La Crónica, jueves 6 de diciembre de 2007

La decisión que hace una semana tomó la Suprema Corte de Justicia ha sido entendida como respaldo a la impunidad. Los ministros sabían que la virtual exoneración del gobernador de Puebla tendría esa lectura en el ánimo de una sociedad profundamente indignada desde que se conoció la soez conversación telefónica de dicho funcionario con el empresario Kamel Nacif. Hubiera sido indeseable que se dejaran presionar por la opinión publicada acerca de ese caso. Pero en vez de tomar con seriedad la relevancia y las implicaciones de las agresiones denunciadas contra la periodista Lydia Cacho, la mayor parte de los ministros razonó su voto con carambolas y contradicciones.

La Corte resolvió, por 6 votos a 4, que no quedó demostrada la violación grave de garantías individuales de esa periodista. Tiempo atrás, en febrero de 2006, el Senado le había solicitado que determinara la existencia o no de tales infracciones de acuerdo con una disposición del artículo 97 Constitucional que permite la creación de comisiones especiales para averiguar hechos “que constituyan una grave violación de alguna garantía individual”.

Hace un par de años Lydia Cacho fue demandada por el empresario Nacif debido a las denuncias que presenta en su libro Los demonios del edén acerca de las redes de pederastia en donde aparecían mencionados ese y otros personajes. A raíz de esa demanda, en diciembre de 2005 fue detenida en Cancún y trasladada a Puebla por policías judiciales. El carácter punitivo de esa aprehensión fue revelado en la conversación telefónica difundida el 14 de febrero de 2006 y que el país conoció con una irritación que no cesa. Aunque obtenida de manera ilegal, esa grabación expone la en muchos sentidos vulgar complicidad de Nacif con el gobernador poblano para hostigar a la periodista.

La Corte tenía que establecer si esos acontecimientos significaron una “grave violación” de garantías individuales. En abril de 2006 designó una comisión investigadora cuyas conclusiones les parecieron insuficientes a los ministros. Una nueva comisión, encabezada por el ministro Juan Silva Meza, comenzó en enero de 2007 su propia indagación. La discusión del informe que presentó a fines de junio tuvo que demorarse varios meses debido a que, antes, la Corte quiso reglamentar el tratamiento que daría a investigaciones de esa índole.

Después de una indagación amplísima, que recabó el testimonio de 117 personas y requirió informes de empresas telefónicas y autoridades judiciales de varias entidades, el ministro Silva consideró que sí existió violación grave de las garantías individuales de la periodista Cacho y que contra ella hubo una acción concertada de autoridades de Puebla y Quintana Roo. La propuesta de dictamen acusó al gobernador Mario Marín Torres, al ex secretario de Gobierno, el procurador, el secretario de comunicaciones y a una docena más de funcionarios y agentes judiciales de Puebla. También se culpó a media docena de funcionarios y agentes de Quintana Roo y, por otra parte, al presidente del Tribunal de Justicia de Puebla así como a ocho miembros más del poder judicial en esa entidad.

Las acusaciones presentadas por el ministro Silva Meza acreditaban una comprometedora maraña de complicidades e impunidades en dos de los tres poderes del estado de Puebla. Posiblemente esa amplitud y contundencia de las imputaciones influyó en la decisión final de la mayoría de sus colegas en la Corte. Aceptar las propuestas de Silva podría haber conducido a que el Congreso tuviera que declarar la desaparición de poderes en Puebla y, desde luego, la inhabilitación del gobernador Marín.

La discusión de ese dictamen ocupó al pleno de la Corte los días 26, 27 y 29 de noviembre. Durante dos de ellos, el debate entre los ministros se dedicó primero a establecer si la picante charla entre el aquiescente gobernador Marín y su confianzudo amigo Nacif podía ser tomada como prueba. El ministro Silva había advertido que el origen ilegal de ese documento impedía que se le considerase válido. Pero otros ministros recordaron que el propio gobernador aceptó que la conversación era suya.

Luego, el Pleno discutió durante varias horas si la Comisión investigadora tenía facultades para, además de las violaciones a las garantías de Cacho, investigar el problema de la pederastia y la pornografía infantil en México. El informe del ministro Silva contiene impresionantes datos acerca del crecimiento de esos delitos. A los ministros que impugnaban la inclusión de esos temas se les olvidó que ellos mismos, cuando designaron a la Comisión, la mandataron para que además de indagar una posible confabulación contra Cacho, tomaran en consideración otros elementos “que a su vez pudieran constituir violaciones graves de garantías individuales”.

El tema central, que consistía en determinar si existió “violación grave de garantías”, los ministros lo enfrentaron desde perspectivas diversas, varias de ellas notoriamente insuficientes. Los cuatro que consideraron que sí hubo tal transgresión –José Ramón Cossío, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y desde luego Juan Silva Meza– coincidieron en que, además, hubo acción concertada de autoridades contra esa periodista. Y entre los seis que votaron en contra menudeó el esfuerzo para restarle importancia a las denuncias de Cacho.

Para el ministro Cossío, había versiones encontradas acerca del traslado de Lydia Cacho a Puebla. Pero recordó que además de ese episodio existieron violaciones a sus garantías individuales en los trámites del proceso judicial.

El ministro Genaro Góngora afirmó que, independientemente del valor probatorio de la conversación telefónica entre el gobernador y el empresario, las irregularidades en el procedimiento bastaban para demostrar una violación grave de garantías individuales.

Según el ministro Gudiño, la violación de garantías individuales y el concierto de autoridades, está plenamente demostrado gracias a la concatenación lógica de las pruebas presentadas por la Comisión. El ministro Silva ratificó su propuesta de resolución.

El más beligerante contra esa iniciativa fue Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Más que contundente en el terreno jurídico, resultó insistentemente burlón contra sus colegas e incluso al referirse a Lydia Cacho. Al ministro le parecía que las declaraciones de esa periodista, que cuando llegó a Puebla después de haber sido aprehendida en Cancún dijo que no había padecido incomunicación, tortura o presiones, descalificaban la denuncia que ella misma presentó después. Aguirre decidió que, entre las declaraciones de Cacho acerca de su traslado, la versión auténtica era la que había manifestado cuando, exhausta e intimidada, respondió que no tenía queja: “lo que no reconozco es su derecho a cambiar las versiones de lo que le pasó”.

Para Aguirre, la conversación telefónica entre Marín y Nacif fue de “contenido más o menos soez” como si en la ordinariez hubiera medias tintas. Se mofó de la denuncia de Cacho acerca de una camioneta presuntamente ocupada por pistoleros al servicio de Nacif y que el día de su detención siguió a la comitiva judicial: “hay quien se puede intimidar con una bicicleta, con una camioneta marca Liberty, o con un trailer, para mí esto carece de toda significación”.

La ministra Margarita Luna Ramos consintió: “me queda clarísimo; nada más bastó ver el expediente para… advertir que sí pudo haber muchas violaciones a sus garantías individuales”. Pero sostuvo que como son “posiblemente resarcibles” por otros cauces jurídicos, la Corte no tenía motivos para emitir una recomendación. Sin embargo la Constitución no señala que la aplicación del artículo 97 pueda ocurrir únicamente cuando los afectados en sus garantías individuales no tengan otro recurso legal.

El ministro Mariano Azuela convino en que toda violación de garantías individuales es grave. Pero en este caso “no está probada la violación gravísima de garantías individuales”. Así que además de interpretarla en perjuicio de la víctima, Azuela enmendó la Constitución: la violación de garantías tiene que ser “gravísima” (whatever that means) para que la Corte se manifieste al respecto.

El ministro Sergio Valls Hernández fue más directo: “no tenemos elementos que nos permitan afirmar con plena certeza y no en base a suposiciones, que se produjeron violaciones leves o graves a las garantías individuales de la señora Cacho”.

En cambio la ministra Olga Sánchez Cordero dijo que no había evidencias de tortura física pero sí de “tortura sicológica” como dice que sucede en cualquier traslado de acusados de una entidad a otra. En este caso, “parece ser que estos agentes sí fueron un poquito más allá”. La ministra Sánchez reveló: “he platicado con varias personas que estuvieron presentes cuando menos cuando ella llega precisamente al juzgado”. Según tales personas, Cacho inicialmente dijo que no fue maltratada durante el traslado a Puebla. No deja de resultar irregular que la ministra Sánchez haya tomado en cuenta, y quizá buscado, testimonios ajenos al expediente que presentó el ministro Silva.

El presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, coincidió en que hubo violaciones a las garantías individuales de Cacho pero “no adquieren el calificativo de graves”. Además opinó que no hubo acción concertada de autoridades. Y aunque la famosa llamada telefónica hubiera tenido el valor de prueba, dijo, no significaba que el gobernador se hubiera puesto de acuerdo con algún otro funcionario en contra de Cacho. Lo que esa grabación hubiera demostrado era “una intervención aislada para que se llevara adelante un proceso penal” que, si acaso, había tenido “irregularidades menores”.

En otras palabras, para quienes negaron que hubo violación de garantías individuales el problema central se redujo a la dimensión de los agravios que padeció Lydia Cacho. Qué tanto es tantito, después de todo.

En las transcripciones de las tres sesiones no encontré la expresión que por lo menos media docena de comentaristas le han atribuido a Aguirre Anguiano: “si a miles de personas las torturan en este país, ¿de qué se queja la señora?” Varios de los ministros dijeron abundantes ligerezas en esa discusión. No hace falta que les inventen otras.

La Crónica, jueves 19 de julio de 2007

La extraordinaria facilidad con la que Zhenli Ye Gon se convirtió en personaje central en las agendas mediática y política constituye uno de los más lamentables signos de la confusión que prolifera en la vida pública mexicana. Numerosos medios de comunicación, a la caza de la estridencia con la que suelen sustituir a la auténtica indagación periodística, hicieron de las declaraciones de Ye Gon asunto de primera línea en cuanto comenzó a despotricar contra funcionarios del gobierno federal. Sin que se tomara en cuenta que se trataba de un prófugo, acusado de narcotraficante, de pronto ese ciudadano de origen chino se volvió referente indispensable.

   Posiblemente, el fracaso propagandístico de la conferencia de prensa que sus abogados ofrecieron ayer en Washington sea tan decepcionante para esas expectativas de espectacularidad que a partir de ahora la estrella mediática de Ye Gon comience a declinar. Pero la amplísima cobertura que suscitó en los noticieros radiofónicos al comenzar la tarde –y antes, en extensos espacios tanto en televisión como en los diarios– indicaba que a Ye Gon se le ha reconocido como declarante sobresaliente más allá de los notorios déficit de credibilidad que tienen sus afirmaciones.

