Sociedad y poder

La Ley Televisa sigue ocasionando estropicios. Además de los inadmisibles privilegios que concedía a las empresas televisoras, aquella reforma a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión estaba tan mal escrita, plagada de tantas confusiones, que ahora suscitó un enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo Federal. La Suprema Corte resolvió, ayer y antier, derogar varios artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque consideró que le adjudican a esa dependencia facultades que ahora son de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Requeridos por la Cámara de Diputados que planteó una controversia constitucional contra ese Reglamento, los ministros de la Corte tuvieron que dedicar dos sesiones, los días 23 y 24 de noviembre, para desenredar el galimatías que crearon los diputados y que avalaron los senadores que entre diciembre de 2005 y marzo de 2006 aprobaron aquellas reformas conocidas como Ley Televisa.

Esas reformas aparentemente conferían más atribuciones a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que se encargara de regular a la televisión y la radio. Pero lo hacían con tales titubeos y sin retirarle con toda claridad esas facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que, en vez de crear una autoridad con jurisdicción plena, lo único que lograron fue establecer dos polos de poder respecto de la regulación para la radio y la televisión.

A través de sus 107 artículos, la Ley Federal de Radio y Televisión constantemente repite que la regulación para esos medios corre a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, las reformas de 2006 transfirieron parte de esas tareas a la Cofetel pero no en esa Ley sino en la Ley Federal de Telecomunicaciones que en el apartado XVI de su artículo 9-A señala que, entre las atribuciones de esa Comisión se encuentran: “Las facultades que en materia de radio y televisión le confieren a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la Ley Federal de Radio y Televisión, los tratados y acuerdos internacionales, las demás leyes, reglamentos…”

En vez de modificar uno por uno los artículos de la Ley de Radio y Televisión en donde se menciona a la SCT para que en vez de esa Secretaría se especificara que tales atribuciones serían de la Cofetel, los legisladores o quienes hayan redactado la llamada Ley Televisa optaron por esa oblicua transferencia de facultades.

Pero no lo hicieron de manera absoluta. La confusión entre potestades de la SCT y la Cofetel se incrementó porque, en ambas leyes federales, varias de las atribuciones de la Comisión quedaron supeditadas a la decisión final que tomase la Secretaría.

Así, por ejemplo, el artículo 178-J de la Ley Federal de Radio y Televisión establece que para la asignación de una concesión, después de todo el proceso que debe organizar la Cofetel, “la resolución que declare al ganador de la licitación deberá ser presentada al Secretario de Comunicaciones y Transportes para la emisión del título de concesión”. Es decir, la última palabra es del titular de la Secretaría.

En otro caso, la Ley Federal de Telecomunicaciones en el ya mencionado artículo 9-A establece que entre las atribuciones de la Cofetel está la de “someter a la aprobación de la Secretaría, el programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico… así como coordinar los procesos de licitación correspondientes”.

Animado por esas disposiciones, que ampliaron las capacidades de la Cofetel pero que dejaban muchas de sus decisiones respecto de la radio y la televisión en manos de la SCT, a comienzos de 2009 el titular de esa secretaría, que en esa época todavía era Luis Téllez, logró que el presidente de la República expidiera un Reglamento Interior en donde se hacían explícitas tales facultades del Secretario de ese ramo.

Allí, entre las atribuciones del Secretario de Comunicaciones y Transportes, se incluía el otorgamiento y la prórroga, refrendo o revocación de concesiones y permisos de radiodifusión, la aprobación del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y de los programas para utilizar frecuencias de radiodifusión.

Esas disposiciones del Reglamento Interior de la SCT fueron impugnadas por la Cámara de Diputados a propuesta del grupo parlamentario del PRI. El pleno de la Suprema Corte, por mayoría, resolvió que tales atribuciones que en el Reglamento se le reconocen al secretario de Comunicaciones, le corresponden a la Cofetel.

Sin embargo cada título de concesión expedido o refrendado, o el Cuadro Nacional de Frecuencias, tendrán que seguir siendo suscritos o aprobados por el mismo titular de la SCT.

Hace casi un año, al secretario Téllez le interesaba reafirmar su capacidad de decisión en esos asuntos porque, aunque formalmente subordinada a la SCT, la Comisión Federal de Telecomunicaciones estaba enfrentada con él debido a las diferencias de apreciación en varios casos relacionados con la regulación de la telefonía.

Posteriormente, los diputados del PRI aprovecharon las contradicciones entre el Reglamento y las dos leyes federales para crearle un nuevo frente de impugnaciones al presidente Felipe Calderón.

Ahora la decisión de la Corte, que en realidad no establece novedad alguna, ha sido presentada como una derrota del gobierno federal. Así lo indicaron varios encabezados de primera plana. El Universal proclamó “Ejecutivo no podrá decidir concesiones”. Milenio anunció “Quita la Corte a SCT concesiones en radiodifusión”. Reforma casi se vanaglorió: “Pierde Calderón frente a Cofetel”. La Crónica consideró: “Propina la Corte revés a FCH y al titular de SCT”.

Pero la derrota es relativa no solamente porque, dígase lo que se diga, la legislación actual sigue subordinando las decisiones de la Cofetel al arbitrio de la SCT. Y sobre todo, no hay disminución alguna de las facultades del Ejecutivo Federal porque la Comisión Federal de Telecomunicaciones está subordinada al Presidente de la República.

Tormenta en un vaso de agua o, para decirlo con más elegancia, escaramuza interburocrática, este episodio tiene más trascendencia política que jurídica. Seguramente si la imagen presidencial no estuviera tan alicaída en la percepción de los medios, los diarios que hemos mencionado no habrían destacado de manera tan notoria esa decisión de la Corte.

Los diputados que impugnaron el reglamento de la SCT, en vez de distraer a la Corte con disputas cicateras podrían haber reformado la legislación para darle plena autonomía a la Cofetel. O podrían haber esclarecido las muchas contradicciones y duplicidades que hay en las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, sustituyéndolas por una legislación integral, moderna y capaz no solamente de precisar reglas claras para la asignación y renovación de concesiones, sino para promover la diversidad y la calidad en los medios electrónicos. Pero, claro, la grilla y el escándalo son más atractivos, y requieren menos esfuerzo, que la construcción de auténticas opciones legislativas.

Hace cuatro años y medio, la señora Martha Sahagún demandó judicialmente a la periodista Olga Wornat y a la revista Proceso por publicar algunos detalles de la disolución de su matrimonio religioso. La escritora argentina había incluido, en el libro La Jefa, varios de los argumentos que Sahagún presentó ante la iglesia católica para disolver sus vínculos conyugales con el señor Manuel Bribiesca.

Ante la publicación de fragmentos de ese libro en la edición del 27 de febrero de 2005, la para entonces ya esposa del presidente Vicente Fox entabló en abril de ese año un juicio por daño moral en el que exigió una reparación económica.

Se abrieron, entonces, varios dilemas políticos y jurídicos. Todo ciudadano tiene derecho a que su vida privada sea respetada por los medios de comunicación, pero ¿qué ocurre cuando se trata de ciudadanos en posiciones políticas tan relevantes como las de quienes viven en la casa presidencial? Todo ciudadano tiene derecho a utilizar la vía legal para defender sus derechos, ¿pero hasta qué punto una demanda interpuesta por la esposa del presidente de la República no constituye una acción de intimidación en contra de una publicación crítica? A partir de esa acción judicial, la publicidad del gobierno federal en Proceso disminuyó de manera harto significativa.

