Sociedad y poder

La Crónica, jueves 27 de marzo.

   Uno.  Al menos dos empresas de comunicación, Televisión Azteca y el Grupo Imagen, se negaron de manera explícita a difundir los spots de los partidos políticos que hace varias semanas les envió el IFE. Otros consorcios mediáticos, como Televisa, simplemente se hicieron remolones y, aunque sin manifestar rebeldía expresa, en la práctica desatendieron esas instrucciones de la autoridad electoral.

   Desde hace años el IFE está facultado para emplear parte del tiempo de transmisiones al que tiene derecho el Estado en todas las estaciones de televisión y radio en la difusión. Aunque la legislación electoral era muy clara al adjudicar tales atribuciones a la autoridad en ese ramo, de cuando en cuando algunos concesionarios se negaban a cumplir dicha obligación. La reforma constitucional promulgada el 13 de noviembre pasado robusteció y aclaró, a fin de que no quedase duda alguna, las facultades del IFE para disponer de tiempo estatal en todas las radiodifusoras y televisoras.

   El Artículo 41 de la Carta Magna señala en su tercera sección: “El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio de los derechos de los partidos políticos nacionales”.

   Allí se establece la proporción que, del tiempo que corresponde al Estado, el IFE puede ejercer tanto en periodos regulares como durante campañas electorales. También se indica que, de considerarlo necesario, la autoridad electoral puede disponer de más tiempo de transmisión.

   Ahora únicamente el IFE puede administrar y gestionar la transmisión de mensajes “dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos” en los medios electrónicos. Esas transmisiones “se harán en el horario que determina el Instituto”, indica el mismo apartado Constitucional.

   No hay vuelta de hoja: en materia de mensajes de los partidos el IFE dispone dentro de los parámetros indicados por la Constitución –y que el Código Federal Electoral reitera–  y los concesionarios de radio y televisión están obligados a obedecer.

   Sin embargo las autoridades del IFE comenzando por su nuevo presidente, el doctor Leonardo Valdés, presenciaron prácticamente impávidos durante varias semanas el desacato de las televisoras, las convocaron no a cumplir la ley sin chistar sino a una curiosa y extralegal negociación y finalmente establecieron una comisión en la que participan radiodifusores, gobierno y autoridad electoral,  a través de la cual gestionarán la difusión de los mensajes políticos.

   El temor de las nuevas autoridades del IFE para hacer cumplir la ley resulta inquietante. Ojalá sea expresión sólo de novatez y no de precoz cuan innecesaria rendición al poder mediático.

   De acuerdo con el Código Electoral el IFE puede multar y, si reinciden, puede ordenar la suspensión de entre una y 36 horas del tiempo comercializable en las estaciones de radio o televisión que se nieguen a difundir los mensajes proporcionados por la autoridad electoral. Y también está facultado, de acuerdo con el 41 Constitucional, para emprender “procedimientos expeditos que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones de radio y televisión de concesionarios y permisionarios que resulten violatorias de la ley”.

   Recursos legales y motivos, no les faltan para sancionar a las empresas de comunicación que se niegan a cumplir con esas obligaciones. ¿Qué esperan los consejeros del IFE para hacer valer su autoridad?

   Dos. El zipizape dentro del PRD es lastimoso, patético, de escándalo. El caudillismo que ejerce López Obrador es el motivo central, pero no el único, que ha propiciado la descomposición hoy evidente entre los perredistas. A las mañas y tretas que llevaron al PRD no pocos de los ex priistas se convirtieron en su columna vertebral, se añade el clientelismo embaucador de grupos como los que han sido la base social fundamental del perredismo en la ciudad de México. Personajes como Bejarano siguen siendo algo más que despreciable anécdota gracias al respaldo que en ellos tienen dirigentes como López Obrador y, ahora, Alejandro Encinas.

   Algún día habrá que recapitular sobre la trayectoria de Encinas, a quien todos sus adversarios respetan aunque no sean igualmente respetables muchos de sus operadores políticos. Cuando resulta que un sujeto conocido por su talante provocador y de personalidad tan viscosa como Gerardo Fernández Noroña es vocero de Encinas, parece claro que el horizonte de ese aspirante a la presidencia del PRD quedó lejos, muy lejos, de la izquierda que se quería distinguir por sus convicciones democráticas y por su integridad moral.

   A casi dos semanas de que se realizaron el 16 de marzo, nadie sabe quién ganó las elecciones en el PRD. Encinas, Noroña y socios se amparan en los conteos rápidos que, desde aquella noche, indicaron que ellos habían ganado. A esa posición debe haberle caído como balde de agua no helada, sino hirviente, la explicación que ayer ofreció en El Universal Roy Campos, responsable de uno de esos conteos:  “las irregularidades de la contienda rebasaron a los conteos rápidos y al PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) para ponerla en el camino de la calificación y el recuento, o tal vez la anulación”.

   El director de Consulta Mitofsky puntualiza que, al fluir los datos del cómputo, “con 35% de avance Encinas aventajaba con 3.5 puntos; con 60% Ortega iba adelante con 3.1 puntos de ventaja; y finalmente, con 71%, Encinas mostraba 0.4 puntos más que Ortega”. Entonces, las autoridades del PRD suspendieron la publicación de esos datos.

   El grupo de Jesús Ortega insiste en que el cómputo prosiga. Encinas y su vocero se aferran a conteos como el ahora descalificado por el especialista que lo realizó. Lo único claro es que la diferencia entre los dos principales candidatos a la presidencia del PRD es de pocos votos. Tan pocos, que cuando el cómputo termine nadie quedará del todo satisfecho y el perdedor muy posiblemente demandará la intervención del Tribunal Federal Electoral.

   Sí, el mismo TRIFE al que, junto con el resto de las instituciones estatales, muchos de los perredistas mandaron al diablo hace menos de año y medio.

   Tres. Pero en materia de pena, no ajena sino propia para quienes alguna vez consideramos que podría ser congruente con su nombre, Alternativa Socialdemócrata está a punto de perpetrar su suicidio político.

   La Asamblea Nacional que el próximo domingo elegirá (o más bien reelegirá) al presidente de ese partido estará trozada por la mitad. El sector más destacado, empeñoso e influyente de ese partido, encabezado por Patricia Mercado, no estará plenamente representado en dicha Asamblea a la cual llegarán, sin embargo, delegados que fueron nombrados en reuniones de dudosa legalidad.

   Vaya, ni siquiera Patricia Mercado, que sin lugar a dudas es la figura cardinal de ese partido, tendrá acceso a dicha asamblea porque hace dos semanas la reunión para elegir a los delegados por el Distrito Federal fue saboteada por miembros del grupo afín al presidente del partido, Alberto Begné.

   Alternativa pudo sortear con enormes esfuerzos las dificultades iniciales de la construcción del partido. Luego padeció una dolorosa pero necesaria escisión, cuando la corriente de origen aparentemente campesino que participó en su fundación quería imponer una candidatura presidencial incongruente con los principios socialdemócratas que animan a Mercado y sus compañeros.

   Por decisión de Mercado y ese grupo, la dirección de Alternativa quedó a cargo de Begné durante la campaña electoral pero después de ella se fueron agudizando diferencias a veces por el manejo interno del partido, en ocasiones por las políticas de alianzas. En vez de que se consolidara un solo cuerpo de principios y propuestas, dentro de Alternativa decantaron dos grupos que no encontraron mejor solución que confrontarse en una elección nacional.

   Si el camino a esa elección hubiera sido escrupuloso, estaríamos ante un desenlace difícil pero en todo caso democrático. Sin embargo, a decir de Mercado y sus compañeros, la corriente de Begné utilizó prácticas tramposas y de manipulación para tener más delegados en la asamblea del próximo domingo.

   Así ocurrió cuando los representantes de los comités de acción política del partido, electos para la asamblea estatal del Distrito Federal, se reunieron el pasado 16 de marzo en el Hotel Crowne Plaza en la Colonia Nápoles. El Notario Luis Eduardo Zuno Chavira atestiguó el registro de esos delegados y los incidentes de la, a la postre, fallida asamblea.

   Aunque había 324 delegados, cuando se realizó una votación inicial para designar escrutadores se registraron 160 votos por una fórmula y 129 por la otra. Como la ausencia de votos suscitó sospechas que fueron debatidas por largo rato, hubo una segunda votación en la que, en total, se contabilizaron 331 votos. Es decir, había más votos que boletas de participación expedidas.

   Esas irregularidades, en un clima tenso y difícil, exasperaron los ánimos tanto entre partidarios de Begné que iban de playera blanca como entre adherentes de Mercado que portaban vestimenta roja. El Notario certificó que algunas personas de playera blanca impedían el cómputo de los votos. También registró el exabrupto de un miembro del otro grupo que azotó contra el suelo la mesa del presídium. El Notario indica en su recuento de hechos que ante esas circunstancias el presidente de la Asamblea, Humberto Trujillo, “me manifiesta que se suspende la Asamblea por no haber condiciones de seguridad”.

   En ese momento la Asamblea dejó de tener validez. Inmediatamente después se generalizó una trifulca. En distintos testimonios periodísticos se ha narrado cómo resultaron lesionados varios partidarios de Mercado. Aunque la Asamblea ya había sido levantada los partidarios de Begné la reinstalaron varias horas más tarde, ya sin miembros del otro grupo. De 324 delegados que había por la mañana, en esa segunda asamblea permanecían únicamente 140 –luego llegaron unos cuantos más–. Esos fueron los delegados que eligieron como nuevos dirigentes de Alternativa en el DF a Enrique Pérez Correa y José Carlos Díaz Cuervo, simpatizantes de Begné.

   Rota su legalidad interna, el partido a cuyos dirigentes nacionales elija la asamblea del domingo próximo quizá será otro, muy distinto, al que quisimos, respaldamos y defendimos los ciudadanos que en julio de 2006 votamos por Patricia Mercado. Será, en ese caso, un partido de usurpadores.

