Sociedad y poder

La Crónica, jueves 3 de abril

   No se trató, desde luego, de una entrevista a modo como las que ha tenido con periodistas que decidieron no cuestionarlo sino simplemente abrirle espacios para que se hiciera propaganda. Pero tampoco fue una emboscada. La conversación que antier, martes 1 de abril, sostuvieron Andrés Manuel López Obrador y Carlos Loret de Mola en el noticiero matutino del canal 2 fue un intercambio difícil, áspero en ocasiones. El ex candidato presidencial, nervioso, a ratos incluso desconcertado ante preguntas triviales pero también agresivas, apareció sin argumentos cuando se tocaban asuntos de fondo.

   Loret condujo la charla por terrenos incómodos, que no son pocos para quien tiene una actuación pública repleta de contradicciones: el “presidente legítimo” repite un discurso cada vez más hueco, apela todavía a un fraude del que jamás ofreció una sola prueba rotunda, desconoce al gobierno “usurpador” pero le paga impuestos y le presenta exigencias, se dice democrático pero contribuyó a precipitar la patética crisis de antidemocracia y simulaciones por la que atraviesa su partido, se opone a la privatización del petróleo cuando nadie la ha propuesto al menos todavía, descalifica la posibilidad de que el gobierno se asocie con empresas privadas en la modernización del sector energético cuando él mismo lo propuso así, con esas palabras, en su proyecto de gobierno.

   El cerco informativo del que habla López Obrador para decirse marginado y perseguido se contradice con la amplia presencia que, de una manera u otra, ha tenido en los medios después de la elección de hace casi dos años. Desde luego sus posturas encuentran contrapuntos críticos en los medios de comunicación y es entonces cuando López Obrador se desconcierta y, exasperado, se proclama acosado. No es de extrañar que en Televisa sus tropiezos, y los de su partido, hayan sido ampliamente propalados como ocurre en la cobertura de la interminable postelección del PRD. Pero sería más sospechoso aún que esa televisora ocultase las notas de un escándalo político que resulta, por lo demás, insoslayable.

   39 minutos, de 7.09 a 7.48, estuvo López Obrador en el noticiero de Carlos Loret. De esa conversación hemos rescatado el segmento transmitido de 7.15 a 7.20 de la mañana, cuando el periodista le pregunta por el lodazal en que se ha convertido la contienda dentro del PRD y López Obrador replica quejándose de la cobertura que recibe en los noticieros de Televisa.

   Carlos Loret de Mola: ¿Oiga, cómo, cómo se, con qué autoridad moral nos dice usted, nos dice el PRD que nos va a defender a los mexicanos de los presuntos saqueadores, después de que vimos cómo se saquearon entre ustedes hace tres domingos en la elección interna del PRD? Porque fue un saqueo ¿no?

   Andrés Manuel López Obrador: Yo te digo dos cosas. En primer lugar yo tengo autoridad moral. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. De mi pueden decir lo que quieran pero no pueden decir que yo sea el ladrón. Yo he sido consecuente toda mi vida y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, entonces sí tengo autoridad moral, ¿eh?

   Loret: Para hablar de corrupción cuando tenía a Bejarano al lado…

   López: Si, cuando tenía yo a Bejarano al lado, que ustedes hicieron mucha propaganda de eso…

 Loret: Un video ¿no?

 López: Sí, que ustedes sacaron allí. Se demostró…

 Loret: Unas liguitas ¿no?

 López: Sí, que ustedes sacaron aquí.

 Loret: Unas liguitas, una lanita…

 López: Sí, sí, por…

 Loret: Una corrupción…

 López: Una, una confabulación, ustedes dieron a conocer ese video pero en esa ocasión, Carlos, se demostró de que yo no tenía nada que ver. Hay constancia de eso y se demostró de que era una confabulación para afectarme políticamente. Entonces te repito, yo tengo autoridad moral, ¿sí?

   Loret: ¿Y el cochinero del PRD?

   López: En el caso de lo que está sucediendo en el PRD, pues me gustaría que se resolviera. Pero, este, sin querer comparar, pues han saqueado al país, ¿sí? Este, ustedes por cierto no han dicho mucho sobre esto, sobre la privatización en general…

   Loret: En esta misma silla ya se sentaron, nada más faltaba usted…

   López: No, no, pero, sí, pero sabes qué, cuando el Fobaproa no hablaron mucho.

   Loret: Hasta programas especiales hubo, yo no trabajaba aquí entonces, pero me acuerdo que hubo programas de eso.

   López: Sí, no hablaron mucho pero qué bueno que ahora en el caso de este afán privatizador en lo que corresponde al petróleo, pues van a haber espacios, me importa mucho que me hayas invitado, porque ya pasaron…

    Loret: Y también vamos a hablar de los del PRD, ¿eh?

    López: Sí claro y de lo que tú quieras, yo no tengo ningún problema.

    Loret: Déjeme termino con esto. ¿Fue un saqueo, fue un cochinero la elección del PRD?

   López: Bueno, ahí están ya los datos, los informes, ustedes le han dado mucho vuelo, porque es un poco…

    Loret: Porque es nota.

    López: Y es el papel también que juegan ustedes, o sea…

    Loret: Dar la nota.

   López: Sí, le suben al volumen cuando se trata de asuntos que le conviene al régimen y que nos afectan a nosotros. Mira, ahora en Semana Santa…

   Loret: No, no, nada más le digo yo creo que todo lo que hemos dicho todos los comentaristas de Televisa juntos, con respecto a la elección interna del PRD palidece frente a lo que se han dicho entre ustedes, eh.

   López: Sí.

   Loret: Pero bueno, ahí se lo dejo. ¿Le parece que se ha maximizado?

   López: Sí, se ha maximizado.

   Loret: Es un problema del siete por ciento de las casillas dicen ustedes ¿no?

   López: No se ha maximi… pero vamos …

   Loret: ¿Qué porcentaje es el problema?

   López: No pero vamos, vamos de nuevo a la cobertura, déjame hablar. Primero, todo este asunto se dio en Semana Santa, dieron ustedes más al conflicto interno del PRD que al viacrucis.

    Loret: Ahí, oiga …

    López: Sí, permíteme.

    Loret: La última vez me acuerdo que se quejó de que le habíamos dado más al Papa que al desafuero. ¿Entonces ahora es al revés?

