Sociedad y poder

Varios senadores de Acción Nacional se inconformaron con el epíteto que anticipadamente les endosó Pablo Gómez Álvarez a quienes virarían en beneficio de Televisa.

Esa fue la calificación que merecieron algunos de los 66 senadores, de casi todos los partidos, que aprobaron el artículo primero transitorio de la Ley Federal de Derechos. Como se ha explicado, esa disposición exenta del pago de derechos por dos años a las empresas que resulten beneficiadas con la concesión para utilizar dos nuevas bandas para telefonía celular.

Cuantificada en 5726 millones de pesos, la exención beneficiará al consorcio Televisa cuyos directivos han reconocido estar interesados en explotar esos valiosos segmentos del espacio radioeléctrico para incursionar en el negocio de la telefonía celular. No en balde, durante los días recientes empleados de Televisa desplegaron una activa labor de presiones y cabildeo para modificar el voto de algunos de los senadores que habían rechazado tal exención.

Cualquiera que fuese el destinatario de esa dispensa fiscal, se trata de una decisión harto cuestionable y que no tiene sustento económico, ni técnico. El único o el principal motivo que llevó a la mayoría de los legisladores del PAN y a prácticamente todos los del PRI a respaldar esa exención, primero en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado, es la gana para congraciarse con Televisa.

El Senado había manifestado una actitud distinta cinco días antes, la mañana del sábado 31 de octubre, cuando 58 de sus integrantes rechazaron la exención en ese pago de derechos, en tanto que 49 la respaldaron. En la votación de este jueves 5 de noviembre, al menos 15 senadores cambiaron de parecer y se sumaron los votos, además, de varios que no estaban presentes en la primera ocasión.

A esos legisladores que cambiaron su voto sin explicar tal mudanza el senador Pablo Gómez, con toda propiedad, les llamó “rajones”: “Como en este país los poderes oligárquicos sustituyen con una reciente rapidez a los poderes representativos del Estado, pues cualquier poder oligárquico convierte a la bancada más picuda, a la del gobierno, en un montón de rajones que no aguantan la requisitoria de un monopolio, estrictamente hablando, un duopolio. Así está todo México, ya veremos cuándo estalla”, dijo ese senador por el PRD.

Gómez se negó a retirar ese calificativo cuando el senador panista Ángel Alonso Díaz Caneja le pidió que se desdijera. Más tarde, el también panista Jorge Ocejo Moreno se inconformó explicando: “La expresión rajones en el lenguaje y en la realidad de nuestro país es una palabra que se dice en forma injuriosa al individuo que no cumple un pacto y entonces se le injuria  diciéndole: ‘oye no cumpliste’, sino se le dice: ‘rajón’. Y eso  es una injuria”. Tampoco así convenció al senador Gómez.

Tanto Alonso como Ocejo, votaron el sábado por cancelar la exención fiscal a Televisa. El primero de  ellos modificó su voto. El otro, lo mantuvo.

Ayer jueves hubo rajones en varios partidos, incluso en el que forma filas el senador Pablo Gómez.

Doce senadores del PAN que el sábado votaron contra la exención fiscal, ayer viraron su decisión para apoyarla. Se trata de los senadores Ángel Alonso Díaz Caneja, Humberto Andrade Quezada, Javier Castelo Parada, Blanca Díaz Delgado, Fernando Elizondo Barragán, José González Morfín, Emma Lucía Larios Gaxiola, Gustavo Madero Muñoz, Ramón Muñoz Gutiérrez, Adrián Pérez Rivera, Gabriela Ruiz del Rincón y Ricardo Torres Origel.

Pero no fueron los únicos. También cambiaron  su voto, de esa manera, Dante Delgado y Eugenio Govea, del Partido Convergencia. Otros cuatro senadores de ese partido, que se ausentaron de la votación del sábado, se definieron ayer a favor de la exención a Televisa. Se trata de Francisco Berganza, Gabino Cué, José Luis Lobato y Luis Maldonado Venegas.

Y en las filas del PRD, hubo una deserción. René Arce, que el sábado votó contra le exención, ayer se abstuvo. Cinco días antes, 18 senadores perredistas formaron parte del bloque contra la exención. Ayer fueron solamente 13. Hubo, de una manera u otra, quienes se abstuvieron de abstenerse.

Por otra parte dos senadores del PAN que inicialmente respaldaron la exención fiscal, ayer votaron contra ella. Se trata de Jaime Rafael Díaz Ochoa y Eduardo Nava Bolaños.

En total, 66 senadores avalaron la dispensa fiscal, 38 se opusieron a ella y 3 se abstuvieron.

Quienes respaldaron la exención, no adujeron una sola razón para ello. Sí presentaron argumentos, en cambio, el ya mencionado Gómez Álvarez y el senador panista Ricardo García Cervantes, opuestos ambos al obsequio de 5726 millones de pesos.

No hay justificación alguna para que Televisa –y/o las empresas que ganen la licitación para las nuevas bandas de radiocomunicación– dejen de pagar los derechos que establece la ley cuando, al mismo tiempo, decenas de millones de mexicanos tendremos que pagar más impuestos. Rajón, se le dice “a una persona que incumple lo prometido”, precisa el indispensable Diccionario de la RAE. Así que se puede hablar de rajones, no por haber modificado una posición lo cual es de lo más legítimo en cualquier parlamento, sino por hacerlo sin explicar sus motivos y a favor de una posición inicua, que se contradice con el interés popular que esos legisladores presumen representar.

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Con un día de diferencia, Televisa tropezó y se repuso en el Congreso. La exención por 5726 millones de pesos establecida en la Ley Federal de Derechos para las empresas que reciban la concesión de dos nuevas bandas de telefonía celular, fue rechazada en las primeras horas del sábado por 58 votos a 50 en el Senado. La Cámara de Diputados, en la madrugada del domingo, enmendó esa decisión por 252 a 143 votos.

La moneda o, mejor dicho, la prebenda, está en el aire. El Senado tendrá que revisar nuevamente esa dispensa por la cual pugna Televisa. Aunque las bases para licitar las bandas de 1710 y 2110 Megahertz aún no son publicadas, es ampliamente sabido que estarían dedicadas a esa empresa. Los propios ejecutivos de ese consorcio reconocieron que están muy interesados en tales frecuencias que les permitirían incursionar en la telefonía inalámbrica de banda ancha.

Los lectores de esta columna conocieron la semana pasada la conformación y utilidad de las frecuencias por cuya explotación la Ley Federal de Derechos establece, en su artículo 244 – E, un pago de 5 mil 726 millones de pesos. El interés por asegurar la exención de ese pago, señalada en el multicitado artículo transitorio, desató en los días recientes una de las campañas de presiones más intensas que haya desplegado Televisa sobre la clase política mexicana.

