Sociedad y poder

La Crónica, jueves 27 de marzo.

   Uno.  Al menos dos empresas de comunicación, Televisión Azteca y el Grupo Imagen, se negaron de manera explícita a difundir los spots de los partidos políticos que hace varias semanas les envió el IFE. Otros consorcios mediáticos, como Televisa, simplemente se hicieron remolones y, aunque sin manifestar rebeldía expresa, en la práctica desatendieron esas instrucciones de la autoridad electoral.

   Desde hace años el IFE está facultado para emplear parte del tiempo de transmisiones al que tiene derecho el Estado en todas las estaciones de televisión y radio en la difusión. Aunque la legislación electoral era muy clara al adjudicar tales atribuciones a la autoridad en ese ramo, de cuando en cuando algunos concesionarios se negaban a cumplir dicha obligación. La reforma constitucional promulgada el 13 de noviembre pasado robusteció y aclaró, a fin de que no quedase duda alguna, las facultades del IFE para disponer de tiempo estatal en todas las radiodifusoras y televisoras.

   El Artículo 41 de la Carta Magna señala en su tercera sección: “El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio de los derechos de los partidos políticos nacionales”.

   Allí se establece la proporción que, del tiempo que corresponde al Estado, el IFE puede ejercer tanto en periodos regulares como durante campañas electorales. También se indica que, de considerarlo necesario, la autoridad electoral puede disponer de más tiempo de transmisión.

   Ahora únicamente el IFE puede administrar y gestionar la transmisión de mensajes “dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos” en los medios electrónicos. Esas transmisiones “se harán en el horario que determina el Instituto”, indica el mismo apartado Constitucional.

   No hay vuelta de hoja: en materia de mensajes de los partidos el IFE dispone dentro de los parámetros indicados por la Constitución –y que el Código Federal Electoral reitera–  y los concesionarios de radio y televisión están obligados a obedecer.

   Sin embargo las autoridades del IFE comenzando por su nuevo presidente, el doctor Leonardo Valdés, presenciaron prácticamente impávidos durante varias semanas el desacato de las televisoras, las convocaron no a cumplir la ley sin chistar sino a una curiosa y extralegal negociación y finalmente establecieron una comisión en la que participan radiodifusores, gobierno y autoridad electoral,  a través de la cual gestionarán la difusión de los mensajes políticos.

   El temor de las nuevas autoridades del IFE para hacer cumplir la ley resulta inquietante. Ojalá sea expresión sólo de novatez y no de precoz cuan innecesaria rendición al poder mediático.

   De acuerdo con el Código Electoral el IFE puede multar y, si reinciden, puede ordenar la suspensión de entre una y 36 horas del tiempo comercializable en las estaciones de radio o televisión que se nieguen a difundir los mensajes proporcionados por la autoridad electoral. Y también está facultado, de acuerdo con el 41 Constitucional, para emprender “procedimientos expeditos que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones de radio y televisión de concesionarios y permisionarios que resulten violatorias de la ley”.

   Recursos legales y motivos, no les faltan para sancionar a las empresas de comunicación que se niegan a cumplir con esas obligaciones. ¿Qué esperan los consejeros del IFE para hacer valer su autoridad?

   Dos. El zipizape dentro del PRD es lastimoso, patético, de escándalo. El caudillismo que ejerce López Obrador es el motivo central, pero no el único, que ha propiciado la descomposición hoy evidente entre los perredistas. A las mañas y tretas que llevaron al PRD no pocos de los ex priistas se convirtieron en su columna vertebral, se añade el clientelismo embaucador de grupos como los que han sido la base social fundamental del perredismo en la ciudad de México. Personajes como Bejarano siguen siendo algo más que despreciable anécdota gracias al respaldo que en ellos tienen dirigentes como López Obrador y, ahora, Alejandro Encinas.

   Algún día habrá que recapitular sobre la trayectoria de Encinas, a quien todos sus adversarios respetan aunque no sean igualmente respetables muchos de sus operadores políticos. Cuando resulta que un sujeto conocido por su talante provocador y de personalidad tan viscosa como Gerardo Fernández Noroña es vocero de Encinas, parece claro que el horizonte de ese aspirante a la presidencia del PRD quedó lejos, muy lejos, de la izquierda que se quería distinguir por sus convicciones democráticas y por su integridad moral.

   A casi dos semanas de que se realizaron el 16 de marzo, nadie sabe quién ganó las elecciones en el PRD. Encinas, Noroña y socios se amparan en los conteos rápidos que, desde aquella noche, indicaron que ellos habían ganado. A esa posición debe haberle caído como balde de agua no helada, sino hirviente, la explicación que ayer ofreció en El Universal Roy Campos, responsable de uno de esos conteos:  “las irregularidades de la contienda rebasaron a los conteos rápidos y al PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) para ponerla en el camino de la calificación y el recuento, o tal vez la anulación”.

   El director de Consulta Mitofsky puntualiza que, al fluir los datos del cómputo, “con 35% de avance Encinas aventajaba con 3.5 puntos; con 60% Ortega iba adelante con 3.1 puntos de ventaja; y finalmente, con 71%, Encinas mostraba 0.4 puntos más que Ortega”. Entonces, las autoridades del PRD suspendieron la publicación de esos datos.

