La Crónica, 24 de mayo de 2007

La denuncia del IFE destapó nuevas y quizá más graves irregularidades. La autoridad electoral encontró que, de los anuncios transmitidos en radio y televisión que se difundieron como parte de las campañas del año pasado, hay por lo menos 281 mil que no fueron registrados por los partidos políticos en los informes de gastos de campaña que tienen obligación de presentar.

   A tal señalamiento, de por sí delicado y que permite confirmar las anomalías a las que da lugar nuestro actual sistema de propaganda política, se añade la denuncia del senador Ricardo Monreal, del PRD, que asegura que esos spots no registrados por los partidos fueron pagados con dinero del narcotráfico. Y al escándalo que esa gravísima acusación que Monreal endereza contra todos los partidos –incluyendo el suyo– aunque no ofrece una sola prueba, se añade la revelación que ayer hizo José Guadalupe Acosta, secretario general del mismo PRD: los spots que contrató la Coalición que encabezaban los perredistas no son 165 mil como dice el IFE sino 460 mil.

   Una autoridad electoral que reporta 281 mil anuncios de campaña hasta ahora sin patrocinador reconocido; un senador que asegura que hubo mil millones de pesos de dinero sucio que el narcotráfico invirtió en las campañas (de acuerdo con la información publicada ayer miércoles en Crónica); un partido político que lejos de considerarlas abultadas, dice que las cifras del IFE se quedaron cortas… Antes de hundirnos en la perplejidad es pertinente acudir a varias precisiones. Y hay que separar los señalamientos serios de las frivolidades.

   Durante todo el proceso electoral la empresa Ibope realizó, por encargo del IFE, un monitoreo de los anuncios de campaña que se difundieron en radio y televisión. Ese monitoreo comprendió el registro diario, durante todo el día, de las transmisiones de 161 canales de televisión y 222 estaciones de radio en 20 ciudades del país. La metodología con que se realizó ese trabajo fue conocida y aprobada por los partidos que tienen representación en el IFE.

   En México hay muchas más emisoras. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene registradas 1488 estaciones de radio y 733 de televisión. El universo monitoreado por el IFE no las incluyó a todas pero sin duda incorporó a las estaciones con mayor audiencia en el país y, desde luego, a todas las de carácter nacional.

   Gracias a ese monitoreo el IFE tiene grabados cada uno de los anuncios de campaña que se difundieron entre el 19 de enero y el 28 de junio –que fue el plazo oficial de las campañas electorales– en las 20 plazas estudiadas. Esos spots la autoridad electoral los puede consultar, incluyendo varios segundos de las transmisiones previa y posterior a la difusión de cada uno de ellos, en un programa informático que fue creado para tal seguimiento. Los funcionarios del IFE a cargo de esa tarea tienen la certeza de que todos y cada uno de los spots que han reportado fueron transmitidos. Desde luego, puede haber muchos anuncios más que no quedaron registrados porque se encontraban fuera del universo que fue motivo del monitoreo.

   A la autoridad electoral, esa información le resulta útil para cotejarla con la información de los gastos realizados durante las campañas y que los partidos tuvieron que haberle entregado varios meses después de la elección federal. En esos informes cada partido debe indicar cuánto gastó y en qué conceptos. Cuando se trata de contratación de espacios en medios electrónicos el partido tiene que presentar un inventario de los anuncios por los cuales pagó, así como el horario preciso en que fueron transmitidos.

   En las ciudades en donde se realizó el monitoreo fueron difundidos 757572 anuncios de campaña en radio y televisión. Se trata de spots de todas las campañas federales: para presidente, diputados y senadores.

   Al comparar ese inventario con los reportes financieros de los partidos, la autoridad electoral encontró que los partidos no dieron cuenta de 281026 anuncios –es decir, el 37%– en esos informes de sus campañas.

   Algunas de esas omisiones pueden deberse a errores técnicos en la contabilidad de los partidos. Pero también puede haber ocurrido que los partidos hayan realizado contrataciones de manera subrepticia y de las cuales no informaron a la autoridad electoral. Y también puede haber sucedido que, en algunos casos, la transmisión de numerosos anuncios de campaña no haya sido resultado de las gestiones de los partidos sino de la contribución (que en ese caso sería ilegal) de otras instituciones, o de ciudadanos a título individual. Una tercera posibilidad es que algunas empresas de radio y televisión hayan transmitido spots por equivocación (a veces en algunas emisoras insertan publicidad como relleno para extender los cortes de estación) o, en otra hipótesis, para respaldar a algún candidato.

   La diversidad de situaciones que pueden haber originado los 281 mil spots de cuya transmisión hasta ahora no hay responsables, es tal que la autoridad electoral dio a los partidos un plazo de varias semanas para que ofrezcan las aclaraciones que quieran presentar. Mientras tanto, el IFE puede solicitar a las empresas de televisión y radio que le informen quién patrocinó, o quién resolvió transmitir, esos spots.

   Las empresas de radio y televisión no están legalmente obligadas a entregarle esa información al IFE. Pero poco antes de las elecciones algunas de las más importantes, incluyendo a Televisa y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, suscribieron con el IFE convenios de colaboración merced a los cuales se comprometieron a entregar informes regulares de la propaganda que los partidos irían contratando en cada emisora. Las empresas no cumplieron de manera sistemática con esa obligación que ellas mismas habían aceptado y ahora el IFE puede requerirlas para que lo hagan.

   El IFE no puede obligar a las televisoras y radiodifusoras a que entreguen esa información. Pero a las que se nieguen a hacerlo, les resultaría sumamente comprometedor quedar señaladas como cómplices de irregularidades electorales posiblemente muy graves.

   Si, una vez que se depure el inventario de 281 mil spots irregulares con las aclaraciones que presenten los partidos, resulta que hay una cantidad aún considerable de anuncios que fueron transmitidos y que los partidos mismos no admiten haber pagado, nos encontraríamos ante varios posibles delitos electorales.

   Aquellos de esos anuncios que los partidos contrataron a escondidas o cuyas facturas no hayan requerido como es su obligación, podrían ser considerados como gastos de campaña que incurrirían en una o dos infracciones: por no haber sido reportados como tales y quizá, también, por haber excedido el límite de erogaciones que la ley establece para los partidos en cada campaña.

   Aquellos ciudadanos o empresas que hubiesen pagado spots de manera directa, habrían transgredido la disposición legal que adjudica a los partidos la exclusividad en la contratación de propaganda electoral.

   Y las empresas de radio y televisión que hubieran difundido anuncios de campaña como cortesía a uno o varios partidos y sin haber recibido pago por ello, habrían entregado una donación en especie que está prohibida y que también constituye un delito electoral.

   El IFE, en esos casos, puede solicitar la intervención de la Secretaría de Hacienda si considera que alguna empresa tuvo ingresos que no han sido reportados como tales. O puede enterar de esa irregularidad a la Fiscalía de Delitos Electorales de la PGR.

   Así que el asunto de los 281 mil spots da para mucho. Pero hasta donde podemos apreciar no hay sustento para denuncias como la del senador Monreal. No hay que cerrar los ojos ante la posibilidad de que la delincuencia organizada esté interesada en respaldar candidatos a cargos de elección, sobre todo en las regiones en donde tiene influencia y quiere incrementarla. Pero es preciso desbrozar esos casos de la situación nacional.

   Los spots que le sobran al secretario general del PRD pueden haber sido difundidos en plazas a donde no llegó el monitoreo del IFE. Pero aun así parecen demasiados. Es altamente posible que se trate de una exageración más de ese partido.

   Mientras tanto, hay varios sesgos que se pueden identificar en la información acerca de los 281026 spots hasta la fecha considerados como irregulares.

   Más de la mitad de esos spots, el 51.5%, difundieron propaganda a favor de la Alianza encabezada por el PRI. El 27% fueron anuncios del PAN. El 17%, de la Coalición por el Bien de Todos. El 4.2% de Nueva Alianza y el 0.3% de Alternativa.

   De esos spots, el 88% fueron difundidos por radio y el 12% en televisión. Sin embargo entre el total de spots registrados en el monitoreo del IFE –tanto los que son reconocidos por los partidos como aquellos que siguen sin ser aclarados– el 80% fue de anuncios en radio y el 20% en televisión.

   Es decir, la mayor parte de tales irregularidades se cometió en la radio. Y, al mismo tiempo, la mayor parte de esos anuncios benefició a la campaña del PRI.

   No es difícil imaginar a no pocos empresarios de la radiodifusión en algunos estados, que recibieron sus concesiones de los gobiernos del PRI y que por esa y otras circunstancias tienen compromisos con ese partido, tratando de beneficiar a sus candidatos difundiendo más anuncios de los que les pagaron.

   Tal escenario no exime de responsabilidad a las televisoras nacionales que también pudieron haber transmitido anuncios de cortesía. Si no lo hicieron, la mejor manera de aclararlo consiste en entregarle cuentas claras al IFE.

   Este episodio, y las secuelas que pueda tener, ratifican la necesidad de acabar con la dependencia que los partidos, y por ello la vida política, experimentan respecto de los medios electrónicos. Los partidos gastan mucho en la contratación de propaganda porque disponen de grandes sumas de dinero público. Y no hay fiscalización que pueda resultar absolutamente eficaz cuando se trata de un universo de estaciones, empresas, partidos y donantes tan amplio y con tantas posibilidades para eludir las reglas que ahora existen. El único remedio para terminar con esa dependencia y con dichas contribuciones irregulares radica en eliminar de nuestras campañas electorales la posibilidad de adquirir propaganda pagada en la televisión y la radio. Nos ahorraríamos muchas complicaciones. Y además, bastante dinero.

La Crónica, 8 de marzo de 2007

   La confusión y el embuste se encuentran en las antípodas de la deliberación racional. La antidemocracia se nutre de mitos. Su contraparte, se asienta en los hechos. La contribución principal de Carlos Tello Díaz al esclarecimiento de las recientes elecciones no consiste en recordarnos que Andrés Manuel López Obrador es un mentiroso. Eso ya lo sabíamos. El mérito notable en 2 de julio, un libro que ha sido menos leído que discutido, se encuentra en la reconstrucción de ese día y, especialmente, de los datos acerca de la votación que iban ofreciendo las encuestas a la salida de las casillas y más tarde los conteos rápidos.

   Más que revelaciones, el libro de Tello Díaz ofrece documentadas constataciones. Ya se conocía que durante todo ese domingo las casas encuestadoras registraron los vaivenes de una elección en donde los dos principales candidatos a la presidencia se alternaban en la delantera. Ya se sabía que, conforme fueron cerrando, de las casillas de votación llegaron datos que confirmaban lo muy disputada que estuvo la elección.

    La contribución de ese libro al conocimiento de tales hechos radica en presentar, hora tras hora y aderezada con una sabrosa crónica de sus personajes principales y sus circunstancias, las cifras que surgían en el transcurso de la jornada electoral. Y de manera específica el dato político e informativo, pero también histórico y moral, es la comprobación de que el candidato presidencial de la Coalición por el Bien de Todos supo, desde la noche del 2 de julio, que no había ganado la elección.

   El episodio de ese libro que más ha sido comentado muestra a López Obrador haciendo, en privado, un reconocimiento abierto a la derrota que acababa de sufrir. La ausencia de fuentes expresas para documentar ese momento ha sido tomada como debilidad en la investigación de Tello Díaz. Sin embargo 2 de julio es mucho más que ese incidente, de la misma manera que la elección presidencial tuvo una complejidad que supera, con mucho, los arrebatos y las falsedades del candidato de la Coalición.

