La Crónica, jueves24 de abril

Quizá es impropio de su investidura y sobre todo políticamente impertinente que lo diga, pero será difícil que alguien, sensatamente, ponga en duda la afirmación del presidente de la República acerca de la imagen del PRD y sus aliados: sus comportamientos recientes, “simple y sencillamente los ponen en ridículo”.

Es cierto, aunque no hacía falta que lo dijera. Pero se trata de una verdad parcial. El PRD y socios en esta aventura no son los únicos que están quedando en ridículo.

Al atraco político que cometen esos partidos, se opone el escarnio mediático de la ultraderecha. Frente a la intolerancia cerril de los lopezobradoristas, ha destacado la generalización maliciosa de quienes los comparan con el fascismo corriente. Se trata de exageraciones tan mayúsculas que resultan grotescas, estrafalarias.

La ocupación de las tribunas parlamentarias ha constituido una reiteración, cruda y dura, del talante antidemocrático que impera en el PRD así como de la inhabilidad del gobierno, el PAN y el PRI para asumir las responsabilidades políticas y jurídicas que les asignaron los ciudadanos. Pero ese asalto a los recintos legislativos no ha sido golpe de Estado, ni secuestro del Congreso, como se ha dicho con ligereza.

Las precisiones conceptuales no son, en este caso, florituras académicas. Hace falta definir qué está ocurriendo para entender de qué se trata. Lo que hemos presenciado desde hace dos semanas es un abusivo caso de extorsión política que ha tenido como propósito demorar el debate acerca de la reforma energética. En aras de ese objetivo Andrés Manuel López Obrador, y sus abiertos o vergonzantes seguidores, se han desplegado en tres terrenos simultáneos.

El primero ha sido el ámbito de los recintos legislativos gracias a la adocenada disciplina de senadores y diputados perredistas que, independientemente del bando que asuman dentro de la encarnizada disputa dentro de su partido, resolvieron ceñirse a los dictados del caudillo que hoy por hoy sustituye cualquier decisión o voluntad dentro del PRD.

Su segundo territorio es el de la calle, que no resulta ajeno a las prácticas de las izquierdas pero que en esta ocasión ha sido ocupado no para defender una reivindicación popular y mucho menos democrática –como solían hacer los agrupamientos de esa vocación ideológica– sino para impedir la discusión y en todo caso la decisión nacionales sobre el petróleo. En empleo de las “adelitas” ha sido por sí mismo suficientemente autoritario, caudillista –e incluso machista– para describir la índole antidemocrática de ese movimiento.

El tercer ámbito donde López Obrador y los suyos despliegan influencia y presencia es el de los medios de comunicación. Con la especie de que se les margina y censura, mantienen atemorizados a muchos de los medios y operadores mediáticos más relevantes que, entonces, se esfuerzan para darles cabida con tal de no resultar políticamente incorrectos o, en este caso, propagandísticamente condenables por parte del lopezobradorismo.

En esos tres frentes, los adversarios de las iniciativas presidenciales para la reforma de la industria petrolera han alcanzado un triunfo inicial. Lo que querían antes que nada era impedir la discusión de esas propuestas antes de que terminase el actual periodo de sesiones del Congreso y así lo consiguieron. Un logro adicional para esa controvertible causa ha sido la densa nube de confusión que se ha cernido sobre las propuestas del presidente Felipe Calderón y, en general, acerca de la cuestión petrolera.

Estamos, hasta ahora, ante un triunfo de la marrullería y el atropello políticos. No se trata de un recurso habitual en el litigio parlamentario como se ha querido decir en descargo de los legisladores perredistas. Ocupar la tribuna para defender su derecho a expresarse puede ser legítimo cuando a un diputado o senador se le quiere marginar en la discusión o la decisión legislativas. En ocasiones, la presentación de largas peroratas se convierte en recurso para dificultar la discusión parlamentaria. Lo que hacen ahora los legisladores del PRD, sin embargo, es impedir cualquier intercambio, cualquier debate en los recintos por excelencia adecuados para ello.

Se trata de un atentado a la política, a la deliberación y al desempeño del Congreso. Pero eso no es golpe de Estado como no lo constituyó, tampoco, el desafuero de López Obrador que hace tres años fue considerado de esa manera por algunos apologistas de ese personaje. Tampoco estamos ante un secuestro del Congreso porque, como a pesar de incomodidades y limitaciones ha demostrado la mayoría de sus integrantes, ambas Cámaras han seguido trabajando.

Esa expresión de marrullería política ha prosperado ante la perplejidad del resto de las fuerzas políticas y la confusión de buena parte de la sociedad. En ese río revuelto algún exaltado tuvo la ocurrencia de comparar a López Obrador con Hitler, Pinochet y Victoriano Huerta y, además del beneplácito de las televisoras, obtuvo recursos para comprar tiempo en ellas.

Se trata de un completo despropósito. Si nuestro ambiente público no estuviera tan crispado, el conocido spot habría pasado con más pena que gloria y sería reconocido como expresión de barbaridad e intolerancia. Pero con los ánimos políticos tan soliviantados, hay quienes han querido encontrar razonable la equiparación que se hacía en ese anuncio realizado para denostar a López Obrador y a los partidos que lo respaldan. Más allá de todo eso, el spot es ilegal de acuerdo con las normas aprobadas a fines del año pasado para la difusión de propaganda política.

El anuncio de marras viola la Constitución. No hay vuelta de hoja. Y esa transgresión constitucional ha sido alentada o dispensada por los grupos o personas que hayan contribuido a la difusión del spot, por las empresas de televisión y radio que lo transmitieron, por los medios de comunicación que aplaudieron esa difusión y, hasta ahora, por las autoridades del Instituto Federal Electoral que asisten extrañadas y apocadas ante esa violación de la ley que tienen la responsabilidad de hacer cumplir.

Tendría que ser innecesario, pero a menos de medio año de su promulgación hace falta recordar la más importante de las disposiciones de esa reforma al artículo 41 de la Constitución Política:

“Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión.

“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.

El artículo 41 constitucional se refiere a la propaganda política en cualquier momento y no solamente cuando hay campañas electorales, como se ha llegado a suponer. El Código Federal Electoral, a partir de las reformas recientes, ratifica esas disposiciones y señala sanciones muy precisas para quienes las infrinjan.

En este caso el grupo que suscribe y que aparentemente pagó la difusión del spot, pero además las televisoras y radiodifusoras que lo transmitieron, tendrían que ser sancionados por el Instituto Federal Electoral. Al incumplimiento de la ley en el que ya había incurrido, Televisa añadió una infracción más al seguir transmitiéndolo después de que, el viernes pasado, el IFE había dispuesto que fuera suspendido.

Los consorcios mediáticos están poniendo a prueba la capacidad de los actuales consejeros del IFE para hacer cumplir la ley. Todavía está pendiente la sanción que impondrán –si se animan a hacerlo– a Televisión Azteca y a los partidos que conforman el llamado Frente Amplio Progresista por el spot que hace varias semanas anunciaba un mitin de López Obrador y que fue contratado al margen de la autoridad electoral. Después de esa contravención, hace apenas un mes, la difusión del spot que equipara a AMLO con personajes del fascismo histórico es un abierto desafío a los consejeros del IFE. Ellos reaccionan con tanta parsimonia que pareciera que no se enteran, o no entienden lo que ocurre.

Ante los abusos del ex candidato presidencial y su estridente claque, los promotores del engañoso spot promueven la ofuscación y la polarización. Sería igualmente maniqueo considerar que se trata de fuerzas equivalentes. El de Guillermo Velasco Arzac es, independientemente de los apoyos que pueda tener, un exceso cometido por un ciudadano frente al incumplimiento de sus obligaciones constitucionales en el que han incurrido senadores y diputados federales de PRD, PT y Convergencia. La del grupo “Mejor sociedad, mejor gobierno, A.C.” es una campaña mediáticamente vistosa pero nada más que eso, que realiza un pequeño grupo privado frente a omisiones y acciones de esos tres partidos nacionales que están empecinados en estropear el trabajo legislativo.

El saldo, hasta ahora, es que no hay debate sobre el petróleo. Y cualquiera que sea, cuando ocurra, la decisión acerca de las reformas para esa industria habrá quedado oscurecida por suspicacias y distorsiones promovidas por los prosélitos de López Obrador pero favorecidas, también, por la inhabilidad política del gobierno y el PAN. Ah, claro, y por la taimada actitud del PRI que no encuentra provecho en comprometerse con la reforma petrolera.

Así que el ridículo resulta evidente, pero no es patrimonio de una sola fuerza política.

Ahora que, si atendemos a la acepción precisa y advertimos que ridículo es aquello que provoca risa, entonces habrá que reconocer que la situación nacional se encuentra en las antípodas de ese adjetivo. Está, digámoslo claramente, para llorar.

Revista emeequis, 20 de abril

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Cuando López Obrador envía a sus adelitas y a los legisladores perredistas a entorpecer la discusión a la que está obligado el Congreso no solamente estamos presenciando la reedición de una escaramuza ya conocida. La tentación de asegurar que transcurrimos de la tragedia a la comedia resulta casi inevitable, aunque aquella frase nos queda cada vez más insuficiente.

Si nuestra vida pública deambulara de la confusión trágica al despropósito cómico, tendríamos cierta evolución o al menos nos entretendríamos. Pero cada vez tenemos más afianzada la sensación de que el país no hace sino recorrer un tortuoso, si bien estridente círculo vicioso. Importa poco si estamos moviéndonos de tragedia en tragedia o de comedia en comedia. Porque, una u otra, el resultado incluye el estancamiento de la deliberación pública, la estupefacción y el hartazgo de la sociedad, así como el refocilamiento de la clase política en la rencilla improductiva.

La responsabilidad del PRD y su ex candidato presidencial sigue siendo fundamental en ese atasco de la vida pública mexicana. Empecinado en una soberbia tan, valga la redundancia, autocomplaciente como auto paralizante, Andrés Manuel López Obrador renunció hace tiempo a ser palanca de cambios para el país y considera que su misión política es fastidiar sin tregua al presidente que le ganó las elecciones hace un par de años. En eso consiste el papel de la oposición, podría decirse. Pero una cosa es mandar al diablo a las instituciones –es decir, renegar de ellas con tanta exaltación que se las considera prescindibles— y, otra, tratar de que la vida política institucional se convierta en un infierno.

Por eso el comportamiento de López Obrador y su partido ha sido tan patéticamente emblemático del estancamiento de una vida pública en donde los desplantes sustituyen a las ideas y los reparos a la deliberación. El problema no es que ese personaje insista, al estilo del priismo autoritario en el que no en balde se formó políticamente, en que no hay más verdades que las suyas. Tampoco que siga denominándose presidente legítimo.

Esas y otras extravagancias serían indicativas de la incapacidad de López Obrador para entender una realidad que le ha sido desfavorable y nada más. El problema radica en la subordinación que la mayoría de sus correligionarios, comenzando por los líderes de esas variadas y a su vez peleoneras corrientes perredistas, siguen teniendo respecto de ese caudillo.