   El grupo de Jesús Ortega insiste en que el cómputo prosiga. Encinas y su vocero se aferran a conteos como el ahora descalificado por el especialista que lo realizó. Lo único claro es que la diferencia entre los dos principales candidatos a la presidencia del PRD es de pocos votos. Tan pocos, que cuando el cómputo termine nadie quedará del todo satisfecho y el perdedor muy posiblemente demandará la intervención del Tribunal Federal Electoral.

   Sí, el mismo TRIFE al que, junto con el resto de las instituciones estatales, muchos de los perredistas mandaron al diablo hace menos de año y medio.

   Tres. Pero en materia de pena, no ajena sino propia para quienes alguna vez consideramos que podría ser congruente con su nombre, Alternativa Socialdemócrata está a punto de perpetrar su suicidio político.

   La Asamblea Nacional que el próximo domingo elegirá (o más bien reelegirá) al presidente de ese partido estará trozada por la mitad. El sector más destacado, empeñoso e influyente de ese partido, encabezado por Patricia Mercado, no estará plenamente representado en dicha Asamblea a la cual llegarán, sin embargo, delegados que fueron nombrados en reuniones de dudosa legalidad.

   Vaya, ni siquiera Patricia Mercado, que sin lugar a dudas es la figura cardinal de ese partido, tendrá acceso a dicha asamblea porque hace dos semanas la reunión para elegir a los delegados por el Distrito Federal fue saboteada por miembros del grupo afín al presidente del partido, Alberto Begné.

   Alternativa pudo sortear con enormes esfuerzos las dificultades iniciales de la construcción del partido. Luego padeció una dolorosa pero necesaria escisión, cuando la corriente de origen aparentemente campesino que participó en su fundación quería imponer una candidatura presidencial incongruente con los principios socialdemócratas que animan a Mercado y sus compañeros.

   Por decisión de Mercado y ese grupo, la dirección de Alternativa quedó a cargo de Begné durante la campaña electoral pero después de ella se fueron agudizando diferencias a veces por el manejo interno del partido, en ocasiones por las políticas de alianzas. En vez de que se consolidara un solo cuerpo de principios y propuestas, dentro de Alternativa decantaron dos grupos que no encontraron mejor solución que confrontarse en una elección nacional.

   Si el camino a esa elección hubiera sido escrupuloso, estaríamos ante un desenlace difícil pero en todo caso democrático. Sin embargo, a decir de Mercado y sus compañeros, la corriente de Begné utilizó prácticas tramposas y de manipulación para tener más delegados en la asamblea del próximo domingo.

   Así ocurrió cuando los representantes de los comités de acción política del partido, electos para la asamblea estatal del Distrito Federal, se reunieron el pasado 16 de marzo en el Hotel Crowne Plaza en la Colonia Nápoles. El Notario Luis Eduardo Zuno Chavira atestiguó el registro de esos delegados y los incidentes de la, a la postre, fallida asamblea.

   Aunque había 324 delegados, cuando se realizó una votación inicial para designar escrutadores se registraron 160 votos por una fórmula y 129 por la otra. Como la ausencia de votos suscitó sospechas que fueron debatidas por largo rato, hubo una segunda votación en la que, en total, se contabilizaron 331 votos. Es decir, había más votos que boletas de participación expedidas.

   Esas irregularidades, en un clima tenso y difícil, exasperaron los ánimos tanto entre partidarios de Begné que iban de playera blanca como entre adherentes de Mercado que portaban vestimenta roja. El Notario certificó que algunas personas de playera blanca impedían el cómputo de los votos. También registró el exabrupto de un miembro del otro grupo que azotó contra el suelo la mesa del presídium. El Notario indica en su recuento de hechos que ante esas circunstancias el presidente de la Asamblea, Humberto Trujillo, “me manifiesta que se suspende la Asamblea por no haber condiciones de seguridad”.

   En ese momento la Asamblea dejó de tener validez. Inmediatamente después se generalizó una trifulca. En distintos testimonios periodísticos se ha narrado cómo resultaron lesionados varios partidarios de Mercado. Aunque la Asamblea ya había sido levantada los partidarios de Begné la reinstalaron varias horas más tarde, ya sin miembros del otro grupo. De 324 delegados que había por la mañana, en esa segunda asamblea permanecían únicamente 140 –luego llegaron unos cuantos más–. Esos fueron los delegados que eligieron como nuevos dirigentes de Alternativa en el DF a Enrique Pérez Correa y José Carlos Díaz Cuervo, simpatizantes de Begné.

   Rota su legalidad interna, el partido a cuyos dirigentes nacionales elija la asamblea del domingo próximo quizá será otro, muy distinto, al que quisimos, respaldamos y defendimos los ciudadanos que en julio de 2006 votamos por Patricia Mercado. Será, en ese caso, un partido de usurpadores.

Texto publicado en la revista emeequis el 10 de febrero de 2007

La destitución de 3 de los 7 consejeros electorales se debió a una venganza de los partidos contra el IFE. El proceso para escoger a los nuevos funcionarios de ese Instituto fue irregular y patético. Sin embargo la designación del nuevo presidente del organismo electoral es acertada en varios sentidos.

