Crónica, 10 de abril de 2008

Antes de conocerla, López Obrador descalificó la iniciativa de reforma petrolera que antier presentó el presidente Felipe Calderón. Si hubiera un recetario para esquivar debates, el comportamiento del ex candidato perredista sería paradigmático. Antes que argumentos, la reprobación prejuiciada. Por encima de la deliberación, el asedio a espacios parlamentarios. A falta de razones, desautorizaciones.

La precipitación de los anticipadamente adversos a la reforma petrolera confirmó que, fuese cual fuera, la iniciativa del gobierno encontraría ese flanco antagónico. Signos de los tiempos, resabios de la crispación, secuelas de la política autoritaria: las “adelitas” del Peje convertidas en adeptas maleables e incondicionales en la peor tradición del caudillismo pero, sobre todo, con los más lamentables rasgos de sumisión femenina más allá de las razones; los intelectuales que se declaran contra una privatización petrolera que definieron mal, de prisa y equívocamente, después de suscribir sus desplegados; los legisladores más aptos para asaltar la tribuna que para ocuparla con argumentos y explicaciones. Esos, junto con la simplificación mediática (no en todos los medios, sí en los más refractarios de la misma manera que en los más sumisos al gobierno actual) son rasgos de anti-clima que encuentran las propuestas del presidente Calderón.

Tarde y mal, pero a fin de cuentas de frente, Calderón se animó a presentar su propuesta de reforma legal. En realidad se trata de cinco iniciativas: una nueva Ley Orgánica para Petróleos Mexicanos, modificaciones a la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, la creación de una Comisión del Petróleo, así como reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. En esos documentos, aun sujetos al escrutinio especializado, se pueden distinguir cuatro coordenadas para el crecimiento de la industria petrolera:

1. La transformación de Pemex en una empresa que trabaje con criterios y decisiones propios. Se trata de que esté regida por un consejo de administración en el que, además de los representantes del Estado y el sindicato petrolero, habría consejeros profesionales. El gobierno no se arriesgó a proponer la exclusión de los representantes sindicales, con lo cual mantiene una de las principales fuentes de favoritismo y desviación de recursos en la industria petrolera. Sin embargo estableció un candado parcial: las decisiones del Consejo de Administración requerirán del voto favorable de al menos dos de los cuatro consejeros profesionales en una primera sesión. Si no hay acuerdo, se decidirá por mayoría simple en una segunda reunión. La empresa tendrá autonomía para el manejo de su presupuesto.

2. La creación de nuevos mecanismos y organismos de regulación y transparencia. En Pemex habrá un Comité de Transparencia y un Comisario que vigilarán las decisiones del Consejo de Administración y del Director de la empresa. Por otra parte se crea la Comisión del Petróleo, organismo técnico asesor de la Secretaría de Energía. Esa Comisión estará integrada por 5 comisionados a los que designará el Presidente de la República. Entre otras obligaciones tendrá la cuantificación de las reservas de hidrocarburos, propondrá lineamientos para proyectos de inversión, exploración y explotación y otorgará y revocará permisos para obras de exploración y explotación. La Comisión Reguladora de Energía recibe nuevas facultades, entre otras la de establecer precios de los derivados de la petroquímica. Además sancionará violaciones a normas de seguridad.

3. Más información pública acerca de la industria petrolera, su situación y proyectos. Además de la información que provean los ya señalados organismos, Pemex deberá rendir cuentas de sus políticas y resultados a quienes tengan “bonos ciudadanos”. Esos títulos de crédito serán expedidos por Pemex y darán rendimientos de acuerdo con su desarrollo pero no implican derechos patrimoniales sobre la empresa. Como figura retórica para subrayar el carácter nacional de Pemex, los bonos son una fórmula llamativa y quizá resulten propagandísticamente eficaces. Pero pueden conducir a un endeudamiento excesivo de Petróleos Mexicanos. Por otra parte, a fin de que no se susciten falsas expectativas, es preciso que el gobierno explique los mecanismos de adquisición, las reglas para evitar su acaparamiento y los réditos posibles de tales bonos.

4. La posibilidad de contratar a empresas privadas para tareas de exploración petrolera, así como en la refinación y transporte de productos petroquímicos, siempre bajo la supervisión de Pemex. Aquí se encuentra el tema que será más debatido de entre los que componen esta colección de propuestas.

El Artículo 4º. que se propone para la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo dice:

“Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos.

“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo. Dicha contratación no podrá, en modo alguno, transmitir la propiedad del hidrocarburo al contratista, quien tendrá la obligación de entregar a Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios todos los productos y residuos aprovechables que resulten de los procesos realizados.

“Las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan…”

Y el artículo 6º. de esa misma iniciativa indica:

“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar

con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, manteniendo en todo momento el control sobre las actividades en la exploración y desarrollo de los recursos petroleros.

“Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan, serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán, por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, propiedad sobre los hidrocarburos, ya sea a través de porcentajes en los productos o de participación en los resultados de las explotaciones”.

Esas son las cartas del presidente Calderón. Decimos que las presentó mal y tarde por toda la especulación que el gobierno dejó brotar antes de decidirse a enfrentar las contingencias, pero también las ventajas políticas, de hacer una propuesta integral y clara.

Será difícil que alguien esté en contra de que Pemex trabaje con eficiencia, o de que haya más y más claros controles sobre su desempeño. Los “bonos ciudadanos” tendrán que ser evaluados independientemente de su fuerza simbólica. Y respecto de la contratación de empresas privadas para desempeñar tareas tanto en la búsqueda y obtención como en el procesamiento de crudo, subsisten preguntas básicas. ¿Pemex no puede hacerse cargo directamente de esas tareas? ¿Qué necesitaría para estar en aptitud de enfrentarlas sin subcontratar? ¿Cuánto perderemos a mediano plazo por ahorrar ahora en la inversión tanto para explorar y extraer como para refinar petróleo?

La solución a esas y las seguramente muchas otras interrogantes que suscitan las iniciativas presidenciales tendría que ocurrir en una auténtica deliberación nacional. El marco institucional deseable para ello es el Congreso y por eso ha sido pertinente que, ayer, el Senado estableciera un ambicioso temario para un debate sobre la cuestión energética. Quienesquiera que se opongan a esa discusión –y a que, al cabo de ella, los legisladores cumplan con la obligación que tienen para, valga la redundancia, tomar decisiones legislativas– estarán entorpeciendo no solamente la posibilidad de acuerdos básicos en un asunto nodal para el país. Además impedirían que en este debate los ciudadanos opinen, pregunten, entiendan y, así, se formen una posición enterada acerca de la reforma petrolera. No hay que hacer enredos de los veneros del petróleo lopezvelardianos.

No sería una novedad que López Obrador prefiriera las medidas de fuerza a la deliberación. El debate de ideas no es ni ha sido su fuerte. Pero no es la capacidad ni mucho menos la lucidez de ese dirigente lo que está a prueba, sino la aptitud del país para tomar decisiones a pesar de los segmentos más cerriles de la sociedad. La mitad del PRD que en el reciente y desastrado proceso electoral de ese partido se manifestó contra el caudillismo del ex candidato presidencial tendrá algo que decir en ese debate, a menos que involucione de nuevo y otra vez se mimetice con el inmovilismo político que, hipotecado únicamente a la expresión callejera, propone López Obrador. Los intelectuales que con este motivo refrendaron su adhesión al que unos cuantos de ellos consideran presidente legítimo, están ante la valiosa oportunidad de volver a las ideas. Las adelitas, como ellas mismas se denominan en autoflagelatorio vasallaje, tienen la ocasión de reivindicarse como mujeres plenas, dispuestas a actuar pero antes que nada a razonar, a diferencia de aquellas señoras que no acompañaban sino que simplemente seguían a sus hombres en la Revolución de hace casi un siglo. A ver si quieren.

La Crónica, jueves 6 de marzo.

Hace menos de dos meses Juan Camilo Mouriño llegó a la Secretaría de Gobernación para resolverle problemas al presidente Felipe Calderón. Hoy, sin embargo, se ha convertido en uno de los problemas centrales para el gobierno federal.

Cuando se hizo cargo del ministerio avecindado en Bucareli se comentó mucho la edad del nuevo secretario, que a sus 36 años ha sido uno de los titulares más jóvenes que ha tenido Gobernación. Ahora, vueltas que da la vida, puede convertirse en uno de los inquilinos más efímeros del Palacio de Covián.

A ese dilema, que tendría que afrontar el nuevo Secretario pero sobre todo su jefe directo, ha llegado la indolencia para responder a las acusaciones sobre posible tráfico de influencias por parte de Juan Camilo Mouriño.

Los contratos que según se ha dicho suscribió con Pemex en representación de una de las empresas transportistas propiedad de su familia quizá no fueron ni son ilegales, aunque a ese respecto hay varias interpretaciones jurídicas. Pero si no lo son, no se entiende por qué Mouriño no ofreció una respuesta clara cuando, el domingo 28 de febrero, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer copias, supuestas o reales, de esos documentos.

Tuvo que transcurrir casi una semana para que, con desgano y casi como si despreciara tener que referirse a ese asunto, el titular de Gobernación dijera que le parecía “mezquino” que se le acusara de beneficiarse de la política cuando ha sido su actividad política la que lo alejó de los negocios familiares.

En esa aclaración al político Mouriño le faltaron algunas precisiones. No explicó por qué, si ya estaba al margen de las empresas, fue él quien suscribió los convenios que se han difundido y que, como no han sido refutados, podemos suponer que son auténticos.

Si, como se ha dicho, esos convenios entre la empresa de transportes de la familia Mouriño y Petróleos Mexicanos fueron suscritos entre 2002 y 2003, entonces resultará innegable que de alguna manera el ahora titular de Gobernación quedó atrapado en un conflicto de intereses. Hasta agosto de 2003 era diputado federal y había presidido la Comisión de Energía en San Lázaro. A fines de ese año fue nombrado Coordinador de Asesores del Secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa.

Negligencia o descuido, o simplemente resultado de la suposición de que todo está bien mientras no transgreda frontalmente una disposición legal, Mouriño tendría que haber enterado a su jefe de entonces, que es el mismo de ahora, acerca de la existencia de esos contratos. Si uno de los motivos principales por los que llegó a Gobernación es la negociación de la reforma para los energéticos ahora es un interlocutor poco fiable, al menos precisamente en ese tema, ante los suspicaces dirigentes y legisladores de los partidos políticos con los que tiene que tratar.