   Ayer, para decepción de conductores, reporteros y editores mediáticos, las acusaciones de Ye Gon se desbarataron al confirmarse que no están respaldadas mas que por su vehemente propósito para que el gobierno mexicano atenúe los cargos en su contra. Sus abogados no presentaron los testimonios ni los documentos que algunos esperaban. Los supuestos videos que decían tener, primero dijeron que los darían a conocer solamente si a Ye Gon se le privaba de la vida pero más tarde él mismo admitió que no dispone de grabación alguna. Confrontado una y otra vez por los reporteros que lo interrogaban por teléfono, dijo que no está seguro de que el misterioso personaje que según él le dio a guardar 250 millones de dólares sea realmente el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Y no sostuvo acusación alguna contra el presidente Felipe Calderón.

   Deshinchada la enorme burbuja mediática que se ha creado con ese asunto, valdrá la pena preguntarse cómo es que tantos noticieros y periódicos consideraron que las imputaciones de Zhenli Ye Gon eran noticia de primera plana. O, para decirlo de otra manera, cómo es que tantos periodistas se apoyaron en una fuente de credibilidad tan peregrina.

   Cuando, en marzo pasado, la Procuraduría General anunció el hallazgo de 205 millones de dólares en la casa de Ye Gon, ese asunto mereció la atención mediática porque se trata de una suma descomunal sobre todo para estar oculta en billetes. Pero el interés por esa fortuna declinó durante varios meses hasta que, en los primeros días de julio, Ye Gon pasó de las secciones policiacas a las páginas de información política. Para ello, le bastó con inventar una rocambolesca historia en la que involucraba al gobierno actual.

   Las inculpaciones de Ye Gon no resisten análisis alguno. El más elemental sentido común tendría que bastar para considerarlas como simples recursos que, en la desesperación, ese personaje quiso esgrimir para mostrarse como perseguido político cuando ha sido señalado como traficante de sustancias ilícitas y posible fabricante de drogas. La trama que atribuye el origen de los 205 millones de dólares a operadores del partido en el gobierno que tenían un plan desestabilizador en caso de perder la elección presidencial del año pasado, es tan inverosímil que no merecería atención ni conmiseración. Pero en un contexto ceñido por la estridencia mediática y la desconfianza políticas, incluso paparruchas como las de Ye Gon reciben cobertura extensa e intensa.

   Los medios han tenido una parte notable en la magnificación de este episodio. Pero la llamada clase política, algunos de sus actores por torpeza y otros más bien por bajeza, han profundizado y reproducido ese empantanamiento. El gobierno federal, cuya impericia comunicacional resulta crecientemente palmaria, respondió primero con sorpresa y luego con turbación a las nebulosas acusaciones de Ye Gon. El secretario del Trabajo se comportó como si hubiera sido directamente aludido por ese personaje cuando, desde la primera información acerca del complot relacionado con la campaña presidencial panista, solamente se hablaba de un individuo de nombre similar al suyo.

   La nota de dos reporteros de la agencia AP puntualizaba que, ante la posibilidad de que la persona a la que aludía como “Javier Alarcón” fuera el secretario del Trabajo, a Ye Gon le mostraron dos fotografías delante de las cuales vaciló en un primer intento, sin identificar de inmediato al secretario Javier Lozano Alarcón. Ye Gon y sus abogados querían insinuar acusaciones sin formularlas directamente. La misma actitud han tenido ahora, al desconocer una carta con imputaciones similares que fue publicada a principios de esta semana.

   The Associated Press publicó aquellas declaraciones mes y medio después de haber entrevistado a Ye Gon. La agencia explicó que demoró en hacerlo porque la investigación periodística que realizaba sobre ese caso aun no concluía. Pero las dio a conocer cuando la PGR declaró que los abogados de Ye Gon querían presionar al gobierno mexicano con la especie de que el dinero encontrado en marzo había sido reunido para respaldar la campaña de Acción Nacional. La AP transmitió las declaraciones de Ye Gon sabiendo que la información era parcial y sin que el trabajo de sus reporteros hubiera terminado. Casualmente, ese despacho informativo fue enviado el 1 de julio, a tiempo para que fuese publicado en el aniversario de la elección presidencial.

   Al desconcierto que esa noticia causó en el gobierno, se añadió la suspicacia que la historia del negociante de origen chino desató en variados segmentos de la política mexicana. Hay quienes, en el PRI, han comparado a Zhenli Ye Gon con Carlos Ahumada aunque nadie vio al primero de ellos entregando maletas repletas de dinero a dirigente político alguno. Otros, como los líderes de la Unión Nacional de Trabajadores, aprovecharon ese lance para golpear declarativamente a Lozano Alarcón –incluso algunos de ellos pidieron su renuncia, como si las acusaciones sin pruebas de un individuo reputado como criminal bastaran para que suscitar una decisión de esa índole–.

   Los más zafios, entre quienes le han conferido verosimilitud a Ye Gon, han sido los dirigentes del PRD que han querido ver confirmadas, en esas acusaciones, sus gastadas quejas acerca de las elecciones del año pasado. Aunque se vuelvan cómplices o al menos comparsas de un delincuente, para los líderes de ese partido los enemigos de su enemigo son sus amigos.

   Ayer, en un deplorable artículo en Excélsior, el presidente nacional de ese partido, Leonel Cota Montaño, aseguraba que en la conferencia de prensa de este miércoles tendría que ocurrir uno de tres escenarios: “1. Se dan a conocer las pruebas que sustentan la acusación y el escándalo adquiere proporciones grotescas. 2. Se pospone la conferencia con cualquier argumento porque hay negociaciones en curso entre las partes. 3. Se cancela porque ya se logró un acuerdo aceptable para Zhenli Ye Gon”. 

   Para Cota Montaño no había más opciones porque ha querido creer, o ha querido sostener, que las acusaciones de Ye Gon son ciertas. Por eso no se le ocurrió que, simplemente, la conferencia de prensa se derrumbaría por carencia de elementos para satisfacer las abultadas expectativas que habían suscitado los abogados estadounidenses de ese personaje. Y es que, para Leonel Cota, Zhenli Ye Gon no es un difamador que busca eludir la aplicación de la justicia sino un “empresario caído en desgracia”.

   Con dirigentes políticos como ese, no resulta sorprendente la mezcolanza de turbación y descomposición que domina en el escenario público. Tal vez haya mucho por aclarar, acaso sancionar, en las circunstancias que durante varios años favorecieron los negocios de Ye Gon y sus posibles vínculos con redes delincuenciales. Pero las desorbitadas fabulaciones de ese personaje no hubieran tenido verosimilitud alguna en una clase política segura de sus responsabilidades ni en una sociedad convencida de los principios básicos que hacen sólido a un país.

La Crónica, jueves 14 de junio de 2007

Los antes promotores y hoy dolientes de la Ley Televisa no se cansan de distorsionar los hechos. A veces la reacción inmediata a un golpe fuerte es el intento por negar la realidad. Pero las versiones que ahora propagan algunos personeros de las televisoras no son resultado del estacazo que les propinó la Suprema Corte sino parte de una campaña que pretende minimizar los fallos de la semana pasada y, al mismo tiempo, dificultar las consecuencias de la virtual abrogación de las reformas que han sido denominadas como Ley Televisa.

Los cambios dispuestos por la Corte en respuesta a la demanda de inconstitucionalidad de los hoy merecidamente célebres 47 ex senadores que desafiaron la Ley Televisa se pueden agrupar en cinco temas.

1. Se cancela la utilización discrecional del espectro radioeléctrico adicional. Este, que era el meollo de las reformas del año pasado significaba, como saben bien los lectores, la posibilidad de que los concesionarios de televisión y radio utilizaran prácticamente a su antojo, sin necesariamente pagar por ello y tan solo con presentar un aviso administrativo, el espacio adicional que gracias a la conversión al sistema digital habría en las frecuencias que les han sido asignadas. Los artículos 28 y 28-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, suprimidos ahora por la Corte, permitían tal exceso y por ello habían sido considerados como la columna vertebral de la llamada Ley Televisa.

2. Concesiones. En este renglón hubo cuatro cambios importantes.

a) La asignación de concesiones “a través de subasta pública”, como decía el artículo 17-G de la Ley de Radio y TV, fue cancelada. Ese procedimiento implicaba que las nuevas licencias de radiodifusión comercial serían entregadas a quien ofreciera más dinero.

b) La vigencia de las concesiones tendría que ser de 20 años, según las reformas incorporadas el año pasado al artículo 16. Ese plazo era excesivo en comparación con otros países e incluso con la tradición mexicana pues aquí las concesiones más recientes han sido otorgadas, por lo general, para 12 años. La Corte eliminó ese término fijo y estableció que serán hasta por 20 años.

c) El refrendo de las concesiones era prácticamente automático gracias a las reformas de 2006. Ahora todas las concesiones tendrán que ser revisadas antes de su vencimiento, como parte del ajuste dispuesto por los ministros en el artículo 16.

d) Para la adjudicación o renovación de una concesión será indispensable el visto bueno de la Comisión Federal de Competencia. Antes, el artículo 17-E de la misma ley de Radio y TV establecía únicamente la obligación de solicitar esa opinión.

3. Permisos. La Corte consideró que la desigualdad en los trámites que debían emprender los solicitantes de concesiones (es decir, licencias para radiodifusión mercantil) y permisos (que son las licencias para radiodifusión no comercial) era inconstitucional. Por eso, eliminó de sendas fracciones del artículo 20 de la Ley de Radio y Televisión tres disposiciones que acentuaban la discrecionalidad del gobierno en el transcurso de esas gestiones. La disposición que obligaba a los solicitantes de permisos a entregar “cuando menos” la información enumerada en otras fracciones, la que permitía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinar “de considerarlo necesario” la realización de entrevistas con los solicitantes de permisos y la posibilidad que esa dependencia tenía para resolver “a su juicio” el otorgamiento de tales licencias, fueron suprimidas de la ley.

4. Cofetel. La Corte resolvió que era inconstitucional la prohibición que establecía un artículo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones para que los funcionarios que ya formaban parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, fueran considerados como candidatos a seguir siéndolo en la nueva designación que se haría a partir de las reformas de 2006. Pero además, dictaminó que la atribución que esas reformas le concedían al Senado para vetar los nombramientos que el Presidente de la República hiciera para conformar la Cofetel también era contraria a la Constitución.

5. Radiodifusoras indígenas. Aquí no hubo cambio, pero 5 de los 9 ministros consideraron que la ley debería establecer mecanismos claros para que se cumpla el derecho constitucional de las comunidades indígenas a tener acceso a concesiones o permisos de radio y televisión. Esa propuesta, resultado del dictamen presentado por el ministro Salvador Aguirre Anguiano y no de la demanda de inconstitucionalidad de los 47 ahora ex senadores, no alcanzó los votos necesarios para propiciar una modificación legal aunque tuvo consenso de la mayoría de los ministros que discutieron estos asuntos.

Las consecuencias inmediatas de esas decisiones en la Corte tendrían que ocurrir al menos en cuatro escenarios.