Aun sin haber resuelto la vergonzosa disputa por sus elecciones internas, todos los grupos del PRD cerraron filas no en defensa de un proyecto para reivindicar la soberanía nacional sobre nuestro petróleo sino, simplemente, alrededor de un rechazo tajante, sin argumentos ni matices.

La propuesta que el presidente Felipe Calderón envió al Congreso tiene aristas discutibles y precisamente por ello es preciso que se le examine con todo rigor. Aunque en ella se advierte un esfuerzo para conciliar las posiciones que buscaban una apertura con pocas restricciones con aquellas que sugieren no hacer nada o hacer muy poco para renovar a la empresa petrolera y su capacidad de crecimiento, la iniciativa del gobierno deja sin resolver algunas dudas fundamentales.

Sobre todo sigue faltando información completa, pero además confiable, para saber si la participación de empresas privadas en la búsqueda y la refinación de petróleo es realmente la mejor opción para el país. Hay quienes, como Cuauhtémoc Cárdenas, proponen reforzar las finanzas de Pemex para que la alianza con empresas privadas no sea necesaria. Parece sensato, aunque esa postura deja sin resolver de dónde obtendría el país el dinero necesario para compensar la ausencia del fortísimo respaldo que los recursos petroleros le otorgan al presupuesto nacional. En todo caso allí se encuentra uno de los nudos de la discusión que hace falta.

Esa deliberación ha sido entorpecida por la taimada indefinición del PRI que sigue apostando al corto plazo, sin comprometerse y pensando únicamente en su recuperación electoral y que buscó demorarse para ofrecer una posición acerca de la propuesta del presidente Calderón.

También la desmañada táctica del gobierno, que no ha tenido una ruta clara para preparar, cabildear, publicitar y defender su iniciativa de reforma petrolera, influyó en la parálisis política que hemos advertido en las semanas recientes. Es difícil que los acercamientos con otras fuerzas políticas los pueda emprender un secretario de Gobernación que ha gestionado contratos de servicios con Pemex en beneficio de su empresa familiar y que, peor aún, inicialmente se negó a reconocer y a explicar esa situación.

Pero en la perplejidad de esta vida pública acicateada por declaraciones catastrofistas y habitualmente ayunas de ideas y propuestas la responsabilidad del PRD, al que por comodidad, costumbre o ignorancia hay quienes siguen considerando de izquierdas, ha sido esencial. Comedia y tragedia, ese partido nacional sigue sin hacerse cargo de la confianza que pese a tan notorios despropósitos le siguen dispensando muchos ciudadanos. Frenar o estorbar la discusión jamás han sido prácticas reconocidas en la izquierda y mucho menos en la política de índole democrática. Pero a López Obrador y su partido hace rato dejaron de interesarles la congruencia y mucho menos las ideas. Y esa, tragedia o comedia, es una realidad imposible de aceptar.

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Crónica, 10 de abril de 2008

Antes de conocerla, López Obrador descalificó la iniciativa de reforma petrolera que antier presentó el presidente Felipe Calderón. Si hubiera un recetario para esquivar debates, el comportamiento del ex candidato perredista sería paradigmático. Antes que argumentos, la reprobación prejuiciada. Por encima de la deliberación, el asedio a espacios parlamentarios. A falta de razones, desautorizaciones.

La precipitación de los anticipadamente adversos a la reforma petrolera confirmó que, fuese cual fuera, la iniciativa del gobierno encontraría ese flanco antagónico. Signos de los tiempos, resabios de la crispación, secuelas de la política autoritaria: las “adelitas” del Peje convertidas en adeptas maleables e incondicionales en la peor tradición del caudillismo pero, sobre todo, con los más lamentables rasgos de sumisión femenina más allá de las razones; los intelectuales que se declaran contra una privatización petrolera que definieron mal, de prisa y equívocamente, después de suscribir sus desplegados; los legisladores más aptos para asaltar la tribuna que para ocuparla con argumentos y explicaciones. Esos, junto con la simplificación mediática (no en todos los medios, sí en los más refractarios de la misma manera que en los más sumisos al gobierno actual) son rasgos de anti-clima que encuentran las propuestas del presidente Calderón.

Tarde y mal, pero a fin de cuentas de frente, Calderón se animó a presentar su propuesta de reforma legal. En realidad se trata de cinco iniciativas: una nueva Ley Orgánica para Petróleos Mexicanos, modificaciones a la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, la creación de una Comisión del Petróleo, así como reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. En esos documentos, aun sujetos al escrutinio especializado, se pueden distinguir cuatro coordenadas para el crecimiento de la industria petrolera:

1. La transformación de Pemex en una empresa que trabaje con criterios y decisiones propios. Se trata de que esté regida por un consejo de administración en el que, además de los representantes del Estado y el sindicato petrolero, habría consejeros profesionales. El gobierno no se arriesgó a proponer la exclusión de los representantes sindicales, con lo cual mantiene una de las principales fuentes de favoritismo y desviación de recursos en la industria petrolera. Sin embargo estableció un candado parcial: las decisiones del Consejo de Administración requerirán del voto favorable de al menos dos de los cuatro consejeros profesionales en una primera sesión. Si no hay acuerdo, se decidirá por mayoría simple en una segunda reunión. La empresa tendrá autonomía para el manejo de su presupuesto.

2. La creación de nuevos mecanismos y organismos de regulación y transparencia. En Pemex habrá un Comité de Transparencia y un Comisario que vigilarán las decisiones del Consejo de Administración y del Director de la empresa. Por otra parte se crea la Comisión del Petróleo, organismo técnico asesor de la Secretaría de Energía. Esa Comisión estará integrada por 5 comisionados a los que designará el Presidente de la República. Entre otras obligaciones tendrá la cuantificación de las reservas de hidrocarburos, propondrá lineamientos para proyectos de inversión, exploración y explotación y otorgará y revocará permisos para obras de exploración y explotación. La Comisión Reguladora de Energía recibe nuevas facultades, entre otras la de establecer precios de los derivados de la petroquímica. Además sancionará violaciones a normas de seguridad.

3. Más información pública acerca de la industria petrolera, su situación y proyectos. Además de la información que provean los ya señalados organismos, Pemex deberá rendir cuentas de sus políticas y resultados a quienes tengan “bonos ciudadanos”. Esos títulos de crédito serán expedidos por Pemex y darán rendimientos de acuerdo con su desarrollo pero no implican derechos patrimoniales sobre la empresa. Como figura retórica para subrayar el carácter nacional de Pemex, los bonos son una fórmula llamativa y quizá resulten propagandísticamente eficaces. Pero pueden conducir a un endeudamiento excesivo de Petróleos Mexicanos. Por otra parte, a fin de que no se susciten falsas expectativas, es preciso que el gobierno explique los mecanismos de adquisición, las reglas para evitar su acaparamiento y los réditos posibles de tales bonos.

4. La posibilidad de contratar a empresas privadas para tareas de exploración petrolera, así como en la refinación y transporte de productos petroquímicos, siempre bajo la supervisión de Pemex. Aquí se encuentra el tema que será más debatido de entre los que componen esta colección de propuestas.

El Artículo 4º. que se propone para la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo dice:

“Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos.

“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo. Dicha contratación no podrá, en modo alguno, transmitir la propiedad del hidrocarburo al contratista, quien tendrá la obligación de entregar a Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios todos los productos y residuos aprovechables que resulten de los procesos realizados.

“Las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan…”

Y el artículo 6º. de esa misma iniciativa indica:

“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar

con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, manteniendo en todo momento el control sobre las actividades en la exploración y desarrollo de los recursos petroleros.

“Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan, serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán, por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, propiedad sobre los hidrocarburos, ya sea a través de porcentajes en los productos o de participación en los resultados de las explotaciones”.

Esas son las cartas del presidente Calderón. Decimos que las presentó mal y tarde por toda la especulación que el gobierno dejó brotar antes de decidirse a enfrentar las contingencias, pero también las ventajas políticas, de hacer una propuesta integral y clara.

Será difícil que alguien esté en contra de que Pemex trabaje con eficiencia, o de que haya más y más claros controles sobre su desempeño. Los “bonos ciudadanos” tendrán que ser evaluados independientemente de su fuerza simbólica. Y respecto de la contratación de empresas privadas para desempeñar tareas tanto en la búsqueda y obtención como en el procesamiento de crudo, subsisten preguntas básicas. ¿Pemex no puede hacerse cargo directamente de esas tareas? ¿Qué necesitaría para estar en aptitud de enfrentarlas sin subcontratar? ¿Cuánto perderemos a mediano plazo por ahorrar ahora en la inversión tanto para explorar y extraer como para refinar petróleo?

La solución a esas y las seguramente muchas otras interrogantes que suscitan las iniciativas presidenciales tendría que ocurrir en una auténtica deliberación nacional. El marco institucional deseable para ello es el Congreso y por eso ha sido pertinente que, ayer, el Senado estableciera un ambicioso temario para un debate sobre la cuestión energética. Quienesquiera que se opongan a esa discusión –y a que, al cabo de ella, los legisladores cumplan con la obligación que tienen para, valga la redundancia, tomar decisiones legislativas– estarán entorpeciendo no solamente la posibilidad de acuerdos básicos en un asunto nodal para el país. Además impedirían que en este debate los ciudadanos opinen, pregunten, entiendan y, así, se formen una posición enterada acerca de la reforma petrolera. No hay que hacer enredos de los veneros del petróleo lopezvelardianos.

No sería una novedad que López Obrador prefiriera las medidas de fuerza a la deliberación. El debate de ideas no es ni ha sido su fuerte. Pero no es la capacidad ni mucho menos la lucidez de ese dirigente lo que está a prueba, sino la aptitud del país para tomar decisiones a pesar de los segmentos más cerriles de la sociedad. La mitad del PRD que en el reciente y desastrado proceso electoral de ese partido se manifestó contra el caudillismo del ex candidato presidencial tendrá algo que decir en ese debate, a menos que involucione de nuevo y otra vez se mimetice con el inmovilismo político que, hipotecado únicamente a la expresión callejera, propone López Obrador. Los intelectuales que con este motivo refrendaron su adhesión al que unos cuantos de ellos consideran presidente legítimo, están ante la valiosa oportunidad de volver a las ideas. Las adelitas, como ellas mismas se denominan en autoflagelatorio vasallaje, tienen la ocasión de reivindicarse como mujeres plenas, dispuestas a actuar pero antes que nada a razonar, a diferencia de aquellas señoras que no acompañaban sino que simplemente seguían a sus hombres en la Revolución de hace casi un siglo. A ver si quieren.

La Crónica, jueves 3 de abril

   No se trató, desde luego, de una entrevista a modo como las que ha tenido con periodistas que decidieron no cuestionarlo sino simplemente abrirle espacios para que se hiciera propaganda. Pero tampoco fue una emboscada. La conversación que antier, martes 1 de abril, sostuvieron Andrés Manuel López Obrador y Carlos Loret de Mola en el noticiero matutino del canal 2 fue un intercambio difícil, áspero en ocasiones. El ex candidato presidencial, nervioso, a ratos incluso desconcertado ante preguntas triviales pero también agresivas, apareció sin argumentos cuando se tocaban asuntos de fondo.