En su defensa, la revista sostuvo que al publicar extractos del libro de Wornat había ejercido su derecho a la libertad de prensa en un tema que, por añadidura, consideraba de interés público: “Por tratarse del presidente y su esposa, la anulación de sus respectivos matrimonios dejó de ser cosa privada para convertirse en asunto público. En consecuencia, con base en la garantía del derecho a la información consagrada en el artículo 6º de la Constitución, el pueblo tiene el derecho a estar informado”.

El litigio se desarrolló, desde entonces, de una instancia judicial a otra. En julio de 2006, un juzgado civil del Distrito Federal falló contra Proceso y Wornat al considerar que la publicación de aquella información había transgredido los artículos 6º. y 7º. constitucionales y les impuso una multa de casi dos millones de pesos.

En enero del actual año, la Primera Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal absolvió a Proceso pero condenó a Wornat pagar una multa de medio millón de pesos. Tanto Sahagún, disgustada porque no había sanción contra la revista, como Wornat, interpusieron sendos amparos.

El asunto ha alcanzado tal relevancia que, en abril y junio pasados, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió atraerlos. Más allá de la notoriedad pública de la demandante, del carácter que se les pueda atribuir a las revelaciones y al periodismo de Wornat y más allá también de la presencia periodística de Proceso –que es sin duda la revista política más leída en México– el caso tiene implicaciones relevantes para el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión.

En su resolución para ejercer esa facultad de atracción, la Primera Sala de la Corte consideró: “La libertad de expresarse con toda libertad y la libertad de buscar y recibir información son importantes no solamente por el modo en que contribuyen al florecimiento de las personas humanas en lo individual sino porque son un presupuesto para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa que exige establecer y mantener normas e instituciones que reflejen un compromiso amplio y estable respecto de la bondad de garantizar una amplia circulación de noticias e ideas y que reconoce que es muy importante que los ciudadanos puedan conocer, evaluar, criticar y controlar el desempeño de los que realizan labores que implican ejercicio de poder, público o privado”.

En un comunicado sobre ese asunto, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información rescata esas apreciaciones del documento de atracción de la Corte y considera que el derecho de los ciudadanos a la apreciación crítica de los hechos públicos, entre los cuales se encuentra la evaluación de los personajes públicos, podría quedar vulnerado con una decisión desfavorable a la revista Proceso. Es pertinente tomar en cuenta, se añade, que esa revista publicó fragmentos de un libro que ya había sido editado.

La AMEDI sostiene, a propósito de la inminente resolución de la Primera Sala de la Corte: “Los derechos de la sociedad ante los medios, además de claros y con cauces expeditos para su ejercicio, tienen que ser compatibles con las libertades de expresión y análisis crítico. De manera respetuosa, requerimos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia que, en la atención a los amparos derivados del litigio Sahagún – Wornat – Proceso, emita una resolución que reconozca el derecho de la sociedad a la evaluación crítica de los personajes públicos”.

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El PAN y el PRI coincidieron ayer en el Senado para aprobar la designación de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República. El desempeño ineficaz que tuvo como Procurador en Chihuahua cuando, a fines de la década pasada, aumentaron los homicidios contra mujeres particularmente en Ciudad Juárez, desató una oleada de inconformidades que no convencieron, ni conmovieron, a la mayoría senatorial que ratificó ayer el nombramiento realizado por el presidente Felipe Calderón.

Los senadores de Acción Nacional aprobaron esa designación en respaldo al presidente Calderón y en un ejercicio previsible de disciplina partidaria. Expresados por Alejandro Zapata, los argumentos de quienes representaron a ese partido en la discusión en Xicoténcatl fueron escasos y pobres. Insistieron en que Chávez cumple con los requisitos formales que se exigen para ese cargo. Menospreciaron las críticas que han sido presentadas acerca de su gestión en Chihuahua. Buscaron que la sesión fuera de trámite.

No ocurrió así gracias a la insistencia de los senadores del PRD, especialmente de Pablo Gómez Álvarez, para que el Senado tomara en cuenta no solamente los señalamientos acerca del paso de Chávez Chávez por la procuración de justicia en Chihuahua sino, además, sobre la responsabilidad que tiene el Senado en la designación del titular de la PGR.

La Constitución Política establece (artículo 102) que el Procurador General de la República será “designado por el Titular del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado” o, si se encuentra en receso, de la Comisión Permanente del Congreso. A diferencia de otros funcionarios cuyo encargo es resultado de la decisión del presidente, el consejero jurídico del gobierno tiene que ser avalado por la Cámara de Senadores.

Esa facultad, implica que el Senado comparte con el presidente de la República la designación del Procurador. Así lo amerita la importancia que tiene la impartición de justicia. Por eso, la persona que es designada para encabezar a la PGR se somete al interrogatorio que le hagan los senadores quienes, luego, toman una decisión al respecto.

Eso es lo que ocurrió ayer en la sede senatorial. Sin embargo, al justificar el voto de su partido en respaldo a la propuesta del presidente Calderón el senador priista Jesús Murillo Karam explicó: “Vamos a votar a favor porque vamos a dejar la responsabilidad penal en manos del ejecutivo”.

Ese fue el subterfugio de los senadores del PRI para tratar de justificar su aprobación a la propuesta del presidente Calderón. Si se tratara de conferirle el Ejecutivo toda la responsabilidad de una designación, los legisladores simplemente podrían abstenerse en la votación que deben efectuar. Pero si esa votación existe es, precisamente, porque el Senado tiene una participación de calidad en el nombramiento del Procurador General. Los legisladores revisan que el funcionario designado por el presidente cumpla los requisitos de ley, pero su tarea apenas comienza allí. El examen de cualidades y limitaciones del aspirante, tiene que incorporar una evaluación del área de la que se ha propuesto quede a cargo. Y esa es una decisión que, quiéranlo o no, compromete a los senadores.

Pablo Gómez tuvo razón cuando, al entrar en un desafiante diálogo con Murillo, le replicó: si se trata de que la responsabilidad por la designación del Procurador sea únicamente del presidente, entonces ¿para qué hay ratificación senatorial?

Los senadores del PRI no pudieron resolver esa contradicción. Al presentar un argumento desmañado y –literalmente– irresponsable para respaldar su voto a favor de Chávez Chávez, se comprometieron con él aunque lo hicieran de la peor manera. Decir que respaldan la propuesta del presidente como una manera de dejarlo solo en la administración de justicia, termina siendo descortés pero, además, contradictorio con el afán para que el Congreso asuma un papel cada vez más intenso en la conducción de los asuntos nacionales.

Ahora que se discuten opciones para una nueva reforma política entre las que podría estar la participación del Poder Legislativo en la aprobación del gabinete presidencial, la postura que ayer presentaron los senadores priistas es negligente y comodina. No saben construir alianzas con argumentos, sino únicamente a partir de conveniencias o rechazos coyunturales. Ese intencional descuido permitió que ayer fuera confirmado como Procurador General un funcionario de trayectoria y actitudes antagónicas a los intereses de un sector de los ciudadanos a cuyo servicio, presuntamente, deberá estar.

El PAN y el PRI coincidieron ayer en el Senado para aprobar la designación de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República. El desempeño ineficaz que tuvo como Procurador en Chihuahua cuando, a fines de la década pasada, aumentaron los homicidios contra mujeres particularmente en Ciudad Juárez, desató una oleada de inconformidades que no convencieron, ni conmovieron, a la mayoría senatorial que ratificó ayer el nombramiento realizado por el presidente Felipe Calderón.