   López: No, no, no.

   Loret: ¿No es una contradicción?

   López: No. Estoy nada más planteando esto, ¿no? Porque los que nos están viendo y esa es una característica nueva eh, pues son, eh, ciudadanos pensantes, ya no se dejan manipular, eh, pero vamos a los tiempos, porque la comunicación es muy importante, Carlos, y hay mucho control de los medios…

    Loret: La elección del PRD ¿qué porcentaje de las casillas…?

    López: Antes te voy a decir que le dieron mucho más tiempo, le han dado mucho más tiempo, además, este, no te reto porque es una palabra muy fuerte, te sugiero y ojalá lo des a conocer, que veas cuánto tiempo le ha dado Televisa al conflicto interno del PRD y se compare con cuánto le dieron de tiempo ustedes al fraude electoral del 2006.

   Loret:¿Quiere ahora un recuento nota por nota?

   López: Sí porque no dijeron ni pío, o sea, el fraude electoral.

   Loret: ¿No estuvo usted aquí la mañana de 3 de julio, ahí sentado? No, de hecho, de este lado estaba.

   López: Sí, así nada más, nada más y luego no dieron ustedes ni una sola irregularidad.

   Loret: Usted vino aquí, estuvo con López Dóriga, estuvo con Víctor Trujillo ¿no?

    López: Sí, antes.

    Loret: No, no, antes no. Unos días después de la elección.

    López: Y luego se cerraron por completo y no vieron una sola irregularidad.

   Loret: A ver, está aquí.

   López: Pero digo, en el caso del PRD, te voy a contestar para…

    Loret: Está aquí, no, está bien, nada más le digo una cosa. Está aquí César Yáñez, su asesor de prensa de toda la vida, con quien tenemos una gran comunicación. Si quiere le ponemos un micrófono y que pase aquí a decirme si usted no recibió, por lo menos de este programa, dos invitaciones; una en noviembre del 2006 y otra en julio del 2007 que no aceptó para venir. Si quiere le preguntamos a César

   López: Sí, dos en año y medio.

   Loret: Dos invitaciones. Bueno, las rechazaba y aquí estaba su cobertura, aquí estábamos, la rechazó.

   López: No, pero por el ambiente, porque yo no les voy a legitimar.

   Loret: Pero las rechazó.

   López: No les voy a legitimar, cuando no existe…

   Loret: Pero lo invitamos ¿no?

   López: Cuando no existe pluralidad…

   Loret: Sin contar las de Denise Maerker y Joaquín que le habrán hecho…

   López: No existe pluralidad, no hay equidad, hay mucho desequilibrio. Se la han pasado, eh, durante todo este tiempo, eh qué bueno que ahora se da esta posibilidad.

   Loret: ¡Sí hombre, encantado!

   López: Este, yo pedí, mandé una carta a Emilio Azcárraga, dueño de esta concesionaria para que me permitieran hablar sobre el tema del petróleo.

  Loret: Yo lo había invitado desde antes de que usted mandara la carta.

  López: Sí. No, eh…

  Loret: A ver dígame, ¿no lo había yo invitado desde antes de la carta?  

   López: Sí pero, bueno, en función de la carta no.

   Loret: Pero yo lo había invitado desde mucho antes.

   López: Después de la carta no, fue ahora. Pero, digo, no voy a polemizar sobre eso.

   En realidad no polemizó acerca de nada. Cuando Loret de Mola le recordó que en la página 42 de su libro Un proyecto alternativo de nación publicado en 2004 López Obrador admitía la participación de los sectores público y privado en las actividades petroleras, el ex candidato presidencial se enredó en justificaciones inverosímiles. Loret lo había pillado con los dedos tras la puerta (o, bueno, con el texto tras la arenga). López Obrador, descobijado de su discurso autorreferencial, quedó exhibido como mentiroso.

   Eso ocurrió, quién lo dijera, en el Canal de las Estrellas que tampoco se distingue por su congruencia ni su afición a la verdad (pregúntenle, si no, al hasta hace poco artificialmente engrandecido y hoy exageradamente vilipendiado Hugo Sánchez).

La Crónica de Hoy, jueves 21 de febrero

   Otrora tema solamente de especialistas y de los profesionales directamente vinculados con ellos, hoy en día resulta evidente que los medios de comunicación son asunto de todos. Así lo confirma la creación, ayer miércoles 20 de febrero, del Frente Nacional por la Reforma de Medios Electrónicos que reúne a medio centenar de organizaciones. Agrupaciones de la sociedad como Poder del Consumidor, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Salud Integral para la Mujer, participan allí junto a sindicatos y coaliciones sociales como el de Trabajadores de la UNAM y la Unión Nacional de Trabajadores. Están, desde luego, grupos afines al análisis y la docencia alrededor de los medios como la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y agrupaciones que defienden usos sociales específicos de la comunicación como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México. Hay organismos gremiales y profesionales directamente relacionados con los medios como el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa y la Asociación Nacional de Documentalistas. Destaca la participación de la Asociación Nacional de Actores y la Asociación Nacional de Intérpretes, que tienen entre sus principales fuentes de trabajo a las empresas de radiodifusión cuyo desempeño se pretende regular con una nueva legislación. El Frente se conformó a iniciativa de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, que encabeza el ex senador Javier Corral Jurado.

   Apenas constituido formalmente en un encuentro en el Club de Periodistas, representantes y miembros del Frente caminaron dos calles para llegar al Senado de la República en donde habían solicitado reunirse con los legisladores directamente involucrados en la revisión de las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. Estuvieron presentes Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva del Senado y una decena de legisladores más, miembros de PAN, PRD, PVEM y PRI. El encuentro era pertinente no sólo porque a los senadores tendría que interesarles el nacimiento de una coalición que se propone influir para que se reforme una legislación específica sino porque algunos de ellos, en las semanas recientes, han dicho que a corto plazo no habrá modificación en la normatividad para los medios de comunicación. El senador Creel dijo, en cambio, que tienen hasta el mes de abril para construir una nueva ley de medios.

   En ese encuentro Aleida Calleja, dirigente de los radiodifusores comunitarios, relató cómo y con quiénes se conforma el Frente. Miguel Ángel Granados Chapa, presidente del Consejo Consultivo de la AMEDI, recordó los muchos esfuerzos que se han desplegado para actualizar la legislación aplicable a los medios desde que, hace más de tres décadas, el diputado priista Luis M. Farías confesó, considerando que ya no tenía más por hacer en ese tema, que los legisladores no le habían hallado la cuadratura al círculo. El investigador Alberto Aziz Nassif mencionó las demandas principales del nuevo Frente.

