Sociedad y poder

Ha sido sorprendente, e incluso inexplicable, el silencio de las revistas ante la posibilidad de que sea cancelada la publicidad del gobierno federal para esos medios de comunicación. Pareciera que no lo quieren creer y que sus editores reaccionan negando un hecho tan avasallador que prefieren ignorar. O quizá muchos de ellos confían negociar, cada uno por su parte, condiciones de excepción que les permitan sortear el brete en el que las coloca la decisión de la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

También podría ocurrir que esa decisión no sea del todo firme y que la versión publicada por la revista etcétera en su edición de octubre, no fuese más que un buscapiés de Los Pinos para evaluar la reacción de editores y lectores. Esa versión dio cuenta de las instrucciones recibidas por varios jefes de prensa, en al menos ocho secretarías de Estado, para cancelar la contratación de publicidad en revistas.

La suspensión de la presencia pagada del gobierno en las revistas se debe, aparentemente, a los apremios financieros de la administración pública. Sin embargo la Presidencia, desde donde se organiza el gasto publicitario de las dependencias gubernamentales, estaría emprendiendo ahorros en el extremo más débil, y financieramente menos significativo, del ciertamente cuantioso desembolso que hace en medios de comunicación de toda índole.

De acuerdo con datos de la misma etcétera, para 2009 el gobierno federal presupuestó una erogación publicitaria de 3 mil 704 millones de pesos. Solamente 89 de esos millones de pesos estaban previstos para ser gastados en revistas. Pero la mitad de esos más de 3700 millones de pesos, fue destinada a la televisión y la radio privadas, especialmente a Televisa y Televisión Azteca.

La contratación de publicidad ha sido un instrumento de doble filo en la perversa relación entre el gobierno y los medios en este país. Con las inserciones que paga en ellos, el poder político busca la complacencia de medios tanto impresos como electrónicos.

Centenares de diarios y revistas, en todo el país, dependen mucho más de la publicidad de origen estatal que de inserciones comerciales o de la venta de ejemplares. En muchos casos se trata de una prensa sin lectores, a la que no le interesa llegar al público porque su única motivación radica en facturar publicidad que será pagada con recursos fiscales.

El gobierno federal pero también los gobiernos de los estados, los municipios más importantes, los poderes Legislativo y Judicial, así como organismos como las comisiones de derechos humanos y las principales universidades públicas, gastan recursos anunciándose en medios de todo tipo. Los funcionarios a cargo de esas dependencias e instituciones, suelen dilapidar recursos públicos para comunicarle a la sociedad que están cumpliendo el trabajo para el cual fueron designados.

Pero la publicidad oficial también sirve para sostener publicaciones que de otra manera no existirían, o que lo harían en condiciones mucho más precarias. Prácticamente no hay revista de contenido político y/o cultural que pudiera subsistir si no fuese por la publicidad oficial.

Hace un par de semanas, el 63% de las inserciones publicitarias que aparecieron en Proceso era de origen estatal. En esa estimación incluimos anuncios de gobiernos federal, estatales y de diversos organismos e instituciones públicas.

En sus ediciones de octubre, la revista Nexos tenía un 70% de publicidad estatal y Letras Libres, el 49%.

Si el gobierno quiere ahorrar, podría comenzar por cancelar la publicidad en televisión y radio, medios en los cuales dispone de varios minutos al día para difundir sus mensajes. Y si quisiera modificar en serio el tráfico de intereses y la relación malévola con los medios propiciados por el gasto publicitario, podría cancelar toda compra de espacios de promoción oficial en todos los medios de comunicación.

Para que esa decisión no implicara la desaparición de medios social, periodística y culturalmente necesarios como las revistas mencionadas y otras más, podría haber una política de ayudas a la prensa similar a la que existe en varios países europeos. Una comisión independiente podría asignar recursos públicos no para comprar publicidad sino para que, apoyando al periodismo de calidad, el Estado cumpliera su responsabilidad de auspiciar la difusión de contenidos útiles a la información y la educación de la sociedad.

Publicado en emeequis

El jueves próximo, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión realizará su encuentro anual con el presidente de la República. La reunión de los empresarios de un sector destacado de la economía y el titular del Ejecutivo Federal, no sería de especial relevancia. Pero en varias ocasiones durante los años recientes, los radiodifusores más prominentes en ese gremio han querido hacer de su semana anual un momento para presionar al gobierno –con declaraciones e incluso amagos retóricos a veces muy enfáticos– o conquistando medidas legales como hace siete años, cuando el presidente Fox expidió un decreto al contentillo de las televisoras para anular el 90% del tiempo fiscal del que hasta entonces disponía el Estado en los medios electrónicos.

La semana próxima se verá si, más allá de las frases de cortesía y los lugares comunes, el presidente Felipe Calderón está dispuesto a emprender algunos cambios en la relación de su gobierno con los consorcios de televisión y radio como pareció sugerir su discurso del 2 de septiembre pasado, cuando incluyó a esos medios entre los sectores de las telecomunicaciones en los que es preciso, según dijo, que haya competencia y calidad.

También se verá en qué medida los partidos y sus legisladores están dispuestos a emprender una reforma seria en la legislación para los medios, o de qué tamaño es la subordinación que habrían resuelto ofrecerle a Televisa y Televisión Azteca. El viernes de la semana próxima por la mañana, según la agenda de la CIRT, los directivos de esa Cámara recibirán a los líderes de las fracciones parlamentarias tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República.

Hace apenas dos años, las relaciones entre el Congreso y los jeques de la radiodifusión eran notoriamente ásperas. En el otoño de 2007, las fracciones parlamentarias más importantes desataron la furia de los poderes mediáticos cuando aprobaron la reforma constitucional en materia electoral que, entre otras cosas, inhibía la contratación de propaganda política en la radio y la televisión. Un año antes, durante el proceso electoral de 2006, la influencia de los consorcios mediáticos en las decisiones políticas e institucionales había sido tan intensa que no solamente cobijaron y en ocasiones amplificaron las campañas de encono promovidas por los principales partidos políticos. Además, como podemos recordar, aquella temporada electoral fue aprovechada por los medios para impulsar, con afrentoso éxito, las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión que por su paternidad, por el cabildeo que las impulsó y los beneficiarios que tenían, pudieron ser calificadas como Ley Televisa.