   Leonardo Valdés Zurita es uno de los especialistas más competentes, desde hace dos décadas, en la investigación de los procesos políticos en México. Además tiene probada experiencia en la conducción de instituciones electorales. Lo mismo ha sido profesor destacado en la UAM y la Universidad de Guanajuato que funcionario escrupuloso en el Instituto Electoral del DF. Es, sobre todo, un hombre sensato e independiente. Su reto principal ahora que encabeza al IFE va a ser, precisamente, mantener esos atributos.

   Los perredistas impusieron la destitución de Luis Carlos Ugalde y otros dos consejeros en continuación del mito que le achaca a la autoridad electoral la derrota en las elecciones presidenciales de 2006. Los priistas no acaban de entender –y menos aún de explicar– por qué dejaron de apreciar a los funcionarios del IFE que ellos mismos designaron en 2003. A esos débiles cuan cuestionables motivos se añadió la perplejidad del PAN que terminó avalando, más por omisión que por acción, la remoción de aquellos consejeros.

   La convocatoria para sustituir a tales consejeros, el procedimiento para echar del IFE a unos sí y a otros no, las sucesivas revisiones de la lista de ciudadanos aspirantes a encabezar al Instituto y que pasó de medio millar a un centenar y luego a 3 docenas sin que nadie supiera con qué criterios tomaban esas decisiones los diputados y luego el formidable desencuentro que impidió que cumplieran el plazo que ellos mismos se habían señalado cuando aprobaron la reforma constitucional en materia electoral, apuntaban hacia una decisión ceñida por una catarata de torpezas y despropósitos. Pero al menos la designación del consejero presidente, que de los tres nombrados el jueves 7 de febrero es quien tiene una trayectoria idónea para desempeñar esa responsabilidad, le devuelve al IFE algo del aliento y la respetabilidad que lo han distinguido. Así es que no siempre las cosas que mal empiezan, terminan mal.

   Leonardo Valdés ha tenido una militancia política de izquierdas, en los lejanos pero fundacionales tiempos de los partidos Mexicano de los Trabajadores y Mexicano Socialista. De aquel compromiso político, transitó luego a la institucionalidad electoral. Ha sido un hombre de ideas públicas. Prácticamente no existe revista mexicana de análisis académico sobre temas políticos en donde no hayan aparecido contribuciones suyas. De ese trabajo constante hay registro, además, en numerosos libros colectivos.

   En uno de los más recientes, 2 de julio. Reflexiones y alternativas, que resultó de un seminario coordinado en 2006 por la también muy destacada especialista Jacqueline Peschard en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Valdés Zurita hace un balance de las elecciones de aquel año. Allí, aparte de examinar los resultados de las votaciones, discute el comportamiento que tuvo Andrés Manuel López Obrador.

   Como iba adelante en las encuestas, explica Valdés, ese candidato presidencial se confió demasiado. “La seguridad de tener ventaja –escribe– quizá fue la principal causa de tres errores de campaña: 1. No asistir al primer debate entre los candidatos presidenciales; 2. Mantener una baja presencia en los medios electrónicos durante la primera etapa; y 3. No procurar adecuadamente a algunas organizaciones empresariales”.

   Valdés considera que el “síndrome de puntero” fue uno de los elementos “que llevaron a López Obrador a la incapacidad para aceptar su derrota”. El precio de esa actitud, subraya, ha sido alto “para la continuidad del movimiento político que se expresó en las urnas como un masivo voto a favor del programa de López Obrador”.

   El ahora presidente del IFE ha sido un analista inteligente y crítico. No se puede decir que sus opiniones estén sesgadas a favor de partido alguno. Tampoco suele ser complaciente con los excesos y equivocaciones de esos protagonistas de la vida pública. En el cargo que ahora ocupa Leonardo Valdés requerirá de esa agudeza crítica. Y de mucha, mucha paciencia.

La Crónica, jueves 3 de enero de 2008

La demanda de amparo que varios escritores y periodistas promovieron contra una de las fracciones de la reforma constitucional en materia electoral confirma que, en ocasiones, los buenos propósitos marchan por senderos tortuosos y contradictorios. Esos intelectuales, la mayor parte de ellos muy destacados, consideran que la prohibición a la contratación de propaganda electoral en radio y televisión “conculca su libertad de expresión”.

   Para llegar a esa afirmación, los promotores de la demanda parten de varias suposiciones erróneas. Persuadidos quizá por una información parcial, confunden la libertad de expresión con la posibilidad de comprar espacios en medios electrónicos. Y entonces, ofuscados por el disgusto que les suscita esa taxativa, consideran que todas sus posibilidades para expresarse públicamente quedan impedidas por la nueva disposición constitucional.

   En la petición de amparo que presentaron en diciembre esos escritores y periodistas estiman, según la información periodística: “En razón de las actividades lícitas que desarrollamos, quedamos automáticamente excluidos del derecho a la libre expresión de las ideas a través de la contratación de tiempo de transmisión en los medios masivos de comunicación, así como a deliberar y crear espacios para la discusión pública de temas que interesan a la comunidad”. Allí aparecen varias contradicciones.