Esos legisladores discuten la creación de una comisión especial que indagaría los contratos a terceros otorgados por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. La insistencia del PAN para que si se ha de revisar a la empresa de la familia Mouriño también se documenten licitaciones o asignaciones con las que pudieran estar relacionados dirigentes de otros partidos, retrasó la aprobación de ese grupo de trabajo parlamentario.

La exigencia de Acción Nacional es razonable solamente en parte. Los panistas quieren diluir en un contexto de generalizados abusos los resultados posiblemente adversos de una investigación acerca de los negocios de Mouriño. Pero decir que ese posible tráfico de influencias no es tan escandaloso porque otros funcionarios han realizado transacciones similares, equivale a resguardarse en una de las más miserables coartadas políticas que es el mal de muchos. Con el mismo argumento hace tres años había quienes objetaban el proceso de desafuero contra López Obrador. Todos los políticos, decían, infringen la ley; no se vale sancionar a unos cuantos; en tierra de ciegos el medio honesto es rey, después de todo qué tanto es tantito.

Por otro lado, aunque sea frecuente que los funcionarios a cargo de la asignación de recursos o la resolución de licitaciones tomen decisiones de manera discrecional, en este caso no estamos ante una determinación que beneficia a terceros. El favorecido con la autorización de contratos de una empresa pública es el propio Mouriño que, no hay que olvidarlo, firmó tales documentos como representante de una empresa privada.

La legalidad de tal asignación, que no decidió el ahora titular de Gobernación sino algún otro funcionario, tendrá que ser dilucidada por la comisión legislativa y en todo caso por autoridades judiciales. Ya sabemos que una gran cantidad de comisiones camarales sirve para dos cosas: para nada y para que parezca que algo se hace. Pero mientras se mantenga e independientemente de sus hallazgos, su sola existencia sería denuncia constante del recelo que ocasiona el secretario Mouriño.

Y qué lástima porque además de la franca confianza del presidente de la República, Mouriño parecía tener talento y entusiasmo para enfrentar las exigencias que impone la secretaría más importante del gabinete. Lo que quizá no ha tenido es la perspicacia que solo dan la experiencia y el conocimiento directo de la circunstancia política mexicana.

Solo en ausencia de ese atributo se explica la tardanza primero y la ligereza, después, de la contestación que Mouriño ofreció el viernes pasado a las acusaciones de tráfico de influencias. Si los contratos son falsos, tendría que haberlo denunciado de inmediato. Si son reales pero considera que no implican una infracción legal, también hubiera sido apreciable una explicación. Si haber firmado tales documentos resultó ilegal, ya se le está haciendo tarde para dimitir.

Posiblemente el presidente Calderón se resiste a prescindir de su secretario más apreciado para no darle un triunfo a su principal adversario político. El autoproclamado presidente legítimo se dedica a cazar errores y a explotarlos, magnificándolos cuando puede. No importa cuánta demagogia, estridencia o alharaca tenga que desparramar: el ex candidato derrotado considera que le va bien mientras peor le vaya al gobierno del presidente Calderón.

Así, primero López Obrador y algunos de sus socios más conspicuos ensayaron la descalificación del nuevo secretario de Gobernación cuestionando que hubiera nacido fuera del país. La retórica xenófoba que desparramaron fue de un provincianismo y un atraso políticos bastante patéticos.

Lamentablemente, en el asunto de los contratos la denuncia de López Obrador ha sido posible gracias a una pifia de Mouriño. A estas alturas el presidente de la República tendrá que hacer un arqueo de costos y beneficios políticos. De otra manera, la inexperiencia que se le atribuye a su hombre en Bucareli resultaría ser extensiva también a Los Pinos.

La Crónica, 17 de enero de 2008

   Cuando Emilio Portes Gil fue designado Secretario de Gobernación, en 1928, tenía 38 años y había sido –dos veces– gobernador de Tamaulipas.

   Una década más tarde Ignacio García Téllez asume la misma responsabilidad, a los 41 años y después de haber sido Rector de la Universidad Nacional.

   En 1940 el secretario de Gobernación es Miguel Alemán Valdés, con 40 años y que había sido gobernador de Veracruz.

   En 1948, cuando asume la secretaría de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines tenía 58 años y había sido gobernador de Veracruz.

   Ángel Carvajal en 1952 tenía 51 años y también había gobernado Veracruz antes de llegar a Gobernación.

   En 1958 Gustavo Díaz Ordaz tenía 47 años cuando ocupó ese cargo. Antes había sido oficial mayor en la misma Secretaría, así como senador por Puebla.

   En 1963 Luis Echeverría cumplía 41 años y había sido oficial mayor y subsecretario de Gobernación antes de encabezar esa dependencia.

   Mario Moya Palencia sustituyó a Echeverría el 11 de noviembre de 1969. Entonces, tenía 36 años con casi 5 meses. Había sido director de Cinematografía y de la empresa estatal productora de papel, así como subsecretario de Gobernación.

   En 1976, cuando ocupó la secretaría de Gobernación, Jesús Reyes Heroles tenía 55 años. Había sido presidente del PRI y director de Pemex y del IMSS entre muchas otras responsabilidades.

   De esa secretaría se hizo cargo Enrique Olivares Santana en 1979. Tenía 59 años, había sido gobernador de Aguascalientes y líder de la mayoría en el Senado.

   En 1982, cuando fue designado Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz tenía 46 años y había sido director de Gobierno en esa dependencia.

   Fernando Gutiérrez Barrios tenía 61 años en 1988 cuando se hizo cargo de la Segob. Había sido subsecretario de Gobernación y gobernador de Veracruz.

   Patrocinio González Blanco alcanzaba 59 años cuando se ocupó de la Secretaría. Antes, fue senador y gobernador de Chiapas.

   Jorge Carpizo tenía 49 años cuando, a comienzos de 1994, fue designado Secretario de Gobernación. A esa edad ya había sido Rector de la UNAM, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Procurador General de la República.

   Esteban Moctezuma Barragán tenía 40 años cuando se ocupó de Gobernación a fines de 1994. Había sido oficial mayor en Programación.

   Emilio Chuayffet había sido gobernador del Estado de México entre otros cargos cuando en 1995, con 44 años, fue Secretario de Gobernación.

   Francisco Labastida, en 1998, cumplió 56 años. Había sido secretario de Energía y gobernador de Sinaloa al llegar al Palacio de Covián.

   Diódoro Carrasco en 1999 , tenía 45 años y había sido gobernador de Oaxaca.

   Santiago Creel en 2000, a los 45 años, había sido consejero en el IFE, diputado federal y candidato al gobierno del DF.

   Carlos Abascal Carranza en 2005 tenía 55 años, había sido dirigente empresarial y secretario del Trabajo.

   Francisco Ramírez Acuña en 2006 cumplió 54 años y había sido gobernador de Jalisco.

   Todos esos antecesores de Juan Camilo Mouriño Terrazo tenían más edad que él –excepto uno– y una experiencia política en casi todos los casos más notoria que la suya cuando comenzaron a despachar como titulares de Gobernación.

   Podría suponerse que la llegada de Mouriño a esa responsabilidad es síntoma de los nuevos tiempos, en un país en donde la edad promedio es de aproximadamente 25 años. Por supuesto más edad no significa necesariamente mayor capacidad para la administración pública, como demostraron algunos secretarios de Gobernación. Pero no dejan de ser inquietantes por una parte la juventud y, especialmente, la escasa trayectoria en ese terreno de quien desde ayer ocupa la posición política por excelencia en este país.

   Quizá también sucede que la Secretaría de Gobernación ha perdido la centralidad política que tenía en otros tiempos. Después de Los Pinos y en no pocas ocasiones antes que en la residencia presidencial, en la casona de Bucareli se dirimían por las buenas o por las malas, o incluso se anticipaban o provocaban, los conflictos más relevantes. Hoy nos encontramos ante una desconcentración de la política que se ejerce tanto en la negociación dentro del gobierno y delante de él como en los partidos, las cámaras legislativas, los medios de comunicación y otros espacios, institucionales o no.

   El arbitraje presidencial, fuente del poder a veces colosal y en otras ocasiones discreto pero incontestable que ejercía el secretario de Gobernación, ya no es necesario en todos los casos. Frente al gobierno y al margen suyo han surgido, o han logrado espacios propios, otros actores de la vida pública.

   Pero precisamente debido a esa complejidad del escenario público el gobierno necesita, más que nunca, del ejercicio de la política. Hay que hacer política (¡mucha política! urgía Jesús Reyes Heroles) más hoy que ayer, porque la existencia de fuerzas partidarias y sociales diversas, ninguna de las cuales acapara el poder como sucedía antes, exige de un ejercicio constante de interlocución, negociación y avenencia con todas ellas.

   No parece haber duda sobre los motivos de Felipe Calderón para designar a Juan Camilo Mouriño en Gobernación. El presidente despliega una ambiciosa operación para controlar, a través de sus más allegados, posiciones claves de la conducción gubernamental. Colocó en Desarrollo Social a Ernesto Cordero, fiel colaborador suyo durante todo el sexenio anterior. Ahora pone como responsable de la política interior a su hombre más cercano.

   Mouriño, por lo general, se ha mantenido a la sombra de Calderón. Por eso la edad, y especialmente su rápida trayectoria por unas cuantas responsabilidades públicas, obligan a tener dudas sobre la idoneidad para ese cargo del nuevo secretario de Gobernación.

   No es, como se ha dicho, el más joven que ha llegado a esa posición. Mario Moya Palencia, cuando se encargó de Gobernación, tenía unas semanas de edad menos que los 36 años con 5 meses y medio con los que ahora cuenta el joven Mouriño. Esa no constituye una limitación esencial y en algunos casos no la es en absoluto. Pero la ausencia o escasez de adistramiento específicamente político sí puede ser una desventaja costosa para el presidente y, por lo tanto, para el país.