Los senadores de Acción Nacional aprobaron esa designación en respaldo al presidente Calderón y en un ejercicio previsible de disciplina partidaria. Expresados por Alejandro Zapata, los argumentos de quienes representaron a ese partido en la discusión en Xicoténcatl fueron escasos y pobres. Insistieron en que Chávez cumple con los requisitos formales que se exigen para ese cargo. Menospreciaron las críticas que han sido presentadas acerca de su gestión en Chihuahua. Buscaron que la sesión fuera de trámite.

No ocurrió así gracias a la insistencia de los senadores del PRD, especialmente de Pablo Gómez Álvarez, para que el Senado tomara en cuenta no solamente los señalamientos acerca del paso de Chávez Chávez por la procuración de justicia en Chihuahua sino, además, sobre la responsabilidad que tiene el Senado en la designación del titular de la PGR.

La Constitución Política establece (artículo 102) que el Procurador General de la República será “designado por el Titular del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado” o, si se encuentra en receso, de la Comisión Permanente del Congreso. A diferencia de otros funcionarios cuyo encargo es resultado de la decisión del presidente, el consejero jurídico del gobierno tiene que ser avalado por la Cámara de Senadores.

Esa facultad, implica que el Senado comparte con el presidente de la República la designación del Procurador. Así lo amerita la importancia que tiene la impartición de justicia. Por eso, la persona que es designada para encabezar a la PGR se somete al interrogatorio que le hagan los senadores quienes, luego, toman una decisión al respecto.

Eso es lo que ocurrió ayer en la sede senatorial. Sin embargo, al justificar el voto de su partido en respaldo a la propuesta del presidente Calderón el senador priista Jesús Murillo Karam explicó: “Vamos a votar a favor porque vamos a dejar la responsabilidad penal en manos del ejecutivo”.

Ese fue el subterfugio de los senadores del PRI para tratar de justificar su aprobación a la propuesta del presidente Calderón. Si se tratara de conferirle el Ejecutivo toda la responsabilidad de una designación, los legisladores simplemente podrían abstenerse en la votación que deben efectuar. Pero si esa votación existe es, precisamente, porque el Senado tiene una participación de calidad en el nombramiento del Procurador General. Los legisladores revisan que el funcionario designado por el presidente cumpla los requisitos de ley, pero su tarea apenas comienza allí. El examen de cualidades y limitaciones del aspirante, tiene que incorporar una evaluación del área de la que se ha propuesto quede a cargo. Y esa es una decisión que, quiéranlo o no, compromete a los senadores.

Pablo Gómez tuvo razón cuando, al entrar en un desafiante diálogo con Murillo, le replicó: si se trata de que la responsabilidad por la designación del Procurador sea únicamente del presidente, entonces ¿para qué hay ratificación senatorial?

Los senadores del PRI no pudieron resolver esa contradicción. Al presentar un argumento desmañado y –literalmente– irresponsable para respaldar su voto a favor de Chávez Chávez, se comprometieron con él aunque lo hicieran de la peor manera. Decir que respaldan la propuesta del presidente como una manera de dejarlo solo en la administración de justicia, termina siendo descortés pero, además, contradictorio con el afán para que el Congreso asuma un papel cada vez más intenso en la conducción de los asuntos nacionales.

Ahora que se discuten opciones para una nueva reforma política entre las que podría estar la participación del Poder Legislativo en la aprobación del gabinete presidencial, la postura que ayer presentaron los senadores priistas es negligente y comodina. No saben construir alianzas con argumentos, sino únicamente a partir de conveniencias o rechazos coyunturales. Ese intencional descuido permitió que ayer fuera confirmado como Procurador General un funcionario de trayectoria y actitudes antagónicas a los intereses de un sector de los ciudadanos a cuyo servicio, presuntamente, deberá estar.

La historia de Wallace Souza ha dado la vuelta al mundo. En todos los idiomas y latitudes se han esparcido asombros y, luego, se han construido puntuales moralejas sobre los riesgos de la avidez mediática, los frágiles linderos entre la realdad y sus reconstrucciones y las distorsiones a las que llevan al periodismo el afán por ganar notoriedad.

Wallace Souza es uno de los conductores de televisión más populares en la región amazónica de Brasil. Durante dos décadas, dirigió y presentó el programa “Canal Livre TV”, de marcado sensacionalismo y especializado en nota roja. Además de las descripciones escandalosas y las escenas sangrientas que solía presentar, el programa obtuvo notoriedad porque sus reporteros llegaban antes que nadie a las escenas de los crímenes que difundirían con tanta profusión.

El periodismo que realizaba, puede ejemplificarse en esta narración de uno de los reporteros de “Canal Livre TV” cuando va caminando a través de la selva para llegar hasta un cadáver carbonizado: “Huele como a barbacoa. Es un hombre. Tiene el olor de la carne quemada. La impresión es que fue en las primeras horas… fue una ejecución”.

La fama que alcanzó, llevó a Souza a incursionar en política. En 1998 fue electo diputado local y ha sido reelecto en varias ocasiones. Actualmente es miembro del Partido Progresista y en las elecciones más recientes fue el diputado que recibió más votos en el estado de Amazonas.

Ahora, sin embargo, Souza está en problemas porque ha sido acusado de ordenar varios asesinatos para luego tener la exclusiva periodística acerca de ellos.

De ser ciertas esas imputaciones, Souza habría encarnado los más drásticos estereotipos que acusan a la televisión de inventar la realidad. El rating de “Canal Livre TV” habría sido obtenido a fuerza de suscitar y no solamente registrar los acontecimientos. Los homicidios que sus reporteros acudían a cubrir con tanta presteza, habrían sido perpetrados por sicarios a sueldo de Souza. El mérito periodístico habría sido desplazado, entonces, por una diabólica mentalidad criminal ávida de éxito mediático.

Antes de sobresalir en televisión, Wallace Souza fue policía. Ahora él y varios de sus colaboradores están acusados de fabricar crímenes para luego difundirlos. Además se le ha vinculado con actividades de narcotráfico. Su hijo de 26 años está preso, acusado de homicidio y tráfico de drogas.

En todo el mundo han proliferado comentarios, ora sorprendidos, a veces moralistas, las más de las ocasiones a medio camino entre la prédica y el estupor, a propósito de los crímenes de los que se acusa a Wallace Souza. Uno de los más inteligentes ha sido el artículo de Mario Vargas Llosa, ayer domingo en el diario madrileño El País. Después de jugar con la posibilidad de que los crímenes que habría cometido no fueran únicamente culpa de Wallace Souza sino del sistema mediático del que ha sido estrella, beneficiario y ahora víctima, el novelista peruano comenta:

“Si Wallace Souza cometió esos crímenes sólo para convertirlos en imágenes, es evidente que, para él y para sus espectadores –aunque éstos fueran menos conscientes de ello que él– la realidad real era menos importante, meramente subsidiaria o pretexto, de la realidad reflejada por las cámaras, las que, con su perfecta adecuación a los gustos del público, la recomponía, purgaba y recreaba de tal modo que fuera algo que la realidad real lo es sólo muy de cuando en cuando: excitante, terrible, divertida”.

Pero no solamente los presuntos crímenes ordenados por Wallace Souza y su posterior presentación televisiva han sido engranajes de ese juego permanente entre la “realidad real” y que resulta de las fabricaciones mediáticas. También las acusaciones contra ese conductor televisivo y legislador brasileño han desatado un intenso cuan lucrativo circo mediático.

Para indagar las imputaciones criminales contra Souza, la Asamblea Legislativa del Amazonas encargó una indagación a varios de sus integrantes. Los resultados de esa pesquisa se conocerán en los próximos días. Por lo pronto la semana pasada, entrevistado en Manaos, Souza negó esas acusaciones. No es sorprendente que lo hiciera. Pero al parecer no es el único en defender su inocencia. El diputado estatal Libertan Moreno, relator del proceso que se sigue contra Souza por atentar contra el decoro parlamentario, declaró el viernes pasado que los elementos presentados por la defensa contradicen las acusaciones iniciales a tal grado que, a varias de ellas, las “derrumban completamente”.