   La reforma constitucional, en el tema que es motivo de esa demanda, no cancela derechos de particulares debido a la actividad que realizan. Simplemente establece que nadie, absolutamente nadie, podrá contratar espacios para propaganda política en televisión o radio. En esa restricción están incluidos los poderes públicos, las instituciones civiles o privadas, los ciudadanos a título individual y desde luego los partidos políticos. La única propaganda de carácter electoral que se podrá difundir en medios electrónicos será aquella que, a petición de los partidos, encauce el Instituto Federal Electoral en los tiempos de carácter estatal que ya existían en televisión y radio y que ahora serán utilizados para transmitir tales mensajes.

   Los motivos de esa disposición han sido ampliamente argumentados. La contratación de propaganda electoral en televisión y radio llegó a ser una fuente de distorsiones cada vez más graves en contra de la equidad deseable en la competencia electoral. Las empresas televisoras, beneficiaban o perjudicaban a los partidos al ofrecer tarifas y horarios de transmisión discrecionales. El gasto en contratación de spots en esos medios ascendió a cerca de 2 mil millones de pesos en las campañas electorales de 2006. Y, por otra parte, la intervención de particulares que produjeron y financiaron anuncios electorales añadió un ingrediente más de arbitrariedad a la competencia entre los partidos.

   Cuando estaban por realizarse las elecciones de aquel 2006, el Consejo Coordinador Empresarial promovió una campaña mediática contra la candidatura de López Obrador. Independientemente de que estuviéramos o no de acuerdo con los contenidos de esos anuncios, se trataba de mensajes ilegales. Desde tiempo atrás el Código Federal Electoral, en su artículo 48, establecía que solamente los partidos políticos tenían derecho a “contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto”.

   Los escritores y periodistas que ahora se inconforman porque la reforma constitucional reitera esa prohibición nunca reclamaron contra ella durante los más de 10 años que estuvo vigente en el Cofipe. En 2006 los empresarios que pagaron spots pudieron burlar esa disposición porque no estaba acompañada de sanciones a quienes la infringieran. Ahora sí habrá multas para quienes quebranten esa norma pero, desde luego, no se encuentran establecidas en la Constitución sino en el Código Federal Electoral aprobado por el Congreso en diciembre pasado y cuya promulgación ha sido inquietantemente demorada por el Presidente de la República. Las sanciones que allí se establecen son especialmente severas con la empresas de radiodifusión que acepten dinero por difundir propaganda electoral.

   La reforma constitucional y su ley reglamentaria ratifican y precisan una restricción que ya existía y la hacen extensiva a los partidos políticos. Nada, absolutamente nada, cambiará en el ejercicio de la libertad de expresión. Los promotores del juicio de amparo se equivocan cuando dicen que ahora “estarán automáticamente excluidos del derecho a la libre expresión de las ideas a través de la contratación de tiempo de transmisión en los medios masivos de comunicación, así como a deliberar y crear espacios para la discusión pública de temas que interesan a la comunidad”. Esa exclusión ya existía. Quizá no se habían dado cuenta porque nunca tuvieron interés ni necesidad para contratar espacios en televisión o radio. Y no los tuvieron, entre otros motivos porque muchos de ellos son asiduos participantes en espacios de discusión y opinión que hay en los medios electrónicos.

   Los espacios de discusión e información seguirán existiendo en medios de toda índole. La libertad para expresarse en ellos no cambia ni un ápice debido a la reforma constitucional. Allí se encuentra el meollo del preocupante error en el que incurren los escritores y periodistas que promueven el amparo judicial. La libertad para expresarse en los medios no varía, porque nunca ha dependido de la posibilidad de contratar espacios pagados en ellos. Sin embargo, en una voltereta retórica tan arriesgada como desatinada, a partir de esa inexactitud se llega a la conclusión de que la opinión y la discusión en los medios electrónicos quedarán limitadas.

   En la demanda de amparo, de acuerdo con las versiones periodísticas, se dice que la reforma constitucional elimina “el derecho de los quejosos para acceder a los medios masivos de comunicación, con igualdad y equidad”.

   Pero el ejercicio de tales atributos –igualdad y equidad– no ha dependido jamás, hasta donde sabemos, de la capacidad que esos escritores y periodistas, o cualquier ciudadano, puedan tener para pagar spots en televisión y radio. Estamos seguros de que a ninguno de ellos les han cobrado por difundir sus declaraciones y opiniones –al contrario, en vista de que con frecuencia se trata de un trabajo profesional, son las televisoras y radiodifusoras las que tienen que remunerarles a esos opinantes frecuentes sus interesantes contribuciones–.

  El politólogo Federico Reyes Heroles, que ha encabezado la solicitud de amparo, ejemplificó en una entrevista una de las consecuencias que le preocupan de la reforma reciente: “si sale un candidato racista o un xenófobo donde sea, no podríamos salir a rentar un spot y decir que estamos en contra” (Milenio, 22 de diciembre). En efecto, los ciudadanos inconformes con ese presunto candidato no podrían contratar un anuncio pagado, en el también hipotético caso de que reunieran los fondos suficientes para ello. Pero tendrían la posibilidad de impugnarlo a través del mismo medio o de otros, ya fuese en sus propias colaboraciones periodísticas o haciendo valer el derecho de réplica, que precisamente en esta reforma, fue incorporado al artículo 6º. de la Constitución y cuya reglamentación está pendiente.