   El nuevo secretario de Gobernación no es bisoño en esas lides pero tampoco se le ha conocido vuelo propio. Fue diputado local y luego federal, por el PAN, hace dos legislaturas. Allí conoció a Calderón. Encabezó la Comisión de Energía en San Lázaro y formó parte de la Comisión Permanente entre 2001 y 2002. En esas tareas Mouriño tuvo un perfil bajo. Solo en contadas ocasiones ocupó la tribuna, entre otras en diciembre de 2001 para proponer el horario de verano y, ocho meses después, en una comparecencia del entonces secretario de Energía Ernesto Martens. En abril de 2003 el diputado Mouriño pidió licencia para competir por la presidencia municipal de Campeche pero perdió esa elección. Calderón lo nombró asesor suyo cuando ocupó la Secretaría de Energía y en 2004 lo hizo subsecretario de Electricidad. Luego fue el primer coordinador de la campaña presidencial.

   Allí y cuando encabezó la Oficina de la Presidencia, Mouriño fue circunspecto. Contribuyó a cabildear las iniciativas gubernamentales y a construir puentes en los difíciles meses inaugurales de la nueva administración. Paradójicamente se supo más de su enfrentamiento con Manuel Espino, a quien se empeñó en desplazar de la dirección nacional del PAN, que de su trato con otros partidos.

   La fama de “duro” se volvió parte de la semi leyenda de Mouriño, aunque hasta ahora no hay evidencias suficientes para estimar si esa apariencia corresponde a su auténtico talante. Tampoco las hay para evaluar sus apreciaciones sobre el país, los temas que lo conmueven, sus convicciones.

   Ni fu, ni fa. No se sabe si la parquedad de Mouriño obedece a una intencional cautela, o simplemente a un pragmatismo comprometido con los resultados aunque equidistante de las ideas. El beneficio de la duda que siempre existe en esos casos se mantendrá durante poco tiempo porque, en su nueva responsabilidad, ese funcionario tendrá que asumir definiciones y, desde luego, decisiones.

   Hasta ahora, aunque ineficiente, Francisco Ramírez Acuña le servía al presidente Calderón como pararrayos desde Gobernación. Trato que no se establecía, o litigio que no se resolvía, podían achacarse a la impericia o la dejadez del ex gobernador tapatío. Mientras tanto Mouriño, desde Los Pinos, operaba decisiones que no pasaban por Bucareli. Ahora, con un titular de Gobernación cuya principal cualidad es su cercanía con el presidente, Calderón dejará de tener ese recurso.

   En junio pasado Juan Camilo Mouriño estuvo en Galicia donde su padre es propietario del Celta de Vigo, un equipo de futbol de larga historia y que en aquella ocasión descendió a la segunda división española. Allí fue entrevistado por F. Franco, de El Faro de Vigo, que publicó esa conversación el 10 de julio de 2007. En aquella nota el periodista describía así a Juan Camilo Mouriño: “Un hombre que ha llegado a tales responsabilidades en el gobierno de un país tan grande y tan complejo tiene que tener por fuerza una buena mano izquierda para conciliar, mano derecha para golpear la mesa cuando la ocasión lo exija y, en síntesis, notorias habilidades políticas para poner la brújula en una geografía cultural y sentimental tan rica, diversa e intensiva (a veces de cuidados intensivos) como la mexicana. Sin embargo, el hombre que tenemos delante en el salón de esa casa viguesa y paterna de Saiáns que un día fuera del alcalde Soto, con las islas Cíes al fondo de la mirada, exhibe una sencillez en las formas que no casa con esa etiqueta de Supremo Deshacedor que le ha puesto alguno de sus adversarios. No destaca por su elocuencia al modo de un Demóstenes pero tampoco le falta para expresar una serie de ideas claras y precisas, un concepto de país y de gobierno. Por algo le habrá puesto ahí Felipe y por algo otros no han podido evitarlo”.

   Brazo derecho de Calderón, le han calificado numerosos comentaristas. Político de mano izquierda, estimaba su entrevistador gallego. Ya se verá qué tanto es lo uno, o lo otro.

Crónica, 

15 de Marzo de 2007

Manida y demagógica, aquella frase que pretende otorgar salario mínimo al
presidente para que vea lo que se siente expresa, sin embargo, un extendido
reproche. Ni la alternancia de un partido a otro, ni los recursos para la
transparencia en la información pública, ni el frecuente escrutinio de
algunos medios en asuntos como esos, han logrado erradicar en la sociedad
mexicana la presunción de que los más altos funcionarios del Estado abusan
de sus cargos concediéndose desmedidas remuneraciones.

Posiblemente los sueldos de los altos cargos en la administración pública
mexicana no constituyan una porción significativa del Presupuesto Federal.
Pero ese no es el problema. En un país con tan amplias y desmoralizadas
franjas de la sociedad, que subsisten con salarios de miseria y a menudo ni
siquiera con ellos, el solo conocimiento de que hay funcionarios públicos
que ganan cien o doscientas veces el equivalente al salario mínimo suscita
irritación y alienta la muy esparcida desconfianza respecto de la política y
quienes la ejercen.

El tema, de suyo sensible, ha sido motivo de abundante lucro a veces por
parte de algunos de los políticos que han disfrutado salarios desmedidamente
cuantiosos y, en otras, por parte de medios de comunicación que se dan vuelo
denunciando sueldos excesivos porque saben que al público le gusta que a los
funcionarios al menos los expongan con denuncias de esa índole. (No estaría
mal, de paso, que aun cuando se trata de empresas privadas el público
conociera, como es frecuente en otros países, las remuneraciones que reciben
los conductores de los principales noticieros de radio y televisión).

Los sueldos en los altos niveles de la administración pública tienen que ser
elevados. No puede pretenderse que a un profesional con reconocida
especialidad en su campo y a quien se le encarga el cumplimiento de una
responsabilidad importante, el país le pague unos cuantos miles de pesos.
Pero en todas las áreas del Estado ha sido frecuente que, a los salarios
nominales, se añadan sobresueldos, compensaciones, vales, aguinaldos y otras
retribuciones que en ocasiones multiplican ese ingreso financiero.

Hoy en día el presidente de la República tiene un sueldo de 152 mil pesos y
no resulta exagerado. Pero con frecuencia, cuando nos enteramos del salario
de un secretario o subsecretario de Estado, de un ministro judicial o de un
legislador, no necesariamente sabemos el monto completo de las retribuciones
que le paga el país. No está mal que nuestros funcionarios públicos más
relevantes obtengan remuneraciones congruentes con las obligaciones que
desempeñan. Pero en ocasiones se les ha pasado la mano.

La clase política advierte las consecuencias de tales abusos. La iniciativa
de reformas constitucionales que el martes pasado -13 de marzo- aprobó el
Senado establece que ninguna remuneración que el Estado mexicano otorgue a
sus funcionarios será mayor a la que reciba el presidente de la República.
El salario del titular del Ejecutivo Federal es determinado en el
Presupuesto anual de egresos federales. Ahora, si esa reforma legal se
aprueba, habrá un sueldo total y máximo que no podrá ser complementado por
ninguna otra remuneración.
La nueva formulación propuesta para el artículo 127 constitucional -en donde
actualmente sólo se dice que la retribución para el presidente y otros
funcionarios será “adecuada e irrenunciable” y que se determina cada año-,
define los alcances de esa remuneración: “toda percepción en efectivo o en
especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios,
recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, aportaciones a
fondos de retiro o ahorro y cualquier otra, con excepción de los apoyos, y
los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del
trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”.

Así que se acabarían los apoyos cuantiosos para alquiler o adquisición de
vivienda, las contribuciones millonarias a los fondos de ahorro, los
aguinaldos que en ocasiones equivalían a la mitad del ingreso de todo el año
o los acuerdos especiales para que la pensión de los altos funcionarios
exceda sustancialmente la que recibe la mayoría de los trabajadores del
Estado.

No están del todo claras las consecuencias que esa reforma tendría sobre las
retribuciones que, de manera especial, el Estado les entrega a los ex
presidentes de la República o, cuando han fallecido, a sus deudos.

En una democracia con un funcionamiento normal de sus instituciones y sin la
rispidez que padece la vida pública mexicana, a nadie le inquieta saber que
a los ex presidentes, el país que gobernaron les paga un sueldo vitalicio.
Aquí, como todos sabemos, por una parte la aciaga fama pública que algunos
de nuestros ex presidentes han parecido empeñados en fraguarse a toda costa
y por otro lado las revanchas políticas de las que han sido víctimas, hacen
de sus remuneraciones un tema delicado y polémico.

Sería deseable que a los ex presidentes se les garantizara un ingreso
decoroso, sin excesos ni subterfugios. La custodia que deben recibir por
parte de la fuerza pública no tiene por qué contabilizarse como parte de esa
remuneración. Pero en cambio si algún ex presidente quiere recursos para
mantener una iniciativa personal -como hizo Luis Echeverría con el Centro de
Estudios del Tercer Mundo, o como hace ahora Vicente Fox en el mausoleo que
se autoerige en Guanajuato- esos proyectos tendrían que pasar por los
procesos de aprobación y verificación presupuestal, en el Poder Legislativo,
por el que transita cualquier propuesta que pretende recibir fondos
públicos.

¿Qué sueldo debiera recibir un ex presidente? Mientras en la sociedad no se
extienda la convicción de que al país le resulta provechoso remunerar con
suficiencia a quienes lo han gobernado, es difícil encontrar argumentos para
que a los ex presidentes, no se les entregue la misma pensión que recibe el
resto de los trabajadores del Estado cuando se jubilan. Esa pensión, de
acuerdo con la Ley del ISSSTE, no puede ser mayor a 10 salarios mínimos. No
estaría mal revisar ese límite, que resulta injusto con trabajadores de
remuneraciones más altas y que actualmente equivale a 15 mil 171 pesos
mensuales. Sin embargo eso establece la ley para los trabajadores del
Estado.

Es poco para un ex presidente, desde luego. Pero puede suponerse, sin
exageraciones, que durante los seis años de su encargo, y aún antes, han
podido abonar cuotas suficientes a algún fondo de retiro para tener un
ingreso que complemente la pensión que les entregue el Estado. Para
recibirla, desde luego, tendrían que retirarse del servicio público. O
podrían no aceptarla y seguir trabajando, sin cargo al erario, como dicen
que hace Ernesto Zedillo.

