firmó también de madrugada.  Ayer, sin embargo, un juez federal resolvió a favor de la petición de Michael Schiavo.    

   Mientras se litiga la suerte de esa mujer el 63% de los estadounidenses, según una encuesta de The Washington Post, está de acuerdo con que dejen de alimentarla. El 70% ha cuestionado la intervención del Congreso en ese tema.

   El padecimiento de Schiavo le sobrevino cuando estaba sometida a un severo régimen de adelgazamiento. Los médicos de la clínica a la que había acudido se equivocaron al no diagnosticar una deficiencia de potasio que acabó propiciando el ataque al corazón. Más allá del terrible drama en torno a su situación vital, se podría reflexionar sobre aquella negligencia inicial y las causas que la llevaron a someterse a ese tratamiento.

   En el litigio sobre la vida o el derecho a la muerte de Terri Schiavo los linderos entre la vida privada y el escenario público han quedado completamente destrozados. En el sitio web de la “Fundación Terri Schindler-Schiavo”, encabezada por sus padres, se pueden descargar varios videos en donde ella aparece en su cama del hospital.

   También es posible escuchar dos de los cinco temas del disco dedicado a ella que grabó Wayne Galley, un intérprete de origen australiano. El CD se puede comprar a través de ese sitio –cuesta 15 dólares más los gastos de envío–. Mr. Galley está pensando escribir un guión cinematográfico sobre la historia de Terri Schiavo.

La Crónica, 26 de julio de 2004

En parte, el fracaso inicial del fiscal Ignacio Carrillo Prieto para que fueran atendidas sus consignaciones contra los que considera responsables del crimen del 10 de junio de 1971 se debe al exiguo margen jurídico con que debió enfrentar ese asunto.

La extravagante acusación de genocidio, aparentemente fue la fórmula menos peor que encontró Carrillo para fincar responsabilidades contra antiguos funcionarios como el ex presidente Luis Echeverría.

Lo más directo e incuestionable –independientemente de quiénes hayan sido responsables de aquellos hechos– era la imputación de homicidio. Pero ese cargo se enfrentaba a la resolución que expidió en noviembre de 1982 la Procuraduría General de la República en donde se consideraba que ya había transcurrido el plazo que indica la ley para considerar la prescripción de un delito.

Quizá por eso el titular de la fiscalía de extenso nombre pero que todos identifican con la persecución de delitos políticos cometidos en el pasado por funcionarios públicos, optó por la acusación de genocidio que ha resultado tan discutible.

En la discusión jurídica y política internacional hay diferencias sobre los crímenes que han de considerarse como genocidio.

Cuando se recuerdan episodios de la historia de la humanidad en el siglo que concluyó hace poco, resulta incuestionable cuándo han ocurrido casos de esa índole.

Genocidio fue la aniquilación de entre uno y dos millones de cristianos armenios en el antiguo Imperio Otomano (luego convertido en Turquía entre 1915 y 1923.

Genocidio fue el asesinato de alrededor de varios millones de ucranianos y campesinos de varias nacionalidades (algunas fuentes indican que fueron 20 millones de personas) en los años 30, durante el terror estalinista en la Unión Soviética.

Genocidio fue, sin lugar a dudas, el exterminio de aproximadamente 6 millones de judíos y 5 millones de personas más a cargo de los alemanes nazis en la primera mitad de los años 40.

Genocidio hubo en Camboya, entre 1975 y 1979, cuando el Khmer Rojo asesinó a entre uno y tres millones de opositores, entre ellos miembros de las minorías vietnamitas y budistas.

Genocidio fue la muerte, entre los años 70 y 90, de 800 mil personas en el Timor Oriental y las islas indonesias.

Genocidio fue el asesinato, en Ruanda, de entre 500 mil y un millón de miembros del grupo tutsi a manos de miembros del grupo hutu. Eso ocurrió hace exactamente 10 años.

Genocidio ha sido la liquidación de 2 millones de personas en Sudán desde hace veinte años por motivos étnicos y religiosos.

Considerar, frente a esos episodios, que los crímenes del 10 de junio de 1971 constituyeron un acto de genocidio, puede resultar un exceso. Al genocidio no lo define la cantidad de víctimas, sino la intención de exterminar a un grupo específico de la población.