   En los últimos día de diciembre, la solicitud de amparo fue desechada por una juez federal. Los demandantes habían anticipado que insistirían por otros cauces legales. Es plausible que quienes no estén de acuerdo con una disposición legal tengan instrumentos jurídicos para impugnarla. Sin embargo en este caso hay un impedimento formal porque resulta bastante peregrino objetar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Por eso, igual que la que mencionamos, distintos jueces han rechazado otras demandas de amparo que presentó el Consejo Coordinador Empresarial contra la misma reforma constitucional.

   Al margen de esa discordancia jurídica lo más importante es el hecho de que varios escritores y periodistas, entre ellos algunos que habitualmente defienden sus puntos de vista con razones y hechos de reconocible solidez, en esta ocasión hayan incurrido en una postura tan desacertada. Acaso, en su adhesión a esa demanda influyó el disgusto contra los partidos políticos que han tomado decisiones tan inicuas como la destitución de los consejeros del IFE. Seguramente muchos de ellos están sinceramente convencidos de que hay una transgresión grave a la libertad de expresión.

   Quienes así lo consideran olvidan que la convivencia social obliga a que, siempre, el ejercicio de las libertades tiene limitaciones. Aunque la libertad de tránsito es una garantía constitucional, no tengo derecho a entrar al Periférico en sentido contrario. Aunque hay libertad para trabajar, la Constitución misma aclara que existen actividades ilícitas e incluso, hay profesiones cuyo ejercicio requiere de un título legal. Aunque la de expresión es una de nuestras libertades esenciales, hay reglas para ejercerla. No tengo derecho a pintarrajear con una opinión mía las paredes de un domicilio particular ni a pegar carteles en un monumento público, ni lo tengo para entrometerme en la vida privada de nadie, porque la libertad de expresión jamás se ejerce de manera irrestricta.

   Esas limitaciones, que son normales pero además necesarias en cualquier sociedad y sistema político, se les olvidan a los promotores del amparo. Algunos de ellos han llegado a decir que, a causa de la reforma constitucional, ahora no será posible criticar a los funcionarios públicos ni a los dirigentes políticos. Si así fuese, yo hubiera querido estar entre los primeros en oponerse a dichas modificaciones legales. Pero no es verdad que la reforma tenga tales consecuencias. Lejos de vulnerar libertades la actualización constitucional, en ese tema, propicia una competencia política menos inequitativa.

   En otros momentos he cuestionado aspectos que me han parecido indeseables de esa reforma constitucional en materia electoral. Junto a ellos, considero que ha sido un acierto terminar con la discrecionalidad que la radio y sobre todo la televisión han ejercido al manejar la propaganda electoral. No fue inesperado que Televisa y TV Azteca se inconformaran, incluso de manera tan tramposa y pendenciera como hizo la empresa de Salinas Pliego, contra esas nuevas disposiciones legales. Tampoco lo fue el respaldo de varios organismos patronales a esa causa de las televisoras. Lo que ha resultado preocupante es, por las exageraciones y confusiones que implica, la demanda de amparo de escritores y periodistas. Debido al respeto y aprecio que les ten a muchos de ellos he querido tomar en serio sus razones y señalar por qué me parecen erróneas y desafortunadas.

La Crónica, diciembre 20 de 2007

   Atrapada en las indecisiones de sus grupos parlamentarios, al postergar la designación de los nuevos consejeros del IFE la Cámara de Diputados violó por lo menos cuatro disposiciones de la reforma constitucional que sus integrantes habían aprobado tres meses antes.

   Esa transgresión forma parte del vergonzoso espectáculo que ofrecieron los diputados –y con ellos los dirigentes nacionales de los partidos representados en San Lázaro– al enredarse en una ya proverbial incapacidad para tomar acuerdos cuando están en juego cuotas de poder que cada segmento de la llamada clase política considera irrenunciables.

   Apenas un mes antes, el 13 de noviembre, había quedado promulgada la reforma constitucional que a mediados de septiembre fue aprobada por los mismos diputados que ahora la infringieron. Junto con las importantes modificaciones constitucionales en materia electoral, allí estaban contenidas las disposiciones transitorias para la sustitución de los consejeros del IFE que serían destituidos sin que jamás hubiera explicación política expresa ni justificación legal alguna para ello.

   El Artículo Cuarto Transitorio dice con toda claridad que, en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de esa reforma constitucional, la Cámara de Diputados tendría que haber integrado el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Ese plazo se cumplió el 13 de diciembre.

   Los legisladores tenían tan presente esa fecha que desde comienzos de la semana pasada intensificaron sus negociaciones para designar a los consejeros del IFE. El calendario que establecieron incluyendo el proceso de auto postulaciones, la inopinada descalificación de buena parte de los inscritos y la extravagante pasarela a la que fueron sometidos quienes llegaron a esa fase, estaban diseñados precisamente para respetar el plazo que concluía el día 13.

   Ahora sin embargo, en una mezcla de cinismo y prevaricación a la cual los diputados han querido denominar realismo político, sostienen que no quebrantaron la ley. Además de tramposos han resultado mentirosos.

   Junto al incumplimiento del plazo legal, la Cámara de Diputados contravino la reforma constitucional al no haber designado al nuevo presidente del IFE. Una tercera infracción ha sido el desacato al mandato para que, además, eligiera a dos nuevos consejeros electorales. Y una cuarta, la omisión para elegir a quienes, de entre los actuales consejeros, terminarán su mandato en agosto de 2008 y a los que continuarán hasta octubre de 2010.