A juzgar por los resultados, hasta ahora, el PRI se doblegó y se hizo partícipe de los intereses del consorcio mediático. El PAN, se dividió ante ellos y en la Cámara de Diputados la mayoría de los legisladores de ese partido votó contra la exención fiscal. El PRD ha mantenido un homogéneo rechazo a tales privilegios.

A los amagos que Televisa ejerce respecto de los legisladores, se les podría llamar cabildeo pero también chantaje. Esa empresa tiene derecho a pugnar por sus intereses, así sean tan contrarios al interés de la sociedad como cuando pretende que se le exima del pago de varios miles de millones de pesos mientras la mayoría de los contribuyentes en este país tendrá que destinar más recursos al pago de sus impuestos.

Sin embargo cuando, en busca del voto de senadores y diputados, Televisa ofrece tratamientos mediáticos preferenciales a quienes colaboren con ella, está lucrando doblemente con el espectro radioeléctrico que tiene concesionado para difundir señales de televisión pero que además aprovecha para gestionar favores políticos.

La columna de información política de eje central, en un recuento del tira y afloja en el Senado, reseñó el sábado: “Varios senadores, como Santiago Creel, recibieron amenazas políticas si rechazaba el transitorio del 244. Pero la presión más fuerte se dio una hora antes de que pasara a votación. Por una decisión del pleno de los senadores panistas, se había decidido que votarían en bloque en contra de ese transitorio, pero durante la intensidad del cabildeo, cuando menos un senador habló directamente con el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, quien le pidió que aprobara el dictamen. Al final de la votación se rechazó el transitorio, pero 12 panistas, incluido Ulises Ramírez, que fue coordinador de asesores del ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, se replegaron ante Televisa”.

Una presión similar experimentaron los diputados. La cancelación del contenido principal del artículo Primero Transitorio de la Ley Federal de Derechos formó parte de las enmiendas que, enviadas por el Senado la mañana del sábado 31 de octubre, la Cámara de Diputados tenía que desahogar ese mismo día. Aparentemente la primera decisión de los grupos parlamentarios fue avalar ese cambio. En el dictamen que elaboró y fue publicado el sábado 31 de octubre en la Gaceta Parlamentaria, la Comisión de Hacienda de esa Cámara estaba de acuerdo con la enmienda que hizo el Senado para eliminar la exención establecida en el transitorio. Unas horas después, sus integrantes cambiaron de opinión.

Durante la discusión en el pleno, la madrugada del domingo, se confrontaron la defensa del interés de la sociedad y la defensa de los privilegios para Televisa. Con abundantes argumentos, los opositores a la exención dijeron que no es admisible que a una empresa, cualquiera que sea, se le dispense el pago de derechos y menos aún por varios miles de millones de pesos. Con menos recursos argumentales, pero a la postre con más votos, los promotores de la exención repitieron que sería un recurso para “estimular” la inversión privada en telecomunicaciones.

El cuestionamiento a ese privilegio fiscal fue encabezado por el diputado Javier Corral Jurado, de Acción Nacional. Lo respaldaron José Narro del PRD, Jaime Cárdenas, del PT y Guillermo José Zavaleta, del PAN. La defensa del artículo transitorio, que establece la exención, la hicieron Alberto Cano Vélez y Roberto Gil Zuarth. El primero, es el priista sonorense que propuso el Artículo 244 – E junto con la discutida dispensa fiscal y cuya cercanía con Manlio Fabio Beltrones, el líder de ese partido en el Senado, no ha sido un secreto. Roberto Gil ha defendido notoriamente los puntos de vista empresariales en el grupo parlamentario del PAN.

La votación, realizada pocos minutos antes de las 4 de la mañana, refrendó por mayoría el respaldo que la propia Cámara de Diputados había otorgado días antes a la exención que podrá beneficiar a Televisa. El PRI votó casi en bloque a favor de esa postura: 180 diputados estuvieron contra la reforma del Senado, 4 en contra y 11 se abstuvieron.

Tampoco fue una sorpresa la votación unánime del PRD, el PT y Convergencia a favor de la reforma aprobada por los senadores –es decir, contra la millonaria exención–. Ni el respaldo igualmente homogéneo del Partido Verde y de Nueva Alianza a los intereses del consorcio mediático.

Pero la votación de los diputados del PAN indica el disgusto de muchos legisladores en ese partido en contra de las adhesiones forzosas y las decisiones incómodas que sus dirigentes les han apremiado para que compartan. 68 legisladores panistas votaron por la reforma senatorial (es decir, contra la franquicia fiscal), 14 se abstuvieron y 47, entre ellos la coordinadora Josefina Vázquez y el dirigente nacional César Nava­, respaldaron el artículo transitorio que con tanto ahínco, y esa madrugada con éxito, defendió Televisa.

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Ha sido sorprendente, e incluso inexplicable, el silencio de las revistas ante la posibilidad de que sea cancelada la publicidad del gobierno federal para esos medios de comunicación. Pareciera que no lo quieren creer y que sus editores reaccionan negando un hecho tan avasallador que prefieren ignorar. O quizá muchos de ellos confían negociar, cada uno por su parte, condiciones de excepción que les permitan sortear el brete en el que las coloca la decisión de la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

También podría ocurrir que esa decisión no sea del todo firme y que la versión publicada por la revista etcétera en su edición de octubre, no fuese más que un buscapiés de Los Pinos para evaluar la reacción de editores y lectores. Esa versión dio cuenta de las instrucciones recibidas por varios jefes de prensa, en al menos ocho secretarías de Estado, para cancelar la contratación de publicidad en revistas.

La suspensión de la presencia pagada del gobierno en las revistas se debe, aparentemente, a los apremios financieros de la administración pública. Sin embargo la Presidencia, desde donde se organiza el gasto publicitario de las dependencias gubernamentales, estaría emprendiendo ahorros en el extremo más débil, y financieramente menos significativo, del ciertamente cuantioso desembolso que hace en medios de comunicación de toda índole.

De acuerdo con datos de la misma etcétera, para 2009 el gobierno federal presupuestó una erogación publicitaria de 3 mil 704 millones de pesos. Solamente 89 de esos millones de pesos estaban previstos para ser gastados en revistas. Pero la mitad de esos más de 3700 millones de pesos, fue destinada a la televisión y la radio privadas, especialmente a Televisa y Televisión Azteca.

La contratación de publicidad ha sido un instrumento de doble filo en la perversa relación entre el gobierno y los medios en este país. Con las inserciones que paga en ellos, el poder político busca la complacencia de medios tanto impresos como electrónicos.