La Crónica de Hoy, jueves 13 de marzo

Ni heroína ni engañada, y tampoco ingenua: Lucía Andrea Morett Álvarez fue víctima, si acaso, de su propio ofuscamiento. Sólo con una apreciación intensamente distorsionada de la realidad política latinoamericana, alguien puede considerar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia luchan por la justicia. Sólo con un insensato fundamentalismo, alguien puede internarse en la selva en busca de un campamento guerrillero sin entender los riesgos que corre.
Ahora, esa ex estudiante de literatura dramática y teatro, junto con sus padres y algunos de sus profesores, sostiene que se encontraba en el reducto de las FARC en Ecuador, como parte de una investigación académica. Ni siquiera ellos se lo creen. Es natural que sus allegados quieran proteger a la joven mexicana, sobre todo mientras se resuelve su situación jurídica después de la violenta incursión del Ejército de Colombia, el 1 de marzo pasado, al campamento en donde dormían ella y los miembros de las FARC, con quienes se encontraba. Pero tanto su biografía política como la decisión misma de acudir a ese reducto, sugieren que Lucía Morett y el resto de sus acompañantes mexicanos hacían algo más que turismo revolucionario.
Ella se llevó un susto terrible y algunas heridas. Pero al menos varios de sus compañeros están muertos. Uno se puede preguntar, siempre sin entender plenamente su contexto, qué rabias e insatisfacciones convencieron a esos muchachos para secundar una causa tan sombría como la que representan las FARC. La indigencia de opciones para involucrarse en la vida política en nuestro país, la hostilidad que suelen encontrar los jóvenes cuando incursionan en asuntos públicos, el descrédito de partidos e instituciones, forman parte de ese panorama calamitoso y pesimista.
Pero también habrán influido la complacencia política y la charlatanería intelectual que han campeado en México respecto del aventurerismo político. Cuando Lucía Morett tenía 12 años estalló la revuelta neozapatista, a la cual se rindieron acríticamente todas las izquierdas. Cuando tenía 16 y estaba en la Preparatoria le gritó consignas en respaldo al EZLN al entonces presidente Ernesto Zedillo, durante un acto público en Texcoco. Cuando cumplía 18, había ocurrido la extensa cuan absurda huelga en la UNAM.
No sabemos qué impronta dejaron acontecimientos de tal corte en la formación política de esa estudiante de Literatura Dramática que a los 26, estaba en un campamento clandestino de la guerrilla colombiana. Pero varios de sus acompañantes a Ecuador se habían enredado con el zapatismo y más tarde, en el apoyo a grupos latinoamericanos como el que constituyen las FARC.
En ese compromiso personal y político se puede apreciar una actitud solidaria, generosa quizá, que llevó a tales jóvenes a respaldar la lucha armada mucho más allá de las actitudes testimoniales y en un país distinto del suyo. Pero junto con ello, hay una lamentable y en este caso, costosa miopía política cultivada en el estruendo que define todos los días a la vida pública mexicana y muy especialmente en la atonía deliberativa que —en contraste con el rebumbio mediático— impera en el campus universitario.
El hecho de que se familiarizaran con esas luchas y encontrasen cauces para respaldarlas dentro de la Universidad Nacional, ha suscitado opiniones apresuradas y prejuiciadas. Desde hace muchos años distintos movimientos políticos y sociales, de las más variadas latitudes, encuentran eco en la heterogénea comunidad universitaria.
La Universidad no sería eso —universal, abierta, plural— si no acogiera la diversidad e incluso la intensidad de esas expresiones políticas. El problema, entre otros, no es que estén presentes y obtengan adeptos sino que en algunas ocasiones el proselitismo alrededor de ellas ha ocurrido en contra del interés e incluso del patrimonio de la mayoría de los estudiantes y profesores.
Algunos medios de comunicación han difundido, escandalizados ante un hecho en absoluto nuevo, la existencia de cubículos, en algunas facultades del campus universitario, en donde se reúnen los simpatizantes de grupos política y militarmente beligerantes como las FARC. Que se manifiesten, no es inadecuado. Pero que los adherentes de esos grupos se apropien de espacios de reunión y salones de clase no es tanto indicio de pluralidad y tolerancia sino de temor o negligencia por parte de los universitarios.
Es grave que en la Universidad haya espacios académicos embargados por motivos políticos, pero lo es más el desinterés para recuperarlos. Desde hace una década el auditorio “Che Guevara” dejó de constituir el escenario privilegiado para la deliberación académica, la difusión cultural y también, claro, la discusión política, que había sido durante casi medio siglo. Desde la huelga de hace una década se encuentra ocupado por grupos aislados de la mayoría de los estudiantes y profesores.
Pero es más delicada y onerosa la abstinencia crítica que se ha mantenido respecto de esas acciones y, en general, del aventurerismo político independientemente de que tenga siglas zapatistas, colombianas, cegehachistas u obradoristas entre otras vertientes. Allí es donde la Universidad ha fallado como espacio de examen analítico de las realidades políticas contemporáneas.
Por convicción y adhesión políticas en algunos casos, pero en la mayoría de las ocasiones por pachorra intelectual, los universitarios no han sabido propiciar —salvo en unas cuantas y excepcionales ocasiones— la discusión concienzuda de esas y otras expresiones de la lucha política. La inercia y la aprensión se han combinado para inhibir el escrutinio puntual de esos temas. De tal manera, en ausencia de discusión crítica suficiente el aventurerismo político ha encontrado campo fértil en el espacio universitario, siempre hospitalario pero también incauto con las expresiones políticas más disímbolas.
Ése, y no la presencia de pancartas o grafitis de apoyo a intereses tan cuestionables como los que promueven las FARC, es el problema central en la presencia de tales grupos en el campus. La Universidad ha sido congruente con sus mejores tradiciones de apertura y solidaridad al recibir expresiones de esa índole. Pero ha sido inconsecuente respecto del ejercicio crítico, que siempre forma parte del auténtico quehacer académico, al eludir el examen riguroso de tales manifestaciones.
Por otra parte, el hecho de que en algunos espacios universitarios se encomie al aventurerismo político no significa que así ocurra en todas las aulas o en todas las escuelas de la UNAM. Sin embargo, algunos malquerientes de la Universidad han preferido ver, en este caso, a una institución postrada ante tales expresiones. Y esa no es la situación de la Universidad en nuestros días. Un columnista de asuntos financieros, Carlos Mota, escribió en Milenio que la Filosofía, tal y como se enseña en esa institución, resulta inútil porque cuando fue a ofrecer una conferencia los estudiantes de esa disciplina no comprendieron su insistencia en que la Universidad debe formar cuadros para las grandes empresas. Desde luego que puede y debe hacerlo, pero eso no implica que todos los egresados de la universidad pública tengan como único horizonte un cargo en Nokia o Cemex como quisiera ese columnista.
A su vez, en su colaboración de antier en El Universal el presidente nacional del PAN, Germán Martínez, con motivo de las vicisitudes de Lucía Morett y sus compañeros se refirió a “la UNAM, campus Ecuador”. Las correrías sudamericanas de esos alumnos y egresados de la Universidad Nacional fueron de una irresponsabilidad trágica que nos obliga a formularnos muchas preguntas e, insistimos, a refrendar la necesidad de la crítica dentro y fuera de los espacios académicos. Pero una comparación como la que hace el principal dirigente del partido en el gobierno, solamente puede ser tomada como expresión de pésimo gusto para no considerarla signo de patética ignorancia sobre la situación de las universidades públicas en este país.
Las FARC son un grupo indefendible que ha secuestrado a centenares de personas, que mantiene en vilo a Colombia y otras naciones en esa región y cuya equidistancia de cualquier causa social se demuestra en el papel que desempeña en la distribución regional de estupefacientes. Con toda razón, hace un par de días la experimentada periodista española Maite Rico escribía en El País: “Por su componente mafioso y el poder del narcotráfico, las FARC no son una guerrilla convencional. Consciente de ello, el objetivo del Gobierno no es tanto liquidar a las FARC, tarea harto improbable, como forzarla a negociar sin condiciones. Pero el apoyo logístico y político prestado a la guerrilla por Ecuador y Venezuela (que ha enviado armas y dinero) puede dificultar el empeño de Colombia de poner fin a casi cuatro décadas de horror”.
Los documentos localizados en la computadora portátil de “Raúl Reyes”, el dirigente de las FARC a quien buscaban y mataron los militares colombianos que asaltaron el campamento en donde además estaban los jóvenes mexicanos, están contribuyendo a evidenciar esa relación perversa entre guerrilla y narcotráfico. El bombardeo y luego el asalto militar al campamento, instalado más allá de la frontera de Colombia, constituyó sin lugar a dudas una transgresión a la soberanía de Ecuador. Pero el gobierno ecuatoriano tampoco puede ofrecer cuentas claras en este episodio porque resultó claro que alojaba en su territorio a un grupo armado de otro país.
Está probado que las FARC son una pandilla de traficantes y secuestradores. Con tales individuos se comprometieron los jóvenes mexicanos que, como Lucía Morett, acudieron a ofrecer in situ el respaldo que le dispensaban a ese grupo dentro de nuestro país. La agresión que sufrieron en Ecuador es condenable, pero no resultó sorprendente. Fueron víctimas de un engaño expresamente consentido, de un tergiversado voluntarismo, de un exasperado —y a la postre provocador— aventurerismo.

La Crónica, 23 de agosto de 2007

  El único ganador en el Congreso del PRD fue Andrés Manuel López Obrador. Por encima de las discusiones prolongadas y reñidas, el ex candidato presidencial impuso su voluntad en las decisiones más importantes de esa reunión.

   A pesar de que eran mayoría los delegados de la corriente que aparentemente disiente del liderazgo de ese personaje, finalmente todos coincidieron en ratificar el sometimiento del partido a los caprichos de López Obrador.

   Las huestes manejadas por caciques como Dolores Padierna y que en alusión a su tristemente célebre marido se califican a sí mismas como bejaranistas para que no haya duda sobre las lealtades que las condicionan, vitorearon y abuchearon de acuerdo con el ánimo que imponían las instrucciones de López Obrador. Pero también los delegados de la Corriente Nueva Izquierda, conocida por el sobrenombre de sus dirigentes Jesús Ortega y Jesús Zambrano, terminaron aprobando resoluciones que no tienen otro propósito que complacer al ex candidato presidencial.

   Bejaranos y chuchos se dividieron durante los cuatro días del Congreso que comenzó el pasado jueves 16 de agosto. Y terminaron conviniendo en el tema fundamental tanto para las definiciones políticas del partido como, antes que nada, para los afanes de enfrentamiento que animan a López Obrador: el próximo 1 de septiembre el PRD impedirá, aseguran, que el presidente Felipe Calderón presente su informe de gobierno.

   A esa coyuntural y confrontacionista medida redujeron las corrientes del PRD su decisión más significativa. Nueva Izquierda había logrado definiciones relevantes –como el mecanismo para que a la próxima dirección nacional del partido la elijan los militantes y no los ciudadanos que acudan a urnas abiertas y sin padrón como querían los bejaranistas– pero sus líderes se sobresaltaron cuando las corrientes más radicales los tildaron de gobiernistas.

   El domingo 19, Nueva Izquierda y otros grupos habían conseguido que se aprobara una resolución que propone: “sustitución del llamado informe presidencial por un debate parlamentario y republicano entre poderes sobre el estado de la nación, en el marco de un nuevo régimen político”.

   Esa, después de todo, ha sido una aspiración de los partidos de izquierda durante muchos años: garantizar condiciones para que el titular del Ejecutivo Federal entable una discusión abierta con los senadores y diputados no sólo fortalecería al Legislativo y al equilibrio de poderes sino, junto con ello, sería un paso importante en el avance hacia un régimen de corte parlamentario.

   El mismo PRD, a través del diputado Francisco Javier Santos, presentó recientemente una iniciativa para que cada primero de septiembre, después del mensaje que debe rendir por mandato constitucional, el presidente de la República abra una discusión con legisladores. Todavía hace dos semanas ese diputado insistía en la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que tal iniciativa fuese aprobada.

   Sin embargo el día anterior el presidente Felipe Calderón les movió el piso –o quizá, más bien, dejó sin plataforma– a los dirigentes del PRD. El 6 de agosto, como puede recordarse, Calderón recordó que no sólo está dispuesto “sino que me gustaría poder debatir y dialogar con los legisladores”.

   Esa anuencia al diálogo, que en otras circunstancias tendría que haber sido entendida como reconocimiento a una exigencia histórica del PRD y de muchos de sus dirigentes, se convirtió en pesadilla cuando en ese partido fue tomada como tema de inflexión de los grupos más fundamentalistas.

   Toda la semana anterior al Congreso, el PRD se entrampó alrededor de la anuencia o el veto al diálogo con el presidente de la República. Esa, en cualquier democracia, sería una actitud esquizofrénica. El Partido de la Revolución Democrática cuenta con gobernadores, senadores, diputados y muchos representantes y funcionarios más que todos los días mantienen tratos institucionales y políticos con el gobierno del presidente Calderón. Pero como López Obrador insiste en que fue él quien ganó las elecciones del año pasado, cualquier barrunto de acercamiento a esa administración es tenido como apostasía dentro del PRD.

   En este caso, más que ante un cuadro de esquizofrenia nos encontramos con un comportamiento autista. Puede ser comprensible que para López Obrador, como parte del empecinamiento autoritario que le impide entender la decisión en contra suya de un considerable segmento de los ciudadanos, las elecciones hayan estado amañadas. Ya se sabe que atender a razones y sobre todo esgrimirlas no es el fuerte de aquel político tabasqueño. Pero en un partido que hace política todos los días pero que destina su congreso nacional a ensalzar el liderazgo de ese caudillo auto derrotado, tal actitud es de un ensimismamiento prácticamente suicida.

   En eso está el PRD. En la mezcolanza de clanes, claques y clientelas manifiestamente incondicionales a López Obrador es difícil encontrar posiciones reflexivas. Algunos comentaristas que miran desde fuera las vicisitudes de ese partido creyeron identificar una actitud distinta en Nueva Izquierda y sus dirigentes. Pero en esa apreciación había, sobre todo, un obnubilado voluntarismo. Ortega, Zambrano y compañía, indudablemente son dirigentes políticamente más sólidos que sus rivales dentro del PRD. Pero, igual que a aquellos, más que los principios los domina un incontenible pragmatismo.