La reforma constitucional fue aprobada en el Senado, de manera unánime, por
106 votos -aunque ese día pasaron lista 113 legisladores- y ha sido
resultado de dos iniciativas. Una, presentada en noviembre pasado por el
senador perredista Pablo Gómez y la otra, enviada en enero por el presidente
Felipe Calderón. Antes de la votación hablaron a favor de ella tres
senadores, Pedro Joaquín Coldwell del PRI, José González Morfín del PAN y el
ya mencionado Pablo Gómez Álvarez del PRD.
La reforma constitucional sería aplicable a todos los servidores públicos,
tanto de la Federación como de los estados y municipios, de las dependencias
paraestatales y de cualquier organismo público e incluso de carácter
autónomo. Ahora debe ser discutida por la Cámara de Diputados y, si se
ratifica allí, en las legislaturas de los estados. Pero no es difícil que a
San Lázaro lleguen presiones a fin de que no se apruebe. La disminución que
esa reforma puede significar en el ingreso real de no pocos funcionarios
llegaría a ser tan significativa que ya hay protestas, soterradas pero
amplias, en las cúpulas de la administración pública y especialmente en
organismos paraestatales.

Sería injusto, y hasta infame, pretender que al presidente, como ha rezado
aquella sentencia, le paguen el salario mínimo. Pero el ajuste general en
las remuneraciones más altas y sobre todo el establecimiento del límite
máximo que plantea la reforma constitucional podría tener réditos políticos
que ojalá los partidos, y sus funcionarios en posiciones de gobierno,
quieran entender y respaldar.

ALACENA: Sueldos universitarios
Sobresueldos y complementos son recursos para incrementar artificiosamente
las remuneraciones de los altos funcionarios. Pero en instituciones públicas
como las universidades, se han establecido compensaciones y bonos que
complementan el nominalmente precario ingreso de profesores y otros
trabajadores aunque no se les reconoce, para efectos legales, como parte de
su salario. Con el mismo espíritu con que ahora se enfrenta la simulación
que ha existido en los sueldos de altos funcionarios, el Congreso y las
universidades públicas tendrían que resolver esa irregularidad que se
mantiene en perjuicio de los derechos salariales de decenas de miles de
trabajadores académicos en todo el país.

trejoraul@gmail.com
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SOCIEDAD Y PODER

Raúl Trejo Delarbre

Publicado en La Crónica de Hoy el jueves 1 de marzo de 2007 

   La escena no podía ser más emblemática de los peliagudos cuan contradictorios tiempos actuales. Felipe Calderón, militante de toda la vida de una oposición que cuestionaba con invariable aspereza los vicios del viejo corporativismo sindical, ahora que es presidente acude nada menos que a la cueva de aquellos arcaicos líderes. Allí estaba el 24 de febrero, para conmemorar los 71 años de la CTM. Centenares de trabajadores lo vitorearon, no porque esa fuera su convicción sino porque así les exigían los animadores de aquella ceremonia, cuando después de su discurso recibió el saludo de Joaquín Gamboa Pascoe.   

   Se trata del líder que arribó a la dirigencia de la CTM hace 19 meses, a la muerte de Leonardo Rodríguez Alcaine. No tiene la picardía del atrabiliario dirigente electricista pero en alguna ocasión se permitió desplantes como cuando hacia 1988, siendo líder de los trabajadores del Distrito Federal, les replicó a varios reporteros que le preguntaron si no era inadecuado que él anduviera en automóviles ostentosos. “¡Qué les pasa! ¿Qué, porque los trabajadores están jodidos yo también debo estarlo?”.  

   Es el mismo Gamboa Pascoe que por aquellas fechas perdió ante Porfirio Muñoz Ledo la elección para senador en el DF. El mismo que fue señalado como beneficiario de la construcción de decenas de miles de casas con recursos del Infonavit. Distante de la austeridad que Fidel Velázquez procuraba exhibir Gamboa Pascoe, aficionado a los safaris en África, ha sido todo desplante, todo oropel, todo bluff.   

   Ese es el dirigente a quien el presidente Calderón fue a saludar en  su mismísima guarida, hoy tan deteriorada que apenas si se sostiene gracias a la inexistencia de corrientes que pugnen por la democracia en los sindicatos y a la complacencia del gobierno que en este nuevo sexenio panista, a la usanza del convenenciero priismo, sigue alentando una relación de condescendencias y simulaciones respecto del viejo corporativismo sindical.  

   “Don Joaquín”, como le dijo el presidente, está llegando a los 80 años y fue beneficiario del nepotismo que coloca en posiciones de responsabilidad pública a los yernos de desprestigiados dirigentes sindicales. Su suegro era Jesús Yurén, uno de los “cinco lobitos” que tomaron el control de la CTM y le heredó la dirigencia de la Federación de Trabajadores del DF.   

   No dudamos que el presidente de la República haya tenido que hacer de tripas corazón para mostrarse tan complaciente con Gamboa Pascoe. Las responsabilidades del gobierno imponen esas y hasta peores amarguras. Calderón no puede rehusar apoyo alguno y aunque la CTM se encuentra tan alicaída que prácticamente nadie se acordaba de ella, quizá en el gobierno hay quienes creen –erróneamente– que todavía representa a núcleos importantes de trabajadores.   

   Aunque se trataba de una visita de cortesía y desde luego de avenencia política, al presidente no le hacía falta prodigarse en elogios tan desmedidos como cuando aseguró que la CTM “para el gobierno tiene un reconocimiento especial, porque se trata de una organización que demanda, pero también propone, que cuestiona, pero que sobre todo construye, que trabaja  y trabaja intensamente por el bienestar de sus agremiados y por el bien de México”.  

   Quizá el presidente Calderón se dejó llevar por el entusiasmo postizo que lo rodeaba. Pero se le pasó la mano. Esas frases, tan laudatorias como huecas, son idénticas a las que pronunciaban los presidentes del antiguo régimen pero ellos al menos eran del mismo partido que los líderes cetemistas. Y quizá ninguno de ellos, acaso porque conocían a ese podrido sindicalismo mucho mejor que Calderón, llegó a ensanchar de manera tan artificiosa la membresía de la CTM: “Sé que dirigirme a ustedes, señor secretario, señores dirigentes, señoras y señores, es dirigirme a millones y millones de trabajadores en todo México”.   

    Y eso no es cierto. Javier Aguilar García, que es el estudioso más serio y sistemático de la situación de la CTM, ha estimado que hace algunos años la afiliación de esa central se había reducido a menos de 900 mil trabajadores. E iba para abajo: posiblemente hoy los cetemistas son menos de 500 mil. Así que si al presidente Calderón le dijeron que hablaría ante los líderes de millones, simplemente lo engañaron.  

   Es natural, incluso deseable, que el gobierno tienda puentes con todas las fuerzas de la sociedad. Si ha de impulsar algunas de las muchas reformas que prometió –y respecto de las cuales tendrá que emprenderse un inicial corte de caja la próxima semana, cuando se cumplan los primeros 100 días de esta administración– Calderón requiere suficientes aliados. Pero con socios políticos como Gamboa Pascoe el presidente no llegará lejos.  

   En el terreno del sindicalismo la contracción política del sector encabezado por los telefonistas y la UNT, que no se reponen de la equivocada apuesta que hicieron por López Obrador, ha impedido que Calderón encuentre allí la interlocución que habían tenido otros gobiernos. E incluso la UNT, y sus dirigentes, se parecen cada vez más al sindicalismo estancado y a los líderes auto perpetuados en las secretarías generales a quienes tanto combatieron hace tres décadas.  

    Es comprensible que Calderón procure no desperdiciar cualquier ocasión para acercarse al llamado mundo del trabajo. Pero no necesita hacerlo de manera tan reverente.   

   Quizá sería mucho pedir que, desde su posición actual, el presidente recupere aquellos principios del PAN que con perspectivas conservadoras, pero de talante democrático, consideraban que el viejo sindicalismo aherrojaba la libertad y la dignidad de los trabajadores. Pero podría recordar los varios proyectos de reforma laboral que se encuentran estancados desde hace años y que, con matices distintos, coinciden en establecer normas para propiciar la participación de sus agremiados en la vida de los sindicatos.   

   El presidente podría reconocer, por lo menos, que al hablar frente a los anticuados dirigentes sindicales no necesariamente se dirige a los trabajadores de los sindicatos encabezados por esos líderes. Quizá entonces consiga conciliar, en esos difíciles trances, la ética con la estética. No vaya a ser que a fuerza de departir y convenir con ellos Calderón comience a parecerse a esos dirigentes espurios a los que tanto cuestionó en otros tiempos y con los que ahora, ni modo, tiene que alternar. 

Decíamos ayer  

   Estoy de vuelta en Crónica gracias a una muy amable invitación de su director general, Guillermo Ortega Ruiz. Fui colaborador del diario durante nueve años, hasta junio de 2005. Ahora que regreso no puedo ni querría dejar de reconocer la talentosa conducción que ejerció Pablo Hiriart en esta casa editorial, de la que es fundador y a quien se deben los méritos primordiales que ha tenido el periódico.   

   Como lector que antes que nada soy de Crónica, lamento el alejamiento reciente de varios de sus colaboradores más perspicaces y entiendo los diferentes motivos de su ausencia en estas páginas. Estoy convencido de que en la medida en que mantenga el respeto que ha tenido hacia la opinión crítica y profundice su compromiso con la diversidad y el profesionalismo editoriales, este diario conservará e intensificará la presencia pública que ha alcanzado.  –0–

Texto publicado en el suplemento de fin de año de Correo de Guanajuato, diciembre de 2006.

   El desafío de Felipe Calderón, valga la perogrullada, es gobernar. Pero los frentes de conflicto con los que se inicia el sexenio son tantos y los recursos del nuevo presidente y su equipo parecen tan insuficientes que la tarea de gobernar puede ser entorpecida por circunstancias múltiples. Mas aun cuando la principal fuerza de oposición está empeñada no en disputar el gobierno sino en hacerle imposible esa tarea al nuevo presidente.  