Centenares de diarios y revistas, en todo el país, dependen mucho más de la publicidad de origen estatal que de inserciones comerciales o de la venta de ejemplares. En muchos casos se trata de una prensa sin lectores, a la que no le interesa llegar al público porque su única motivación radica en facturar publicidad que será pagada con recursos fiscales.

El gobierno federal pero también los gobiernos de los estados, los municipios más importantes, los poderes Legislativo y Judicial, así como organismos como las comisiones de derechos humanos y las principales universidades públicas, gastan recursos anunciándose en medios de todo tipo. Los funcionarios a cargo de esas dependencias e instituciones, suelen dilapidar recursos públicos para comunicarle a la sociedad que están cumpliendo el trabajo para el cual fueron designados.

Pero la publicidad oficial también sirve para sostener publicaciones que de otra manera no existirían, o que lo harían en condiciones mucho más precarias. Prácticamente no hay revista de contenido político y/o cultural que pudiera subsistir si no fuese por la publicidad oficial.

Hace un par de semanas, el 63% de las inserciones publicitarias que aparecieron en Proceso era de origen estatal. En esa estimación incluimos anuncios de gobiernos federal, estatales y de diversos organismos e instituciones públicas.

En sus ediciones de octubre, la revista Nexos tenía un 70% de publicidad estatal y Letras Libres, el 49%.

Si el gobierno quiere ahorrar, podría comenzar por cancelar la publicidad en televisión y radio, medios en los cuales dispone de varios minutos al día para difundir sus mensajes. Y si quisiera modificar en serio el tráfico de intereses y la relación malévola con los medios propiciados por el gasto publicitario, podría cancelar toda compra de espacios de promoción oficial en todos los medios de comunicación.

Para que esa decisión no implicara la desaparición de medios social, periodística y culturalmente necesarios como las revistas mencionadas y otras más, podría haber una política de ayudas a la prensa similar a la que existe en varios países europeos. Una comisión independiente podría asignar recursos públicos no para comprar publicidad sino para que, apoyando al periodismo de calidad, el Estado cumpliera su responsabilidad de auspiciar la difusión de contenidos útiles a la información y la educación de la sociedad.

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Indispensables, ineludibles, irreemplazables, los medios de comunicación se han convertido en instrumentos pero también protagonistas necesarios en las democracias contemporáneas. Hoy en día la construcción de consensos no se puede emprender, ni mantener, sin la propagación de mensajes a través de los medios de comunicación de masas. Y a la vez que espacios en donde circulan informaciones y opiniones, los medios son hoy por hoy factores de poder que incorporan sus propios intereses a la agenda e incluso a la definición de los asuntos públicos.

Los medios irradian, socializan y difunden los asuntos públicos. Pero también los acotan, tamizan y en no pocas ocasiones los simplifican o distorsionan. Constituyen recursos formidables para solidificar la democracia y extender las convicciones cívicas. Pero también llegan a erigirse como uno de los impedimentos más importantes que experimenta el desarrollo de las democracias. Los medios de comunicación son, de esa manera, imprescindibles tanto para alcanzar y sostener como para debilitar e incluso amenazar la gobernabilidad.

En la construcción de la gobernabilidad es posible identificar, de inicio, tres acciones o procesos en los que resulta inevitable el concurso de los medios de comunicación. Cualquier comunidad de ciudadanos, en el ámbito de una ciudad o un país, requiere de medios como la televisión, la radio y/o la prensa tanto para enterarse del desempeño de sus instituciones de gobierno como para evaluarlo. Desde luego, el recurso esencial que tienen los ciudadanos para juzgar a sus gobernantes se encuentra en el sufragio. Pero antes y después de él e incluso para definir por quién habrá de votar en las elecciones, los ciudadanos se apoyan en los hechos y dichos que propagan los medios de comunicación acerca de las acciones y omisiones de la clase política y de quienes aspiran a formar parte de ella.

Los medios también son indispensables para propiciar la aceptación de los ciudadanos a las decisiones de sus gobernantes o, en términos más actuales, para crear los consensos sin los cuales la democracia y la gobernabilidad resultan imposibles. Los medios de comunicación no se bastan a sí solos para definir las preferencias y las opiniones de los ciudadanos acerca de los asuntos públicos. Tanto en la creación de la agenda de esos asuntos, como en la definición del imaginario social que se establece alrededor de ella, los medios tienen fuerte influencia. Pero ese ascendiente se conjuga con el que pueden ejercer otras fuentes de información, persuasión y socialización –los entornos familiar, escolar y laboral, la discusión y el intercambio en reuniones de la más diversa índole, la experiencia de los ciudadanos y desde luego su aptitud de raciocinio, etcétera–. En otras oportunidades hemos demostrado, por ejemplo, que no hay correlación directa entre la cantidad de espacios que la televisión y la radio asignan a los candidatos en las campañas electorales por la Presidencia y los resultados de las votaciones en las urnas.

Los medios, de tal forma, son necesarios pero no omnipotentes. La suposición de que la televisión y la radio –o, con otras modalidades, la prensa- determinan mecánicamente el comportamiento de sus audiencias como si inyectaran convicciones y persuasiones a la manera de una aguja hipodérmica, quedó superada hace largo rato en la investigación sobre comunicación de masas. Aquellas apreciaciones, de las cuales se propalaron versiones un tanto exageradas, suponían que los individuos, en la sociedad de masas, pueden ser tan idénticos entre sí que reaccionarán de la misma manera ante los mensajes de los medios de amplia difusión. Pero como cada persona tiene contextos, escolaridad, creencias, personalidad, juicios y prejuicios distintos, entre otros muchos rasgos y condiciones, los mensajes mediáticos son recibidos de muy variadas formas. Ello no significa que los medios no tienen efecto entre las personas. Simplemente, el reconocimiento de esos entornos y situaciones diversas permite admitir que los medios no lo definen todo y que sus efectos se encuentran tamizados –mediados, en sentido estricto– por variadas eventualidades.

Sin embargo, con frecuencia los gobernantes y quienes aspiran a serlo les atribuyen a los medios de comunicación una capacidad movilizadora y de manipulación prácticamente inexorables. La proclividad de no pocos operadores mediáticos –locutores, periodistas, presentadores, empresarios de ese ramo, etcétera– para mostrarse a sí mismos como indefectibles constructores de las convicciones e incluso los caprichos que predominan en las sociedades contemporáneas, contribuye a extender esa imagen de predominio comunicacional. Al ostentarse como detentadores e incluso suplantadores de la opinión pública –como si en las sociedades de hoy en día no hubiera muchas opiniones acerca de cualquier acontecimiento o tema de interés públicos– los medios y quienes los manejan acentúan las creencias en torno a su capacidad para moldear los juicios de los ciudadanos y, así, la resignación que los políticos llegan a tener delante de los medios mismos.

