Sociedad y poder

En los días recientes he escuchado distintas interpretaciones sobre los efectos del voto nulo en las elecciones federales de hace casi cuatro semanas. Un distinguido perredista me dijo que la anulación del voto les había quitado varios puntos porcentuales a su partido y al resto de las izquierdas. A un abnegado panista, le he escuchado quejarse de que a causa del voto nulo su partido perdió casi seis puntos entre la elección anterior y la más reciente. Incluso a un voraz priista le oí comentar que de no haber sido por el voto nulo el llamado partido tricolor había logrado por sí solo la mayoría absoluta, sin tener que afianzar la comprometedora y vergonzosa alianza que ahora tiene que mantener con el Partido Verde.

El voto nulo se ha convertido en pretexto para toda clase de disculpas pero también para algunas ensoñaciones políticas. Algunos de sus promotores han proclamado, ufanos, que en la anulación del voto radican las posibilidades para renovar nuestra democracia. Entre los impugnadores de esa medida, algunos de los cuales fueron especialmente cáusticos antes de la elección, hubo una suerte de alivio cuando constataron que los votos anulados no superaron el 6%.

Los entusiastas del voto nulo dijeron que ese fue un porcentaje alto si se toma en cuenta que se trató de una iniciativa a contracorriente de la propaganda de los partidos. Sus detractores, afirman que es una cifra modesta y recuerdan que tradicionalmente hay 2 o 3% de votos anulados por equivocación de los electores.

Ahora sabemos que quienes anularon su voto no forman parte de un grupo generacional específico, ya que se distribuyen de manera similar a los rangos de edad de la población. El 23% tiene entre 18 y 25 años, otro 23% entre 26 y 35, el 19% entre 36 y 45 años.

Los anulistas fueron casi de la misma manera hombres (55%) que mujeres (45%). En donde hay diferencias es en el ingreso y la escolaridad de quienes eligieron esa opción para votar. El 43% de los que anularon su voto, son ciudadanos que ganan más de 7 salarios mínimos; solamente 37% dice recibir una remuneración más baja. Y el 51% de quienes anularon su voto tiene estudios universitarios.

Estos datos se conocen gracias a que la “Asamblea Nacional por el Voto Nulo”, integrada por los grupos y ciudadanos más activos en esa causa, contrató a la empresa Parametría para que realizara el 5 de julio una encuesta de salida capaz de establecer quiénes y por qué anularon su voto.

En el Informe con esos resultados, que fue presentado la semana pasada en Guadalajara, se indica que el 56% de los anuladores desaprueba la gestión del presidente Felipe Calderón. Pero además, entre quienes radican en la ciudad de México o en la capital de Jalisco, el 60% no está de acuerdo con la gestión del jefe de Gobierno o del gobernador de esas entidades.

Así que se puede decir que los ciudadanos que anularon su voto son, en términos generales, mexicanos de clase media, de alta escolaridad y críticos tanto del gobierno federal encabezado por el PAN como de los gobiernos locales que están a cargo del PRD o del mismo Acción Nacional.

Dos de cada tres ciudadanos que eligieron esa opción –exactamente el 66%– no se identifican con ningún partido. El 12% dijeron que se identifican con el PAN, el 7% con el PRD, el 4% con el PRI y el 6% con otro partido. Solamente el 5% no contestó a esa pregunta de la encuesta.

Sería exagerado considerar que de haber votado por algún partido –es decir, de no haber anulado su voto– esos ciudadanos lo habrían hecho por el partido con el que se identifican. Quizá hubiera sido al contrario. Cuando el simpatizante de un partido encuentra que está perdiéndole la confianza a la opción política por la cual habitualmente se inclina, con frecuencia vota por otras siglas ejerciendo, así, un voto de castigo.

El nulo fue, precisamente, un voto de castigo al conjunto de los partidos. Una buena parte de los casi un millón 900 mil ciudadanos que sufragaron de esa manera, lo hicieron como expresión de rechazo a todos y debido a que el partido o los partidos a los cuales suelen respaldar, los han desilusionado.

La campaña por el voto nulo influyó de manera relevante a favor de esa opción. La encuesta de GEA e ISA levantada también afuera de las casillas del 5 de julio, encontró que de quienes anularon el voto, el 43% tomó esa decisión durante las campañas; el 15% lo hizo durante la semana previa al día de la elección y el 11%, ese mismo día. El 29% manifestó que siempre anula su voto.

Esta columna dejará de publicarse durante la semana próxima. Se reanudará el lunes 10 de agosto.

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Los consejeros del IFE demoraron ayer varias horas para discutir las sanciones que debería recibir el desacato reiterado y alevoso que cometió Televisión Azteca al omitir casi 6 mil anuncios de los partidos en las últimas semanas de las campañas electorales. Aunque los difundió en sus frecuencias de televisión abierta, esa empresa suspendió tales mensajes en las señales que envía para ser retransmitidas en sistemas de televisión de paga como Sky y Cablevisión.

Televisión Azteca hizo lo mismo en febrero, al comienzo de las campañas, cuando además de otras faltas privó a los televidentes de la televisión de paga de 192 spots de los partidos políticos. El IFE, después de varios regateos con el Tribunal Electoral, sancionó esa falta con 2 millones de pesos. El dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas, declaró que esa multa no le quitaba el sueño.

Quizá la nueva sanción, que será 10 veces mayor, sí altere, aunque sea por un rato, la tranquilidad del propietario de Televisión Azteca. Esa multa, e incluso la deliberación acerca de ella, indica que la villanía de dicha empresa logra conmover incluso en la autoridad electoral en donde, como todos recordamos, hace pocos meses la mayoría de los consejeros era renuente a sancionar a las televisoras.

Todo exceso suscita rechazos. En febrero, los abogados de Televisión Azteca pudieron haber dicho que las nuevas reglas electorales habían tomado por sorpresa a sus técnicos, que la coordinación entre IFE y radiodifusores y entre éstos y las empresas que repiten sus señales no era óptima. Ahora en cambio, la empresa de Salinas Pliego carga con el agravante que siempre significa la reincidencia. Y eso, se tiene que castigar de manera más severa.

Para dilucidar de qué tamaño habrían de tasar, en pesos, esa nueva falta de la llamada televisora del Ajusco, los consejeros se enredaron en una larga disquisición. Los canales abiertos de Azteca reprodujeron los spots de los partidos pero no así la señal en la televisión codificada. Se trata de una infracción reiterada cada vez que Azteca dejaba sin transmitir un spot de los partidos. El Código Electoral establece multas en miles de salarios mínimos pero algunos consejeros, atemorizados por el pleito que iban a amarrar o mimetizados con los intereses de esa televisora, querían que la omisión de todos los spots fuese tomada como una sola falta. Y el problema es que, hasta donde pudo registrar el monitoreo del IFE, los spots que Azteca dejó de transmitir fueron 5734.

Después de enredarse en ese tema toda la tarde y parte de la noche, cinco de los 9 consejeros del IFE aprobaron una multa de casi 22 millones de pesos. Los otros cuatro estaban por una sanción mayor.

Por otro lado, TV Azteca debería restituirle al Estado los anuncios que dejó de difundir y que, como hemos visto, no fueron pocos. En el tiempo en el que debían haberse transmitido esos anuncios de campañas políticas, la televisora difundió otros mensajes y/u otra programación de carácter comercial. Es decir, hizo negocio con recursos que son propiedad del Estado.