   En virtud de ese pragmatismo, los chuchos y correligionarios que los acompañan prefirieron refrendar la subordinación antes que crear una interlocución seria con López Obrador. El episodio que más claramente manifestó esa actitud tuvo lugar durante las últimas horas del Congreso.

   Los más devotos a ese ex candidato habían propuesto que, al párrafo acerca de la conveniencia de convertir al informe presidencial en un ejercicio de discusión parlamentario y republicano, se añadiera la frase: “manteniendo nuestro rechazo a debatir con quien usurpa la Presidencia de la República”.

   La contradicción así incorporada era muy clara. Es imposible pretender diálogo con aquel a quien se repudia de esa manera. La decisión de modernizar el informe presidencial para que abra espacios a nuevas formas de relación entre los poderes quedaba como simple propósito emblemático pero sin efectos reales.

   Por eso Nueva Izquierda y sus aliados se opusieron a esa frase. Ganaron por 660 contra 447 votos. Esa votación fue la más emblemática del Congreso porque manifestó claramente la correlación de fuerzas políticas que lo definieron. Con el 60% de los delegados el grupo de Ortega, Zambrano y compañía no hubieran tenido problema para sacar adelante otras decisiones.

   Pero se asustaron y temieron perder la anuencia de López Obrador. Encrespados por esa votación, cerca de 170 delegados obradoristas abandonaron el salón del Hotel Sheraton donde se realizaba el Congreso. Delante de las cámaras fotográficas y de televisión mostraron sus boletas para votar y las rompieron. “Es una burla, una claudicación…es un agandalle” decía Martí Batres de acuerdo con la reseña que publicó CRÓNICA.

   Esa misma tarde, al final de la reunión, Nueva Izquierda presentó una resolución que contradecía la importante votación ganada poco antes y que ofrecía plenas satisfacciones a los incondicionales de López Obrador. EL PRD se opondrá a que el presidente Calderón llegue a la tribuna de San Lázaro el 1 de septiembre “pues no cuenta con la legitimidad que da una elección limpia” dice la moción aprobada sin que muchos de los delegados se enterasen. 

   Al día siguiente, lunes 20, los principales dirigentes del partido se reunieron con López Obrador para darle certezas de que el ensimismamiento respecto del gobierno se mantendrá. Convertida en vocera del ex candidato, Dolores Padierna informó que López Obrador “recibió con muy buena cara” esas explicaciones.

   Durante esos días hubo confusión acerca de los alcances de la decisión del PRD. No era para menos: la votación más importante del Congreso auspiciaba el diálogo en la ceremonia del informe presidencial. Y el acuerdo presentado en letras pequeñitas la desmentía.

   El martes, los coordinadores parlamentarios del PRD tuvieron que ofrecer una conferencia de prensa para explicar esas resoluciones. El rechazo a Calderón y a dialogar con él se mantiene. La idea de que un nuevo formato para el informe presidencial sea parte de la renovación del régimen político queda como intención a mediano plazo.

   Ayer miércoles, en carta a La Jornada, Martí Batres podía ufanarse: “Ya todos los líderes del PRD dicen que no habrá diálogo con Calderón, ni ahora ni después. Qué bueno. Que así sea. Eso quiere decir que la salida de los delegados del congreso no fue una ‘escaramuza de tribus’, como algunos superficialmente la vieron. De lo que se trataba era de cuidar la línea del partido”.

   La línea que con tan estruendoso celo cuidaron ese y otros dirigentes de los grupos fieles a López Obrador fue la que prosperó en el Décimo Congreso. Obradoristas y chuchos quizá tienen apreciaciones, bases políticas y actitudes distintas. Pero todos ellos coinciden en seguir los dictados del caudillo. Para unos y otros, aunque nunca pudieron demostrarlo, en la elección de 2006 hubo fraude. Para todos ellos hay un presidente legítimo. Y a él se someten.

Publicado en La Crónica el jueves 10 de agosto de 2007

   La derrota del PRI en Baja California tendría que dejar lecciones persistentes: el dinero no basta para ganar una elección. La capacidad de los recursos financieros cuantiosos para comprar publicidad, adhesiones, votos inclusive, tiene límites y la mayoría de los electores en aquella entidad los señaló. Por muy extendida que sea la influencia de Jorge Hank Rhon especialmente en Tijuana (en donde se encuentra más de la mitad de los electores de esa entidad) el derroche de recursos y regalos no fue suficiente para permitirle ganar las votaciones del domingo. Hay algunas cosas que el dinero no compra y entre ellas se encuentra, al menos en ocasiones como la elección reciente, la voluntad de la gente. O al menos, en este caso, a una ajustada mayoría de los bajacalifornianos.

   Casi el 51% votó por el candidato de Acción Nacional, José Guadalupe Osuna Millán, que se benefició del activismo que desplegó en su favor el actual gobierno de la entidad pero, también, de la animosidad que suscitaba el aspirante priista. Una encuesta del diario Reforma encontró que dos semanas antes de las elecciones el 43% de los bajacalifornianos aseguraba que jamás votaría por Jorge Hank.

   Definida por los excesos, la personalidad de ese empresario ha sido claramente repulsiva para la opinión publicada en todo el país. La ostentación grotesca de una riqueza de orígenes fundadamente dudosos, la jactancia ofensiva que apenas era simulada con una cobertura de paternalismo dadivoso, el machismo vulgar, las acusaciones de complicidad criminal que él mismo pareciera ratificar como cuando ha protegido a la familia del asesino material del periodista Héctor Félix, han sido rasgos de un perfil público que nos retrotrae a las peores épocas de la vieja política mexicana. O que, mejor dicho, nos recuerda la vigencia, al menos en algunos casos y segmentos, de esa política clientelar, autoritaria y caciquil.

   Lo más escandaloso no fueron las intenciones de Hank Rhon para ser gobernador sino el respaldo que encontró tanto en las anteriores como en las actuales autoridades de su partido. Promovido por Roberto Madrazo, el hijo del “profesor” mexiquense fue el candidato apoyado, inevitablemente, por Beatriz Paredes. Ante la postulación de Hank Rhon cualquier renovación priista –para no hablar de congruencia, que es un valor prácticamente en extinción en ese y el resto de los partidos– es inverosímil.

   Hay quienes consideran que, con la derrota de ese ex alcalde de Tijuana, el PRI sale ganando porque se han demostrado las crecientes dificultades que enfrentan candidaturas como la que en esta ocasión perdió en las urnas. Pero a esa lectura optimista, es pertinente contrastar dos realidades. La primera, es el hecho de que el PRI nacional movilizó operadores, experiencia y recursos políticos en busca del triunfo de Hank. No se trató de un candidato aislado ni menospreciado por su partido. Y la segunda circunstancia radica en la votación, finalmente minoritaria pero de ninguna manera desdeñable, que alcanzó ese empresario de las apuestas y otros entretenimientos.

   El candidato panista ganó la gubernatura por una diferencia de algo más de 54 mil votos, que constituyeron casi el  7% de los sufragios emitidos el domingo –de acuerdo con la información no definitiva, pero con más del 99% de las casillas contabilizadas, que ofreció el último corte del programa de resultados preliminares–. Osuna recibió casi 400 mil votos y Hank 345 mil, en números redondos. Fueron a las urnas alrededor de 800 mil bajacalifornianos, que constituyeron el 38% de los ciudadanos registrados en la lista de electores.

   El año pasado, en la elección para diputados federales votaron 925 mil bajacalifornianos, es decir 15% más que en esta ocasión. Pero aunque hubo menos votantes, los sufragios a favor del PRI se incrementaron alrededor de 50%. En 2006 ese partido, aliado con el Verde Ecologista, recibió 231 mil votos en la elección para diputados en Baja California. Ahora, como hemos señalado, la misma coalición tuvo 345 mil.

   En cambio los votos para Osuna Millán, postulado por el PAN junto con Nueva Alianza, fueron un 15% menos que los sufragios para esos partidos en la misma elección de 2006. Si recordamos que en los comicios del domingo pasado votó también un 15% menos de bajacalifornianos podríamos considerar, para estar en condiciones de comparar los resultados de ambas elecciones, que los votos para PAN y Nueva Alianza fueron prácticamente los mismos. Es decir, la fuerza electoral de esos partidos resultó prácticamente idéntica a la que alcanzó en la elección del año pasado para diputados federales.

   En esa elección de 2006 los votos por Nueva Alianza fueron 60 mil. Si suponemos que la capacidad electoral de ese partido se ha mantenido sin cambios importantes, es factible considerar que, ahora, 50 mil de los 400 mil votos para Osuna fueron proporcionados por ese partido.

   Si atendemos a esos datos podría considerarse que una parte de triunfo el nuevo gobernador se la debe a Nueva Alianza. Pero no hay que olvidar que, ante todo, Osuna recibió una votación que se mantiene fiel a Acción Nacional. Los votos de Nueva Alianza le permitieron a ese candidato afianzar un margen más holgado frente a Hank Rhon. Pero, si seguimos con tales estimaciones, se puede afirmar que aun sin esos sufragios Osuna hubiera ganado, con un margen de uno o dos puntos y no de casi del 7% con el que superó al candidato del PRI.

   El crecimiento electoral del Revolucionario Institucional solamente puede explicarse con el declive del PRD. El año pasado en la elección de diputados federales la alianza perredista, junto con el PT y Convergencia, alcanzó 179 mil votos. Si le restamos el 15% que resulta de la disminución en la participación ciudadana, esos sufragios podrían haber sido 152 mil. En esta ocasión el PRD se presentó solo y, con otra fórmula, compitieron PT y Convergencia. Entre todos, esos partidos alcanzaron menos de 25 mil votos en la elección para gobernador. Es decir, descontando el descenso en la participación ciudadana, los partidos considerados de izquierda y que el año pasado compitieron juntos recibieron 127 mil sufragios menos. También disminuyó la votación de Alternativa, que cayó de 23 mil entre la mencionada elección del año pasado a poco más de 7 mil votos en los recientes comicios para gobernador. Si seguimos con este ejercicio y a la reciente votación de Alternativa le restamos el 15% tenemos que ese partido sufrió una merma neta de 12 mil 500 votos. PRD, PT, Convergencia y Alternativa perdieron, en suma, cerca de 140 mil votos.

   En proporción con la participación del año pasado, en esta ocasión la votación por el PRI y el PVEM podría haber sido de 197 mil votos (descontando 15% a los sufragios de 2006) si hubiera mantenido la misma adhesión electoral. Pero ahora esa coalición, con Hank como candidato, alcanzó 345 mil votos. No es aventurado suponer que la mayor parte de los votos que en comparación con los comicios anteriores perdieron las izquierdas, se trasladó de manera masiva para beneficiar al PRI. Los 140 mil votos que de acuerdo con este ejercicio dejaron de recibir los partidos de ese signo, bastan casi para explicar la votación del candidato priista.

   Así que el PRI no solamente desplegó una cuantiosa, suntuosa y en varios sentidos agresiva campaña electoral. El dato más importante es el efecto que ese proselitismo alcanzó, muy probablemente, entre las que hace un año fueron clientelas de los partidos de izquierda y de manera fundamental del PRD.

   El domingo pasado en Baja California fue derrotada, por un margen de varios puntos porcentuales, la capacidad del dinero para hacer política. Pero la fuerza del dinero, aunque haya sido exhibida de manera tan ordinaria como hicieron Hank Rhon y su partido, fue capaz de seducir y definir el voto de quienes hace pocos meses simpatizaron con el PRD y otros partidos habitualmente apreciados como de izquierdas. La inconstancia, el desconcierto y el hastío de esos ciudadanos que cambian de opción electoral de manera tan inopinada es una de las lecciones menos atendidas pero, nos parece, más significativas de los comicios en Baja California.

ALACENA: Radio matutina

Mientras sigue sin resolverse la situación de José Gutiérrez Vivó y su noticiero el panorama de la radio informativa por las mañanas, ya muy competido con opciones tan diversas como las que constituyen Carmen Aristegui (W Radio), Leonardo Curzio (Radio Mil) y Óscar Mario Beteta (Radio Fórmula) se enriquece con el retorno, a ese horario, de Javier Solórzano en Radio 13.