   Loret condujo la charla por terrenos incómodos, que no son pocos para quien tiene una actuación pública repleta de contradicciones: el “presidente legítimo” repite un discurso cada vez más hueco, apela todavía a un fraude del que jamás ofreció una sola prueba rotunda, desconoce al gobierno “usurpador” pero le paga impuestos y le presenta exigencias, se dice democrático pero contribuyó a precipitar la patética crisis de antidemocracia y simulaciones por la que atraviesa su partido, se opone a la privatización del petróleo cuando nadie la ha propuesto al menos todavía, descalifica la posibilidad de que el gobierno se asocie con empresas privadas en la modernización del sector energético cuando él mismo lo propuso así, con esas palabras, en su proyecto de gobierno.

   El cerco informativo del que habla López Obrador para decirse marginado y perseguido se contradice con la amplia presencia que, de una manera u otra, ha tenido en los medios después de la elección de hace casi dos años. Desde luego sus posturas encuentran contrapuntos críticos en los medios de comunicación y es entonces cuando López Obrador se desconcierta y, exasperado, se proclama acosado. No es de extrañar que en Televisa sus tropiezos, y los de su partido, hayan sido ampliamente propalados como ocurre en la cobertura de la interminable postelección del PRD. Pero sería más sospechoso aún que esa televisora ocultase las notas de un escándalo político que resulta, por lo demás, insoslayable.

   39 minutos, de 7.09 a 7.48, estuvo López Obrador en el noticiero de Carlos Loret. De esa conversación hemos rescatado el segmento transmitido de 7.15 a 7.20 de la mañana, cuando el periodista le pregunta por el lodazal en que se ha convertido la contienda dentro del PRD y López Obrador replica quejándose de la cobertura que recibe en los noticieros de Televisa.

   Carlos Loret de Mola: ¿Oiga, cómo, cómo se, con qué autoridad moral nos dice usted, nos dice el PRD que nos va a defender a los mexicanos de los presuntos saqueadores, después de que vimos cómo se saquearon entre ustedes hace tres domingos en la elección interna del PRD? Porque fue un saqueo ¿no?

   Andrés Manuel López Obrador: Yo te digo dos cosas. En primer lugar yo tengo autoridad moral. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. De mi pueden decir lo que quieran pero no pueden decir que yo sea el ladrón. Yo he sido consecuente toda mi vida y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, entonces sí tengo autoridad moral, ¿eh?

   Loret: Para hablar de corrupción cuando tenía a Bejarano al lado…

   López: Si, cuando tenía yo a Bejarano al lado, que ustedes hicieron mucha propaganda de eso…

 Loret: Un video ¿no?

 López: Sí, que ustedes sacaron allí. Se demostró…

 Loret: Unas liguitas ¿no?

 López: Sí, que ustedes sacaron aquí.

 Loret: Unas liguitas, una lanita…

 López: Sí, sí, por…

 Loret: Una corrupción…

 López: Una, una confabulación, ustedes dieron a conocer ese video pero en esa ocasión, Carlos, se demostró de que yo no tenía nada que ver. Hay constancia de eso y se demostró de que era una confabulación para afectarme políticamente. Entonces te repito, yo tengo autoridad moral, ¿sí?

   Loret: ¿Y el cochinero del PRD?

   López: En el caso de lo que está sucediendo en el PRD, pues me gustaría que se resolviera. Pero, este, sin querer comparar, pues han saqueado al país, ¿sí? Este, ustedes por cierto no han dicho mucho sobre esto, sobre la privatización en general…

   Loret: En esta misma silla ya se sentaron, nada más faltaba usted…

   López: No, no, pero, sí, pero sabes qué, cuando el Fobaproa no hablaron mucho.

   Loret: Hasta programas especiales hubo, yo no trabajaba aquí entonces, pero me acuerdo que hubo programas de eso.

   López: Sí, no hablaron mucho pero qué bueno que ahora en el caso de este afán privatizador en lo que corresponde al petróleo, pues van a haber espacios, me importa mucho que me hayas invitado, porque ya pasaron…

    Loret: Y también vamos a hablar de los del PRD, ¿eh?

    López: Sí claro y de lo que tú quieras, yo no tengo ningún problema.

    Loret: Déjeme termino con esto. ¿Fue un saqueo, fue un cochinero la elección del PRD?

   López: Bueno, ahí están ya los datos, los informes, ustedes le han dado mucho vuelo, porque es un poco…

    Loret: Porque es nota.

    López: Y es el papel también que juegan ustedes, o sea…

    Loret: Dar la nota.

   López: Sí, le suben al volumen cuando se trata de asuntos que le conviene al régimen y que nos afectan a nosotros. Mira, ahora en Semana Santa…

   Loret: No, no, nada más le digo yo creo que todo lo que hemos dicho todos los comentaristas de Televisa juntos, con respecto a la elección interna del PRD palidece frente a lo que se han dicho entre ustedes, eh.

   López: Sí.

   Loret: Pero bueno, ahí se lo dejo. ¿Le parece que se ha maximizado?

   López: Sí, se ha maximizado.

   Loret: Es un problema del siete por ciento de las casillas dicen ustedes ¿no?

   López: No se ha maximi… pero vamos …

   Loret: ¿Qué porcentaje es el problema?

   López: No pero vamos, vamos de nuevo a la cobertura, déjame hablar. Primero, todo este asunto se dio en Semana Santa, dieron ustedes más al conflicto interno del PRD que al viacrucis.

    Loret: Ahí, oiga …

    López: Sí, permíteme.

    Loret: La última vez me acuerdo que se quejó de que le habíamos dado más al Papa que al desafuero. ¿Entonces ahora es al revés?

   López: No, no, no.

   Loret: ¿No es una contradicción?

   López: No. Estoy nada más planteando esto, ¿no? Porque los que nos están viendo y esa es una característica nueva eh, pues son, eh, ciudadanos pensantes, ya no se dejan manipular, eh, pero vamos a los tiempos, porque la comunicación es muy importante, Carlos, y hay mucho control de los medios…

    Loret: La elección del PRD ¿qué porcentaje de las casillas…?

    López: Antes te voy a decir que le dieron mucho más tiempo, le han dado mucho más tiempo, además, este, no te reto porque es una palabra muy fuerte, te sugiero y ojalá lo des a conocer, que veas cuánto tiempo le ha dado Televisa al conflicto interno del PRD y se compare con cuánto le dieron de tiempo ustedes al fraude electoral del 2006.

   Loret:¿Quiere ahora un recuento nota por nota?

   López: Sí porque no dijeron ni pío, o sea, el fraude electoral.

   Loret: ¿No estuvo usted aquí la mañana de 3 de julio, ahí sentado? No, de hecho, de este lado estaba.

   López: Sí, así nada más, nada más y luego no dieron ustedes ni una sola irregularidad.

   Loret: Usted vino aquí, estuvo con López Dóriga, estuvo con Víctor Trujillo ¿no?

    López: Sí, antes.

    Loret: No, no, antes no. Unos días después de la elección.

    López: Y luego se cerraron por completo y no vieron una sola irregularidad.

   Loret: A ver, está aquí.

   López: Pero digo, en el caso del PRD, te voy a contestar para…

    Loret: Está aquí, no, está bien, nada más le digo una cosa. Está aquí César Yáñez, su asesor de prensa de toda la vida, con quien tenemos una gran comunicación. Si quiere le ponemos un micrófono y que pase aquí a decirme si usted no recibió, por lo menos de este programa, dos invitaciones; una en noviembre del 2006 y otra en julio del 2007 que no aceptó para venir. Si quiere le preguntamos a César

   López: Sí, dos en año y medio.

   Loret: Dos invitaciones. Bueno, las rechazaba y aquí estaba su cobertura, aquí estábamos, la rechazó.

   López: No, pero por el ambiente, porque yo no les voy a legitimar.

   Loret: Pero las rechazó.

   López: No les voy a legitimar, cuando no existe…

   Loret: Pero lo invitamos ¿no?

   López: Cuando no existe pluralidad…

   Loret: Sin contar las de Denise Maerker y Joaquín que le habrán hecho…

   López: No existe pluralidad, no hay equidad, hay mucho desequilibrio. Se la han pasado, eh, durante todo este tiempo, eh qué bueno que ahora se da esta posibilidad.

   Loret: ¡Sí hombre, encantado!

   López: Este, yo pedí, mandé una carta a Emilio Azcárraga, dueño de esta concesionaria para que me permitieran hablar sobre el tema del petróleo.

  Loret: Yo lo había invitado desde antes de que usted mandara la carta.

  López: Sí. No, eh…

  Loret: A ver dígame, ¿no lo había yo invitado desde antes de la carta?  

   López: Sí pero, bueno, en función de la carta no.

   Loret: Pero yo lo había invitado desde mucho antes.

   López: Después de la carta no, fue ahora. Pero, digo, no voy a polemizar sobre eso.

   En realidad no polemizó acerca de nada. Cuando Loret de Mola le recordó que en la página 42 de su libro Un proyecto alternativo de nación publicado en 2004 López Obrador admitía la participación de los sectores público y privado en las actividades petroleras, el ex candidato presidencial se enredó en justificaciones inverosímiles. Loret lo había pillado con los dedos tras la puerta (o, bueno, con el texto tras la arenga). López Obrador, descobijado de su discurso autorreferencial, quedó exhibido como mentiroso.

   Eso ocurrió, quién lo dijera, en el Canal de las Estrellas que tampoco se distingue por su congruencia ni su afición a la verdad (pregúntenle, si no, al hasta hace poco artificialmente engrandecido y hoy exageradamente vilipendiado Hugo Sánchez).

La Crónica, jueves 20 de marzo

   En este 70 aniversario de aquella decisión valiente del general Lázaro Cárdenas se reiteró la fuerte carga simbólica que la nacionalización del petróleo sigue teniendo para los mexicanos. Recordar es reconocerse y en la remembranza del 18 de marzo nos advertimos como parte de una historia que no comienza ni termina ahora. Pero ningún país puede vivir de sus recuerdos. Y respecto del petróleo, la necesidad de tomar decisiones pronto y con seriedad condicionó las tres principales ceremonias con las que se conmemoró la expropiación de 1938.

   Andrés Manuel López Obrador ofreció, en el Zócalo de la ciudad de México, una visión del petróleo fundamentalmente anclada en la retórica y mirando hacia el pasado. El presidente Felipe Calderón Hinojosa mostró en Paraíso, Tabasco, una actitud de reconocimiento a la gesta histórica pero tan ayuna de definiciones sustanciales que resultó fundamentalmente estática respecto de los retos que hoy tiene nuestra industria petrolera. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano presentó en Morelia, Michoacán, una perspectiva fincada en la historia pero orientada a la solución de los problemas nodales de Petróleos Mexicanos. Paradójicamente, de esos tres mensajes el que menos se refociló en la épica de 1938 fue el que presentó el hijo del general Cárdenas.

   La de López Obrador, delante de un auditorio enardecido y complaciente, fue una postura cuya enjundia resultó inversamente proporcional a las ideas. El “presidente legítimo” se construye como referencia política a partir de la denostación de sus adversarios. En el mensaje del martes pasado abundaron expresiones al estilo de “¡ésos políticos y tecnócratas corruptos, acomplejados y vende patrias!”.