   La ventaja que acarreaba desde más de un año antes de la elección, la debilidad inicial del candidato presidencial del PAN y la actitud de no pocos medios de comunicación en donde ya fuese para encomiarlo o para denostarlo se le trataba como seguro ganador, contribuyeron a crear una falsa pero extendida percepción acerca de las posibilidades de triunfo de López Obrador. Tanto en segmentos importantes de la sociedad mexicana como en la clase política y mediática, durante la primera mitad de 2006 se fue extendiendo la certeza de que el vencedor sería el candidato del PRD.

   Para algunos, partidarios de López Obrador, aquella era una ilusión que tenía algo de voluntarismo pero que se afianzaba en datos como los que ofrecían las encuestas durante los primeros meses del año. Para otros, simplemente se trataba de una lectura resignada pero desactualizada. Ni unos, ni otros, estuvieron suficientemente dispuestos a entender las variaciones en las preferencias políticas de los ciudadanos.

   Hasta el mes de marzo López Obrador mantenía varios puntos de ventaja. Pero en abril todas las encuestas conocidas registraron un avance importante en las preferencias de voto por Felipe Calderón.  Eso podía advertirlo cualquier lector de periódicos. Al hacer un promedio de los datos de cinco encuestas (Consulta, GEA-ISA, El Universal, Reforma y Parametría) en marzo se podía observar que la intención de voto por López Obrador era de 39 puntos y por Calderón de 31.8. Pero al siguiente mes esa situación cambió: el candidato de la Coalición tenía 34.2% y el panista 36.6% de las intenciones de voto y descontando a los ciudadanos todavía indecisos. Calderón siguió adelante todo mayo y en junio los dos candidatos iban empatados.

   Al terminar junio cuatro de dichas encuestas, consultadas por el autor de esta columna, indicaban que la intención de voto le favorecía a López Obrador por diferencias que en la mayor parte de los casos eran inferiores al margen de error. En otra más se advertía una ventaja, pero también pequeña, del candidato del PAN. En otras palabras, estábamos ante un empate. Quienquiera que ganase las elecciones lo haría por una diferencia de votos muy pequeña.

   Para entonces López Obrador en público despotricaba contra las encuestas pero, en privado, se enteraba de ellas. La que encargaba a la firma Covarrubias a comienzos de mayo le informó –según sabemos ahora gracias al libro de Tello Díaz– que, sin reasignar indecisos, él tenía 29% de preferencias de voto frente a 34% de Calderón. Y aunque un día sí y otro también mandaba al diablo a las encuestas, sabía que la competencia estaba muy cerrada.

   El 2 de julio la misma casa encuestadora le informó a López Obrador que, a las 11 de la noche, su conteo rápido –realizado con datos ya computados en casillas electorales– revelaba que iban empatados con 36% cada uno. Y una hora más tarde, en ese conteo, el candidato del PAN tenía una delantera de un punto.

   A pesar de esos datos López Obrador proclamó que él había ganado la elección. Lo de menos es si admitió o no delante de sus allegados que en realidad había perdido. El libro de Tello Díaz demuestra que ese candidato dispuso de información oportuna y suficiente que le permitió saber que, en una elección muy reñida, él quedaba en segundo sitio. Además de encuestas como la de Covarrubias, López Obrador se enteró de la información que surgía del centro de cómputo que había instalado Televisa porque durante la tarde había enviado allí a uno de sus hijos.

   Los datos de la elección no sustentaban la rabieta de López Obrador y mucho menos la mascarada que protagonizó en los siguientes meses. Muchos ciudadanos quisieron creerle y lo acompañaron por un trecho en esa ruta de colisión consigo mismo y con los principios democráticos más elementales. Pero también resulta sorprendente el encandilamiento de no pocos funcionarios, dirigentes y analistas que durante varios meses, antes de las elecciones, estuvieron inamoviblemente convencidos de que ese sería el vencedor aunque las encuestas mostraban que la elección estaría muy competida.

   Peor aun fue la postura de quienes, después del 2 de julio, apostaron a la anulación de las elecciones con el propósito de que se formara un gobierno interino. Cuando después de las elecciones leímos acerca de esa posibilidad creímos que se trataba de un desvarío sensacionalista en algunas columnas de infidencias políticas. Ahora que el libro de Tello Díaz ofrece nombres y presuntos beneficiarios de aquella maniobra, que no ha sido desmentida y en la que habrían participado algunos importantísimos funcionarios universitarios, tenemos que reconocer que la ofuscación y la inescrupulosidad en la vida pública mexicana se han extendido mucho más de lo que hubiéramos pensado. El libro de Carlos Tello Díaz ayuda a despejar mitos y brumas que han dificultado la evaluación del 2 de julio pero también revela improvisaciones y pobrezas de nuestras elites políticas.  

ALACENA: Despenalización a medias

   La despenalización de los delitos de prensa –calumnias, injurias, difamación– para que su sanción sea exclusivamente pecuniaria es buena noticia. Lamentablemente a los senadores –y antes a los diputados, que el año pasado aprobaron esa reforma al Código Penal– se les olvidó que en la Ley de Imprenta se mantienen condenas de prisión para los periodistas que incurran en “ataques a la vida privada” –cárcel de 8 días a 6 meses–, injurias “que causen afrenta ante la opinión pública” –6 meses a 2 años– y “ataques a la moral” –arresto de hasta 11 meses–. El próximo 9 de abril la Ley de Imprenta cumplirá 90 años.

Comentario publicado en  Nexos, octubre de 2006

El periodismo encuadernado, como en distintas ocasiones se le ha llamado a la publicación en libro y sin modificaciones de textos originalmente aparecidos en la prensa, tiene ventajas y riesgos. Entre estos últimos destaca la caducidad que adquiere un artículo periodístico cuando ha transcurrido el contexto para el que fue escrito. Entre las primeras, está la facilidad de acceso a una reflexión suscitada por acontecimientos del día tras día. Y quizá sea ventaja, pero también riesgo, la edición encuadernada de artículos de periódico inicialmente pensados para coyunturas distintas a aquellas en las que se encuentran los lectores del libro. Esa es la contingencia que enfrentan Después de la transición y su autor cuyos textos, leídos en conjunto, subrayan inquietudes manifestadas a lo largo de dos años en las colaboraciones de José Woldenberg para Reforma.

   A simple vista podría decirse que la más importante de esas preocupaciones es la complejidad y la construcción de la democracia mexicana que el autor encuentra suficientemente sólida para considerar, en uno de los primeros textos del libro, que en “las elecciones recurrentes” que tiene nuestro país se puede identificar “una escuela de democracia”. Sin embargo más allá de las reglas, de los procedimientos y la interiorización o no del compromiso democrático en los actores públicos, quizá la inquietud cardinal de Woldenberg se halla en el ejercicio y las posibilidades de la política.

   Cuando se ocupa de algunos de los conflictos más agudos durante los dos años en que aparecieron estos artículos, Woldenberg insta para que se pongan en práctica los recursos de la política a la que entiende, siguiendo a Bernard Crick, como la conciliación de intereses divergentes. Pero al mismo tiempo recela, con sobrados motivos, del empobrecimiento de la política tal y como se le ha llegado a entender. “La política de hoy en nuestro país se encuentra no sólo marcada por la coyuntura sino secuestrada por la misma” diagnostica. Y en uno de los segmentos más desencantados del libro advierte las limitaciones de los políticos, a quienes se les suele exigir más de lo que pueden dar: “se encuentran acotados, restringidos por poderes fácticos, rutinas democráticas, inercias sociales e institucionales, intereses gremiales, redes de conocimiento especializado y organismos multinacionales”. Entonces, diagnostica: “la política juega un papel subordinado en esa mecánica de fuerzas en despliegue. No guía, es guiada”.

   “La política se consume a sí misma en sus rituales” deplora Woldenberg. Y ese deterioro no es reciente. Las jornadas de 1968 fueron “el disparador de la pasión por la política” de los estudiantes de aquel tiempo, recuerda, pero uno de los “nutrientes del desencanto” que más tarde padecieron muchos de ellos “fue la sobrevaloración de las posibilidades de la propia política”.  

   Desde su imagen pública y quizá allí más que en cualquier otro ámbito, la política expresa deterioro e incompetencia. El autor de estos textos describe el reflejo de tal apariencia en los medios de comunicación: “La irritación es común denominador. La majadería y el insulto son moneda de curso común. El presente es gris y el futuro pinta peor. La complejidad de los problemas desaparece y es sólo la incompetencia, la tontería, la corrupción de los políticos la fórmula cansina para expresar nuestros males. El espíritu público expresa desencanto, cansancio, malestar”.

   Tajantemente, páginas adelante Woldenberg dictamina: “nuestra germinal democracia vive los embates de la degradación de la política”. ¿Qué podemos hacer ante ese estancamiento, si no es que retroceso, en la vida pública? El autor apunta en otro sitio del libro: “si deseamos trascender a la política como espectáculo, parece necesaria la construcción de una ciudadanía capaz de hacer suya la agenda de la política y de romper el círculo vicioso de una política que expulsa al ciudadano”.

   El marco para que se desenvuelva el ejercicio de la política tendría que ser el Derecho. Sin reglas la política se convierte en ejercicio salvaje, o resulta de tal manera condicionada por el pragmatismo que acaba quedando dominada por personajes sin escrúpulos. A eso se debe la preocupación, expresada en distintos segmentos del libro, para actualizar las normas de la competencia política. Como “la democracia porta sus propios problemas, su agenda está cargada de nuevos retos” y tropieza con “dificultades antes impensables”, el temario de nuevas asignaturas está determinado por la diversidad de opciones políticas que, gracias a la democracia electoral, alcanzan posiciones de representación y gobierno en el país.

   Las nuevas coordinadas del presidencialismo ocupan varios de los textos de Woldenberg. Antaño metapoderoso, el del Presidente ha pasado “a ser un poder más” entre las instituciones estatales. Por eso el país tiene que resolver, ante esa modificación del poder presidencial, “si no ha llegado el momento de transformarlo con algunas fórmulas del parlamentarismo”. Lamentablemente el autor no se extiende en esos temas aunque considera deseable el establecimiento de un gobierno de coalición que, no obstante la diversidad de fuerzas partidarias que hoy alcanzan posiciones de representación importantes, fuese “capaz de contar con el apoyo mayoritario del Congreso”. En cambio descarta la posibilidad de establecer una segunda vuelta para la elección presidencial (quienes la proponen, dice, “se equivocan en el diagnóstico y en la receta”), descalifica la sugerencia para que haya candidatos independientes (que lo serían respecto de los actuales partidos pero a la vez estarían generando su propio partido), concuerda con la necesidad de abreviar las campañas electorales y cuestiona el lugar común que supone que para mejorarla, hay que ciudadanizar la política (“todos los políticos son ciudadanos pero no todos los ciudadanos son ni deben ser políticos”).

Frágil ciudadanía, políticos pueriles

   Pero si no tienen por qué ser políticos, sí se echa de menos una mejor formación política en esos ciudadanos. En varias ocasiones Woldenberg deplora tales insuficiencias: “tenemos pues ciudadanos incompletos, que ejercen sus derechos con baja intensidad” dice aludiendo a la situación latinoamericana y para explicarse por qué nuestras democracias son “pobres y desiguales”. Y en otro sitio recalca: “nuestra sociedad civil es débil y sobre todo desequilibrada”. Lo peor es que a esos ciudadanos a medias y a esa sociedad endeble así como a quienes los gobiernan, las circunstancias les requieren que actúen como si fuesen políticamente adultos. “Estamos pues obligados a vivir como mayores de edad: cada uno (político o institución) haciéndose responsable de sus actos y omisiones, dado que se acabaron las entidades tutelares bajo las cuales se podía navegar como menores de edad”.