Publicado en La Crónica el jueves 22 de marzo de 2007 

 De la izquierda hay que hablar en plural. Con esa denominación se distinguen tantas prácticas, posturas y tradiciones que resultaría imposible encontrar un denominador común para todas las formaciones políticas y, más aún, para todos los individuos que se consideran de izquierda.

Si hubiéramos de ser rigurosos, habría que recordar que bajo tal nombre solían designarse las posiciones que luchaban por la justicia social, que anteponían los principios al pragmatismo, que hacían de la democracia un compromiso y no una coartada. Pero cuando desde las izquierdas, o con esa fachada, se perpetran abusos e incluso latrocinios, cuando no son la democracia y sus reglas sino los resultados que les convienen, aquellos que están dispuestos a aceptar grupos y personajes de izquierdas y cuando en nombre de ellas se mantienen prácticas clientelares, que trafican con el interés, la representación e incluso la dignidad de las personas, entonces pareciera claro que nos encontramos ante una crisis del concepto, pero sobre todo, de la política identificada con ese flanco de la vida pública.
Cuando hay quienes consideran que son de izquierda políticos tan distantes de los principios y tan distintos del respeto a la democracia como Bejarano, López Obrador, Leonel Cota, Rosario Robles o incluso ahora viejos y nuevos caciques del PRI, evidentemente hay una intensa confusión conceptual —o, en todo caso, un inescrupuloso tráfico de apariencias con la idea misma de la izquierda—. Qué lejanos quedaron, con todo y lo discutibles que en su momento pudieron haber sido, trayectorias y definiciones políticas como las de Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Heberto Castillo, Arnoldo Martínez Verdugo, Rafael Galván o Alejandro Gascón Mercado, entre tantos otros dirigentes de izquierda cuya sola enumeración confirma la amplitud pero también la coherencia en postulados sociales y democráticos que los singularizaba.
Lo que por lo general hoy se denomina como izquierda no es sino una colección —que sería patética si en medio de la confusión política de los años recientes no hubiese alcanzado tanta influencia social— de inescrupulosidades, desfachateces y convenencierismos.
De ese panorama y desde perspectivas muy variadas, desde el mes pasado el investigador Roger Bartra, con respaldo de la Fundación Friedrich Ebert, está animando una serie de discusiones sobre la izquierda, la democracia y la crisis política en México. Los lunes por la tarde han acudido, a sendas reuniones en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dirigentes y analistas como Soledad Loaeza, José Woldenberg, Jesús Ortega, Juan Villoro, Christopher Domínguez y Juan Molinar. Para las reuniones próximas están anunciadas participaciones de Patricia Mercado, Víctor Manuel Durand, Jorge Alcocer, Pablo Gómez, Enrique Krauze y el propio Bartra, entre otros. La semana pasada en ese seminario, en una sesión que comenzó con una brillante y provocadora ponencia de Denise Dresser, dije entre otras cosas lo siguiente.
Cuando las actuales izquierdas mexicanas —o los grupos a los que se acostumbra adjudicar esa denominación— discuten algo, suele ser con la mira puesta en las circunstancias y dificultades más inmediatas. El debate de ideas, que en otros sitios es consustancial a las izquierdas, aquí sólo existe de manera accidental y ocasional.
No siempre fue así. El talante discutidor de las izquierdas mexicanas en otros tiempos se tradujo incluso en desencuentros y escisiones tan intensos como, con frecuencia, irreparables. No nos detendremos aquí en el recuento de las copiosas aunque a veces absortas polémicas que surcaron el panorama de las izquierdas en este país durante por lo menos medio siglo, hasta ya entrados los años 80 de la centuria pasada. Pero es imposible dejar de recordar la intensidad discursiva y con frecuencia la fundamentalista vehemencia con que se discutían asuntos como la caracterización del Estado mexicano, la condición de las vanguardias respecto del conjunto de la sociedad, las distinciones entre partidos de cuadros y partidos de masas, así como la necesidad o la inutilidad de las reformas al régimen político de este país. La índole marginal que durante gran parte de ese periodo tuvieron las izquierdas mexicanas propiciaba que aquellos diferendos se convirtieran, a menudo, en el centro de las inquietudes de sus militantes. Pero si la discusión o la especulación en exceso definían en parte a aquella izquierda ensimismada, muy pronto la impremeditación y el pragmatismo serían distintivos de las fuerzas y coaliciones políticas que la sucedieron.
El espacio de la izquierda mexicana, a diferencia de las izquierdas en otros países, había sido fundamentalmente ideológico. Aunque en la creación de los grandes sindicatos y centrales obreras la participación de militantes de ese signo e incluso las decisiones del Partido Comunista Mexicano resultaron significativas, muy pronto las corrientes de izquierda fueron desplazadas, a veces merced a la persecución y la represión, de las organizaciones gremiales más importantes. A diferencia de los grandes partidos de ese signo en países europeos y en América del Sur, la izquierda mexicana alcanzó una débil implantación en los sindicatos. Más tarde su presencia en los movimientos sociales fue desigual.
No obstante, la izquierda en México había tenido una imagen favorable tanto en la sociedad como, incluso, en áreas del mundo político que podrían haberse considerado antagónicas a ella. En 1932, Vicente Lombardo Toledano, creador del sindicalismo moderno en este país, estipulaba que “el camino está a la izquierda”. Tres décadas más tarde el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, declaró que su gobierno era “de izquierda, dentro de la Constitución”. E incluso en el nada remoto 1995 el entonces secretario general del Partido Acción Nacional afirmó, a propósito de una encuesta acerca de la tendencia ideológica de los militantes panistas, que él se consideraba como de “centro izquierda” (Suplemento Enfoque, Reforma, 2 de abril de 1995. Ese dirigente del PAN, llamado Felipe Calderón, ahora es Presidente de la República.
En la década de los 90, por lo general las encuestas que indagaban acerca de la identificación ideológica de los ciudadanos encontraban que muy pocos se consideraban a sí mismos de derecha. Ocurría la misma reacción que el dirigente socialista Alfonso Guerra identificó en Europa: “Hay pocos que se autoproclaman de derecha, porque el término ha adquirido un tono cultural muy negativo. Todas las derechas se autodefinen ‘de centro’ en una operación de maquillaje ideológico” (Alfonso Guerra, Diccionario de la izquierda. Planeta, Barcelona, 1998).
En México la derecha, al menos en el terreno de las imágenes públicas, tenía escasa implantación social. En este país, más allá de inconsecuencias y enmascaramientos, pretenderse de izquierda era políticamente correcto —incluso antes de que la corrección política, ese inventario de fundamentalismos tan avasalladores como irreflexivos, se hubiera puesto de moda—. Sin embargo en los años más recientes las preferencias a favor de la derecha, como señal de identidad entre los ciudadanos, han venido incrementándose.
En octubre de 2005 la encuesta “Panel México 2006”, realizada por Grupo Reforma y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, encontró que el 24% de los ciudadanos en este país se consideraba entre la centro-izquierda y “muy de izquierda”, en tanto que el 21% se identificaba en alguno de los rangos de la derecha (19% se colocaba al centro, 12% dijo que en ninguna de esas adscripciones y 25% no sabía o no contestó). Eso es algo de lo mucho que ha cambiado en el escenario político mexicano. A diferencia de épocas anteriores, ahora cada vez más mexicanos se consideran de derecha. Aun es preciso saber qué entienden por “derecha” e “izquierda”. En todo caso, por lo menos desde mediados de la primera década del nuevo siglo, la mayoría de los ciudadanos en México identifica al PAN con la derecha y al PRD con la izquierda. Una encuesta de Consulta Mitofsky levantada en agosto de 2005 encontró que para el 61% de los ciudadanos Acción Nacional era de derecha aunque el 21% consideró que es de izquierda. Al PRI, el 48% lo consideró de derecha y el 31% de izquierda. Y al PRD, el 36% lo calificó de izquierda en tanto que para el 35% de los ciudadanos ese partido era de derecha. Quizá no están equivocados.

Publicado en Nexos, noviembre 2006.

Una de las debilidades de nuestra vida pública que afloró en la reciente y desastrada temporada electoral fue la pobreza del análisis crítico. Desplazada por el encono que se prodigaron los principales partidos y condicionada por un sistema mediático empeñado en privilegiar altercados de los candidatos presidenciales, la opinión crítica –o las expresiones que en otros tiempos podríamos haber identificado con ella– quedó marginada, cuando no allanada a las principales corrientes políticas. 2006 quedará singularizado, entre otras cicatrices, como un año de indigencia crítica.

   Sólo uno de los partidos políticos que protagonizaron la disputa nacional contó con un respaldo explícito y constante entre la amalgama de personas, grupos, tendencias y actitudes que en aras de la sencillez descriptiva suele ser denominada como la comunidad intelectual. En rigor, los intelectuales no forman una comunidad sino varias –y muchos de ellos no se encuentran en ninguna–. Para ser estrictos habría que reconocer que en tales grupos, corrientes y espacios de expresión intelectuales no están todos los que son y viceversa. En todo caso dentro o fuera de esos grupos y espacios –periodísticos, académicos, etcétera– quienes se dedican a trabajar con ideas, o pretenden que así lo hacen, suelen tener aficiones y afectos políticos que los singularizan. Por lo menos desde las primeras décadas del Siglo XX en México los intelectuales, o algunos de aquellos que tienen mayor presencia pública, sostuvieron una actitud de exigencia crítica respecto de la política y los políticos. Más que el peso moral de ese comportamiento, respecto del cual con frecuencia se tejen especulaciones y exageraciones (como si el hecho de dedicarse a las letras, a la reflexión o a la ciencia les confiriera una calidad ciudadana superior a la de otros mortales) los intelectuales tuvieron influencia por el filo crítico de sus puntos de vista. La opinión intelectual señalaba yerros y ayudaba a encontrar rumbos pero, sobre, todo ponía en contexto las dificultades coyunturales. Todo eso, en buena medida, quedó ausente durante el vendaval electoral de este año.

Conocida intolerancia

   Con los intelectuales el PAN ha tenido una relación acongojada, cuando no inexistente. Ha comprendido en sus filas a escritores y pensadores, sobre todo de convicciones conservadoras, pero ese partido nunca ha sido especialmente receptivo a la circulación de ideas. En el PRI han militado intelectuales importantes, que en ocasiones alcanzaron cargos de dirección partidista y en el gobierno, pero casi todos debieron subordinar las ideas a los intereses políticos del momento. No entramos aquí a la perenne discusión sobre la independencia que los intelectuales, para desplegar con toda libertad su creatividad analítica y crítica, tendrían que mantener respecto de la política activa. Simplemente recordamos que esa independencia supone limitaciones y oportunidades. Ceñido por la militancia o la simpatía partidarias, quien trabaja con ideas tiene menos libertad para desarrollarlas y manifestarlas pero se encuentra en un contexto que le permite socializarlas con más eficacia e incluso ponerlas en práctica.

   El PRD, a diferencia de sus competidores principales, sí ha contado con el respaldo activo, constante y público de ciudadanos destacados por su trabajo intelectual. Pero al menos en la temporada reciente, el apego a ese partido no fue ocasión para desarrollar y esparcir ideas sino para que tales intelectuales, dimitiendo de su responsabilidad crítica, estuvieran al servicio de una causa política constatablemente reñida con las ideas y el pensamiento crítico.

   Esa ha sido una de las consecuencias más tristes de la resignación de no pocos escritores, analistas, artistas y científicos a los intereses –y por lo tanto a las frecuentes veleidades– del candidato presidencial del PRD. El comportamiento público de Andrés Manuel López Obrador se encuentra en la antípoda de los valores que podríamos identificar con el trabajo y el compromiso intelectuales. No es un hombre de proyectos sino de conveniencias. La única congruencia que mantiene es con su desbordado apetito para alcanzar el poder a toda costa. No está hecho a la discusión de ideas sino a la arenga placera. No admite la diversidad ni le interesa garantizar la libertad que son requisitos de la creación artística y científica.