Los rasgos más escabrosos de aquellas reformas fueron anulados por la Suprema Corte de Justicia en junio de 2007. En ese contexto de revisión crítica de los excesos del poder mediático, tres meses más tarde el Senado propuso y aprobó la creación de un nuevo régimen de comunicación electoral que tenía como eje la cancelación de las viejas prácticas de compra–venta de espacios en los medios electrónicos. El traslado de recursos públicos que por esa vía beneficiaba a los medios privados, no solamente encarecía las campañas políticas sino que llegó a propiciar formas de relación perversas entre los partidos y los consorcios comunicacionales.

Las quejas de las empresas mediáticas, preocupadas por el negocio que habían perdido y que en las campañas de 2006 ascendió a 2 mil millones de pesos pero sobre todo disgustadas porque sin la posibilidad de admitir y pautar la propaganda de los partidos se debilitaban sus capacidades de presión política, fueron ampliamente propagadas pero no convencieron a la sociedad mexicana.

En el transcurso de casi dos años, desde que la reforma constitucional fue  promulgada en noviembre de 2007, hemos asistido a infructuosos diálogos de sordos acerca de esas reglas. Las televisoras, estruendosas y en ocasiones calumniosas cuando desfiguran opiniones y trayectorias de quienes las cuestionan, se negaron a abrir espacios para la deliberación plural y abierta entre los puntos de vista que había sobre esa reforma.

Las nuevas reglas en materia de comunicación y elecciones han tenido su primera prueba en las recientes campañas políticas. Los partidos ya no dependen de la aquiescencia las corporaciones comunicacionales para colocar sus mensajes en tiempos preferentes, ni para obtener tarifas más bajas, porque ahora se difunden en tiempos estatales y en espacios gestionados por el IFE.

Sin embargo esas nuevas reglas han sido transgredidas de varias y en ocasiones desfachatadas modalidades. Por otra parte, las nuevas condiciones para la comunicación electoral no auspiciaron una competencia electoral más civilizada porque fueron utilizadas únicamente para incrementar los spots de los partidos hasta extremos de hartazgo para los televidentes y radioescuchas.

Tales exageraciones y distorsiones, no debieran empañar los rasgos esenciales de la reforma electoral: el uso de tiempo estatal para difundir contenidos de campañas y el impedimento a particulares y partidos para contratar espacios de propaganda política. Esos son los rasgos torales que es indispensable preservar y apuntalar, ajustando los hilos sueltos y las insuficiencias que ha confirmado este estreno de la reforma electoral.

El Congreso de la Unión tiene, en ese terreno, una responsabilidad que sus integrantes no han querido cumplir. Hay garantías y obligaciones establecidas en la reforma constitucional, como el derecho de réplica y la abolición de la propaganda personalizada que se financia con recursos públicos, que no se han puesto en práctica porque los diputados y los senadores no han aprobado sus leyes reglamentarias. Y se mantiene el enorme, ominoso y en varios sentidos costoso hueco jurídico y político que significa la inexistencia de una legislación integral, complementaria de la electoral, para la radiodifusión y las telecomunicaciones.

México necesita un régimen legal que atempere, pluralizándolo, el poder mediático, que estimule la competencia de opciones en el terreno de la comunicación como ha sucedido antes en el de la política, que garantice derechos de los ciudadanos frente a los medios, que promueva la existencia de auténticos medios públicos.

(La segunda mitad de este texto forma parte de la intervención que ofrecí a fines de agosto pasado, a nombre de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, en la apertura del Seminario “Democracia y Reglas del Juego” organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas e inaugurado por el Rector de la UNAM en el Palacio de Minería).

Publicado en eje central

Publicado en emeequis

En unos cuantos días, la sociedad mexicana fue capaz de entender y practicar las medidas sanitarias para atajar al virus de la influenza maligna. Pero todavía no guardábamos los cubrebocas cuando, de nuevo, esa misma sociedad sucumbía ante una intoxicación más aturdidora y persistente. La contaminación de la maledicencia encuentra campo fértil entre una ciudadanía cuyas defensas políticas –y, aunque suene tan fuera de moda referirse a ese término– también morales, se encuentran tan degradadas.

La suspicacia se extiende apuntalada en acusaciones inconsistentes, versiones no confirmadas y descripciones incompletas pero tomadas como verosímiles porque todo, o casi todo, resulta creíble en el contexto de esa desconfianza.

Un día el libro de Carlos Ahumada se convierte en best seller no como prueba de lo mucho que se lee en México sino de la intensa necesidad que no pocos mexicanos tienen para encontrar confirmación impresa de las sospechas que han querido abrigar durante varios años. Conocido por sobornar a sus socios políticos, traicionar incluso a su amiga íntima y por vistosas cuan costosas extravagancias, de pronto Ahumada se vuelve fuente confiable simplemente por la gana de chismerío que tanto entusiasma en los medios y que se añade al intenso ruido que aturde y deslumbra pero no deja apreciar la realidad de nuestra vida pública.

No hay revelaciones en el libro de Ahumada, cuyos pasajes más inquietantes fueron copiosamente reproducidos en diarios y revistas. En el universo de corruptos y corruptores allí descrito, nadie se salva pero eso ya lo sabíamos. No será un libro tan leído como comentado. Pero no obstante esa pobreza informativa, su aparición modificó la agenda nacional por lo menos en la apreciación preponderante en los medios de comunicación.

Mucho ruido y pocos hechos verificables, pero en una sociedad forjada en los mitos más que en los datos las confesiones de Ahumada son leídas según conviene a las convicciones pero sobre todo a los prejuicios de cada quien. Los persuadidos de que el señor Amlo es un peligro para México, hallaron en ese texto confirmación de la podredumbre que hubo durante su gestión en el DF. Quienes hace rato intuían que los videoescándalos obedecían a un complot, le agradecen a dicho empresario esa confirmación.