   Esas conductas pueriles alcanzan a los políticos. En uno de sus textos más vehementes Woldenberg subraya “la incapacidad profunda para reconocer faltas propias y el afán de asignar la responsabilidad siempre a otros: ex compañeros de ruta o adversarios políticos reales y/o inventados”. El síndrome del crío que, incapaz de advertir sus propias fallas, le echa a otros la culpa de todo lo que le sucede constituye, dice este autor, “una especie de minoría de edad permanente tanto política como ética… remite a esa etapa juvenil en la que el político supone que todos los valores positivos están de su parte y que sus oponentes, por supuesto, encarnan el mal”.

   Esa descripción no tiene destinatario específico pero quizá no sea casualidad la perfección con que le calza al personaje más discutido hoy en día en el panorama político de nuestro país: “Minoría de edad ética, porque la culpa, la responsabilidad, jamás es propia sino de otros… Lo más triste del espectáculo es que varios de los protagonistas ciertamente tienen energía vital, inteligencia política, y en ocasiones hasta causas que valen la pena. Lo que les falta, sin embargo, es una cualidad insignificante: menos epopéyica, más modesta: sentido de responsabilidad”.

   Varios textos en este libro fueron escritos durante el litigio acerca del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Woldenberg se opuso a esa decisión porque consideraba que hubiera implicado la exclusión, de las elecciones de 2006, de la fuerza política representada por ese personaje. Aunque en algún momento aclaró que no compartía “el poco aprecio que AMLO tiene por la legalidad”, el autor del libro consideró que el descabezamiento de dicha fuerza política podría “dinamitar mucho de lo que como país hemos construido en los últimos años”. Por eso urgía para que hubiera, como a la postre ocurrió, una solución política.

   No deja de ser paradójico que la política, a la que en algunos momentos del libro se considera subordinada a intereses facciosos e incluso autosecuestrada, fuese identificada por Woldenberg como la salida conveniente para un conflicto con tantas aristas como era el desafuero del entonces jefe de Gobierno del DF. Su llamado para que la sanción a una falta menor no se convirtiera en avasalladora crisis política resultaba entendible. Pero supeditar todo ese episodio a una solución política que, por lo demás, era favorable únicamente a uno de los sectores en litigio, quizá no resultó la mejor manera de enfrentar aquel diferendo. Las virtudes de la política solamente se pueden desplegar a plenitud cuando todos los actores de un conflicto quieren ceder parte de sus posiciones en aras del acuerdo. Si eso no es factible, el otro camino es la aplicación de la ley. En aquel episodio, como el mismo Woldenberg advirtió, había una “mecánica de polarización irresponsablemente alimentada desde ambos bandos (gobierno federal y del DF)”. Demandar el desistimiento respecto del desafuero constituía una actitud política pertinente pero que, al soslayar las faltas y sobre todo la jactancia de López Obrador contra el cumplimiento de las leyes, propiciaba un saldo parcial. En la sociedad mexicana y en los segmentos más pueriles de sus elites políticas aquel episodio dejó una lección cuyas consecuencias hemos padecido después de las elecciones del 2 de julio de 2006: la creencia en que el cumplimiento de las leyes puede esquivarse cuando hay consideraciones, prioridades o presiones de carácter político.

Medios, montados en el escándalo

   La búsqueda de soluciones para resolver esa minoría de edad de los ciudadanos origina, al menos en parte, la reiterada preocupación de Woldenberg por las insuficiencias en los medios de comunicación: “montados sobre el escándalo, son ineficientes para explicar y ofrecer sentido a lo que acontece en el escenario político”; existe “la tendencia a convertir a la política en una actividad emparentada con el espectáculo y modulada por los códigos de los grandes medios”; “al apostar sólo a la coyuntura, a la especulación con agendas llamativas pero efímeras, a la multiplicación del alboroto, hacen un flaco favor a la causa de hacer inteligible la política”. Pero como con esos medios tenemos que arar, anticipa: “de la calidad de nuestros partidos políticos y de nuestros medios de comunicación dependerá la calidad de nuestra de nuestra democracia”.

   Pesimista en su diagnóstico, esa fórmula resulta fatalista en el pronóstico. Si el mejoramiento de nuestra imperfecta democracia depende de partidos tan descosidos como la mayoría de los que dominan el escenario político y de medios tan desastrados como los que con tanta puntualidad define Woldenberg, es claro que no podemos tener demasiada esperanza en ella.

Apuesta por las ideas

   A pesar de su inicial cometido, atado a la coyuntura, los textos reunidos en Después de la transición pasan la prueba del tiempo gracias a la agudeza de José Woldenberg para, en todo momento, mirar más allá de las circunstancias inmediatas. Por muy específico y acotado que sea el tema del que se ocupa, sabe encontrarle significado y perspectivas que trasciendan a esa situación precisa. Superando provechosamente el parloteo con que los medios atienden a los asuntos públicos, Woldenberg mantiene una fértil apuesta por las ideas, con una racionalidad que desmonta fundamentalismos y oportunismos. Gracias a ello, los artículos compendiados en este libro pueden ser leídos a pesar de las situaciones durante las cuales o ante las cuales fueron escritos. En un ambiente público tan reacio a la deliberación, tan condicionado por intolerancias de todos los signos y tan repleto de posiciones rígidas, el ejercicio analítico de José Woldenberg resulta semanalmente agradecible y, ahora, es motivo para que lo apreciemos en libro.

 
José Woldenberg, Después de la transición. Gobernabilidad, espacio público y derechos. Ediciones Cal y Arena. México, 2006, 384 pp.

Publicado en Nexos de septiembre de 2006

Durante las campañas electorales, entre enero y junio de 2006, la televisión y la radio destinaron a Andrés Manuel López Obrador más espacio que a cualquier otro candidato presidencial. Tanto en la cobertura de actividades electorales y de los partidos, como en los espacios pagados en medios electrónicos, el candidato de la “Coalición por el Bien de Todos” tuvo una exposición mediática más intensa que cualquiera de sus rivales.

El monitoreo realizado por el Instituto Federal Electoral en 347 noticieros y programas de comentarios en radio y televisión de todo el país entre el 19 de enero y el 30 de junio, encontró que en 6256 horas de contenidos transmitidos en esos espacios y alusivos a las campañas presidenciales, el 24.43% fue para la campaña de López Obrador. El 20.73% se refirió a la campaña del candidato del PRI, Roberto Madrazo. Y el 16.57% de ese tiempo estuvo destinado a cubrir actividades de Felipe Calderón, candidato del PAN.

Esa estimación clasificó aparte las piezas informativas referidas a más de un partido o que aludían a ellos de forma genérica (las cuales recibieron el 20.1% del mencionado espacio) y aquellas que mencionaban el proceso electoral pero no a un candidato o partido de forma específica y que tuvieron el 12.48%.

De acuerdo con la misma medición la candidata del Partido Alternativa, Patricia Mercado, recibió el 2.53% de todo el espacio en noticieros de radio y televisión del país. El candidato de Nueva Alianza, Roberto Campa, alcanzó el 2.27%. Todos estos porcentajes y las horas que implican los hemos calculado a partir de los datos, expresados en segundos, que el IFE publicó en su sitio web: www.ife.org.mx.

Escaso contenido negativo

Del total del tiempo evaluado menos del 4% (unas 246 de las 6256 horas que constituyeron el universo del monitoreo) estuvo compuesto por mensajes negativos ya fuese en contra de alguno de los candidatos o del proceso electoral mismo. De ese tiempo considerado como negativo casi la mitad (alrededor de 121 horas) estuvo ocupado por comentarios adversos a López Obrador. En otros términos, de las 1529 horas de exposición que el candidato de la Coalición encabezada por el PRD recibió en noticieros y programas informativos, casi el 8% fue de informaciones y comentarios desfavorables. Los contenidos de esa índole en el tiempo destinado a la campaña de Calderón alcanzaron el 3.6%. Y fueron el 4.9% del tiempo total que recibió Madrazo.

Con esas cifras, se puede considerar que la cobertura que la televisión y la radio les dieron a las campañas electorales resultó, en términos generales, equitativa. Los tres principales candidatos recibieron, cada uno, entre el 17% y el 25% del total de espacios destinados, en televisión y radio, a la elección presidencial. Si hubo algún beneficiado en esa cobertura fue López Obrador que tuvo, como hemos apuntado, un total de 1529 horas.

Calderón recibió espacios equivalentes a 1037 horas y Madrazo un tiempo total de 1297 horas. El candidato del PRD tuvo más menciones negativas pero incluso si el tiempo destinado a esa cobertura adversa se descontara del total de espacios que alcanzó, López Obrador seguiría recibiendo más exposición mediática que el resto de sus contrincantes.

El tiempo considerado como positivo en esa cobertura de la televisión y la radio fue casi marginal pero, también allí, López Obrador llevó la delantera: tuvo un total de 18 horas expresamente favorables en tanto que Madrazo recibió 11 y Calderón solamente 8 horas de contenido de esa índole.

Todos esos datos se refieren a la suma del tiempo que monitoreó la empresa Ibope por encargo del IFE y a partir de una metodología que conocieron y aprobaron los partidos políticos. Se trata de una evaluación en estaciones de radio y televisión en todo el país. Como es comprensible, tales cifras no reconocen los desiguales niveles de audiencia que hay entre las emisoras locales y las de alcance nacional. Por eso es útil asomarnos a datos más desagregados, que muestran el comportamiento de empresas y programas específicos.

Más horas para AMLO

Después de las elecciones, la Coalición por el Bien de Todos se quejó especialmente de la cobertura que la campaña de su candidato presidencial recibió en las televisoras nacionales. Sin embargo, en los noticieros de Televisa López Obrador ocupó un total de 111 horas, en cifras redondas. Madrazo tuvo 107 horas y Calderón 104. En Televisión Azteca el candidato con más cobertura en el conjunto de los noticieros fue Madrazo, con 27 horas y media. Calderón tuvo 25 horas y López Obrador algo más de 22.

En los noticieros más importantes de ambas cadenas la mayor cobertura también se la llevó López Obrador. En “Hechos” de la noche que se transmite en Canal 13 y conduce Javier Alatorre, el candidato de la Coalición que encabezaba el PRD tuvo el 27.34% de las 12 horas con 49 minutos que ese programa dedicó, entre el 19 de enero y el 30 de junio, a la cobertura de las campañas electorales. De ese tiempo, a Calderón y su partido les correspondió el 21.82% y a Madrazo y el PRI el 23.05%.

En esos 5 meses y medio, “El noticiero” de Joaquín López Dóriga en el canal 2 de Televisa destinó 15 horas con 57 minutos a los mismos temas. De ese espacio, López Obrador y su coalición recibieron el 18.87%; Calderón el 17.14% y Madrazo el 15.9%.

Si solamente tomamos en cuenta el tiempo destinado a candidatos y campañas –restando de él las notas y comentarios que hacían menciones generales a la organización del proceso electoral o a varios partidos– tenemos que los dos principales noticieros de la televisión mexicana le otorgaron a López Obrador y a la Coalición por el Bien de Todos el 33.38% de todo ese espacio. Calderón y su partido recibieron el 28.43%. Madrazo y la coalición formada por el PRI y el Partido Verde, el 28.13%. Patricia Mercado y Alternativa, el 5.6%. Roberto Campa y Nueva Alianza, el 4.47%.