   En los intelectuales López Obrador no busca interlocutores; simplemente exige incondicionalidades. Cada vez que sus ambiciones tropiezan con la realidad, inventa conjuras para las que encuentra cómplices en todos aquellos que no comparten sus puntos de vista. Es profundamente intolerante.

   Todo eso se sabía incluso antes de que ocupase el gobierno de la ciudad de México. Varios de esos rasgos se acentuaron a raíz de la persecución que el gobierno federal y sus aliados políticos emprendieron contra López Obrador en el episodio del desafuero y empeoraron después de la campaña electoral. A diferencia del respeto a la diversidad, el diálogo de ideas y la tolerancia que son condiciones insustituibles para el trabajo intelectual en la vida pública, antes y después de las elecciones de julio ese personaje exigió sumisión a su pensamiento limitado, al rechazo a toda apreciación que no se ajustase a las que decía sus convicciones y a un rígido fundamentalismo.

Un coro obnubilado

   No obstante esa conducta política, antagónica con la naturaleza del quehacer intelectual, muchos escritores, pensadores y artistas respaldaron a López Obrador y algunos lo han seguido en su aventura post electoral. ¿Qué es lo que encontraron tantos y antaño tan lúcidos y reflexivos autores y creadores en ese candidato? Hubo quienes lo apoyaron como expresión de rechazo al conservadurismo con el que identificaron al PAN y a Felipe Calderón, así como contra la corrupción preponderante dentro del PRI y simbolizada por Roberto Madrazo y su discutible trayectoria. Era la tesis del mal menor: frente a la mochería panista y el oportunismo priista, no pocos de esos ciudadanos prefirieron a López Obrador incluso a costa de disimular ante sus evidentes defectos.

   Aquellas apreciaciones cojeaban en algunas de sus premisas. La que representa Calderón es una derecha capaz de reconocer la diversidad de preferencias y convicciones, en todos los planos de la vida pública y privada, que hoy cruza por la sociedad mexicana. En cambio el de López Obrador es un modelo ideológicamente entumecido y políticamente excluyente, que no consiente discrepancia alguna. (Cuando supo que los funcionarios de casilla a los que ya había calumniado al culparlos de introducir votos fraudulentos eran miembros de su partido los calificó de traidores y vendidos, por recordar un solo ejemplo). A comienzos de su campaña Calderón manifestó opiniones contrarias a la libertad de elección en asuntos como el aborto y la píldora del día siguiente. Luego dijo que se había equivocado. López Obrador, en cambio, sistemáticamente eludió asuntos como esos. Su gazmoñería es irreductible. Y jamás está dispuesto a admitir que se equivoca.

   Con el PRI, López Obrador no ha tenido una sola discrepancia de fondo. El mismo clientelismo (o quizá peor porque el suyo está sustentado en redes de corrupción y conveniencia como las que durante su gobierno proliferaron en varios servicios públicos de la ciudad de México), la misma utilización de recursos fiscales para apuntalar proyectos políticos, la misma ideología de fachada estatista pero cada vez que hace falta disimulada para favorecer intereses privados, los mismos rasgos que hicieron aborrecibles y desgastaron a los gobiernos priistas, se advirtieron en el desempeño de quien luego sería candidato presidencial del PRD. Aparentemente no se ha enriquecido personalmente, pero varios de quienes lo han rodeado sí se beneficiaron de transacciones dudosas como las que fueron difundidas en célebres y a la postre inocuos videos.

   Así que aquellos que se adhirieron a la candidatura de López Obrador para combatir lacras panistas o priistas, apoyaron una opción peor o al menos no necesariamente mejor que las que decían rechazar. Ese error, como ciudadanos, fue refrendado vistosamente por algunos escritores y artistas que en la campaña electoral y después de ella se mimetizaron tanto con el absolutismo de López Obrador que llegaron a tener posiciones de similar y antiintelectual intolerancia. Los novelistas que para impedir el cuestionamiento a la propaganda del PRD proclamaron “¡No pasarán!” como si defendieran una trinchera ante el espectro fascista cuando solamente se trataba de una confrontación entre dos opciones ubicadas ambas en la competencia política institucional; las escritoras cursis que para ensalzarlo quisieron ver a López Obrador con anteojeras que no utilizaron cuando descalificaban a otros candidatos; los científicos y artistas que denunciaron fraude donde no lo había; aquellos que desacreditaban al candidato panista a partir de lo que decidieron suponer que quería y pensaba como si para cuestionarlo no hubiera suficientes motivos en lo que realmente hacía y decía, formaron parte de un coro obnubilado en donde las razones estuvieron ausentes, o al menos se convirtieron en un bien patéticamente escaso.

Enajenación intelectual

   Hubo, desde luego, escritores y artistas que se rehusaron a participar del en apariencia políticamente correcto lopezobradorismo, aunque ello implicase ir a contracorriente de esa moda pretendidamente intelectual. Muchos más se comprometieron con ese candidato. No discutimos su derecho para adoptar la posición política que prefieran sino la ausencia de rigor en sus apreciaciones sobre esta fase de la vida pública mexicana.

   Apoyar a López Obrador para enfrentar otras opciones o porque le adjudicaron atributos que no tenía, implicó una abdicación del análisis crítico que condujo a enmascarar sus defectos. Pero respaldarlo por convicción en sus propuestas, sólo fue posible como resultado de un proceso de enajenación intelectual y política.

   Muchos distinguidos escritores y artistas quisieron encontrar en ese candidato la reivindicación de los asuntos sociales que los partidos conservadores ignoraron, o por lo menos no reivindicaron con toda la importancia que tienen. López Obrador, en efecto, se ocupó intensamente del tema de la pobreza. Pero para él los pobres no eran el eje de una nueva política económica sino simple pretexto para aparentar una preocupación social que no tenía correspondencia en su, por lo demás, endeble propuesta de gobierno. No es cierto, como algunos dicen, que la campaña de López Obrador recuperó para el debate público el tema de la pobreza. Ese asunto no ha dejado de estar en la discusión y en las ofertas de cada una de las opciones políticas gracias, entre otros factores, a la perseverante insistencia de algunos de los intelectuales que ahora quisieron ver en ese candidato la personificación de la cuestión social.

   Tampoco puede afirmarse, como escribimos en estas páginas en diciembre pasado, que López Obrador representaba cabalmente a una opción de izquierda si por tal corriente, modelo o utopía, entendemos la lucha por la igualdad y la defensa de los derechos humanos. Pocos liderazgos en la historia reciente de México han sido tan autoritarios, así como desdeñosos de los derechos de las personas, como el de López Obrador.

   Muchos de los intelectuales que lo apoyaron, igual que quizá la mayoría de los mexicanos, estaban tan convencidos de que el candidato del PRD iba a ganar las elecciones que cuando se supo que no había sido así se resistieron a admitir ese resultado. El compromiso de algunos de ellos con la democracia quedó en entredicho cuando se sumaron a las denuncias contra un fraude que no pudo ser documentado porque nunca había ocurrido. Junto al desconcierto y la impremeditación de no pocos abajo firmantes filo perredistas, destacaron las mentiras de algunos simpatizantes de López Obrador con falacias pretendidamente científicas como cuando dijeron que había engaño en la publicación de los resultados electorales cuando el único dolo era el de ese partido. Hubo una suerte de efecto espejismo: muchos adherentes de ese candidato vieron en él lo que querían ver. En otros, el voluntarismo les llevó a no ver lo que en otras condiciones hubieran advertido y cuestionado.

   Cuando han aludido a cuestionamientos como los que aquí se presentan, algunos de esos escritores y pensadores lo han hecho con retruécanos y subterfugios. Otros, más imbuidos en el talante del candidato al que apoyaron, sostienen que cuestionar esa adhesión es una manera de defender a Calderón y al PAN. La defensa que tendría que interesarnos es la del pensamiento crítico respecto de todos los protagonistas de la vida pública, incluyendo a los intelectuales.

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Nexos, junio de 2006

El affaire Poniatowska

Raúl Trejo Delarbre

La crispación que ahoga al ambiente público mexicano se expresa en cada episodio de la actual temporada política. Sin espacio para los acuerdos, las diferencias se magnifican. Y cuando no existen se les inventa. La discusión alrededor de Elena Poniatowska ha sido ejemplo de la desmesura que suele definir a nuestras domésticas y por lo general fugaces disputas.

La escritora, que forma parte del comité de campaña de Andrés Manuel López Obrador, grabó unos anuncios de televisión y radio para defender a ese candidato presidencial. Son “puras mentiras” que López Obrador tenga relación con el presidente venezolano Hugo Chávez y que los segundos pisos en vías rápidas del DF y “el apoyo a nuestros viejitos” se hayan pagado con deuda publica, “no calumnien”, fue el mensaje de Poniatowska.

El Partido Acción Nacional respondió a ese spot con otro que reproducía aquel mensaje de la escritora. Pero mientras se le escuchaba hablar de segundos pisos y pensiones para los “viejitos” se veían las conocidas escenas de René Bejarano y Gustavo Ponce –ex secretario particular y ex tesorero del gobierno de López Obrador– embolsándose fajos de dólares y jugando en Las Vegas, respectivamente. “¿A quién quieren engañar?” preguntaba una voz en off que recalcaba: “López Obrador es un peligro para México”.

Esos fueron, cada uno en 20 segundos, los mensajes que suscitaron otro capítulo de encono y distorsiones. Ambos, mercadotecnia política al fin, apelaban a la emoción y no a la razón. Del mismo corte fue la andanada de lamentos y tergiversaciones que se desató, particularmente en el periódico La Jornada.

Construir un acontecimiento

El 9 de abril, domingo de ramos, ese periódico publicó un editorial en primera plana para denunciar que Felipe Calderón, candidato presidencial del PAN, estaba emprendiendo una “guerra sucia” contra López Obrador y Poniatowska. Considerar que el candidato del PRD es “peligro para México” implica un “linchamiento moral con fines de aniquilamiento” advertía el diario. Pero con ese anuncio, decía, “el PAN no perjudica en lo mínimo a Elena Poniatowska”.

En unas horas La Jornada modificó esa posición. El lunes 10 su encabezado principal advertía: Desató AN campaña de odio contra Poniatowska. De pronto no eran López Obrador ni la civilidad política sino esa escritora los agraviados –no se decía cómo– por Acción Nacional. Poniatowska le platicó a la reportera Ana Mónica Rodríguez: “Entre un cúmulo de papeles que tengo se encuentran muchas cartas anónimas, con infinidad de insultos, además de las llamadas telefónicas que me han hecho por apoyar la campaña de AMLO”.

Esas injurias eran y serán muy condenables. Pero Poniatowska no dijo que las hubiera recibido a causa del spot que, para esas fechas, tenía pocos días de haberse transmitido. La Jornada anunció en su primera plana: Ha recibido insultos, revela la escritora. En esa misma página aparecía un texto de Carlos Monsiváis, preocupado porque a López Obrador se le considerase peligroso para el país: “es el llamado a la destrucción del enemigo”. De Felipe Calderón, que para entonces había dicho que le tenía gran respeto a la escritora, Monsiváis requirió “una retractación más amplia” aunque consideró que “no está ni podría estar a discusión la credibilidad de Elena Poniatowska”.

Estaba en marcha una espiral de irritaciones. El lunes 10 Calderón aclaró “no tenemos absolutamente nada contra Elena Poniatowska… el que le saca es Andrés Manuel… por eso le digo que en lugar de andarse escondiendo tras las faldas de una persona como ella, mejor que venga y que dé la cara”. A su vez el presidente nacional panista, Manuel Espino, le dijo a la reportera Claudia Herrera que a Poniatowska la consideraba “una figura respetable” pero deploró que “se preste tan a la ligera a una campaña acusando de mentiroso al PAN… No hemos mentido… Pobre señora, a mí la verdad es que me da pena que teniendo ese prestigio lo haya apostado a algo que no vale la pena”.

Aquella nota apareció bajo el encabezado Poniatowska “pobre señora, me da pena” dice Espino.