   Antes de que exista una propuesta formal y pública sobre ese tema, López Obrador ya decidió que Calderón y sus colaboradores quieren privatizar la industria petrolera. Él se opone por tres motivos: “la primera razón es la defensa de nuestra soberanía nacional”; “la segunda razón…es que sería una violación infame a nuestra Constitución Política”; “la tercera razón es que detrás de la privatización está el interés de un grupo para hacer negocios privados al amparo del poder público”.

   Como no discute con un proyecto ya conocido sino con el fantasma del que él asegura es el propósito de Calderón, la eficacia del discurso de López Obrador radica únicamente en sus coartadas autorreferenciales. Ciertamente la falta de definiciones del gobierno federal, reiterada en el mensaje que el presidente Calderón ofreció en Tabasco, alimenta esas especulaciones. Pero en todo caso, la postura de López Obrador no enfrenta los problemas actuales de la empresa petrolera.

   La administración de Pemex y diversos especialistas sostienen que a México se le está haciendo tarde para explorar las aguas profundas del Golfo de México. López Obrador simplemente considera que las principales reservas de crudo no están allí.

   Ante la preocupación de numerosos analistas de la cuestión petrolera por la extracción subrepticia de petróleo mexicano que podrían estar realizando empresas estadounidenses en los límites territoriales en el Golfo, López Obrador se limita a descalificar “la vacilada del ‘efecto popote’, para tratar de justificar la pretendida reforma a las leyes y permitir la asociación con empresas extranjeras”.

   Allí se agota el discurso, ayuno de propuestas, del despechado ex candidato presidencial. Esas limitaciones no le impiden llamar a una campaña nacional contra una privatización todavía incierta.

   El mensaje del presidente de la República, en Tabasco, no fue mucho más puntual en las propuestas aunque sí en el diagnóstico de la industria petrolera. Después de afirmar que “Petróleos Mexicanos no se privatizará”, Calderón ofreció datos alarmantes: al ritmo de producción actual, las reservas probadas nos durarán apenas 9 años; la producción diaria cayó en 300 mil barriles entre 2004 y 2007 y seguirá reduciéndose porque el yacimiento de Cantarell, de donde se extraía el 62% de la producción petrolera nacional, está extinguiéndose;  hoy en día tenemos que importar y subsidiar la venta de 4 de cada 10 litros de la gasolina que consumimos en México.

   El presidente anunció inversiones para respaldar a Pemex y, sin precisar plazos ni sitio, ordenó que se realicen estudios para construir una nueva refinería. Todo ello es importante pero no enfrenta las principales carencias de la paraestatal. Faltaron definiciones claras cuando dijo que es preciso “transformar a Pemex en una empresa que tenga la libertad suficiente en la toma de decisiones para que pueda utilizar mejor sus recursos y contratar, en las condiciones que más le convenga, a los mejores en su especialidad”.

   Con la campaña que despliega en numerosos medios audiovisuales, Pemex ha sembrado la inquietud acerca de la exploración en aguas profundas. Cabe preguntarse por qué la empresa petrolera dilapida centenares de millones de pesos en esa campaña en vez de utilizar el tiempo al que tiene derecho el Estado en las emisoras de radio y televisión.

   El presidente Calderón estima que Pemex debería “contar con el soporte técnico y operativo de empresas especializadas, que le permitan superar su rezago tecnológico y multiplicar su capacidad financiera y de ejecución”. Nadie se opondría a ello. El problema es en qué condiciones, a qué precio y con qué compromisos, Pemex recibiría ese respaldo.

   Y a propósito de compromisos y costos, el mensaje presidencial en Tabasco dejó ver uno de los lastres que el gobierno ha decidido seguir cargando en cualquier eventual renovación de Pemex cuando Calderón reconoció “la responsabilidad en la defensa de sus agremiados, la responsabilidad con la empresa y con el país, con la cual se ha conducido el sindicato, su dirigencia y su líder Carlos Romero Deschamps”. Tan inciertas y quizá tan costosas como los tratos que pretende con empresas extranjeras, son las alianzas que el gobierno panista ha decidido mantener con el sindicalismo de origen priista, ideología convenenciera y acreditada corrupción.

   Frente a la demagogia de López Obrador y las indefiniciones de Calderón, el discurso de Cuauhtémoc Cárdenas en Morelia fue de agradecible mesura y seriedad. Gran parte de las carencias que se deploran hoy, subrayó, se deben a la exacción que el país ha hecho de su industria petrolera. Ahora, sin embargo, los yacimientos se están agotando y no hemos tenido una política para restituir las reservas.

   El cuestionamiento de Cárdenas va más allá de la situación petrolera e involucra a la política económica: “La ineficiencia de las autoridades recaudadoras para cobrar impuestos  se ha resuelto imponiendo a Pemex un sistema de pagos por adelantado y con una fiscalidad que absorbe el 74 % de sus ingresos por la venta de crudo y algo más por otros conceptos. La pregonada estabilización macroeconómica y el equilibrio en las finanzas públicas, no provienen de una mayor eficiencia en el gasto, sino del embargo del presupuesto de las empresas públicas, en especial Pemex y Comisión Federal de Electricidad, a las que se impide disponer de recursos autorizados de inversión…”

   Igual que Calderón, Cárdenas destaca la dependencia mexicana respecto de las empresas de refinación extranjeras y ofrece otro dato: la importación de gasolinas nos cuesta 15 mil millones de dólares al año. Pero además, alerta, nuestras refinadoras están diseñadas para  crudo ligero y no pueden procesar el de tipo pesado por lo que es indispensable modificar el sistema nacional de refinación y construir dos nuevas refinerías (Calderón anunció al menos una de ellas).

   La petroquímica, indicó Cárdenas, “acumula más de quince años de estancamiento, deterioro, baja utilización de su capacidad instalada, ruptura de cadenas productivas nacionales y crecimiento de las importaciones, cuya factura supera ya los diez mil millones de dólares anuales”. La organización de Pemex en varias empresas ha significado “una separación rígida y una relación comercial entre filiales que las hace conducirse como si se tratara de negocios separados y en competencia”.

   La deuda de Pemex, documentada en los llamados pidiregas que han alcanzado los 50 mil millones de dólares, “no es sino una doble contabilidad que lleva el gobierno para cuadrar las cuentas que oficialmente rinde a los organismos internacionales, que no ignoran la existencia de esa deuda pero se engañan a sí mismos al no registrarla como tal”. Esa deuda, dice Cárdenas, “debiera ser absorbida y en su caso renegociada por el gobierno federal, descargando de ese pesado lastre al sector energético”.

   La exploración en aguas profundas en el Golfo, a juicio del hijo del General, es necesaria pero no tiene por qué realizarse con contratos de riesgo como sugiere el video gubernamental que todos conocemos. Esos contratos, recuerda Cárdenas, “están expresamente prohibidos por nuestra Constitución”.

   Para Cuauhtémoc Cárdenas esa exploración puede realizarse con tecnologías compradas o contratadas pero sin compartir riesgos e inversiones con empresas privadas: “no existe razón para que la industria nacionalizada no sea la que reciba el 100% de los beneficios del petróleo que se extraiga de las aguas profundas”. De cualquier forma, si esos trabajos de exploración comenzaran hoy tendríamos que aguardar 8 o 10 años antes de que se extrajera el primer barril de petróleo.

   De allí la insistencia del fundador del PRD –un partido hoy tan lejano de cualquier deliberación seria y atrapado por el canibalismo de las corrientes que lo están despedazando– en que, además de la exploración profunda, la empresa petrolera emprenda otras tareas: “construir refinerías, extender la red de ductos, modernizar terminales de almacenamiento, explorar en aguas someras, reactivar campos maduros, explotar los yacimientos en tierra, conceder autonomía presupuestal y liberar de la deuda en pidiregas a Pemex”.

   Además, Cárdenas Solórzano apremió al gobierno mexicano para que acuerde con Estados Unidos las condiciones de explotación de los yacimientos submarinos en la zona transfronteriza en el Golfo de México.  

   Allí hay una opción integral para que conmemoremos las 7 décadas de petróleo nacionalizado pensando responsablemente en el futuro sin darle la espalda a la historia. Por desgracia, es altamente posible que la obcecación revanchista de López Obrador y la perspectiva limitada que hasta ahora ha mostrado el presidente Calderón les impidan aquilatar la propuesta que presenta Cárdenas.      

La Crónica, 23 de agosto de 2007

  El único ganador en el Congreso del PRD fue Andrés Manuel López Obrador. Por encima de las discusiones prolongadas y reñidas, el ex candidato presidencial impuso su voluntad en las decisiones más importantes de esa reunión.

   A pesar de que eran mayoría los delegados de la corriente que aparentemente disiente del liderazgo de ese personaje, finalmente todos coincidieron en ratificar el sometimiento del partido a los caprichos de López Obrador.

   Las huestes manejadas por caciques como Dolores Padierna y que en alusión a su tristemente célebre marido se califican a sí mismas como bejaranistas para que no haya duda sobre las lealtades que las condicionan, vitorearon y abuchearon de acuerdo con el ánimo que imponían las instrucciones de López Obrador. Pero también los delegados de la Corriente Nueva Izquierda, conocida por el sobrenombre de sus dirigentes Jesús Ortega y Jesús Zambrano, terminaron aprobando resoluciones que no tienen otro propósito que complacer al ex candidato presidencial.

   Bejaranos y chuchos se dividieron durante los cuatro días del Congreso que comenzó el pasado jueves 16 de agosto. Y terminaron conviniendo en el tema fundamental tanto para las definiciones políticas del partido como, antes que nada, para los afanes de enfrentamiento que animan a López Obrador: el próximo 1 de septiembre el PRD impedirá, aseguran, que el presidente Felipe Calderón presente su informe de gobierno.

   A esa coyuntural y confrontacionista medida redujeron las corrientes del PRD su decisión más significativa. Nueva Izquierda había logrado definiciones relevantes –como el mecanismo para que a la próxima dirección nacional del partido la elijan los militantes y no los ciudadanos que acudan a urnas abiertas y sin padrón como querían los bejaranistas– pero sus líderes se sobresaltaron cuando las corrientes más radicales los tildaron de gobiernistas.

   El domingo 19, Nueva Izquierda y otros grupos habían conseguido que se aprobara una resolución que propone: “sustitución del llamado informe presidencial por un debate parlamentario y republicano entre poderes sobre el estado de la nación, en el marco de un nuevo régimen político”.

   Esa, después de todo, ha sido una aspiración de los partidos de izquierda durante muchos años: garantizar condiciones para que el titular del Ejecutivo Federal entable una discusión abierta con los senadores y diputados no sólo fortalecería al Legislativo y al equilibrio de poderes sino, junto con ello, sería un paso importante en el avance hacia un régimen de corte parlamentario.

   El mismo PRD, a través del diputado Francisco Javier Santos, presentó recientemente una iniciativa para que cada primero de septiembre, después del mensaje que debe rendir por mandato constitucional, el presidente de la República abra una discusión con legisladores. Todavía hace dos semanas ese diputado insistía en la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que tal iniciativa fuese aprobada.