El primero de ellos es la renovación total o parcial de la Cofetel. Las decisiones de los ministros le permiten al Presidente de la República sustituir a los cinco, o solamente a algunos de los actuales integrantes de ese organismo. En una lectura rigurosa de los acuerdos refrendados hace una semana, la actual Cofetel tendría que desaparecer. Todos sus integrantes fueron designados como resultado de un procedimiento que ahora la Corte considera que fue inconstitucional.

Un segundo resultado será –aunque no hay plazos claros ni voluntades definidas para ello– la reforma no de unos cuantos artículos sino de las leyes, completas, de Telecomunicaciones y Radio y Televisión. En dicha tarea, el esfuerzo reformador de los legisladores más comprometidos en este asunto se enfrentará a la intencional tortuosidad de diputados y senadores influidos por las televisoras y que prefieren que no haya cambio legal alguno.

Por lo pronto, y en tercer lugar, el Congreso podría aprobar una reforma al Código Federal Electoral para prohibir la contratación de propaganda electoral en medios electrónicos. De esa manera se terminaría con el dispendioso gasto que, con cargo a recursos fiscales, suelen ejercer los partidos. También acabaría la enorme fuente de irregularidades que hay en la discrecionalidad que tienen las empresas de televisión y radio para hacer descuentos o bonificaciones que atentan contra la equidad en la competencia electoral. En vez de la propaganda pagada, los partidos podrían difundir sus mensajes en los espacios de los que todavía dispone el Estado tanto en radio como en televisión.

En cuarto término, el gobierno tendrá que determinar si el Acuerdo para la transición a la televisión digital que fue expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en julio de 2004 seguirá vigente o no. Ese Acuerdo facultó a que las televisoras para que, por cada concesión que ya tenían, recibieran otra a fin de que en una siguieran difundiendo televisión en formato analógico y en otra contenidos en televisión digital de alta definición. Con ese Acuerdo, además de duplicar las frecuencias en beneficio de las televisoras el gobierno de Fox dispuso que la televisión digital en México serviría únicamente para difundir imágenes en formato de alta definición. Sin embargo las posibilidades de la digitalización televisiva son mucho más amplias y además de alta definición México podría tener más frecuencias, aunque no todas con la misma calidad de imagen. Aquella decisión tomada en 2004 por la SCT fue duramente criticada durante la discusión de la Suprema Corte la semana pasada. Ahora el gobierno del presidente Calderón puede rediseñar el futuro de la televisión mexicana asumiendo un formato digital más flexible que no sólo procure que haya imágenes de mejor definición técnica sino que, antes que nada, permita que tengamos más canales en la televisión abierta.

Las modificaciones que la Corte dispuso para la legislación de los medios electrónicos son drásticas y fundamentales. Sin embargo Héctor Osuna, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, considera que se trata únicamente de cambios “cosméticos”. Él mejor que nadie, puesto que la promovió con desfachatado ahínco el año pasado cuando era senador, sabe que la Ley Televisa quedó desbaratada con las decisiones de la Corte.

Uno de esos cambios implica que su propia designación como miembro de la Cofetel fue ilegal. Por eso Osuna, en vez de preocuparse por el maquillaje, tendría que presentar su renuncia para facilitar la renovación de ese organismo.

La Crónica, jueves 7 de junio de 2007

En varias ocasiones durante sus argumentadas –y a la postre afortunadas– deliberaciones de los días recientes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia aludieron al pensamiento de Luigi Ferrajoli. Ese profesor de filosofía del Derecho fue citado por el ministro David Góngora cuando recordó una sentencia de la Corte Constitucional Italiana acerca de la concentración de los medios de comunicación en aquel país. El mencionado autor italiano consideró entonces que resulta inaceptable que la ley del mercado sea la única que domine para determinar el régimen de los medios de comunicación. El de los medios es un asunto estrechamente vinculado con la libertad y la democracia, apuntó el ministro citando a Ferrajoli.

   Aquella referencia al pensador italiano está tomada del artículo de Ferrajoli “La ley sobre la información. Libertad y propiedad” que apareció en enero de 2004 en La revista que publicaba el diario Il Manifesto. Se trata de un texto que cuestiona la excesiva concentración de concesiones de televisión en manos del entonces primer ministro Silvio Berlusconi pero que, más allá de esa peliaguda coyuntura, reflexiona acerca de la paradójica capacidad que los medios electrónicos tienen para reducir la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas. El acaparamiento de muchos medios por parte de pocos empresarios suele trocarse en autoritarismo de la radio y especialmente de la televisión.

   La línea argumental inspirada en Ferrajoli, fue reiterada por el ministro Góngora y varios de sus colegas en algunas de las sesiones que la Corte tuvo durante las dos semanas recientes. En ese ejercicio de discusión abierta, con argumentos claros y enterados, de frente a la sociedad y aprovechando los medios televisivos de la propia Corte y del Congreso, los ministros han ofrecido una alentadora muestra de pedagogía cívica.

   El método mismo de discusión, con ponencias que se nutrieron en el estudio de los ministros y sus grupos de trabajo así como en la convocatoria a especialistas en asuntos técnicos, resultó ejemplar. Y el contenido de las deliberaciones indicó una clara voluntad no sólo para mostrar de qué están hechos sino, además, para asumir una perspectiva amplia que no quedase acotada por consideraciones de detalle ni por los muchos intereses que han estado en juego en las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión.

   Ante las presiones de las televisoras, los ministros mantuvieron un comportamiento autónomo y sustentado tanto en su propia autoridad como en una reconocible dignidad. Quienes durante largo tiempo hemos deplorado la inexistencia de contrapesos ante el poder habitualmente desbordado de las televisoras, hemos presenciado con enorme satisfacción la manera razonada y razonable con que la Corte se erigió como factor de equilibrio en este litigio. Sus determinaciones invalidan los privilegios que las inopinadas reformas del año pasado otorgaban a las televisoras. Pero además, establecen parámetros desde ahora insoslayables para una renovación del marco jurídico de los medios electrónicos en México.

   El dictamen cuyo proyecto elaboró el ministro Salvador Aguirre Anguiano advertía que una concentración de medios de radiodifusión como la que existe en México atenta contra la pluralidad a la que tiene derecho la sociedad. A esas consideraciones se añadieron, en días recientes, contribuciones como las del ministro Góngora que en varias sesiones recalcó el derecho que los ciudadanos tienen a que se encuentren garantizadas las libertades de expresión e información. Tales prerrogativas no se pueden ejercer cabalmente cuando las opciones mediáticas no corresponden a la diversidad que existe en la sociedad, o cuando el interés de pequeños grupos privados se sobrepone ostensiblemente al interés de las audiencias de la televisión y la radio.

   Al eliminar el aprovechamiento prácticamente vitalicio de las concesiones y establecer que en la asignación de nuevas frecuencias la autoridad administrativa tendrá que tomar en cuenta la trayectoria y las propuestas de programación de los aspirantes a difundir en radio y televisión, la Corte redimió el interés público en la utilización del espectro radioeléctrico. En todo el mundo las concesiones tienen vigencias de entre 5 y 11 años y resultaba desmedido que en México fueran, obligatoriamente, de 20 y con refrendo prácticamente automático.

   Al desechar el artículo 28 de la Ley de Radio y Televisión que les regalaba a los concesionarios el privilegio de utilizar las frecuencias con servicios adicionales a los de radiodifusión de la manera que quisieran, sin requerir mas que una notificación administrativa y sobre todo sin pagarle por ello al Estado, los ministros reivindican el dominio de la Nación sobre el espectro radioeléctrico. Y de paso ponen a cada quien en su lugar en el escenario de la radiodifusión mexicana.

   Los principales concesionarios y muy especialmente los propietarios de las dos televisoras comerciales han estado acostumbrados a considerar que la radiodifusión en México es propiedad suya. Más aún, por lo general se han comportado como si el espectro radioeléctrico fuese una más de sus posesiones. Las decisiones de la Corte desmienten esa pretensión patrimonialista.

   La televisión y la radio son actividades de interés público. Las frecuencias de radiodifusión y el espacio en el que se difunden son propiedad de la nación. La radiodifusión privada ocupa un sitio importantísimo en el panorama de los medios electrónicos pero no es el único actor ni sus intereses son los únicos que pesan allí. Esos principios parecen elementales pero los empresarios mediáticos más influyentes, particularmente en la televisión, no han querido entenderlos.

   Quizá la decisión de la Corte contribuya a que esos capitanes de empresa y quienes les sirven pongan los pies en la tierra. Nadie ha propuesto que Televisa o Azteca desaparezcan. Pero no tienen por qué ser las únicas opciones en el campo de la televisión comercial mexicana. Nadie ha propuesto que dejen de desarrollarse. Pero tendrán que hacerlo reconociendo que están sometidas a reglas y, antes que nada, al dominio de la nación sobre el espacio abierto que usufructúan.

   Las decisiones de la Corte significan, también, un revés a la irresponsabilidad que en diciembre de 2005 y marzo de 2006 manifestaron las cámaras de diputados y senadores al aprobar las reformas ahora reconocidas como inconstitucionales. En el trabajo de revisión legislativa que emprenderá de inmediato el Congreso tendrá que considerar no solamente las decisiones de los magistrados sino, también, el cuestionamiento allí implícito al descuido con que aprobó la Ley Televisa.

   Varios de los integrantes de la anterior Legislatura lograron distanciarse de las convenencieras mayorías que dominaban en ambas Cámaras. Particularmente, los 47 senadores que interpusieron el ahora fructífero recurso de inconstitucionalidad supieron conducir sus desacuerdos con inteligencia política y jurídica. Las decisiones de la Corte no habrían sido posibles sin la perseverancia de ex senadores entre quienes destacan Javier Corral Jurado, Manuel Bartlett Díaz, Dulce María Sauri, Raymundo Cárdenas, Felipe de Jesús Vicencio y César Raúl Ojeda. Todos ellos, más allá de banderías partidarias, supieron entender en la disputa por la ley Televisa un tema fundamental en el tránsito democrático de nuestro país y lo asumieron como causa sin arredrarse ante las muchas presiones que recibían.

   Todos ellos, igual los ministros de la Corte, seguramente comparten preocupaciones como las que con autoridad y claridad ha expresado el ya mencionado Luigi Ferrajoli. En otro fragmento del texto recordado por el ministro Góngora, ese autor italiano alerta contra los efectos de la televisión sobre el interés de los ciudadanos: “Ese poder –el poder empresarial– viene a sobreponerse y a traslaparse con un derecho de libertad, la libertad de prensa, de opinión y de información, y entonces a acapararlo y estrujarlo. Los derechos de libertad, más que limitar al poder están, de alguna manera, limitados… la relación cada vez más estrecha entre la información y los poderes políticos de hecho, y no solo en Italia, están sofocando tanto al pluralismo como a la libertad de información”.