Y como si la auténtica conspiración estuviera en marcha ahora mismo, a la semana siguiente se conocen las parcas aunque devastadoras declaraciones de Miguel de la Madrid. Más que entrevista, lo que difundió Carmen Aristegui fue un extenso monólogo suyo acompañado de lacónicos asentimientos del ex presidente. Pero con eso bastó para que se desatara, cotidianamente aceitada como la tenemos, la maquinaria del escándalo público.

Las acusaciones de De la Madrid serían gravísimas si las acompañara aunque fuese de un dato, una fecha, un testimonio verificables. En ausencia de pruebas, lo único que manifiesta son suposiciones. Desde luego, se trata de conjeturas que alcanzan primeras planas y que le dan vuelo al rebumbio radiofónico porque las dice un ex presidente. Pero justamente por esa responsabilidad pública que tuvo sería exigible que el licenciado De la Madrid fuese más allá de la insidia cuyos efectos él conoce tan bien.

Quizá sea la enfermedad avanzada que dicen que tiene. O simplemente la edad. Pero quizá también es el contexto de habladurías intensas, extensas y constantes en el que nos encontramos, pero algo debe haber profundamente inquietante en la decisión de Miguel de la Madrid para asentir, aunque solamente sea con monosílabos, de la manera en que lo hizo ante la grabadora de Carmen Aristegui. Él tan cuidadoso de las formas que jamás hasta ahora había quebrantado la discreción que se impuso hace 21 años; él tan escrupuloso que creó la Contraloría; él tan preocupado por la opinión publicada que sus memorias parecen informe de notario público.

Algo en este clima de murmuración llevó a De la Madrid a romper con esos incendiarios asentimientos la circunspección de tanto tiempo. Igual que con Ahumada, le creerán los muchos dispuestos a ello y recelarán algunos más. Pero ningún hecho relevante, ningún esclarecimiento útil para saber qué nos ha ocurrido y en dónde estamos, habremos conocido al cabo de este nuevo episodio por el que nos trae el tren de la crispación en el que, con la diligente ayuda de los medios, hemos querido treparnos.

Ah, dicen que ahí viene el libro de Madrazo, otro prócer de la confianza y la transparencia.

Con frecuencia se dice que para los chinos el término crisis es sinónimo de peligro pero también de oportunidad. Al parecer esa equiparación es resultado de cierta lectura indulgente pero equivocada porque los ideogramas para esos términos son parecidos pero no iguales. Las crisis siempre están repletas de riesgos. Cuando son económicas obligan a restringir inversión, concentran la atención en lo más urgente y llevan a descuidar otras áreas, las desigualdades se acentúan y quienes tienen menos padecen más que el resto de la población. Cuando las crisis son políticas, aparentemente se benefician de ellas los adversarios de quienes se encuentran en el poder; pero una auténtica crisis trastoca valores, instituciones y convicciones comenzando por aquellas en las que se sustentan todos los partidos.

A la situación que hemos vivido durante casi dos semanas resulta prematuro denominarla crisis en términos económicos y políticos, aunque desde luego lo ha sido en el terreno sanitario. Aún en ese plano, la epidemia de influenza es demasiado reciente para que conozcamos ya sus alcances. Pero cualesquiera que sean, resulta evidente que para México han significado nuevos, mayores y complejos problemas.

Hasta ahora el saldo, si nos apartamos de anteojeras catastrofistas, ha sido positivo. Quizá nunca sabremos con precisión qué habría sucedido si el gobierno federal no hubiera dispuesto la suspensión de actividades escolares primero y luego en otras áreas de la sociedad y la economía. Pero entre el riesgo de que la epidemia se extendiese y los sacrificios que han tenido que hacer los mexicanos en estos días, la segunda opción parece más razonable y menos costosa.

Esa apreciación es contradictoria con la suspicacia que se ha venido propagando en la opinión mediática y en algunos segmentos de la sociedad, particularmente en la ciudad de México. Han quienes consideran que el gobierno exageró. Algunos de ellos fincan su escepticismo respecto de las disposiciones oficiales en el relativamente bajo número de víctimas de la influenza. Se trata de un criterio un tanto peregrino para medir la acción del gobierno. Si hubiéramos tenido centenares de defunciones se habría dicho, entonces, que tales acciones no fueron suficientes.

Esos desacuerdos se mantendrán en el balance que decidamos hacer acerca de los extraños días que están concluyendo. La opinión de los científicos especializados en epidemiología tendría que ayudarnos y hasta ahora ha sido de respaldo a las medidas sanitarias. De no haberse tomado esas disposiciones la epidemia podría haber crecido. Pero la declaración de un epidemiólogo diciendo que se ha hecho lo correcto seguramente merecerá menor atención que las quejas de algún funcionario internacional por la tardanza del gobierno mexicano en responder a la emergencia.

Las crisis pueden convertirse en desbarajuste si no tenemos una apreciación clara de ellas. En el examen de las decisiones públicas de estos días será preciso distinguir entre la oportunidad de las autoridades para reaccionar y las disposiciones que, cuando lo hicieron, tomaron ante el riesgo de epidemia. También será útil reconocer la respuesta de la sociedad, de la llamada clase política y de los medios de comunicación. Y por otra parte, nos resultará provechoso atender a las omisiones, indolencias e indigencias que la emergencia epidemiológica ha enfatizado.

Ya sabíamos que las instituciones de salud pública enfrentan enormes carencias. La mayoría de los mexicanos padece con regularidad el abrumador burocratismo, los dilatados plazos de atención, la negligencia e ignorancia y sobre todo la insuficiencia de hospitales y centros de salud para atender a quienes requieren de tales servicios. Poco o mucho, lo que se ha logrado en estos días ha sido a pesar de esas ingentes penurias. Si de esta experiencia aprendemos a reconocer con mayor interés las necesidades de la salud pública, comenzando por aumentar sustancialmente los recursos fiscales que recibe, al menos habremos encontrado una oportunidad en esta crisis. A pesar de los chinos.