Así que también en los espacios informativos de mayor audiencia de la televisión mexicana se registró una cobertura mayor para la campaña de la Coalición por el Bien de Todos en comparación con la que recibieron otros partidos y candidatos.

Noticieros de mayor audiencia

Esta ha sido la primera vez, en las elecciones recientes, que el PRD obtiene una atención tan amplia en los medios electrónicos. Durante las campañas para las elecciones presidenciales de 1988 los grupos que luego conformarían ese partido, agrupados entonces en el Frente Democrático que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas, recibieron solamente el 3.94% del espacio en los dos principales noticieros de la televisión. En 1994 ese mismo candidato obtuvo el 19.3% de tal cobertura. En 2000, el tiempo para el PRD aumentó al 22.89%. En 2006 fue, como hemos anotado, el 33.38%.

Cuando en 1988 tenía como candidato presidencial a Manuel Clouthier, el Partido Acción Nacional recibió únicamente el 3.48% del espacio en los dos noticieros de mayor audiencia. En 1994, con Diego Fernández como candidato, el 16.7%. En las elecciones de 2000 Vicente Fox y su partido tuvieron una cobertura equivalente al 31% del espacio en esos noticieros. En 2006, ese partido y Calderón, su candidato, alcanzaron un menor porcentaje de tal espacio, el 28.43% .

La cobertura que recibían las campañas del PRI hace apenas tres sexenios era sintomática de la concentración de recursos de toda índole a favor de ese partido. En 1988 la campaña presidencial de Carlos Salinas alcanzó el 92% del espacio en los noticieros principales en cada una de las cadenas televisivas. En 1994 Ernesto Zedillo tuvo el 32% de ese espacio. En 2000 Francisco Labastida y su campaña recibieron el 28.12% de tal cobertura y, seis años más tarde, Roberto Madrazo contó prácticamente con la misma porción, el 28.13%, del espacio en los dos programas de noticias más vistos en el país.

Los partidos más pequeños recibieron en 1988 el 0.87%, prácticamente nada, del mencionado espacio. En 1994, cuando hubo nueve candidatos presidenciales, el 32% de tal información en los dos noticieros. En 2000, el 18.3%. Ahora, a Nueva Alianza y Alternativa esos programas destinaron el 10.08% de la cobertura electoral. La metodología y las fuentes para la estimación de espacios televisivos en las campañas anteriores se encuentran en nuestro libro Mediocracia sin mediaciones que Cal y Arena publicó en 2001.

Propaganda pagada

Además de la atención que recibió en noticieros, la de López Obrador fue la campaña que más gastó en la compra de espacios en televisión. También con datos del IFE se puede decir que ese candidato adquirió el 40.48% de toda la publicidad pagada en televisión de todo el país. Eso, sin contar el programa diario que contrató en Televisión Azteca y a cuyas bajísimas tarifas nos referimos en Nexos de marzo pasado.

El desempeño de los medios en las campañas dará mucho que decir. Será útil que esa discusión esté apuntalada en datos verificables y no solamente en impresiones subjetivas o en apreciaciones ideologizadas.

Las campañas, sometidas al maniqueísmo mediático

Publicado en Zócalo de agosto de 2006

 Campañas de lodo, sentenciaron algunos. Discurso del miedo, dijeron otros. Disputa por el aburrimiento, pudieron decir algunos más. En todo caso, las intensas y extensas campañas políticas de este año han dejado exhaustos y, acaso, más confundidos de lo que se podría haber pensado a los ciudadanos mexicanos. Sometidos a una intensa y prácticamente forzosa exposición de mensajes, los votantes del próximo 2 de julio habrán conocido abundantes opiniones acerca de los candidatos presidenciales. Sabrán de la profesión de fe virtuosa que Andrés Manuel López Obrador repitió con tanta perseverancia que gracias a ella no pocos electores olvidaron, o quisieron soslayar, las cuentas turbias y los compañeros pícaros que tuvo cuando gobernó la ciudad de México. Los votantes habrán sabido de las manos limpias pero también del cuñado incómodo de Felipe Calderón, así como de la tentadora aunque inexplicada oferta para crear empleos que planteó ese candidato. De Roberto Madrazo, conocieron el casi épico pero previsiblemente vano esfuerzo para que los electores olviden los tiempos del PRI y lo consideren, sobre todo a partir de su promesa de mano firme contra los delincuentes, como un candidato eficaz. Habrán tenido noticia del tesón de Patricia Mercado para reivindicar una opción diferente a esa política tradicional, así como de la casi desesperada insistencia de Roberto Campa para que de los tres votos que podrán ejercer en las elecciones federales los ciudadanos le regalen aunque sea uno a su partido.

Presidencialismo y televisión

Lo que casi nadie sabe al cabo de esas intensas y trasegadas campañas es cómo gobernarían, con qué principios, para cuáles propósitos o al menos acompañados de cuáles mujeres y hombres esos aspirantes a la Presidencia de la República. Las ofertas programáticas nunca han sido el fuerte de las campañas políticas y mucho menos cuando están fundamentalmente acotadas por el cernidor de los medios de comunicación. En nuestro país la prolongada hegemonía priista y luego los recientes años de sorpresa y desconcierto bajo el gobierno de otro partido, nos impidieron consolidar una auténtica cultura de la competencia política. Los ciudadanos han sido asumidos por candidatos y partidos –y desde luego por los intermediarios mediáticos– como espectadores y no partícipes de la contienda electoral. Ellos mismos se han conformado con ese papel, aferrados al subterfugio de que la política es tan desagradable que deliberadamente se mantienen alejados de ella.

Podría creerse que al concebir a la política como una actividad o como un territorio que les dejan a otros, los ciudadanos manifiestan el natural hartazgo que surge ante la retahíla de dimes y diretes en que se han convertido campañas como las que hemos tenido en 2006. Pero compelidos a tomar partido, los posibles votantes del 2 de julio asumen definiciones que los colocan más allá de la simple contemplación de una contienda ajena. De una u otra manera saben que de esa elección depende al menos en parte la situación del país y de sus familias mismas.

La tensión creada por una confrontación partidaria que apostó a descalificar mucho más que a convencer generó, a su vez, la sensación de que nos encontramos en un momento límite de la historia mexicana. Cada cual a su manera, los partidos apostaron a la idea –o a la sensación, más bien– de que los comicios del primer domingo de julio serían un parteaguas en la situación nacional. Casi nadie ha advertido que, quienquiera que gane, tendrá que gobernar el país que ahora tenemos y que no habrá un México súbita ni drásticamente reconstruido, ni demolido, por los aciertos o pifias de quienes se hagan cargo de la administración pública. Las campañas de 2006 han redimido la imagen totémica de un presidencialismo que sigue siendo eje y dínamo del sistema político mexicano con todo y la transición democrática por la que hemos avanzado.

Presidencialismo y medios se han complementado, más como producto de las circunstancias que a consecuencia de un plan maquinado en las cúpulas políticas y comunicacionales. Al primero, los medios le han permitido propagar una imagen antes que nada omnipresente y además convenientemente ubicua, arbitral o patriarcal, según sea el caso. Una de las muchas fallas de Vicente Fox en el encargo que de manera tan penosa cumplió durante el sexenio que está por terminar fue creer que le bastaría estar en los medios para que su imagen, prácticamente por sí sola, mantuviera consensos y resolviera diferendos. Pero para conjugar los verbos gobernar y comunicar hacen falta varios sustantivos (podríamos pasar largo rato enumerando algunos de los atributos que hicieron falta durante estos años).

Personificación, forma y fondo

Mientras el sexenio concluía, las campañas políticas promovieron una inopinada reivindicación del presidencialismo. El formato impuesto por los medios, las exigencias de la mercadotecnia, la simplificación que siempre es antagonista de los matices y especialmente el tono de confrontación que creó campos, clientelas y encasillamientos maniqueos, se conjuntaron para que en vez de proyectos tuviéramos protagonistas durante estas campañas. La personalización de la política es consustancial a la mediatización y al marketing contemporáneos, pero en sociedades con alguna sofisticación o densidad políticas los candidatos son personajes emblemáticos de formaciones ideológicas o de corrientes específicas.

A Jacques Chirac se le asocia con el conservadurismo francés, de la misma manera que a George W. Bush con la ideología individualista del Partido Republicano o a José Luis Rodríguez Zapatero con la modernización socialdemócrata europea. En cambio Andrés Manuel López Obrador no es exponente de una posición ideológica ni mucho menos histórica que se puedan considerar definidas. Se dice seguidor del liberalismo juarista pero su partido se reivindica como parte de las izquierdas y tiene propuestas económicas que podrían considerarse populistas (el uso que anunció que haría del gasto público) y en algunas otras ocasiones neoliberales (como las propuestas, o la ausencia de ellas, respecto de las televisoras privadas). Felipe Calderón encarna posiciones que en aras de la descripción expedita pueden considerarse de derecha (como el rechazo sin matices al aborto) pero ofreció una política social de otro corte. Roberto Madrazo es quizá, de los tres, el candidato que más se ciñó a la ortodoxia de su partido y en tal virtud tiene posiciones ideológicamente movedizas y una conducta a veces camaleónica. Incluso a la campaña de Patricia Mercado, abanderada de una propuesta de renovación de las formas tanto como del discurso políticos, le resultó imposible alejarse de la personificación desmedida.

Posiblemente el éxito de esa candidata, al menos en la temporada previa a los comicios del 2 de julio, se deba a que amalgamó la forma con el fondo mejor que cualquiera de los otros candidatos. Mercado ofreció una imagen de frescura y llaneza, emblemática de la nueva política que su partido (a pesar de sus afrentosas disputas intestinas) se ha esforzado en proponer. En cambio el empeño de López Obrador para ofrecer un talante de rectitud, el de Calderón para mostrar las manos limpias o el de Madrazo en pos de un perfil simplemente distinto al del PRI tradicional resultaban poco verosímiles.

En todos esos casos, las promesas que ofreció cada uno de los candidatos dependían de su llegada a la cima del poder político. Esa personalización extrema no sólo de las campañas sino, así, de su desembocadura, ha tenido algo de la vieja y patrimonialista política mexicana y mucho del encumbramiento mediático que sacraliza protagonistas con tanta velocidad como los desplaza del público. El sistema mediático produce intérpretes más que historias, lo mismo en las telecomedias que en los noticieros.

Convocan a los prejuicios, no a los juicios

Convertidos en celebridades mediáticas, los candidatos presidenciales tuvieron que hacer permanentes esfuerzos para no dejar de estar en el centro de la plataforma televisiva y radiofónica. El recurso que a sus equipos de campaña les resultó más sencillo y aparentemente más redituable (al menos en el corto plazo) para conservar la presencia mediática fueron el discurso estridente y, de cuando en cuando, la impugnación golpeadora. Uno y otra, aderezados con pizcas de estudiada espontaneidad, fueron mostrados en foros mediáticos de toda índole.

Los candidatos transitaron de los noticieros a las series cómicas y, de vuelta, pasaron por los programas de habladurías que tanto se han extendido en la radio y la televisión. Una exposición tan versátil tenía que imponer contradicciones porque no es sencillo convencer a los televidentes de que el mismo personaje que en los programas serios descalifica a sus rivales y se propone como la salvación del país, en los espacios cómicos o en los de murmuraciones se resguarda con una máscara de histrionismo. Los telespectadores actuales han sido formados en una construcción dramática y mediática que habitualmente coloca a hechos y personajes simplemente en blanco y negro, sin gradaciones. Así que en una contienda política que apostó al enfrentamiento y a la descalificación maniqueas, no resultó sorprendente que entre los adherentes de unos y otros candidatos se propagara una polarización más vehemente que incluso dentro de los partidos. La discordia que estas campañas dejan en la sociedad mexicana será quizá el escollo más importante que tendrá el próximo Presidente. Los medios no crearon esa polarización pero la acicatearon e, incluso, la aprovecharon con notorio desenfado.