Consideraciones como esas abundaron en la extensa y a ratos tortuosa discusión de los consejeros electorales, especialmente por la insistencia de un par de ellos para evitar una sanción onerosa a los intereses de TV Azteca. Más allá de las peculiaridades técnicas y propagandísticas, ha sido evidente que la empresa de Salinas Pliego infringió la ley, que lo hizo de manera deliberada y ostentosa y que se trata de una infracción muy cuantiosa, ya sea que se le mida en número de spots o en horas de transmisión televisiva.

Y es evidente que esa infracción, junto con otros desplantes contra las leyes, los partidos y las instituciones de nuestro sistema político, forman parte de una abierta rebeldía de las televisoras.

El comportamiento de Azteca es más burdo y pendenciero. Televisa presiona en diversos flancos y cuando no le queda más remedio cumple la ley aunque no le guste. Ambas televisoras están en activa campaña para que la próxima Legislatura del Congreso anule las disposiciones de la legislación electoral que les han impedido hacer negocio con la venta de espacios para propaganda política. También quieren refrendos automáticos para sus concesiones, frecuencias de FM para los radiodifusores de AM y otras prebendas que contradicen las resoluciones que hace dos años tomó la Corte acerca de las reformas legales para la radiodifusión y las telecomunicaciones.

Los desplantes de las televisoras no son recientes, ni serán los últimos. El dilema es qué van a hacer los partidos políticos y el gobierno federal. Allanarse a la prepotencia de los consorcios mediáticos, equivaldrá a cederles cada vez más espacio político. De ahí la importancia que tiene la decisión que anoche tomó el IFE, aunque la multa haya sido aminorada por el apocamiento de algunos consejeros.

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Con pocas excepciones –José Woldenberg,  Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Navarrete, entre algunos otros– los críticos de la anulación del voto han replicado con ignorancia y autoritarismo e incluso con posiciones un tanto histéricas. La propuesta, que brincó de Internet a los medios y que se adentra paulatinamente en la sociedad mexicana, agarró desprevenidos a muchos comentaristas y, desde luego, a la llamada clase política.

La propagación de esa iniciativa, hace algunos días, puso fuera de balance a numerosos dirigentes. Habituados a disputar consensos y votos con interlocutores dentro de la institucionalidad política, líderes de todos los partidos reaccionaron con inseguridad y agresividad. “Demagógicos y peligrosos” consideró Jesús Ortega que son los llamados a cruzar la boleta sin preferir a un solo candidato. Germán Martínez Cazares, por su parte, ha despotricado contra los que llama “pontífices del voto nulo”.

Lo que no han querido o no han podido hacer esos y otros dirigentes políticos, es preguntarse por qué la anulación del voto ha sido sugerida desde segmentos tan diversos e incluso discordantes del entramado ideológico mexicano. Cualquier vistazo a las trayectorias públicas y a las preferencias políticas de muchos de quienes apuestan por el voto nulo desmentirá la tesis de la conspiración que con tanta desfachatez han esgrimido algunos líderes partidarios.

La idea de anular el voto no es patrimonio de las derechas ni de las izquierdas. Con ella coinciden críticos de todos los partidos y antagonistas específicos de algunos de ellos, decepcionados de la política realmente existente y descontentos con abusos, privilegios y excesos que han sido perpetrados desde todos los colores partidarios.

A los dirigentes políticos convencionales –que se encuentran en todos los partidos– les ha resultado imposible entender una protesta que no se escuda en un partido específico, que no se adhiere a uno de ellos para descalificar a otro, que no se encauza por las vías tradicionales del quehacer político.

Heterogéneo y no carente de contradicciones entre los intereses y afanes de sus variados promotores, el movimiento por la anulación del voto no es adverso a la institucionalidad política. Algunos críticos de esa iniciativa sostienen que se desentiende de la esforzada marcha que hemos debido mantener para construir nuestra imperfecta pero tangible democracia electoral. Pero no han podido advertir que la anulación del voto es antes que nada una reivindicación del sufragio.

El día de las elecciones miles de ciudadanos irán a las casillas, aguardarán su turno, cumplirán con todos los requisitos legales y en vez de apoyar a un candidato o un partido anularán su voto. Es un desperdicio, dicen algunos cuestionadores de esa medida. Están socavando la democracia, claman los más exasperados.

Pero no se trata de un despilfarro sino de una utilización crítica del voto. ¿Por qué, para expresar nuestra preferencia, hemos de escoger entre el menú de partidos que se nos presenta? ¿Por qué no vamos a tener derecho a decir que ninguna de esas opciones nos gusta? ¿Por qué debemos limitarnos a votar por el menos peor? Ese es el sentido de la anulación. No se trata de un atentado sino de una reivindicación de la democracia.

Más allá de las expectativas que cada quien pueda tener con esa acción, los ciudadanos que anulen la boleta estarán votando con la esperanza de que en elecciones próximas haya opciones políticas que sí les satisfagan.

Eso es lo que, desde su formalismo autodefensivo, no comprenden los políticos tradicionales. El voto nulo no es contra el sistema político sino contra el comportamiento de los partidos que ahora tenemos.

Por eso, encerrados en los esquemas que habitualmente utilizan para evaluar y enfrentar los asuntos públicos, algunos dirigentes y candidatos juzgan la anulación del voto como un atentado contra sus propios intereses. Así, colocado por encima pero no al margen de los partidos ya que aún maneja dos franquicias (PT y Convergencia) López Obrador dice que el voto nulo “beneficia al PRI y al PAN”. El panista César Nava, candidato a diputado, asegura que la anulación del voto perjudica al PAN y “beneficia al PRI”. El priista Eugenio Hernández Flores, gobernador de Tamaulipas, advierte que el voto nulo “desfavorece a México” y que es nocivo para la democracia.

La suspicacia que comparten  esos y otros personajes para evaluar la misma iniciativa ha sido reveladora de su incapacidad para entenderla. Lo mismo sucede en la autoridad electoral. El presidente del IFE, Leonardo Valdés, dice que los votos anulados “no tienen ninguna consecuencia, ni política ni jurídica”.

Ya sabemos que se mezclarán con los anulados por equivocación, que no puede haber un inventario de las diversas frases y modalidades de anulación, que aunque fuese con poquitos votos a los próximos diputados los elegirán quienes apuesten por una opción partidaria específica. Pero eso no implica que los votos anulados no tengan validez jurídica. La tienen, de manera tan puntual, que la autoridad electoral está obligada a contarlos y a informar cuántos fueron.

Consecuencias políticas, aunque traspasen la institucionalidad tradicional, el voto nulo evidentemente las tiene. El presidente del IFE se equivoca al descalificar con tanta ligereza el propósito de algunos ciudadanos (muchos o pocos, quizá no será lo más relevante) interesados en anular su voto. Semanas antes de la elección el voto nulo inquieta, irrita, incomoda e interesa. De algo está sirviendo.

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Los defensores del voto útil –es decir, del voto a favor de un partido, cualquiera que sea– tienen razones importantes. Hay que ejercer el sufragio de manera plena, dicen, porque ese es precisamente el sentido que tiene. Si no elegimos de entre las opciones que hay, otros decidirán por nosotros. Gústenos o no, la próxima Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa, los delegados en el caso del DF, van a ser electos de entre los candidatos que hay. Ese es el elenco del que disponemos. Por eso, afirman los defensores del voto útil, hay que decidirse aunque sea por el mal menor.

Entiendo sus razones. Más aún, estoy seguro de que en alguna otra circunstancia las compartiría. El voto no solamente es un derecho. Se trata de la expresión más tangible y fundamental de la democracia. Y por eso, precisamente, me parece que en esta ocasión una opción sensata puede ser anular el voto.