   Sin embargo el día anterior el presidente Felipe Calderón les movió el piso –o quizá, más bien, dejó sin plataforma– a los dirigentes del PRD. El 6 de agosto, como puede recordarse, Calderón recordó que no sólo está dispuesto “sino que me gustaría poder debatir y dialogar con los legisladores”.

   Esa anuencia al diálogo, que en otras circunstancias tendría que haber sido entendida como reconocimiento a una exigencia histórica del PRD y de muchos de sus dirigentes, se convirtió en pesadilla cuando en ese partido fue tomada como tema de inflexión de los grupos más fundamentalistas.

   Toda la semana anterior al Congreso, el PRD se entrampó alrededor de la anuencia o el veto al diálogo con el presidente de la República. Esa, en cualquier democracia, sería una actitud esquizofrénica. El Partido de la Revolución Democrática cuenta con gobernadores, senadores, diputados y muchos representantes y funcionarios más que todos los días mantienen tratos institucionales y políticos con el gobierno del presidente Calderón. Pero como López Obrador insiste en que fue él quien ganó las elecciones del año pasado, cualquier barrunto de acercamiento a esa administración es tenido como apostasía dentro del PRD.

   En este caso, más que ante un cuadro de esquizofrenia nos encontramos con un comportamiento autista. Puede ser comprensible que para López Obrador, como parte del empecinamiento autoritario que le impide entender la decisión en contra suya de un considerable segmento de los ciudadanos, las elecciones hayan estado amañadas. Ya se sabe que atender a razones y sobre todo esgrimirlas no es el fuerte de aquel político tabasqueño. Pero en un partido que hace política todos los días pero que destina su congreso nacional a ensalzar el liderazgo de ese caudillo auto derrotado, tal actitud es de un ensimismamiento prácticamente suicida.

   En eso está el PRD. En la mezcolanza de clanes, claques y clientelas manifiestamente incondicionales a López Obrador es difícil encontrar posiciones reflexivas. Algunos comentaristas que miran desde fuera las vicisitudes de ese partido creyeron identificar una actitud distinta en Nueva Izquierda y sus dirigentes. Pero en esa apreciación había, sobre todo, un obnubilado voluntarismo. Ortega, Zambrano y compañía, indudablemente son dirigentes políticamente más sólidos que sus rivales dentro del PRD. Pero, igual que a aquellos, más que los principios los domina un incontenible pragmatismo.

   En virtud de ese pragmatismo, los chuchos y correligionarios que los acompañan prefirieron refrendar la subordinación antes que crear una interlocución seria con López Obrador. El episodio que más claramente manifestó esa actitud tuvo lugar durante las últimas horas del Congreso.

   Los más devotos a ese ex candidato habían propuesto que, al párrafo acerca de la conveniencia de convertir al informe presidencial en un ejercicio de discusión parlamentario y republicano, se añadiera la frase: “manteniendo nuestro rechazo a debatir con quien usurpa la Presidencia de la República”.

   La contradicción así incorporada era muy clara. Es imposible pretender diálogo con aquel a quien se repudia de esa manera. La decisión de modernizar el informe presidencial para que abra espacios a nuevas formas de relación entre los poderes quedaba como simple propósito emblemático pero sin efectos reales.

   Por eso Nueva Izquierda y sus aliados se opusieron a esa frase. Ganaron por 660 contra 447 votos. Esa votación fue la más emblemática del Congreso porque manifestó claramente la correlación de fuerzas políticas que lo definieron. Con el 60% de los delegados el grupo de Ortega, Zambrano y compañía no hubieran tenido problema para sacar adelante otras decisiones.

   Pero se asustaron y temieron perder la anuencia de López Obrador. Encrespados por esa votación, cerca de 170 delegados obradoristas abandonaron el salón del Hotel Sheraton donde se realizaba el Congreso. Delante de las cámaras fotográficas y de televisión mostraron sus boletas para votar y las rompieron. “Es una burla, una claudicación…es un agandalle” decía Martí Batres de acuerdo con la reseña que publicó CRÓNICA.

   Esa misma tarde, al final de la reunión, Nueva Izquierda presentó una resolución que contradecía la importante votación ganada poco antes y que ofrecía plenas satisfacciones a los incondicionales de López Obrador. EL PRD se opondrá a que el presidente Calderón llegue a la tribuna de San Lázaro el 1 de septiembre “pues no cuenta con la legitimidad que da una elección limpia” dice la moción aprobada sin que muchos de los delegados se enterasen. 

   Al día siguiente, lunes 20, los principales dirigentes del partido se reunieron con López Obrador para darle certezas de que el ensimismamiento respecto del gobierno se mantendrá. Convertida en vocera del ex candidato, Dolores Padierna informó que López Obrador “recibió con muy buena cara” esas explicaciones.

   Durante esos días hubo confusión acerca de los alcances de la decisión del PRD. No era para menos: la votación más importante del Congreso auspiciaba el diálogo en la ceremonia del informe presidencial. Y el acuerdo presentado en letras pequeñitas la desmentía.

   El martes, los coordinadores parlamentarios del PRD tuvieron que ofrecer una conferencia de prensa para explicar esas resoluciones. El rechazo a Calderón y a dialogar con él se mantiene. La idea de que un nuevo formato para el informe presidencial sea parte de la renovación del régimen político queda como intención a mediano plazo.

   Ayer miércoles, en carta a La Jornada, Martí Batres podía ufanarse: “Ya todos los líderes del PRD dicen que no habrá diálogo con Calderón, ni ahora ni después. Qué bueno. Que así sea. Eso quiere decir que la salida de los delegados del congreso no fue una ‘escaramuza de tribus’, como algunos superficialmente la vieron. De lo que se trataba era de cuidar la línea del partido”.

   La línea que con tan estruendoso celo cuidaron ese y otros dirigentes de los grupos fieles a López Obrador fue la que prosperó en el Décimo Congreso. Obradoristas y chuchos quizá tienen apreciaciones, bases políticas y actitudes distintas. Pero todos ellos coinciden en seguir los dictados del caudillo. Para unos y otros, aunque nunca pudieron demostrarlo, en la elección de 2006 hubo fraude. Para todos ellos hay un presidente legítimo. Y a él se someten.

La Crónica, 8 de marzo de 2007

   La confusión y el embuste se encuentran en las antípodas de la deliberación racional. La antidemocracia se nutre de mitos. Su contraparte, se asienta en los hechos. La contribución principal de Carlos Tello Díaz al esclarecimiento de las recientes elecciones no consiste en recordarnos que Andrés Manuel López Obrador es un mentiroso. Eso ya lo sabíamos. El mérito notable en 2 de julio, un libro que ha sido menos leído que discutido, se encuentra en la reconstrucción de ese día y, especialmente, de los datos acerca de la votación que iban ofreciendo las encuestas a la salida de las casillas y más tarde los conteos rápidos.

   Más que revelaciones, el libro de Tello Díaz ofrece documentadas constataciones. Ya se conocía que durante todo ese domingo las casas encuestadoras registraron los vaivenes de una elección en donde los dos principales candidatos a la presidencia se alternaban en la delantera. Ya se sabía que, conforme fueron cerrando, de las casillas de votación llegaron datos que confirmaban lo muy disputada que estuvo la elección.

    La contribución de ese libro al conocimiento de tales hechos radica en presentar, hora tras hora y aderezada con una sabrosa crónica de sus personajes principales y sus circunstancias, las cifras que surgían en el transcurso de la jornada electoral. Y de manera específica el dato político e informativo, pero también histórico y moral, es la comprobación de que el candidato presidencial de la Coalición por el Bien de Todos supo, desde la noche del 2 de julio, que no había ganado la elección.

   El episodio de ese libro que más ha sido comentado muestra a López Obrador haciendo, en privado, un reconocimiento abierto a la derrota que acababa de sufrir. La ausencia de fuentes expresas para documentar ese momento ha sido tomada como debilidad en la investigación de Tello Díaz. Sin embargo 2 de julio es mucho más que ese incidente, de la misma manera que la elección presidencial tuvo una complejidad que supera, con mucho, los arrebatos y las falsedades del candidato de la Coalición.

   La ventaja que acarreaba desde más de un año antes de la elección, la debilidad inicial del candidato presidencial del PAN y la actitud de no pocos medios de comunicación en donde ya fuese para encomiarlo o para denostarlo se le trataba como seguro ganador, contribuyeron a crear una falsa pero extendida percepción acerca de las posibilidades de triunfo de López Obrador. Tanto en segmentos importantes de la sociedad mexicana como en la clase política y mediática, durante la primera mitad de 2006 se fue extendiendo la certeza de que el vencedor sería el candidato del PRD.

   Para algunos, partidarios de López Obrador, aquella era una ilusión que tenía algo de voluntarismo pero que se afianzaba en datos como los que ofrecían las encuestas durante los primeros meses del año. Para otros, simplemente se trataba de una lectura resignada pero desactualizada. Ni unos, ni otros, estuvieron suficientemente dispuestos a entender las variaciones en las preferencias políticas de los ciudadanos.

   Hasta el mes de marzo López Obrador mantenía varios puntos de ventaja. Pero en abril todas las encuestas conocidas registraron un avance importante en las preferencias de voto por Felipe Calderón.  Eso podía advertirlo cualquier lector de periódicos. Al hacer un promedio de los datos de cinco encuestas (Consulta, GEA-ISA, El Universal, Reforma y Parametría) en marzo se podía observar que la intención de voto por López Obrador era de 39 puntos y por Calderón de 31.8. Pero al siguiente mes esa situación cambió: el candidato de la Coalición tenía 34.2% y el panista 36.6% de las intenciones de voto y descontando a los ciudadanos todavía indecisos. Calderón siguió adelante todo mayo y en junio los dos candidatos iban empatados.

   Al terminar junio cuatro de dichas encuestas, consultadas por el autor de esta columna, indicaban que la intención de voto le favorecía a López Obrador por diferencias que en la mayor parte de los casos eran inferiores al margen de error. En otra más se advertía una ventaja, pero también pequeña, del candidato del PAN. En otras palabras, estábamos ante un empate. Quienquiera que ganase las elecciones lo haría por una diferencia de votos muy pequeña.

   Para entonces López Obrador en público despotricaba contra las encuestas pero, en privado, se enteraba de ellas. La que encargaba a la firma Covarrubias a comienzos de mayo le informó –según sabemos ahora gracias al libro de Tello Díaz– que, sin reasignar indecisos, él tenía 29% de preferencias de voto frente a 34% de Calderón. Y aunque un día sí y otro también mandaba al diablo a las encuestas, sabía que la competencia estaba muy cerrada.

   El 2 de julio la misma casa encuestadora le informó a López Obrador que, a las 11 de la noche, su conteo rápido –realizado con datos ya computados en casillas electorales– revelaba que iban empatados con 36% cada uno. Y una hora más tarde, en ese conteo, el candidato del PAN tenía una delantera de un punto.

   A pesar de esos datos López Obrador proclamó que él había ganado la elección. Lo de menos es si admitió o no delante de sus allegados que en realidad había perdido. El libro de Tello Díaz demuestra que ese candidato dispuso de información oportuna y suficiente que le permitió saber que, en una elección muy reñida, él quedaba en segundo sitio. Además de encuestas como la de Covarrubias, López Obrador se enteró de la información que surgía del centro de cómputo que había instalado Televisa porque durante la tarde había enviado allí a uno de sus hijos.