Publicado en eje central.

El miedo, en sociedad, se nutre de la ignorancia, de lo incontrolable y de lo imprevisible. Por eso ha resultado fundamental que ante la epidemia de influenza se reiteren una vez y muchas más las explicaciones necesarias: cómo actúa el virus, qué síntomas lo evidencian, cuándo hay que ir al médico, qué capacidad curativa tienen los fármacos sugeridos.

El desconocimiento inicial del virus que se estaba enfrentando redobló los temores porque sin haber identificado la cepa era imposible combatirla. Entre el anuncio del gobierno federal para suspender actividades escolares la noche del jueves y la noticia de que se trata de un virus de origen porcino transcurrió casi todo un largo, desconcertante día.

En los días siguientes no han faltado sobresaltos pero a pesar de precauciones inéditas, de la cancelación de buena parte de la vida social y la abolición de formas de afecto que son parte de la idiosincrasia nacional, no hemos tenido más que esperar la evolución de la epidemia. Nuestra ignorancia ha estado acotada por explicaciones reiteradas. La decisión para suspender actividades y poner en práctica medidas de emergencia sanitaria no debe haber resultado sencilla y allí se puede identificar un acierto del gobierno federal. Lo contrario, podría haber resultado catastrófico. A la administración del presidente Calderón se le pueden formular numerosos reproches. Pero en este caso, hasta donde puede apreciarse, ha tenido decisiones a tiempo y ha informado con claridad.

Las instituciones de salud, aunque limitadas por viejas carencias presupuestales, están actuando de manera organizada. Los médicos en todas ellas actúan con responsabilidad. Los avisos de la autoridad federal llegan a tiempo a los ciudadanos. Indispensables o no, la gran mayoría se incorporó a la cultura de los tapabocas que al menos dan testimonio insoslayable de la emergencia y su respuesta generalizada. Las decisiones de la autoridad local quizá arrancaron con lentitud pero son evidentes y se cumplen a pesar de los costos que impliquen como ayer cuando el gobierno del DF dispuso la suspensión del servicio en los restaurantes.

Nada de eso debiera sorprendernos, pero en un contexto de frecuente ineficacia de las instituciones públicas, de distanciamiento entre el poder político y la sociedad, de insuficiente coordinación entre gobiernos federal y locales y sobre todo de inagotable politización de cualquier asunto, la respuesta ante la epidemia ha resultado meritoria.

El gobierno federal informa y la sociedad, en términos generales, atiende y entiende. Los dirigentes políticos –ni modo, con excepciones– evitan la ideologización vulgar y se cuidan de achacar culpas o reprochar deslices en el comportamiento de las autoridades. Ayer los senadores, muchos de ellos con cubrebocas, desahogaron parte de sus muchos asuntos pendientes –entre ellos la ley de salarios máximos para los funcionarios– sin caer en la tentación de reprochar a sus adversarios políticos la propagación de la influenza. Los medios de comunicación, salvo unos cuantos, han eludido el tremendismo y ofrecen información a pasto, modifican sus formatos para atender dudas de la gente, cumplen con sus obligaciones de servicio público.

Con todo y el miedo que carga a cuestas y sin librarse de él, las instituciones políticas y la sociedad encontraron una causa común y actúan, cada cual en sus respectivos ámbitos, para alcanzarla. Detener la epidemia, salvarnos de la enfermedad, atender los casos ya declarados y evitar el contagio, se convirtieron en prioridades cohesionadoras de un empeño pocas veces visto. En el transcurso de estos días extraños la demagogia y el convenencierismo de los políticos, las animadversiones que suelen encrespar el espacio público y el desprecio de los medios por sus públicos quedaron desplazados por esa causa común que es la atención a la emergencia.

El Estado funciona, a pesar de los precipitados agoreros que diagnosticaron su agonía. Más aún, los ciudadanos queremos un Estado que funcione. Y nadie, o casi nadie, se inconforma con ello. Y es que aun cuando tengamos información capaz de atajar nuestra ignorancia ante la epidemia, necesitamos instituciones para dominar lo que de otra forma sería incontrolable. Esos, información y gestión gubernamentales, han sido recursos para circunscribir al miedo. Aún hay factores que hoy sabemos imprevisibles. El temor no desaparece. Pero estamos logrando entenderlo.

ALACENA: Besos, ni siquiera en tele

La emergencia sanitaria llegó a las telenovelas. Los productores de Mañana es para siempre, que se transmite en Televisa, anunciaron que restringirán las escenas en donde haya contacto físico entre los protagonistas y evitarán las escenas con besos. Pero no es para evitar que, ante los arrumacos que se prodigan los personajes de esa serie, los televidentes quieran imitarlos. El propósito es proteger a los actores de posibles contagios entre ellos mismos.

Publicado en eje central

Sorpresa - desconcierto – miedo – desconfianza: esa ha sido la ruta del ánimo público ante la epidemia de influenza, en una espiral que conduce de regreso al sobresalto.

Una vez que se ha confirmado la gravedad de esta emergencia, nos parapetamos en la intoxicación informativa. De un día para otro nos improvisamos expertos en cepas virales, tipos de influenza, prácticas de inmunización y hasta en historia de las pandemias.

Alertas, datos, sugerencias y exhortaciones, pululan en los medios de comunicación como confirmación de la emergencia pero en una saturación que abruma y atolondra. Después de todo, lo que realmente sabemos es poco.

Dentro de su evidente elementalidad, las recomendaciones básicas han sido ampliamente propagadas. No siempre es fácil ponerlas en práctica porque se contraponen con costumbres sociales harto arraigadas. Estamos tan habituados a saludar estrechándonos las manos, a expresar no sólo afecto sino hasta la más sencilla muestra de reconocimiento con un abrazo –y cuando se trata del sexo opuesto con un fugaz pero tronante beso en la mejilla– que nos resulta difícil crear la nueva distancia que imponen el tapabocas, la precaución, el miedo. Y ¿qué sería del ritual de los políticos sin esos abrazos acompañados de palmadas en la espalda aunque no manifiesten simpatía sino únicamente una complicidad más allá de banderías y convicciones?