El texto anterior forma parte de un ensayo sobre medios de comunicación y gobernabilidad en México incluido en un libro, coordinado por el profesor Manuel Alcántara, sobre la situación mexicana reciente. El volumen, fue presentado esta semana dentro del Congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales en Salamanca, España.

Anoche, varios miles de usuarios mexicanos de Internet comenzaban a festejar el posible rechazo del Senado al impuesto del 3% a las telecomunicaciones. Se trataba apenas de las posiciones manifestadas por PRD y PRI en las comisiones que revisan los documentos de política fiscal que les envió la Cámara de Diputados. Pero esas declaraciones iniciales, la necesidad que tienen los senadores para modificar aunque sea parcialmente los impopulares nuevos impuestos y la simpatía que despertó el movimiento de usuarios de Internet, permitían sostener tal conjetura.

El impuesto a las telecomunicaciones no movilizó a los usuarios de telefonía fija o celular, ni a los suscriptores de televisión por cable a quienes, de ser aprobado, ese impuesto afectará con el mismo porcentaje. Fue en la Red de redes –específicamente en Twitter, ese sitio habilitado para el intercambio de mensajes cortos y contundentes que se ha puesto de moda desde hace un par de años– en donde rápidamente prendió el descontento contra ese gravamen. Quizá por ello el impuesto sea cancelado para Internet, aunque podría mantenerse en otros servicios de telecomunicaciones.

Los seguidores del movimiento #internetnecesario se expresaron con eficacia, claridad y contundencia, aunque varias de sus premisas resultaran equívocas. El impuesto, previsto en la iniciativa del gobierno para ser del 4%, no hubiera detenido significativamente el desarrollo de Internet, ni habría desalentado a quienes hoy en día pagan por conectarse a la Red.

Pero no fue en las matemáticas, sino el corazón, en donde estuvo el motor de ese movimiento ciudadano.

En el ánimo de esos internautas enojados influyeron tres factores. En primer lugar, la sensación de que además de muchas otras e injustas cargas fiscales, el poder político se entremetía para encarecer un territorio libre, abierto y en muchos sentidos noble como es el de la Red de redes.

En segundo término, la defensa de Internet fue el catalizador para el descontento que, por otros y muy variados motivos, tienen muchos de esos internautas en contra del poder y las instituciones políticas. Los improperios a los legisladores con los que fueron aderezados muchos de sus mensajes dan cuenta de ese ánimo contestatario, de clara desafección respecto de la política.

En tercer lugar, la molestia contra el impuesto fue alimentada por las empresas de telecomunicaciones que, más por motivos ideológicos que financieros, alegaron que dicha industria quedaría paralizada, o casi, debido a la nueva carga fiscal.

En todo caso la convicción que desplegaron en defensa de un instrumento que consideran suyo y del cual, en efecto, se han apropiado con provecho cívico; la eficaz promoción de sus inquietudes que llegó en decenas de miles de mensajes y luego presencialmente hasta las oficinas de los legisladores; la originalidad y el carácter desinteresado de su protesta, les permitió a impulsores y seguidores de ese movimiento obtener un triunfo al menos inicial.

Sea cual sea el desenlace de este episodio, lo más importante ha sido la reivindicación de Internet como un bien público. Para que lograr y afianzar esa cualidad, sería pertinente que #internetnecesario se preocupara por algo más que los impuestos.

El problema esencial que mantiene estancado al servicio de Internet en México, es la ausencia de una política pública para respaldar, extender y garantizar lo mismo conexiones de calidad, que la dotación de equipos y la capacitación suficientes. En este país, el Estado ha dejado el desarrollo de Internet al garete del interés empresarial.

En México, como hemos insistido hace ya buen rato, las tarifas de conexión a Internet son de las más altas y la velocidad de los enlaces de las más lentas, tanto entre los países de la OCDE como en América Latina. Padecemos precios caros y enlaces malos, debido a la falta de competencia para proveernos de ese servicio pero, antes que nada, a causa de la intencional omisión del Estado para ocuparse de tales asuntos.

La semana pasada, el gobierno de Brasil anunció que invertirá 5740 millones de dólares para, en asociación con varias empresas, llevar Internet de banda ancha a todo ese país. En plena crisis global, los brasileños se dan espacio y recursos para ofrecer Internet rápida y para todos.

En México, lejos de fomentar telecomunicaciones para la sociedad se favorece el negocio de las grandes corporaciones. Entre las disposiciones a consideración del Senado se encuentra la exención por 5726 millones de pesos a la o las empresas que serán beneficiadas con la licitación de nuevos segmentos del espectro radioeléctrico en los cuales se transmitirán señales de telefonía celular e Internet.

Esos son asuntos que podrían interesar a quienes han desplegado un creativo entusiasmo al destacar a Internet como un recurso necesario.

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La casi monolítica unidad de la Cámara de Diputados para aprobar las nuevas disposiciones fiscales, se rompió cuando varias docenas de legisladores del PRI y el PAN se opusieron a una disposición que presuntamente beneficiará a Televisa.

17 diputados del PRI y 33 del PAN votaron en contra del artículo 244 – E, así como del primer transitorio de la Ley Federal de Derechos que permitirá que la empresa que resulte beneficiaria de una nueva concesión para servicios digitales inalámbricos difiera por varios años el pago de los derechos por esa licencia.

Cuando esa disposición fue votada, ya avanzada la madrugada del miércoles 21 de octubre, otros 10 diputados del PRI y 14 del PAN se abstuvieron. De esa manera, se sumaron al desacuerdo con esos artículos.

El resto de los votos en contra fueron 62 del PRD, 1 del PVEM, 8 del PT, 5 de Nueva Alianza y 3 de Convergencia, para sumar 129. Una decena de diputados más, que había estado presente en la votación anterior pocos minutos antes, se ausentó del salón de sesiones. Con esos datos se puede decir que al menos la cuarta parte de los legisladores, en una infrecuente coincidencia multipartidaria, tuvo una posición adversa a la reforma al 244 – E. Vale la pena revisar de qué se trata esa dispensa fiscal.

Dentro de pocas semanas, la Comisión Federal de Telecomunicaciones pondrá a licitación dos segmentos del espectro radioeléctrico en los que podrán difundirse señales de telefonía celular. Se trata de las frecuencias que van de los 1710 a los 1770 Megahertz (o, en otros términos, de 1.7 Gigahertz) y de los 2110 (o 2.1 Ghz) a los 2170 Megahertz.