   Los datos de la elección no sustentaban la rabieta de López Obrador y mucho menos la mascarada que protagonizó en los siguientes meses. Muchos ciudadanos quisieron creerle y lo acompañaron por un trecho en esa ruta de colisión consigo mismo y con los principios democráticos más elementales. Pero también resulta sorprendente el encandilamiento de no pocos funcionarios, dirigentes y analistas que durante varios meses, antes de las elecciones, estuvieron inamoviblemente convencidos de que ese sería el vencedor aunque las encuestas mostraban que la elección estaría muy competida.

   Peor aun fue la postura de quienes, después del 2 de julio, apostaron a la anulación de las elecciones con el propósito de que se formara un gobierno interino. Cuando después de las elecciones leímos acerca de esa posibilidad creímos que se trataba de un desvarío sensacionalista en algunas columnas de infidencias políticas. Ahora que el libro de Tello Díaz ofrece nombres y presuntos beneficiarios de aquella maniobra, que no ha sido desmentida y en la que habrían participado algunos importantísimos funcionarios universitarios, tenemos que reconocer que la ofuscación y la inescrupulosidad en la vida pública mexicana se han extendido mucho más de lo que hubiéramos pensado. El libro de Carlos Tello Díaz ayuda a despejar mitos y brumas que han dificultado la evaluación del 2 de julio pero también revela improvisaciones y pobrezas de nuestras elites políticas.  

ALACENA: Despenalización a medias

   La despenalización de los delitos de prensa –calumnias, injurias, difamación– para que su sanción sea exclusivamente pecuniaria es buena noticia. Lamentablemente a los senadores –y antes a los diputados, que el año pasado aprobaron esa reforma al Código Penal– se les olvidó que en la Ley de Imprenta se mantienen condenas de prisión para los periodistas que incurran en “ataques a la vida privada” –cárcel de 8 días a 6 meses–, injurias “que causen afrenta ante la opinión pública” –6 meses a 2 años– y “ataques a la moral” –arresto de hasta 11 meses–. El próximo 9 de abril la Ley de Imprenta cumplirá 90 años.

Publicado en Nexos, noviembre 2006.

Una de las debilidades de nuestra vida pública que afloró en la reciente y desastrada temporada electoral fue la pobreza del análisis crítico. Desplazada por el encono que se prodigaron los principales partidos y condicionada por un sistema mediático empeñado en privilegiar altercados de los candidatos presidenciales, la opinión crítica –o las expresiones que en otros tiempos podríamos haber identificado con ella– quedó marginada, cuando no allanada a las principales corrientes políticas. 2006 quedará singularizado, entre otras cicatrices, como un año de indigencia crítica.

   Sólo uno de los partidos políticos que protagonizaron la disputa nacional contó con un respaldo explícito y constante entre la amalgama de personas, grupos, tendencias y actitudes que en aras de la sencillez descriptiva suele ser denominada como la comunidad intelectual. En rigor, los intelectuales no forman una comunidad sino varias –y muchos de ellos no se encuentran en ninguna–. Para ser estrictos habría que reconocer que en tales grupos, corrientes y espacios de expresión intelectuales no están todos los que son y viceversa. En todo caso dentro o fuera de esos grupos y espacios –periodísticos, académicos, etcétera– quienes se dedican a trabajar con ideas, o pretenden que así lo hacen, suelen tener aficiones y afectos políticos que los singularizan. Por lo menos desde las primeras décadas del Siglo XX en México los intelectuales, o algunos de aquellos que tienen mayor presencia pública, sostuvieron una actitud de exigencia crítica respecto de la política y los políticos. Más que el peso moral de ese comportamiento, respecto del cual con frecuencia se tejen especulaciones y exageraciones (como si el hecho de dedicarse a las letras, a la reflexión o a la ciencia les confiriera una calidad ciudadana superior a la de otros mortales) los intelectuales tuvieron influencia por el filo crítico de sus puntos de vista. La opinión intelectual señalaba yerros y ayudaba a encontrar rumbos pero, sobre, todo ponía en contexto las dificultades coyunturales. Todo eso, en buena medida, quedó ausente durante el vendaval electoral de este año.

Conocida intolerancia

   Con los intelectuales el PAN ha tenido una relación acongojada, cuando no inexistente. Ha comprendido en sus filas a escritores y pensadores, sobre todo de convicciones conservadoras, pero ese partido nunca ha sido especialmente receptivo a la circulación de ideas. En el PRI han militado intelectuales importantes, que en ocasiones alcanzaron cargos de dirección partidista y en el gobierno, pero casi todos debieron subordinar las ideas a los intereses políticos del momento. No entramos aquí a la perenne discusión sobre la independencia que los intelectuales, para desplegar con toda libertad su creatividad analítica y crítica, tendrían que mantener respecto de la política activa. Simplemente recordamos que esa independencia supone limitaciones y oportunidades. Ceñido por la militancia o la simpatía partidarias, quien trabaja con ideas tiene menos libertad para desarrollarlas y manifestarlas pero se encuentra en un contexto que le permite socializarlas con más eficacia e incluso ponerlas en práctica.

   El PRD, a diferencia de sus competidores principales, sí ha contado con el respaldo activo, constante y público de ciudadanos destacados por su trabajo intelectual. Pero al menos en la temporada reciente, el apego a ese partido no fue ocasión para desarrollar y esparcir ideas sino para que tales intelectuales, dimitiendo de su responsabilidad crítica, estuvieran al servicio de una causa política constatablemente reñida con las ideas y el pensamiento crítico.

   Esa ha sido una de las consecuencias más tristes de la resignación de no pocos escritores, analistas, artistas y científicos a los intereses –y por lo tanto a las frecuentes veleidades– del candidato presidencial del PRD. El comportamiento público de Andrés Manuel López Obrador se encuentra en la antípoda de los valores que podríamos identificar con el trabajo y el compromiso intelectuales. No es un hombre de proyectos sino de conveniencias. La única congruencia que mantiene es con su desbordado apetito para alcanzar el poder a toda costa. No está hecho a la discusión de ideas sino a la arenga placera. No admite la diversidad ni le interesa garantizar la libertad que son requisitos de la creación artística y científica.

   En los intelectuales López Obrador no busca interlocutores; simplemente exige incondicionalidades. Cada vez que sus ambiciones tropiezan con la realidad, inventa conjuras para las que encuentra cómplices en todos aquellos que no comparten sus puntos de vista. Es profundamente intolerante.

   Todo eso se sabía incluso antes de que ocupase el gobierno de la ciudad de México. Varios de esos rasgos se acentuaron a raíz de la persecución que el gobierno federal y sus aliados políticos emprendieron contra López Obrador en el episodio del desafuero y empeoraron después de la campaña electoral. A diferencia del respeto a la diversidad, el diálogo de ideas y la tolerancia que son condiciones insustituibles para el trabajo intelectual en la vida pública, antes y después de las elecciones de julio ese personaje exigió sumisión a su pensamiento limitado, al rechazo a toda apreciación que no se ajustase a las que decía sus convicciones y a un rígido fundamentalismo.

Un coro obnubilado

   No obstante esa conducta política, antagónica con la naturaleza del quehacer intelectual, muchos escritores, pensadores y artistas respaldaron a López Obrador y algunos lo han seguido en su aventura post electoral. ¿Qué es lo que encontraron tantos y antaño tan lúcidos y reflexivos autores y creadores en ese candidato? Hubo quienes lo apoyaron como expresión de rechazo al conservadurismo con el que identificaron al PAN y a Felipe Calderón, así como contra la corrupción preponderante dentro del PRI y simbolizada por Roberto Madrazo y su discutible trayectoria. Era la tesis del mal menor: frente a la mochería panista y el oportunismo priista, no pocos de esos ciudadanos prefirieron a López Obrador incluso a costa de disimular ante sus evidentes defectos.

   Aquellas apreciaciones cojeaban en algunas de sus premisas. La que representa Calderón es una derecha capaz de reconocer la diversidad de preferencias y convicciones, en todos los planos de la vida pública y privada, que hoy cruza por la sociedad mexicana. En cambio el de López Obrador es un modelo ideológicamente entumecido y políticamente excluyente, que no consiente discrepancia alguna. (Cuando supo que los funcionarios de casilla a los que ya había calumniado al culparlos de introducir votos fraudulentos eran miembros de su partido los calificó de traidores y vendidos, por recordar un solo ejemplo). A comienzos de su campaña Calderón manifestó opiniones contrarias a la libertad de elección en asuntos como el aborto y la píldora del día siguiente. Luego dijo que se había equivocado. López Obrador, en cambio, sistemáticamente eludió asuntos como esos. Su gazmoñería es irreductible. Y jamás está dispuesto a admitir que se equivoca.

   Con el PRI, López Obrador no ha tenido una sola discrepancia de fondo. El mismo clientelismo (o quizá peor porque el suyo está sustentado en redes de corrupción y conveniencia como las que durante su gobierno proliferaron en varios servicios públicos de la ciudad de México), la misma utilización de recursos fiscales para apuntalar proyectos políticos, la misma ideología de fachada estatista pero cada vez que hace falta disimulada para favorecer intereses privados, los mismos rasgos que hicieron aborrecibles y desgastaron a los gobiernos priistas, se advirtieron en el desempeño de quien luego sería candidato presidencial del PRD. Aparentemente no se ha enriquecido personalmente, pero varios de quienes lo han rodeado sí se beneficiaron de transacciones dudosas como las que fueron difundidas en célebres y a la postre inocuos videos.

   Así que aquellos que se adhirieron a la candidatura de López Obrador para combatir lacras panistas o priistas, apoyaron una opción peor o al menos no necesariamente mejor que las que decían rechazar. Ese error, como ciudadanos, fue refrendado vistosamente por algunos escritores y artistas que en la campaña electoral y después de ella se mimetizaron tanto con el absolutismo de López Obrador que llegaron a tener posiciones de similar y antiintelectual intolerancia. Los novelistas que para impedir el cuestionamiento a la propaganda del PRD proclamaron “¡No pasarán!” como si defendieran una trinchera ante el espectro fascista cuando solamente se trataba de una confrontación entre dos opciones ubicadas ambas en la competencia política institucional; las escritoras cursis que para ensalzarlo quisieron ver a López Obrador con anteojeras que no utilizaron cuando descalificaban a otros candidatos; los científicos y artistas que denunciaron fraude donde no lo había; aquellos que desacreditaban al candidato panista a partir de lo que decidieron suponer que quería y pensaba como si para cuestionarlo no hubiera suficientes motivos en lo que realmente hacía y decía, formaron parte de un coro obnubilado en donde las razones estuvieron ausentes, o al menos se convirtieron en un bien patéticamente escaso.

Enajenación intelectual

   Hubo, desde luego, escritores y artistas que se rehusaron a participar del en apariencia políticamente correcto lopezobradorismo, aunque ello implicase ir a contracorriente de esa moda pretendidamente intelectual. Muchos más se comprometieron con ese candidato. No discutimos su derecho para adoptar la posición política que prefieran sino la ausencia de rigor en sus apreciaciones sobre esta fase de la vida pública mexicana.