El motivo para ello es sencillo y drástico. De todos los partidos que compiten en las elecciones del 5 de julio, no hay uno solo que me parezca suficientemente confiable para votar por él. Es una opinión personal, desde luego. Cada cual tiene la suya permeada de las historias, identidades, antipatías, convicciones, entusiasmos o resignaciones de cada quien.

Comprendo el pragmático realismo de quienes, además con frecuencia alentados por convicciones democráticas, sostienen que ni modo, esos son los partidos con los que tenemos que arar. Pues que en esta ocasión sean otros los que labren el surco, o los que alienten la yunta. Anular el voto puede ser una forma de reclamo, ciertamente limitado porque se reduce a una expresión simbólica. Es una acción modesta, de fastidio y reproche ante la pobreza discursiva, la homogeneidad programática y el convenencierismo ramplón que campea en todos los partidos.

El voto anulado es también una confesión de inutilidad democrática. Ojo: no digo ni sugiero que la democracia sea inútil, sino que éste momento al que nos ha traído nuestra democracia, a algunos ciudadanos no nos resulta propicio. El voto nulo es precisamente eso: un sufragio que en estas circunstancias reconocemos sin el valor que tendría en una democracia sólida, con partidos y políticos respetables. Es un voto malogrado, que no se sumará a la contabilidad de los sufragios políticamente eficaces y que quedará simplemente como recurso testimonial.

Tienen razón quienes dicen que el voto intencionalmente nulo se añadirá a los sufragios de quienes se equivoquen, o de aquellos que para hacerse los graciosos o en otra forma de protesta le dediquen su voto a Cantinflas. Igual que ésos, el voto politizadamente nulo no contará y podrá ser considerado como un desperdicio de la democracia.

Sobre todo, resulta inquietante advertir la fauna variopinta de quienes hoy en día promueven esa opción para el 5 de julio. El voto nulo es impulsado por militantes de distintos sesgos ideológicos de cuyo compromiso democrático no hay duda alguna y por ciudadanos disgustados con la pobreza del elenco partidario que tenemos en este país. Pero la anulación del voto además es aconsejada por una corriente de opinión y un grupo de interés que resultan, ambos, de dudosas convicciones democráticas.

La corriente de opinión es la que conforman aquellos que desconfían a priori del sistema de partidos cuando se quejan de que una partidocracia suplanta las decisiones de los ciudadanos. En efecto, nuestras élites políticas se han distanciado sobremanera del interés de la sociedad. Pero ese discurso quejumbroso soslaya el hecho de que en una sociedad de masas no hay democracia posible sin el concurso de los partidos, de la misma manera que no hay partidos (Robert Michels dixit) que funcionen sin cuerpos directivos que tienden a acaparar las decisiones. El problema en la circunstancia mexicana actual no es que tengamos partidos, sino el tipo de organizaciones en las que han devenido nuestros desastrados partidos políticos.

El grupo de interés que, por otra parte, alienta la anulación del voto, es el que conforman los consorcios mediáticos y algunos de sus voceros. La irritación que mantienen contra las actuales reglas para la propaganda política ha llevado a algunos personeros de las televisoras a respaldar el voto nulo. No se trata, hasta ahora, de una política consistente y mucho menos oficial de las corporaciones mediáticas sino de una opción con la que están jugando sin por ello abandonar otras posibilidades para influir políticamente en las elecciones.

¿Vale la pena apostar por el voto nulo a pesar de que es impulsado por personajes y grupos tan escasamente confiables como los partidarios del antipartidismo y las corporaciones mediáticas? Creo que sí. La existencia de motivos muy variados para anular el voto no cancela la pertinencia de esa medida.

Hay que ir a votar, antes que nada, en señal de reconocimiento a los centenares de miles de mexicanos que cuidan las casillas, cuentan los sufragios y organizan las elecciones.  Ese ejército ciudadano, integrado fundamentalmente por una enorme legión de personas que participan de buena fe, nos compromete a votar. Ya luego, en la esperada soledad de la casilla, que cada quien decida

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Una jueza de Cholula, en Puebla, tomó una decisión que contradice la reforma constitucional en materia de medios y elecciones. Cobijada por la pragmática cuan debatible resolución de la Suprema Corte de Justicia que a fines de septiembre pasado les dio carta libre a los juzgados ordinarios para resolver solicitudes de amparo contra reformas constitucionales, la licenciada Florida López Hernández consideró que la prohibición a la compra de propaganda política en radio y televisión vulnera los derechos de la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos.

Esa agrupación, como parte de la acometida de la Coparmex contra la reforma constitucional, solicitó un amparo en un juzgado de Cuernavaca. El juez lo rechazó al considerarlo improcedente. Sin embargo, sin que en la sentencia se expliquen las causas de ese traslado, el Consejo de la Judicatura Federal envió el asunto a la jueza López Hernández.

La titular del Juzgado Séptimo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región en San Andrés Cholula, atendió exclusivamente a cuestiones de forma y trámite para declarar improcedente (al menos en beneficio de los demandantes) una reforma constitucional que fue aprobada con sobrada mayoría por las cámaras de Senadores y Diputados y que luego sería ratificada por 31 congresos estatales.

Ahora, en virtud del amparo que le concedieron, la asociación empresarial morelense puede contratar anuncios políticos en televisión y radio en desacato al artículo 41 de la Constitución Política. Pero se trata de un logro pírrico de los grupos empresariales y los consorcios mediáticos que se oponen a esa reforma porque si bien esa organización puede comprar, las empresas de televisión y radio no están autorizadas a vender ni siquiera medio segundo de publicidad política.

Si hay empresas que están comercializando espacios de propaganda política, o que están obsequiando espacio para algunos candidatos, podrían recibir sanciones de la autoridad electoral. La aparición de Demetrio Sodi, candidato panista a titular de la delegación Miguel Hidalgo, en la transmisión del partido de futbol del sábado en Televisa, pudo haberse debido a un favor de dicha empresa. Aún así, el inusitado espacio que recibió Sodi podría ser una donación ilegal porque el precio comercial de esa aparición televisiva superaría los límites que el Código Electoral establece para las aportaciones a los partidos.

Mientras el IFE resuelve qué hacer con la repentina inquietud futbolística de Sodi, la Suprema Corte de Justicia encuentra incrementado el compromiso hasta ahora incumplido que tiene con la legislación acerca de los procesos electorales y los medios de comunicación. La inopinada decisión de la jueza Florida López y las reacciones que está suscitando confirman la necesidad de que la Corte ratifique los principios constitucionales aprobados en septiembre de 2007 y que tan palmariamente disgustaron a las televisoras.

Ayer por la tarde la Asociación Mexicana de Derecho a la Información dio a conocer su preocupación por la sentencia de la jueza de Cholula:

“A la jueza López Hernández le llamó la atención que en el Diario de los Debates del Senado no se precisara con claridad la hora en la que terminó la sesión del día cuando esa Cámara aprobó la reforma constitucional. También considera irregularidad grave el hecho de que en el decreto de esa Cámara no se diga textualmente que las reformas tuvieron la aprobación de dos tercios de los senadores, aunque sí se precisaba la votación que superaba esa cantidad. Además cuestiona la omisión en la declaratoria de la Cámara de Diputados del voto negativo a la reforma en una de las 31 legislaturas estatales, así como la ausencia de los nombres de esos estados en el Decreto que expidió el Poder Ejecutivo –aunque en los diarios de los Debates de ambas cámaras sí se mencionan las 30 resoluciones a favor de esos cambios constitucionales–. Y como en la declaratoria del Senado se dice que esa Cámara remitiría la resolución final al Ejecutivo para su promulgación y en el Diario Oficial de la Federación se indica que quien envió tal decisión fue el Congreso de la Unión, la jueza encuentra otra “irregularidad destacada”.