Pero en la primera plana de ese martes 11 de abril se publicaba el siguiente titular: Poniatowska, esa “pobre señora”, da pena: Espino.

Espino es un dirigente de opiniones esquemáticas –rudimentarias en ocasiones–. Pero no había formulado un juicio descalificatorio contra Poniatowska y mucho menos acerca de su trabajo literario. Sin embargo, con una utilización mañosa de frases parciales y fuera de contexto, La Jornada armó una estruendosa causa célebre.

Abundantes denuestos

El escándalo Poniatowska estuvo fundamentalmente circunscrito al mencionado diario, de donde hemos tomado la mayor parte de la información para esta nota. En la sección de cartas de La Jornada la poetisa Carmen Boullosa dijo, el martes 11 de abril, que Poniatowska “es una alerta moral. Alguien puede no estar de acuerdo con sus posiciones, por supuesto -no queremos diosas sino escritoras-, pero llamarla peligro es una imbecilidad”. En efecto, considerar que Poniatowska es un peligro sería una bobada. Pero nadie lo había dicho.

Agravios y confusión resultan idóneos para nutrir una tolvanera mediática y política. El miércoles 12 Poniatowska le dice a la reportera Ana Mónica Rodríguez que el dirigente nacional del PAN “es un pobre lacayo del poder y lo que ha hecho a lo largo de su vida es lambisconear a los poderosos”.

Esa declaración aparece como encabezado principal del diario. Junto a ella se publican opiniones de otros escritores. Poniatowska “demostró tener extraordinaria valentía social” considera Raquel Tibol. Federico Campbell le dice “imbécil” a Espino y asegura que sus declaraciones “están preparando a la opinión pública para hacer posible un gran fraude electoral… en ese proyecto están tanto Televisa como el PRI”.

Días antes el Senado había aprobado las reformas a las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones que por su autoría, promoción y beneficiarios fueron denominadas “Ley Televisa”. Campbell manifestaba “espero que la televisión no le gane a la pluma y a las letras”. En actitud similar el caricaturista apodado “El Fisgón” escribió “estas cosas aclaran que el PAN pactó la ley Televisa”.

Los defensores de Poniatowska quisieron olvidar que esa escritora colabora para Televisa. En el guirigay de La Jornada las precisiones eran prescindibles. Fernando del Paso le escribió a Manuel Espino: “Elena Poniatowska no es una pobre señora. Es una gran señora. Pero no me sorprende que usted no entienda por qué lo es. Más bien, me sorprendería mucho que lo entendiera”. El líder de los diputados del Partido del Trabajo, Alejandro González Yáñez, consideró que el episodio constituía “un golpe no sólo a Elena Poniatowska, sino a la cultura mexicana”. Con elegante retórica, ese dirigente dijo que el presidente del PAN “no tiene madre al hablar de una de las mujeres en México con amplia trayectoria ética y cultural absolutamente transparente…frente a ella, que es un gigante, Espino es un enano”.

La tergiversación de un par de frases y el desatinado sentido político del PAN, junto con la prejuiciada y arisca reacción de simpatizantes del PRD, alimentaron esa tormenta declarativa. Los encabezados de La Jornada confirmaban las intuiciones de esos partidarios del señor López: si el PAN es de derecha y la derecha está plagada de zafios e incultos, entonces las críticas a Poniatowska tienen que ser expresión de una cruzada anti-intelectual.

Esa convicción estaba afianzada tanto en expresiones de incultura al estilo de las que tan frecuentemente ofrecen el presidente Vicente Fox y algunos de sus colaboradores, como en una creencia fundamentalista de los defensores de Poniatowska: se trata de una escritora tan apreciada, pero sobre todo tan mitificada, que no se le debía tocar con el pétalo de una crítica. Esos defensores de la escritora no le reclamaban al PRD haberla llevado a la arena del debate político al utilizarla en su propaganda.

Cero razonamientos

En el ámbito de La Jornada se extendió una veneración indignada que tomaba como pretexto a Poniatowska. La escritora Aline Pettersson en una carta publicada el miércoles 12 y el político Jaime Martínez Veloz en un artículo el viernes 14 aluden a José Millán Astray, el militar franquista que en 1936 vitoreó a la muerte y denigró a la inteligencia. Para la primera, la actitud del PAN constituía una “forma asesina de la inteligencia”. Para Martínez, los panistas son “enanos mentales”. La descomposición del discurso corrió paralela a la magnificación de expresiones que en otras circunstancias habrían resultado baladíes.

Espino insiste, en La Jornada del jueves 13, que Poniatowska ha sido reconocida “como escritora, como intelectual, y por eso nos llamó la atención que de repente apareciera denostando a nuestro candidato, a nuestro partido”. El PAN informó que retiraría el anuncio en donde aparecía la imagen de la escritora. Pero era inútil. Víctor Hugo Rascón, presidente de la Sociedad General de Escritores de México, dice en una carta de respaldo a Poniatowska: “vivimos tiempos furiosos, tiempos de odio, tiempos de intolerancia”. El sábado 15 el periódico italiano Il Manifesto le exige al PAN “que cese sus ataques y descalificaciones a la escritora, adalid de la libertad de expresión y del valor civil”. El domingo 16 el admirado y habitualmente mesurado José Emilio Pacheco escribe en Proceso una pieza cargada de irreflexión en donde compara al affaire Poniatowska con el caso Dreyfus de la Francia de hace algo más de un siglo y concluye proclamando No Pasarán, como hacían los militantes de la resistencia española contra el fascismo.

El martes 18 La Jornada publica una carta abierta en donde René Drucker califica a Manuel Espino como “minusválido mental” y en la que le dice al candidato presidencial Felipe Calderón: “su mediocridad no le permite ser un líder con dignidad, inteligencia, pero, sobre todo, con ideas”. El doctor Drucker es coordinador de la investigación científica de la UNAM.

Inmunidad intelectual

Quienes usaron a Poniatowska no fueron los panistas sino los propagandistas de López Obrador. La sacralizaron como si el hecho de haber escrito libros que para muchos son entrañables la pusiera a salvo de ser criticada como todo aquel que participa en la vida pública.

Incluso algunos de quienes cuestionaban esa utilización de Poniatowska incurrían en tal exaltación. Jorge G. Castañeda, el 19 de abril en Reforma, aplaude la militancia política de esa escritora pero encuentra en ella la causa para que “pierda la inmunidad conferida por su indudable estatura literaria y cultural… La autora de La Noche de Tlatelolco no podía ignorar que su entrada a la batalla política implicaba abdicar de sus privilegios y caparazones culturales”. Pero ¿por qué el oficio de escritor le va a dar a alguien inmunidad o caparazones? ¿Desde cuándo los novelistas son ajenos a la evaluación a la que están sometidos, por sus actos precisamente públicos, todos los personajes públicos?

En medio de la batahola discursiva había unas cuantas voces mesuradas. El viernes 21 en La Crónica Luis de la Barreda recapitula: “quien acusa públicamente de mendaz a un partido durante una campaña presidencial se expone, así sea una autoridad moral o el más grande escritor que los siglos hayan visto sobre la tierra, a ser refutado por aquellos a quienes tacha de embusteros”. El domingo 16 León García Soler, voz aislada en La Jornada, había ironizado: “Una dama es una dama y ésta, para colmo, princesa polaca venida de París y declarada intelectual señera de la izquierda, desde el lumpen proletariado hasta el radical chic”.

Ese radical chic encontró en Poniatowska una causa políticamente correcta aunque no estuviera sustentada en hechos ni dichos cabalmente ciertos. La tormenta declarativa amainaba pero el 25 de abril La Jornada publicó, como nota principal, el manifiesto con el que alguien embaucó a dos docenas de escritores iberoamericanos. El portugués Saramago, los españoles Savater y Juan Goytisolo, el brasileño Fonseca y el chileno Skármeta, entre otros, firmaron un texto en el que reprueban “la diatriba de la ultraderecha mexicana contra Poniatowska y otros muy destacados intelectuales mexicanos”.

Si hubo diatriba –es decir, un discurso violento e injurioso– fue de los más enardecidos defensores de Poniatowska. El fundamentalismo que demostraron avivó las aprensiones acerca de la intolerancia del candidato presidencial con el que simpatizan.

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Nexos, diciembre de 2005

Heterogénea y contradictoria, a menudo aislada, perseguida y/o marginada, la izquierda mexicana se distinguía por el empeño en la equidad y la ambición de futuro. La azarosa construcción de partidos de ese signo, las luchas de movimientos sociales y la discusión entre quienes se reclamaban de izquierdas solían reivindicar, durante décadas, esos valores. La izquierda era contrapeso al menos retórico y moral ante abusos del poder, constituía un punto de referencia que se pretendía –no siempre con éxito, desde luego– singularizado por la racionalidad. Ser de izquierda no era necesariamente ser contestatario sino pugnar por el cambio.  

   Tuvimos una izquierda que, en el acoso, debió ser esforzada e incluso heroica. Parapetada en su propia mitología pero además hostigada por cacicazgos locales, gremiales y de cuando en cuando nacionales, la izquierda devaneó entre la marginalidad y la terquedad. Pero cuando salió de las periferias para tratar de ubicarse en el centro de la escena pública mexicana, la izquierda entendió que su tarea esencial era el cumplimiento –y cuando fuese necesario la reforma– de la legalidad.

   La ilusión revolucionaria había quedado reservada, en las creencias de la izquierda mexicana, para la reminiscencia y si acaso para solaz de algunos aventureros. La lucha por la legalidad fue bandera del sindicalismo insurgente y del comunismo partidario en los años setenta, así como de los esfuerzos unitarios de las izquierdas en los ochenta. En algún momento, quizá ya en los noventa, ese proceso de madurez se quebró debido en parte al neozapatismo chic pero especialmente porque, después de todo, la convicción en la legalidad no había echado raíces plenas al interior de las izquierdas mexicanas. Los principios, a menudo, fueron solamente fachada de un atrabiliario pragmatismo. Cuando lograron posiciones de poder –municipal, sindical, parlamentario, periodístico, gubernamental– no fueron pocos los hombres y mujeres originarios de las izquierdas para quienes la legalidad se convirtió no en divisa, sino en coartada.

   Hay quienes consideran que Andrés Manuel López Obrador y el PRD son de izquierda. Si conviniéramos que para ser de izquierda simplemente hay que etiquetarse como tal, esa auto caracterización no sería discutible. Pero como por tradición y definición la izquierda era otra cosa, el afán por ostentarse de esa manera se ha convertido en cortina de humo, retórica e ideológica, para encubrir excesos e imprecisiones.

   La izquierda era el afán de cambio ante la inmovilidad del statu quo, la modernización y el progreso frente al estancamiento y el conservardurismo, la racionalidad como anverso del dogmatismo, la visión de futuro en contraposición con la estrechez del inmediatismo. Hubo quienes, ataviados de izquierda, actuaron diametralmente en contra de esas premisas: el llamado socialismo real y sus muchas derivaciones y parodias negaba las coordenadas esenciales de la izquierda. Más allá de tales abusos la izquierda se proponía como una actitud, vital y política, ante despotismos de toda índole. La izquierda es la ética, propuso Giovanni Sartori. A la izquierda, si algo la distingue, es la irreductible aspiración por la igualdad terció Norberto Bobbio.

   A la izquierda la define el empeño por la justicia social y la democracia. A esa dupla puede añadirse la lid por los derechos humanos. Cada una de ellas –justicia, democracia, derechos humanos– son aspiraciones permanentemente vinculadas con la reivindicación de la legalidad.

   Hoy no tenemos una izquierda digna de ese nombre. Existen grupos pequeños, ciudadanos y quizá hemos tenido corrientes de opinión –aunque actualmente es difícil identificar una sola– de acciones y convicciones de esa índole. En todo caso, los rasgos distintivos de la izquierda no se pueden reconocer en el personaje y el partido que con mayor asiduidad buscan ser considerados como de izquierda.