   Como resultado de esa indolencia de los diputados, el Instituto Federal Electoral quedó descabezado. Luis Carlos Ugalde no podía seguir al frente de esa institución porque la reforma constitucional le había puesto plazo fijo a la arbitraria terminación de su encargo.

   Los líderes parlamentarios quisieron justificar su propia incuria para acordar la designación de los nuevos consejeros acudiendo a una leguleyada que ni siquiera ellos mismos se creen. El Artículo Cuarto Transitorio, que establece los plazos para la integración del Consejo General del IFE, incluye en su último párrafo la siguiente disposición:

   “Los consejeros electorales y el consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán en sus encargos hasta en tanto la Cámara de Diputados da cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo”.

   Ese párrafo ha sido esgrimido por algunos de los diputados federales, especialmente por Emilio Gamboa que coordina la fracción del PRI, para manifestar que no hay ilegalidad al postergar la designación de los nuevos consejeros electorales. Somos tan previsores, han dicho esos legisladores, que al redactar los transitorios incluimos una cláusula de seguridad por si nos demorábamos en la designación de los consejeros.

   También en eso mienten tales diputados. La reforma constitucional no la diseñaron ellos sino los senadores. La Cámara de Diputados aprobó sin modificación alguna la minuta que le envió su colegisladora. Y la previsión que incluye el citado párrafo del Cuarto Transitorio no deja lugar a dudas. Allí se aclara que los consejeros electorales que ya ocupaban esos cargos al momento de la promulgación de la reforma constitucional, seguirían en ellos durante los 30 días que, cuando mucho, transcurrirían hasta la designación de los nuevos funcionarios del IFE. Allí seguirían, se dice, “hasta en tanto la Cámara de Diputados da cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo”. ¿Y qué es lo que dispone tal artículo? Pues precisamente los plazos para esos nombramientos: 30 días a partir de la publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial.

   Los legisladores, cuando redactaron la reforma constitucional, estaban tan seguros de que en 30 días lograrían los acuerdos suficientes para designar a las nuevas autoridades electorales que, además de señalar un plazo específico, dejaron sin efectos los nombramientos de consejeros suplentes que el Congreso aprobó en octubre de 2003 cuando eligió a Luis Carlos Ugalde y al resto de los miembros del Consejo General del IFE.

   Así que por donde se le mire no había manera de evitar, dentro de la ley, el cumplimiento de esa disposición. Los diputados la transgredieron a sabiendas de lo que estaban haciendo. Y actuaron así ante la incapacidad de sus dirigentes parlamentarios para ponerse de acuerdo en la designación de tres ciudadanos para el IFE.

   Esa infracción crea una situación de incertidumbre tanto para la autoridad electoral como para el sistema político mismo. Seguramente nadie declarará ilegal al actual Consejo del IFE aunque habría motivos jurídicos para hacerlo. Pero la erosión política que se infligen a sí mismos y que propagan por el resto del entramado legislativo e institucional señala ya los límites de la extraordinaria capacidad de acuerdos que el Congreso había demostrado tanto en la reforma constitucional como en la elaboración del nuevo Código Federal Electoral.

   No es de extrañar que los inmediatamente afectados por esa reforma, que son los propietarios de las cadenas de la televisión privada, señalen de manera acusadora, e incluso festejen marrulleramente, el desatino de los diputados al postergar la designación de los consejeros electorales. Lo menos que podría decirse es que esos legisladores les regalan a sus adversarios una espléndida ocasión para denostar al Congreso. Pero es inevitable recordar que las posiciones más críticas respecto de las empresas de radiodifusión privada se han extendido especialmente en el Senado y mucho menos en la Cámara de Diputados. Y uno de los operadores del fallido intento para acordar la designación de los consejeros electorales ha sido nada menos que Emilio Gamboa Patrón, el coordinador priista a quien por muchos motivos se ha podido considerar, en distintas circunstancias, como abanderado de Televisa.

   Claro que si Gamboa y su fracción han desempeñado un papel central en este diferendo ha sido por omisiones de los partidos que tienen más representantes en San Lázaro. Según distintas versiones, el desencuentro de los diputados se originó en la obcecación del PRD para no aceptar como presidente del IFE a nadie que no fuera don Genaro Góngora Pimentel. Los motivos del PAN para oponerse a ese ministro de la Corte no han sido claros y aparentemente están más fundados en suposiciones acerca de las simpatías de Góngora que en hechos o decisiones verificables.

   Pero como quiera que fuese, era un hecho que ese personaje no reunía el consenso de los tres partidos que se ha considerado necesario para que la nueva autoridad electoral tenga suficiente respaldo político. Al aferrarse a una sola opción el grupo parlamentario del PRD, comenzando por su coordinador Javier González Garza, se convirtió en simple correa de transmisión de las fobias y los vetos de Andrés Manuel López Obrador. Gracias a ellos, el ex candidato presidencial consiguió boicotear la designación de la autoridad electoral.

   Los diputados del PRI y el PAN, al carecer de una política precisa que orientara esa decisión, quedaron atrapados en el regateo por posiciones coyunturales. Con el vulgar trapicheo al que quedó supeditada esa designación y junto con los ya mencionados atropellos legales, el IFE quedó más maltratado que nunca.