Suscrito por el Dr. Néstor García Canclini que coordina el consejo consultivo de la AMEDI y por el autor de esta columna, el comunicado puntualiza:

“Aunque el amparo fue solicitado contra modificaciones a nueve artículos constitucionales, la jueza únicamente lo otorgó respecto de un párrafo del 41 Constitucional. Se trata, precisamente, del enunciado que ha sido más impugnado, con diversas consideraciones políticas e ideológicas, por distintos críticos de la reforma constitucional y muy especialmente por las empresas que acaparan la televisión en México.

“En la sentencia de la jueza Florida López no hay una sola línea que tome en cuenta los argumentos centrales de los impugnadores de esas modificaciones constitucionales. Solamente atiende a presuntas e infundadas irregularidades de forma”.

El comunicado de la AMEDI está respaldado por una treintena de miembros de su consejo consultivo, entre ellos el ex senador Javier Corral Jurado, el ex presidente del IFE José Woldenberg y los ex consejeros Jesús Cantú y Jaime Cárdenas. También lo suscriben analistas políticos como Miguel Ángel Granados Chapa, Alberto Aziz, José Antonio Crespo, Denise Dresser, Ricardo Raphael y Francisco Paoli.

Los amparos de los grupos empresariales contra la reforma electoral coinciden con la animosidad de Televisa y Televisión Azteca respecto de esas disposiciones constitucionales. Los miembros de la AMEDI consideran: “Las televisoras quieren abrogar esa reforma para volver a disfrutar no solamente de las cuantiosas contrataciones de propaganda de las que eran beneficiarias, sino además para volver a disfrutar de manera plena la capacidad de presión y manipulación que han ejercido sobre los partidos políticos”.

Gente de los medios y la creación artística como Felipe Cazals, Loretta Ortiz, Carlos Padilla Ríos, Inna Payán, Elena Poniatowska y Ernesto Velázquez Briseño, forman parte de los adherentes de ese documento. Allí se concluye:

“Los partidos políticos, y sus legisladores, tienen la responsabilidad de preservar la reforma constitucional que auspiciaron y aprobaron en 2007. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación de asumir plenamente su responsabilidad en este asunto y resolver de manera definitiva la ilegalidad de las impugnaciones contra la reforma constitucional en materia de propaganda política”.

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Las campañas políticas en YouTube han sido motivo para que se expresen reacciones temerosas, ventajosas y autoritarias. Entre las primeras están las de quienes encuentran en Internet un territorio inexplicable e inmanejable. Los prejuicios que todavía existen acerca de la Red de redes, a la cual el sensacionalismo mediático ha mostrado como reducto de malhechores, llevan a desconfiar de los contenidos que se propalan en ella.

Otra ha sido la reacción de quienes encuentran en los videos de contenido político el pretexto que confirma sus desacuerdos con las actuales reglas para las campañas electorales y los medios de comunicación. Como los contenidos en Internet no están sujetos a las normas que existen para la televisión y la radio, algunos comentaristas se han solazado señalando los excesos que se pueden hallar en el ciberespacio como si de esa manera se demostrara la imposibilidad de regular a los medios de comunicación.

Esas apreciaciones ventajosas, soslayan las enormes diferencias que hay entre los medios tradicionales e Internet. La televisión y la radio tienen responsabilidades que ameritan regulaciones también específicas por tres motivos: sus contenidos se transmiten en el espectro radioeléctrico que es propiedad de la nación, el espacio que utilizan para ello no es ilimitado –por eso el Estado tiene que concesionarles una frecuencia– y la audiencia que llegan a alcanzar es sustancialmente mayor a la que tienen los sitios de Internet sobre todo en países de conectividad precaria como la que tenemos todavía en México.

Tales diferencias ameritan que existan reglas para los contenidos políticos en televisión y radio y las hacen innecesarias, además de indeseables, para un espacio abierto y accesible como es Internet.

La tercera reacción adversa a los contenidos políticamente agresivos en YouTube y otros sitios es la de quienes pretenden extender a la Red las decisiones regulatorias que hay para los medios convencionales. Allí destacan, sobre todo, las posiciones de quienes encuentran sumamente incómodo el espíritu libre de Internet e improvisan argumentos para tratar de censurarlo.

Ayer jueves en Milenio el consejero electoral Marco Antonio Gómez Alcántar publicó un texto vehementemente representativo del síndrome autoritario que se manifiesta respecto de Internet. Comienza tropezándose consigo mismo, porque desde sus primeros párrafos sostiene que el IFE no quiere regular a Internet pero sí a sitios como YouTube:

“…el IFE no pretende regular ese medio ni mucho menos. El IFE lo que ordenó fue que el administrador de una red social o sitio comunitario que opera en internet cumpla con lo que la Constitución dispone en la difusión de propaganda política. Y por ello es necesario precisar que las redes sociales y sitios comunitarios, como YouTube, son medios de comunicación sujetos de regulación interna en el país donde operan, por ello atienden solicitudes de retiro de contenidos que violen derechos de autor, contengan delitos o, según se estipula en el contrato de operación de YouTube, ‘difamen’ ”.

YouTube es parte de Internet pero no es un medio de comunicación en sí mismo. El medio es la Red. El portal de videos es parte de ese medio complejo y amplísimo. Las leyes de cada país protegen los derechos de sus habitantes respecto de lo que se dice y propaga en Internet. Pero esa facultad no se extiende a la protección que el IFE hace de los partidos y las campañas electorales.

Gómez Alcántar considera que el IFE tiene competencia para sancionar contenidos en Internet porque: “El artículo 41 prohíbe a los partidos políticos el uso de expresiones que denigren a instituciones del Estado mexicano o a otros partidos, o bien que calumnien a las personas, sin distinguir o limitar el medio de comunicación. Por ende, si una red social en internet autoriza la difusión de contenidos que violan la norma electoral, dicha difusión puede ser objeto de medidas cautelares por parte del IFE”.

Lo que el IFE puede regular –y es una atribución discutible pero eso dice la ley– es el discurso de los partidos, no a los medios en donde se difunde. La Constitución y la ley electoral obligan al IFE a normar los contenidos electorales en la televisión y la radio. Nada más. Inclusive, la ley le da a la autoridad electoral instrumentos específicos para sancionar no solamente a los partidos sino además a los concesionarios de radio y televisión que la infrinjan.

Si un partido transgrede la ley con los contenidos que difunde en un medio que no sea radio o televisión  el IFE puede sancionar a ese partido, pero no al medio de comunicación. Si un candidato a diputado o su partido publican en un periódico un artículo cargado de injurias y denostaciones contra uno de sus rivales, la autoridad electoral puede sancionar a ese aspirante a legislador o a su organización política pero no tiene atribuciones para castigar al medio de comunicación impreso.

Eso no quiere decir que las difamaciones o calumnias que se expresen en medios radiofónicos tengan que permanecer impunes. La legislación civil ofrece recursos claros para que los ciudadanos se defiendan de agresiones a su fama pública. Pero la capacidad para establecer si se trata de conductas delictivas y en ese caso para imponerles una sanción radica en los jueces.