La inocencia del diputado y periodista Souza no ha sido demostrada. Pero su culpabilidad tampoco. Sin embargo el tribunal mediático, que en este caso ha sido global y sumario, no solamente ya lo condenó sino que extrajo ingeniosas moralejas a partir de los crímenes –siempre en busca del idolatrado rating– que posiblemente Wallace Souza cometió, pero posiblemente no.

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La Suprema Corte hizo justicia para los 20 indígenas que estaban presos después de haber sido considerados culpables de la matanza de Acteal en un proceso repleto de irregularidades. Falta, todavía, que se haga justicia respecto de aquella masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

Los 20 tzotziles y otros 28 más cuyos procesos serán revisados a partir de la resolución de la Primera Sala de la Corte, estuvieron presos casi 12 años. La decisión que ahora los beneficia ha sido cuestionada con ofuscador maniqueísmo por quienes están convencidos de que esos indígenas no solamente fueron culpables del homicidio de 45 personas, en su mayoría mujeres y niños, sino de que esa matanza fue dispuesta por el gobierno mexicano como represalia contra las comunidades zapatistas en Chiapas. Por otro lado, quienes encuentran que las anomalías en el proceso penal llevaron a la cárcel a personas inocentes, reconocen ese esfuerzo de investigación y decisión de la Corte.

De esta manera, una decisión que en muchas otras circunstancias todos considerarían pertinente y plausible, ha quedado nublada por la ideologización que se mantiene en torno a los hechos de 1997 en Acteal.

Aquella matanza sigue sin ser judicialmente esclarecida. No en balde el ministro José Ramón Cossío, ponente de la resolución aprobada el miércoles 12 de agosto, explicó que la Corte no estaba determinando si las personas encarceladas por los acontecimientos en Acteal son culpables o no. Lo que hizo la primera sala fue reconocer que las pruebas presentadas en contra de esos indígenas no demuestran que hayan sido autores de la masacre.

Esa conclusión fue posible después de la extensa indagación que emprendió desde 2004 la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económica, que se encargó de la defensa de los encarcelados por los homicidios en Acteal cuando sus integrantes encontraron que había numerosas ilegalidades en ese litigio –declaraciones falseadas, testimonios inventados, contradicciones flagrantes, evidencias que no se tomaron en cuenta y otras más que no fueron preservadas, etcétera–. Por otra parte, un ejemplarmente documentado reportaje del escritor Héctor Aguilar Camín insistió hace dos años tanto en la crueldad extrema de aquella masacre como en las irregularidades que abundaron en el proceso judicial.

Ahora, la coincidencia de los abogados del CIDE y de ese escritor para subrayar que en los procesos de Acteal se cometieron injusticias graves, ha llevado a algunos críticos de la resolución de la Corte a enderezar una campaña de agravios e intimidaciones. En vez de exigir una nueva indagación y el castigo a los auténticos culpables de la matanza en Acteal, los simpatizantes neozapatistas (que todavía hay algunos) han inventado una extravagante especulación conspiratoria.

El diario La Jornada ha sido uno de los espacios, aunque no el único, en donde se expresan suspicacias y desacuerdos no tanto con la decisión de los ministros de la Corte, sino con los abogados y el escritor que tuvieron el mérito de denunciar los yerros del juicio contra varias docenas de indígenas.

El jueves 13 de agosto, ese diario comunicó la decisión de los ministros con una  nota del reportero Alfredo Méndez en donde, luego de reseñar las posturas de otros ministros de la primera sala, se dice: “Cossío, durante su alocución, pareció responder a la organización civil Las Abejas, que en días pasados responsabilizó –entre otros– a los ministros de la Corte y al historiador Héctor Aguilar Camín (que se ha erigido en una especie de vocero de los acusados de la matanza del 22 de diciembre de 1997) de cualquier rebrote de violencia en Chiapas derivado del otorgamiento de estos amparos”.

Antes de transcribir las palabras del ministro, el reportero Méndez despliega su personal subjetividad para decir que Cosío pareció responder a las imputaciones contra el mencionado historiador que, añade el periodista, se ha erigido en una especie de vocero. Esas son conclusiones que tendrían que dilucidar los lectores si se les diera oportunidad de conocer una información equilibrada, o que el reportero podría expresar sin contradicciones profesionales en un artículo de opinión. Solamente después de esas consideraciones, el reportero retorna a su tarea como informador: “Las consecuencias que deriven (de esta resolución) no pueden ser imputadas a esta Corte, sino a las autoridades que tienen competencia para la persecución e investigación de los delitos, y que están encargadas de preservar la paz social en el país, expuso Cossío”.

La Jornada abunda en la tesis de la conjura en  una nota del reportero Roberto Garduño publicada también el jueves 13 en La Jornada: “El revisionismo histórico de la matanza de Acteal, promovida desde las instituciones del Estado y los medios de comunicación afines al poder, por los asesores y apologistas de los regímenes del PRI y del PAN, condujo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a tomar una controvertida decisión: ordenar la puesta en libertad de los autores materiales de la muerte de 45 niños, mujeres y hombres indefensos”.

Así que la decisión del 12 de agosto no se debió a la solicitud de amparo que presentaron los abogados de los indígenas presos, ni a la tarea de investigación que encomendaron los ministros y cuyas conclusiones fueron dictaminadas por Cosío. Convertida en polichinela de una alevosa coalición de fuerzas oscuras gracias a la intencionada imaginación de los redactores de La Jornada, la Suprema Corte fue el instrumento de esta inusitada colección de actores políticos:

“El 21 de diciembre de 2006, el CIDE y Alternativa Ciudadana 21, encabezada por Ricardo Raphael, y acompañados por Héctor Aguilar Camín, anunciaron que asumirían la defensa de los 75 detenidos por Acteal. Raphael, director del área de Estudios Jurídicos del CIDE, adujo que la determinación de asumir la defensa ocurrió porque las supuestas violaciones a los principios de debido proceso y presunción de inocencia eran tan graves que lo hacían un caso paradigmático. A su vez, Aguilar Camín publicó en la revista Nexos una descripción en tres entregas titulada El regreso de Acteal, fundada en los argumentos de Hugo Eric Flores” (uno de los profesores del CIDE que promovió la defensa de los tzotziles encarcelados).

La defensa de una causa que consideraron justa, y que nunca ocultó su preocupación para que sean identificados los verdaderos culpables del homicidio de 45 personas en Acteal, convirtió a esos ciudadanos en autores de una maquinación perversa. En palabras del ya citado Garduño:

“Al entorno, al de los promoventes del revisionismo y de la liberación de los homicidas, se sumaron instituciones públicas y privadas con objeto de generar una corriente de opinión pública apegada a la tesis del perdón institucional. Los arietes de la liberación –además de Flores Cervantes– Ricardo Raphael, Ana Laura Magaloni y Aguilar Camín utilizaron el CIDE y los medios de comunicación afines a su interés, como Canal 11, Televisa, Canal 22 y el periódico El Universal”.

Un análisis serio de las posiciones de cada una de esas instituciones, empresas y personas, demostraría que más allá del asunto de Acteal no suelen coincidir en numerosos asuntos de la agenda nacional. La Jornada y sus voluntariosos denunciadores de conjuras no explican por qué ciudadanos y medios tan diversos, además de una institución de comprobada seriedad como es el CIDE, querrían coincidir en la defensa de un grupo de homicidas. Y es que, obnubilados por las anteojeras ideológicas que cargan, el periódico y algunos de sus redactores parten de una suposición respecto de la cual no admiten cuestionamiento alguno: los culpables de los crímenes en Acteal fueron los que estuvieron presos independientemente de que hayan ocurrido injusticias en el proceso penal.