El miedo. A esta situación nos ha traído la influenza y de ella recelaban los gobiernos federal y de la ciudad de México porque es antesala de la suspicacia y, eventualmente, del descontrol social. El jueves pasado, 23 de abril, por la tarde, al presidente Calderón le llevó varias horas tomar la decisión de suspender las clases en todas las escuelas. A ningún político le gusta anunciar malas noticias y en estos casos es cuando se opta entre la responsabilidad y la popularidad.

La misma evaluación hizo el gobierno de la ciudad de México aunque con mayor indecisión: desde dos días antes las noticias acerca del brote de influenza habían llamado la atención de algunos medios, especialmente del diario Reforma. Pero nadie quería arriesgarse a reconocer la gravedad de la epidemia. El desconcierto del gobierno de Marcelo Ebrard fue tal que, como ya se ha comentado, el viernes por la mañana, cuando todas las escuelas de todos los niveles educativos en la ciudad de México tenían que estar cerradas, el secretario de Educación del gobierno capitalino ignoraba que había suspensión de clases.

La desinformación de Axel Didriksson es un dato algo más que anecdótico. Aunque desde comienzos de la semana tenía información acerca de la epidemia que se extendía por encima de los controles sanitarios habituales, el gobierno del Distrito Federal no quiso admitir que se trataba de una emergencia fundamental. Tanto así que Ebrard no reunió a su gabinete para preparar un plan de contingencia. Marginado de ese asunto, el responsable de la educación en la ciudad de México hizo evidente, en su desconocimiento, la improvisación del gobierno del que forma parte.

Por eso parecen al menos precipitados los juicios que culpan al gobierno federal por haberse pasmado ante la emergencia. El titular de portada de Proceso (“La influenza. Un país vulnerable. Un gobierno incompetente”) no tiene sustento al menos en el contenido de su edición más reciente en donde se reseñan las primeras horas después de la cancelación de clases.

Habrá tiempo y seguramente elementos para evaluar el desempeño de Calderón y su administración ante esta nueva desventura. Hasta donde hoy puede saberse, las dimensiones de la epidemia se conocieron hasta el miércoles o el jueves, cuando las autoridades sanitarias supieron que se trataba de un virus distinto a los habituales. Solamente entonces la Organización Mundial de la Salud se manifestó abiertamente preocupada, en un comunicado difundido el viernes y en el que acentuaba el carácter trasnacional de la epidemia de la cual ya se habían conocido brotes en Estados Unidos.

El estrechamiento de fronteras y distancias, junto con sus ventajas, propicia la propagación del contagio. Vivimos, informaba ayer domingo The New York Times en su versión electrónica, en un planeta cada vez más pequeño. Ayer también, se informaba de posibles casos de gripe porcina en España y quizá en otros países de Europa. La epidemia es más veloz, pero las posibilidades de enterarnos de ella y tratar de acotarla también pueden marchar más rápido.

Casi al terminar este texto, entrada ya la noche del domingo, recibo un correo en donde junto a varios consejos prácticos para resguardarnos del virus se anota: “No hay mejor estrategia que la defensa. ¡Ah!, y cuiden mucho sus emociones, no caigan en el miedo o en la tristeza, son factores que hacen que el sistema inmune se deprima”.

Esa recomendación se refiere al cuerpo humano. Pero podría extenderse a la sociedad y la política: el miedo y la tristeza deprimen al sistema. Evitémoslos, sin ilusorios optimismos pero eludiendo, además, los desalientos que nos paralizan.

Publicado en eje central

La renuncia de Josefina Vázquez Mota constituye la más palmaria aceptación del gobierno al fracaso que ha tenido en la gestión de la educación pública. La hasta antier titular de la SEP competirá por una curul en San Lázaro. Posiblemente, se dice ahora, coordinará a los diputados de Acción Nacional aunque no es la única en disputar esa posición.

Sea cual sea el destino de Vázquez Mota ninguna curul, por encumbrada y estratégica que parezca, resulta más importante que el despacho por el que pasaron José Vasconcelos, Narciso Bassols, Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez, Fernando Solana y Jesús Reyes Heroles, que fueron algunos de los secretarios capaces de entender y reivindicar el valor de la educación.

Josefina Vázquez Mota no pudo y todo parece indicar que el estancamiento en la enseñanza que el país ha experimentado en los años recientes no se debió precisamente a ineficiencia o inexperiencia de la ahora ex secretaria sino a que nunca contó con la autoridad necesaria para ello.

Cuando la designó hace 28 meses, al comenzar su gobierno, el presidente Felipe Calderón le entregó a Vázquez Mota la conducción de la SEP pero le ató las manos para reorganizar de manera racional y eficiente a esa enorme institución. La secretaria de Educación tenía instrucciones para no enfrentar el poder, cada vez más aciago y costoso, de Elba Esther Gordillo.

Los desencuentros entre esas damas fueron comidilla de los reporteros gráficos y las columnas políticas. Las muchas ceremonias en donde apenas si se saludaban, indicaron el tamaño de las tensiones entre una secretaria que tenía la obligación de mejorar el panorama educativo pero sin tocar a la lideresa y una dirigente magisterial empeñada en defender privilegios e incluso frecuentes caprichos.

La sumisión que el presidente Calderón ha mantenido respecto de los antojos de Elba Esther Gordillo sigue siendo inexplicable. Por muy afianzada que esté su creencia de que le debe algunos de los votos que le permitieron ganar la elección de 2006 –creencia que es errónea como hemos demostrado en más de una ocasión– Calderón tendría que haber reconocido que mientras más poder le confiere a esa dirigente sindical, más padece y se estruja la situación de la enseñanza pública en México.