   Calderón tiene oficio, experiencia y, hasta donde se ha podido apreciar, ganas suficientes para gobernar a este país. En todo eso se distingue de Vicente Fox cuyos méritos nunca fueron bastantes y que se fatigó –hasta el hartazgo, según se manifestó en el último trecho de su desastrado mandato– de intentar cumplir con la tarea de gobernar. El nuevo presidente ha tenido que remontar primero la oposición dentro de su partido, luego la sustancial desventaja que todavía hace un año tenía respecto del candidato de la Coalición por el Bien de Todos y más tarde una espinosa fase postelectoral cuyas secuelas nos acompañarán por varios años.   

   Quizá todo ese camino, además de angustioso para el país, haya sido aleccionador para Felipe Calderón. No tardaremos en saberlo. Se ha manifestado conciliador, ha reiterado que tiene que gobernar para todos los mexicanos y no solamente para el tercio de los electores que votó por él, ha querido ser incluyente a pesar de la intolerancia o la ambición de sus interlocutores. Esa disposición es útil para gobernar en un país tan políticamente escindido y, sobre todo, con una sociedad tan  confundida. Pero como el oficio de gobernar no se resuelve solamente con buenas intenciones, para ejercer a plenitud sus responsabilidades Calderón tiene que contar con políticas, consenso y condiciones mínimas suficientes.  

   Las primeras, las ha manifestado en distintas ocasiones. El nuevo presidente necesita procurar reformas aunque sea modestas para fortalecer la economía. El fracaso del gobierno anterior –pero también de las fuerzas políticas todas– para alcanzar una reforma fiscal obliga a considerar otras opciones, especialmente el mejoramiento en la recaudación. Para ello tendrían que existir reglas y sobre todo procedimientos menos tortuosos para el pago de impuestos y, desde luego, la abolición del privilegio que tienen numerosos sectores de la sociedad que no contribuyen fiscalmente. La reforma energética quizá tenga que ser planteada de manera menos estridente y drástica y con una reorganización de Pemex y las empresas de electricidad en donde la apertura a la inversión privada sea resultado de proyectos específicos y no de una receta de aplicación general.   Calderón prometió más empleos. Si no cumple con rapidez ese compromiso lo perseguirá durante seis años tanto como a Fox aquella ilusoria meta del 7% de crecimiento.

   Al menos el nuevo presidente no ha dicho que resolverá nada en 15 minutos. Pero a diferencia de Fox, que comenzó su gobierno en un clima de relativa confianza por parte de la sociedad, el país que ahora gobierna Calderón no parece tener tanta paciencia. Más empleos, como es evidente, requiere de mayores pero sobre todo mejor distribuidos recursos. Y allí es en donde la economía y la política se imbrican para forjar uno de los grandes nudos que Calderón tiene que desatar y  reordenar si quiere que su gobierno resuelva y no solo contenga los grandes problemas del país. 

   En México la concentración de poder –financiero, político, gremial, cultural– es el dique más estorboso para cualquier reforma que pretenda atenuar de manera significativa cualquiera de las desigualdades que sofocan al país. La revista The Economist lo recordó hace varias semanas y desde tiempo atrás ese problema ha sido señalado desde distintos ángulos de la opinión crítica nacional: la concentración de privilegios excesivos se ha convertido no solo en fuente de adicionales desigualdades sino, además, en uno de los desafíos que enfrenta el Estado mexicano.   

   El poder acumulado por los grandes bancos, los caciques políticos y sindicales, las empresas de telecomunicaciones y los principales medios de comunicación resulta, además de ofensivo para la mayoría de los mexicanos, una creciente fuente de exacción para ellos. Las comisiones e intereses que cobran las instituciones financieras por cualquier servicio bancario resulta desmedido en cualquier comparación internacional además de que encarece el crédito y limita, así, el crecimiento económico de la sociedad. El tráfico que se mantiene en la representación de la mayoría de los trabajadores sindicalizados constituye una de las más flagrantes contradicciones con la democracia que hemos logrado en el terreno electoral. El costo del servicio telefónico y ahora de las conexiones a Internet es en México cuatro o seis veces más alto que en la mayoría del mundo desarrollado. La concentración de prácticamente todas las frecuencias comerciales en solamente dos empresas de televisión atenta contra la diversidad comunicacional a la que tienen derecho los mexicanos.   

   El poder de las corporaciones es el obstáculo más relevante que tiene Calderón para gobernar y antes de dilucidar si puede enfrentarlo, será preciso saber si quiere hacerlo. El poder de los cacicazgos políticos locales, entreverado con el caciquismo y sus pragmáticos equilibrios que se mantiene en el sindicato de los maestros, detonaron y alentaron el costoso conflicto en Oaxaca. El afán de los grupos de radiodifusión acaudillados por Televisa los condujo a presionar como nunca antes para que, en la primavera pasada, el Senado aprobara las reformas conocidas, precisamente, como “Ley Televisa”. La voracidad del Grupo Carso se ha impuesto para impedir que tengamos la competencia telefónica que implicaría una auténtica variedad de ofertas y tarifas en ese terreno. El poder de tales corporaciones querrá bloquear al gobierno de Calderón si trata de atenuar sus prerrogativas. Pero si no procura moderarlo, será una administración al servicio de esos intereses creados y no de la sociedad para la cual el nuevo presidente dice que quiere gobernar.  

   El oficio político hará falta no únicamente para negociar con los grupos partidarios más estridentes sino, también, para refrenar a los grupos de interés. La composición del Congreso federal obliga a un ejercicio político permanente sin el cual el nuevo gobierno será rehén de la tornadiza coyuntura nacional. Lo ideal sería que pudiera establecer acuerdos de mediano plazo con las fuerzas políticas más importantes pero ni el PRI ni el PRD parecen dispuestos a comportarse como partidos serios. El primero, mientras no resuelva sus problemas de liderazgo interno seguirá sin ser un interlocutor sólido. El PRD, al contrario, sigue sometido a un excedido caudillismo que a ratos parece caricatura de sí mismo pero que aún cuenta, por muy extraño que parezca, con la adhesión de un significativo segmento de ciudadanos.  

   Con esas fuerzas Calderón tiene que buscar entendimientos. Hacer política, mucha política como decía Reyes Heroles. Pero para que ese ejercicio sea eficaz tiene que emprenderlo sin olvidar que hoy en día el espacio para la política es sustancialmente distinto al del México en el viejo régimen. Hoy en día la política no se reduce a la ineludible transacción entre partidos; además se desenvuelve en y con una sociedad enmarañada y en alguna medida impaciente e incómoda. Para gobernar con ella y no solamente delante de esa sociedad el nuevo presidente tendría que contar con iniciativas capaces de involucrarla. La más importante podría ser el combate a la delincuencia que constituye el desafío más grave –aunque a veces se nos olvida a causa del rebumbio político– no solo para el gobierno sino para el país.  

   El Diccionario, pero también la realidad y las urgencias nacionales, indican que gobernar es “mandar con autoridad… dirigir a un país”. Para no solo administrar sino antes que nada ejercer el gobierno, el presidente Calderón tiene que hacer frente a sus principales retos. Para hacerlo con autoridad, tiene que apoyarse en la sociedad. Para ganarse la confianza de esa sociedad… tiene que gobernar. De Calderón, pero también de la enredada circunstancia en la que le toca ser parte de la historia de este país, depende que ese círculo sea vicioso o virtuoso.

                                                             –0–

La Crónica, mayo 29 de 2005

¿Cual es el meollo del conflicto entre López Obrador y el presidente Fox?
   La disputa por el poder en México. Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno de la capital del país, es el político con más posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de julio de 2006. Ese es el origen del diferendo. Para sus partidarios, la probabilidad de ese triunfo se ha convertido en motivo adicional de anticipadas ilusiones y, desde luego, en factor que solidifica esa de por sí puntera candidatura. Para sus adversarios López Obrador es un auténtico riesgo no tanto por sus definiciones políticas ­–que son tan pragmáticas que resulta imposible encuadrarlas en una línea ideológica consistente— sino por la veleidad, el caudillismo y la inestabilidad de su conducta política. Desde luego, para los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional las posibilidades electorales de ese personaje les impedirían conservar o recuperar el poder en este país.

   El presidente Vicente Fox aprovechó omisiones y transgresiones legales de López Obrador para impulsar una demanda judicial que, de haber prosperado, podría haber impedido que el alcalde de la ciudad de México fuera candidato presidencial. La demanda, en sentido estricto, era legítima pero los simpatizantes de López Obrador consideraban que el gobierno podría haber dejado de cumplir con la ley y hacerse de la vista gorda como ocurre en numerosos casos de menor importancia.

   Esa fue una cara de la moneda. Junto con ella hay que recordar que en numerosas ocasiones López Obrador ha violado leyes, cuando le parecen que no son adecuadas o no se ajustan a sus intereses. Esa actitud forma parte de un talante autoritario y caudillista.

   Si López Obrador no hubiera desatendido una orden judicial (para suspender unas obras en un terreno privado) el presidente Fox no habría podido echar adelante el proceso judicial. El alcalde del Distrito Federal, por omisión pero también por acción, ofreció motivos suficientes para que sus adversarios impulsaran el proceso al cabo del cual la Cámara de Diputados le retiró la inmunidad constitucional para que pudiera ser juzgado en un tribunal ordinario. Ahora, como es sabido, ese proceso quedó cancelado.

   Las transgresiones de López Obrador en contra de la ley quedarán sin ser castigadas. Y en el terreno político, la sumisión del presidente Fox a las exigencias de ese rival suyo ha conformado un panorama sustancialmente distinto. Hoy en día el alcalde de la ciudad de México no solo encabeza las preferencias electorales y se encuentra a un paso de obtener la Presidencia de la República. Además ha demostrado que puede engañar, contravenir leyes e intimidar a las instituciones del Estado con una hasta ahora completa impunidad.

   ¿Como definiría políticamente a López Obrador? A su juicio, ¿se acerca a un Lula o a un Kirchner?

   Los presidentes brasileño y argentino Luis Inacio da Silva “Lula” y Néstor Carlos Kirchner, tienen sendos programas políticos que, si bien con diferencias entre ellos, reivindican posiciones de izquierda. Aunque desde la izquierda misma se les discute postulan la solidificación del Estado, el respeto a los derechos humanos y sobre todo propuestas de justicia social.