Al redactor de La Jornada le faltó decir que Aguilar Camín estudió con los jesuitas del Instituto Patria y que vive a pocas calles de la embajada de Rusia, circunstancias ambas que podrían acumularse como evidencia de una conspiración multi doctrinaria y globalizadora.

Ya en serio, lo grave de todo este incidente es, por una parte, la preeminencia de los prejuicios sobre los hechos. A muchos de los exasperados con la decisión de la Corte no les interesa la justicia sino el caparazón políticamente correcto.

En segundo término, el señalamiento de personas e instituciones específicas como promotores de una iniquidad –por añadidura vinculada a un hecho tan desgarrador y espeluznante como fue la matanza de Acteal– tiene consecuencias e implicaciones persecutorias que resultan inaceptables. Lo que hicieron los abogados del CIDE fue desbrozar, con paciencia inagotable y destreza jurídica, las aberraciones de un proceso irregular. Lo que hizo Héctor Aguilar Camín, con rigor y tenacidad, fue un trabajo de investigación que debiera considerado ejemplar en la prensa mexicana. Pero la decisión del miércoles 12 fue de los ministros de la primera sala, que además han considerado que la indagación de los crímenes en Acteal sigue siendo responsabilidad de las autoridades competentes.

Ya en la tercera parte de su reportaje, aparecida en Nexos de diciembre de 2007, Aguilar Camín consideraba:

“La revisión cuidadosa del expediente judicial y las versiones de los agresores confesos sobre lo sucedido el 22 de diciembre en el campamento Los Naranjos, echan nueva luz, en realidad nuevas preguntas, sobre la matanza de Acteal al menos en tres aspectos fundamentales, hasta hoy no esclarecidos:

1. No hubo sólo una masacre, hubo también una batalla.

2. Parte del horror ha sido explicado, pero parte del horror permanece en la sombra. Nadie ha explicado las doce muertes por machete y traumatismo craneal que registran las necropsias.
3. La investigación judicial no buscó ni encontró la verdad: buscó y fabricó culpables. Hay presos inocentes y culpables libres”.

Nadie, comprometido con la justicia, podría querer que hubiera presos inocentes. Nadie, comprometido con la verdad, podrá considerar que ya está todo dicho sobre los hechos de diciembre de 1997 en Acteal.

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El lunes pasado el diario Milenio publicó en su edición impresa, así como en los espacios que tiene en televisión e Internet, una entrevista con Servando Gómez Martínez, uno de los jefes de la pandilla de narcotraficantes conocida como “La Familia Michoacana”. Se trata de la segunda comparecencia mediática de ese personaje. Semanas antes Gómez Martínez, a quien apodan “La Tuta”, había llamado a un canal de televisión en Michoacán que difundió en directo sus declaraciones telefónicas mientras en la pantalla se veía al nervioso y azorado conductor que debió conversar con ese inesperado interlocutor.

Ahora se trató de Pablo César Carrillo, director de Milenio en León, Guanajuato, que también frente a una cámara de televisión dialogó con el narcotraficante a quien tenía del otro lado de la línea telefónica.

Hay dos versiones sobre el origen de esa conversación. La nota periodística en donde se publicó un resumen del diálogo explica: “Gómez Martínez contactó a MILENIO León para rechazar la participación de La Familia en el ataque del jueves pasado a instalaciones de la procuraduría guanajuatense en Irapuato y Silao —con saldo de dos muertos y 25 heridos—, acción que endilga a Los Zetas. También aprovecha para reiterar el llamado a dialogar con el gobierno federal, tal como lo hizo el 15 de julio con el periodista Marcos Knapp, de la michoacana CB Televisión”.

Sin embargo el mismo lunes, en Milenio, el director editorial de ese diario, Ciro Gómez Leyva, dedicó su cotidiano comentario editorial a ese asunto y relata: “Reapareció La Tuta. Pero esta vez fue diferente. Esta vez Pablo César Carrillo, director de MILENIO León, lo buscó y encontró. Periodismo elemental: el reportero va por el protagonista, contacta con su círculo de contención, negocia las formas. Se da la entrevista. La entrevista se difunde”.

Tomar al aire la llamada de un delincuente que busca acceder a los medios para propagar su versión de acontecimientos criminales en los que se encuentra involucrado, sin duda es  una decisión difícil que tiene implicaciones jurídicas, profesionales y éticas.

Buscar a un delincuente para que ofrezca declaraciones resulta todavía más complejo. En los meses recientes distintos grupos criminales han aparecido en medios de comunicación para expresar la influencia social que han ganado, para dirimir rivalidades con otras pandillas delincuenciales o para amagar a la población o a las autoridades. La decisión de buscar a un jefe criminal para ofrecerle espacio en un medio –sobre todo para recibir sus declaraciones a teléfono abierto– puede lindar con la complicidad.

En la entrevista que le hizo a Servando Gómez, el periodista Pablo César Carrillo, de acuerdo con la versión que publicó Milenio el lunes 10 de agosto, mantiene diálogos como el siguiente:

“ – ¿Son cristianos, Servando?

– Creo mucho en Dios, Dios y el padre Cristo por obra del Espíritu Santo; qué más puedo decir.

– ¿No siente que cometer actos que se consideren excesivos pudieran alejarlos del cristianismo?

– Sé que tienes razón, pero desgraciadamente vamos a mostrar debilidad. Quizá te preguntes ‘¿cómo es posible que pidan diálogo cuando hacen eso’?. Somos una organización.

El presunto operador aclara: ‘Lo único que le pido a Dios, donde quiera que me encuentre, que es a él al único a quien le quiero rendir cuentas, que nada más me juzgue él’”.

En esas declaraciones no hay revelación, ni novedad algunas. Y aun si las hubiera, se trataría de afirmaciones de un delincuente a quien el trabajo periodístico no cuestiona, ni cuyas afirmaciones se ubican dentro de un contexto analítico ni crítico. El señor denominado “La Tuta” expone con toda amplitud sus creencia religiosa así como su pragmática idea de la justicia. Mientras lo alcanza la justicia de los hombres, él se considera exonerado para que nada más lo juzgue dios. El periodista no contrasta esas afirmaciones. Asume con el delincuente tanta familiaridad que lo llama por su nombre de pila. El capo criminal, a su vez, en varias ocasiones le dice “muchacho” con notoria condescendencia.

¿Es periodísticamente útil difundir declaraciones de los narcotraficantes? ¿En dónde se rompe la difícil frontera entre el trabajo periodístico profesional y la utilización del periodismo por parte de un grupo criminal? Ese tema inquieta cada vez más en los medios de comunicación. El mes pasado, en su edición de julio, la revista Nexos publicó varias opiniones de periodistas y analistas de los medios acerca de los dilemas profesionales y éticos que surgen ante la cobertura noticiosa del narcotráfico.

En esa edición Pascal Beltrán del Río, director de Excélsior, consideró en un texto titulado “Periodistas, no voceros”:

“¿Qué se diría de un medio que publica sistemáticamente, sin mayor comentario, los boletines de una de dependencia de gobierno? Seguramente no se le bajaría de gacetillero y vendido. Si tiene tan mala fama hacerlo con los comunicados oficiales y las fotos de funcionarios que sólo buscan la promoción personal, ¿por qué reproducir los llamados narcomensajes sin un mínimo espíritu crítico o esfuerzo de interpretación?
“Es una equivocación en el ejercicio periodístico negarse a ver que tanto los recados del crimen organizado como las decapitaciones tienen un claro efecto propagandístico e intimidatorio. Y que sus autores buscan la caja de resonancia de los medios de comunicación para potenciar su mensaje de terror.