Cuando algunos consejeros del IFE como el mencionado Gómez Alcántar se quieren arropar en la legislación electoral para sancionar a los particulares, pretenden adjudicarse atribuciones que solamente tiene el Poder Judicial. Esa suplantación de funciones resulta de suyo preocupante pero en este caso, además, implica restricciones deliberadas a la crítica política y a la libertad de expresión.

La discusión sobre la propaganda en YouTube se avivó a partir de la difusión que recibió un video ciertamente injurioso en donde se ridiculiza y acusa al gobernador de Veracruz. Como se comentó en este espacio, sin el escándalo mediático que lo acompañó y sin el afán persecutorio de consejeros como Gómez Alcántar, ese video hubiera tenido una pobre, triste y escasa fama. Allí se encuentra una lección inicial de este episodio. La todavía limitada cobertura que tiene Internet en México, junto con la oceánica variedad de contenidos que hay en la Red se amalgaman para que, en nuestra sociedad, un contenido intencionalmente político y alojado en el ciberespacio únicamente alcance éxito si es propagado por los medios de comunicación convencionales.

Preocupado por la vulnerada fama pública del gobernador de Veracruz, el consejero Gómez Alcántar distorsiona el sentido de la ley y le atribuye al IFE capacidades que no tiene. Gómez dice que la autoridad electoral debe aplicar la ley “con independencia de quien sea el emisor del mensaje. Así lo establece el artículo 365, párrafo 5, del Cofipe”. Sin embargo ese apartado del Código Federal Electoral faculta al IFE para requerir a cualquier persona la entrega de informaciones y pruebas que sean necesarias para desahogar una queja ante la propia autoridad electoral, no para sancionar a los particulares.

El video acerca del gobernador Fidel Herrera, por cierto, sigue siendo muy visto tanto en YouTube como en otros sitios de videos en la Red. El consejero Gómez Alcántar también se equivoca cuando dice que YouTube retiró el video aunque lamenta que no lo haya hecho por disposición del IFE sino a petición de la empresa titular de los derechos de autor de la canción que es parodiada en el multicomentado video.

Hace una semana decíamos aquí que a consecuencia de la involuntaria promoción que le dieron algunos consejeros del IFE el video, colocado en YouTube por un internauta que se identifica como “mario69”, había sido visto por 46 mil usuarios de ese servicio. Ayer jueves la cifra había aumentado a 158152. La copia del mismo archivo que colocó “yel8548” pasó de 19800, a 37965 visitas.

Así que no es cierto que el IFE tenga atribuciones para censurar expresiones de los ciudadanos; no es cierto que pueda intervenir en Internet; no es cierto que la autoridad electoral sea la vía adecuada para defender a los ciudadanos de calumnias en el ciberespacio o fuera de línea. Ni siquiera es cierto que ese infamatorio video ya no esté en Internet.

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Con una resolución embustera y cantinflesca, los magistrados del Tribunal Federal Electoral anularon la reforma constitucional que impide la contratación de espacios de propaganda política en televisión y radio. Al revocar una resolución del IFE que sancionaba al Partido Verde y a los diputados que contrataron anuncios en televisión para promoverse con el pretexto de difundir una de sus iniciativas de ley, el Tribunal Electoral estableció un precedente de extrema gravedad.

Los partidos no han querido darse cuenta de esa decisión, que niega la reforma constitucional que impulsaron hace año y medio. Las televisoras han disimulado maliciosamente el regocijo que les suscita esa decisión de los magistrados electorales y que muy posiblemente se debe al tenaz cabildeo que los personeros de Televisa y Televisión Azteca han sostenido para acosar, y por lo visto persuadir, a los magistrados del Trife. En el terreno del análisis crítico casi nadie se ha querido dar cuenta de esa decisión, excepto comentaristas puntuales como Miguel Ángel Granados Chapa y Ciro Murayama.

El 29 de marzo pasado, el consejo general del IFE consideró que los anuncios de los diputados del Partido Verde que habían sido difundidos durante ese mes en varios canales de televisión violaban la legislación electoral y le impuso a ese partido una multa de 9 millones y medio de pesos. La nueva ley electoral, y la Constitución misma, prohíben la contratación de mensajes políticos y establecen que los partidos podrán anunciarse en radio y televisión únicamente a través de los espacios gestionados y administrados por la autoridad electoral. Ambos ordenamientos prohíben, por otra parte, la contratación de propaganda oficial que haga promoción personalizada de los funcionarios públicos.

El IFE consideró que esos spots eran mensajes de proselitismo electoral difundidos en fechas durante las cuales estaban prohibidas las campañas de los partidos. Para respaldar ese argumento, reprodujo el contenido del mensaje del PartidoVerde. Esta es la transcripción.

Voz de Mujer:

– Bueno (imagen mujer contesta el teléfono)

Voz Hombre:

– O consigues la lana o ya sabes que le espera a tu hija (imagen hombre con un cigarro)

Voz Mujer:

– Por… no le hagan nada (imagen hombre cierra teléfono celular)

Voz Mujer:

– Ten hija (imagen mujer entregando dinero a otra mujer)

Voz Hombre:

– Diles que ya saben lo que tienen que hacer con la chava (imagen hombre hablando por teléfono celular).

– ¿Qué le habrán hecho a mi hija? ¿En dónde estará? (imagen de dos mujeres junto a un teléfono)

Voz Mujer:

– Tenemos que darle al país las armas necesarias para acabar con esta plaga por eso diputadas y diputados del Partido Verde presentamos una iniciativa de ley que castiga con pena de muerte a secuestradores y asesinos (imagen mujer de pie dos hombres sentados a la izquierda y a la derecha, al fondo bandera nacional).

Texto en pantalla. En la parte inferior a la última imagen descrita, aparece la siguiente leyenda:

Diputada Gloria Lavara

Informe de labores — Diputados plurinominales del Partido Verde.

Segundos después, en la parte superior a la misma imagen, aparece un cintillo con diversos nombres identificados de Diputados del Partido Verde Ecologista de México.

Voz en off:

– Partido Verde (Imagen a la derecha emblema Cámara de Diputados LX Legislatura; a la izquierda emblema Partido Verde Ecologista de México).

Evidentemente, ese mensaje era una pieza de propaganda política y no el informe de labores de la diputada Lavara y el resto de sus correligionarios en San Lázaro. El spot está a destinado a persuadir a favor de ese partido y no a dar cuenta de la actividad de sus diputados. Allí no se menciona ninguna otra iniciativa, ni la situación de esa propuesta dentro del proceso legislativo.

Sin embargo, movido a revisar la resolución de la autoridad electoral a partir de las quejas que presentaron tanto el PVEM como esos diputados, el Tribunal Federal consideró que el spot es parte de la información que esos legisladores hacen acerca de sus actividades y no se trata de propaganda electoral.

El TRIFE sostuvo, en su sesión del 8 de mayo pasado: 1) Que ese mensaje es de los diputados federales y no del partido Verde. 2) Que se trata de un anuncio para dar a conocer una postura de tales legisladores y no de su partido. 3) Que se difundió fuera de las fechas de campañas. 4) Que en ese mensaje no hay contenido electoral.