Los argumentos del fiscal Carrillo Prieto para calificar así a esos acontecimientos son controvertibles. Difícilmente se puede sostener que el gobierno de Echeverría quería exterminar a los estudiantes de educación superior cuando, quizá, nunca en la historia de México las universidades públicas crecieron tanto como a principios de los años 70.

En todo caso, deliberar si aquel sombrío 10 de junio hubo o no genocidio se puede convertir en una manera, voluntaria o no, de enmascarar la discusión necesaria sobre esos hechos.

Aquel día, y eso es incuestionable, ocurrió una provocación alentada desde el poder político en contra de la manifestación que realizaban estudiantes de varias instituciones.

El grupo Los Halcones, que había sido creado por las autoridades federales, fue el encargado no solo de dispersar la marcha sino además, con toda alevosía, de victimar a varios de quienes participaban en ella.

En términos políticos, es difícil suponer que el entonces presidente no estuviera al tanto de esa provocación antes y durante su realización.

El problema es que la fiscalía especial no tiene facultades para encausar a nadie por su comportamiento político, o como resultado de conjeturas de esa índole.

Los únicos recursos de la fiscalía son los que establece la ley. Y dentro de ese campo, hasta donde puede apreciarse, no hay evidencias que comprueben fehacientemente la responsabilidad directa de Echeverría y otros funcionarios destacados de su gobierno en los crímenes que se cometieron aquel 10 de junio.

La Suprema Corte resolverá si el delito ha prescrito o no. Y entonces, la autoridad judicial tendrá que revisar las pruebas que ofrece el fiscal Carrillo. Si no son concluyentes para tipificar el delito de genocidio, se declarará que los funcionarios a quienes muchos mexicanos consideran culpables responsables de la matanza del 10 de junio de 1971 no tienen tal responsabilidad.

Los caminos –y las reglas– de la política, no son necesariamente los de la justicia. En este caso se han entreverado, con riesgo para ambas.

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La Crónica, 23 de noviembre 2004

Cinco años después de haber salido de la cárcel –fue preso político entre el 2 de octubre de 1968 y el 5 de mayo de 1971– Gilberto Guevara Niebla se marchó a estudiar a París. El visitante que acudía a verlo al pequeñísimo departamento que ocupaba cerca del Boulevard Montparnasse se encontraba con una decoración inesperada. Las paredes estaban repletas con centenares, quizá millares, de pequeñas tarjetas que consignaban hechos, nombres, fechas: allí se hallaba, cambiante según la reconstrucción que Guevara iba haciendo, la ruta política del movimiento estudiantil de 1968.

El ex representante de los estudiantes de la Facultad de Ciencias vivía obsesionado con la historia de aquella lucha de la que fue uno de los dirigentes más lúcidos e importantes. Quería recordarlo todo, día tras día, para entender la dinámica que hizo de esas jornadas el movimiento social más vigoroso por lo menos en la segunda mitad del siglo XX mexicano y que, también, lo condujo a la colisión con el gobierno que lo reprimió y desarticuló.

Guevara quería registrar en un libro los momentos climáticos, así como las contradicciones del movimiento del 68. Buscaba, más allá de la mitología que construyeron tanto fallidos detractores como frecuentes apologistas de aquella lucha social, el rastro de tendencias, líneas políticas, comportamientos personales y circunstancias que definieron el rumbo del movimiento.

Contaba con toda la información posible. No solo había participado en las decisiones más importantes del movimiento. Además, Guevara siempre ha sido un observador cuidadoso de las condiciones que lo rodean. Pero escribir aquel recuento analítico no era solo cuestión de fuentes documentales.

Al para entonces profesor de la UAM, le faltaba tomar distancia respecto de aquella gesta social de la que fue protagonista muy destacado. Los borradores de su historia política del 68 variaron del recuento autobiográfico a la descripción en tercera persona pero ninguno de esos enfoques le resultaba satisfactorio.

Solo con los años Guevara lograría la perspectiva necesaria para referirse, de manera crítica, al movimiento en cuya dirección participó. En el transcurso de ese tiempo Gilberto Guevara publicó otros libros, que forman parte de la bibliografía indispensable para entender los asuntos educativos en este país. Su interés en la formación ciudadana y magisterial lo ha llevado a emprender esfuerzos académicos y editoriales, entre ellos la revista Educación 2001 de la que es director.