   A López Obrador la legalidad le resulta incómoda. Si no le conviene, simplemente no la respeta. Cuando gobernó la ciudad de México defendió privilegios mafiosos y corporativos: lo mismo cobijó pandillas de vendedores ambulantes, microbuseros y dentro de las corporaciones policiacas, que favoreció negocios como los de Carlos Slim. Los recursos públicos los ejerció con discrecionalidad inaudita. Gastó dinero para organizar movilizaciones en apoyo suyo, construir obras de relumbrón y favorecer la adhesión clientelar de grupos inermes. Y se negó a que en esta ciudad se cumplieran las normas de rendición de cuentas que ya existen en todo el país.

   Cuando buscaba cobertura para algunas de esas decisiones, organizó consultas extralegales. Cuando alguna turba cometió linchamientos, la disculpó diciendo que se trataba de tradiciones populares con las que no había que meterse. Tampoco se mete en asuntos como el aborto, el combate al SIDA, la eutanasia y los derechos de las minorías sexuales que son banderas de las izquierdas en todo el mundo. Y respecto de los privilegios y atropellos de corporaciones como Televisa y Televisión Azteca, López Obrador no dice una sola palabra.

   La insistencia del gobierno y los partidos que se oponen a López Obrador para quitarle el fuero y así dificultar su postulación presidencial fue una enorme torpeza política. Pero si esa maniobra, a la postre fallida, fue posible, se debió a la persistencia de López Obrador para desacatar la ley. Desatendió requerimientos judiciales en la averiguación sobre las obras en el predio El Encino, decidió no protegerse con recursos legales que estaban a su alcance, desafío la autoridad de la Corte y el Congreso, se ubicó por encima de instituciones y leyes. En ese diferendo salió vencedor pero no por ello ganaron la legalidad, ni la razón. Mucho menos la izquierda.

   Se trata de un personaje autoritario y conservador: menosprecia el orden jurídico, defiende a grupos de poder extralegales, desdeña los derechos humanos. Nada más lejano de la ética que algunos todavía suponen que debería distinguir a las izquierdas. El hecho de que se le considere de ese signo solamente se explica en un panorama tan políticamente desastrado como el que padece este país. Genio y figura: si hemos de ser precisos con ese término, habría que reconocer que la única forma para que López Obrador realmente fuera de izquierda es que se volviera zurdo.

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La Crónica, 21 de febrero de 2005

A pesar de que la fusión de cinco grupos de trayectorias y enfoques diferentes no era sencilla, aquel noviembre de 1981 el nuevo Partido Socialista Unificado de México tomaba sus primeras decisiones. La campaña por la presidencia de la República era inminente y aun antes de precisar todas sus diferencias, los integrantes de las organizaciones que se habían coaligado para formar el nuevo partido debían designar a su candidato presidencial.

   Para muchos de los miembros del PSUM que llegaban de la política universitaria o del activismo sindical de extensas discusiones y heterogéneas posiciones, resultaba extraña, pero también fascinante, la disciplina de varios centenares de campesinos, todos sombrerudos, que aplaudían con invariable entusiasmo las arengas de su líder, Alejandro Gascón Mercado. Dirigente del Partido del Pueblo Mexicano, aquel político nayarita de grandes bigotes oscuros remataba sus discursos con un peyorativo “¡Es cierto!”. A esa exclamación sus seguidores respondían, en vehemente coro: “¡Así es!”.

   Con esos respaldos Gascón estuvo a punto de ganar la candidatura presidencial del nuevo partido. La votación favoreció a Arnoldo Martínez Verdugo que procedía del Partido Comunista Mexicano, el más importante de los grupos que se fusionaron en el PSUM –el cual seis años más tarde se transformaría en el Partido Mexicano Socialista, uno de los antecedentes del PRD–. El grito de los seguidores de Gascón fue adoptado para el periódico semanal del nuevo partido: fue uno de los nombres más autoritarios en la historia de la prensa.

   Alejandro Gascón Mercado, nacido en 1932 en Autlán, Nayarit, había sido militante del socialismo desde los 15 años. Fue secretario de Vicente Lombardo Toledano y compartió su capacidad para amalgamar la tradición nacionalista de la revolución mexicana con las promesas que se creía podía ofrecer el socialismo real de Europa del Este. Fundó y dirigió la Unión General de Obreros y Campesinos de México-Roja y la Central Unitaria de Trabajadores. Durante más de dos décadas fue parte de la dirección del Partido Popular Socialista.

   Respaldado por el PPS en 1972 Alejandro Gascón ganó la presidencia municipal de Tepic. Tres años más tarde compitió por la gubernatura de Nayarit pero, de acuerdo con la versión más propalada, el gobierno federal y el PRI le robaron el triunfo.

   El PPS y el Movimiento Electoral del Pueblo habían obtenido el 47% de los votos, lo cual les permitió ganar la mayor parte de los ayuntamientos y el congreso local. Pero la gubernatura no les fue reconocida. Menudearon protestas y negociaciones hasta que el presidente del PPS, Jorge Cruickshank García, declaró que Gascón había perdido. La gubernatura sería para Rogelio Flores Curiel, conocido porque fue jefe de la policía del Distrito Federal cuando ocurrió la represión a la manifestación estudiantil el 10 de junio de 1971.

   Alejandro Gascón nunca aceptó ese resultado y renunció al PPS cuya dirección, dijo, lo había traicionado. A Cruickshank el gobierno lo premió con la senaduría por Oaxaca, que ganó apoyado por el PRI. Alejandro Gascón culpó de esa maniobra a Porfirio Muñoz Ledo, que en aquel 1975 era presidente nacional del Revolucionario Institucional.

   Gascón fue diputado federal en tres legislaturas. En 1985 se fue del PSUM para formar el pequeño Partido de la Revolución Socialista, que lo postuló como candidato sin registro a la presidencia de la República en 1994.

   En los años recientes Gascón, retirado de la vida pública aunque no de la política, vivía en su pueblo natal en donde falleció el jueves pasado. En sus últimos tiempos publicó varios libros, entre ellos En contra y el volumen de relatos Aután que describe esfuerzos e ilusiones de los trabajadores del campo y, finalmente, la tristeza de quienes han luchado por el cambio social sin que sus esfuerzos hayan fructificado como querían.

   La siembra política de Gascón tuvo reconocimientos diversos. En 2003 el Congreso de Nayarit le rindió un homenaje que ocasionó la renuncia al PRI de su antiguo rival Rogelio Flores Curiel. En junio pasado la Universidad Autónoma de esa entidad inauguró la Biblioteca Especializada Marx-Lenin que reúne los libros que Gascón coleccionó durante más de medio siglo.

   Alejandro Gascón Mercado pudo haber sido el primer gobernador de oposición en la historia mexicana. Aunque se pudieran tener desacuerdos con sus apreciaciones políticas era inevitable reconocer la convicción y enjundia con que las sostenía.

La Crónica, 17 de agosto de 2003

En una extensa respuesta al historiador Enrique Semo, Cuauhtémoc Cárdenas rechaza que le digan caudillo, niega que su presencia haya forzado las decisiones de otros dirigentes del PRD, objeta cuestionamientos a la personalidad de su padre el general y, aunque sin precisar qué entiende por ello, se declara “en la izquierda del espectro político”.

   Esas son algunas de las contribuciones de Cárdenas Solórzano a la discusión suscitada por la publicación del libro de Enrique Semo, La Búsqueda. La izquierda mexicana en los albores del siglo XXI, publicado hace algunas semanas por editorial Océano. En coincidencia con la reproducción periodística de algunos de los segmentos más polémicos y enjundiosos de esa obra, se ha conocido la carta que Cárdenas le escribió a Semo para responder a algunos de esos juicios. Aparentemente redactado inicialmente como documento personal, el propio Cárdenas resolvió dar a conocer ese texto de 18 cuartillas. La Crónica lo publicó íntegro en su edición del jueves pasado.

   El solo hecho de responder meticulosamente y por escrito a las formulaciones aparecidas en un libro da cuenta del respeto que Cárdenas tiene por la palabra impresa y por el efecto que pudieran alcanzar las opiniones de Semo. En esa actitud podría encontrarse una de las mejores virtudes que, al lado de numerosos defectos, aun se pueden hallar dentro del Partido de la Revolución Democrática del que ambos son miembros. A diferencia de las murmuraciones con las que se suele sustituir a la política, Semo y Cárdenas apuestan a un intercambio de ideas –si bien profundamente permeado por imputaciones y hasta descalificaciones personales–. Ese mérito no resulta menor, aunque no sea suficiente, en el enrarecido panorama político de nuestro país.

“Neopopulismo de izquierda”

   El libro de Semo ha sido un éxito de ventas. Esta semana era imposible hallarlo en las principales librerías de la ciudad de México, en donde se agotó. Organizado en cuatro capítulos el más notorio de ellos es el último, dedicado a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas a quien culpa de muchos de los errores del PRD.

   Semo considera que la formación de Cárdenas, influida por la  élite política gobernante junto a la que creció como hijo que era de un ex presidente mexicano, fue definitoria en la conformación de un estilo personalista e incluso caudillista. “El neocardenismo –escribe– no se parece en nada a los viejos partidos de la izquierda mexicana, unidos por la ideología y una fuerte organización… Es, para ser más precisos, un neopopulismo de izquierda”.

   Para Semo, el neocardenismo “no es un organizador de partido. Prefiere la relación directa y fluida entre el dirigente, los simpatizantes y los electores. Ve con gran recelo la organización estable y la dirección despersonalizada”. Añade: “El papel de caudillo ejercido por Cuauhtémoc Cárdenas es fundamental tanto en la ideología como en el estilo de hacer política”.

   Nada nuevo descubre Semo en esas afirmaciones. Es muy conocida –y hace una semana se ratificó en la designación del nuevo dirigente del PRD– la enorme influencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, más allá de la posición formal que tenga en ese partido. Numerosos militantes, de distintas corrientes perredistas, se han inconformado ante la hegemonía del ex candidato presidencial que, pese a tales rechazos, sigue predominando.

   La novedad, si acaso, radica en que esas observaciones sean formuladas por un intelectual destacado y que, además, actualmente es funcionario del gobierno de la Ciudad de México.

   Enrique Semo es director del Instituto de Cultura del DF y antes fue asesor de Andrés Manuel López Obrador. Es imposible soslayar esa ubicación laboral y los compromisos políticos que implica, cuando se lee el más reciente libro de Semo. Pero adjudicar punto por punto las afirmaciones contenidas en La Búsqueda a un intento para deslegitimar a Cárdenas en beneficio de las posiciones de López Obrador, resulta vulgar e insuficiente. Cárdenas, en su respuesta, alude a la relación de Semo con el actual jefe de Gobierno del DF pero no sugiere que el autor del libro sea un pelele de López Obrador.

   Otros miembros del PRD han considerado que sí hay una relación directa entre el trabajo como funcionario y el pensamiento político de Semo. En todo caso, no será identificando conspiraciones como se resuelva la discusión sugerida por el libro. Cárdenas mismo así lo entendió y por eso escribió las 18 cuartillas con las que ofrece su versión de algunos de los temas que menciona La Búsqueda.

Ilusión revolucionaria

   Se trata de un libro de polémica política. No es un estudio académico, ni tiene el rigor de otras obras en las que Semo, como historiador, respaldaba sus afirmaciones en documentos y evidencias. Tampoco es una obra uniforme. Los cuatro ensayos que la integran parecen haber sido escritos en circunstancias y con propósitos diferentes. El primero de ellos propone la vigencia de la esperanza como articuladora en la reconstrucción de la izquierda mexicana. Para Semo, a diferencia de otras posiciones dentro y fuera del PRD, lo que hace falta es un “reformismo consecuente y visionario” que reconozca que no estamos en la hora de una revolución sino ante la necesidad de cambios paulatinos y específicos.

   Durante ocho décadas la izquierda, dice Semo, “pensó y habló de la revolución mientras en la práctica luchaba por reformas”. Es cierto. Sin embargo él mismo entiende a las reformas como instrumentos de un cambio de mayores dimensiones: “No nos hacemos ilusiones de que esas reformas acabarán en forma acumulativa con el sistema capitalista, pero sin duda crearán mejores condiciones objetivas y subjetivas para las grandes transformaciones del futuro”.