La importancia de esas bandas es tal que en mayo pasado, cuando anunció su licitación, la Cofetel estimó: “En el caso específico de la banda 1.7 GHz, los concursos se diseñaron para promover la entrada de al menos un nuevo competidor a nivel nacional en el mercado, ofertando para tal efecto un ancho de banda suficiente (40 MHz) para desplegar una red técnica y económicamente competitiva”.

Esas frecuencias servirán para crear una nueva red nacional de telefonía celular en la cual podrán propagarse, además, señales de otros servicios digitales. Se trata, en otras palabras, de crear un competidor de las dimensiones de Telcel.

La capacidad para crear una red telefónica celular de alcance nacional no está en las manos de cualquier firma. Por eso diversos comentaristas han estimado que la única empresa interesada en esas frecuencias es Televisa. En julio pasado el profesor Gabriel Sosa Plata, especialista en telecomunicaciones, consideró:

“Este nuevo competidor será, por lo visto, Televisa. No hay que tener una gran imaginación para llegar a esa conclusión. De hecho, hay quienes aseguran que las bases fueron preparadas ex profeso para ese ‘concursante’ y el ‘convidado’, obvio, ya se prepara para el reparto del apetitoso pastel. Una nota difundida por Reuters el 11 de junio lo confirma: ‘Televisa podría lanzar su propia red de telefonía inalámbrica en México’ y se encuentra lista para participar en la licitación de espectro, así como de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad”.

Si Televisa es beneficiaria o no de esa concesión, dependerá de las bases para esa licitación y de la decisión de la Cofetel y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero independientemente de a qué empresa le sea adjudicada la prerrogativa de usufructuar esas bandas, resulta desmedido el favor anticipado que le hicieron los diputados.

La utilización de tales frecuencias requiere del pago de derechos, que no son pocos porque se trata de segmentos del espacio radioeléctrico que son muy disputados. El multialudido artículo 244-E establece el mecanismo para calcular el monto de esos derechos. Por cada una de las bandas mencionadas, el beneficiario de la licitación tendría que pagar, utilizándolas en todo el país, 1909 millones de pesos anuales.

La cifra es, exactamente, 1908 millones 877 mil 800 pesos.

Y allí se encuentra la cuantiosa facilidad que acordaron los diputados. El Transitorio Primero de la Ley Federal de Derechos indica que la obligación para hacer esos pagos tendrá vigencia a partir de 2012 o  de 2013, dependiendo de la fecha en que sean otorgadas. El mismo artículo estima que eso ocurrirá a fines de 2010.

Es decir, el mencionado artículo transitorio dispensa entre uno y dos años el pago de 1909 millones de pesos anuales por cada uno de los dos paquetes de 60 megahertz que serán licitados.

Esa decisión, significa para la o las empresas beneficiarias de tales licitaciones un ahorro de entre 3 mil 818 y 7636 millones de pesos, dependiendo del momento en que sean asignadas las frecuencias.

Durante la atormentada sesión la madrugada del miércoles, los diputados José Narro Céspedes del PRD y Javier Corral Jurado de Acción Nacional, se manifestaron contra esa escandalosa exención. Se trata “prácticamente es un robo a la nación, porque éste es un bien de los mexicanos”, dijo Narro. “Nadie se engañe, este artículo tiene un destinatario que es la empresa de televisión Televisa, la única empresa que hasta ahora ha mostrado interés por la licitación de dos redes nacionales de 30 megahertz cada una en el espectro radioeléctrico para servicios móviles incluida la telefonía”, precisó Corral.

La oposición de esos legisladores a la dispensa fiscal multi millonaria no fue sorpresiva. Pero quizá sí lo fue el respaldo que encontró en legisladores de todos los partidos.

A favor de la Ley Federal de Derechos habían votado 403 diputados a favor, 39 en contra y 15 se abstuvieron.

Pero los artículos impugnados por Corral y Narro tuvieron únicamente 294 votos a favor, 129 en contra y hubo 24 abstenciones.

Entre 17 los diputados del PRI que rechazaron con su voto esa excepción tributaria se encuentran Miguel Ángel García Granados, Héctor Ramírez Puga, César Augusto Santiago y José Francisco Yunes. Entre los 33 panistas, además del mencionado Corral votaron en contra Pablo Escobar, Laura Elena Estrada, Gastón Luken, Marcos Pérez Esquer y Marcela Torres Peimbert.

Otra legisladora que se manifestó en contra, solitaria en ese voto dentro del Partido Verde, fue la diputada Ninfa Clara Salinas Sada, cuya identificación con TV Azteca la llevó a considerar que no se vale un favorcito tan multi millonario que puede beneficiar a Televisa.

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La angustia en torno a la suerte posiblemente trágica del pequeño Falcon Heene mantuvo en vilo el jueves pasado a los medios de comunicación en Estados Unidos –y, con ellos, en buena parte del mundo–. La sospecha de que el niño de 6 años estuviera volando a la deriva en un globo aerostático fabricado por su padre en un pueblo de Colorado, hizo temer que pudiera sufrir un accidente.

Compasión y solidaridad, pero sobre todo sensacionalismo y espectacularidad, concentraron la atención de televidentes e internautas y especialmente de las empresas mediáticas. Ahora, la cada vez más acreditada posibilidad de que todo haya sido un engaño prefabricado por el padre del niño, desata la ira de los medios pero podría suscitar, también, una reflexión aunque sea breve acerca de la ligereza con que se construyen los acontecimientos en la hiper conectada sociedad actual.

La alerta en torno a Falcon Heene, pero sobre todo la rápida reacción de medios y autoridades en Colorado, se convirtió en noticia global en unos cuantos minutos. La conferencia de prensa que ofrecía el presidente Barack Obama en Nueva Orleans, recordando el desastre ocasionado por el huracán Katrina, fue desplazada en los canales de noticias televisivas por las imágenes de la angustiada familia en Fort Collins, Colorado, y luego por las desesperantes escenas del globo de helio que comenzaba a caer mientras millones de televidentes suponían que allí iba el pequeño Falcon, quizá en sus últimos instantes de vida.

No pasó mucho tiempo para que se supiera que el niño estaba escondido en el ático de su casa, al parecer temeroso del regaño de su padre por haberse acercado al globo. De la sorpresa y el alivio, el comportamiento de muchos medios y de no pocos televidentes e internautas, transitó a la contrariedad e incluso al reproche. En pocos minutos, que parecieron eternos para quienes seguían a través de la televisión mundial las peripecias de helicópteros y avionetas rastreadoras, se había construido un intenso y exigente acontecimiento. La inermidad del niño de 6 años, cuya fotografía era mostrada en las pantallas junto a la aflicción de sus padres, era mayúscula cuando se le imaginaba en aquel globo con forma de platillo volador que surcaba los cielos de Colorado a más de 30 kilómetros por hora y a unos 3 mil metros de altitud.