Pero Guevara se debía a sí mismo su libro sobre el 68 y hoy cumple con ese compromiso. La libertad nunca se olvida. Memoria del 68 (Cal y Arena, 336 páginas) es una historia a la vez política y personal. Apuntalado en fuentes documentales, el libro ofrece además el testimonio de quien condujo asambleas, encabezó manifestaciones, atendió negociaciones e insistió en imprimirle una dirección juiciosa a aquel movimiento de los estudiantes del 68.

Las tensiones entre la inexperiencia, el aventurerismo y los afanes para encauzar políticamente al movimiento, la presencia de provocadores tanto en el núcleo directivo como en las movilizaciones, la fuerza política de la autonomía y de la Universidad, la dignidad del rector José Barros Sierra y la paranoia autoritaria del presidente Gustavo Díaz Ordaz son algunos de los rasgos que Guevara describe en ese recorrido cuyos problemas, día tras día, va identificando.

La decisión del gobierno para enfrentar y a la postre reprimir a los estudiantes en vez de simplemente atender algunas de sus sencillas demandas (todas ellas en reivindicación de la legalidad) se explica como resultado de “la falta de democracia y la incapacidad del gobierno presidencialista para entablar un diálogo, negociar y acordar con una fuerza que no hubiera sido previamente ‘domesticada’ por el PRI”.

El otro polo de reflexión se encuentra en la heterogénea y composición de la dirección estudiantil. Al Consejo Nacional de Huelga

le costaba enorme trabajo tomar decisiones. “Con los años –explica Guevara– se haría un mito del CNH, pero en sentido estricto se trataba de una asamblea elemental, con enormes dificultades para desarrollar una discusión ordenada, susceptible a los recursos oratorios y cuya voluntad se movía de un lado a otro dependiendo de la influencia personal de tal o cual líder, o de los acuerdos de cúpula que adoptaban los grupos y organizaciones”.

Con La libertad nunca se olvida –frase tomada de un discurso de Miguel Eduardo Valle al cabo de la enorme manifestación silenciosa del 10 de septiembre– Gilberto Guevara Niebla cumple con una asignatura personal pero también intelectual y política. Se trata de un libro honesto, extraordinariamente meticuloso y serio, que no busca glorificaciones sino respuestas. Guevara ya puede archivar, con satisfacción, aquellas tarjetas que colmaban su departamento en París. La libertad nunca se olvida es, quizá, el libro más importante que se ha escrito sobre el movimiento de 1968.

(El libro de Gilberto Guevara será presentado hoy a las 19 horas en la Casa Lamm por su autor junto con Raúl Álvarez Garín, Rolando Cordera y Carlos Monsiváis).

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La Crónica, 25 de julio de 2004

La decisión que ayer anunció el juez César Flores Rodríguez al considerar que ya prescribió delito de genocidio del cual se acusa al ex presidente Luis Echeverría y varios de sus antiguos colaboradores, constituye el primer gran tropiezo de la fiscalía especial que indaga episodios como los del 10 de junio de 1971.

   El titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales no entró al examen de las pruebas aportadas por el fiscal Ignacio Carrillo Prieto. Solamente consideró que el delito que se les imputa al ex presidente, así como a ex funcionarios como el antiguo titular de Gobernación Mario Moya Palencia, ha caducado.

   Vigente o no –al respecto cabían ambas interpretaciones– la acusación por genocidio era peculiarmente escurridiza. Solo a partir de una lectura muy holgada se podía considerar que el 10 de junio de 1971 lo que se cometió contra la manifestación de estudiantes que fue emboscada en la Calzada México Tacuba fue un acto de genocidio.

   La definición del Código Penal Federal (artículo 149 Bis) es muy precisa. Es genocidio aquel que se comete “con el propósito de destruir, total o parcialmente a uno o mas grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso”. No hay duda de que en la Alemania de los nazis se quiso exterminar al pueblo judío, para mencionar uno de los casos de genocidio más escandalosos que recuerda la historia reciente. Pero en la agresión a la marcha del Jueves de Corpus es imposible encontrar esas características.

Discutible genocidio

   La explicación del fiscal Carrillo Prieto resulta controvertible. Aquel 10 de junio, dice, se quiso privar de la vida a “los integrantes de un grupo nacional de disidentes políticos”. ¿Qué identificaba a los miembros de ese grupo? Según Carrillo, el hecho de pertenecer “mayoritariamente a establecimientos de educación superior del país”.