“La difusión de las narcomantas y las decapitaciones en algunos medios —al principio, quizá, por su carácter novedoso— ha ayudado a que estos fenómenos pasen de ser excepcionales a convertirse en rutinarios.

“Los medios que les brindan espacio hacen un pobre servicio informativo a su público, que generalmente recibe las imágenes sin mayores elementos para comprender su significado. En cambio, colaboran con las estrategias de los delincuentes, sirviéndoles de altavoz”.

En la conversación con “La Tuta”, Milenio León y luego la matriz nacional de esa cadena periodística no solamente sirvieron como voceros de un delincuente. Además, según al menos una de las versiones de ese asunto, el periódico buscó tales declaraciones.

En su texto del lunes pasado, significativamente titulado “Darle voz a un terrorista”,  Gómez Leyva ofreció una reflexión inicial sobre los riesgos de esa información y justificó su publicación en Milenio al considerar que se había tratado de “un día de aprendizaje más en la redacción”. Sin embargo luego se preguntó: “¿Y si a La Tuta se le ocurre darnos entrevistas cada semana?”.

A fines de mayo un grupo de narcotraficantes asesinó en Torreón al reportero Eliseo Barrón Hernández, periodista de la edición de Milenio en Coahuila. Dos meses y medio más tarde, esa misma casa editorial busca al capo de otro grupo de narcotraficantes para difundir sus declaraciones. Me parece que los colegas de Milenio cometieron un error al solicitar y luego al difundir esa nota. Ojalá realmente haya sido un día de aprendizaje para esa redacción.

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Pocos periodistas y hasta donde sabemos ningún político recordaron que el sábado pasado, 30 de mayo, se cumplió un cuarto de siglo del asesinato de Manuel Buendía.

La tarde del miércoles 30 de mayo de 1984, el autor de la columna “Red Privada” salía de su oficina en Insurgentes Centro cuando un joven que lo acribilló de tres balazos. Buendía acostumbraba investigar y develar tropelías de los más diversos actores de la vida pública mexicana, así que no era sencillo dilucidar de dónde, de entre los circuitos de poder afectados por su periodismo sólido y puntilloso, había surgido la orden para asesinarlo. Capitanes empresariales, caciques sindicales, prepotentes mediáticos, agentes extranjeros y desde luego gobernantes déspotas, figuraban entre quienes eran evidenciados en los textos de Manuel Buendía.

Tiempo después, el ex director Federal de Seguridad José Antonio Zorrilla Pérez y el ex agente Rafael Moro Ávila, fueron consignados como autores intelectual y material del asesinato y estuvieron 20 años en la cárcel. Fueron liberados hace pocos meses. La excarcelación de Zorrilla fue considerada por el periodista Miguel Ángel Granados Chapa como resultado de “una colusión de funcionarios del Gobierno del DF que no debe quedar impune”.

Sin embargo una funcionaria de ese gobierno, Alejandra Moreno Toscano, titular de la Autoridad del Centro Histórico, estuvo el sábado en la develación de una placa que conmemora los 25 años del crimen junto al monumento a Francisco Zarco, en la ciudad de México. Allí mismo, durante estos 25 años, se han realizado mítines y guardias luctuosas de periodistas primero el día 30 de cada mes y luego cada 30 de mayo, para exigir justicia ante el asesinato de Buendía.

En esta ocasión el recuerdo de don Manuel Buendía estuvo acompañado de la protesta por el asesinato de periodistas en varios sitios del país. Apenas el martes pasado apareció muerto el reportero Eliseo Barrón Hernández, que trabajaba para el Grupo Milenio.

La desprotección de los periodistas, especialmente de aquellos que trabajan en los estados y en precarias condiciones tanto salariales como de seguridad, era preocupación frecuente de Manuel Buendía. Recordar a ese columnista –sin duda el más importante en los años 70 y 80 del siglo XX mexicano– es muy congruente con reivindicar los derechos de los informadores que hoy en día enfrentan persecuciones e incluso asesinatos.

Con frecuencia, Buendía denunciaba agresiones a colegas suyos e insistía en la vulnerabilidad que tenían los informadores en el ámbito local.

“Allá, en los pueblos del interior –escribió el 21 de julio de 1980– es donde el periodismo requiere auténtica valentía personal, porque las banquetas son demasiado estrechas para que no se topen de frente –por ejemplo el periodista y el comandante de policía de quien aquél hizo la crítica en la edición de esa misma mañana. Aquí, la incomodidad más seria que sufrimos es la de no encontrar mesa en nuestro restaurante favorito de la Zona Rosa.

“Allá, en los estados, donde los estrechísimos círculos del poder local acogotan la economía de los editores combativos y pretenden lastrar el desempeño de los escritores comprometidos, el ejercicio del periodismo reclama una entereza excepcional. Aquí, donde las dicotomías del sistema se dan tan próximas a nosotros, de algún modo podemos arreglárnoslas para que los rayos no caigan precisamente sobre nuestro propio paraguas. Allá donde las pequeñas comunidades de colegas pueden ser sometidas con relativa facilidad por el puño del cacique regional, el grito de un reportero que ha recibido una paliza apenas se escucha afuera de sus propios dientes, si es que aún le quedan”.

Consciente de ellas, Manuel Buendía no pudo eludir las represalias de alguno de los poderes fácticos que fueron tocados por la información que publicaba. Y si eso le sucedió en la avenida más conocida de México al periodista más destacado, la fragilidad de los reporteros en los estados con frecuencia es mucho mayor.

Hay muchas maneras de recordar a Buendía en este cuarto de siglo de su asesinato. Lo podemos leer con provecho (la fundación que lleva su nombre ha editado una docena de estupendas recopilaciones temáticas de sus columnas). Podemos preguntarnos por qué el periodismo de investigación que él practicaba y la columna misma de análisis y creación periodísticos ha decaído tanto que solo un puñado de periodistas la practican de manera escrupulosa hoy en día.

También, en homenaje a Buendía y a docenas de periodistas asesinados como él, podemos discutir qué hace falta para que los periodistas mexicanos, y las empresas para las que trabajan, se pongan de acuerdo y logren mantener decisiones mínimas para la cobertura de asuntos relacionados con la delincuencia organizada. Más voluntad para lograr decisiones conjuntas y menos protagonismo, mejor reivindicación del trabajo profesional y menos preponderancia del interés mercantil, podrían conducir a que haya acciones conjuntas una vez que el periodismo mexicano reconozca que si no es de esa manera, los criminales seguirán atentando contra los reporteros en todo el país.

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Eliseo Barrón Hernández era un reportero de a pie. Lo suyo eran las notas breves, directas, información pura y dura. Tenía 11 años practicando el qué, quién, cuándo y dónde en las notas policiacas que escribía para la edición en Torreón, Coahuila, del diario Milenio. El cómo y el por qué por lo general se los dejaba a otros periodistas.

De prisa y precisa, la información acerca de crímenes, robos y accidentes no se presta mucho a la especulación. Sin embargo el auge del narcotráfico ha llevado las notas policiacas a la primera plana de los diarios. Quizá esa circunstancia hizo más complejo, y acaso arriesgado, el trabajo de Eliseo Barrón. El lunes por la noche varios hombres armados lo sacaron de su casa por la fuerza. Al día siguiente su cadáver apareció en un predio de Gómez Palacio, ciudad vecina de Torreón. Es evidente que lo torturaron.