El maniqueísmo mediático, al servicio de esas campañas bravuconas y frívolas, propagó estereotipos que habrán dejado alguna huella. El PAN nunca demostró con claridad el carácter devastador que tendrían las propuestas económicas de López Obrador o la falta de transparencia en sus decisiones, pero ese candidato quedó estigmatizado como irresponsable e incluso peligroso. El PRD no llegó a documentar de manera fehaciente el tráfico de influencias que les imputaba a Calderón y a su familia pero, para sus adversarios, esas denuncias mostraron un rostro oculto del candidato panista. Madrazo se esforzó para ser precavido y cosechar, con una imagen de mesura, en el río revuelto que agitaban sus contrincantes. Ante campañas que apuestan más a los prejuicios que al juicio de la gente, no es difícil suponer que los dichos sin sustento, a fuerza de repetirse, hayan calado entre no pocos votantes del 2 de julio.

Hay que recordar –claro– que, más que televidentes, esos electores son ciudadanos y tienen capacidades de discernimiento y albedrío que van más allá de las insinuaciones mediáticas. No sabemos en qué medida la propaganda, la información y la murmuración habrán influido en la decisión del 2 de julio. Pero pareciera indiscutible que después de estas campañas los ciudadanos están exhaustos de la política –o, mejor dicho, del estilo pendenciero al que ha sido confinado el quehacer político–. La comparación se ha vuelto malévolo lugar común pero es inevitable: en el terreno del espectáculo al que fueron conducidas por la voracidad mediática y la impericia de los partidos, las campañas presidenciales fueron superadas –con razón– por la emoción y la gracia del futbol.

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Publicado en Zócalo de agosto de 2006

La polarización suscitada por el enfrentamiento entre las dos principales fuerzas políticas del país encontró en los medios espacios para reproducirse, socializarse e incluso acrecentarse. Los medios de comunicación más importantes se convirtieron en voceros, a veces acríticos y en ocasiones intencionados, de los discursos de animadversión y encono desplegados por adherentes tanto de la Coalición por el Bien de Todos –que postuló la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador– como de Felipe Calderón y del Partido Acción Nacional. Entre las últimas semanas de las campañas electorales y las que prosiguieron a los comicios del 2 de julio se pudieron apreciar tendencias como las siguientes.

1. Portavoces de la crispación. El clima de enfrentamiento no fue creado por los medios pero fue propagado, a menudo sin el contexto que les permitiera a sus audiencias aquilatar esos acontecimientos con mejores recursos de información y opinión, en los principales espacios tanto en la radiodifusión como en la prensa escrita de nuestro país. Actores políticos, partidos y candidatos, pero además comunicadores y medios, se solazaron durante varias semanas en la irradiación de los resentimientos de unos y otros. Aunque con alguna frecuencia deploraban la ausencia de proyectos e ideas, conductores y comentaristas quedaron atrapados en la espiral de pugnas suscitadas en el diferendo partidario.

2. Ensalzamiento de trivialidades. Los principales candidatos a la Presidencia no supieron eludir lugares comunes y discursos huecos. Eso no resultó novedoso en un panorama político definido por la ausencia de una auténtica deliberación. Pero la indigencia discursiva favoreció, entonces, el enfrentamiento y las descalificaciones.

La propaganda negativa que se dispensaron unos y otros apelaba a las emociones en detrimento de la construcción de un electorado racional. Tampoco ese comportamiento resultó inédito. Los medios, a su vez, poco o nada hicieron para atajar esa dinámica de excesos crecientes. En distintas ocasiones algunos medios, incluso, les atribuyeron a incidentes y denuncias baladíes una relevancia que de otra manera no habrían tenido.

Un ejemplo: la noche del 2 de julio se conocieron, sucesivamente, el mensaje del consejero presidente del Instituto Federal Electoral anunciando que no informaría de las tendencias de la votación porque eran tan estrechas que no permitían identificar claramente a un vencedor de la elección presidencial e, inmediatamente después, una alocución del Presidente de la República comentando esa situación. El hecho de que el presidente Vicente Fox haya estado enterado de ese dilema fue tachado en numerosos medios como supuesta demostración de la falta de independencia del organismo electoral respecto del gobierno federal. No había transgresión ni subordinación alguna en el hecho de que el IFE le hubiera notificado al gobierno federal la tendencia de los votos ni era esta la primera elección presidencial en la que había ese intercambio de información. Solamente en un contexto de intensas suspicacias, que los medios lejos de atenuar contribuyeron a exacerbar, se le pudo dar tanta importancia a esa situación que no implicaba merma alguna en la autonomía del organismo electoral.

3. Multiplicación de acusaciones huecas. Nunca se demostró –por lo menos hasta ya avanzada la segunda mitad de julio– que Felipe Calderón, cuando fue funcionario público, hubiera beneficiado a algún familiar suyo. Tampoco se ofrecieron evidencias de que el PAN tuviera capacidad para modificar los datos del padrón electoral. Sin embargo antes de las elecciones proliferaron especialmente en algunos noticieros radiofónicos, versiones como las relativas al asunto Hildebrando o las acusaciones sobre la existencia de un sistema de cómputo paralelo al que controlaba la autoridad electoral.

El hecho de que medios profesionales, de probada experiencia en la búsqueda y comunicación de noticias, accedieran a propagar versiones sin confirmar y que a simple vista resultaban absurdas (como el hecho de que el password para entrar al sitio de Internet en donde había información presuntamente incriminadora fuera el nombre del denostado cuñado del candidato presidencial panista) daba cuenta de la manera como la desconfianza y las simpatías partidarias dominaron en algunos espacios informativos.

La parcialidad hacia versiones que favorecían la campaña de la Alianza por el Bien de Todos en espacios radiofónicos como el que conduce la periodista Carmen Aristegui en W Radio –que pocos días antes de las elecciones difundió versiones sin comprobar acerca de esos temas– fue equiparable a la inquina que otros noticieros, como los de Oscar Mario Beteta y Eduardo Ruiz Healy en Radio Fórmula, han sostenido contra López Obrador.

4. Sobredimensionamiento de las encuestas. En busca de afirmaciones concluyentes, o aturdidos en medio del estrépito que estaba dominando al escenario nacional, los medios y el mundo político magnificaron, para luego vilipendiar, la importancia de los estudios de opinión. Las encuestas son un instrumento que permite conocer tendencias e inflexiones en las opiniones de los ciudadanos. Como tales, se han convertido en recursos indispensables para hacer y entender la política contemporánea.

En esta temporada electoral, sin embargo, a las encuestas se les llegó a considerar prácticamente como oráculos de lo que sucedería el 2 de julio. La ausencia de un verdadero debate con posiciones claras e incluso la falta de auténticos acontecimientos que pudieran reportar a sus auditorios, explica en parte ese sobredimensionamiento que los medios hicieron de las encuestas. Pero también el empecinamiento de candidatos y partidos no sólo para medir su desempeño sino, además, anticipar presuntos triunfos con datos de encuestas que en rigor no resultaban suficientes para vaticinar el desenlace electoral, condujo a la centralidad que se les dio a tales estudios meses antes de los comicios.

El resultado, fue una mayor confusión debido a las limitaciones propias de las encuestas que jamás permiten conocer el futuro sino, únicamente, evaluar el comportamiento en los puntos de vista de los ciudadanos así como a la utilización de metodologías diferentes que impedían hacer comparaciones rigurosas entre unas y otras. Hubo además una intencional politización que condujo a ofrecer datos falsos, o por lo menos sin bagaje metodológico alguno que los respaldara, como las supuestas encuestas de las que se ufanaba López Obrador. La descalificación ideologizada del trabajo de empresas profesionales cuyos datos eran desdeñados porque no coincidían con las expectativas de ese candidato, abonó también en ese desconcierto. Después de las elecciones ha podido constatarse que las tendencias que algunas de esas empresas mostraron desde meses antes apuntaban a una elección muy cerrada, con diferencia de pocos centenares de miles de votos, como la que registró el cómputo que el IFE hizo de los sufragios del 2 de julio. Esos estudios de opinión no anticiparon claramente ganador alguno (ninguna encuesta seria anuncia un resultado electoral) pero revelaron que las simpatías por los dos candidatos con mayor intención de voto tenían diferencias de pocos puntos porcentuales o incluso menos.

5. Equidad antes del 2 de julio. La cobertura de las campañas de los cinco candidatos presidenciales fue, en términos generales, equilibrada. Los principales programas informativos les dieron espacios similares, especialmente a Calderón, López Obrador y a Roberto Madrazo –el candidato de la coalición encabezada por el PRI–. Con datos como los que ofrece el monitoreo encargado por el Instituto Federal Electoral –y de cuyos resultados finales esperamos poder dar cuenta en una próxima colaboración– se puede decir que no se advierten sesgos especialmente notables a favor de uno u otro de esos candidatos.

Ese comportamiento, al menos de las dos cadenas nacionales de la televisión comercial y en algunas radiodifusoras nacionales, puede deberse a un intencional afán para ofrecer espacios relativamente equitativos a cada una de las tres campañas principales. Pero muy posiblemente también influyó la cada vez más estrecha relación entre la contratación de publicidad política y las “bonificaciones” que algunas empresas de radio y televisión les ofrecieron a los partidos. Debido a esos tratos, algunos de los espacios informativos y especialmente la incorporación de entrevistas e incluso comentarios en distintos programas, obedecieron a consideraciones mercantiles y no a las políticas editoriales de tales empresas.

La imbricación entre dinero, campañas y preferencias políticas en el trato entre partidos y medios de comunicación tendrá que propiciar indagaciones más meticulosas y, deseablemente, medidas legislativas para atajar favoritismos que podrían haber transgredido las actuales disposiciones electorales. Se puede mencionar el trato preferencial que Televisión Azteca le dio al PRD al venderle, a una cincuentava parte de la tarifa que les había comunicado a los partidos, el espacio para el programa de media hora diaria que López Obrador mantuvo todas las mañanas durante varios meses en una de las cadenas nacionales de esa empresa. Gestos como ese hacen imposible tomar en serio las denuncias de López Obrador cuando dice que los medios electrónicos no fueron equitativos con él.

6. Posiciones después de los comicios. Una vez que transcurrieron las votaciones del 2 de julio, diferentes medios y comunicadores expresaron posiciones acerca del diferendo postelectoral, especialmente para solicitar moderación al candidato de la Coalición por el Bien de Todos. En varias entrevistas con López Obrador, conductores como Joaquín López Dóriga tuvieron una actitud inquisitiva que molestó a no pocos partidarios de ese candidato. Y el domingo 9 de julio en el Canal 2 de Televisa, durante la última emisión del programa “El derecho de mandar” que durante varios meses presentó caricaturizaciones habitualmente burdas y simplonas de los candidatos presidenciales y otros personajes políticos, uno de los actores le endilgó al personaje que imitaba a López Obrador una catilinaria exhortándolo a que no pretendiera la anulación de las elecciones. Para entonces los reclamos de ese candidato eran muy intensos y se hablaba, en efecto, de un cuestionamiento general a los comicios del 2 de julio.