   Precisamente ha sido Ferrajoli quien, en un ensayo publicado en 2000, clasificó a los “poderes salvajes” que amenazan la estabilidad de las sociedades y los Estados contemporáneos. Algunos de ellos son de carácter delincuencial y otros son poderes de carácter extralegal, entre los cuales podemos reconocer a los medios de comunicación tal y como han funcionado en Italia o México.

   Si el poder mediático ha podido desarrollarse con tanta prepotencia e impunidad como las que hemos conocido en este país ha sido tanto por la ineficacia del marco jurídico como por la ausencia de contrapesos suficientes. Ambas carencias, han comenzado a ser resueltas gracias a las decisiones de la Suprema Corte.

Publicado en La Crónica, jueves 17 de mayo

   En su análisis acerca de las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión cuya inconstitucionalidad está siendo estudiada por la Suprema Corte de Justicia, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano hace un diagnóstico serio y exigente acerca de los medios de comunicación.

   El artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión no pasa la prueba de ese ojo crítico: “los actuales concesionarios de servicios de radiodifusión tienen un poder sustancial en el mercado de la radio y la televisión abiertas, por lo que el otorgamiento de mayores privilegios para la obtención de concesiones en materia de telecomunicaciones, implicará la traslación de su posición preponderante en su mercado al segmento de los servicios de telecomunicaciones, provocándose así que las actividades tanto de radiodifusión como de servicios adicionales de telecomunicaciones, se concentren en unos cuantos agentes económicos, en lugar de que se abran a la competencia y se logre una mayor diversidad y pluralidad tanto en los medios masivos de comunicación, como en materia de telecomunicaciones” (página 497).

   Esa reforma es inconstitucional porque vulnera los fines que de acuerdo con la Carta Magna debieran tener los medios de comunicación. Dice el ministro: “la radiodifusión debe entenderse como un componente fundamental de la sociedad de la información, en este contexto, la optimización del uso del espectro radioeléctrico puede y debe abrir opciones democratizadoras debido al uso de nuevas tecnologías (digitalización). Este proceso no debe entenderse como un mero proceso tecnológico, sino que debe implicar el establecimiento de políticas sobre aspectos fundamentales de esta nueva sociedad de la información, tales como la recuperación y repartición del espectro radioeléctrico, la reglamentación de nuevos servicios de telecomunicaciones y una política de servicios masivos de educación, cultura e información que fortalezcan el desarrollo de las capacidades de la población marginada y más excluida del desarrollo” (pp. 415-416).

   Esas verdades torales orientan la reflexión del ministro Aguirre Anguiano en su extensa ponencia, para llevarlo a  concluir que cinco de los artículos reformados el año pasado e impugnados por 47 senadores son total o parcialmente inconstitucionales.

   Los ministros de la Corte han conocido argumentos de sobra en respaldo a la solicitud de inconstitucionalidad. También han escuchado la defensa de intereses creados que propalan las empresas televisoras con exageraciones y mentiras como las siguientes.

   “Si se modifican las reformas de 2006 México quedará al margen del avance tecnológico”. El desarrollo de las comunicaciones en nuestro país no ha dependido de las reformas a las dos mencionadas leyes federales. Lo que resultaría afectado es el modelo de expansión sustentado en la promoción de las nuevas tecnologías para las telecomunicaciones en beneficio de unas cuantas empresas.

   Ese modelo, promovido por Televisa y con menor notoriedad por Televisión Azteca, postula el desarrollo de la televisión de alta definición (a la que abreviaremos como TAD) en manos de esas empresas y como eje para el aprovechamiento de las franjas del espectro radioeléctrico en las que se propagan señales de radiodifusión. Actualmente cada canal de TAD necesita un espacio de 6 megahertz para difundir su señal y esa es la porción del espectro radioeléctrico que, por cada uno de los canales que ya tenían, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les asignó a dichas empresas para que difundan televisión de ese tipo.

   Las televisoras dicen que en esos 6 mhz no pueden transmitir nada más que TAD. Y en efecto, con la tecnología que hoy se encuentra más difundida en México y Estados Unidos cada canal de alta definición requiere de ese espacio. Sin embargo la tecnología cambia a cada momento y es previsible que, en pocos años, la TAD requiera solamente de 2 o 3 mhz por canal.

   Lo que singulariza al desarrollo tecnológico para los soportes digitales es la posibilidad de comprimir cada vez más información en menos espacio. Ahora es factible, por ejemplo, guardar todo el contenido de una colección de casi 2000 CDs de audio en un Ipod que podemos transportar a cualquier sitio. De la misma manera, la digitalización de las señales permite que cada vez se pueda transmitir más contenidos en menor espacio del espectro radioeléctrico.

   Esa es la realidad tecnológica que ocultan los promotores de la ley Televisa. Si a cada televisora se le deja en posibilidad de utilizar como quiera los 6 mhz que hoy tiene por cada canal de televisión, dentro de pocos años podrá enviar señales de TAD en un espacio menor al que tiene asignado y entonces usaría los megahertz restantes para difundir otros servicios de telecomunicaciones (telefonía, Internet, radio digital, etcétera). Por otro lado, la televisión digital no tiene por qué ser en todos los casos de alta definición. Una señal digital de televisión convencional puede difundirse en un espacio de tan solo 1.5 mhz. Es decir, en el espacio que ocupa un canal de alta definición pueden caber tres o cuatro canales de televisión con imagen de menor calidad pero con mayor variedad de contenidos. Todas esas posibilidades quedan canceladas con la apropiación del espectro radioeléctrico que la ley Televisa les permite hacer a las empresas que actualmente disfrutan del 95% de las concesiones para televisión comercial en este país. El desarrollo tecnológico que promueve la ley Televisa es estático, uniforme y excluyente. Pero no es el único al que podría acceder nuestro país.

   “Si se modifica la Ley Televisa no habrá convergencia tecnológica”. La digitalización de las telecomunicaciones permite que en el mismo canal en donde ahora se difunde un servicio, se puedan propagar varios más. A la posibilidad de suministrar por una misma vía servicios de televisión, telefonía e Internet se le ha denominado “triple play”. Esos servicios se pueden propagar por cable o por el espacio aéreo y su abastecimiento de manera conjunta permite que emisores y consumidores ahorren costos.

   En México esa convergencia existe ya, independientemente de las reformas legales. Desde hace varios años Telmex vende Internet de banda ancha a los suscriptores de su servicio telefónico y está en capacidad de transmitir, además, por esas líneas digitales, canales de televisión. En la ciudad de México la empresa Cablevisión, propiedad de Televisa, ya tiene autorización para además de los canales de televisión y el servicio de Internet que brinda por el mismo conducto, ofrecer telefonía. Esa convergencia no se debió a las reformas de 2006. El “triple play” que propicia la ley Televisa es, en realidad, la concentración de tales servicios en pocas empresas para que tengamos solamente one player.

  ”La desaparición de esas reformas implicaría volver al antiguo sistema discrecional y presidencialista en la asignación de concesiones”. Hasta el año pasado el otorgamiento de concesiones de televisión y radio estuvo a cargo del presidente de la República. A partir de la Ley Televisa esa facultad se encuentra… en las mismas manos. La Comisión Federal de Telecomunicaciones que surgió merced a la Ley Televisa no tiene auténtica autonomía. A sus integrantes los designa el Presidente de la República y muchas de sus facultades están subordinadas a la autoridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

   La reforma de 2006 no estableció garantías para que los integrantes de la Cofetel estuvieran a salvo de conflictos de intereses con las empresas del sector que deben regular. Por ello, entre los actuales comisionados hay funcionarios que tuvieron estrecha relación laboral y política con alguna de las televisoras. La Cofetel de hoy en día no es autónoma respecto del gobierno y tampoco respecto de las empresas cuyo desempeño debe supervisar.

   Esa reforma establece que las nuevas concesiones de radiodifusión serán asignadas por subasta pública. Es decir, que aquellos que ofrezcan más dinero tendrán licencias para transmitir por televisión y radio. No está mal que el Estado obtenga recursos por esas concesiones. Pero asignarlas solamente de esa manera implica la rendición del poder estatal y del interés de la sociedad al poder del dinero. En la mayoría de los países de América y Europa las autoridades en materia de telecomunicaciones toman en cuenta,  para otorgar concesiones de televisión y radio, las propuestas de programación, el servicio que brindarán al público y las ofertas financieras que presenten los interesados.

* * *

   Algunos promotores de la ley Televisa suelen ostentar terminajos técnicos aparentemente complejos con el propósito de simular que, para determinar cuál es la legislación pertinente en ese campo, hace falta un conocimiento muy especializado. Con ello no pretenden ilustrar, sino secuestrar la discusión de estos asuntos.

   Pero los ministros de la Corte no requieren pericia técnica peculiar para dictaminar sobre las reformas del año pasado. Lo que al país hace falta en estas materias, desde el terreno de la ley, es contar con principios generales que permitan:

   a) el dominio del Estado en la administración del espectro radioeléctrico, que es parte del patrimonio nacional;

   b) que esa administración esté a cargo de una autoridad verdaderamente autónoma, tanto respecto del poder presidencial como de los poderes fácticos a los que debe regular;

   c) la existencia de condiciones de equidad para las empresas que operen y quieran operar en ese campo;

   d) el aprovechamiento, sin modelos tecnológicos cerrados ni excluyentes, de los beneficios que propician la convergencia digital y la propagación de las telecomunicaciones;

   e) la promoción de la diversidad, la competencia y la pluralidad en las opciones comunicacionales que reciben los mexicanos.

   Esos principios son desconocidos por las reformas del año pasado. Ahora la Corte tiene la posibilidad de enderezar los excesos y abusos que ha implicado la ley Televisa.

Publicado en La Crónica, 10 de mayo de 2007 

   No hacía falta que el senador Santiago Creel reconociera que se trató de una imposición para que supiéramos que la Ley Televisa estuvo definida por la coacción que las televisoras ejercieron sobre la mayor parte de la clase política mexicana. Hace más de un año quedó suficientemente claro que las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión buscaban, exclusivamente, ampliar los negocios de las empresas que ya tenían concesiones para difundir por esos medios.  

   Aquella propuesta, desde su redacción, fue impulsada desde las oficinas corporativas de Televisa. Allí fueron contratados los despachos jurídicos y de relaciones públicas que se encargaron del cabildeo con los legisladores. De allí surgieron los amagos contra los empresarios de la radiodifusión y las telecomunicaciones que estaban disgustados con una reforma que favorecía el interés de los más grandes pero que no significaba cambios sustanciales en la administración del espectro radioeléctrico. De esas oficinas salieron las convocatorias a los dirigentes nacionales y candidatos presidenciales de los tres partidos más importantes para exigirles que apoyasen tales reformas. Allí se redactaron y financiaron los desplegados en la prensa, las sugerencias a columnistas de negocios y las campañas en televisión y radio que pretendían descalificar a los legisladores que a pesar de tales coacciones se opusieron a la Ley Televisa. 