Hace menos de dos semanas, en la columna que escribe para el suplemento Campus del diario Milenio, Gilberto Guevara Niebla subrayaba así el daño que la “maestra” Gordillo, con la connivencia o al menos la tolerancia del presidente de la República, le ocasiona a la educación de los niños y jóvenes en este país:

“La lideresa del SNTE es un personaje que no conoce la humildad, de modo que su nuevo poder la ha conducido a asumir actitudes de una prepotencia sin paralelo. Una demostración de esa actitud desmesurada fue la auténtica ‘imposición’ de un nuevo Programa Sectorial a la SEP (cuando ésta ya había dado a conocer el programa oficial). Este nuevo programa cristalizó en el llamado Acuerdo por la Calidad de la Educación (ACE)”.

Cuando fue anunciado en mayo pasado muchos comentaristas, quizá movidos por buenos propósitos o confundidos por la propaganda del gobierno, consideraron que ese Acuerdo era un paso pertinente. En aquella ocasión comentamos que pactar la calidad de la enseñanza con Elba Esther Gordillo equivalía a acordar el combate a la delincuencia con el “Chapo” Guzmán.

El precario desarrollo de ese convenio lamentablemente ha confirmado las expectativas pesimistas. El ya citado Guevara Niebla, director de la revista Educación 2001 y que fue subsecretario de Educación hace dos sexenios, comenta: “El ACE se ha convertido en un dolor de cabeza para la SEP por la sencilla razón de que fue el resultado de una improvisación y de que su ejecución depende en 100 por ciento de la voluntad del SNTE. El caso más visible es el ‘examen de ingreso’ a los nuevos docentes. Aunque el SNTE estuvo en su concepción, el SNTE mismo ha apoyado —cuando así le ha convenido— a docentes que rechazan el examen. Por su parte, la SEP tiene las manos atadas para actuar, dado que la lideresa del SNTE acuerda directamente con el presidente, no con la SEP. Este círculo vicioso no tiene solución a la vista y puede ser que dañe de manera permanente la estructura y el funcionamiento de la educación nacional —a menos que el presidente Calderón decida otra cosa– ” .

Ojalá que Calderón hubiera resuelto algo distinto a la ruta de descomposición que lleva la educación a cargo de la SEP. Pero de haber ocurrido así no habría tenido que aceptar o propiciar la renuncia de Josefina Vázquez Mota, sino darle toda la autoridad que cualquier titular de la SEP necesita para enfrentar el cacicazgo de Elba Esther Gordillo y, sin demérito de los derechos de los profesores, conferirle a la enseñanza un curso distinto del que imponen intereses facciosos, inercias gremiales e incluso negocios de los dirigentes gremiales.

Esta columna dejará de publicarse durante el resto de la semana. Aparecerá de nuevo en este sitio el lunes 13 de abril.

Publicado en eje central.

emeequis, 8 de marzo.

Varios días después de su renuncia no se sabía a ciencia cierta por qué Luis Téllez Kuenzler dejó de ser secretario de Comunicaciones y Transportes. Tres legisladores panistas ofrecieron vertientes distintas de una misma, resignada versión.

Téllez estaba muy debilitado después de las grabaciones de sus conversaciones telefónicas dijo Héctor Larios, coordinador de los diputados de ese partido. Lo quitaron porque afectaba la imagen del gobierno, consideró el senador Felipe González. El escándalo fue vergonzoso y además la interceptación de sus llamadas “fue como si al secretario de Defensa le hubieran robado la pistola”, opinó el diputado Gerardo Priego.

Pero si fuera por el deterioro en sus imágenes públicas, el presidente Felipe Calderón tendría que haber prescindido mucho tiempo antes de varios de sus colaboradores (y, en su momento, se empeñó en dejar en su cargo a Juan Camilo Mouriño cuando se conoció el conflicto de intereses que implicaban los contratos para ofrecer servicios a Pemex).

Y si se debió al escándalo que suscitaron las conversaciones filtradas en algunos medios, al presidente se le hizo tarde para despedir al secretario de Comunicaciones y Transportes. La murmuración que desataron las grabaciones se había extendido varias semanas antes. El martes 3 de marzo, cuando se anunció la sustitución de Téllez, ese alboroto estaba decreciendo.

Quizá el presidente se cansó de un asunto evidentemente incómodo. Quizá alguien amagó con nuevas grabaciones. Quizá fue Téllez quien se reconoció fatigado y maltratado. Quizá, quizá, quizá… Uno de los aspectos más incómodos en todo este asunto es la precariedad de hechos sólidos.

Ante la escasez de información cabal, nos hemos encontrado con una gozosa y en ocasiones interesada proliferación de especulaciones. El entrelazamiento de asuntos privados con el contexto público que les imponía la responsabilidad del secretario Téllez fue propicio para el chismerío y las especulaciones.

Convertidas en ramificaciones de las revistas de espectáculos, muchas columnas políticas y alocuciones radiofónicas se solazaron en figuraciones acerca de la vida personal de Téllez y sobre los presuntos autores del espionaje telefónico. Mucho chisme, poca miga y prácticamente nada en claro.

El único hecho relevante que se ha podido conocer es que alguien –quién sabe por qué, quién sabe para quién– intervino el teléfono del secretario de Comunicaciones y luego entregó a distintos medios algunas transcripciones de esas charlas.

Al lado de esa circunstancia hay datos de menor significación: el talante descomedido con que Téllez se dirigía a varios de sus colaboradores, la discrecionalidad con que utilizaba la confianza que le dispensaba el presidente de la República y el lenguaje soez que empleaba para hablar de otros funcionarios. Nada de eso era importante para entender el desempeño de Téllez en la SCT. Aunque altisonantes, sus frases no ofrecían información sobre asunto público alguno. Incluso aquella expresión sobre el presunto abuso que habría cometido el presidente Carlos Salinas al utilizar la llamada partida secreta durante su gobierno, era una intrascendente ocurrencia de Téllez manifestada en una conversación con amigos suyos.