   Allí también, a invitación de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, presenté la intervención que transcribo a continuación.

* * *

      Hace cuatro décadas un destacado embajador mexicano consideraba que la más importante de las “nuevas formas de participación” de la sociedad de nuestro país tendría que desarrollarse en los medios de comunicación. Ese ciudadano escribía: “Resulta escandaloso que la radio y la televisión sean todavía propiedad privada y que constituyan un negocio como cualquier otro. Al mismo tiempo, su nacionalización no sería un verdadero remedio: el monopolio del Estado en materia de información no es menos peligroso que el de los negociantes. El ejemplo de Rusia y aún el de Francia no recomiendan la nacionalización. Una solución intermedia consistiría en substituir el concepto de propiedad por el de uso: los que deben dirigir la radio y la televisión son aquellos que efectivamente la usan, es decir, los productores y los consumidores. La creación de consejos u otros organismos que se encargasen de la dirección de los programas de radio y televisión, podría ser un experimento en la democracia social de la participación”.

   Aquel sobresaliente personaje explicaba: “Esos consejos estarían compuestos por la representación del Estado y, enseguida, por la de los radioyentes y televidentes, los maestros, los hombres de ciencia, los escritores y los poetas, los músicos, los artistas, los técnicos en radio y televisión, los periodistas… en suma, todos aquellos que participan efectivamente en la función informativa, ya sea como emisores o receptores. Se aseguraría así no sólo la libertad de información sino el derecho que todos los ciudadanos tienen a usar de la facultad humana por excelencia: hablar, oír y responder…”  [Octavio Paz, Carta del 6 de septiembre de 1968 al C. Secretario de Relaciones Exteriores (Antonio Carrillo Flores). Reproducida en Vuelta No. 256, marzo de 1998].

   Aquel mexicano se llamaba Octavio Paz y era embajador en India cuando, el 6 de septiembre de 1968, dejó registro de esas propuestas en una carta al secretario de Relaciones Exteriores. Supongo que los directivos de Televisa, tan proclives como son a descalificar a quienes proponen mecanismos de regulación social para los medios electrónicos, tendrán algún comedimiento antes de emprender contra ese Premio Nobel una campaña como las que han afectado a varios de los legisladores –algunos de ellos están aquí presentes– que se han propuesto reformar el régimen mexicano en materia de comunicación.

   Lúcida y previsora como gran parte de sus reflexiones, aquella iniciativa de Octavio Paz subrayaba la influencia de los medios de comunicación que, como no son cualquier negocio, tienen que estar normados por reglas capaces de reivindicar el interés de la sociedad.

   La regulación de los medios no atenta contra la libertad, como a veces se dice con lamentable simpleza. Toda libertad, para ser algo más que retórica, necesita reglas. Y el ejercicio de la libertad en los medios y delante de ellos requiere de normas capaces de garantizar el derecho de los ciudadanos a disponer, en su consumo de mensajes mediáticos, de varias opciones y no solamente una –o dos, casi siempre tan deplorable una como la otra, en el caso de la televisión–. Reglas que protejan derechos como el de réplica, que auspicien la pluralidad y establezcan contrapesos al poder a menudo salvaje de los medios privados favoreciendo la existencia de medios no comerciales como los de índole pública y los comunitarios, son las que desde hace largo rato el Poder Legislativo le ha regateado a la sociedad mexicana.

   La diversidad de intereses, experiencias y aspiraciones de esta sociedad no se refleja en los medios, especialmente la televisión. Por eso es preciso que haya más opciones locales y nacionales en el campo del audiovisual mexicano. También hace falta que las concesiones sean otorgadas por concurso y no discrecionalmente como ha sucedido hasta ahora; que sus usufructuarios paguen al Estado el valor real por el aprovechamiento de las frecuencias que les son concesionadas; que haya límites a la concentración de muchos medios en pocas manos que se ha constituido en el dique más importante para la apertura de la comunicación en México.

   La amalgama técnica y funcional que hoy existe entre la radiodifusión y las telecomunicaciones, hace necesario que la nueva legislación unifique y actualice normas que hasta ahora han permanecido disociadas en las leyes federales de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Promover la competencia tiene que ser un recurso para desarrollar y no para abatir la calidad tanto en los contenidos como en los servicios de tales medios. Esas tareas habrían de ser ejercidas por una autoridad regulatoria con autonomía institucional y atribuciones sólidas, pero antes que nada con respetabilidad entre sus interlocutores y en la sociedad cuyos intereses representará. A la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones la integran funcionarios que, en su mayoría, son polichinelas de las corporaciones a las que presuntamente regulan.

   La nueva legislación no tiene que ser compleja, ni excesivamente detallada. A fin de que sea una legislación socialmente útil hoy, tanto como mañana, resulta necesario que establezca principios generales lo mismo para el aprovechamiento del espacio radioeléctrico que capaces de propiciar la diversidad, el respeto y la responsabilidad, entre otros valores, en los contenidos de la radiodifusión. Será pertinente que los legisladores no se dejen sorprender con artificios o fundamentalismos tecnológicos como los que el año pasado trajeron al Congreso, y luego quisieron propagar en la Suprema Corte, los promotores de la Ley Televisa. Y tendrán que recordar que en este, como en pocos asuntos nacionales, el tiempo apremia.

   Un mes después de que escribió las líneas que mencionamos anteriormente Octavio Paz atestiguó, indignado, la intolerancia de un sistema político que se enredaba en sus propias tinieblas. El país que tenemos 40 años más tarde es distinto en casi todo, pero las reglas para la comunicación siguen siendo las mismas. Peor aún, los medios más relevantes siguen siendo los mismos y continúan atendiendo a los mismos intereses que en aquel 1968.

   En ese año el poeta mexicano explicaba, con la llaneza de quienes discurren con claridad, que a los ciudadanos los medios tenían que permitirles hablar, oír y responder. Ese anhelo sigue dificultado hoy por la cerrazón y la arrogancia de los medios de más alcance, especialmente las televisoras privadas. La posibilidad de que con los medios y no a pesar de ellos seamos auténticamente ciudadanos, señores senadores, está en sus manos.