Las posiciones manifestadas en esos y otros espacios en los medios de radiodifusión ameritan, entre otros, cinco señalamientos. A) Esas posturas fueron publicitadas después de las elecciones y no antes. Aunque la legislación mexicana no obliga a los medios de comunicación a ser imparciales en el tratamiento de la información electoral, se puede considerar que lo fueron en la cobertura de las campañas. Las posiciones que expresen después de los comicios no afectan intención de voto alguna. B) Es imposible saber en qué medida esas definiciones públicas influyen en los ciudadanos, especialmente cuando son manifestadas por un cómico. Suponer que los telespectadores son absolutamente vulnerables a las opiniones que escuchan en los medios electrónicos implicaría reconocer que son, en esa materia, menores de edad y que no discriminan entre las numerosas opiniones que reciben, en los medios y fuera de ellos, acerca de los asuntos públicos. C) Durante varios años en la gran mayoría de los medios de comunicación, incluyendo a conductores y reporteros, hubo una notoria condescendencia con los desplantes y exigencias de López Obrador. La docilidad con que periodistas y medios aceptaban las desatenciones del entonces jefe de Gobierno del DF cuando ofrecía sus conferencias de prensa matutinas hubiera sido impensable delante de cualquier otro personaje político en México. Quizá entre las muchas cosas que terminaron el 2 de julio se encuentra el acrítico beneplácito que López Obrador encontró en el entramado mediático de nuestro país. D) Exhortar a que un candidato ciña sus exigencias postelectorales al marco de la ley no sólo no resulta excesivo sino que, en circunstancias como la que se abrió en el panorama mexicano después del 2 de julio, parece de la mayor necesidad. E) Esas definiciones y opiniones son expresión de puntos de vista que resulta legítimo manifestar.

Sé que las tesis de este artículo resultan políticamente incorrectas. En distintos circuitos de la sociedad mexicana, a la que no son ajenas algunas zonas del campo académico y de la observación crítica de los medios, ha campeado la sensación de que, en el proceso electoral de 2006, el voto de los medios favoreció a Felipe Calderón y perjudicó a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo los datos, así como el examen de dicho comportamiento mediático, indican otra cosa. Es inevitable que las simpatías y, en este caso, también las animadversiones políticas, repercutan sobre el análisis. En medio de la crispación que se ha cernido en la vida pública mexicana quizá sea demasiado pedir que el corazón no nuble demasiado a la razón. Pero hay que intentarlo.

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Versión ampliada de la participación preparada para una mesa redonda sobre el conflicto post-electoral a la que convocó el Partido Alternativa y que se realizó el jueves 27 de julio.

 El 2 de julio tuvimos elecciones limpias, legítimas, legales. Votamos 6 de cada 10 mexicanos inscritos en el padrón. Los sufragios fueron contados y el cómputo fue conocido de acuerdo con las previsiones que la ley establece. Los principales grupos de observadores internacionales ponderaron la transparencia de estas elecciones. Ni durante la jornada electoral, ni en los días posteriores, se supo de un solo incidente que pusiera en riesgo la integridad o el cómputo de los sufragios. Las reglas que tenemos para elegir a nuestros gobernantes –y que, como se sabe, establecen sofisticados y  profusos candados para evitar el fraude– funcionaron al pie de la letra. Hacia la media noche del domingo 2, el presidente del IFE se abstuvo de ofrecer las tendencias registradas en los conteos rápidos de la votación por la Presidencia de la República porque la diferencia entre los dos candidatos punteros era tan estrecha que no permitía establecer un claro ganador. Durante las horas y días siguientes se fueron propagando, sin cesar, los resultados en cada una de las más de 130 mil casillas instaladas en todo el país. El Programa de Resultados Preliminares permaneció abierto durante casi todo el lunes hasta reunir datos del 98.37% de las casillas. El miércoles 5 de julio, cuando fueron computados los resultados de cada casilla, esa información también se conoció de manera inmediata conforme era confirmada en cada uno de los 300 distritos electorales. Con esos datos, la tarde del jueves 5 el IFE pudo dar a conocer de manera oficial, y siempre en cumplimiento de su obligación legal, los resultados de la votación. Gracias a esa información se confirmó que el candidato que había recibido más votos y con una diferencia de menos del 0.6% respecto de su rival más cercano era el panista Felipe Calderón Hinojosa.

   Nadie ignoraba que la declaración formal que confiere el nombramiento de presidente electo la extiende el Tribunal Federal Electoral, una vez desahogadas las impugnaciones que se le hubieran presentado. Pero saber con toda precisión la suma de los votos en las 130 mil 477 casillas que funcionaron el 2 de julio era un derecho de la sociedad que la autoridad electoral tenía la responsabilidad de acatar.

   En ese proceso el IFE sufrió dos equivocaciones. Una, cuando la noche del 2 de julio no explicó, con el detalle que hubiera sido necesario, la decisión que le impusieron los partidos para no dar a conocer los resultados de los conteos rápidos porque la distancia entre los dos candidatos que iban adelante era demasiado pequeña. La otra, al no informar con claridad ni oportunidad el procedimiento que la autoridad electoral, con acuerdo de los partidos, seguiría para separar de la contabilidad del Programa de Resultados Preliminares los votos contenidos en las actas que mostraban algún error cometido cuando fueron llenadas. La creación del “archivo de inconsistencias” era desconocida para la mayoría de los ciudadanos pero no así para los partidos políticos. Cuando el PRD y su candidato presidencial denunciaron el faltante de casi 3 millones de votos –en realidad eran 2 millones 581 mil– en las sumas mostradas por el PREP, actuaron de mala fe porque sabían que no se trataba de una irregularidad –más tarde se comprobaría que algunas de las consultas realizadas a ese archivo de inconsistencias que estaba disponible en Internet fueron realizadas por gente del PRD–.

Las quejas de López Obrador

   Tal vez la desconfianza condujo al dolo, o quizá fue al revés. En todo caso, desde el 3 de julio los dirigentes y el candidato presidencial de la llamada Coalición por el Bien de Todos se han empeñado en propalar una gran y muy grave cantidad de infundios acerca del proceso electoral. Una síntesis de esas acusaciones se encuentra en la carta que Andrés Manuel López Obrador le envió el 24 de julio a Felipe Calderón. Conviene revisarlas punto por punto (la numeración de esas imputaciones es nuestra) porque el litigio actual se desenvuelve, en buena medida, a partir de tales denuncias.

   1. Durante la campaña el Consejo General del IFE actuó de manera facciosa [1]. Esa es, antes que nada, una acusación extemporánea. Durante toda la campaña, López Obrador y la coalición que lo respaldó reconocieron el trabajo de las autoridades electorales y en varias ocasiones se comprometieron a respetarlo. El hecho de que ahora subrayen tal imputación, sin prueba alguna que la respalde pero repitiéndola con asiduidad, permite reconocer que ese candidato y su coalición no quieren una revisión seria de los resultados en las urnas sino la descalificación de todo el proceso electoral, comenzando por desacreditar a las autoridades que lo rigieron.

   2. La publicidad en los medios de comunicación no fue equitativa. Esa afirmación se desmorona cuando se examinan los resultados del monitoreo que el IFE encargó para contabilizar la propaganda política transmitida en los medios electrónicos entre enero y junio. La contratación de mensajes promocionales fue decisión de cada partido, de acuerdo con sus estrategias de campaña y sin más limitación que los recursos financieros de los que cada uno de ellos pudo disponer. De todos los mensajes en televisión pagados y específicamente destinados a promover a los candidatos a la Presidencia (los cuales sumaron un total de 40 mil 305 anuncios) el 25.86% era de la campaña de Roberto Madrazo, el 29.53% de la campaña de Felipe Calderón y el 40.48% eran anuncios pagados de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. El 3.6% de esos mensajes anunciaba la campaña de Roberto Campa del Partido Nueva Alianza y el 0.51% la campaña de Patricia Mercado, de Alternativa.

   Esos anuncios ocuparon un tiempo total 904 607 segundos, o sea algo más de 251 horas. De ese tiempo de publicidad pagada en televisión el 30.54% correspondió a la campaña del candidato presidencial del PRI, el 30.43% a la promoción del candidato del PAN y el 35.28% a la campaña del candidato a la Presidencia que postuló la Coalición por el Bien de Todos.

   En el caso de la radio, en cambio, la campaña de Felipe Calderón tuvo una presencia mayor: ocupó el 45.83% del total de anuncios pagados y el 39.66% del tiempo en el que fueron transmitidos esos mensajes. Se trató de un total de 233 352 mensajes pagados por todos los partidos y que ocuparon algo más de 4 millones 763 mil segundos (es decir, 1323 horas). De esos mensajes el 25.46% fueron de la campaña de Roberto Madrazo y el 25.88% de la campaña de López Obrador. El 1.44% de los anuncios en radio fueron contratados por la campaña de Campa y el 1.37% por la campaña de Patricia Mercado.

   En otros términos, la campaña del candidato presidencial del PRD pagó 4 de cada 10 anuncios en televisión y 2 y medio de cada 10 anuncios en radio. Es difícil hablar de inequidad cuando esa publicidad se pudo contratar libremente y especialmente cuando en el medio más costoso, que es la televisión, López Obrador fue el candidato presidencial que más recursos invirtió.

   3. Se gastó dinero a raudales, de procedencia desconocida, y se rebasaron por mucho los topes establecidos por la ley, dice López Obrador en relación a la campaña de Calderón. Pero hasta ahora no se han conocido datos que sustenten esa afirmación. Al menos en la contratación de espacio en medios electrónicos, que distintas estimaciones consideraron que habría ocupado entre el 60% y el 70% de los gastos de los partidos durante las campañas de 2006, López Obrador desembolsó más recursos que Calderón.

   4. Grupos de intereses creados pusieron en práctica un activismo ilegal. Durante las campañas, y especialmente en los últimos días antes del 2 de julio, se conocieron expresiones de sectores que se alineaban con algunos de los principales candidatos presidenciales. El Consejo Coordinador Empresarial pagó anuncios en televisión para alertar acerca del riesgo que supondría la modificación del modelo que ha orientado a la economía del país. Esos mensajes, aunque no mencionaban a candidato alguno, pudieron ser entendidos como respaldo a Calderón. Junto a ellos, se conocieron las expresiones de distintos grupos sociales –entre ellos los dirigentes de algunos sindicatos– que expresaron abiertamente su adhesión a López Obrador. Desde luego hubo grupos de intereses, como les llama ese candidato, que se manifestaron políticamente. Pero entre tales expresiones algunas favorecieron al candidato del PAN y otras al candidato del PRD.

   5. Se recurrió a la “guerra sucia”, a la mentira y a las campañas del miedo. En eso tiene toda la razón López Obrador, aunque si fuésemos rigurosos sería excesivo hablar de guerra sucia que es un término que remite a épocas y prácticas de represión que por fortuna hace tiempo dejamos de padecer en México y América Latina. A ese candidato se le olvida decir que las tres principales fuerzas políticas, incluyendo la que lo respalda, emplearon la infamación y la exageración como recursos de campaña. Contra él, se recordaron acciones y omisiones suyas especialmente cuando fue jefe de Gobierno de la ciudad de México y se le tildó de ser una amenaza para México. Esas podían ser –y fueron– afirmaciones discutibles. Pero hasta donde recordamos la propaganda contra López Obrador no estuvo sustentada en mentiras –seguramente fue exagerada, pero no necesariamente falsa, la equiparación de ese candidato con el estridente mandatario venezolano Hugo Chávez–.