Con Eliseo Barrón, son cinco los periodistas mexicanos asesinados en el transcurso de este año. Es posible que no todos hayan sido victimados como resultado de su trabajo informativo pero las parsimoniosas indagaciones judiciales no lo han esclarecido.

El Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, que mantiene un registro de agresiones a periodistas, indica que el 13 febrero Jean Paul Ibarra, fotógrafo de El Correo de Iguala, Guerrero, fue asesinado a tiros cuando viajaba en una motocicleta con otra periodista que resultó herida. Ibarra cubría asuntos policiacos.

El 23 de, febrero en Huayacocotla, Veracruz, Luis Daniel Méndez Hernández, reportero de la radiodifusora “La Poderosa”, murió tiroteado cuando salía de un salón de baile.

El 29 de febrero Juan Carlos Hernández Mundo, director del periódico El Quijote de Taxco, Guerrero, murió cuando le dispararon desde una camioneta.

El 3 de abril Carlos Ortega Samper, de El Tiempo de Durango, fue victimado cuando se resistió a ser secuestrado por cuatro individuos que lo querían sacar de su automóvil en el poblado de Santa María del Oro. Ortega había denunciado al alcalde y otras autoridades de ese municipio por amenazarlo después de que publicó denuncias por hechos de corrupción.

Ninguna de las averiguaciones por esos asesinatos ha sido resuelta. El Commitee to Protect Journalists con sede en Nueva York, indicaba el martes pasado que en el transcurso de 2009 ha registrado 11 casos confirmados de periodistas asesinados en todo el mundo debido a su trabajo como informadores y 12 casos por confirmar, entre ellos 2 mexicanos (Jean Paul Ibarra y Carlos Ortega). Con el nuevo crimen, esa cifra habrá aumentado a 3.

La información de cualquiera de esas muertes posiblemente habría sido cubierta de manera escueta por Eliseo Barrón. Uno de sus últimos reportes periodísticos, si no es que el último, fue acerca de un escolta del jefe de la policía municipal en Torreón a quien despidieron porque el domingo pasado, alcoholizado, se puso a tirar balazos. Días antes, escribió sobre el despido de 302 agentes policiacos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada.

Quién sabe cuál de esas informaciones desató la violencia de sus asesinos. Eliseo Barrón era reportero de notas concisas, sin especulaciones ni florituras. Los títulos de algunas de las más recientes dan cuenta de sus temas cotidianos: “Engañan a vendedora con billete de $500 falso” (25 de abril); “Niña de Matamoros baleada en persecución murió hoy” (1 de mayo); “Con tres impactos de bala asesinan a soldado” (11 de mayo); “Policía asesino sigue prófugo de la justicia”(11 de mayo); “Madre del niño atropellado por chofer pide castigo para el agresor” (19 de mayo). Los que por lo general ocupaban a Barrón no eran asuntos tan estridentes como los  que protagonizan las grandes pandillas de narcotraficantes.

Más que las intimidaciones de capos criminales, lo que Eliseo Barrón había deplorado eran las limitaciones que los compromisos personales y comerciales imponen a la información periodística. El 8 de diciembre pasado apareció, firmada con su nombre, la siguiente opinión en un foro de discusión en línea sobre la censura en la prensa latinoamericana:

“La autocensura se inicia en los medios cuando el funcionario o la persona, son ‘amigos’ de los jefes y por ende no se puede emitir ninguna información en su contra.

“En México ya sea periódicos de circulación nacional o local, no se habla en contra de los alcaldes o gobernadores, debido a que se teme les quite la publicidad, de la cual ya la tienen cobrada por adelantado, o se tienen convenios.

“En lo que respecta a las notas policiacas, el 90 por ciento de ellas no se publican cuando el sospechoso es familiar, amigo o conocido de un funcionario municipal o estatal.

“Esa es una autocensura, que en la realidad tiene que ver con amistades entre los funcionarios y los directivos de los medios, aunque en ocasiones es por un asunto de carácter económico o publicitario”.

Esas, forman parte de las restricciones cotidianas que padecen reporteros como Eliseo Barrón Hernández. A un panorama profesional acotado por diversas formas de censura, se añade ahora el asesinato como instrumento de coacción a los periodistas.

Desde el martes es noticia que Eliseo Barrón Hernández murió torturado, después de que lo secuestraron delante de sus pequeñas hijas. Se sabe el qué y el dónde. Resulta imprescindible conocer además el cómo y el por qué.

Esta nota, ahora actualizada con ligeros cambios, apareció ayer jueves en la edición digital del periódico El País.

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Una jueza de Cholula, en Puebla, tomó una decisión que contradice la reforma constitucional en materia de medios y elecciones. Cobijada por la pragmática cuan debatible resolución de la Suprema Corte de Justicia que a fines de septiembre pasado les dio carta libre a los juzgados ordinarios para resolver solicitudes de amparo contra reformas constitucionales, la licenciada Florida López Hernández consideró que la prohibición a la compra de propaganda política en radio y televisión vulnera los derechos de la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos.

Esa agrupación, como parte de la acometida de la Coparmex contra la reforma constitucional, solicitó un amparo en un juzgado de Cuernavaca. El juez lo rechazó al considerarlo improcedente. Sin embargo, sin que en la sentencia se expliquen las causas de ese traslado, el Consejo de la Judicatura Federal envió el asunto a la jueza López Hernández.

La titular del Juzgado Séptimo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región en San Andrés Cholula, atendió exclusivamente a cuestiones de forma y trámite para declarar improcedente (al menos en beneficio de los demandantes) una reforma constitucional que fue aprobada con sobrada mayoría por las cámaras de Senadores y Diputados y que luego sería ratificada por 31 congresos estatales.

Ahora, en virtud del amparo que le concedieron, la asociación empresarial morelense puede contratar anuncios políticos en televisión y radio en desacato al artículo 41 de la Constitución Política. Pero se trata de un logro pírrico de los grupos empresariales y los consorcios mediáticos que se oponen a esa reforma porque si bien esa organización puede comprar, las empresas de televisión y radio no están autorizadas a vender ni siquiera medio segundo de publicidad política.

Si hay empresas que están comercializando espacios de propaganda política, o que están obsequiando espacio para algunos candidatos, podrían recibir sanciones de la autoridad electoral. La aparición de Demetrio Sodi, candidato panista a titular de la delegación Miguel Hidalgo, en la transmisión del partido de futbol del sábado en Televisa, pudo haberse debido a un favor de dicha empresa. Aún así, el inusitado espacio que recibió Sodi podría ser una donación ilegal porque el precio comercial de esa aparición televisiva superaría los límites que el Código Electoral establece para las aportaciones a los partidos.

Mientras el IFE resuelve qué hacer con la repentina inquietud futbolística de Sodi, la Suprema Corte de Justicia encuentra incrementado el compromiso hasta ahora incumplido que tiene con la legislación acerca de los procesos electorales y los medios de comunicación. La inopinada decisión de la jueza Florida López y las reacciones que está suscitando confirman la necesidad de que la Corte ratifique los principios constitucionales aprobados en septiembre de 2007 y que tan palmariamente disgustaron a las televisoras.