La Crónica, jueves 14 de febrero.

Emilio Azcárraga Jean fracasa en su intento para torcer la historia cuando dice que Televisa no le debe nada a la clase política mexicana. Habla de la relación entre esa empresa y el Estado como si su padre no hubiera afirmado, desfachatado como solía comportarse, que en Televisa todos eran soldados del PRI. Soslaya la inmensa cantidad de favores que cada uno de los gobiernos, priistas y panistas, le han dispensado a Televisa desde que hace casi seis décadas surgió la televisión en este país. Pretende que la hegemonía mediática que usufructúa se debe al esfuerzo de esa corporación y no a la relación de conveniencias mutuas que ha mantenido con cada uno de los presidentes que gobernaron durante dicho lapso. Pero ese ejercicio de desmemoria es fallido.

En un evento para empresarios realizado el viernes pasado el dueño de Televisa trató de abolir 60 años de privilegios que propiciaron el crecimiento de ese consorcio: “A nosotros no nos han regalado nada –afirmó, de acuerdo con la información de Blanca Estela Botello en Crónica–. O sea, que si tenemos el canal nueve es porque los del ocho no pudieron, y si Sky está sólo porque Directv no pudo, entonces ¿ahora me van a castigar porque soy competitivo o porque gano? Creo que eso está mal. Necesitamos darle la vuelta y decidir y pensar en que exista más competencia y cómo fortalecemos las posiciones de México afuera”.

Azcárraga Jean esquiva la historia de esos “triunfos” corporativos. El canal 8, propiedad de empresarios regiomontanos, había surgido en 1968 para competir con Telesistema Mexicano, la empresa propiedad de la familia Azcárraga. Logró tener una producción original pero no resistió las presiones del consorcio que para entonces ya tenía 3 canales en la ciudad de México. El gobierno mexicano influyó en esas presiones y autorizó expresamente la fusión de ambas empresas en diciembre de 1972. No es cierto, como dice Azcárraga Jean, que “los del 8” no hayan podido. Su padre y su abuelo no los dejaron, con la complicidad del gobierno.

El otro caso fue similar. Sky se quedó con el mercado de la televisión satelital mexicana cuando DirectTV no resistió argucias acaparadoras como las que condujeron a retirarle los derechos a las transmisiones de partidos de futbol. En México, a diferencia de lo que sucede en todo el mundo, las empresas de televisión abierta no están obligadas a proporcionar sus señales a todos los sistemas de televisión de paga. Ese intencionado proteccionismo le impidió a DirecTV ofrecer un servicio completo a sus suscriptores mexicanos y por eso tuvo que cerrar operaciones en nuestro país.

Esos son los laureles que reivindica Azcárraga Jean. Ahora convoca a crear condiciones para que haya más competencia. Si lo dijera en serio estaríamos ante un viraje de 180 grados en la conducta de su empresa que siempre ha pugnado por evitar, a toda costa, la presencia de otros actores en el campo de la televisión mexicana.

Así sucedió recientemente cuando la empresa estadounidense Telemundo, asociada con un grupo de inversionistas mexicanos, pretendió que el gobierno mexicano abriera licitaciones para una nueva cadena de televisión. En complicidad con TV Azteca, la empresa de Azcárraga desató una sucia campaña de desinformación en sus noticieros acerca de la intermediación en la venta de medicamentos. Con esa repentina inquietud por los productos farmacéuticos, las televisoras quisieron golpear los intereses del socio mexicano de Telemundo que entre otras cosas es propietario de una firma distribuidora de medicinas.

Ahora, sin embargo, Azcárraga Jean proclama (según la versión que de esas declaraciones publicó La Jornada): “así como Telemundo ha querido entrar a México, yo he querido entrar a Estados Unidos. A mí me corrieron de Estados Unidos. Ahí vemos como los americanos (sic) y su gobierno defienden a las empresas americanas”.

La historia de Televisa en Estados Unidos es distinta a la de Telemundo en México. En Estados Unidos sí está permitida la inversión extranjera en medios de comunicación pero limitada a un máximo del 25%. Lo que Azcárraga quiso fue primero sobrepasar ese máximo y las autoridades de aquel país se lo impidieron. Luego, asociado con otras empresas de medios, participó en el intento para comprar Univisión y su propuesta financiera fue inferior a la que finalmente ganó. Si Televisa salió de la operación directa de televisión abierta en Estados Unidos fue porque sus cálculos financieros fallaron.

En México en cambio, la inversión extranjera directa está prohibida en medios de comunicación y hay quienes acuden al subterfugio de la inversión neutra, como el grupo español Prisa en su alianza radiofónica con Televisa. Lo más saludable sería, por ello, que en nuestro país hubiera reglas claras, y desde luego límites, para la inversión foránea directa en medios de comunicación de toda índole. Si hubiera reciprocidad como pretende Azcárraga, el mercado mediático en este país debiera abrirse a la inversión extranjera. Pero lo que han él y Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca, han procurado, es mantener el monopolio que ejercen sobre la industria audiovisual. Quieren competencia afuera, pero no dentro del país.

Quizá la congruencia no sea la mejor virtud de Azcárraga Jean. Pero la jactancia que manifiesta no se compadece de la realidad, ni de la historia de su familia y de la empresa que encabeza. El dueño de Televisa aseguró: “No sé qué haya pasado en otras (empresas), pero en Televisa, a nosotros no nos regalaron nada, nosotros nos hemos topado con varias crisis, varios presidentes y varios políticos que sí se han robado muchísimo dinero”.

Así que ahora resulta que las numerosas concesiones, las facilidades en materia de telecomunicaciones, la aplicación laxa de una legislación de por sí magnánima con los consorcios comunicacionales que ya existen y la decisión política para impedir que surja una competencia eficaz delante de Televisa y ahora de Azteca, no han sido resultado de una sostenida condescendencia del gobierno federal. Azcárraga Jean miente cuando dice que a esa empresa el gobierno no les regaló nada.

Los creadores de Televisa quedaron en deuda con el presidente Miguel Alemán Valdés que, a fines de su sexenio, resolvió que el modelo para la televisión mexicana sería comercial y que en 1950 le obsequió la concesión del canal 2 a Emilio Azcárraga Vidaurreta.