   En cambio López Obrador no tiene un proyecto de esa índole. Su única propuesta para reactivar la economía mexicana radica en aumentar el aprovechamiento del petróleo, lo cual nos acercaría más a una venezolanización que a un modelo de izquierdas. Los pocos planteamientos de ese personaje para el gobierno que eventualmente encabezaría son de un atraso político muy notable. No tiene idea –o no la manifiesta en sus documentos— de las condiciones y opciones en la globalización contemporánea, mucho menos de las posibilidades de conducción de la economía que tendrá cualquier gobierno, independientemente de quién lo encabece, para los próximos años en México. López Obrador ha ofrecido ampliar el gasto social aunque sin precisar en qué rubros lo haría. Lo más preocupante es que jamás ha dicho cómo obtendría, realistamente, los recursos para ese gasto adicional.

   En el campo de los derechos humanos su actitud ha sido de desatención a esas reivindicaciones como gobernador de la capital del país. No creo que López Obrador sea de izquierda pero hay quienes lo consideran así por la tradición del partido que lo apoya. En ese partido, el de la Revolución Democrática, López Obrador ha impuesto medidas del todo contrarias a las prácticas habitualmente reivindicadas por las izquierdas.

   La democracia quedó borrada, si es que la había, dentro del PRD. El actual dirigente de ese partido es un ex gobernador sin militancia de izquierdas e impuesto por López Obrador como presidente nacional perredista. El partido ha quedado sometido al talante y las necesidades de López. Y en su administración al frente del gobierno de la capital del país ha sido sistemáticamente reacio a rendir cuentas como hacen los gobernantes de otras entidades del país y el gobierno federal mismo. Los ciudadanos del Distrito Federal no sabemos, bien a bien, cómo se gastan los impuestos que pagamos a la autoridad local.

   Se podrían mencionar muchos otros rasgos del autoritario comportamiento político y el obtuso horizonte ideológico de López Obrador. Si hemos de ser rigurosos, no es posible afirmar que tenga un proyecto de izquierdas. Creo que es injusto con Lula y Kirchner que se le compare con ellos.

   ¿A que obedecen los cuestionamientos o resquemores frente a López Obrador?

   En parte a circunstancias y conductas como las que he mencionado. Pero sobre todo a la actitud, fuera de cualquier parámetro democrático, que suele asumir López Obrador. La política se ha convertido para él en instrumento para cumplir ambiciones personales.

   La reivindicación del interés popular la utiliza como pretexto para alcanzar tales fines. La política social que impulsa para la ciudad de México ha quedado limitada, en lo fundamental, a la entrega de remuneraciones mensuales a los ancianos, con lo cual ha convertido a muchos de ellos en clientela política forzada a respaldarlo. En lugar de ofrecerles tareas que les permitieran ser útiles a la sociedad, López Obrador ha tratado a los ancianos como menesterosos.

   Cuando hay expresiones de desacuerdo con sus acciones y omisiones López Obrador suele descalificarlas (como ocurrió, hace once meses, con la marcha contra la inseguridad en la ciudad de México que ha sido la movilización social más concurrida en la historia del país).

   López Obrador cumple las leyes cuando le viene en gana y ahora ha confirmado que para desatenderlas tiene el recurso de llamar a manifestaciones y otras formas de presión política. El resquemor, como usted le llama, que ya existía respecto de López Obrador, se ha
reforzado en los días recientes ante la capitulación del presidente Fox que admitió todas las exigencias de ese personaje, dispensó las comprobadas faltas que había cometido López Obrador y que comprometió, en esa rendición política, a los poderes Legislativo y Judicial.

   ¿Está en crisis la democracia mexicana?

   Más bien se encuentra en una situación de estancamiento. Nuestra democracia, como todas, ha evolucionado dentro de un proceso al cual a veces hemos considerado transición. Ese tránsito nunca es lineal pero ahora parece entrampado tanto por el desgaste que recientemente han experimentado algunas de nuestras instituciones políticas básicas como por el incumplimiento de la legalidad por parte de algunos de los principales actores políticos. Además padecemos una mezcla de cansancio, aturdimiento y hastío ante los asuntos públicos.

   Una de las claves de la transición mexicana había sido el desarrollo de una cultura de la legalidad. Primero entre los actores políticos y muy paulatinamente y con insuficiencias graves en la sociedad, la promoción de compromisos y convicciones respecto del marco jurídico permitió que, por ejemplo, llegásemos a tener una normatividad para la competencia electoral con la que todos estaban de acuerdo.

   Es posible que esa coincidencia básica haya quedado gravemente erosionada a partir de los acontecimientos recientes. Cuando hay un personaje político como López Obrador que se ufana de cumplir las leyes nadamás cuando le conviene y cuando el resto del sistema político –encabezado por el Presidente de la República– se le rinde debido a la capacidad de presión que ha ejercido, el pronóstico que se puede hacer sobre la democracia mexicana no puede ser, me temo, sino pesimista.

   Habría otros factores que incluir en este panorama: la frivolidad de la mayoría de los medios de comunicación que además se han convertido en poderes sin contrapesos delante suyo, el allanamiento de intelectuales y pensadores antaño críticos que se han sometido a la moda de posiciones comodinamente consideradas políticamente correctas, la confusión que prevalece en la mayor parte de la sociedad… pero esta respuesta ya ha sido demasiado extensa.

   EEUU no se quedará de brazos cruzados ante la emergencia de gobiernos de izquierdista en América Latina. ¿Se sospecha de la “mano oscura” estadounidense en las acusaciones de juego sucio contra López Obrador?

   Como he apuntado, no encuentro motivos para considerar “izquierdista” a López Obrador. Incluso en su trato con algunos de los empresarios más prominentes (comenzando por el más poderoso en México y América Latina que es Carlos Slim, el dueño de Telmex y muchos otros negocios) López Obrador no se ha comportado precisamente como promotor de políticas distributivas ni de reivindicación del papel del Estado sino como aquiescente colaborador para la expansión de intereses y negocios de esos personajes.

   A López Obrador le resultó cómodo hablar de una conspiración en contra suya para atribuir a una maniobra política las acusaciones que, de haber prosperado, hubieran afectado su candidatura presidencial. Les echó la culpa, todos juntos, a dirigentes actuales y del pasado reciente, a partidos de discrepantes posiciones, a algunos empresarios que han tomado distancia respecto de sus propuestas, a los escasos medios de comunicación y analistas que han mantenido una posición crítica ante sus excesos… Culpó sin evidencias a diestra y siniestra pero en todo momento se cuidó mucho de no inmiscuir, en esa pretendida conjura, al gobierno de Estados Unidos. López Obrador no quiere problemas con Washington. Sabe que una posición contestataria respecto de nuestro poderoso vecino del Norte podría suscitar incomodidades respecto de su candidatura. Pero, sobre todo, las posiciones anti estadounidenses no forman parte de su escaso bagaje ideológico.

   López Obrador no cuestiona las políticas de la Casa Blanca y cuando ha descalificado a alguna empresa extranjera ha sido para favorecer intereses de sus simpatizantes mexicanos (por ejemplo, de cuando en cuando se refiere con desdén a las empresas telefónicas que operan en México con capital extranjero porque afectan los negocios de su antiguo aliado Carlos Slim). Por esa, entre otras razones, es exagerado considerar que López Obrador tendría posiciones similares a las de Hugo Chávez en Venezuela o Fidel Castro en Cuba. Para ser como Castro tendría que haber pasado por una intensa lucha de resistencia antiimperialista. Para ser como Chávez debería haber encabezado un movimiento de reivindicaciones nacionales en una sociedad profundamente polarizada. Pero a López Obrador el gobierno estadounidense no lo acosa –lo cual, desde luego, sería absolutamente inaceptable–. Y la derecha mexicana no lo ve con la aprensión que ha tenido la derecha en Venezuela –al contrario, como señalé antes hay importantes empresarios que están calculando qué tan ventajoso sería para sus negocios un gobierno con ese presidente–. Si queremos encontrar similitudes entre López Obrador y otros gobernantes latinoamericanos quizá sea preciso voltear al pasado reciente. Quizá, toda proporción guardada, está llamado a ser la versión mexicana del infausto peruano Alberto Fujimori.

Hace algunas semanas el periodista chileno Andrés Pérez G., que colabora con la revista Ercilla, me envió un cuestionario sobre el jefe de Gobierno de la ciudad de México y su presencia en la vida pública mexicana. Esta es una versión ligeramente ampliada de mis respuestas.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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La Crónica, 10 de enero de 2005

El spot de televisión de la Cámara de Diputados que tanto estruendo causó la semana pasada, era tan críptico que difícilmente debe haber afectado la imagen pública de los tres personajes del PAN exhibidos de esa manera: el presidente Vicente Fox, el senador Carlos Medina Plascencia y el secretario de Gobernación Santiago Creel.

En 30 segundos, de manera atropellada, ese anuncio reproduce sendas frases de esos personajes cuando eran diputados federales. Aparentemente se trata de mostrarlos en contradicción con las posiciones recientes de por lo menos dos de ellos en el reciente litigio por el presupuesto federal entre el gobierno y la Cámara de Diputados.

Sin embargo es preciso conocer el contexto de esa discusión para entender tales alusiones.

La transmisión del anuncio de 30 segundos causó disgusto en el gobierno y en Acción Nacional. Algunos de sus voceros consideraron que la Cámara excedía sus funciones al destinar parte de su presupuesto a pagar mensajes de impugnación política cuyo contenido no comparten todos los partidos en San Lázaro. Otros comentarios consideraron que con ese mensaje la mayoría en la Cámara entraba al terreno de las confrontaciones personales.

Quizá algunas de esas opiniones no tomaron en cuenta el contenido del anuncio. Por eso vale la pena recordarlo.

El medio minuto comienza con la frase “Se dice fácil” resaltada sobre fondo negro.

A continuación aparece Vicente Fox cuando era diputado federal en 1988, en mangas de camisa y hablando aparentemente en la tribuna de la Cámara. Mientras dice tres palabras (“comuniquen, razonen, legislen”) esa imagen se va difuminando para que aparezca de traje negro y ya como presidente de la República.