El anuncio es, en efecto, de los diputados. Pero su finalidad no es promocionar a los legisladores sino al Partido Verde; tanto así que la voz al final del mensaje enfatiza el nombre de esa organización política. Al asunto de las fechas, el Tribunal lo utiliza para restarle gravedad a la difusión del mensaje cuando debiera implicar todo lo contrario. Según las cuentas del mismo Trife, el anuncio fue difundido 206 veces entre el 18 y el 25 de marzo en canales de televisión nacionales. En esos días estaba prohibida la propaganda electoral. Al transmitirlo durante esos días, el PVEM infringió los plazos de dicha propaganda. Sin embargo para los magistrados tal circunstancia es causa de indulgencia: como no fueron transmitidos durante la temporada electoral, sugieren, esos anuncios no pudieron haber sido propaganda electoral.

Igual de equívoca es la maroma retórica que los magistrados del TRIFE emprenden para alegar que el spot no tiene contenido electoral: “de ninguna de las aseveraciones contenidas en el promocional, ni del contexto visual que se presenta, se advierte que los legisladores inciten de manera directa o indirecta a la obtención del voto a favor del Partido Verde Ecologista de México o en contra de cualquier otra opción política”.

O sea que para que haya propaganda electoral es indispensable que expresamente se invite a votar. Con esa tesis, el Tribunal Federal Electoral podría exculpar muchas conductas y mensajes a favor o en contra de los partidos y sus candidatos.

Para los magistrados del TRIFE, el uso del emblema de ese partido en los anuncios de televisión se justifica porque los diputados forman parte del PVEM: “ello tiene su explicación en que el elemento en común que identifica a los integrantes del grupo parlamentario es el partido político que los propuso para ejercer el encargo, el cual sólo es identificable mediante su denominación y el emblema o logotipo que lo caracteriza”. Para apuntalar ese argumento muestran el sitio de Internet de la Cámara de Diputados en donde junto a los legisladores del PVEM aparece el emblema de dicho partido.

A partir de esa resolución y amparado en los mismos argumentos, el gobernador Peña Nieto podría incorporar el logotipo del PRI a los costosos anuncios en donde se ufana de los avances de su administración. El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, ya no tendría que disfrazar de rojo la propaganda que despliega aun en la más trivial acción de su gobierno y podría vestirla simplemente de tricolor. Los secretarios del gabinete presidencial podrían ofrecer conferencias de prensa con el emblema azul del PAN predominando en esas alocuciones ya que si se encuentran en el gobierno es porque son miembros de dicho partido. En la ciudad de México, Marcelo Ebrard podrá hacer propaganda abiertamente a favor del PRD puesto que forma filas en ese partido.

Y con la misma lógica que imponen los magistrados del TRIFE, cualquier diputado o senador, cualquier presidente municipal o cualquier gobernador, podrán comprar propaganda en televisión y radio para promover a sus partidos políticos con el pretexto de que se trata de informes de las tareas que han realizado.

La irresponsabilidad de los magistrados del TRIFE resulta sorprendente. No sólo vulneran en una sola votación los cimientos de la reforma electoral y abren la puerta para que de nuevo impere el poder de la mediocracia sobre los procesos electorales. Además alientan la compra de espacios para difundir sellos partidarios con el subterfugio de que así se mantiene informados a los ciudadanos. En su resolución del 8 de mayo, el TRIFE tuvo la desfachatez de apuntar:

“… lo considerado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en el sentido de que el mensaje transmitido se hizo con el fin de influir en los ciudadanos, para que éstos adoptaran una determinada conducta sobre un tema de interés social, como lo es el tema de ‘la pena de muerte’, no constituye una infracción a la normativa electoral, sino por el contrario, su difusión contribuye a la formación de una opinión pública bien informada y presenta resultados a la ciudadanía de las gestiones que una determinada corriente política lleva a cabo en el seno del Congreso de la Unión”.

Al considerar que con un spot como ése la opinión de los ciudadanos queda bien informada, los magistrados del TRIFE confirman su avasallamiento al modelo comunicacional que han querido imponer las televisoras. ¿Qué información hay en el spot antes transcrito? ¿Qué reflexión, cuál deliberación se favorece con ese anuncio? Además de las infracciones que hemos señalado, con mensajes de esa índole el PVEM y otros partidos de ninguna manera promueven la discusión pública. Lo que impulsan es la confusión y las apreciaciones maniqueas –más allá del carácter sumamente controvertido que tiene la pena de muerte–.

ALACENA: Mario Benedetti

Durante algunos años, hace demasiados, lo leímos con una intensidad que tenía algo de certezas ya previstas pero que siempre encontraba en él la frase exacta, la fórmula directa para describir emociones entreveradas con ilusiones.

Luego lo desplazaron lecturas más complejas, quizá menos axiomáticas. Pero a los libros de Mario Benedetti regresamos siempre con la sonrisa espontánea con que encontramos a un amigo al que no veíamos hace rato. Su manera franca de decir esas cosas sencillas que no siempre lo resultan tanto (el amor, la nostalgia, la amistad, el miedo, la lejanía, la libertad) nos llevó a encontrar en Benedetti un escritor fundamental y entrañable.

La reivindicación de ese valor antaño tan consistente pero ahora tan políticamente incorrecto al que antes se denominaba compromiso político, hizo de él un escritor a menudo más ideologizado por sus panegiristas que en sus propias obras. El Benedetti encarnación del espíritu uruguayo que llevó a cuestas en obras como La casa y el ladrillo y Montevideanos, el de la prosa tersa de Quién de nosotros, el de la inasible Laura Avellaneda de La Tregua, murió ayer en su Montevideo a los 88 años.

A veces se nos ha querido olvidar pero, dentro de su elemental obviedad y a pesar de la afectación con que llegamos a reiterarlo, nunca deja de ser cierto que en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.

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El consejero del IFE Marco Antonio Gómez se convirtió en el principal promotor de los agravios contra el gobernador de Veracruz. De no ser por su enfática aunque también desmañada insistencia para que YouTube retire de Internet un video que ridiculiza a Fidel Herrera Beltrán, ese material hubiera pasado prácticamente desapercibido.

Sin embargo el consejero Gómez, junto con otros miembros de la Comisión de Quejas del Instituto Federal Electoral, respondió a la inconformidad presentada por el gobierno veracruzano urgiendo al sitio de videos más célebre de Internet para que retire esa sátira.

A esa pretensión del consejero Gómez y del gobernador Herrera se le ha cuestionado en días recientes porque parece grotesco querer censurar un video que se encuentra ubicado en un sitio de Internet sobre el cual no tiene jurisdicción el Estado mexicano. La Red de redes, como es bien sabido, se distingue de los medios convencionales por su carácter descentralizado. Internet no tiene un cuarto de mandos desde donde se puedan controlar sus contenidos. Los archivos a los que tenemos acceso cuando nos conectamos a la Red se encuentran en millones de computadoras habilitadas como servidores de tales contenidos en todo el mundo.

El territorio en donde se coloca esa información no está sujeto a la jurisdicción específica de un gobierno, aunque algunos gobiernos con frecuencia quieren controlar y logran entorpecer el acceso de sus ciudadanos a Internet. La imbricación de esa trasnacionalización con la peculiaridad del territorio que constituye el ciberespacio, dificulta la acción de los gobiernos nacionales sobre la Red de redes. Gracias a ello, Internet es un espacio abierto a la expresión de ideas y contenidos, pero también de intolerancias, fanatismos y agravios de lo más variados.

Esa libertad que es posible en Internet no debiera ser entendida como patente de impunidad para quienes cometen delitos en la Red. Con frecuencia nos enteramos de la localización y aprehensión de gente que lucra con pornografía infantil, o que desfalca con engaños a usuarios de servicios financieros en línea. Esos logros policiacos confirman que Internet no está al margen de la aplicación de las leyes que persiguen y castigan delitos de toda índole en el mundo fuera de línea.