Ese empresario y su familia fueron favorecidos por el presidente Adolfo Ruiz Cortines que, en 1955, permitió el surgimiento del monopolio de la televisión mexicana cuando los propietarios del 2 y los canales 4 y 5 se fusionaron en Telesistema Mexicano.

Adolfo López Mateos le brindó a la empresa de los Azcárraga abiertas facilidades para explotar la red nacional de microondas y en 1960 auspició una Ley Federal de Radio y Televisión tendenciosamente favorable al interés de los empresarios privados.

Gustavo Díaz Ordaz estaba tan a gusto con la alianza que mantenía con la familia propietaria de Televisa que en 1967 designó consejero suyo a Emilio Azcárraga, aunque a fines del año siguiente se distanció de él.

Luis Echeverría Álvarez fue el presidente que con más claridad entendió los riesgos que implicaba el poder desmedido de la televisión privada e intentó establecer un contrapeso con una televisión de propiedad estatal que, sin embargo, nunca tuvo recursos ni autonomía suficientes. Pero en 1972 aprobó personalmente la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente ( propietaria del canal 8 ) para crear Televisa.

Con José López Portillo, durante el auge petrolero el gobierno gastó como nunca antes en la compra de publicidad en los canales de Televisa. Eran de antología los regalos que Emilio Azcárraga Milmo le enviaba al presidente de la República, entre ellos un Mercedes Benz blindado (según el relato de Claudia Fernández y Andrew Paxman en la excelente biografía El Tigre. Grijalbo, 2000).

A Miguel de la Madrid, Televisa le debe servicios como la creación de un sistema de comunicaciones satelitales que fue ampliamente aprovechado por esa empresa y la negativa a autorizar concesiones a empresas que pudieran competir con Azcárraga.

A Carlos Salinas de Gortari Televisa le debe la venta, por 100 millones de dólares, de 62 concesiones con las que armó la cadena nacional del canal 9. Poco antes, el nuevo dueño de Televisión Azteca había pagado seis veces y media más por las cadenas nacionales encabezadas por los canales 7 y 13. Las relaciones de Televisa con Carlos Salinas resultaron tan fructuosas que la noche del 23 de febrero de 1993, cuando ese presidente encabezó una cena para pedirle a los hombres más adinerados del país que apoyaran las finanzas del PRI, después de que cada banquero o empresario allí presentes ofrecía medio millón o un millón de dólares Azcárraga Milmo sorprendió a todos comprometiéndose a aportar 70 millones de dólares.

A Ernesto Zedillo no solamente esa empresa sino su actual propietario, le deben un servicio enorme. A la muerte de su padre, Emilio Azcárraga Milmo, el presidente Zedillo gestionó personalmente la operación financiera y política que le permitió a Emilio Azcárraga Jean quedarse con el control accionario de Televisa que era disputado por las familias Burillo y Cañedo.

Y qué no puede decirse de la sumisión que tuvo respecto de Televisa el presidente Vicente Fox Quesada. Uno tras otro, accedió a todos los caprichos que le planteaba esa empresa incluyendo la promulgación en 2002 de un Reglamento de la Ley de Radio y Televisión elaborado por esa empresa y el apadrinamiento en 2006 de la malhadada Ley Televisa.

Cada uno de los presidentes mexicanos, desde hace seis décadas, respaldaron o al menos permitieron la expansión del poder económico y político de Televisa. El presidente Felipe Calderón, hasta ahora, no ha sido la excepción. Quién sabe qué sabe, o qué teme Azcárraga Jean, que hace declaraciones tan aventuradas. Es absolutamente falso que a su empresa no le hayan regalado nada. Al contrario. Y si Televisa ha tenido tratos con políticos que han robado mucho dinero, por lo menos ha sido cómplice de ellos al contar con esa información y no denunciarlos.

La Crónica, 10 de enero de 2008

   Orondo y jactancioso, la tarde del domingo 14 de octubre de 2001 Lino Korrodi llegaba a Madrid en el vuelo de Iberia desde la ciudad de México. Mientras bajaba del piso superior en donde estaba la primera clase, anunciaba entusiasmado que horas más tarde se firmaría la participación del Grupo Prisa como copropietario de las estaciones radiofónicas de Televisa.

   En aquel tiempo el fundador de Amigos de Fox todavía no se distanciaba del Presidente de la República. Al contrario, participaba en numerosos asuntos privados y públicos a la sombra del titular del Ejecutivo Federal y hacía notar su influencia en negociaciones como la que esa tarde de otoño culminaría en una ceremonia en la Embajada de México en la capital española.

   Aquel fin de semana el presidente Fox cumplía cuatro días de gira por Europa y Korrodi llegaba justo a tiempo para estar presente en la firma del acuerdo entre las empresas mediáticas más importantes de España y México. El convenio de Prisa y Televisa tenía relevancia específica porque significaba un desembolso de 60 millones de dólares por parte del consorcio encabezado por Jesús de Polanco –­­50 de ellos para comprar la mitad de la propiedad accionaria de las 17 estaciones de radio que Televisa tenía en México y otros 10 millones de dólares para una ampliación de capital–. En virtud de esa transacción, Televisa se encargaría de administrar las finanzas de su división radiofónica en tanto que Prisa sería responsable de los contenidos de tales emisoras.

   Además ese acuerdo, que firmaron De Polanco y Emilio Azcárraga Jean, significaba la formalización de una alianza para la cual ambas empresas habían interpuesto numerosos regateos. Desde tiempo atrás, Televisa tenía un evidente interés para invertir en España pero se había acercado sobre todo a corporaciones mediáticas identificadas con grupos políticamente conservadores. Durante varios años el representante de Televisa en ese país había sido Luis María Ansón, director de ABC, diario conocido por sus posiciones de derechas.

   Cuando Televisa advirtió que la filiación política de esos socios podía obstaculizar sus negocios en España, emprendió un viraje que culminaría aquella noche del 14 de octubre. No era una rectificación fácil porque ocurría en contra de la opinión del gobierno del Partido Popular, encabezado por el presidente José María Aznar.

   El gobierno español hubiera preferido que Televisa se aliara con alguna de las empresas de medios cercanas al PP y no con el Grupo Prisa, cuya simpatía con el Partido Socialista Obrero Español se manifestaba cotidianamente en medios como el diario El País. Pero en el acercamiento de Televisa y Prisa fueron definitivas las gestiones de dos personajes sólo en apariencia disímbolos.