En segundo lugar se muestra a Carlos Medina Plascencia, a quien se identifica como diputado federal 1998. Esa imagen se traslapa con una más reciente junto a la cual se le reconoce en un rótulo que dice “precandidato a la presidencia 2004”. También aparece el logotipo del PAN. En esa transición de escenas se le escucha decir: “nos hemos enfrentado a las mas groseras presiones del gobierno y su partido. ¡En la cámara de diputados qué no manda el presidente!” (sic).

El tercer término aparece Santiago Creel que dice “debatidas y aprobadas por esta soberanía” mientras se le identifica: “diputado federal 1997”. Luego se le ve en una escena reciente, aparentemente refiriéndose al actual litigio mientras dice: “este procedimiento está poniendo a cada cual en su lugar”. Un letrero lo señala como “precandidato a la presidencia 2004” junto a un emblema de su partido. Durante un segundo y medio, todavía con el secretario de Gobernación a cuadro, aparece escrita la frase: “se olvida pronto”.

Finalmente se lee sobre fondo negro mientras se escucha una voz en off: “La Cámara de Diputados trabaja con seriedad y tiene memoria…”. El logotipo de esa cámara rubrica el anuncio.

Esas frases dicen nada, o algo, según la interpretación que les de cada telespectador. Confuso y hasta anodino, el spot provocó indignaciones políticas, vestiduras desgarradas y protestas enfáticas. Pero es difícil que haya alterado la apreciación pública, cualquiera que sea, del diferendo entre los diputados y el presidente.

Algunos dirigentes del PAN se quejaron por el empleo del emblema de su partido sin recordar que se trata de un símbolo público y no se engañaba a los televidentes al colocarlo junto a panistas notables.

Todo parece indicar que el anuncio es parte de la publicidad institucional de la Cámara de Diputados. En ese caso sería importante que se aclarase si fue difundido en ejercicio del tiempo estatal en televisión o si fue pagado con dinero de esa Cámara. El asunto es más confuso porque algún diputado del PRI aseguró que el spot fue pagado por varios partidos.

La Crónica, 10 de enero de 2005

El spot de televisión de la Cámara de Diputados que tanto estruendo causó la semana pasada, era tan críptico que difícilmente debe haber afectado la imagen pública de los tres personajes del PAN exhibidos de esa manera: el presidente Vicente Fox, el senador Carlos Medina Plascencia y el secretario de Gobernación Santiago Creel.

En 30 segundos, de manera atropellada, ese anuncio reproduce sendas frases de esos personajes cuando eran diputados federales. Aparentemente se trata de mostrarlos en contradicción con las posiciones recientes de por lo menos dos de ellos en el reciente litigio por el presupuesto federal entre el gobierno y la Cámara de Diputados.

Sin embargo es preciso conocer el contexto de esa discusión para entender tales alusiones.

La transmisión del anuncio de 30 segundos causó disgusto en el gobierno y en Acción Nacional. Algunos de sus voceros consideraron que la Cámara excedía sus funciones al destinar parte de su presupuesto a pagar mensajes de impugnación política cuyo contenido no comparten todos los partidos en San Lázaro. Otros comentarios consideraron que con ese mensaje la mayoría en la Cámara entraba al terreno de las confrontaciones personales.

Quizá algunas de esas opiniones no tomaron en cuenta el contenido del anuncio. Por eso vale la pena recordarlo.

El medio minuto comienza con la frase “Se dice fácil” resaltada sobre fondo negro.

A continuación aparece Vicente Fox cuando era diputado federal en 1988, en mangas de camisa y hablando aparentemente en la tribuna de la Cámara. Mientras dice tres palabras (“comuniquen, razonen, legislen”) esa imagen se va difuminando para que aparezca de traje negro y ya como presidente de la República.

En segundo lugar se muestra a Carlos Medina Plascencia, a quien se identifica como diputado federal 1998. Esa imagen se traslapa con una más reciente junto a la cual se le reconoce en un rótulo que dice “precandidato a la presidencia 2004”. También aparece el logotipo del PAN. En esa transición de escenas se le escucha decir: “nos hemos enfrentado a las mas groseras presiones del gobierno y su partido. ¡En la cámara de diputados qué no manda el presidente!” (sic).

El tercer término aparece Santiago Creel que dice “debatidas y aprobadas por esta soberanía” mientras se le identifica: “diputado federal 1997”. Luego se le ve en una escena reciente, aparentemente refiriéndose al actual litigio mientras dice: “este procedimiento está poniendo a cada cual en su lugar”. Un letrero lo señala como “precandidato a la presidencia 2004” junto a un emblema de su partido. Durante un segundo y medio, todavía con el secretario de Gobernación a cuadro, aparece escrita la frase: “se olvida pronto”.

Finalmente se lee sobre fondo negro mientras se escucha una voz en off: “La Cámara de Diputados trabaja con seriedad y tiene memoria…”. El logotipo de esa cámara rubrica el anuncio.

Esas frases dicen nada, o algo, según la interpretación que les de cada telespectador. Confuso y hasta anodino, el spot provocó indignaciones políticas, vestiduras desgarradas y protestas enfáticas. Pero es difícil que haya alterado la apreciación pública, cualquiera que sea, del diferendo entre los diputados y el presidente.

Algunos dirigentes del PAN se quejaron por el empleo del emblema de su partido sin recordar que se trata de un símbolo público y no se engañaba a los televidentes al colocarlo junto a panistas notables.

Todo parece indicar que el anuncio es parte de la publicidad institucional de la Cámara de Diputados. En ese caso sería importante que se aclarase si fue difundido en ejercicio del tiempo estatal en televisión o si fue pagado con dinero de esa Cámara. El asunto es más confuso porque algún diputado del PRI aseguró que el spot fue pagado por varios partidos.

La Crónica, 23 de noviembre de 2003

De todas, todas. Lamentablemente el presidente Fox no falla. En donde pone la frase, pone la errata. Prácticamente cada definición pública relevante que asume se encuentra debilitada por el desconocimiento, la desinformación o la improvisación con que explica o juzga los asuntos públicos.

   El presidente se equivocó en todos temas relevantes de los cuales se ocupó durante la semana que está concluyendo.

   El lunes 17 de noviembre falseó la realidad cuando dijo que no ha propuesto la disolución de varias entidades estatales.

   Sin embargo él mismo firmó el proyecto de decreto para el nuevo Presupuesto de Egresos de la Federación en donde se establece la desaparición de 16 empresas e instituciones.

   El miércoles 19 le reprochó al embajador mexicano en Naciones Unidas unas declaraciones que nunca hizo.

   Para entonces la destitución de Adolfo Aguilar Zinser era una decisión tomada y anunciada. El reproche público del presidente le dio nueva relevancia a ese asunto.

   Ese mismo día el presidente Fox aplaudió el esfuerzo del PRI para avanzar hacia la reforma fiscal cuando era evidente que dentro de ese partido no hay consenso acerca de los nuevos impuestos.

   Los desacuerdos entre sus dos principales secretarios de Estado acerca del gasto público son una de las expresiones más notorias de la ausencia de rumbo y timón por parte del titular del Ejecutivo Federal.

   El resto de la semana el gobierno se fue de vacaciones.

Ni prensa, ni documentos

   Los errores en sus declaraciones públicas –y seguramente otros que no han sido tan conocidos– el presidente los podría haber evitado si hubiera estado bien enterado de los temas a los que se ha referido.

   La ligereza con la que dice, despotrica y dictamina, indica que el presidente Fox no está suficientemente informado.

   Ya se sabe, puesto que se ha ufanado de ello, que no lee los periódicos. Esa es una limitación personal y política cuya gravedad el presidente de la República no parece haber comprendido.

   Pero si como resultado de su formación personal, de la jerarquización que hace de su valioso tiempo, o para no enojarse con sus contenidos el presidente no lee periódicos, tendría que ser auxiliado por un equipo profesional que le explicara qué ocurre y qué se dice en el país.

   Esa tendría que ser la tarea de su costosa oficina de comunicación o de sus equipos de asesores.

   Quizá el presidente delegue en su señora esposa –que antes de serlo estaba a cargo de las relaciones con los medios– la tarea de indagar qué se dice en la prensa.

   El presidente también tendría que contar con personas de su confianza para leer los documentos que firma.

   Son tantos y tan variados los asuntos que pasan por un despacho presidencial que sería humanamente imposible que su titular revisara, línea por línea, todos los acuerdos, comunicados, oficios y decretos que suscribe.

   El presidente necesitaría estar enterado de las decisiones que aprueba. Pero su desconocimiento de las propuestas que él mismo ha suscrito permite reconocer que, por desgracia, no es así.

Grave desconocimiento

   La precipitación del presidente Fox para hablar sin conocimiento acerca de temas que exigen preparación y reflexión le ha ocasionado vistosos –y a veces costosos– problemas en lo que va de su administración.

   Por eso uno de los propósitos que buscaba alguna de las sucesivas reestructuraciones que han ocurrido en su equipo de trabajo tenía el propósito de evitar declaraciones improvisadas.

   Para que así ocurriera no hay mas que dos caminos. Uno, que el presidente dejase de hablar con tanta frecuencia. Sin embargo la fascinación que experimenta ante los micrófonos parece constituir parte de la naturaleza del licenciado Fox. Es difícil que a estas alturas de su vida esa atracción pueda ser evitada. Además nadie tendría autoridad ni derecho para ello.

   La otra posibilidad radica en que el presidente esté enterado de los principales asuntos públicos. Eso exige voluntad y dedicación de su parte y, también, aptitud y profesionalismo de sus colaboradores.

   Pero algo falla en esa relación entre el presidente y quienes lo asesoran y acompañan. Su desconocimiento de asuntos elementales como el contenido de la propuesta presupuestal que envía al Congreso es muy preocupante.

   O no quiere entender –hipótesis que queremos descartar porque el presidente Fox no ha ofrecido muestras de negarse recalcitrantemente a admitir la realidad– o sus colaboradores no le quieren informar y explicar.

“Ninguna propuesta”

   El lunes pasado, 17 de noviembre, el presidente entregó en Los Pinos el Premio México de Ciencia y Tecnología. Iba a la mitad de su discurso cuando hizo un paréntesis para referirse a la discusión sobre la reforma fiscal y las propuestas de política económica que han estado en juego.

   Entonces se refirió a las críticas que su gobierno ha recibido por buscar la extinción de varias entidades estatales, entre ellas el Instituto Mexicano de Cinematografía, la agencia Notimex y la Lotería Nacional.