La zozobra de la audiencia planetaria se puso en tensión cuando el globo llegó a tierra, sin rastros del niño. El suspenso, fabricado minuto tras minuto, parecía desembocar en tragedia. Pero el final feliz que significó esa tarde del jueves 15 de octubre la aparición del contrito Falcon Heene, se trocó en reproches y amargura. Los medios internacionales le habían dedicado dos largas horas a seguir a un globo con forma de platillo volador y que iba absolutamente vacío. Había sido, literalmente, una noticia hueca, insustancial, inflada. No fue más que una  aparatosa volada, como se les dice a las mentiras en el argot de la prensa mexicana.

Más tarde, las sospechas sobre la posibilidad de que el padre del niño falsamente aeronauta hubiera fraguado todo el episodio, terminaron de exacerbar el disgusto mediático. Aunque inicialmente se le presentó como un científico aficionado que se interesaba en estudiar asuntos climáticos, pronto se supo que Richard Heene tiene actitudes bastante extravagantes y una conocida proclividad por los reflectores mediáticos. El solo hecho de que el globo de propósitos presuntamente investigativos tuviera forma de platillo volador, tendría que haber desatado algunas sospechas. Pero además, los Heene eran conocidos porque participaron en un reality show de madres que intercambian familias durante un par de semanas.

Aquellas desconfianzas encontraron mayor asidero esa misma noche cuando, en una entrevista para el programa de Larry King en CNN, el pequeño Falcon explicó, mirando a su padre: “tú dijiste que hiciéramos esto por el show de televisión”.

El viernes, evidentemente agobiado, el niño de 6 años vomitó durante dos entrevistas en cadena nacional para la televisión estadounidense. Tanta y tan excesiva atención a ese asunto iba más allá de los parámetros profesionales o noticiosos de las corporaciones mediáticas. Pero el espectáculo televisivo seguía encontrando una viciosa fascinación en aquel frágil y azorado niño.

El affaire del niño del globo podemos leerlo como una metáfora, en varios sentidos, de la liviandad mediática de nuestros días. Después de dos horas de persecución en vivo y en directo, no quedaba más que un globo desinflado. Al lado de asuntos de relevancia y densidad indudablemente mayores, la agenda de los medios había estado dominada por un episodio literalmente volátil.

Pocos acontecimientos recientes subrayan, como ese, la en ocasiones insustancial globalización creada por la instantaneidad de las comunicaciones contemporáneas.

Ahora se dice que la policía está pensando fincarle cargos al padre del niño por engañar a las autoridades. Por lo pronto ya se venden camisetas y tazas que proclaman “Salven al niño del globo”.

Y en Internet, desde este fin de semana hay un juego que muestra al niño del globo colgado de un platillo volador y lidiando con gaviotas que lo atacan. El sitio, llamado Balloonboygame.com, tiene como subtítulo “¿cuándo dinero de los contribuyentes crees que puedes desperdiciar?”.

Hay quien considera que este asunto se parece a un capítulo de los Simpson. Pero no se trató de un travieso Bart sino, si se confirman las versiones más recientes, de un padre manipulador y sinvergüenza al estilo de Homero Simpson. Antes nos llamaban la atención las situaciones que oscilaban de la tragedia, a la comedia. Ahora estamos ante una realidad que imita a la caricatura.

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Colmado de aplausos por su gesta antisindical, el presidente Calderón les dijo a los radiodifusores que ya no hay obstáculos para que quienes tienen estaciones de AM, puedan acceder a espacios en FM. Los empresarios de la radiodifusión aplaudieron de nuevo.

Luego, les aseguró que habrá “un mercado de la radio y la televisión más vigoroso, que ofrezca, precisamente, servicios de calidad a los usuarios, y al propio tiempo, que tenga plena seguridad jurídica para sus operadores”.

Los empresarios que el miércoles pasado, 14 de octubre, asistían a la inauguración de la semana de la radiodifusión, aplaudieron de nuevo. Apoyaban la promesa de seguridad jurídica, que todos ellos entienden como la certeza de que no perderán las concesiones que usufructúan. No pensaron mucho el asunto de la calidad y no era para regatearle una ovación más al, con ellos, dadivoso presidente de la República.

Los compromisos del presidente Calderón obedecen a viejas demandas de los empresarios en ese gremio. Hay varios centenares de concesiones, sobre todo de radio, que caducaron hace años y que no han sido refrendadas debido a la ausencia de precisiones, para ello, en la legislación vigente. Por otra parte, docenas de empresarios que tienen estaciones de Amplitud Modulada consideran que están siendo desplazados por las emisoras en Frecuencia Modulada y quieren entrar también a esa banda del dial radiofónico.

Sin embargo, por mucho que el gobierno se identifique con esas pretensiones de los empresarios de la radiodifusión, la legislación no le permite refrendar concesiones ni mucho menos asignar otras nuevas. Los cambios que dispuso la Suprema Corte de Justicia cuando, en junio de 2007, suprimió varios artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión, abrieron huecos que el Poder Legislativo no ha querido llenar.

Hace dos años y medio, la Corte resolvió el recurso de inconstitucionalidad presentado por varias docenas de senadores en contra de la llamada “Ley Televisa”. Aquellas reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión habían pretendido consolidar la apropiación, respecto del espectro radioeléctrico, de las empresas que ya tenían concesiones, especialmente las televisoras privadas.

La Corte consideró que varias de esas reformas despojaban a la nación y a la sociedad del dominio respecto de ese recurso natural limitado y esencial que es el espectro radioeléctrico y abrogó algunos de aquellos artículos. Además estimó que tanto la asignación de nuevas concesiones como el refrendo de las que ya existían, tenían que realizarse por concurso en donde fuera esencial la trayectoria como comunicadores de los ciudadanos o empresas que aspirasen a tener nuevas frecuencias o a que se les revalidaran aquellas con las que ya contaban.

Ese principio general establecido por la Corte, sigue vigente. Y también permanece la ausencia de precisiones legales sobre los mecanismos para asignar y renovar concesiones.

En junio de 2008, el senador priista Manlio Fabio Beltrones quiso congraciarse con los radiodifusores promoviendo una ley que les diera espacios en FM a quienes ya los tenían en AM. No habría licitación alguna para esas asignaciones. Poco después, el 15 de septiembre de aquel año, el presidente Calderón desactivó aquella iniciativa del PRI con un Acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que también ofrecía FM a los que ya tenían AM pero a cambio del pago de derechos por esa frecuencia adicional.