   Carlos Slim, que ya era el hombre más adinerado de México, estaba interesado en auspiciar la expansión internacional de Televisa aparentemente porque pretendía incrementar la participación accionaria que ya tenía en esa empresa. Su principal competidor en negocios de telefonía en América Latina era la Telefónica de España. Y esta corporación, dentro de España misma, estaba asociada con las empresas rivales del Grupo Prisa. Así que respaldar el crecimiento de Prisa era una manera de enfrentar a Telefónica.

   Para manejar ese acercamiento Slim contó con la colaboración de Felipe González, ex presidente del gobierno español. Aunque ideológicamente podría haber parecido que esos dos personajes eran como el agua y el aceite, González era asesor del empresario mexicano y utilizó su ascendiente en las decisiones de Prisa para facilitar el convenio con Televisa. Aquella tarde del 14 de octubre, al ex presidente Felipe González se le podía ver en el vestíbulo del elegante hotel Villa Magna, en el Paseo de la Castellana, haciendo antesala para que lo recibiera Carlos Slim.

   Al comprar la mitad de Televisa Radio, el Grupo Prisa quería apuntalar el crecimiento en América Latina que había iniciado poco antes al adquirir una porción de Radio Caracol en Colombia, entre otras inversiones en la radio del nuevo Continente. También esperaba tener, desde México, una punta de lanza para incursionar en el mercado de la radio en español en Estados Unidos.

   Con tal afán, los directivos de Prisa entendieron el respaldo del presidente Fox como un aval para desplegar ese y otros negocios en México. En el terreno de la radio estaban muy interesados en contratar a José Gutiérrez Vivó, quien para entonces ya había roto con el Grupo Radio Centro.

   Quizá llevados por ese entusiasmo, los empresarios españoles cometieron un error jurídico y otro de índole profesional. El primero, consistió en la ilegalidad del acuerdo que suscribieron con Televisa porque la Ley Federal de Radio y Televisión establece que las empresas de radiodifusión solamente pueden ser propiedad de ciudadanos mexicanos. La operación suscrita aquel 14 de octubre se pertrechaba en un subterfugio pretendidamente legal, que es la llamada inversión neutra establecida en la Ley de Inversiones Extranjeras para socios no mexicanos que tienen derecho a recibir utilidades pero no a participar en las decisiones de las empresas en donde se pone en práctica ese régimen. Y aunque disfrazada como tal, ha resultado clarísimo que la que tiene Prisa en Televisa Radio no es en manera alguna inversión neutra. Desde el acuerdo suscrito por el ahora fallecido Jesús de Polanco y Emilio Azcárraga Jean, quedaba establecido que la parte española estaría a cargo de la programación de las estaciones de radio y de todas las decisiones inherentes a ella. Esa transgresión jurídica solamente pudo ser dispensada gracias al beneplácito del presidente Fox al acuerdo entre Prisa y Televisa.

   El error profesional, resultado en parte de la ignorancia pero también de cierta soberbia, consistió en suponer que las radiodifusoras que manejaría en México, así como en otros países de América Latina, podrían tener contenidos similares, o incluso idénticos, aderezados con algunos espacios de programación local. Los directivos de Prisa imaginaron que los radioescuchas en Colombia, Chile, México o Panamá, entre otros países, recibirían alborozados los programas producidos en España, o con cartabones análogos a los que desarrollaba allí la Cadena Ser, que es el brazo radiofónico original de ese consorcio. Pero los programas de pretensiones continentales, o incluso trasatlánticas, fueron un fracaso rotundo –aunque no sonoro porque tuvieron escasa audiencia–. Y es que la gente de Prisa terminaría constatando que en Colombia prefieren contenidos locales, de la misma manera que en México tiene más éxito la radio hecha por y para mexicanos. No se trata de chovinismo mediático sino de la cercanía cultural y social que distingue a la radio.

   Fue precisamente con programas locales como XEW, la estación emblemática de Televisa Radio, se levantó del marasmo que padecía. Los noticieros de Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y Javier Solórzano (difundidos, respectivamente, por las mañanas, a media tarde y antes de la noche) adquirieron personalidades propias y afianzaron audiencias constatables gracias a la destreza profesional de esos tres comunicadores y a la libertad con que podían trabajar. El hecho de que la gestión de los contenidos en esa emisora no estuviera a cargo de Televisa, sino de Prisa, resultó definitorio para que esa libertad fuera posible. La libertad periodística podría significar un buen negocio comercial y, también, político.

   Antes de las elecciones presidenciales de 2006, los directivos de Prisa comprendieron que la cercanía que habían tenido con el gobierno de Fox podía comprometer sus negocios en México en caso de que el vencedor fuera Andrés Manuel López Obrador. Desde el año anterior y durante los primeros meses de las campañas formales, la cobertura que hacía el diario El País de la elección mexicana era notoriamente favorable a ese candidato presidencial. Solamente cuando la postulación de Felipe Calderón fue crecientemente competitiva y especialmente después del 6 de julio, el diario emblemático del Grupo Prisa comenzó a cuestionar a López Obrador.

   El 3 de febrero de 2006, después de buscarlo en varios sitios del país, tres directivos de Prisa se reunieron en Villahermosa con López Obrador. Aparentemente conversaron también con otros candidatos presidenciales. Aquel encuentro era parte de las relaciones publicas que Prisa desplegaba para asegurar sus negocios en México pero además fue visto con interés en algunos segmentos de la clase política de nuestro país.  10 días más tarde el reportero Emilio Viale dio a conocer en La Crónica un correo electrónico que Liévano Sáenz, ex secretario particular del presidente Ernesto Zedillo, le había enviado el 9 de febrero al representante del Grupo Prisa en México, Antonio Navalón. En aquel mensaje, Sáenz decía que la reunión en Villahermosa había sido “una determinación visionaria y posiblemente magistral”.

   En ese contexto, pero antes que nada gracias al talante profesional de sus conductores, los noticieros de XEW tuvieron una apertura que no había existido en dicha emisora. Pero no sólo ellos. Las principales radiodifusoras del país le dieron a las campañas electorales una cobertura equitativa. En el transcurso de aquella crispada y confusa temporada, López Obrador decidió que el de Carmen Aristegui era de los pocos espacios en los que quería confiar. En realidad no era el único noticiero radiofónico interesado en darle voz al para entonces ex candidato presidencial pero él, como parte del proceso de aislamiento que padeció, se negaba a participar en la mayoría de los medios que lo invitaban.