   Apoyar a López Obrador para enfrentar otras opciones o porque le adjudicaron atributos que no tenía, implicó una abdicación del análisis crítico que condujo a enmascarar sus defectos. Pero respaldarlo por convicción en sus propuestas, sólo fue posible como resultado de un proceso de enajenación intelectual y política.

   Muchos distinguidos escritores y artistas quisieron encontrar en ese candidato la reivindicación de los asuntos sociales que los partidos conservadores ignoraron, o por lo menos no reivindicaron con toda la importancia que tienen. López Obrador, en efecto, se ocupó intensamente del tema de la pobreza. Pero para él los pobres no eran el eje de una nueva política económica sino simple pretexto para aparentar una preocupación social que no tenía correspondencia en su, por lo demás, endeble propuesta de gobierno. No es cierto, como algunos dicen, que la campaña de López Obrador recuperó para el debate público el tema de la pobreza. Ese asunto no ha dejado de estar en la discusión y en las ofertas de cada una de las opciones políticas gracias, entre otros factores, a la perseverante insistencia de algunos de los intelectuales que ahora quisieron ver en ese candidato la personificación de la cuestión social.

   Tampoco puede afirmarse, como escribimos en estas páginas en diciembre pasado, que López Obrador representaba cabalmente a una opción de izquierda si por tal corriente, modelo o utopía, entendemos la lucha por la igualdad y la defensa de los derechos humanos. Pocos liderazgos en la historia reciente de México han sido tan autoritarios, así como desdeñosos de los derechos de las personas, como el de López Obrador.

   Muchos de los intelectuales que lo apoyaron, igual que quizá la mayoría de los mexicanos, estaban tan convencidos de que el candidato del PRD iba a ganar las elecciones que cuando se supo que no había sido así se resistieron a admitir ese resultado. El compromiso de algunos de ellos con la democracia quedó en entredicho cuando se sumaron a las denuncias contra un fraude que no pudo ser documentado porque nunca había ocurrido. Junto al desconcierto y la impremeditación de no pocos abajo firmantes filo perredistas, destacaron las mentiras de algunos simpatizantes de López Obrador con falacias pretendidamente científicas como cuando dijeron que había engaño en la publicación de los resultados electorales cuando el único dolo era el de ese partido. Hubo una suerte de efecto espejismo: muchos adherentes de ese candidato vieron en él lo que querían ver. En otros, el voluntarismo les llevó a no ver lo que en otras condiciones hubieran advertido y cuestionado.

   Cuando han aludido a cuestionamientos como los que aquí se presentan, algunos de esos escritores y pensadores lo han hecho con retruécanos y subterfugios. Otros, más imbuidos en el talante del candidato al que apoyaron, sostienen que cuestionar esa adhesión es una manera de defender a Calderón y al PAN. La defensa que tendría que interesarnos es la del pensamiento crítico respecto de todos los protagonistas de la vida pública, incluyendo a los intelectuales.

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Comentario publicado en  Nexos, octubre de 2006

El periodismo encuadernado, como en distintas ocasiones se le ha llamado a la publicación en libro y sin modificaciones de textos originalmente aparecidos en la prensa, tiene ventajas y riesgos. Entre estos últimos destaca la caducidad que adquiere un artículo periodístico cuando ha transcurrido el contexto para el que fue escrito. Entre las primeras, está la facilidad de acceso a una reflexión suscitada por acontecimientos del día tras día. Y quizá sea ventaja, pero también riesgo, la edición encuadernada de artículos de periódico inicialmente pensados para coyunturas distintas a aquellas en las que se encuentran los lectores del libro. Esa es la contingencia que enfrentan Después de la transición y su autor cuyos textos, leídos en conjunto, subrayan inquietudes manifestadas a lo largo de dos años en las colaboraciones de José Woldenberg para Reforma.

   A simple vista podría decirse que la más importante de esas preocupaciones es la complejidad y la construcción de la democracia mexicana que el autor encuentra suficientemente sólida para considerar, en uno de los primeros textos del libro, que en “las elecciones recurrentes” que tiene nuestro país se puede identificar “una escuela de democracia”. Sin embargo más allá de las reglas, de los procedimientos y la interiorización o no del compromiso democrático en los actores públicos, quizá la inquietud cardinal de Woldenberg se halla en el ejercicio y las posibilidades de la política.

   Cuando se ocupa de algunos de los conflictos más agudos durante los dos años en que aparecieron estos artículos, Woldenberg insta para que se pongan en práctica los recursos de la política a la que entiende, siguiendo a Bernard Crick, como la conciliación de intereses divergentes. Pero al mismo tiempo recela, con sobrados motivos, del empobrecimiento de la política tal y como se le ha llegado a entender. “La política de hoy en nuestro país se encuentra no sólo marcada por la coyuntura sino secuestrada por la misma” diagnostica. Y en uno de los segmentos más desencantados del libro advierte las limitaciones de los políticos, a quienes se les suele exigir más de lo que pueden dar: “se encuentran acotados, restringidos por poderes fácticos, rutinas democráticas, inercias sociales e institucionales, intereses gremiales, redes de conocimiento especializado y organismos multinacionales”. Entonces, diagnostica: “la política juega un papel subordinado en esa mecánica de fuerzas en despliegue. No guía, es guiada”.

   “La política se consume a sí misma en sus rituales” deplora Woldenberg. Y ese deterioro no es reciente. Las jornadas de 1968 fueron “el disparador de la pasión por la política” de los estudiantes de aquel tiempo, recuerda, pero uno de los “nutrientes del desencanto” que más tarde padecieron muchos de ellos “fue la sobrevaloración de las posibilidades de la propia política”.  

   Desde su imagen pública y quizá allí más que en cualquier otro ámbito, la política expresa deterioro e incompetencia. El autor de estos textos describe el reflejo de tal apariencia en los medios de comunicación: “La irritación es común denominador. La majadería y el insulto son moneda de curso común. El presente es gris y el futuro pinta peor. La complejidad de los problemas desaparece y es sólo la incompetencia, la tontería, la corrupción de los políticos la fórmula cansina para expresar nuestros males. El espíritu público expresa desencanto, cansancio, malestar”.

   Tajantemente, páginas adelante Woldenberg dictamina: “nuestra germinal democracia vive los embates de la degradación de la política”. ¿Qué podemos hacer ante ese estancamiento, si no es que retroceso, en la vida pública? El autor apunta en otro sitio del libro: “si deseamos trascender a la política como espectáculo, parece necesaria la construcción de una ciudadanía capaz de hacer suya la agenda de la política y de romper el círculo vicioso de una política que expulsa al ciudadano”.

   El marco para que se desenvuelva el ejercicio de la política tendría que ser el Derecho. Sin reglas la política se convierte en ejercicio salvaje, o resulta de tal manera condicionada por el pragmatismo que acaba quedando dominada por personajes sin escrúpulos. A eso se debe la preocupación, expresada en distintos segmentos del libro, para actualizar las normas de la competencia política. Como “la democracia porta sus propios problemas, su agenda está cargada de nuevos retos” y tropieza con “dificultades antes impensables”, el temario de nuevas asignaturas está determinado por la diversidad de opciones políticas que, gracias a la democracia electoral, alcanzan posiciones de representación y gobierno en el país.

   Las nuevas coordinadas del presidencialismo ocupan varios de los textos de Woldenberg. Antaño metapoderoso, el del Presidente ha pasado “a ser un poder más” entre las instituciones estatales. Por eso el país tiene que resolver, ante esa modificación del poder presidencial, “si no ha llegado el momento de transformarlo con algunas fórmulas del parlamentarismo”. Lamentablemente el autor no se extiende en esos temas aunque considera deseable el establecimiento de un gobierno de coalición que, no obstante la diversidad de fuerzas partidarias que hoy alcanzan posiciones de representación importantes, fuese “capaz de contar con el apoyo mayoritario del Congreso”. En cambio descarta la posibilidad de establecer una segunda vuelta para la elección presidencial (quienes la proponen, dice, “se equivocan en el diagnóstico y en la receta”), descalifica la sugerencia para que haya candidatos independientes (que lo serían respecto de los actuales partidos pero a la vez estarían generando su propio partido), concuerda con la necesidad de abreviar las campañas electorales y cuestiona el lugar común que supone que para mejorarla, hay que ciudadanizar la política (“todos los políticos son ciudadanos pero no todos los ciudadanos son ni deben ser políticos”).

Frágil ciudadanía, políticos pueriles

   Pero si no tienen por qué ser políticos, sí se echa de menos una mejor formación política en esos ciudadanos. En varias ocasiones Woldenberg deplora tales insuficiencias: “tenemos pues ciudadanos incompletos, que ejercen sus derechos con baja intensidad” dice aludiendo a la situación latinoamericana y para explicarse por qué nuestras democracias son “pobres y desiguales”. Y en otro sitio recalca: “nuestra sociedad civil es débil y sobre todo desequilibrada”. Lo peor es que a esos ciudadanos a medias y a esa sociedad endeble así como a quienes los gobiernan, las circunstancias les requieren que actúen como si fuesen políticamente adultos. “Estamos pues obligados a vivir como mayores de edad: cada uno (político o institución) haciéndose responsable de sus actos y omisiones, dado que se acabaron las entidades tutelares bajo las cuales se podía navegar como menores de edad”.

   Esas conductas pueriles alcanzan a los políticos. En uno de sus textos más vehementes Woldenberg subraya “la incapacidad profunda para reconocer faltas propias y el afán de asignar la responsabilidad siempre a otros: ex compañeros de ruta o adversarios políticos reales y/o inventados”. El síndrome del crío que, incapaz de advertir sus propias fallas, le echa a otros la culpa de todo lo que le sucede constituye, dice este autor, “una especie de minoría de edad permanente tanto política como ética… remite a esa etapa juvenil en la que el político supone que todos los valores positivos están de su parte y que sus oponentes, por supuesto, encarnan el mal”.

   Esa descripción no tiene destinatario específico pero quizá no sea casualidad la perfección con que le calza al personaje más discutido hoy en día en el panorama político de nuestro país: “Minoría de edad ética, porque la culpa, la responsabilidad, jamás es propia sino de otros… Lo más triste del espectáculo es que varios de los protagonistas ciertamente tienen energía vital, inteligencia política, y en ocasiones hasta causas que valen la pena. Lo que les falta, sin embargo, es una cualidad insignificante: menos epopéyica, más modesta: sentido de responsabilidad”.

   Varios textos en este libro fueron escritos durante el litigio acerca del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Woldenberg se opuso a esa decisión porque consideraba que hubiera implicado la exclusión, de las elecciones de 2006, de la fuerza política representada por ese personaje. Aunque en algún momento aclaró que no compartía “el poco aprecio que AMLO tiene por la legalidad”, el autor del libro consideró que el descabezamiento de dicha fuerza política podría “dinamitar mucho de lo que como país hemos construido en los últimos años”. Por eso urgía para que hubiera, como a la postre ocurrió, una solución política.