Huecas en el fondo aunque estridentes para algunos, el contenido de esas conversaciones telefónicas tendría que haber sido desestimado por los medios y por la llamada clase política. Como no sucedió así, la murmuración a propósito de ellas creció como bola de nieve que terminó arrasando al secretario Téllez

El hecho auténticamente grave ha sido el espionaje telefónico. Pero ese asunto quedó apabullado por el estruendo de habladurías y figuraciones acerca de asuntos privados y suposiciones públicas.

Casi nadie ha recordado que grabar subrepticiamente las conversaciones de otros es ilegal. Las comparaciones son aborrecibles, pero si el caso Téllez hubiese ocurrido en otro país la atención de los medios y buena parte de la exigencia de los ciudadanos estarían orientadas a la investigación judicial para saber quiénes y por qué interceptaron los teléfonos del secretario de Comunicaciones. Pero tal investigación no provoca el interés público.

El desempeño de Téllez en la SCT fue muy discutible. Pero ahora, además de padecer espionaje telefónico ilegal ha sido víctima del temor, la debilidad o el moralismo que cundieron en el PAN y en la presidencia de la República.

eje central. Exactamente tres semanas antes de ser designado secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas participó con ironía en el coro de recriminaciones que se levantó contra el empresario más acaudalado del país. “Con lo que podría ayudarnos mucho don Carlos es en hacer más competitivo el sector de telecomunicaciones en México”, dijo el entonces todavía director del IMSS en respuesta a los comentarios de Carlos Slim Helú acerca de la crisis económica.

Slim no había ofrecido una sola opinión original. El diagnóstico que hizo sobre las actuales dificultades financieras únicamente compartía las aprensiones que han sostenido incontables empresarios y analistas en todo el mundo. Sin embargo el peso de aquellas opiniones conmovió de tal manera la tornadiza sensibilidad del gobierno federal que, de inmediato, varios de sus personeros se alzaron contra el propietario de Telmex. “Don Carlos Slim puede hacer una aportación muy importante a través de la modernización y la puesta en competitividad de las empresas de su sector”, dijo Molinar el martes 10 de febrero.

Tres semanas más tarde, el politólogo Juan Molinar Horcasitas fue designado secretario de Comunicaciones y Transportes. Será el principal interlocutor de Slim en el gobierno federal y, en tal calidad, no tardará en conocer los reclamos de Telmex debido al proteccionismo de la administración actual que le impide extender sus negocios al campo de la televisión de paga.

Al darle posesión ayer en Los Pinos, el presidente Felipe Calderón instruyó a Molinar para que impulse la competitividad en las telecomunicaciones. Se trata, ahora presentada como precepto para el nuevo secretario, de la misma prioridad que Molinar le sugirió hace pocos días, en el terreno de la polémica política, a Carlos Slim.

Las vueltas que da ese carrusel que es la vida pública ahora colocan a Molinar en posibilidad de poner en práctica tal propósito. En el campo de las telecomunicaciones y específicamente en el aprovechamiento cabal de las redes telefónicas hay mucho por hacer para propiciar la competencia. Durante largo tiempo el veto a la participación de otras empresas en el servicio de telefonía fija le permitió a Telmex conservar el monopolio de un servicio que en México ha sido mucho más costoso que en otros países. Pero ahora, paradójicamente, la competencia para el empleo integral de las telecomunicaciones se encuentra bloqueada porque el gobierno no ha querido autorizarle a Telmex la conducción de señales de televisión a través del cableado telefónico.

Esa reticencia se ha debido, fundamentalmente, a la oposición de las empresas de televisión por cable a que Telmex se convierta en competidor suyo (aunque ellas, paradójicamente, sí compiten con Telmex al ofrecer servicio de telefonía residencial). La tozudez de las firmas cableras para que la empresa de Slim no entre al mercado televisivo ha sido más acentuada desde que la mayoría de ellas son propiedad de Televisa.

La negativa del gobierno para ampliar el título de concesión de la telefónica más grande del país y permitirle que venda e incluso produzca señales de televisión se debe a la disputa entre Televisa y Telmex. Ese constituirá el asunto más importante que deberá atender de inmediato el nuevo titular de Comunicaciones y Transportes.

Molinar sustituye a Luis Téllez, insistentemente golpeado con la filtración de grabaciones ilegales. En ese litigio, que involucró a la ahora ex subsecretaria Purificación Carpinteyro, hay quienes han querido advertir la injerencia de Slim y su empresa.

No hay evidencias de que esas grabaciones hayan sido registradas ni difundidas por Telmex ni su propietario. En todo caso, no transcurrirá mucho tiempo para que se sepa si la sustitución del secretario de Comunicaciones propicia, o no, la apertura de la hasta ahora atrancada política gubernamental en la telefonía y la radiodifusión.

A Téllez le correspondió contemporizar, una y otra vez, con los intereses de los consorcios de los medios electrónicos. Apenas en septiembre pasado expidió un Acuerdo para darles frecuencias de FM a los concesionarios que ya tenían AM. A esa misma actitud de complacencia con las empresas de radiodifusión, y específicamente con las televisoras, se puede atribuir el veto a Telmex para que entre a la televisión.

Juan Molinar Horcasitas no tiene experiencia en asuntos de telecomunicaciones aunque en descargo suyo, o en reconocimiento a su versatilidad, se puede recordar que tampoco la tenía en asuntos médicos –y ni siquiera en la administración pública– y tuvo un buen desempeño como director del Seguro Social.

Lo que Molinar sí ha demostrado es cierta proclividad a Televisa. Hace menos de un año, el 12 de mayo de 2008, cuando esa empresa inició una campaña para que los mexicanos tengan una alimentación saludable, el entonces director del IMSS aplaudió “la potencia comunicativa de Televisa”. Además de reconocer “los legítimos intereses comerciales de Televisa y de sus anunciantes”, en aquella ocasión Molinar dijo que, en campañas como esa, “Televisa aporta su gran creatividad y sus talentos para llevar entretenimiento y mensajes a los hogares de México”.