   En afirmaciones como ésa, pareciera que Semo es rehén de su propia trayectoria y experiencia políticas, formadas en el viejo Partido Comunista Mexicano. Así como en esa meritoria pero también a menudo dogmática organización de la izquierda mexicana la discusión doméstica se anteponía a la práctica política, hoy en día Semo sigue pensando en un gran cambio, para el cual sin embargo no encuentra horizontes precisos.

   De esa confusión forma parte, también, la idea que Semo tiene de la organización política y las tareas de la izquierda. Tal y como explica, en la izquierda han prevalecido dos grandes concepciones estratégicas: “la que considera que el poder del pueblo se construye desde abajo, en la acción popular, y la que sostiene que es necesario luchar por el poder político en las urnas, el parlamento y el gobierno”. Ese autor reconoce que ambas posiciones “pueden ser complementarias” pero no resuelve los dilemas prácticos que surgen de ellas.

   El más importante de tales dilemas es el carácter del partido político que pueda representar a la izquierda. En el tercer capítulo, que reseña el desarrollo del PRD, Semo hace un detallado elogio de las posiciones que, desde su creación en 1989, ese partido ha llevado a la Cámara de Diputados. De esa manera reivindica la idea de un partido para la competencia electoral y la lucha política en los espacios institucionales.

   Sin embargo en otros momentos de su libro Semo se inclina por una izquierda fundamentalmente interesada en movimientos sociales extrapartidarios. “La izquierda –dice al cabo del primer capítulo– sólo puede consolidarse defendiendo y promoviendo la organización independiente de la sociedad civil”. Semo quiere un partido de izquierda que lleve posiciones al parlamento pero no abandona la idea de privilegiar otros frentes. Y cuando admite que no hay una revolución en puerta lo hace con resignación, más que convicción. Él mismo no es consecuente con el reformismo que plantea.

Mirada victimista

   Esa contradicción la advierte Cuauhtémoc Cárdenas, que se declara partidario de promover cambios desde el poder político y no al margen de él. En uno de los segmentos más incisivos de su respuesta le dice al historiador: “Te pediría que con objetividad pensaras en lo que hace el grupo político con el que colaboras en el Distrito Federal. ¿Crees, de veras, que lo que está haciendo sería más fácil o preferible hacerlo desde la acción popular autónoma, la empresa privada o el pensamiento, que desde el gobierno?”

   Semo no resuelve esa disyuntiva. Tampoco lo ha hecho el PRD, en cuyo interior se ha mantenido una feroz lucha por las posiciones electorales pero sin que muchos de sus miembros abandonen el discurso que idealiza a los movimientos sociales como si la participación política institucional les creara mala conciencia.

   A esa idealización se añade la que Semo hace, con pocas precisiones, de la izquierda misma. El segundo capítulo de su libro presenta un recuento del desarrollo de la izquierda mexicana pero tomando como eje fundamental, y a menudo exclusivo, a la historia del Partido Comunista. No deja de ser contradictorio que unas cuantas páginas después de manifestar su simpatía por los movimientos sociales, ese autor excluya a muchos de ellos en la enumeración de momentos destacados de la izquierda mexicana, particularmente en la segunda mitad del siglo XX.

   La mirada que Semo aporta es, fundamentalmente, la de una izquierda agobiada por la represión y confinada a espacios marginales de la política mexicana. La persecución que contra ella mantuvo el gobierno fue, en efecto, atroz y abusiva. Pero a pesar de ello la izquierda ganó influencia en la sociedad, tuvo expresiones políticas de distintos signos, articuló sindicatos, organizó frentes populares, fue un referente constante e influyó en la conformación de una cultura política crítica del sistema predominante.

   Muy poco de todo ello aparece en la reseña de Semo, empeñada en mostrar a una izquierda victimista y sin la capacidad de resistencia, propuesta y respuesta que pudo tener durante varias décadas. La dificultad para reconocer algunos de tales logros conduce a ese autor a decir, por ejemplo, que a fines de los años 70 el PCM fue “el primero en acogerse” a la reforma política que establecía el gobierno de José López Portillo, olvidando que ese partido fue insistente promotor (y en algún sentido participante, en los encuentros que sus dirigentes tenían con don Jesús Reyes Heroles) de aquellas modificaciones a la legislación electoral y al sistema de partidos.

Errores, deslices, prejuicios

   Definiciones categóricas pero discutibles, referencias inciertas o erróneas y una perspectiva sesgada por prejuicios políticos, son algunos de los puntos débiles de La búsqueda. Por ejemplo, cuando asegura que los gobiernos mexicanos más recientes han sido de orientación neoliberal, Semo soslaya por qué, a pesar de esa presunta incondicionalidad con el individualismo y el mercado, se han mantenido acciones de política social. Su descalificación de la “tercera vía” que han postulado algunos partidos socialdemócratas en Europa es más visceral que documentada. Habla de la creación en 1977 una “Ley Federal de Reforma Política” que nunca existió con ese nombre. Al grupo que en 1987 se escindió del PRI a menudo lo llama “Tendencia Democrática” y no “Corriente Democrática” como sus miembros le decían. Cuando enumera y describe a los grupos que convergieron en 1981 en la creación del Partido Socialista Unificado de México, confunde las trayectorias y denominaciones de unos y otros. Al referirse a la campaña de ese partido para las elecciones de 1982 elude mencionar que el candidato presidencial era Arnoldo Martínez Verdugo. Luego, al mencionar el secuestro de ese personaje en 1985 por parte de un grupo de seudoizquierda omite cualquier explicación política. Cuando se ocupa de la disolución en 1989 del Partido Mexicano Socialista para crear el PRD, considera que “desde entonces no ha existido una opción socialista en el sistema mexicano de partidos” desdeñando la presencia de partidos como Democracia Social, entre otros. Cuando alude a los movimientos sindicales independientes en los años 70 dice que los electricistas democráticos se enfrentaban a la burocracia cupular de la CTM y la CROM olvidando que, para entonces, la segunda de esas centrales no tenía significación sindical ni política alguna. Sobre ese tema, inserta una cita de un libro del investigador Jorge Basurto en el que no se dice una sola palabra acerca de la época de la cual se ocupa Semo.

   Esas son unas cuantas de las abundantes contradicciones, equivocaciones y subjetividades que abundan en La Búsqueda. El rigor que como historiador pudo tener en obras memorables como su fundamental (aunque discutible) Historia del capitalismo en México, Semo no lo manifiesta en su nuevo libro.

Partido de caudillos

   Todo ello ha sido soslayado por la relevancia política que alcanza la crítica de Semo al PRD. Esencialmente, a ese partido lo caracteriza por sus matrices políticas, el carácter de su membresía, las afinidades con grupos de interés y la estructura de índole caudillista.

   Allí, dice, “conviven los impulsos de una izquierda moderna con las lacras del viejo Partido Revolucionario Institucional y de la vieja izquierda”.

   Aunque había sido pensado como un partido de ciudadanos, en el PRD dominan los “políticos profesionales o aspirantes a serlo” y en él no hay lugar para sindicalistas, ecologistas, feministas o intelectuales.

   Más que la membresía o la ideología, allí pesan las adhesiones corporativas: “la lealtad del afiliado, más que con el partido y sus órganos de dirección electos, se identifica con el grupo que lo cobija y su caudillo”.

   Y a la cabeza de esa estructura articulada por caudillismos sectoriales y locales se encuentra el “caudillo principal, Cuauhtémoc Cárdenas”.

   La apreciación de Semo sobre ese personaje es un tanto ambigua. Reconoce que en las elecciones de 1988 fue “un candidato ideal”, con “estilo firme y sobrio”, “capacidad de escuchar” y capacidad unificadora, entre otros méritos. Lo que no dice con todas sus letras es que, después de aquel momento, la insistencia de Cárdenas para mantener un papel político protagónico se sobrepuso a las condiciones o necesidades del PRD.

   Semo distingue entre el cardenismo de los años 30 y la actitud política que el general Lázaro Cárdenas mantuvo después, cuestionando a los gobiernos que le sucedieron pero sin dejar de colaborar con algunos de ellos. Luego establece diferencias entre ese cardenismo y las posiciones políticas de Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo para explicar algunas de esas posturas acude a interpretaciones acerca de la relación personal entre los dos Cárdenas y allí el análisis político se embrolla con la acotación subjetiva.

   Cuauhtémoc Cárdenas, según Semo, “bajo la tutela de su padre participó personalmente en dos momentos importantes del desarrollo de la oposición de izquierda”, el henriquismo a comienzos de los años 50 y el Movimiento de Liberación Nacional una década después. Sin embargo dos páginas más adelante Semo asegura que Lázaro Cárdenas “hizo todo lo que estaba en su poder para desalentar la participación de su hijo en la vida política”.

   ¿En qué quedamos? ¿Cárdenas, el general, impulsó a su hijo Cuauhtémoc para hacer política como se dice en la página 154, o se esforzó para impedírselo como se apunta en la 156?

   Cárdenas, el ingeniero, aprovecha esas debilidades de La búsqueda para cuestionarle a Semo su proclividad a sugerir que las actitudes políticas de personas y grupos son propiciadas por caudillismos e incondicionalidades y no por decisiones propias. Al explicar su propia biografía y decir que su trayectoria política la ha decidido él mismo, Cuauhtémoc Cárdenas sugiere que, de la misma manera, los grupos y militantes del PRD cuya conducción se le atribuye no han sido manejados por él. “Me das la impresión –le replica a Semo– que eres de las personas, quizá por tu formación política y la militancia que has practicado, que no conciben que pueda haber gente que tome decisiones y asuma responsabilidades sin pedir permiso, sin necesidad de pedir o recibir instrucciones”.

   En otro momento de su texto Cárdenas ofrece este desafío al oficio de historiador de Semo: “¿Quiénes de los políticos del PRD han tenido oportunidades de hacer carrera dentro del partido por su cercanía a mí o por pertenecer a las camarillas? Nombres y apellidos es lo menos que puedes dar para la historia”.

Política y reproches

   A bandazos entre el análisis político y las consideraciones personales, la discusión entre Cárdenas y Semo extravía sus coordenadas fundamentales.

   El ingeniero dedica un largo párrafo a responder, ante la inquietud de Semo por el hecho de que Cárdenas no tiene estudios en ciencias sociales o humanidades, que sí entiende de esas cosas (“no tienes la menor idea de lo que he leído”).

   Pero el cuestionamiento central La búsqueda a su influencia en el PRD, que es la preponderancia de un estilo autoritario y discrecional, Cárdenas lo despacha en una frase: “no creo que me caiga el calificativo de caudillo”.

   Al contestar a la afirmación de Semo acerca de la influencia de Cárdenas en la ideología y la política del PRD, el ingeniero se limita a preguntar en qué documentos de esa organización se ha reflejado tal hegemonía. Soslaya que cualquier partido, pero especialmente un partido tan sometido a vaivenes y tensiones internas como ha sido el de la Revolución Democrática, es mucho más de lo que dicen sus documentos. En su respuesta, excesivamente formalista, Cárdenas eludió la crítica principal de Semo.

   La mayor indefinición, tanto en el libro como en la carta que suscitó, es en torno a la izquierda. A veces para Semo la izquierda es una actitud moral, en otras aparece como una postura política. Cárdenas alude al final de su documento a “quienes nos ubicamos en la izquierda del espectro político, sea en el mundo, sea en nuestro país”, lo cual es una novedad porque en otras ocasiones ha negado adscribirse a esa corriente. Semo se da el lujo de considerar que puede haber un “neopopulismo de izquierda” sin reparar en que una definición estricta de izquierda, como una postura identificada con la democracia, el bienestar social y los derechos humanos, sería contradictoria con la manipulación populista.

   No es el destino o la situación de la izquierda –las izquierdas habría que decir con mayor propiedad– lo que a Semo y Cárdenas les preocupa más, sino la polémica en torno a la crisis del PRD. El libro del historiador y la respuesta del ingeniero tienen numerosos flancos débiles. Pero son saludables porque, no obstante los sesgos personales que la desfiguran, allí hay una discusión de ideas y concepciones que por desdicha no es frecuente en la vida pública mexicana.

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