   El 10 de junio de 1971 se cometió un crimen político. Una manifestación pacífica fue asaltada por un grupo de provocadores armados que actuaron en absoluta impunidad. Varias docenas de manifestantes fueron asesinados. La saña de los agresores llegó al extremo de que varias horas después de la emboscada contra la marcha, se dedicaron a asaltar hospitales de la ciudad de México para identificar estudiantes heridos y secuestrarlos.

   Lo que allí ocurrió puede ser denominado de varias maneras. Fue un acto de autoritarismo extremo, un asesinato alevoso, un crimen de Estado. Pero todas esas son consideraciones políticas y, si se quiere, de carácter moral.

   A las víctimas del 10 de junio no las mataron por ser estudiantes. No había una política de exterminio contra los alumnos de instituciones de educación superior. Las causas de aquel crimen siguen siendo oscuras aunque hace tiempo hayan sido sancionadas por la apreciación de los ciudadanos.

   En el terreno de la política –y de la moral también– el gobierno de Luis Echeverría y varios de sus colaboradores de entonces han sido culpados por aquella matanza.

   Pero no hay que confundir al juicio histórico con la aplicación de la justicia que debiera estar desprovista de adjetivos.

   Aunque muchos mexicanos crean que es culpable, esa opinión no hace a Echeverría jurídicamente responsable de esos crímenes. Y allí radica la debilidad enorme que, en medio de su intencionada estridencia publicitaria, ha padecido la fiscalía de Carrillo Prieto. Hasta ahora, ha querido encausar a personajes políticos y policíacos del viejo régimen no con alegatos y evidencias plenamente sustentadas en la ley sino con sospechas e imputaciones de carácter político.

Antigua inmunidad

   La sola consignación de un ex presidente significa una novedad en el panorama mexicano. Los historiadores establecerán si se trató de un hito o de una anécdota más en la tortuosa evolución del sistema político de nuestro país. Pero sin lugar a dudas se trata de un hecho inusitado. Después de todo no ha sido demasiado el tiempo que ha transcurrido desde las épocas del presidente intocable e intocado, a estas fechas de procesos judiciales que trascienden viejas jerarquías y fronteras cronológicas.

   La inmunidad que confiere el cargo presidencial solía mantenerse aún después de haber desempeñado esa responsabilidad. Los ex presidentes habitualmente estaban a salvo de indagaciones y encausamientos en aras de una no del todo explícita pero frecuente razón de Estado. Esa era una de tantas otras costumbres del poder político, discutibles pero vigentes.

   En una interpretación simplista, pero sensible a esas realidades políticas, podía considerarse que al amparar a sus predecesores cada presidente afianzaba su propia protección en el futuro. En una lectura más compleja, en esa precaución se podía advertir uno de los equilibrios básicos –discutibles pero reales– del viejo sistema político mexicano. La abolición de muchas de tales rutinas ha sido síntoma de renovación. Pero no siempre se han creado los contrapesos que sustituyan a esas usanzas arcaicas.

Costumbres presidenciales

   El único poder ante el que debían subordinarse los ex mandatarios era el de su sucesor en el ejercicio del cargo. Esa autoridad fue reivindicada por el general Lázaro Cárdenas cuando, para terminar con el maximato, dispuso el exilio de Plutarco Elías Calles. Pero fuera de esas circunstancias extremas, una amalgama de complicidades, lealtades y prevenciones mantenía a los ex presidentes a salvo de indagaciones formales de cualquier índole.

   En virtud de esa costumbre, Adolfo Ruiz Cortines toleró excesos pasados e incluso muy activos, ya en su sexenio, del ex presidente Miguel Alemán Valdés. Luego, no significó problema alguno para su tocayo López Mateos. A éste, Gustavo Díaz Ordaz seguramente le reprochaba dispendios pero fundamentalmente en la intensa exposición personal que tuvo dentro y fuera del país. Y esa continuidad, que era expresión de un país aun pequeño y en desarrollo constante y de una clase política sencilla pero en ocasiones de voracidad legendaria, se interrumpió al siguiente gobierno.