Ayer por la tarde la Asociación Mexicana de Derecho a la Información dio a conocer su preocupación por la sentencia de la jueza de Cholula:

“A la jueza López Hernández le llamó la atención que en el Diario de los Debates del Senado no se precisara con claridad la hora en la que terminó la sesión del día cuando esa Cámara aprobó la reforma constitucional. También considera irregularidad grave el hecho de que en el decreto de esa Cámara no se diga textualmente que las reformas tuvieron la aprobación de dos tercios de los senadores, aunque sí se precisaba la votación que superaba esa cantidad. Además cuestiona la omisión en la declaratoria de la Cámara de Diputados del voto negativo a la reforma en una de las 31 legislaturas estatales, así como la ausencia de los nombres de esos estados en el Decreto que expidió el Poder Ejecutivo –aunque en los diarios de los Debates de ambas cámaras sí se mencionan las 30 resoluciones a favor de esos cambios constitucionales–. Y como en la declaratoria del Senado se dice que esa Cámara remitiría la resolución final al Ejecutivo para su promulgación y en el Diario Oficial de la Federación se indica que quien envió tal decisión fue el Congreso de la Unión, la jueza encuentra otra “irregularidad destacada”.

Suscrito por el Dr. Néstor García Canclini que coordina el consejo consultivo de la AMEDI y por el autor de esta columna, el comunicado puntualiza:

“Aunque el amparo fue solicitado contra modificaciones a nueve artículos constitucionales, la jueza únicamente lo otorgó respecto de un párrafo del 41 Constitucional. Se trata, precisamente, del enunciado que ha sido más impugnado, con diversas consideraciones políticas e ideológicas, por distintos críticos de la reforma constitucional y muy especialmente por las empresas que acaparan la televisión en México.

“En la sentencia de la jueza Florida López no hay una sola línea que tome en cuenta los argumentos centrales de los impugnadores de esas modificaciones constitucionales. Solamente atiende a presuntas e infundadas irregularidades de forma”.

El comunicado de la AMEDI está respaldado por una treintena de miembros de su consejo consultivo, entre ellos el ex senador Javier Corral Jurado, el ex presidente del IFE José Woldenberg y los ex consejeros Jesús Cantú y Jaime Cárdenas. También lo suscriben analistas políticos como Miguel Ángel Granados Chapa, Alberto Aziz, José Antonio Crespo, Denise Dresser, Ricardo Raphael y Francisco Paoli.

Los amparos de los grupos empresariales contra la reforma electoral coinciden con la animosidad de Televisa y Televisión Azteca respecto de esas disposiciones constitucionales. Los miembros de la AMEDI consideran: “Las televisoras quieren abrogar esa reforma para volver a disfrutar no solamente de las cuantiosas contrataciones de propaganda de las que eran beneficiarias, sino además para volver a disfrutar de manera plena la capacidad de presión y manipulación que han ejercido sobre los partidos políticos”.

Gente de los medios y la creación artística como Felipe Cazals, Loretta Ortiz, Carlos Padilla Ríos, Inna Payán, Elena Poniatowska y Ernesto Velázquez Briseño, forman parte de los adherentes de ese documento. Allí se concluye:

“Los partidos políticos, y sus legisladores, tienen la responsabilidad de preservar la reforma constitucional que auspiciaron y aprobaron en 2007. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación de asumir plenamente su responsabilidad en este asunto y resolver de manera definitiva la ilegalidad de las impugnaciones contra la reforma constitucional en materia de propaganda política”.

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La bravuconería de Germán Martínez amplificada por los medios, la torpeza del PRI para explicar con claridad sus posiciones legislativas, la prácticamente completa ausencia del PRD en una discusión del mayor interés nacional y –claro– la inminencia de la temporada electoral, se han conjugado para hacer de la iniciativa de Ley de Extinción de Dominio un acontecimiento publicitario en vez del tema de deliberación nacional que hubiera sido necesario.

En varias ocasiones el gobierno federal ha insistido en que esa iniciativa sea aprobada. La extinción de dominio es la facultad de la autoridad judicial para despojar a un presunto delincuente de los bienes obtenidos como resultado de un delito, o en los cuales se ha apoyado para cometer un hecho ilícito. De esa manera, durante la averiguación judicial el Ministerio Público podría decidir la confiscación de propiedades o recursos que, de otra forma, la delincuencia organizada seguiría usufructuando en su beneficio.

La extinción de dominio ha sido exitosa en países como Colombia. Pero implica riesgos que es indispensable tomar en cuenta, sobre todo la posibilidad de que con ese instrumento legal el Estado actúe de manera autoritaria violentando derechos de las personas y, junto con ello, el riesgo de que en la persecución a los delincuentes se afecten los intereses de personas inocentes.

Cuando el presidente Felipe Calderón envió al Congreso su iniciativa de Ley Federal de extinción de dominio, diversas voces expresaron reparos por los riesgos que implicaría tal y como fue presentada. El presidente se desesperó y aunque aquella propuesta fue turnada a mediados de septiembre, pocos meses después comenzó a culpar a los legisladores por demorar su aprobación.

Ese reproche se volvió cantinela del Partido Acción Nacional en contra del PRI, con más afán de disputa política que de construir instrumentos sólidos para enfrentar a la delincuencia organizada.

Antes del 10 de marzo, tres comisiones del Senado acordaron convocar a un par de audiencias públicas para discutir la ley de extinción de dominio y otra más, relacionada con el narcomenudeo. Había una ruta de análisis acerca de ese tema y un calendario legislativo inicialmente contemplado por los partidos. Es difícil suponer que el presidente del PAN, Germán Martínez, no estuviera enterado de esa ruta cuando, el jueves 19 de marzo, aprovechó la reunión de los banqueros en Acapulco para despotricar contra el PRI por no aprobar leyes como, precisamente, la que haría posible la extinción de dominio.

Una semana antes, el 12 de marzo, se había realizado la audiencia en donde varios especialistas en derecho expresaron reparos fundados acerca de la propuesta de Calderón. Aunque ellos reconocieron que la Ley de Extinción de Dominio puede ser un instrumento útil en el combate a la delincuencia, los investigadores convocados por el Senado subrayaron dificultades legales y prácticas de esa iniciativa.

El Dr. Sergio López Ayllón, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, consideró que, a diferencia de la propuesta presidencial, la declaración de extinción de dominio tendría que ser resuelta por ministerios públicos especializados y solamente después de previo acuerdo con el Procurador General de la República. Incluso sugirió que, así como sucede con algunas leyes similares en otros países, la de extinción de dominio estuviera a prueba durante un lapso específico para que solamente se ampliara su vigencia en caso de haber tenido resultados favorables en el combate al crimen organizado. Esa y el resto de las opiniones recabadas en la audiencia están disponibles en el sitio web del Senado.

A sabiendas de que estaba en marcha la discusión de ese tema en las comisiones senatoriales, el presidente del PAN insistió en que el Congreso, y especialmente los priistas, tenían que definirse: al lado del presidente Calderón en el combate a la delincuencia, o en otro flanco. Aquella exigencia era esquemática y tramposilla, porque ni hay vías únicas para combatir a los delincuentes ni el presidente de la República es el único responsable de esas acciones. Martínez insistió en ello en un video que colocó el domingo 22 de marzo en el sitio del PAN en Internet. Varios correligionarios suyos repitieron esa maniquea exhortación exigiendo a los legisladores de otros partidos que se definieran: con Calderón o con los delincuentes.

Tardías, desarticuladas e insuficientemente claras, las explicaciones del PRI se produjeron desde una posición defensiva. Así, la reunión que tendrían ayer por la noche las comisiones senatoriales que estudian las iniciativas en materia de seguridad pública era leída en algunos medios como un triunfo de Germán Martínez. La videodiatriba del presidente del PAN se oponía, así, a la deliberación de los legisladores.

Muy pocos de esos medios tuvieron la precaución, hace dos semanas, de reseñar las reticencias que subrayaron los especialistas convocados a discutir la extinción de dominio y que obligan a un trabajo legislativo escrupuloso en ese tema.

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