Así que no es descabellado pedirle a YouTube que retire un video que ofende a una persona pero siempre y cuando haya existido una sentencia judicial. Y el IFE no es juez, ni tiene atribuciones para determinar los contenidos de un sitio en Internet.

El video que ofendió al gobernador de Veracruz es una parodia de la canción promocional de la película “Rudo y cursi”. En 2 minutos con 44 segundos, allí se acusa de tramposo y ratero a Herrera Beltrán y además se hace escarnio de su obsesión política y propagandística para tapizar de color rojo el estado de Veracruz.

El gobernador tiene motivos para inconformarse con ese audiovisual, en el que hay acusaciones directas y mofa personal. Pero se equivocó de ventanilla para presentar su querella. Según el mismo Herrera, el abogado del gobierno de Veracruz que le solicitó al IFE la suspensión de ese video lo hizo a partir de la suposición de que se trata de propaganda elaborada por el Partido Acción Nacional. Seguramente al PAN no le faltan motivos para enfrentarse con Herrera. Pero no hay evidencias de que el multicitado video haya sido producido y puesto en línea por ese partido.

El consejero Gómez, incitado por la enjundiosa queja del gobierno de Veracruz, exigió la supresión de un video colocado por un particular. Y hasta donde sabemos, el IFE no tiene atribuciones para censurar las opiniones políticas de los ciudadanos, ni siquiera cuando son tan ofensivas y burlonas como sucede en el comentadísimo video.

Con su rimbombante exigencia a YouTube, que desde hace año y medio es propiedad del consorcio Google, el consejero Gómez no solamente se expuso a que los operadores de ese servicio de videos lo desairen o le respondan que no tienen por qué hacerle caso ya que se trata de un sitio colocado en Internet desde servidores ubicados fuera de México. Además y antes que nada, le dio al video una notoriedad que jamás habría tenido de no ser por esas exigencias.

Centenares de internautas mexicanos se han movilizado para denunciar la que consideran censura a la libertad de expresión en la Red. Algunos de ellos descargaron a sus computadoras el video contra Herrera Beltrán y lo colocaron en otros archivos de YouTube o incluso en otros reservorios de videos en Internet.

Puesto en línea hace unas tres semanas, el video contra Herrera había sido abierto por unos cuantos centenares de internautas. Pero esos curiosos se multiplicaron gracias a las exigencias del consejero del IFE. El miércoles pasado, por ejemplo, hacia el medio día la copia de ese video colocada por el usuario “mario69”, que es posiblemente su autor, había sido vista por 4 mil personas. Ayer jueves, al comenzar la noche, esa copia la habían visto más de 46 mil usuarios.

La copia del mismo video colocada también en YouTube por “yel8548”, el miércoles la habían visitado 2352 personas. Ayer, sumaban 19800.

Además de las tres o cuatro docenas de copias que hay en YouTube, el video sobre Herrera Beltrán fue subido a otros sitios de videos. Un usuario de Daily Motion lo puso el miércoles por la mañana y pocas horas después había tenido 1229 visitas; ayer eran más de 1900.

El archivo que colocó “mario69” en YouTube tenía, hasta anoche, más de 600 comentarios. El foro que El Universal abrió para discutir ese tema alcanzaba más de 900 participaciones. Prácticamente todas eran para criticar al IFE y al gobernador de Veracruz.

Con la exigencia para que YouTube suprima ese video, el gobernador Herrera y el consejero Gómez inicialmente parecían muy rudos. Después de ese incidente habrá quien los considere cursis.

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La sorpresa hubiera sido que ofrecieran sorpresas. Los candidatos de los partidos a las diputaciones que estarán en juego en las elecciones del 5 de julio son prácticamente los mismos que se pudieron prever desde meses antes.

Viejos y conocidos dirigentes encabezan las listas plurinominales, en donde cada partido tiene asegurados varios candidatos por circunscripción. Sólo unos cuantos, entre los más curtidos en la supervivencia dentro de cada partido, enfrentarán la prueba de los votos en algunos distritos.

Líderes sindicales insospechables de cualquier proclividad democrática, así como ex legisladores, ex gobernadores, ex funcionarios, nutren las listas del PRI, un partido que no deja de mirar al pasado en buena medida porque eso es lo único cierto con lo que cuenta. La abundancia de ex personajes podría ser tomada como señal de experiencia, pero también manifiesta la incapacidad genética del PRI para renovarse.

Cuadros recientemente confrontados al ejercicio de la administración pública local y federal, unos cuantos de ellos con pericia legislativa, los más surgidos de los arreglos entre los grupos que dominan en ese partido y unos cuantos personajes de la farándula, concurren en las listas de candidatos del PAN. Al concentrar la mayoría de las designaciones distritales y plurinominales, los líderes nacionales panistas ejercieron un poder infrecuente en ese partido pero al mismo tiempo abrieron numerosos flancos de inconformidad interna.

El PRD tampoco se lució por sus novedades. Hubo espacio para todas las corrientes pero ninguna de ellas encontró todas las posiciones que pretendía. Incluso López Obrador, que respalda públicamente a otros partidos y no al suyo, designó a un paquete importante de aspirantes a llegar a San Lázaro. La renovación perredista se ha limitado a los spots en donde Jesús Ortega es amonestado por una niña enfadosa.

Ninguno de los partidos nacionales quiso aprovechar las precampañas que sus propios legisladores establecieron en el actual Código Electoral. Solamente la tercera parte de los 300 candidatos a diputados uninominales por el PAN y la cuarta parte de los candidatos del PRD fueron designados en procesos abiertos a sus militantes. El PRI ni siquiera ese esfuerzo hizo para simular participación interna.

La concentración de tales decisiones en las cúpulas partidarias no es privativa de nuestro país ni resulta, por sí sola, expresión de antidemocracia. Las elecciones primarias, junto con las precampañas que las anteceden, son recursos que tienen los partidos para resolver disputas domésticas y en ocasiones también para llamar la atención de la sociedad.

Pero en situaciones de conflicto y/o estancamiento interno como las que, cada cual con sus matices, sobrellevan los tres partidos nacionales, la apertura de sus procesos internos a la participación de los afiliados implicaba riesgos que ninguna de esas dirigencias quiso correr.

Lo que tampoco hicieron las direcciones nacionales de los partidos fue aprovechar la designación de candidatos para materializar la renovación que, cada cual con sus lemas y prioridades, están empeñados en aparentar. La imagen de Beatriz Paredes rodeada de personajes como el líder sindical de los ferrocarrileros, algún pretérito gobernador mexiquense y varios ínclitos miembros de la clase política que han sido legisladores cuatro o cinco veces, es harto descriptiva de la imposibilidad priista para ser algo más que más de lo mismo que ha sido durante décadas.

Las videodiatribas de Germán Martínez, cuyo principal empeño parece estar concentrado en acentuar la crispación del escenario público mexicano con puyas y pleitos de mozalbete –como si el dirigente de un partido con las responsabilidades que tiene el suyo no encontrase nada mejor que hacer– resultan sintomáticas de la desorientación política que padecen el PAN y el gobierno.

Y el PRD, autorretratado en sus spots, en el menos peor de los casos resulta ser el partido de unos veteranos ciudadanos que se visten de negro para sentarse en torno a una mesa de oficina, hacer aspavientos y luego asentir, al unísono, frente a la cámara que registra sus autocomplacientes cavilaciones.