   Esa preferencia, así como la búsqueda de enfoques distintos a los convencionales e incluso abiertamente contestatarios en algunos temas, le permitieron a Carmen Aristegui singularizar a su noticiero e interesar a una audiencia creciente y significativa. El éxito que había alcanzado, hace inverosímil la versión de que Hoy por hoy de la mañana fue cancelado debido a problemas financieros. El “modelo editorial” que reivindica Prisa para sus noticieros (“basado en el trabajo en equipo y el derecho a la información plural”) no es distinto del que practicaban esa periodista y sus colaboradores.

   La cancelación –lamentable y cuestionable– del noticiero de Aristegui no fue una determinación administrativa sino política. Fue una decisión del Grupo Prisa, independienteme de las complacencias, anuencias o alianzas que pueda haber buscado con ella. Se trata de una decisión que no es distinta a otras que, también por conveniencias de negocios, ha tomado ese consorcio en México y otros sitios de América Latina. Incluso en España, ahora mismo, después de que el actual gobierno ha tenido reticencias con la expansión de algunos negocios de ese consorcio, los espacios periodísticos de Prisa tratan al presidente José Luis Rodríguez Zapatero con una severidad que no se les conoció en años anteriores.

La Crónica, jueves 3 de enero de 2008

La demanda de amparo que varios escritores y periodistas promovieron contra una de las fracciones de la reforma constitucional en materia electoral confirma que, en ocasiones, los buenos propósitos marchan por senderos tortuosos y contradictorios. Esos intelectuales, la mayor parte de ellos muy destacados, consideran que la prohibición a la contratación de propaganda electoral en radio y televisión “conculca su libertad de expresión”.

   Para llegar a esa afirmación, los promotores de la demanda parten de varias suposiciones erróneas. Persuadidos quizá por una información parcial, confunden la libertad de expresión con la posibilidad de comprar espacios en medios electrónicos. Y entonces, ofuscados por el disgusto que les suscita esa taxativa, consideran que todas sus posibilidades para expresarse públicamente quedan impedidas por la nueva disposición constitucional.

   En la petición de amparo que presentaron en diciembre esos escritores y periodistas estiman, según la información periodística: “En razón de las actividades lícitas que desarrollamos, quedamos automáticamente excluidos del derecho a la libre expresión de las ideas a través de la contratación de tiempo de transmisión en los medios masivos de comunicación, así como a deliberar y crear espacios para la discusión pública de temas que interesan a la comunidad”. Allí aparecen varias contradicciones.

   La reforma constitucional, en el tema que es motivo de esa demanda, no cancela derechos de particulares debido a la actividad que realizan. Simplemente establece que nadie, absolutamente nadie, podrá contratar espacios para propaganda política en televisión o radio. En esa restricción están incluidos los poderes públicos, las instituciones civiles o privadas, los ciudadanos a título individual y desde luego los partidos políticos. La única propaganda de carácter electoral que se podrá difundir en medios electrónicos será aquella que, a petición de los partidos, encauce el Instituto Federal Electoral en los tiempos de carácter estatal que ya existían en televisión y radio y que ahora serán utilizados para transmitir tales mensajes.

   Los motivos de esa disposición han sido ampliamente argumentados. La contratación de propaganda electoral en televisión y radio llegó a ser una fuente de distorsiones cada vez más graves en contra de la equidad deseable en la competencia electoral. Las empresas televisoras, beneficiaban o perjudicaban a los partidos al ofrecer tarifas y horarios de transmisión discrecionales. El gasto en contratación de spots en esos medios ascendió a cerca de 2 mil millones de pesos en las campañas electorales de 2006. Y, por otra parte, la intervención de particulares que produjeron y financiaron anuncios electorales añadió un ingrediente más de arbitrariedad a la competencia entre los partidos.

   Cuando estaban por realizarse las elecciones de aquel 2006, el Consejo Coordinador Empresarial promovió una campaña mediática contra la candidatura de López Obrador. Independientemente de que estuviéramos o no de acuerdo con los contenidos de esos anuncios, se trataba de mensajes ilegales. Desde tiempo atrás el Código Federal Electoral, en su artículo 48, establecía que solamente los partidos políticos tenían derecho a “contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto”.

   Los escritores y periodistas que ahora se inconforman porque la reforma constitucional reitera esa prohibición nunca reclamaron contra ella durante los más de 10 años que estuvo vigente en el Cofipe. En 2006 los empresarios que pagaron spots pudieron burlar esa disposición porque no estaba acompañada de sanciones a quienes la infringieran. Ahora sí habrá multas para quienes quebranten esa norma pero, desde luego, no se encuentran establecidas en la Constitución sino en el Código Federal Electoral aprobado por el Congreso en diciembre pasado y cuya promulgación ha sido inquietantemente demorada por el Presidente de la República. Las sanciones que allí se establecen son especialmente severas con la empresas de radiodifusión que acepten dinero por difundir propaganda electoral.

   La reforma constitucional y su ley reglamentaria ratifican y precisan una restricción que ya existía y la hacen extensiva a los partidos políticos. Nada, absolutamente nada, cambiará en el ejercicio de la libertad de expresión. Los promotores del juicio de amparo se equivocan cuando dicen que ahora “estarán automáticamente excluidos del derecho a la libre expresión de las ideas a través de la contratación de tiempo de transmisión en los medios masivos de comunicación, así como a deliberar y crear espacios para la discusión pública de temas que interesan a la comunidad”. Esa exclusión ya existía. Quizá no se habían dado cuenta porque nunca tuvieron interés ni necesidad para contratar espacios en televisión o radio. Y no los tuvieron, entre otros motivos porque muchos de ellos son asiduos participantes en espacios de discusión y opinión que hay en los medios electrónicos.

   Los espacios de discusión e información seguirán existiendo en medios de toda índole. La libertad para expresarse en ellos no cambia ni un ápice debido a la reforma constitucional. Allí se encuentra el meollo del preocupante error en el que incurren los escritores y periodistas que promueven el amparo judicial. La libertad para expresarse en los medios no varía, porque nunca ha dependido de la posibilidad de contratar espacios pagados en ellos. Sin embargo, en una voltereta retórica tan arriesgada como desatinada, a partir de esa inexactitud se llega a la conclusión de que la opinión y la discusión en los medios electrónicos quedarán limitadas.