   No deja de ser paradójico que la política, a la que en algunos momentos del libro se considera subordinada a intereses facciosos e incluso autosecuestrada, fuese identificada por Woldenberg como la salida conveniente para un conflicto con tantas aristas como era el desafuero del entonces jefe de Gobierno del DF. Su llamado para que la sanción a una falta menor no se convirtiera en avasalladora crisis política resultaba entendible. Pero supeditar todo ese episodio a una solución política que, por lo demás, era favorable únicamente a uno de los sectores en litigio, quizá no resultó la mejor manera de enfrentar aquel diferendo. Las virtudes de la política solamente se pueden desplegar a plenitud cuando todos los actores de un conflicto quieren ceder parte de sus posiciones en aras del acuerdo. Si eso no es factible, el otro camino es la aplicación de la ley. En aquel episodio, como el mismo Woldenberg advirtió, había una “mecánica de polarización irresponsablemente alimentada desde ambos bandos (gobierno federal y del DF)”. Demandar el desistimiento respecto del desafuero constituía una actitud política pertinente pero que, al soslayar las faltas y sobre todo la jactancia de López Obrador contra el cumplimiento de las leyes, propiciaba un saldo parcial. En la sociedad mexicana y en los segmentos más pueriles de sus elites políticas aquel episodio dejó una lección cuyas consecuencias hemos padecido después de las elecciones del 2 de julio de 2006: la creencia en que el cumplimiento de las leyes puede esquivarse cuando hay consideraciones, prioridades o presiones de carácter político.

Medios, montados en el escándalo

   La búsqueda de soluciones para resolver esa minoría de edad de los ciudadanos origina, al menos en parte, la reiterada preocupación de Woldenberg por las insuficiencias en los medios de comunicación: “montados sobre el escándalo, son ineficientes para explicar y ofrecer sentido a lo que acontece en el escenario político”; existe “la tendencia a convertir a la política en una actividad emparentada con el espectáculo y modulada por los códigos de los grandes medios”; “al apostar sólo a la coyuntura, a la especulación con agendas llamativas pero efímeras, a la multiplicación del alboroto, hacen un flaco favor a la causa de hacer inteligible la política”. Pero como con esos medios tenemos que arar, anticipa: “de la calidad de nuestros partidos políticos y de nuestros medios de comunicación dependerá la calidad de nuestra de nuestra democracia”.

   Pesimista en su diagnóstico, esa fórmula resulta fatalista en el pronóstico. Si el mejoramiento de nuestra imperfecta democracia depende de partidos tan descosidos como la mayoría de los que dominan el escenario político y de medios tan desastrados como los que con tanta puntualidad define Woldenberg, es claro que no podemos tener demasiada esperanza en ella.

Apuesta por las ideas

   A pesar de su inicial cometido, atado a la coyuntura, los textos reunidos en Después de la transición pasan la prueba del tiempo gracias a la agudeza de José Woldenberg para, en todo momento, mirar más allá de las circunstancias inmediatas. Por muy específico y acotado que sea el tema del que se ocupa, sabe encontrarle significado y perspectivas que trasciendan a esa situación precisa. Superando provechosamente el parloteo con que los medios atienden a los asuntos públicos, Woldenberg mantiene una fértil apuesta por las ideas, con una racionalidad que desmonta fundamentalismos y oportunismos. Gracias a ello, los artículos compendiados en este libro pueden ser leídos a pesar de las situaciones durante las cuales o ante las cuales fueron escritos. En un ambiente público tan reacio a la deliberación, tan condicionado por intolerancias de todos los signos y tan repleto de posiciones rígidas, el ejercicio analítico de José Woldenberg resulta semanalmente agradecible y, ahora, es motivo para que lo apreciemos en libro.

 
José Woldenberg, Después de la transición. Gobernabilidad, espacio público y derechos. Ediciones Cal y Arena. México, 2006, 384 pp.

 Un manido refrán, cargado de voluntarismo y en ocasiones candoroso sostiene que de las crisis, nacen las oportunidades. Desde luego, suponer que siempre hay circunstancias propicias es mejor que encerrarse en la desconfianza y la parálisis. Pero para comprender un escenario político repleto de tantas paradojas y complejidades como el que tenemos hoy se precisa de optimismo y, además, de una preventiva pizca de realismo.

   Considerar que la transición mexicana se encuentra en riesgo es, a la vez, diagnóstico y conclusión inicial. Pero habría que aquilatar en qué han consistido los avances de esa transición para entender qué es lo que está peligrando y cuáles opciones tenemos ante ese apuro.

   El eje del cambio político mexicano en los años recientes fue la construcción de un sistema electoral ejemplar y confiable, cuya solidez ha dependido de reglas muy detalladas y del compromiso de todos los actores políticos con tales normas. La identificación mecánica de la democracia con la competitividad y la transparencia electorales condujo a no pocos observadores de nuestra vida pública a considerar que la transición política podía darse por concluida sin reparar en sus varias asignaturas pendientes: entre ellas se encuentran la insuficiente y a veces inexistente democracia en los sindicatos y otros organismos de la sociedad, la concentración y el autoritarismo de los medios de comunicación más influyentes y el ingente déficit que padece la cultura cívica de los mexicanos. Sin atender esos rezagos, para no referirnos a la desigualdad social que constituye el principal factor de escisión en el país, era demasiado ilusorio considerar que la transición democrática había concluido.

   Ahora, cuando la coalición perdedora en las elecciones del 2 de julio y sus simpatizantes cuestionan agriamente al sistema electoral y colocan a la política mexicana en el desafío más espinoso que haya enfrentado durante esta transición, vale la pena preguntarnos qué es lo que realmente ha entrado en crisis y qué es lo que se encuentra en riesgo.

Reformar, sin desdeñar

lo que ahora tenemos

   Se está volviendo lugar común hablar del deterioro de nuestras instituciones políticas. Son caducas, han sido desbordadas, no dan para más, se dice quizá con indocumentada ligereza. Evidentemente nos encontramos en una situación difícil. Pero, justamente por ello, habría que incorporar al análisis al menos parte de la prudencia que les requerimos a los actores políticos para no arrojar por la ventana el agua de estos turbulentos tiempos, el niño que es nuestra inmadura democracia y de paso también la bañera institucional que encauza, cobija y legitima al juego político.

   La confianza e incluso el respeto de un segmento importante de los mexicanos hacia el sistema político y específicamente hacia las instituciones electorales se encuentran notoriamente erosionados. Pero esas instituciones han cumplido con sus obligaciones, han acatado las leyes y están funcionando. Conforme el proceso de la calificación electoral ha avanzado se ha podido ratificar no solamente el resultado de la votación del 2 de julio sino, junto con ello, el desempeño en términos generales escrupuloso del Instituto Federal Electoral.

   Lo que falló no fueron el IFE ni las reglas electorales sino el compromiso de uno de los actores de la competencia política con esas reglas y con los resultados de la votación del 2 de julio. El resto de las instituciones del Estado mexicano también continúa en marcha. Las dos cámaras del Congreso federal ha quedado instaladas y en ellas se encuentran representadas todos los partidos. En pocos días más tendremos presidente de la República formalmente electo. El país está cruzado por la inquietud y por una sensación de malestar que nos ha traído de la crispación al pesimismo pero la economía funciona y la vida cotidiana de la gente sigue. No hay que menospreciar la protesta del candidato presidencial que perdió las elecciones pero, más que por la cantidad de mexicanos a los que pueda representar, el arrebato de  López Obrador es preocupante porque puede está conduciendo al PRD hacia un despeñadero político.

   El hecho de que las instituciones políticas no se encuentren paralizadas no significa que respondan cabalmente a las nuevas realidades del entramado partidario y de la sociedad mexicanos. El presidencialismo está definitivamente agotado, por lo menos con la omnímoda concentración de poder y con las forzosas capacidades de arbitraje que tuvo en otros tiempos de la vida política mexicana. La construcción de un nuevo perfil, más moderno, acotado, dialoguista y flexible para el Poder Ejecutivo Federal, quedó arruinada con las cotidianas torpezas, los compromisos facciosos, las palmarias insuficiencias personales y el patético desempeño del presidente Vicente Fox. Sería injusto condenar a la institución presidencial por todos los desatinos de quien la ha ocupado en los últimos seis años. Pero el solo hecho de que a la Presidencia de la República haya llegado un personaje con las limitaciones que han sido tan ostensibles en este sexenio confirma que el país necesita de un esquema de gobierno diferente, capaz de racionar la responsabilidad del gobierno en diferentes fuerzas y poderes y que, sobre todo, obligue a los acuerdos y compromisos políticos.

Partidos inmaduros para

el parlamentarismo

   Cuando nos preguntamos cuál es el modelo de organización institucional más apropiada para México es frecuente voltear la mirada hacia los regímenes parlamentarios. Pero resulta un tanto aterrador imaginar al gobierno del país aherrojado a las cadencias y costumbres de partidos tan atrasados, inorgánicos y escindidos como los que dominan en el actual escenario político. El hecho de que el PAN siga conducido por una dirigencia de vocación fundamentalista, el PRI esté representado –como ocurre ahora en el Congreso– por personajes más proclives a la picardía que a la política y el PRD se empeñe en padecer el síndrome de Estocolmo que lo sujeta al personaje que secuestró el proyecto de las antiguas izquierdas para reemplazarlo por una grotesca reedición del viejo caudillismo caciquil, permiten desconfiar de cualquier esquema que dependa de la interacción cotidiana entre tales actores políticos.

   Es cierto que con esos partidos tenemos que arar. Pero si son indispensables y si su funcionamiento y vigencia resultan incluso deseables para que no lleguemos a tener, entonces sí, una auténtica y acaso irreversible crisis de nuestro modelo político, parece necesario que no nos conformemos con ellos. Junto a la solidificación de opciones políticas nuevas –como la que representa, destacada y meritoriamente el Partido Alternativa– es preciso que mantengamos y profundicemos las apreciaciones críticas acerca de todos y cada uno de los partidos y fuerzas políticas del país.

   La mejor opción para que México supere creativa y provechosamente la crisis actual tendría que pasar por la coincidencia de todos esos partidos y fuerzas políticas en torno a una diversa colección de compromisos. Ojalá hubiera sensatez y generosidad suficientes, en esas fuerzas políticas y en la sociedad, para alcanzar y afianzar un acuerdo nacional capaz de involucrarlos a todos. Esa es la meta deseable y cualquier esfuerzo hacia ella resultará plausible. Pero también es necesario plantearnos la posibilidad de que no todas las fuerzas políticas entiendan la necesidad nacional de tales compromisos.

   Todos los días constatamos, en todos los partidos principales, la enorme dificultad que sus dirigentes y representantes tienen para mirar más allá de sus intereses y antojos inmediatos. Su extraordinaria dificultad para tener una perspectiva de largo o aunque sea mediano plazo, siempre ha sido un defecto de la clase política mexicana. Por eso no sería remoto que, a pesar de la palmaria necesidad para que formen parte de un acuerdo amplio, magnánimo e incluyente, alguno o algunos de los partidos principales antepongan la confrontación o, en otro caso, supongan que pueden sortear los actuales aprietos sin necesidad de establecer compromisos con sus ahora adversarios.

Equívocos del PRD,

dilemas de Calderón

   El PRD aparentemente mantiene una posición ambigua. El can