   Entre otros problemas de percepción, Díaz Ordaz no había entendido la diversidad cultural y política que se abría paso en la sociedad mexicana. Su incomprensión de esos cambios y los rígidos cartabones con los que apreciaba las transformaciones del país lo condujeron, junto con un intolerante autoritarismo, a disponer la represión de la Noche de Tlatelolco. Independientemente de cuál haya sido su papel en ese episodio criminal, Luis Echeverría Álvarez entendió que sin cambios en la conducción pero también en la organización política del país, México sería cada vez más difícil de gobernar.

   De allí el acercamiento con intelectuales, la aquiescencia al surgimiento de nuevas fuerzas políticas, la gana de plantarse en universidades en las que se podía presumir que no sería bien recibido y la apertura que, en distintos órdenes, puso en práctica Echeverría. El contraste con el presidente que lo había designado era notorio. Sin duda ese cambio de estilos e incluso de alianzas en la sociedad era incómodo para Díaz Ordaz, ya como ex presidente.

   Los acontecimientos del jueves de Corpus  de 1971 rompieron, y a la vez intensificaron, la línea de apertura que había comenzado el echeverrismo. La mayoría de los presos políticos, muchos ellos encarcelados cuando el movimiento de 1968, ya estaban en libertad y el grupo de ellos que se había exiliado en Chile acababa de regresar. Ese era uno de los rasgos llamativos en la manifestación a la que grupos de estudiantes de la UNAM y el Politécnico habían convocado para aquel 10 de junio. De hecho, una de las tensiones principales entre los organizadores era su división entre adversarios y partidarios de la apertura echeverrista.

Límites y distanciamientos

   De la tragedia a la comedia, si la relación de Echeverría con Díaz Ordaz había sido difícil porque les tocó estar en un cruce de épocas y  costumbres políticas, la que tuvo con su heredero resultó peliaguda hasta la punición grotesca. Cuando José López Portillo quiso castigarlo por desencuentros entre ambos, eligió el punto más lejano que encontró en el globo terráqueo. Efímero embajador en las Islas Fidji, Echeverría sin embargo no perdió interés, ni influencia, en la política mexicana.

   Un presidencialismo más acotado, tanto por exigencias sociales como por circunspección personal, definió al gobierno de Miguel de la Madrid. Su mesura destacó sobre todo ante el vendaval que fue la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Débil cuando tenía que imponerse a vicisitudes como los terremotos de 1985 y autoritario cuando tenía que conciliar como cuando impuso los pactos de estabilidad económica, De la Madrid fue mejor ex presidente que presidente.

   De Carlos Salinas no puede decirse lo mismo. El éxito de su gestión, singularizada por reformas económicas muy importantes pero que no irradiaron los beneficios sociales que había anunciado, se transformó en un rápido declive cuando, al gobierno siguiente, sobrevino la crisis de 1995. El trato que recibió apenas había comenzado la administración de su sucesor señaló los momentos más difíciles que haya vivido cualquier ex presidente mexicano por lo menos desde los años 30.

   Las acusaciones contra Raúl Salinas, fincadas en una mascarada con testigos pagados y evidencias falsas, fueron toleradas sin miramiento alguno por el presidente Ernesto Zedillo. No se puede asegurar que él indujo la acusación para encarcelar al hermano de su predecesor pero sí fueron notorios los abusos que, amparados en la autonomía del ministerio público, se cometieron en ese caso durante su gobierno.

La Fiscalía de Fox

   Para Vicente Fox diferenciarse de sus antecesores priistas era una bandera de campaña, luego fue obsesión de gobernante y se ha convertido en una trampa de la que difícilmente saldrá políticamente indemne.

   Para distinguirse de los gobiernos anteriores el actual presidente contaba con dos posibilidades. La primera de ellas, era gobernar de tal manera que los resultados de su gestión fueran notoriamente mejores a los que ofrecían las administraciones priistas. Pero a casi dos tercios del sexenio nadie espera que con Fox los mexicanos vivan mejor, ni más seguros, ni con más esperanzas que en las administraciones anteriores.

   La otra opción del presidente Fox para distinguirse de sus predecesores consistía en castigar los abusos que cometieron. Por eso acogió con tanto interés la demanda de grupos sociales legítimamente indignados con crímenes como los de 1968 y 1971 y la convirtió en bandera de su gobierno.