El Acuerdo de la SCT hizo innecesaria la propuesta de Beltrones, pero tenía defectos que fueron prontamente señalados. Aunque supuestamente el espacio en FM sustituiría al que ya tienen en AM, no hay reglas claras para que los concesionarios le regresen al Estado la frecuencia que hasta ahora han utilizado en Amplitud Modulada. Por otra parte, el Acuerdo de la SCT no indica cómo se calcularán los derechos que deban pagar los radiodifusores interesados en la nueva frecuencia.

El presidente Calderón no les dio noticia alguna a los radiodifusores, porque días antes la SCT informó que ya tiene, por fin, aunque sea con un año de atraso, un mecanismo para calcular cuánto pagarán los beneficiarios de una nueva concesión en FM. Esas reglas no han sido publicadas de manera oficial, pero algunos periódicos indican que el costo oscilará entre 9 mil y 7 millones y medio de pesos. Todo dependerá, al parecer, de la audiencia que se alcance con cada emisora.

¿Cómo se calcula esa audiencia? ¿De acuerdo con la cobertura geográfica, o con ratings de empresas especializadas? Si hay un límite de 7 millones y medio de pesos, seguramente para las zonas más pobladas del país, entonces el cálculo no será proporcional y beneficiará a los radiodifusores que obtengan frecuencias en las principales ciudades en donde el costo por radioescucha será mucho menor.

Sobre todo, sin precisiones en la Ley Federal de Radio y Televisión y en contra de la opinión de la Suprema Corte, las concesiones que ofrece el presidente Calderón podrían ser impugnadas judicialmente. La adjudicación de esas frecuencias será una acción discrecional del presidente y al margen de la ley.

Si se dan cuenta de esas implicaciones, quizá los radiodifusores comiencen a regatearle aplausos al licenciado Calderón.

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El jueves próximo, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión realizará su encuentro anual con el presidente de la República. La reunión de los empresarios de un sector destacado de la economía y el titular del Ejecutivo Federal, no sería de especial relevancia. Pero en varias ocasiones durante los años recientes, los radiodifusores más prominentes en ese gremio han querido hacer de su semana anual un momento para presionar al gobierno –con declaraciones e incluso amagos retóricos a veces muy enfáticos– o conquistando medidas legales como hace siete años, cuando el presidente Fox expidió un decreto al contentillo de las televisoras para anular el 90% del tiempo fiscal del que hasta entonces disponía el Estado en los medios electrónicos.

La semana próxima se verá si, más allá de las frases de cortesía y los lugares comunes, el presidente Felipe Calderón está dispuesto a emprender algunos cambios en la relación de su gobierno con los consorcios de televisión y radio como pareció sugerir su discurso del 2 de septiembre pasado, cuando incluyó a esos medios entre los sectores de las telecomunicaciones en los que es preciso, según dijo, que haya competencia y calidad.

También se verá en qué medida los partidos y sus legisladores están dispuestos a emprender una reforma seria en la legislación para los medios, o de qué tamaño es la subordinación que habrían resuelto ofrecerle a Televisa y Televisión Azteca. El viernes de la semana próxima por la mañana, según la agenda de la CIRT, los directivos de esa Cámara recibirán a los líderes de las fracciones parlamentarias tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República.

Hace apenas dos años, las relaciones entre el Congreso y los jeques de la radiodifusión eran notoriamente ásperas. En el otoño de 2007, las fracciones parlamentarias más importantes desataron la furia de los poderes mediáticos cuando aprobaron la reforma constitucional en materia electoral que, entre otras cosas, inhibía la contratación de propaganda política en la radio y la televisión. Un año antes, durante el proceso electoral de 2006, la influencia de los consorcios mediáticos en las decisiones políticas e institucionales había sido tan intensa que no solamente cobijaron y en ocasiones amplificaron las campañas de encono promovidas por los principales partidos políticos. Además, como podemos recordar, aquella temporada electoral fue aprovechada por los medios para impulsar, con afrentoso éxito, las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión que por su paternidad, por el cabildeo que las impulsó y los beneficiarios que tenían, pudieron ser calificadas como Ley Televisa.

Los rasgos más escabrosos de aquellas reformas fueron anulados por la Suprema Corte de Justicia en junio de 2007. En ese contexto de revisión crítica de los excesos del poder mediático, tres meses más tarde el Senado propuso y aprobó la creación de un nuevo régimen de comunicación electoral que tenía como eje la cancelación de las viejas prácticas de compra–venta de espacios en los medios electrónicos. El traslado de recursos públicos que por esa vía beneficiaba a los medios privados, no solamente encarecía las campañas políticas sino que llegó a propiciar formas de relación perversas entre los partidos y los consorcios comunicacionales.

Las quejas de las empresas mediáticas, preocupadas por el negocio que habían perdido y que en las campañas de 2006 ascendió a 2 mil millones de pesos pero sobre todo disgustadas porque sin la posibilidad de admitir y pautar la propaganda de los partidos se debilitaban sus capacidades de presión política, fueron ampliamente propagadas pero no convencieron a la sociedad mexicana.

En el transcurso de casi dos años, desde que la reforma constitucional fue  promulgada en noviembre de 2007, hemos asistido a infructuosos diálogos de sordos acerca de esas reglas. Las televisoras, estruendosas y en ocasiones calumniosas cuando desfiguran opiniones y trayectorias de quienes las cuestionan, se negaron a abrir espacios para la deliberación plural y abierta entre los puntos de vista que había sobre esa reforma.

Las nuevas reglas en materia de comunicación y elecciones han tenido su primera prueba en las recientes campañas políticas. Los partidos ya no dependen de la aquiescencia las corporaciones comunicacionales para colocar sus mensajes en tiempos preferentes, ni para obtener tarifas más bajas, porque ahora se difunden en tiempos estatales y en espacios gestionados por el IFE.

Sin embargo esas nuevas reglas han sido transgredidas de varias y en ocasiones desfachatadas modalidades. Por otra parte, las nuevas condiciones para la comunicación electoral no auspiciaron una competencia electoral más civilizada porque fueron utilizadas únicamente para incrementar los spots de los partidos hasta extremos de hartazgo para los televidentes y radioescuchas.

Tales exageraciones y distorsiones, no debieran empañar los rasgos esenciales de la reforma electoral: el uso de tiempo estatal para difundir contenidos de campañas y el impedimento a particulares y partidos para contratar espacios de propaganda política. Esos son los rasgos torales que es indispensable preservar y apuntalar, ajustando los hilos sueltos y las insuficiencias que ha confirmado este estreno de la reforma electoral.