   En cambio la campaña que los partidarios de ese candidato enderezaron contra Calderón sí dependió, en buena medida, de la utilización de falsedades. Los publicistas de la Coalición por el Bien de Todos manipularon, colocándolas fuera de contexto, escenas y frases de Calderón. A ese candidato, López Obrador lo culpó de haber favorecido ilegalmente a varios de sus familiares y nunca demostró tal acusación. Las versiones sobre los negocios presuntamente sucios de Hildebrando, así como la especie de que esa empresa tenía acceso al padrón electoral –lo cual, dicho sea de paso, no hubiera implicado irregularidad formal ni posibilidad de manipulación algunas– resultaron vistosos artificios propagandísticos que ocuparon amplio espacio en los medios y repercutieron en contra de la campaña de Calderón pero nunca fueron demostrados. Si alguien puede quejarse de una campaña sucia y mentirosa en su contra antes e incluso después del 2 de julio, es el candidato del PAN y no López Obrador. Luego de las elecciones, el empleo de la insidia por parte de algunos simpatizantes de López Obrador se ha extendido en cierta medida, en este caso con endebles argumentos misóginos y sectarios, en contra del Partido Alternativa y de su candidata presidencial.

   6. Se usaron los programas sociales del Gobierno federal y otros recursos públicos en apoyo a su candidatura. Tampoco esa afirmación ha sido demostrada. Hablar de “los” programas sociales, es decir de todos ellos, resulta por lo menos desmedido. El empleo de recursos de la política social para favorecer a los candidatos del gobierno en turno era frecuente cuando no se podía asegurar la secrecía y la libertad del voto. En la medida en que el sufragio lo decide cada ciudadano, las presiones de índole clientelar dejan de ser eficaces. En todo caso, si se hubiera de revisar el empleo de recursos gubernamentales para apoyar a un candidato sería preciso incluir en esas prácticas al gobierno de la ciudad de México.

   7. Fue pública y notoria la injerencia del Presidente de la República para golpearnos. Lo notorio y público fue el activismo del presidente Vicente Fox, pero no existen evidencias de que sus alusiones en supuesto respaldo al candidato de su partido hayan, realmente, golpeado a López Obrador. Incluso, quizá podría establecerse alguna relación entre las declaraciones del presidente y la intención de voto a favor del candidato de la Coalición por el Bien de Todos. Mientras más hablaba, el presidente Fox más perjudicaba al candidato del PAN. En todo caso, alusiones como las que formulaba Fox pueden haber sido incómodas, obtusas e incluso ordinarias, pero no fueron ilegales.

   8. Hubo manipulación en los sistemas de cómputo electoral y se falsificaron resultados en miles de actas de escrutinio. Las especulaciones y necedades que se han propagado a este respecto han sido tan asombrosas como dañinas para la confianza social en las elecciones. Durante varias semanas, alentada por la especulación mediática pero sobre todo por especialistas de dudosas calificaciones académicas, se habló de la existencia de un “algoritmo” que habría modificado el cómputo de la votación presidencial –aunque nadie explicó por qué quienes podrían haber querido favorecer de esa manera a Calderón se tomaron tanta molestia para que solamente ganara por una pequeña diferencia de votos–. Se diseñaron embrolladas versiones acerca del comportamiento en el flujo de la información de las casillas como si se tratase de datos que brotaban al azar y no, como sucedió, de acuerdo a diversas y nada aleatorias circunstancias –la ubicación geográfica de las casillas, la lentitud o presteza de los responsables de cada una de ellas para contar los votos, la decisión o no de los consejos distritales para abrir los paquetes, etcétera–.

   La especie de la manipulación cibernética ha estado apuntalada en la suspicacia pero no en hechos verificables cuando, de haber existido, nada sería más rastreable que cualquier alteración informática porque las modificaciones de esa índole siempre dejan huellas. Lamentablemente para quienes invirtieron imaginación y fantasía acerca de una falsificación tecnológica, el propio López Obrador declaró el 17 de julio que el fraude había sido “a la antigüita” y no cibernético.

Incongruencias, incompetencias

   Como en esa, en cada vez más ocasiones el candidato del PRD se contradice, se enmienda a sí mismo, tropieza con sus declaraciones, lo mismo reivindica que vilipendia a quienes lo representaron en las casillas, un día insiste en que nadie puede declararse ganador y al otro se proclama presidente de México. La irritabilidad, las contradicciones, su patética ausencia de proyecto político, el patente caudillismo que ejerce sobre sus seguidores, el rechazo a la autoridad electoral cuando se supo perdedor, la reticencia a comprometerse con la decisión del Tribunal, confirman las aprensiones de quienes hace largo rato alertaron –advertimos– contra las carencias y excesos políticos y personales del candidato presidencial del PRD.

   Hay quienes encuentran en López Obrador la recuperación del componente popular que hace tiempo perdió gran parte de la política mexicana. Algunos, se reconocen en las promesas de política social que han aderezado su discurso, aunque sin las medidas de política económica que harían posible un gasto público capaz de satisfacer las muchas promesas que hizo en su campaña. Muchos de sus simpatizantes le agradecen a López Obrador ayudas como la que estableció para los viejos, como si se tratara de recursos suyos de los cuales se hubiera desprendido para socorrer a los pobres. Hay quienes lo respaldan porque lo identifican con la izquierda.

   Entre los diversos perfiles que ha logrado construir, el más exitoso es aquel que lo presenta como redentor de los mexicanos más desamparados. El solo hecho de que hablar de los pobres haya sido una novedad, da cuenta de la indiferencia de las campañas de todos los partidos respecto de los rezagos sociales que agobian al país. López Obrador supo dar la impresión de que mientras la mayoría de los políticos se dedicaban a lucrar y maltratarse entre ellos, él se afanaba en socorrer a los necesitados. Que esa imagen prenda en sectores de la población abandonados o desengañados ante los fracasos del PRI y el PAN, ha sido comprensible. Los numerosos abusos perpetrados por gobernantes que llegaron al poder gracias al Revolucionario Institucional y las imperdonables ineptitudes de no pocos gobernantes miembros de Acción Nacional –comenzando por el presidente Fox– pavimentaron el camino electoral de López Obrador y su partido. En esas condiciones de disgusto ante la política convencional y desagrado con los saldos de la política económica se pudo consolidar la figura mesiánica, que aprovecha recursos del viejo clientelismo y moderniza algunos rasgos del ya conocido populismo, de Andrés Manuel López Obrador.

   La reivindicación de los pobres es un acierto en la actitud de ese candidato. Pero a los pobres López Obrador los quiere como clientela más que como destinatarios de políticas sociales específicas.  Y ese comportamiento, el talante personal de su dirigente y candidato, la oquedad de su programa político, la veleidad en su desempeño, la heterodoxia de sus alianzas y el mesianismo con que actúa especialmente cuando se enfrenta a situaciones difíciles, hacen imposible considerar, con seriedad, a López Obrador como un político de izquierda. A menos que las izquierdas hayan cambiado tanto que hayan perdido el perfil, el proyecto y sobre todo la ética que las definía, resulta insostenible reconocerle esa calidad al candidato de la Coalición por el Bien de Todos.

   Por lo pronto, López Obrador se muestra como un político ambicioso y ansioso, incapaz de capitalizar los nada desdeñables triunfos que su partido logró en las elecciones del 2 de julio. Consolidarse como la segunda fuerza política del país con 127 diputados y 29 senadores (en comparación con los 97 y 15 que tenía en la Legislatura que está concluyendo) [2] además de haber conservado el gobierno de la ciudad de México, son logros de los cuales el PRD se podría ufanar si no fuese un partido concentrado en un solo objetivo y orientado por una sola voluntad personal.

   Lo mismo se puede decir del despeñadero a donde López Obrador está llevando a su partido. Al negarse a respetar a una autoridad electoral que cumplió con las tareas y los plazos que le indica la ley, López Obrador se enfila a un callejón sin salidas legales ni políticas. Una primera víctima en este embrollo ha sido nuestro sistema electoral, cuya confiabilidad radica en dos grandes puntales. El primero de ellos es la existencia de normas capaces de garantizar la soberanía del voto de los ciudadanos. El otro pilar del sistema electoral mexicano es el compromiso de todos los actores políticos con esas reglas. Hasta ahora las reglas han funcionado. Lo que no se ha mantenido es el respeto de una de las principales fuerzas políticas del país al pacto que implica la competencia con esas normas. Desde el día siguiente a la elección, una vez que sus dirigentes supieron que no tenían la mayoría de los votos, la Coalición por el Bien de Todos emprendió una campaña para desnaturalizar y desconocer ese resultado.

El PAN, la derecha, Calderón

   Si hacemos énfasis en las inconsecuencias y los riesgos que implican el comportamiento de López Obrador y la coalición que lo respalda, es porque de allí ha provenido el desafío a las reglas y la institucionalidad electorales que están por convertirse en la más aguda crisis política que el país haya experimentado en varias décadas. De esa crisis nos puede librar la resistencia, todavía verificable, de las instituciones políticas y especialmente de las que están encargadas de sustentar y sancionar el  proceso electoral. Desde luego, no podemos olvidar que en el otro flanco del escenario político también hay preocupantes desatinos.

   Al comportarse como presidente electo sin haber recibido formalmente esa investidura, Felipe Calderón ha añadido elementos de tensión adicionales a un escenario público de por sí desastrado por profusas acusaciones y suspicacias. La noche del 2 de julio, después de que López Obrador dijo que él había ganado con una diferencia de por lo menos medio millón de votos, era inevitable que el candidato del PAN reclamase, también, ese triunfo. Lo que hizo Calderón fue leer los resultados de media docena de conteos rápidos y encuestas de salida para, con esos datos, considerar que era él quien había vencido en la competencia presidencial. Más tarde, el todavía aspirante presidencial ha procedido de manera equívoca. A veces recuerda que la última palabra sobre el proceso electoral la tendrá el Tribunal Federal. Pero en otras ocasiones se comporta y acepta ser tratado como si ya hubiera recibido la confirmación como presidente electo.

   En ese comportamiento errático, Calderón y su equipo de campaña manifiestan la insuficiente experiencia con la que están enfrentando esta ciertamente inédita y compleja circunstancia. Aunque aguardan la resolución del Trife con suficientes elementos para tener confianza –si bien nadie puede estar seguro del sentido que tendrá esa decisión– Calderón y su equipo también han querido jugar a la presión mediática. En ese afán ha aceptado los parabienes de actores sociales y políticos muy diversos, para afianzar la impresión de que su consenso aumenta. Pero es muy discutible el beneficio que le pueden significar respaldos de dirigentes sindicales tan desacreditados como el que encabeza a los ferrocarrileros o la profesora que detenta el cacicazgo en el gremio magisterial. Esa reedición, sintetizada y edulcorada pero finalmente grotesca de la vieja cargada priista, suscita reservas fundadas sobre la política y las alianzas que definirán al próximo presidente en el muy posible escenario de una ratificación de los datos que señalan a Calderón como el triunfador del 2 de julio.

   La fuerte posibilidad de que sea él quien gobierne a este país durante los próximos seis años, hacen más inquietantes el desempeño reciente y el desafiante cuan adelantado triunfalismo de Calderón. Esa posibilidad tendría que ser correspondida con una actitud más responsable, a diferencia de la que singulariza al candidato de la Coalición por el Bien de Todos. Sin embargo Calderón, aunque en menor medida, también ha contribuido a la polarización que abruma hoy a la sociedad mexicana con decisiones como la prematura e innecesaria designación de un “equipo de transición” o con exhortaciones simbólicas pero promotoras de nueva discordia como la invitación a portar una pulsera blanca en pueril contraposición a la de tonos tricolores que llevan los defensores de López Obrador.