   De allí resultó la creación de la Fiscalía Especial que ayer tuvo su primer tropiezo significativo. No se ha dicho la última palabra, pero la decisión del juez que no encontró sostenible la acusación por genocidio indica que los argumentos de Ignacio Carrillo Prieto no eran tan sólidos como algunos pudieron esperar.

   La sola consignación de Luis Echeverría, aunque haya sido negada por el juez, marca un cambio en el trato que los ex presidentes recibían por parte de los sistemas político y jurídico en este país. Se trata de una más de las novedades que definen a la vida pública mexicana.

   Es plausible que no haya impunidades, así se trate de quienes han sido depositarios, y beneficiarios, de la investidura política más relevante del país.

   Es conveniente que se hagan esfuerzos para abatir la impunidad con que fueron cometidos crímenes como los de junio de 1971.

   Pero el desempeño de la Fiscalía, las fundadas sospechas de politización por encima del acatamiento al orden jurídico que suscita su comportamiento y la incómoda sensación de que no se está buscando justicia sino venganza, impiden celebrar este episodio.

Inciertas evidencias

   No se conoce el contenido de las nueve cajas que el abogado Ignacio Carrillo Prieto llevó el jueves por la noche al juzgado penal con las pruebas que reunió para demostrar la culpabilidad de varios ilustres ex gobernantes en los acontecimientos del 10 de junio de 1971. Resultaría interesante que pudieran ser del dominio público para saber si hay evidencias concluyentes de la responsabilidad del ex presidente Luis Echeverría en esa represión criminal.

   La decisión que ayer anunció el juez César Flores tomó en cuenta, solamente, la prescripción del delito de genocidio que el fiscal les imputa a Echeverría y varios de quienes fueron funcionarios durante su gobierno. No hubo tiempo, ni necesidad, para que entrara al examen de las pruebas que ofrecía Carrillo Prieto.

   Pero sería saludable que esas evidencias fuesen conocidas porque, hasta ahora, las sospechas han corrido por un cauce distinto al de las evidencias acerca de la responsabilidad de Echeverría en los hechos del jueves de Corpus de 1971.

   Muchos mexicanos creen que, puesto que era presidente, tuvo que haber conocido los preparativos de la agresión contra los manifestantes aquella tarde del 10 de junio. Muchos, durante 33 años, han estado convencidos de que solo con la aquiescencia presidencial pudo haberse perpetrado una matanza como la de esa ocasión.

   Sin embargo la justicia no puede ejercerse a partir de suposiciones, por muy extendidas que sean o por mucha corrección política que se les atribuya.

   Por eso era interesante el trabajo que podía desarrollar un organismo independiente que investigara acontecimientos como los del 2 de octubre y el 10 de junio y ofreciera una conclusión sólida y pública acerca de ellos. La Fiscalía que creó el presidente Fox y que encabeza el licenciado Carrillo Prieto ha tenido el reto de probar esas acusaciones y no solo hacerse eco de las creencias acerca de ellas.

Eludir ilegalidades

   Hasta ahora no ha tenido éxito en ese cometido. Jurídicamente incierta en este caso la figura de genocidio, el proceso continuará con la apelación de la fiscalía y la petición para que el asunto llegue a la Suprema Corte.

   Que los jueces y jurisconsultos se hagan cargo de la definición de genocidio. Más allá de esa especializada disputa el auténtico problema es que seguimos –y seguiremos, hasta donde puede apreciarse– sin saber con certeza quiénes fueron culpables de los asesinatos del 10 de junio de 1971.

   Seguramente es posible identificar a algunos jefes policiacos y a pandilleros menores que formaron parte de Los Halcones, el grupo que arremetió contra la manifestación. Pero de los responsables principales, hasta donde se puede apreciar, no existen pruebas concluyentes.

   De ser así la fiscalía especial habrá estado bordando en el círculo vicioso, sin soluciones jurídicas, de la revancha y las conjeturas. Sus efectos en el terreno de la ley habrán sido pocos y en el plano de la política habrá demostrado una notoria pero acotada capacidad de estruendo.

   Es importante seguir diciendo, con toda convicción, que el 10 de junio no se olvida. Hay que recordar esa fecha como expresión de un autoritarismo sin límites y para condenar siempre aquel crimen ignominioso y cobarde. Por eso es pertinente que episodios como ese no se vuelvan pretexto para que, con el propósito de castigar atropellos, se cometan nuevas ilegalidades.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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