Esos son nuestros partidos realmente existentes. Ninguno de ellos suscita ganas de votar. Y de los partidos pequeños, todos y cada uno a la caza de canonjías, mejor hablamos en otra ocasión. Más vale evitar la maledicencia, aunque sólo sea por la semana santa.

Por argumentos, no quedó. Lo que faltó fueron votos. Los tres consejeros que el viernes pasado consideraron que el IFE debía multar a Televisa por las alteraciones en la transmisión de los spots electorales al comienzo de las precampañas, expusieron con claridad sus motivos. Frente a ellos, los cinco consejeros que hicieron mayoría para ratificar la absolución a esa empresa se limitaron a insistir en que no había ilegalidad porque el código electoral no menciona expresamente las conductas en las que incurrieron las televisoras para hacer mofa de los mensajes políticos.

Como se recordará, entre el 31 de enero y el 1 de febrero esas empresas se pusieron de acuerdo para transmitir en bloque, anticipándolos con advertencias que predisponían a los televidentes, los mensajes de los partidos y la autoridad electoral. En algunos casos esos spots interrumpieron la transmisión de eventos deportivos en vez de haber sido incluidos junto con el resto de los anuncios que difunden las televisoras.

En una primera sesión para ventilar ese asunto, la propuesta del secretario general del IFE para sancionar a Televisa y Azteca fue descartada por 6 de los 9 consejeros electorales el viernes 13 de febrero. Impugnada por tres partidos, esa decisión fue revocada por el Tribunal Federal Electoral y por eso el más reciente viernes 13, ahora de marzo, el consejo general del IFE volvió a ocuparse del tema. Únicamente se discutió el expediente relativo a las faltas de Televisa que es el que el Tribunal envió de regreso al Instituto Federal Electoral.

El litigio principal se desarrolló en torno a la interpretación que podría tener el apartado D del artículo 350 del Código Electoral que, entre las infracciones que deben sancionárseles a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, incluye la siguiente: “La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos, o para calumniar a los candidatos”.

En esa disposición se apoyó el secretario general del IFE para proponer las sanciones a las televisoras.

En respaldo a tales sanciones, el consejero Alfredo Figueroa dijo: Las conductas de Televisa constituyen un acto de manipulación de la propaganda electoral de los partidos políticos. Lo son porque Televisa operó e intervino indebidamente y por cuenta propia en la difusión de la propaganda electoral de los partidos y de la propia autoridad”.

Más adelante, Virgilio Andrade matizó pero también se adhirió a las sanciones: “No comparto la idea de que haya sido violada la pauta. Es más, como nunca antes vimos su cumplimiento, en virtud de que se pasó en estricto orden, con los promocionales a la hora que se programaron en los días y además sin falta alguna de los mismos. Sin embargo, en lo personal considero que sí hubo manipulación de la propagada electoral por la integración de distintos fenómenos y elementos que no se habían presentado nunca antes y que no tenían necesidad de haberse dado, tales como fueron la agrupación en bloque, la acumulación de distintos spots en dos horas diferentes, el encadenamiento en distintos canales y la presentación de la propia cortinilla; además de la interrupción de programas sin que fuere necesario hacerlo en virtud de los equilibrios de la programación comercial y de la propia programación de la televisora”.

Todos esos elementos, insistió Andrade, propiciaron “que la propaganda perdiera su sentido original, de tal suerte que se generara por el impacto masivo que tiene la televisión y por su propio poder natural de impacto y penetración, una predisposición colectiva de

rechazo al proceso electoral, adicional al juicio original y genuino que pudiesen haber hecho los ciudadanos y las personas por su libre opinión y crítica de los contenidos de los promocionales”.

En su turno el presidente del IFE, Leonardo Valdés, ratificó el voto que había formulado cuatro semanas antes: “el proyecto de resolución demuestra que se violó lo dispuesto por el artículo 350, párrafo primero, inciso d) del Cofipe, por haber una notoria alteración injustificada en el orden de transmisión, consistente en que en lugar de transmitir en 18 horas diferentes se difundieron sólo 12 bloques marcados por cortinillas, lo cual implica que los spots o mensajes no se transmitieron en la forma establecida por la pauta. Dicha manipulación tuvo como objetivo que se distorsionara el sentido original de la propaganda electoral y tuvo como objetivo darle con ello una connotación negativa”.

Los consejeros que se opusieron a las sanciones se engancharon al alegato de la consejera Macarita Elizondo, quien consideró que no está demostrado el propósito de las televisoras para afectar los propósitos de los mensajes políticos: “la descripción que se hace en la norma de la conducta para que sea sancionable implica que se tenga un fin, que es el de alterar o distorsionar el sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos o para calumniar a los candidatos. Y tal propósito no es evidente”. Además, dijo, la manera como fueron difundidos los spots no se encuentra tipificada en la ley: “Se puede pensar que la forma en que se hicieron las transmisiones no fue la usual, incluso habrá quienes pudieren decir que la interrupción de programas y la presentación de cortinillas fue inoportuna, impertinente e inadecuada, pero eso no es sancionable porque al no estar prevista en la legislación tenemos que ajustarnos, sobre todo en materia sancionadora a los referidos principios de legalidad y de certeza”.

La consejera Elizondo quiso soslayar varias circunstancias. El propósito de alterar la percepción que los ciudadanos tienen de los anuncios políticos fue tan claro que, incluso, varios días después el dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, se ufanó de haberse puesto de acuerdo con Televisa para difundir esos mensajes de la manera en que lo hicieron. En los canales de Azteca, además, los locutores prevenían a los televidentes antes de la transmisión de los spots con frases intencionalmente descalificatorias.

Por otro lado la ley no tiene que hablar de cortinillas, encadenamiento de los mensajes ni tiene que prohibir expresamente la interrupción del Super Bowl para que en esas conductas se pueda identificar una manipulación que busca distorsionar esos spots políticos.

Los consejeros Marco Antonio Gómez, Francisco Javier Guerrero, Arturo Sánchez y Marco Antonio Baños (que no dijo una sola palabra en esa sesión) respaldaron a su colega Elizondo. El consejero Benito Nacif estaba de viaje. Reiteradas de esa manera las posiciones que cuatro semanas antes habían determinado la primera absolución del IFE en beneficio de las televisoras, la decisión del Consejo General se repitió ahora por cinco votos a tres.

Los partidos que hace un mes impugnaron aquel resultado, ahora podrían hacer lo mismo. Convertido en estación terminal de los litigios que el IFE deja sin solución, el Tribunal Electoral tendría que tomar una decisión sobre los spots en vez de mantener una interminable retahíla de recepción y devolución de tales expedientes.

Mientras se mantiene ese ping pong legal, al descrédito que se ha forjado la mayoría de los consejeros del IFE se añade el deterioro en la fama pública de las televisoras. Más allá de las resoluciones legales, entre los ciudadanos atentos a estos temas pareciera quedar claro que, si bien los spots de los partidos tienen contenidos aburridos y superfluos, Televisa y Azteca cometieron un abuso al deformar su transmisión.

El costo que este episodio ha tenido para las televisoras puede resultar mayor al que suponen los asesores de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. La credibilidad, que siempre es un valor apreciable por todo medio de comunicación, en el caso de Televisa y Azteca tiene mermas que pueden apreciarse en puntos de rating. Y entre los partidos, que ahora son tan dóciles ante los consorcios mediáticos porque estamos a las puertas de las campañas electorales, se extiende la convicción acerca de las consecuencias preocupantes que acarrea el altanero poder de esas televisoras.

ejecentral, 16 de marzo