   Todo eso fue ampliamente conocido, documentado y denunciado entre diciembre de 2005 –cuando la Cámara de Diputados requirió nada más que de 7 minutos para aprobar esas reformas– hasta el 30 de marzo, cuando sin enfrentar los argumentos en contra la mayoría en el Senado ratificó la Ley Televisa. En el transcurso de esos cuatro meses se conocieron las amenazas que ese consorcio televisivo utilizó tanto con otros empresarios, como con políticos de todos los partidos.  

   En aquellos días se pudo verificar la exigencia que los dirigentes nacionales del PAN y el PRI les formularon a sus respectivos senadores para que apoyasen la Ley Televisa. El miércoles 22 de marzo el presidente nacional del PAN, Manuel Espino, se reunió con los senadores de ese partido para exigirles que aprobasen la Ley Televisa porque esa decisión, dijo, beneficiaría a los panistas en la campaña electoral que estaba en curso. El jueves 23 ocurrió lo mismo entre los senadores del PRI: sus dirigentes les manifestaron que el respaldo a esas reformas beneficiaría la candidatura de Roberto Madrazo.  

   También en el transcurso de marzo del año pasado fue evidente el manejo artificioso que Televisa y Televisión Azteca hacían de ese tema en sus noticieros, en una nueva comprobación de que para esas empresas el interés público no existe cuando están de por medio sus propios negocios. 

   El ahora senador Santiago Creel estaba en campaña cuando todo eso ocurría y es improbable que no se hubiese enterado de primera mano de ese escandaloso tráfico de influencias a cargo de las televisoras. Si no lo denunció a tiempo fue por precaución o miedo, o porque no le parecía tan grave. No sería el primer político cuya aprensión ante la capacidad de represalia de las televisoras lo lleva, incluso, a magnificar el poder de tales empresas.  

   En todo caso Creel conocía bien los intereses y los modos de las televisoras. En octubre de 2002 el entonces secretario de Gobernación fue el operador de Marta Sahagún para que fuera abolido el 90% del tiempo al que hasta entonces tenía derecho el Estado en las frecuencias concesionadas de radio y televisión y para que hubiera un reglamento dictado punto por punto por la empresa propiedad de Emilio Azcárraga Jean. Tres meses más tarde consintió el latrocinio que la empresa de Ricardo Salinas Pliego cometió al enviar a un grupo de pistoleros a asaltar la antena del Canal 40. Y en mayo de 2005, unos días antes de renunciar a Gobernación para competir por la candidatura presidencial del PAN, Creel le regaló a Televisa el permiso para operar 65 casinos en todo el país. 

   El senador Creel, por supuesto, conoce el poder de las televisoras. Se ha doblegado a él en tantas ocasiones que posiblemente ya está cansado de hacerlo. Quizá el ahora senador ha tenido un rapto de honestidad y lucidez. Posiblemente en los meses recientes haya tenido condiciones para reflexionar sobre los riesgos que significa para el país el poder desbocado, insaciable e insolente de las empresas que acaparan el 95% de las concesiones para televisión comercial. Acaso tuvo ocasión de conocer los estudios de legislación comparada que muestran el vergonzoso rezago de México junto a países latinoamericanos y europeos en donde la televisión y la radio están definidas por la competencia y la diversidad porque hay diques a la concentración de muchos medios en pocas manos y existen autoridades regulatorias capaces de otorgar nuevas frecuencias con criterios de calidad y variedad.  

   Posiblemente el senador Creel leyó, en el Diario de los Debates de la Cámara de la que ahora es destacado integrante, las argumentaciones que presentaron a fines de marzo del año pasado los senadores que se batieron con denuedo, en contra de la línea que había en sus partidos, para subrayar las perversiones jurídicas y el reforzamiento de privilegios que implicaba la Ley Televisa. Probablemente conoció las transcripciones de las audiencias que a comienzos de febrero convocó la Comisión de Comunicaciones del propio Senado y en donde los defensores de la Ley Televisa quedaron reducidos en el terreno de las razones aunque sabían que contaban con la amedrentada mayoría que en esa Cámara había impuesto el poder de la televisión. Acaso también revisó las consideraciones que presentaron la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal Electoral e incluso la Comisión Federal de Telecomunicaciones que había entonces y que coincidían en alertar contra aquella reforma. O puede haber leído el recurso que 47 senadores de la anterior Legislatura presentaron a la Corte para demandar que tales reformas sean declaradas anticonstitucionales. 

   Documentos, experiencia y testimonios, no deben haberle faltado al senador Creel para concluir, como hizo el viernes 4 de mayo, que en la aprobación de la que muchos denominamos Ley Televisa “las cosas fueron más bien una imposición que una negociación en donde fue una sola visión, no la que surge de una pluralidad de intereses”.  

   Pero quizá, junto con todo eso, lo que ocurrió es que el senador Creel simplemente se hartó. Se cansó de contemplar la expansión descomunal del poder que las televisoras adquieren no porque los contenidos que transmiten sean especialmente perspicaces, ni porque a la sociedad mexicana le hagan falta, sino fundamentalmente gracias a la negligencia y la ignorancia que los políticos mexicanos, en su gran mayoría, han tenido respecto de las grandes empresas mediáticas. Quizá lo terminó de convencer el amplio proyecto de sentencia que ha presentado el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en donde se recogen varios de los principales argumentos de los ahora ex senadores que hace un año solicitaron que a esas reformas se les declarase anticonstitucionales. 

   Dicho proyecto reconoce la arbitrariedad que implica la llamada Ley Televisa, entre otros motivos porque a las empresas que ya disfrutan de concesiones les permite hacer con ellas un negocio adicional, por el cual no tendrían que ganar una licitación ni pagar derechos, al ofrecer nuevos servicios de telecomunicaciones en el ancho de banda que deje libre la digitalización de las señales de televisión y radio.  

   Por esa y otras transgresiones, la Suprema Corte de Justicia podría encontrar motivos de anticonstitucionalidad en las reformas del año pasado a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión. Esa posibilidad está ocasionando que las presiones que antes padecieron los legisladores, ahora estén siendo dirigidas contra la Corte. Bastaría con asomarse a las antesalas de los ministros para constatar el intenso cabildeo que realizan tanto empleados de las televisoras como, incluso, miembros de la Cofetel que fueron designados gracias a la Ley Televisa. 

   La posibilidad de que dicha ley se modifique está propiciando una reacción exasperada y sumamente nerviosa de varias empresas de radiodifusión, comenzando por la que más se ha beneficiado con tales reformas. Por eso a Santiago Creel la Cámara de la Radiodifusión, que sigue supeditada a la hegemonía de Televisa, le respondió con tanta vehemencia. Por eso ayer en la radio el ahora senador Javier Orozco Gómez, veterano soldado al servicio de los radiodifusores, cuando quiso defender las reformas ahora impugnadas solamente acertó a decir que los legisladores que hace un año pidieron la declaración de inconstitucionalidad “fueron engañados por Javier Corral” como si no hubiera numerosos motivos para rechazar tales modificaciones legales y como si 47 senadores, adultos todos y entre ellos algunos bastante curtidos políticamente, pudieran haber sido engatusados por uno solo de ellos. Esas actitudes –tristes, torpes, inverosímiles– confirman la pobreza de argumentos de quienes defienden la Ley Televisa.  

   Quizá algo de todo eso es lo que entendió ahora Santiago Creel. Dicen que más vale tarde. Quién sabe. En todo caso cuando considera que si la Corte no modifica la Ley Televisa entonces lo harán los legisladores, el senador Creel adelanta una obviedad y un compromiso. Es deseable que la Corte rechace la acumulación y concentración de privilegios que implican tales reformas, en los términos que han sido sugeridos por el ministro Aguirre Anguiano.  Pero aunque esas reformas fuesen desechadas, seguiría haciendo falta una seria revisión de las leyes para los medios electrónicos. El auténtico cambio en la normatividad para la televisión y la radio solamente puede emerger en el Poder Legislativo. Así que el senador Creel y quienes, como él, reconocen ahora los peligros que implica para el país y la sociedad el poder excesivo de las empresas mediáticas, tienen mucho por hacer. 

La Crónica de Hoy, 19 de abril de 2007

   Las primeras versiones acerca de la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario eran absolutamente indignantes. Esa mujer de 73 años había fallecido, se aseguraba, a causa de una violación aparentemente perpetrada por miembros del Ejército Mexicano. Mujer, anciana e indígena: la triple indefensión de la señora Ascensio subrayaba la atrocidad que, de acuerdo con tales informaciones, se habría cometido en contra suya.     A la estupefacción ante ese crimen se añadió, desde luego, la exigencia para que fuese castigado con la mayor severidad posible. Las versiones iniciales parecían demasiado contundentes: se dijo que antes de fallecer en una clínica, la señora Ascensio había dicho que los soldados “se le habían echado encima”; el diagnóstico de los médicos que le atendieron mencionaba desgarramientos como los que produce una violación; la autopsia determinó que había muerto de traumatismo craneoencefálico e informó que en sus partes genitales había “líquido seminal en abundancia”.  

   Con tales evidencias, y con justa razón, la indignación se extendió. La Secretaría de la Defensa Nacional se apresuró a declarar que las muestras recogidas en el cuerpo de la señora serían cotejadas con pruebas de sangre de los militares destacados en el área de Zongolica, en Veracruz, para determinar si los culpables se encontraban entre ellos.    Pocos días más tarde, sin embargo, se fue conociendo otra versión. Una nueva autopsia, dispuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encontró que no había rastros de la supuesta violación. La necropsia inicial, realizada por el Ministerio Público local, había estado mal hecha y no examinó los órganos internos. El cráneo no estaba fracturado. Las muestras tomadas fueron guardadas con descuido y en ellas los análisis de laboratorio no identificaron células espermáticas.  

   De acuerdo con la autopsia realizada por personal de la CNDH en presencia de miembros de la Procuraduría de Justicia de Veracruz y de la Procuraduría de Justicia Militar, la señora Ascensio murió debido a una anemia aguda y de úlcera gástrica. El contraste entre esa y la versión inicial era tan acentuado que, para algunos, resultó ridículo. El viraje en la reconstrucción de la muerte de esa indígena de Zongolica era demasiado brusco para que lo aceptaran quienes preferían aferrarse a la versión del ataque tumultuario.     Para colmo, el diagnóstico que resultaba de la segunda necropsia no lo dio a conocer la CNDH sino el presidente de la República en un fallido intento para restarle importancia a ese asunto. El presidente Felipe Calderón estaba al tanto de esos resultados porque la autopsia fue presenciada por médicos militares. Y se le ocurrió participárselos, sin que viniera a cuento, a una reportera de La Jornada cuando lo entrevistaba en Los Pinos. 