El Congreso de la Unión tiene, en ese terreno, una responsabilidad que sus integrantes no han querido cumplir. Hay garantías y obligaciones establecidas en la reforma constitucional, como el derecho de réplica y la abolición de la propaganda personalizada que se financia con recursos públicos, que no se han puesto en práctica porque los diputados y los senadores no han aprobado sus leyes reglamentarias. Y se mantiene el enorme, ominoso y en varios sentidos costoso hueco jurídico y político que significa la inexistencia de una legislación integral, complementaria de la electoral, para la radiodifusión y las telecomunicaciones.

México necesita un régimen legal que atempere, pluralizándolo, el poder mediático, que estimule la competencia de opciones en el terreno de la comunicación como ha sucedido antes en el de la política, que garantice derechos de los ciudadanos frente a los medios, que promueva la existencia de auténticos medios públicos.

(La segunda mitad de este texto forma parte de la intervención que ofrecí a fines de agosto pasado, a nombre de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, en la apertura del Seminario “Democracia y Reglas del Juego” organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas e inaugurado por el Rector de la UNAM en el Palacio de Minería).

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A menos que la Presidencia de la República haga un desmentido en las próximas horas, se puede considerar que estamos ante una intencionada y grave política de extinción del gobierno federal contra las revistas impresas. La revista etcétera, especializada en medios de comunicación, reveló que la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República ha suspendido toda contratación de publicidad en medios de esa índole.

Marco Levario, director de etcétera, apunta que los responsables de comunicación en varias dependencias federales así se lo confirmaron: “Los funcionarios nos pidieron omitir su nombre y nosotros creemos que su solicitud es justificada. Por eso nos hacemos responsables de esta información que es al mismo tiempo una denuncia. Desde la oficina de la Presidencia de la República no les expusieron razones o justificaciones, simplemente les ordenaron no contratar publicidad alguna en las revistas y continuar con la promoción de las tareas del gobierno en los medios electrónicos y, en menor medida, en los periódicos”.

Esa acusación fue apuntalada por Proceso, que en su edición de esta semana considera que hay un “Golpe de Calderón contra las revistas”.

La cancelación de la publicidad federal puede ser mortal para revistas que, a pesar de la calidad de sus contenidos, no tienen lectores ni publicidad comercial suficientes para sufragar sus gastos de edición. Hace un par de años, al comentar las disposiciones constitucionales que hubieran cancelado la propaganda a personajes públicos sufragada con recursos fiscales, hicimos un cálculo del peso que tiene la publicidad de origen estatal en algunas revistas relevantes. En esa estimación incluimos todas las inserciones publicitarias de origen estatal, que comprenden las que paga el gobierno federal pero también gobiernos de los estados y otros organismos.

En aquella evaluación, encontramos que en noviembre de 2007 el 80% de toda la publicidad que tenía la revista Proceso era de origen estatal. De allí surgía también el 94% de los anuncios insertados en el semanario emeequis, el 81% de la publicidad en la revista Nexos y el 69% de los anuncios en Letras Libres.

Aquella disposición constitucional no ha sido aplicada por falta de un reglamento que la haga vigente. Por otra parte, posiblemente los mencionados porcentajes han cambiado pero se puede asegurar que la propaganda estatal, fundamentalmente del gobierno federal, sigue constituyendo el principal respaldo financiero para la mayor parte de las revistas políticas y/o culturales más leídas en México.

No debiera ocurrir así. Lo deseable, sería que cada una de esas publicaciones tuviera lectores y respaldo publicitario de índole comercial suficientes para sufragar sus gastos. Pero a consecuencia de una larga historia de connivencias y simulaciones, durante más de medio siglo el Estado ha sido el patrocinador principal de publicaciones de toda índole en nuestro país.

Nadie o casi nadie se consternaría si varias docenas o centenares de pasquines que no tienen pero que tampoco buscan lectores y que solamente existen como instrumentos de chantaje y/o para facturar publicidad de carácter oficial, dejaran de circular debido a la extinción de su principal fuente de ingresos. Pero la cancelación de la publicidad federal afectaría también a revistas cuya contribución a la información y la reflexión las hace cumplir tareas de servicio y beneficio públicos.

La publicidad estatal tiene un flanco perverso y, otro, de índole virtuosa. Tanto el gobierno federal, como cada oficina de prensa en los gobiernos estatales, en algunos municipios poderosos, en el Congreso e incluso en universidades y organismos públicos, ha sido una herramienta para crear adhesiones o, en otros casos, promover represalias. Y por otro lado, sin esos recursos hay proyectos editoriales que no existirían y cuya pertinencia cultural, profesional, periodística y política es evidente.

En otros países, existen leyes o mecanismos de subsidio a la prensa que toman en cuenta el interés social de publicaciones cuyo arraigo local, o cuya calidad específica, las hacen merecedoras de financiamientos por parte del Estado. Por lo general esas asignaciones son resueltas por comités de ciudadanos, conformados de manera plural y con independencia del gobierno y son otorgadas por plazos específicos. Después, se espera que el periódico o la revista beneficiados con tales subsidios hayan consolidado su administración y no tengan que depender de recursos fiscales.

Un sistema así, permitiría emprender una transición para que la prensa de calidad (tanto las revistas hoy amenazadas por una abrupta cancelación publicitaria, como los periódicos que en cualquier momento pueden padecer la misma situación) pudiera regularizar sus fuentes de ingresos.

Si el gobierno federal quiere ahorrar recursos que ahora se dilapidan contratando publicidad en medios de comunicación, podría comenzar por cancelar los anuncios en televisión y radio que no constituyen servicio alguno a la sociedad y con los cuales se mantiene una ilegítima auto promoción de los funcionarios públicos.

De acuerdo con etcétera, las revistas ocupan únicamente el 2.4% del presupuesto para publicidad del gobierno federal que este año ha sido de 3 mil 704 millones de pesos. La mayor parte de esos casi 4 mil millones de pesos ha sido destinada a contratar espacios en televisión (especialmente en Televisa y TV Azteca) en donde el Estado ya dispone de tiempo suficiente para anunciarse.

Una ley de ayudas a la prensa y la suspensión de la propaganda oficial en medios electrónicos, serían medidas que atenderían a la austeridad financiera indispensable en estos tiempos. Así, además, se remediarían la discrecionalidad y el convenencierismo que suelen determinar la asignación de publicidad del gobierno a los medios de comunicación. Todo ello, sin amenazar a docenas de revistas indispensables para una ciudadanía democrática.

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