   Desde una perspectiva analítica y un tanto maniquea, a Calderón y a su partido se les identifica con la derecha conservadora. Las frecuentes reticencias que él y su partido han manifestado para respetar algunos derechos individuales básicos  y el compromiso que asumieron con intereses no solo empresariales sino incluso facciosos como los que impulsaron la Ley Televisa ratifican esa filiación. Sin embargo en otros campos (política social, política exterior, reformas institucionales) el proyecto de Calderón podría considerarse como de centro. Si desde el campo social carece de contrapesos suficientes y sobre todo de exigencias específicas, podría ocurrir que los adeudos políticos que tiene con intereses y facciones conservadores terminasen por circunscribirlo totalmente.

Voto por voto

   La exigencia para que se cuente voto por voto ha sido propagandísticamente eficaz –al menos entre un significativo segmento de ciudadanos que sigue simpatizando con López Obrador– pero es políticamente incierta y jurídicamente limitada. Desde luego, como ese candidato se empeña en decir, si Calderón ganó la elección de manera legítima no tendría por qué oponerse a que los votos fuesen contados por instrucciones del Tribunal.

   Un primer problema radica en que ese cómputo, sufragio por sufragio, ya ocurrió y estuvo a cargo de los ciudadanos que formaron parte de las 130 mil 477 mesas de casilla. Podría suponerse que en aras de una absoluta claridad y de la conciliación política un recuento de todos los votos resultaría pertinente. Pero hay que recordar que la Coalición por el Bien de Todos solo ha requerido la apertura y el recuento de votos en aproximadamente 50 mil urnas de la votación presidencial; es decir, menos del 39% de todas las casillas. Aunque se le pueda tildar de esquizofrénico porque en el terreno político demanda que se cuenten todos los votos y en el jurídico solamente de cuatro de cada 10 de ellos, ese es el discurso del PRD. El otro problema es que López Obrador no se ha comprometido con el resultado que surgiría del recuento voto por voto.

   En esas circunstancias, la apuesta política de López Obrador y las fuerzas que lo respaldan parece desmesurada. No quieren clarificar, sino descalificar la elección presidencial. Al tiempo que afrentan al IFE, presionan al Tribunal Electoral. Más que argumentos y evidencias de carácter jurídico, han propuesto un litigio político. Tienen derecho a defender sus votos. Pero es discutible que lo tengan para arruinar un proceso político necesario y genuino. Los escenarios que propicia esa actitud son, en todos los casos, maniqueos y riesgosos. Aun si abriera todas las urnas, la decisión del Trife sería insatisfactoria para la Coalición por el Bien de Todos que solamente estaría conforme si se proclamara el triunfo de López Obrador. El cómputo voto por voto en una cantidad importante de casillas, pero inferior a las que ha exigido esa Coalición, es una de las opciones más factibles para el Tribunal, que está comprometido no con un partido ni un candidato sino con el acatamiento a la ley.

   Abrir todas las urnas y contar cada una de las papeletas de la elección presidencial, podría ser resultado del análisis que haga el Tribunal de las objeciones y pruebas que le han presentado. Es una posibilidad que tiene esa autoridad. Exigir el recuento voto por voto como si fuese la única vía legítima implica encasillar al Trife y cancelarle las opciones de las que dispone en el de por sí muy acotado escenario jurídico y político que enfrenta. Hay que respaldar al Tribunal Federal Electoral y a la decisión que tome, independientemente del método que utilice para llegar a ella y del desenlace que de allí resulte para la elección presidencial.

Trascender la crispación

   La defensa de nuestras instituciones electorales es, hoy en día, una causa que trasciende banderías y ambiciones políticas. Sería preciso mirar más allá de esta coyuntura para pensar en los acuerdos posibles, recuperar las capacidades de la política, buscar el hilado fino que reivindica los acuerdos capaces de articular algunos de los cambios –por ejemplo y especialmente el tránsito de nuestro enmohecido presidencialismo a un régimen de rasgos parlamentarios que reconozca y potencie la diversidad de opciones que hoy son políticamente competitivas en México–. Sin embargo tan solo ese ejercicio es difícil porque la crispación que define a nuestro escenario político ha trasminado a todas las áreas de la vida social. Resulta peliagudo pensar en acuerdos cuando una de las fuerzas políticas centrales en este país parece empeñada en imponerse incluso a pesar del veredicto en las urnas. Hoy el requisito central para estar en condiciones de articular consensos es la defensa del voto y de las instituciones encargadas de reivindicar la libertad y claridad del sufragio. Una vez que el Tribunal Electoral extienda su veredicto, el país contará con decisiones que serán el soporte para, entonces sí, preparar la hora de los acuerdos.

Julio 27 de 2006.

[1] Las frases en cursivas están tomadas, textualmente, de la carta que Andrés Manuel López Obrador le dirigió a Felipe Calderón Hinojosa el lunes 24 de julio.

[2] Estimaciones tomadas de Grupo Consultor Interdisciplinario, Lectura política número 365, 26 de julio de 2006.

Entrevista publicada en la revista Siempre! el 16 de julio de 2006

Los medios influyen
en una elección, pero no la definen

Por: Nora Rodríguez Aceves

Es importante que los medios tengan el profesionalismo suficiente para explicar cada paso de este proceso electoral, para desmontar las exageraciones y las mentiras de los partidos y para documentar cada acción, en este caso del Tribunal Electoral, institución muy respetable que tiene una enorme presión social y política delante suyo. Será muy importante que los medios actúen con mucha precaución y mucha responsabilidad para no exagerar y para no minimizar información importante, dice Raúl Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

AMLO, el más beneficiado por los medios

“En la etapa previa a las elecciones —señala Trejo Delarbre—, en términos generales, tenemos un balance que reconoce la gama de equidad de los medios electrónicos, pero también, después de las elecciones, tenemos la falta de iniciativa y de conocimientos suficientes de los medios para dar a conocer las explicaciones que hacían falta sobre el resultado electoral”.
En el mismo tono Trejo Delarbre niega que en esta etapa postelectoral exista un bloqueo en los medios electrónicos contra Andrés Manuel López Obrador, porque “quien menos puede quejarse de un bloqueo de los medios es López Obrador. El ha tenido más espacio mediático que cualquier otro candidato. Se lo dijo Joaquín López Dóriga el día que lo entrevistó para la televisión. López Dóriga tenía toda la razón: no ha habido cerrazón de los medios. Al contrario, hasta el 15 de junio los dos noticieros de televisión más importantes —el de López Dóriga, en Televisa, y el de Javier Alatorre, en TV Azteca— le habían dado durante todo el semestre cerca del 20 por ciento de cobertura a López Obrador, el 16 por ciento a Madrazo y el 16.6 por ciento a Calderón. Estos datos quizá cambien un poquito por la cobertura de las últimas dos semanas, pero en términos generales puedo decir: los dos noticieros más influyentes de la televisión dieron espacios similares, pero si a algún candidato beneficiaron fue a López Obrador”.
Sobre la declaración del senador Manuel Bartlett al diario La Jornada, en relación a que “las televisoras están construyendo la ingobernabilidad del país”, el investigador de la UNAM se sorprende y comenta: “No leí esa declaración del senador Bartlett. Si eso dijo me parece una declaración preocupantemente irresponsable. Las televisoras en este momento no están construyendo ingobernabilidad. La tendríamos si las instituciones políticas no funcionaran, entre otras el Congreso, del cual todavía forma parte el senador Bartlett. Insisto: no leí esta declaración, pero me parecería preocupante si eso fue lo que dijo. ¿Qué construye la gobernabilidad? La construye la participación de los ciudadanos, su compromiso con las instituciones, el funcionamiento de las instituciones y, en este caso, más allá de los medios tenemos instituciones que están funcionando en el caso específico que nos preocupa: un IFE que ha funcionado de acuerdo con sus reglas de manera ejemplarmente escrupulosa. Tenemos un Trife, en cuya decisión está cifrado el resultado de las elecciones presidenciales, respecto del cual no hay motivo alguno que nos pueda hacer abrigar, mantener o desplegar suspicacias”.
“Los medios de comunicación —agrega— tienen la responsabilidad de contribuir a que se conozcan y entiendan las decisiones de estas instituciones. No en todo los casos lo han hecho, pero en términos generales los medios están actuando con la precaución que se les puede exigir, porque estamos ante un momento de incertidumbre y de preocupación”.
“No, los medios influyen mucho —refiere Trejo Delarbre—, pero el voto de los ciudadanos está determinado por muchos factores, entre ellos la exposición a los medios, pero no es el único y no tenemos elementos para asegurar que sea el fundamental. La socialización en la familia, lo que comentamos y aprendemos en muchos de los espacios sociales en donde vivimos y transcurrimos, influyen tanto o más que los medios y, sobre todo, matizan la información que nos dan los medios”.

No son tan poderosos

El autor de La prensa marginal; Las agencias de la información en México; Ver, pero también leer, y La sociedad ausente, asegura: “Una cosa es quejarnos de la Ley Televisa, y en general de la atrasada e inequitativa legislación que tenemos para los medios, y otra muy diferente suponer que los medios tienen tanto poder que en ellos se resuelven las elecciones, no es verdad. Las leyes son malas e insuficientes, pero, por otro lado, los medios y la televisión no bastan para redefinir resultado de una elección. En esta temporada reciente, después del domingo 2 de julio, creo que sería difícil culpar a los medios de algo que no han hecho. Los medios no han forjado consenso alguno en favor de Calderón. Ellos han dado cuenta de las declaraciones del candidato de Acción Nacional, han dado cuenta de las declaraciones del IFE y del resto de los partidos, e incluso, para eso no tengo datos a la mano, pero estoy casi seguro que se podía verificar que después del 2 de julio el candidato, el personaje político y la coalición política a la que más espacio le están dando los medios electrónicos es a López Obrador y a la coalición Por el Bien de Todos”.
“En conclusión —finaliza—, no hay una conspiración mediática para avalar a candidato alguno. Otra cosa es que haya dirigentes políticos, ciudadanos, diputados o senadores que, por simpatizar con un candidato específico, quieran distorsionar el papel que están teniendo los medios en esta coyuntura”.

Nexos, junio de 2006

El affaire Poniatowska

Raúl Trejo Delarbre

La crispación que ahoga al ambiente público mexicano se expresa en cada episodio de la actual temporada política. Sin espacio para los acuerdos, las diferencias se magnifican. Y cuando no existen se les inventa. La discusión alrededor de Elena Poniatowska ha sido ejemplo de la desmesura que suele definir a nuestras domésticas y por lo general fugaces disputas.

La escritora, que forma parte del comité de campaña de Andrés Manuel López Obrador, grabó unos anuncios de televisión y radio para defender a ese candidato presidencial. Son “puras mentiras” que López Obrador tenga relación con el presidente venezolano Hugo Chávez y que los segundos pisos en vías rápidas del DF y “el apoyo a nuestros viejitos” se hayan pagado con deuda publica, “no calumnien”, fue el mensaje de Poniatowska.

El Partido Acción Nacional respondió a ese spot con otro que reproducía aquel mensaje de la escritora. Pero mientras se le escuchaba hablar de segundos pisos y pensiones para los “viejitos” se veían las conocidas escenas de René Bejarano y Gustavo Ponce –ex secretario particular y ex tesorero del gobierno de López Obrador– embolsándose fajos de dólares y jugando en Las Vegas, respectivamente. “¿A quién quieren