   El escenario quedó dispuesto, así, para un nuevo tema de polarización. Hubo quienes, con buena e indignada voluntad pero en ocasiones con ideologización excesiva, vieron en la muerte de Ernestina Ascensio una confirmación de la prepotencia del poder contra los más pobres. El gobierno, se sugirió entonces, quiere encubrir un abuso de los militares. La torpeza de la Secretaría de la Defensa cuando declaró que el líquido seminal recogido por la Procuraduría veracruzana sería confrontado con el ADN de los soldados en Zongolica fue tomada como confirmación de la existencia de esas muestras (las cuales la Sedena nunca dijo que tuviera en su poder). La declaración del presidente Calderón, desde esa perspectiva, confirmaba la manipulación gubernamental. Las fotografías del cadáver que mostraban una gran mancha de sangre fueron comentadas como evidencia del maltrato que habría sufrido doña Ernestina sin advertirse que habían sido tomadas después de la necropsia que, como es comprensible, deja huellas de líquido hemático.    También con precipitación y quién sabe por qué más el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, respaldó la versión del ataque contra la señora Ascensio. Y por otro lado las declaraciones del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, fueron tachadas como parciales e interesadas por quienes están convencidos de la versión inicial que ofreció la Procuraduría de Justicia de Veracruz. 

   En alguna medida, Soberanes está cosechando los resultados de un comportamiento fuertemente definido por la frivolidad y la improvisación durante varios años. Su frecuente interés en el aplauso mediático más que en el rigor de las indagaciones o de las recomendaciones que tiene la atribución de emprender y formular, le han conducido a buscar una frecuente cobertura mediática y, a veces, a opinar sin ton ni son. Ahora comprueba cuán veleidoso es el cobijo mediático.    Pero no es únicamente ese funcionario sino, además, la respetabilidad de la institución que encabeza lo que está siendo cuestionado. Y llama la atención la caprichosa apreciación de quienes, cuando les gustan, aplauden las determinaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero las descalifican cuando no se ajustan a sus simpatías o prejuicios ideológicos.  

   La investigación de la CNDH sobre la muerte de la señora Ascensio ha sido encabezada por Susana Thalía Pedroza, que es la misma Visitadora General que tuvo a su cargo la indagación sobre los abusos que cometió la policía en mayo de 2006 durante el desalojo de los comuneros de San Salvador Atenco. En aquella ocasión, las conclusiones que presentó esa funcionaria fueron aplaudidas por quienes hoy reprueban su examen sobre los acontecimientos del 25 y el 26 de febrero en Zongolica.     La investigación sobre la muerte de la señora Ascensio tendría que despejar cualquier duda. Si hay una sola evidencia sólida de que murió a causa de una agresión, el expediente judicial debería quedar abierto hasta que el caso se esclareciera de manera incuestionable y los culpables, si los hubiera, fuesen castigados.  

   Eso tendría que ocurrir en un escenario, dentro de toda esta tragedia, acotado por condiciones ideales. Lamentablemente la muerte de doña Ernestina se convirtió en bandera política tanto para el municipio de Soledad Atzompa que espera recibir más apoyo institucional a partir de este acontecimiento como para quienes por diversas causas, que van desde la convicción auténtica hasta la pragmática conveniencia, quieren culpar al gobierno federal y al Ejército.     Una nueva indagación estaría menoscabada por la inescrupulosidad del Ministerio Público –que no trató ni conservó las evidencias de esa muerte con el cuidado que señalan las pautas más elementales en esos asuntos– y acotada por los sectores de la opinión mediática que ya tomaron partido sobre este asunto. Así que persistirán dos versiones: una, respaldada por las ganas de creer en la consumación de un crimen y la otra, afianzada en la indagación de la CNDH.  

   Extraviadas entre escabrosos pormenores de carácter forense, quedan algunas preguntas fundamentales que nadie ha tratado de responder. ¿Por qué, si es que así ocurrió, habría soldados tan desquiciados que llegasen a violentar de esa manera a una anciana? ¿Por qué, si es que hubo crimen y los culpables fueron otros, habría tanto interés en desacreditar al Ejército? Junto a esas interrogantes está el resultado de la investigación de la CNDH, la cual tampoco tendría motivos para desacreditarse a sí misma con una pesquisa falseada. Y está el hecho, ese sí irrefutable, de la pobreza y el abandono en los que vivía Ernestina Ascensio y que todavía a la hora de su muerte la perjudican con una impartición de justicia improvisada e inescrupulosa.    ALACENA: Una década sin Pablo Pascual 

   El próximo sábado, 21 de abril, se cumplirán 10 años de la muerte de Pablo Pascual Moncayo. Había nacido en 1944. Su trayectoria política y académica (dirigente del sindicalismo universitario, promotor de la insurgencia obrera, diputado federal, militante de una izquierda que se empeñaba en ser moderna, economista, profesor universitario, comentarista en la prensa) no alcanza a describir la venturosa red de afectos y simpatía que construyó en los sectores más variados.     La generosidad personal, la valentía en cualquier circunstancia, las convicciones transparentes que desplegaba Pablo, formaban parte de una actitud que trascendía a la política y con la cual vivía y enseñaba a vivir. A veces a nuestros amigos muertos los recordamos con desconsuelo. A Pablo no habrá, entre quienes tuvimos el extraordinario privilegio de conocerlo, quien no lo recuerde con una sonrisa. 

La Crónica de Hoy, 12 de abril de 2007

Ignacio Carrillo Prieto se echó a cuestas una causa que lo sobrepasó. La fiscalía que ejerció durante más de cinco años tenía propósitos meritorios pero acabó por convertirse en expresión de las lacras que decía perseguir. Con el pretexto de reparar abusos del poder, incurrió en otros nuevos. A nombre de la impartición de justicia, cometió ilegalidades cuya sanción sigue pendiente.  

   El fracaso de la “Fiscalía especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado” cuyo largo nombre (¡uf!) ya era indicio de la imprecisión de las tareas que tenía asignadas, no debiera cancelar el derecho que el país tiene para saldar cuentas con su propia historia. Pero su desmedido y tortuoso desempeño tendría que ofrecer una lección cívica, legal y política: es inadmisible que quienes indagan y sancionan infracciones –antiguas o recientes– actúen con la ligereza y la irresponsabilidad que, en varias de sus decisiones principales, singularizaron la gestión de Carrillo Prieto. 

   Creada en noviembre de 2001, cuando todavía había quienes creían que el gobierno de Vicente Fox se distinguiría de la discrecionalidad con que ejercieron el poder casi todos los presidente priistas, esa Fiscalía adscrita a la Procuraduría General de la República tenía el encargo de indagar a profundidad y, en la medida de lo posible, castigar los crímenes cometidos contra mexicanos que fueron reprimidos cuando luchaban por sus derechos políticos. Las masacres contra los estudiantes del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, así como la llamada guerra sucia contra los grupos guerrilleros de los años setenta, constituían los episodios principales que ocasionaban el surgimiento de la Fiscalía.  

   El legítimo afán de muchas de sus víctimas para que aquellos sucesos tuvieran un esclarecimiento oficial y sus responsables fuesen castigados, alentó desmedidas expectativas respecto de esa oficina de la PGR. La responsabilidad legal por los homicidios cometidos en Tlatelolco y San Cosme, entre otros, había caducado o estaba por vencer. Así que en el terreno de la impartición de justicia era poco lo que podía lograrse. Una comisión capaz de expedir un veredicto político, apoyado en un sólido bagaje documental, posiblemente hubiera sido más eficaz. Pero Carrillo Prieto y, por lo visto, el gobierno que lo designó, aspiraban a resultados más espectaculares. La posibilidad de ver tras las rejas a algún ex presidente, o a varios ex funcionarios de gobiernos priistas, parece haber sido más atractiva que la auténtica búsqueda de la justicia histórica y política. 

   Quizá por eso Carrillo Prieto se convirtió en perseguidor, sin contar en todos los casos con motivos legales suficientes, y así perdió la autoridad moral que pudo haber tenido para ofrecerle a la sociedad un dictamen serio, completo y acreditado acerca de excesos cometidos por el Estado mexicano en décadas anteriores. 

   Como sus indagaciones no bastaron para identificar con toda claridad a los culpables de crímenes como los que hemos mencionado, el Fiscal quiso fabricarlos. El 26 de julio pasado La Crónica dio a conocer la denuncia de César Augusto Osorio, quien había sido director general de Investigaciones Ministeriales “B” de la Fiscalía y que, según dijo, fue despedido cuando se negó a consignar inocentes. 

   De acuerdo con ese funcionario, Carrillo Prieto le había exigido una cuota de culpables para ser procesados: 25 responsables de la matanza del 2 de octubre de 1968. “Cuando yo le hice notar que eso era técnicamente imposible y que moralmente era deleznable y criticable, entonces me impidió definitivamente el ingreso a las oficinas y me quitó el trabajo”, declaró.    

   Es posible que entre las personas señaladas por Carrillo Prieto hubiera auténticos culpables de crímenes que se quedaron sin castigar. Pero el caso del capitán Luis de la Barreda Moreno, cuya inocencia ha sido ratificada por varios tribunales federales después de once acusaciones penales en su contra, manifiesta un deliberado –e incluso enfermizo, podría considerarse– afán persecutorio. 

   De la Barreda Moreno era subdirector Federal de Seguridad en 1968. Esa circunstancia, así como especulaciones sin sustento demostrable, llevaron a la Fiscalía Especial a consignarlo como uno de los responsables en “la planeación y dirección” de la operación que desembocó en el crimen de Tlatelolco. En aquellos días, sin embargo, De la Barreda Moreno estuvo internado en el Centro Médico Nacional y no pudo haber planeado ni mucho menos dirigido la represión contra los estudiantes del 68.  

   Esa acusación, así como las otras que fueron enderezadas contra De la Barreda Moreno, fueron desmontadas por sus abogados y al cabo de tres años su inocencia quedó plenamente acreditada. Pero en ese lapso él y su familia debieron transcurrir por circunstancias en extremo penosas, que seguramente contribuyeron para que en junio pasado sufriera un triple infarto cerebral que estuvo a punto de llevarlo a la muerte. Su hijo, el doctor Luis de la Barreda Solórzano, ha sostenido un ejemplar esfuerzo primero para defender el nombre y la inocencia de ese ex funcionario que, según todas las evidencias, fue injustamente acusado. Y ahora, para exigir que Carrillo Prieto sea castigado por esa ilegal persecución. 