   En ese contexto adquiere mayor sentido la decisión de Luis Carlos Ugalde. Con su renuncia, anunciada el viernes 14 de diciembre, el consejero presidente les reviró a los diputados la bofetada política que le habían propinado al destituirlo. Quienes han incumplido la ley y ponen en riesgo la estabilidad del IFE son ellos. Los promotores de la remoción jamás demostraron que Ugalde hubiera cometido alguna falta legal. En cambio, quienes lo separan de ese cargo no son siquiera capaces de cumplir los plazos y las formas de las modificaciones constitucionales que ellos mismos aprobaron.

   La renuncia de Ugalde tiene alcances políticos y también éticos. Allí se dice, con toda razón: “El IFE no puede ser sujeto de los vaivenes y desacuerdos de los partidos. El IFE merece respeto porque lleva a cabo una función central en beneficio de los ciudadanos. La dignidad del IFE está por encima de los intereses de los partidos”.

   La torpeza política de los diputados le dio al doctor Ugalde la oportunidad de reivindicar una dignidad que nunca dejó de tener como presidente del IFE pero que ha sido especialmente ostensible en la última decisión que tomó al ejercer esa responsabilidad. Luis Carlos Ugalde se va del IFE con la certeza de que cumplió razonablemente bien con las complejas obligaciones de ese cargo. Las equivocaciones políticas que pudo haber tenido nunca fueron resultado de la mala fe y jamás implicaron contravención de la ley.

   El patético espectáculo que ofrecieron los consejeros electorales, que cuando tuvieron necesidad de reemplazar a su presidente se interesaron más en dirimir rencillas domésticas que en preocuparse por el IFE, contribuye a explicar algunas de las dificultades que enfrentó Ugalde durante su gestión. Es difícil llegar lejos con la mayor parte de esos consejeros, que no han sido capaces de mirar más allá de la esquina de Tlalpan y Periférico Sur. Andrés Albo, uno de los más rescatables de entre ellos y que en distintas circunstancias ha manifestado prudencia y talento, quedó provisionalmente a cargo de la presidencia.

La Crónica, jueves 13 de diciembre de 2007

   Una de las mejores noticias en los tiempos recientes había sido la decisión de casi 500 ciudadanos para competir por las tres posiciones que el revanchismo de los partidos dejó vacantes en el Consejo General del IFE. El rango de habilidades disciplinarias y experiencias políticas de esos aspirantes era muy amplio: abogados, politólogos, profesores, economistas; especialistas en temas electorales; viejos y recientes luchadores sociales; comentaristas con alguna presencia mediática; antiguos consejeros del propio IFE y ex funcionarios de organismos electorales en los estados; investigadores universitarios; miembros del sistema judicial… Evidentemente no todos tenían méritos suficientes pero entre esos casi 5 centenares había una pléyade sorprendentemente cuantiosa.

   Por eso tenía gran importancia el proceso de selección a cargo de los partidos en la Cámara de Diputados. Sabiéndose culposos de la decisión para remover al todavía hoy presidente del IFE y a dos consejeros más, los diputados montaron un dispositivo en donde el show prevaleció sobre la deliberación.

   Desde el primer momento fue claro que la designación de los consejeros sería una decisión política como siempre ha ocurrido. No puede suceder de otra manera porque se trata de responsabilidades eminentemente políticas por mucho que, además, se requieran cualidades específicas para fungir como autoridad electoral. El problema es que el nombramiento de estos tres consejeros y la selección de aquellos que tendrán que ser destituidos antes de cumplir los siete años para los que fueron designados en 2003 está condicionada por una decisión injusta.

   La venganza política impulsada atrabiliariamente por el PRD, admitida marrulleramente por el PRI y admitida dócilmente por el PAN para deponer al presidente del IFE y a dos consejeros más, llevó a los diputados a improvisar un mecanismo de selección que supuestamente sería cristalino y pulcro. Pero de los 500 iniciales, los filtros establecidos para llegar a 106 candidatos fueron tan crípticos como caprichosos.

   En el poco más de un centenar de ciudadanos admitidos para ser entrevistados por las comisiones de diputados quedaron mexicanos notables por su conocimiento del tema electoral así como, en algunos otros casos, por su respetabilidad personal y política. El problema de esa lista no eran tanto los agraciados con un sitio en ella como varios de los excluidos, que tenían tantas o mejores credenciales que la mayor parte de aquellos 106.

   Nadie en San Lázaro ha sido capaz de explicar por qué de esa selección fueron apartados académicos de tan puntual conocimiento de los temas electorales como Álvaro Arreola Ayala y Yolanda Meyenberg Leycegui, investigadores en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Arreola tiene varios años estudiando las legislaciones electorales del país y cuenta con experiencia práctica pues fue consejero electoral en el Estado de México. Meyenberg ha trabajado temas de cultura política y reformas institucionales y participó en la oficina de Comunicación del pasado gobierno federal.