Aquella promoción publicitaria le permitió a Televisa lavar, aunque fuese efímera e ineficazmente, la imagen que se ha forjado como promotora de la desnutrición funcional de los mexicanos al enriquecerse anunciando productos chatarra. En eso no pensó el maestro Molinar, o no le importó, cuando encomió y amparó de manera tan enfática los “legítimos intereses comerciales de Televisa”.

Esa declaración de simpatía a Televisa pesa sobre la nueva responsabilidad de Molinar tanto como su animosidad a Slim tan recientemente manifestada. No transcurrirá mucho tiempo para que se constate si en aquellas frases Molinar expresaba convicciones, o solamente ocurrencias.

ALACENA: Consuelo Sáizar

Aunque gran parte de las imputaciones a Sergio Vela al frente del Conaculta parecen haber sido más resultado de ideologizaciones y caprichos en contra suya, la llegada de Consuelo Sáizar lleva aire fresco, y una reconocida capacidad de gestión, al organismo estatal de cultura. El desempeño de Sáizar, editora profesional, permitió mantener y ampliar las anchas miras del Fondo de Cultura Económica. Ojalá que tenga oportunidad de hacer lo mismo en el conflictivo cuan fundamental Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

ejecentral

Quizá se debe a la impertinencia de los medios o, acaso, a que después de tanto estruendo noticioso ha perdido la brújula política: en todo caso Luis Téllez, el secretario de Comunicaciones y Transportes, parece empeñado en nutrir y magnificar el litigio que lo ha mantenido en el centro del escándalo público durante tres semanas.

Ayer martes, ofreció disculpas por el lenguaje altisonante con el que se dirigió a varios de sus colaboradores, e incluso a otro secretario de Estado, en las grabaciones que registran algunas conversaciones suyas. Esos diálogos evidentemente no eran para ser difundidos. Tanto el hecho de grabarlos, como inclusive su publicación, fueron acciones ilegales por las cuales Comunicaciones y Transportes solicitó la apertura de una indagación judicial.

Registrados de manera ilegal, en esos diálogos no se revelan acciones o decisiones sustanciales. No hay en ellos interés periodístico alguno y su publicación en Reporte Índigo no tuvo justificación profesional. No hacía falta que el secretario Téllez ofreciera disculpas por expresiones que profirió en privado.

La difusión de aquellas conversaciones, igual que de la charla de Téllez con amigos suyos que presuntamente quedó grabada en el celular de una señora que se dijo despechada por él, han sido el eje de un sostenido escándalo con más pirotecnia que auténtica miga política. El hecho de que esa charla de Téllez con sus amigos en la playa hace más de dos años y en donde no se menciona un solo dato de interés público haya sido inicialmente transmitida en el noticiero matutino de MVS Radio, suscitó abundantes especulaciones.

Algunos comentaristas han querido considerar que se trata de un ajuste de cuentas debido al entorpecimiento que algunas gestiones de esa empresa (especialmente la renovación de concesiones de servicios de radiocomunicación) han encontrado en la SCT. Sin embargo no puede asegurarse que la difusión de esa conversación de Téllez haya sido dispuesta por los propietarios de la emisora y no por Carmen Aristegui, la periodista que conduce y dirige ese noticiero.

Actualmente MVS tiene una alianza con Telmex para promover un nuevo servicio de televisión satelital. Y no sería difícil que si algún día el gobierno mexicano decide levantar la prohibición que le impide a Telmex ofrecer televisión a través de su red telefónica, MVS fuese uno de los principales proveedores de contenidos audiovisuales para ese sistema de televisión de paga.

Por eso, y no por una repentina convicción antimonopólica, Televisa y las empresas de televisión por cable se han opuesto a que se modifique el Título de Concesión que le prohíbe a Telmex ofrecer televisión. La empresa de Carlos Slim se encuentra baldada por esa limitación. Pero quienes más pierden son los consumidores mexicanos, que más allá de los servicios controlados por Televisa no tienen opciones en el mercado de la televisión por suscripción.

Alejandro Puente, presidente de la cámara que reúne a las empresas de cable (entre las cuales ya es mayoría el capital de Televisa) denunció el fin de semana pasado que ha recibido extrañas y preocupantes amenazas de muerte. Y aunque hasta donde explicó no tiene pruebas, sugirió que esas amenazas se originan en Telmex.

Es difícil imaginar a Carlos Slim y a sus colaboradores urdiendo intimidaciones como las que ha padecido Puente. Igual que respecto de las conversaciones que le grabaron a Téllez, valdría la pena invertir algo de serenidad para que las circunstancias auténticamente escandalosas –el hecho de que alguien grabe las charlas de un secretario de Estado y las amenazas al presidente de los operadores de televisión por cable– sean esclarecidas por las autoridades judiciales.

Los problemas de las telecomunicaciones habría que discutirlos uno por uno, para develar los tráficos de privilegios y opacidades que se han mantenido, incluso durante la tortuosa gestión de Téllez, en perjuicio de los ciudadanos que utilizan tales servicios. Sometido a una legislación plagada de contradicciones, manejado por autoridades allanadas a intereses corporativos como sucede con la Cofetel, minado por disputas aún oscuras como las que le han estallado al propio Téllez en sus oficinas, el mercado de las telecomunicaciones ya se encuentra suficientemente enmarañado para que se le complique con nuevas especulaciones y confabulaciones.

ALACENA: Serrat, Chávez

Admirado hasta la veneración, el entrañable Joan Manuel Serrat salió a la defensa nada menos que de Hugo Chávez. Al presidente de Venezuela no hay que descalificarlo, dijo, porque sus mandatos han surgido de elecciones limpias y abiertas y así fue el referéndum que ganó hace diez días.

La puntualización de el nano como le dicen sus amigos al cantautor catalán es entendible, porque sale al paso de actitudes golpistas contra el antipático Chávez. Pero no hay que olvidar que la democracia puede ser vía para comportamientos autoritarios. A Chávez no se le cuestionan los métodos con los que formalmente ha mantenido el poder, sino su discurso y prácticas autoritarias. El vociferante e intolerante Chávez no merece un defensor de la nobleza de Serrat.

http://sociedad.wordpress.com

–0–