   Recientemente, el Ministerio Público Federal reabrió la averiguación previa que se inició contra Carrillo Prieto a partir de una denuncia presentada por el doctor De la Barreda en septiembre de 2005. Inicialmente la PGR había resuelto no ejercer acción penal considerando que la consignación contra el capitán De la Barreda Moreno no había sido responsabilidad del fiscal Carrillo Prieto sino de Abel Flores, uno de los agentes del Ministerio Público adscritos a esa Fiscalía. El doctor De la Barreda Solórzano demostró que el Fiscal Especial era plenamente responsable de aquella consignación y además ha denunciado al mencionado agente del Ministerio Público. 

   De la Barreda Moreno y su familia tienen pleno derecho a que se les haga justicia. Y más allá del desenlace que tenga ese nuevo episodio, es claro que la gestión de Carrillo Prieto fue un auténtico desastre. Ahora el ex fiscal promociona el pretenciosamente denominado “Informe Histórico a la Sociedad Mexicana 2006” con el que, en la práctica, concluyó su gestión en noviembre pasado. Aunque allí se reúnen datos de interés y se hace un interesante recuento a partir de archivos gubernamentales y algunos testimonios, en realidad es poco lo que hay de novedoso en ese documento. En sus 742 páginas, organizadas en 12 capítulos, hay más un frecuente afán de autojustificación que una explicación precisa de cómo ocurrieron los crímenes cuya averiguación le fue encomendada a esa Fiscalía. En ese documento, por cierto, no aparece una sola acusación en contra del capitán De la Barreda Moreno.  

   Qué fracaso. Y qué patético. Si la indagación de los crímenes históricos tiene sentido es para que aprendamos a evitarlos pero, jamás, para que con el subterfugio de sancionarlos se cometan nuevas arbitrariedades. 

ALACENA: El sindicato Minero - Metalúrgico   Como dirigente obrero Napoleón Gómez Urrutia ha sido altamente discutible desde que fue impuesto por su padre, sin que tuviese trayectoria sindical alguna, al frente de los mineros y metalúrgicos. Sus operaciones financieras siguen resultando dudosas. Pero la maniobra para destituirlo, hace más de un año, pasó por encima de la legalidad y, según las evidencias disponibles, de la voluntad de la mayoría de los trabajadores de ese gremio. Hacía tiempo que el gobierno no se entremetía en un sindicato como hizo entonces, desfachatada y autoritariamente, el gobierno del presidente Fox. Solamente a los miembros del Sindicato Minero corresponde decidir quién los dirige, aunque resuelvan tener un liderazgo tan controvertido como el que encabeza Gómez Urrutia.–0–

La Crónica, junio 12 de 2005

Ahora que el Poder Judicial lo ha declarado inocente del asesinato por el que estuvo más de 10 años en prisión, Raúl Salinas de Gortari tiene que seguir atendiendo asuntos legales debido a las denuncias de enriquecimiento ilícito que se le han formulado desde hace tiempo. Las cuantiosas sumas de dinero y la ostentación de influencia personal y política que hacía durante el gobierno de su hermano Carlos le ganaron a ese personaje la animadversión –en muchas ocasiones extralógica pero también a partir de elementos reales– de importantes sectores en la sociedad mexicana.

   Pero Raúl Salinas, como ahora tanto se dice, no fue encarcelado por ese enriquecimiento sino porque lo acusaron de haber asesinado a su ex cuñado, el ex gobernador de Guerrero y secretario general del PRI José Francisco Ruiz Massieu. El tribunal que examinó el abultadísimo expediente determinó que no había sustento para tales imputaciones de asesinato.

   Diez años con casi cuatro meses habrá estado Raúl Salinas en la cárcel desde que fue aprehendido el último día de febrero de 1995. Ese fue el tiempo que se llevaron la indagación de la PGR y la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, su evaluación en sucesivos juzgados, las apelaciones de la defensa y el análisis de todo el expediente hasta la decisión final.

Galimatías judiciales

   Diez años y medio, prácticamente. En ese lapso Raúl Salinas de Gortari estuvo varios años sometido a formas de vigilancia que atentan contra los derechos humanos en la cárcel más rigurosa del país. Luego lo llevaron a otro penal en donde también padecía un régimen penitenciario de excepción porque no le permitían tener las prerrogativas que disfrutaban otros internos.

   Ahora que se ha reconocido su inocencia, no sólo Raúl Salinas tiene asuntos pendientes que debe resolver y aclarar. El encarcelamiento injusto y la difamación de la que fue víctima nadie los va a reparar. Al menos, el caso de Raúl Salinas de Gortari tendría que ser motivo de obligatoria reflexión para el sistema judicial mexicano en todos sus niveles y, también, para la sociedad entera.

   Precisamente en estos días la Suprema Corte de Justicia estableció un convenio para que sus sesiones sean televisadas. Qué bueno. Los asuntos que se discuten en ese organismo resultan, con creciente frecuencia, de tanta importancia nacional que algún interés despertarán sus deliberaciones.

   Pero la transparencia que con esas transmisiones se pretende, alcanzará sólo a la cúpula del sistema judicial. Los motivos y, cuando las hay, las razones de quienes imparten justicia en otros niveles del complejo aparato de justicia que tenemos en este país no suelen ser conocidos, y menos comprendidos, por los ciudadanos. Inclusive cuando los expedientes judiciales alcanzan notoriedad mediática pocas veces se les atiende –y se les entiende– con el esmero que sería necesario.

Irregular investigación

   El del ingeniero Raúl Salinas de Gortari ha sido, desde hace 10 años, un caso seguido con atención mediática y social debido a la notoriedad del acusado y, desde luego, de la víctima cuyo homicidio se le imputó. Pero en la apreciación que predominó acerca de ese caso, pesaron más las consideraciones subjetivas que el examen de las evidencias aportadas por el Ministerio Público.

   La indagación a cargo de la PGR estuvo saturada de tantas irregularidades que, por encima de evidencias, los medios propalaron acerca de ella los rasgos excéntricos y vulgares que muy pronto la definieron. La inhumación clandestina de una osamenta para pretender que era la del desaparecido diputado Manuel Muñoz Rocha y el pago de medio millón de dólares a Fernando Rodríguez, el único testigo que involucró a Raúl Salinas en la conspiración para asesinar a José Francisco Ruiz Massieu, formaron parte de esa campaña vergonzosa y circense que no buscaba hacer justicia sino, al contrario, impedir su cabal aplicación.

   Cuando no tenía evidencias con frecuencia la Procuraduría General, sobre todo entre 1995 y 1997, las inventaba. Y cuando no contaba siquiera con documentos que parecieran respaldar sus imputaciones, esa dependencia del gobierno federal propalaba filtraciones entre periodistas.

   Ahora se confirma que esas presuntas evidencias nunca fueron suficientes para fincar una acusación sólida contra Raúl Salinas de Gortari. Sin embargo varios jueces las consideraron satisfactorias y expidieron o ratificaron la sentencia.

   Ese desaguisado se ha resuelto, nomás con 10 años de tardanza, gracias a la resolución que tomó el jueves pasado por la noche en Tribunal Colegiado en Toluca. Pero más allá del asunto estrictamente legal, también en amplios segmentos de la sociedad y en los medios de comunicación se juzgó como asesino, sin pruebas, al hermano del ex presidente Carlos Salinas.

Montajes de faramalla

   Aunque los montajes de la PGR en aquellos años fueron faramallescos y era imposible tomarlos como concluyentes, en los medios y el mundo político hubo quienes condenaron abiertamente a Raúl Salinas. En la sociedad mexicana prevalecía el convencimiento de que la contratación de una vidente, la osamenta en El Encanto y el soborno a Fernando Rodríguez eran signo de acusaciones falsas. Y sin embargo, en todos esos sectores se mantuvo un ánimo de linchamiento que condescendió con la reclusión de Raúl Salinas aunque se sabía que no había motivos sólidos para culparlo de la muerte de su ex cuñado.

   La contratación de La Paca y sus allegados tendría que haber sido motivo suficiente para que el Procurador y el subprocurador, Antonio Lozano Gracia y Pablo Chapa Bezanilla, fueran cesados. Mucho más, el soborno de medio millón de dólares para propiciar una declaración incriminadora contra Raúl Salinas. Pero ni en la clase política, ni en los medios, ni en la sociedad mexicana de esos nada lejanos años, se levantaron suficientes voces para exigir seriedad en la investigación sobre el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

   La crisis económica era realmente amenazadora, el país se encontraba estancado en muchos terrenos, los asesinatos políticos y la irrupción guerrillera de 1994 seguían enturbiando el panorama público… Era difícil mirar los acontecimientos con serenidad y abstraerse del clima de crispación que dominaba en aquellos años. Pero aún así no deja de llamar la atención la pasividad, lindante con la complicidad, que con escasas excepciones hubo en la sociedad mexicana –medios y comentaristas críticos incluidos– ante las acusaciones sin suficiente sustento que se enderezaban contra Raúl Salinas. En marzo de 1995 escribimos, recordando al macartismo estadounidense que tan puntualmente había bautizado cuatro décadas antes la escritora Lillian Hellman, que estábamos entrando a un Tiempo de canallas. Posiblemente no hemos logrado salir de esa ominosa etapa.

Mirar e incriminar

   Durante la década reciente, amplios sectores del entramado mediático y de la sociedad mexicana vieron solamente lo que querían ver en el encausamiento contra Raúl Salinas. El soborno para favorecer la declaración de un testigo fue dispensado, o soslayado, como si hubiera sido un asunto menor. Las extravagancias y tropelías del fiscal Pablo Chapa fueron asumidas como anécdotas.

   Llamativos, a esos episodios se les restó importancia como indicadores del timo al que se estaba conduciendo al sistema judicial. Pero a su vez, cobraron tanta relevancia pública que desplazaron la divulgación y discusión de otros rasgos en el juicio contra Raúl Salinas.

   A estas alturas casi nadie se acuerda, por ejemplo, de la manera como el juez Ricardo Ojeda Bohórquez tomó en cuenta, como evidencia contra Raúl Salinas, un segmento de tres segundos en donde, según dijo, se podía apreciar una mirada de complicidad con el entonces diputado Manuel Muñoz Rocha.

   Al referirse a esa supuesta evidencia el juez, que en enero de 1999 le impuso a Raúl Salinas una sentencia de 50 años de prisión, advertía que el registro de esa mirada “por sí solo no sería motivo para fincarle una responsabilidad penal, en el delito que se le imputa”. Pero junto con otros elementos, al juez le pareció que esa grabación “sirve de apoyo” a la acusación contra Salinas como autor intelectual del crimen.

Imaginaria complicidad

   El intercambio de miradas ocupa las reflexiones del juez Ojeda entre las páginas 3170 y 3180 de la sentencia que expidió contra Salinas. De ese asunto esta columna se ocupó los días 20 y 21 de mayo de 1999 y vale la pena recordarlo porque ejemplifica la ligereza del proceso cuyo desenlace ahora ha sido rectificado a favor de Raúl Salinas.