   Quienes lo escuchaban en el salón López Mateos pudieron suponer que, por fin, el presidente explicaría por qué propuso la desaparición de empresas y organismos de reconocida utilidad social.

   Entre otros defectos esa iniciativa no ha sido discutida, sino solamente impugnada, porque no la respalda ninguna argumentación. Por eso, ya que se refería a ella el presidente Fox tenía la oportunidad de explicar por qué su gobierno considera que se puede prescindir de organismos como los Estudios Churubusco, Pronósticos Deportivos o el Colegio de Posgraduados.

   También pudo haberse pensado que, en vista de los abundantes desacuerdos que ha suscitado, el presidente retiraría públicamente esa iniciativa. Sin duda habría levantado un extenso y sincero aplauso.

   El presidente Fox no hizo nada de eso. Simplemente desconoció el proyecto de liquidaciones que él mismo apoyó.

   Dijo: “Hemos propuesto también hacer un estudio a fondo y no hemos hecho ninguna propuesta concreta. Por ahí los medios de comunicación ya se traen como propuestas concretas estas dos incorporaciones o estas disoluciones, liquidaciones o extinciones o estas fusiones, o esta reorganización del gobierno federal”.

   A continuación insistió: “No hay propuestas concretas, lo que hemos dicho es que vamos a revisar cada una de ellas y a proponer próximamente acciones concretas al respecto”.

   Y, descalificando su propio proyecto el presidente abundó: “Entonces, no hay nada que esté en firme ahí de liquidación o de cerrar instituciones. Sí va a haber propuestas en ese sentido, las que no sean estratégicas, las que no sirvan para que el país camine, las que nos impidan poder asignar recursos prioritarios a renglones verdaderamente prioritarios, vamos a proceder con eso”.

Enviada y firmada

   El presidente es un hombre muy ocupado. Pero alguien tendría que platicarle qué dicen los documentos que aprueba. Exactamente dos semanas antes, el 3 de noviembre, debe haber firmado la carta de cuatro páginas –allí dice que está incluida su rúbrica– dirigida a la Cámara de Diputados con la que presenta el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004.

   El documento formal del Presupuesto consta de 101 páginas, organizadas en cuatro Títulos con 71 artículos y un capítulo de artículos transitorios.

   El segundo de esos transitorios ocupa toda la página 81 y parte de la siguiente. Ese artículo dice, textualmente:

   “El Ejecutivo Federal, con sujeción a las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, iniciará el proceso de desincorporación que se determine entre las modalidades de disolución, liquidación, extinción, fusión o enajenación, según corresponda, de las siguientes entidades”.

   A continuación se mencionan esas 16 empresas u organismos: Notimex, S.A. de C.V.; Pronósticos para la Asistencia Pública; Lotería Nacional para la Asistencia Pública; Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.; Colegio de Postgraduados; Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional; Exportadora de Sal, S.A. de C.V.; Transportadora de Sal, S.A. de C.V.; Instituto Mexicano de Cinematografía; Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.;  Estudios Churubusco Azteca, S.A.; Educal, S.A. de C.V.; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, y Comisión Nacional de las Zonas Áridas.

   A continuación, siempre en el mismo segundo transitorio, se establece el procedimiento para excluir a esas entidades del presupuesto:

   “Para tal efecto, el Ejecutivo Federal, por conducto de la respectiva dependencia coordinadora de sector, elaborará un diagnóstico por cada entidad, el cual contendrá el análisis de los aspectos jurídicos para determinar el procedimiento legal a seguir en el proceso de desincorporación y la identificación de la opción menos costosa para llevar a cabo la desincorporación respectiva”.

   Allí no se anuncia que habrá un estudio para, a partir de él, determinar el futuro de cada una de esas entidades. Lo que allí se indica es que una vez que se establezcan los mecanismos legales y buscando el menor costo financiero las 16 empresas y asociaciones desaparecerían o dejarían de pertenecer al Estado.

   Incluso se le pone plazo cercanísimo a tal proceso. Antes de que termine febrero de 2004 el Ejecutivo Federal enviaría a la Cámara de Diputados los 16 diagnósticos y las desincorporaciones se iniciarían en marzo.

   Eso dice el artículo 2 de los Transitorios del proyecto de Presupuesto Federal, sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

   En la página 101, la última de ese documento, se puede leer: “Palacio Nacional, a 3 de noviembre de 2003.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada.- Rúbrica”.

Auto confrontación

   Es preocupante que el presidente no se fije en lo que firma. Desde luego, cabe la posibilidad de que el proyecto de Presupuesto haya sido enviado sin el conocimiento y la autorización del titular del Ejecutivo Federal. O, aunque se dice que va respaldado por la rúbrica presidencial, quizá no fue así y la Cámara de Diputados recibió un documento ilegítimo.

   Cualquiera de esas opciones sería tan grave que solo cabe suponer que hubiera ameritado disposiciones drásticas. Sería impensable que, de haber remitido al Congreso una propuesta presidencial que no hubiese consultado con el Presidente, el secretario de Hacienda siguiera en su cargo.

   La hipótesis más verosímil –y quizá la menos delicada– sería que el presidente no se fija en todos los documentos que aprueba o que se le olvidó lo que firmó. Pero cuando aseguró que no hay “ninguna propuesta concreta” para desaparecer las 16 empresas en cuestión la inquietud por esas medidas se había esparcido en el mundo político y en significativos sectores de la sociedad, preocupados ante ese inopinado –e innecesario– adelgazamiento del Estado.

   Lo menos que podría haber hecho el presidente era preguntar si, en efecto, esa propuesta formaba parte del documento presupuestal.

   O mejor dicho, lo menos que podrían haber hecho sus colaboradores cercanos era explicarle las consecuencias de esa iniciativa y ofrecerle opciones para remediar la inquietud que estaba ocasionando.

   Nada de eso ocurrió. Por ello, el presidente se confrontó consigo mismo cuando, el pasado lunes, insistió acerca de la propuesta presupuestal: “no hay nada que esté en firme ahí de liquidación o de cerrar instituciones”.

Lo que no dijo Aguilar

   Eso pasa por no leer periódicos pero sobre todo, se debe a la improvisación que parece predominar en las oficinas presidenciales. Desde luego también la prensa se equivoca –y mucho, y con enorme impunidad–. Pero a veces basta con leerla para saber, al menos, qué se dice y quién lo dice acerca de algunos de los asuntos públicos relevantes.

   Quien haya leído los diarios del 12 de noviembre pudo haberse enterado de las declaraciones que hizo el día anterior Adolfo Aguilar Zinser. A diferencia de lo que luego se supuso, el embajador mexicano en la ONU nunca afirmó que México sea el patio trasero de Estados Unidos. Lo que dijo fue que esa es la percepción extendida en aquel país, especialmente en el gobierno estadounidense.

   Las declaraciones de Aguilar Zinser fueron malinterpretadas (en ocasiones por descuido y en otras con mala fe) tanto en el mundo político como en los medios. El presidente Fox reaccionó de acuerdo con esas versiones y no a partir del conocimiento exacto de lo que había dicho ese colaborador suyo.

   Es lamentable, pero forma parte del escenario de descomposición y murmuración políticas, que en los medios y entre no pocos políticos se difundan versiones parciales o de plano falsas.

   Pero resulta injustificable que el presidente de la República dependa, para formular sus juicios, de información sesgada o amañada.

   El lunes 17 de noviembre el manejo de la misión de nuestro país en la ONU había quedado resuelto. Aguilar Zinser permanecería allí hasta finalizar el año.

   Pero dos días más tarde, a partir de la versión que le platicaron, el presidente Fox dijo, en el transcurso de una conferencia de prensa que ofrecía junto con el presidente de la República Federal de Alemania que estaba de visita en México, que al tomar esa decisión “sobre la situación del embajador de las Naciones Unidas, sólo estaba, yo, pensando en México”.

   Entonces manifestó, aludiendo a ese embajador: “Me parece que a quien ofende es a México, el decir que México es el traspatio de Estados Unidos”.

   Y añadió: “Yo creo que los ofendidos somos los mexicanos, no lo hice para ir a apoyar a Estados Unidos, o a Powell, a nada de eso, lo hice pensando en eso, que a los mexicanos no nos gusta que nos digan eso, cuando menos a mí no me gusta”.

Desinformación

   El sentimiento nacionalista del presidente Fox es plausible. También, su decisión para reivindicar las convicciones de sus compatriotas.

   Pero es discutible la idea de que a los mexicanos les molesta que se diga, de nuestro país, una frase tan trillada y lamentablemente, en tantos sentidos tan obvia. Patio trasero o no, lo que habría que hacer es recordar que mantener una actitud de dignidad ha sido la mejor manera de reivindicar nuestros derechos ante Estados Unidos.

   Nadie en el gobierno replicó ante las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, que se permitió criticar a nuestro embajador en la ONU.

   Pero sobre todo, el presidente Fox se equivocó al atribuirle a Aguilar una frase que él no dijo. El jueves 20 Aguilar Zinser tuvo motivos para defender su fama pública, vulnerada por las falsas imputaciones que le hizo el presidente y anunció su renuncia.

   El martes 18 esta columna había reproducido las notas que varios diarios de la ciudad de México y la agencia de noticias Notimex publicaron sobre las declaraciones de Aguilar Zinser. En todas ellas quedaba claro que el entonces todavía embajador no había dicho lo que muchos quisieron suponer que dijo.

   El miércoles 19 el segmento de esta columna que mencionaba el cable de Notimex fue leído en el Senado de la República como parte del debate acerca de la destitución de ese embajador.

   Pero el presidente no lee los periódicos ni los documentos que firma. Por lo visto sus colaboradores cercanos tampoco. O, peor, le platican versiones distorsionadas de lo que se publica en la prensa y de las decisiones que aprueba.

   Alguien, o algunos, no están haciendo su trabajo en Los Pinos. La desinformación del presidente se ha convertido en un problema nacional. Si no sabe qué ocurre y qué se dice en el país, es difícil que pueda conducir con seguridad al gobierno que tiene la responsabilidad de encabezar. De ese gobierno, por si a alguien se le ha olvidado, no hemos llegado ni siquiera a la mitad.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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