   Como ellos, hay varios casos notorios de aspirantes que reunían todas las condiciones formales y varias de las cualidades políticas pertinentes para formar parte del cuerpo directivo del IFE pero que fueron inopinadamente descartados de esa posibilidad. Otro de ellos,  Pablo Javier Becerra Chávez, investigador y profesor en la UAM Iztapalapa, considera en una carta publicada este miércoles en el diario Reforma: “Los ciudadanos descartados nunca fuimos informados puntualmente de las razones de nuestra exclusión ni de los requisitos que, supuestamente, no cumplimos. No pretendo que mi participación en dicho proceso deba concluir necesariamente con mi inclusión entre los finalistas, pero me parece inaceptable que la Comisión de Gobernación pase por encima de mi trayectoria y de la de colegas de gran valía…”

   Esa queja y otras similares quedarán sin respuesta porque si algo define al proceso de selección que montaron los diputados, es la discrecionalidad. Las entrevistas con los 106 aspirantes fueron públicas pero no por ello hubo mayor transparencia. Gracias a que se difundieron en el Canal del Congreso fueron públicos méritos y personalidades de todos ellos pero, sobre todo, la ordinariez que desplegaron algunos legisladores contra los aspirantes que quisieron suponer adversarios suyos.

   La retahíla de insolencias que la diputada Layda Sansores descargó contra la doctora María Marván Laborde dibujó con nitidez la vergonzosa carga de necedad que sigue existiendo en nuestro Poder Legislativo. Heredera, literal y políticamente, del viejo caciquismo priista, si algo ha definido durante los años recientes a la ahora diputada Sansores es la carencia de principios a la que, en estos tiempos de difuminación de la realidad en aras de la corrección política, algunos denominan simplemente pragmatismo. Esa fue la diputada que, sin credencial democrática alguna y para sonrojo de la mayoría de sus colegisladores, propició con sus agresiones que la doctora Marván desistiera de seguir participando en el proceso para la llegar al Consejo del IFE.

   Con sinrazones y contradicciones, la nómina de 106 quedó reducida a 39. Y otra vez, los motivos para seleccionar a unos sí y a otros no quedaron en la oscuridad. Puesto que no se conocieron los criterios que supuestamente utilizaron los diputados para calificar a más de 100 aspirantes, puede suponerse que hubo alguna dosis de ignorancia y antipatía para descartar a varios de ellos.

   Nos quedamos sin saber por qué fueron excluidos ciudadanos como Mireille Rocatti, ex presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Rosa María Mirón Lince, investigadora en asuntos electorales y ex consejera del Instituto Electoral del DF; Fernando Serrano Migallón, sobresaliente director de la Facultad de Derecho de la UNAM y autor de obras sobre legislación electoral o Arturo Martínez Nateras, que además de ofrecer como aval su trayectoria política personal hizo propuestas muy puntuales sobre lo que hubiera hecho de llegar al IFE.

   A pesar de todo ello, si anoche los diputados responsables de la designación seguían entrampados, acaso no era por falta de opciones interesantes para cubrir las tres posiciones en el Instituto Federal Electoral. Entre los aspirantes que se mantuvieron hasta la fase final hay ciudadanos de largo y respetado recorrido en el servicio público como los ex embajadores Jorge Eduardo Navarrete y Ricardo Valero. Está el ministro de la Suprema Corte Genaro Góngora Pimentel, a quien se le atribuyen simpatías políticas que él no ha querido tomarse la molestia de esclarecer. Hay varios ex funcionarios electorales como el ex presidente del IEDF Javier Santiago Castillo, la ex consejera de ese mismo Instituto María Elena Homs Tirado, el ex presidente del Tribunal Electoral José Fernando Ojesto y los ex consejeros del IFE Virgilio Rivera –que por algo habrá obtenido la mayor calificación en la puntuación que adjudicaron los diputados– y Mauricio Merino Huerta, mencionado desde hace varias semanas entre quienes tenían más posibilidades de ser seleccionados y que ayer en su artículo de El Universal advirtió a los partidos: “El consenso político que han venido anunciando no puede ser un asunto cosmético ni trivial, sino el principio de la reconstrucción de los acuerdos que le permitan a México volver a la ruta de la consolidación democrática”.

   También hay académicos de sólida obra en el campo de la ciencia política y la sociología como Víctor Alarcón Olguín, José Fernández Santillán y Leonardo Valdés Zurita, éste último además ex consejero electoral en el IEDF. Similar es la experiencia de Pablo Arredondo Ramírez que, a su desempeño como investigador y funcionario académico en la Universidad de Guadalajara, aúna la experiencia que tuvo durante tres elecciones como consejero en el Consejo Local del IFE en Jalisco. Arredondo podría aportar la visión de los estados del país que no siempre está presente en el organismo electoral pero, sobre todo, el conocimiento que tiene como especialista en la influencia política de los medios de comunicación.

   Y está desde luego, ampliamente conocido gracias a la comprensión especializada pero también a la sensatez que ha manifestado en el análisis de asuntos electorales el jurista y politólogo Lorenzo Córdova Vianello, cuya colaboración en varios medios de comunicación no le ha impedido desarrollar una fructífera carrera en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Lorenzo Córdova conoce los entresijos del IFE ya que fue asesor del presidente de ese Instituto durante los primeros años de esta década. Luego se fue a hacer su doctorado de Investigación en Turín. Córdova Vianello sabe de esos temas, está en una edad en donde la juventud comienza a ser una ventaja, cuenta con respeto y reconocimiento de los partidos, es inteligente y tiene sentido del humor.