   En ese apartado de la sentencia, así como entre las páginas 55267 y 55296 del expediente con las actuaciones judiciales del caso, se analiza un video grabado por reporteros de Televisa el 28 de septiembre de 2004 en el Hospital Español poco después de que, herido de muerte, José Francisco Ruiz Massieu había sido llevado a ese nosocomio. Además de una entrevista con uno de los médicos que trató de impartirle los primeros auxilios en esa grabación se aprecian los gritos, el desconcierto y la expectación de docenas de amigos y familiares que estaban llegando al hospital.

   En el tumulto, de acuerdo con la narración que aparece en las actas judiciales, se alcanza a ver al entonces diputado Manuel Muñoz Rocha –a quien Fernando Rodríguez González señaló después como la persona que, por indicaciones de Raúl Salinas, le había encargado que contratase a un pistolero para que atentara contra Ruiz Massieu–.

   El video era aparentemente útil como prueba porque, en su declaración ministerial, Rodríguez González dijo que aun cuando él no se encontraba aquella tarde en el Hospital Español Muñoz Rocha, que sí estuvo, le aseguró que en algún momento Raúl Salinas de Gortari se le aproximó, le dio una palmada en el hombro y le dijo “bien”. Ese presunto gesto, a partir de una declaración de tercera mano, fue tomado por el Ministerio Público como señal de que Salinas y Muñoz Rocha estaban coaligados en el crimen.

   Lo que el video mostró fue que en ningún momento Muñoz Rocha y Salinas intercambiaron palabras ni palmada alguna porque estuvieron distantes uno del otro. Pero en vez de considerarlo como demostración de la falsedad del testimonio de Rodríguez González el juez Tercero de Distrito Penal encontró –o quiso encontrar– un indicio de complicidad entre aquellos personajes.

Evidencia en 3 segundos

   La grabación dura 11 minutos con 36 segundos. De ellos, las escenas que sugieren algún acercamiento entre Muñoz Rocha y Raúl Salinas, tienen una extensión de tres segundos. El análisis de ese pequeño segmento, realizado el 21 de febrero de 1997 en el juzgado de Almoloya, era tan subjetivo que cabía preguntarse si el resto de la sentencia estuvo afectada por otros sesgos de esa índole.

   Ante el video examinado cuadro por cuadro, el secretario del Juzgado identificó un momento en el que Muñoz Rocha dirige la mirada hacia los miembros de la familia Salinas que habían acudido al hospital. En una primera descripción dejó asentado que entre muchas otras personas se identificaba “hacia el fondo de la escena, mirando de frente a la cámara, Manuel Muñoz Rocha, sin que se aprecie hacia dónde dirige la mirada, porque la nariz del procesado [Raúl Salinas de Gortari] y el pelo de la señora Paulina impiden esa apreciación”.

   Uno de los agentes del Ministerio Público Federal pidió entonces que el secretario del Juzgado determinara a quién miraba Muñoz Rocha. La nueva descripción, indicó lo siguiente: “aparecen en escena seis personas, de espaldas a la cámara, dos de ellas inidentificables por sólo verse el cabello oscuro, uno de ellos alzando una cámara fotográfica, una tercera persona vestida de saco azul rey, que fue identificado como el señor Raúl Salinas Lozano, atrás de él quien fue identificada como la señora Paulina Castañón y a espaldas de ésta el ingeniero Raúl Salinas de Gortari, y al fondo el señor Manuel Muñoz Rocha, sin que se aprecie que entre éste y el señor Raúl Salinas haya diversas personas, y la mirada de aquél estaba dirigida hacia éste, apreciándosele a Manuel Muñoz Rocha únicamente el ojo izquierdo. Doy fe”.

   Ante una nueva petición para que fueran certificadas las escenas del siguiente segundo de ese video, el secretario del juzgado dejó establecido: “en la proyección aparecen las personas referidas… con la salvedad de que el inculpado Raúl Salinas de Gortari aparece volteando hacia el lado derecho, sin apreciarse hacia dónde dirige la mirada, por no observar sus ojos en la escena”.

Apreciar sin explicar

   A pesar de la vaguedad de esa descripción el Ministerio Público consideró que allí se probaba que Muñoz Rocha, en el video, “mira fijamente al inculpado”

   Sus defensores y el propio Raúl Salinas alegaron entonces que de una fracción tan pequeña del video no podía concluirse que Muñoz Rocha lo hubiera volteado a ver, específicamente, a él. Las escenas cuadro por cuadro de esos tres segundos no eran suficientemente claras para determinar que Muñoz Rocha miraba sólo a una persona. Además, como dijo el secretario del juzgado, solamente se apreciaba uno de los ojos del entonces diputado.

   Cuando el acusado solicitó que esa apreciación fuera revisada con una impresión ampliada de tales escenas, el juez acordó que tal petición no era procedente, “en virtud de que el Secretario tiene fe pública y sus apreciaciones audiovisuales no ameritan explicación”.

   El juez se empeña tanto en defender a Rodríguez González –que había recibido medio millón de dólares para ofrecer ese testimonio– que incluso le dispensa haber dicho, falsamente, que Raúl Salinas y Manuel Muñoz se habían saludado en el Hospital –lo cual, por otra parte, no hubiera tenido nada de extraño–. “No quiere decir que Fernando Rodríguez haya mentido, ya que a él se lo dijeron, aunque no lo vio” dice la sentencia del juez Ojeda.

   “Lo que sí es innegable –continúa ese fragmento de la extensa sentencia–  es que Fernando Rodríguez no mintió al decir que Manuel Muñoz Rocha se vio con el acusado imprevistamente, en el Hospital Español; sin embargo, al observar el videocasete en cámara lenta… se advierte que es evidente que Manuel Muñoz Rocha trataba de buscar la mirada del acusado y acercarse a él y que en un determinado momento se cruzaron las miradas y se nota en ellas un sentimiento de complicidad y disimulo, aun cuando no se observe ‘una palmada’ como refiere el acusado, ni se escucha que le haya dicho ‘bien’…”

   Aunque en la revisión de uno de los tres segundos pertinentes del video el secretario del Juzgado dejó asentado que si bien Muñoz Rocha veía de frente a la cámara no se apreciaba “hacia dónde dirige la mirada”, el juez decidió considerar que resultaba “evidente” que el entonces diputado priista buscaba la mirada de Raúl Salinas.

   Y aunque en la siguiente escena, según la misma descripción a partir del video exhibido en la audiencia judicial, de Muñoz Rocha se veía “únicamente el ojo izquierdo” y al tercer segundo la mirada de Raúl Salinas no se apreciaba, “por no observar sus ojos en la escena”, el juez Ojeda decidió que, aquella mañana trágica en el Hospital Español, Muñoz Rocha “trataba de buscar la mirada del acusado”.

   Con ese fragmentario registro, el juez que condenó a Raúl Salinas dictaminó: “de la simple observación del video en forma pausada (o cámara lenta) se puede advertir la complicidad y acuerdo que existía entre el acusado y el desaparecido diputado Manuel Muñoz Rocha a través de sus miradas”.

Tribunal mediático

   Desde luego esa fue solamente una, entre otras, de las evidencias que Ojeda Bohórquez utilizó para condenar a Raúl Salinas. Es una sola pero ejemplifica el enorme descuido y, quizá, la prejuiciada malquerencia con que se desarrolló el proceso que tuvo a Raúl Salinas en prisión durante más de 10 años hasta que, el jueves, el Tribunal Colegiado le otorgó el amparo contra esa sentencia.

   El universo de las actuaciones y decisiones judiciales suele ser hermético al escrutinio de una sociedad que, por lo demás, no se detiene a examinar con detalle documentos tan farragosos como los que forman parte de esas diligencias. Pero episodios como el que hemos descrito fueron intencionalmente ignorados por muchos de quienes condenaron a Raúl Salinas, no en los juzgados formales sino en el con frecuencia inicuo tribunal de la opinión pública.

   Más allá del sufrimiento injusto que padecieron Raúl Salinas de Gortari y su familia, tendría que ser tiempo de preguntarnos qué le pasó a la sociedad mexicana que fue capaz no sólo de tolerar sino de, en algunos momentos, aplaudir un empleo tan abusivo de la justicia.

    Podría ser momento para establecer cuántas arbitrariedades judiciales más han sido posibles gracias a los respaldos mediáticos y políticos que han encontrado.

   Prácticamente nadie, sin embargo, se hará esos cuestionamientos. Es políticamente incorrecto. Resultará de mal gusto. Pero una sociedad y un sistema político que no examinan sus propios errores y abusos corren el riesgo de volver a padecerlos.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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La Crónica, enero 23 de 2005

Una guerra desemboca solamente en la derrota de uno de los contendientes o en un armisticio. Pactar con el narcotráfico sería inadmisible: implicaría el reconocimiento, por parte del Estado, de que hay un poder comparable al suyo.

   Así que cuando el gobierno federal encuentra en los asesinatos en Matamoros una declaración de guerra por parte de las pandillas de narcotraficantes, además de la gravedad de esa escalada de agresiones está admitiendo que, de este trance, no hay más desenlace que la aniquilación de esos grupos o el sometimiento del Estado a sus intereses criminales.

   De esas dimensiones es el desafío que ha presentado el narcotráfico. Cuando el jueves por la noche se refirió a “esta guerra contra el crimen organizado” la presidencia de la República resaltaba la gravedad de las ejecuciones de seis empleados del reclusorio de alta seguridad en Matamoros.

   Todo parece indicar que se trata de una venganza ante las medidas, adoptadas unos cuantos días antes, para desarticular la red de complicidades que había construido en el penal de La Palma el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén. No es un secreto la influencia que ese criminal tiene sobre la vida social –incluyendo a menudo la impartición de justicia– en Matamoros y otras zonas de Tamaulipas.

Venganza anunciada

   La respuesta de grupos como ese después de la ocupación de La Palma por parte de más de 750 militares y agentes policiacos y el traslado a otros penales de algunos de los secuaces de Cárdenas Guillén, se esperaba desde varios días antes.

   Pertrechado en una amplia experiencia en el seguimiento de las tropelías del narcotráfico, el martes 18 de enero el periodista José Blancornelas escribió en La Crónica: “Osiel Cárdenas Guillén está pensando cómo vengarse. Es lógico. Posiblemente contra quienes le servían adentro y afuera del penal. Tal vez a delegados de la Procuraduría General de la República. O agentes federales. En la secretaría de Seguridad, desde Ramón Martín Huerta para abajo. O hasta periodistas”.

   La venganza de ese capo del narcotráfico, en opinión de Blancornelas, dependía de que encontrara cómo transmitir instrucciones a los cómplices que tiene fuera de La Palma, donde había creado tantas connivencias que algunos lo consideraban el verdadero poder dentro de ese reclusorio en el Estado de México.

   Todo parece indicar que Cárdenas Guillén encontró la manera de comunicar esas indicaciones. Su desquite recayó sobre seis trabaj