   En la demanda de amparo, de acuerdo con las versiones periodísticas, se dice que la reforma constitucional elimina “el derecho de los quejosos para acceder a los medios masivos de comunicación, con igualdad y equidad”.

   Pero el ejercicio de tales atributos –igualdad y equidad– no ha dependido jamás, hasta donde sabemos, de la capacidad que esos escritores y periodistas, o cualquier ciudadano, puedan tener para pagar spots en televisión y radio. Estamos seguros de que a ninguno de ellos les han cobrado por difundir sus declaraciones y opiniones –al contrario, en vista de que con frecuencia se trata de un trabajo profesional, son las televisoras y radiodifusoras las que tienen que remunerarles a esos opinantes frecuentes sus interesantes contribuciones–.

  El politólogo Federico Reyes Heroles, que ha encabezado la solicitud de amparo, ejemplificó en una entrevista una de las consecuencias que le preocupan de la reforma reciente: “si sale un candidato racista o un xenófobo donde sea, no podríamos salir a rentar un spot y decir que estamos en contra” (Milenio, 22 de diciembre). En efecto, los ciudadanos inconformes con ese presunto candidato no podrían contratar un anuncio pagado, en el también hipotético caso de que reunieran los fondos suficientes para ello. Pero tendrían la posibilidad de impugnarlo a través del mismo medio o de otros, ya fuese en sus propias colaboraciones periodísticas o haciendo valer el derecho de réplica, que precisamente en esta reforma, fue incorporado al artículo 6º. de la Constitución y cuya reglamentación está pendiente.

   En los últimos día de diciembre, la solicitud de amparo fue desechada por una juez federal. Los demandantes habían anticipado que insistirían por otros cauces legales. Es plausible que quienes no estén de acuerdo con una disposición legal tengan instrumentos jurídicos para impugnarla. Sin embargo en este caso hay un impedimento formal porque resulta bastante peregrino objetar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Por eso, igual que la que mencionamos, distintos jueces han rechazado otras demandas de amparo que presentó el Consejo Coordinador Empresarial contra la misma reforma constitucional.

   Al margen de esa discordancia jurídica lo más importante es el hecho de que varios escritores y periodistas, entre ellos algunos que habitualmente defienden sus puntos de vista con razones y hechos de reconocible solidez, en esta ocasión hayan incurrido en una postura tan desacertada. Acaso, en su adhesión a esa demanda influyó el disgusto contra los partidos políticos que han tomado decisiones tan inicuas como la destitución de los consejeros del IFE. Seguramente muchos de ellos están sinceramente convencidos de que hay una transgresión grave a la libertad de expresión.

   Quienes así lo consideran olvidan que la convivencia social obliga a que, siempre, el ejercicio de las libertades tiene limitaciones. Aunque la libertad de tránsito es una garantía constitucional, no tengo derecho a entrar al Periférico en sentido contrario. Aunque hay libertad para trabajar, la Constitución misma aclara que existen actividades ilícitas e incluso, hay profesiones cuyo ejercicio requiere de un título legal. Aunque la de expresión es una de nuestras libertades esenciales, hay reglas para ejercerla. No tengo derecho a pintarrajear con una opinión mía las paredes de un domicilio particular ni a pegar carteles en un monumento público, ni lo tengo para entrometerme en la vida privada de nadie, porque la libertad de expresión jamás se ejerce de manera irrestricta.

   Esas limitaciones, que son normales pero además necesarias en cualquier sociedad y sistema político, se les olvidan a los promotores del amparo. Algunos de ellos han llegado a decir que, a causa de la reforma constitucional, ahora no será posible criticar a los funcionarios públicos ni a los dirigentes políticos. Si así fuese, yo hubiera querido estar entre los primeros en oponerse a dichas modificaciones legales. Pero no es verdad que la reforma tenga tales consecuencias. Lejos de vulnerar libertades la actualización constitucional, en ese tema, propicia una competencia política menos inequitativa.

   En otros momentos he cuestionado aspectos que me han parecido indeseables de esa reforma constitucional en materia electoral. Junto a ellos, considero que ha sido un acierto terminar con la discrecionalidad que la radio y sobre todo la televisión han ejercido al manejar la propaganda electoral. No fue inesperado que Televisa y TV Azteca se inconformaran, incluso de manera tan tramposa y pendenciera como hizo la empresa de Salinas Pliego, contra esas nuevas disposiciones legales. Tampoco lo fue el respaldo de varios organismos patronales a esa causa de las televisoras. Lo que ha resultado preocupante es, por las exageraciones y confusiones que implica, la demanda de amparo de escritores y periodistas. Debido al respeto y aprecio que les ten a muchos de ellos he querido tomar en serio sus razones y señalar por qué me parecen erróneas y desafortunadas.

La Crónica, 29 de noviembre de 2007

   El agreste cabildeo de las televisoras, la intencionada confusión que han suscitado acerca de la reforma electoral y la indecisión de un buen número de legisladores están rindiendo frutos importantes: el amortiguamiento de las sanciones previstas en el proyecto de modificaciones al Código Electoral para las estaciones de televisión y radio que transgredan las nuevas disposiciones en materia de propaganda política constituye un retroceso respecto de la reciente reforma constitucional.

   Entre las sanciones que contemplaba el proyecto que está siendo elaborado por senadores y diputados de los principales partidos estaba la suspensión, durante varios días, de las transmisiones de aquellas emisoras que difundieran propaganda pagada en beneficio de algún partido o candidato. Ese castigo únicamente sería aplicado a las estaciones que reincidieran en dicha conducta. Es decir, se hubiera tratado de una sanción extrema para un comportamiento excesivo: si un concesionario decide transmitir mensajes pagados sabiendo que está prohibido y lo hace de manera reiterada, estará infringiendo la ley deliberadamente.

   Ahora esa conducta, de acuerdo con algunos legisladores, sería sancionada únicamente con la suspensión de la publicidad de la estación infractora durante un día o un día y medio. Senadores y diputados consideran que es preferible atacar el interés financiero de las televisoras, que depende en buena medida de la publicidad, antes que privar al público de sus telenovelas y espectáculos favoritos.

   Al admitir ese argumento de los concesionarios, el Congreso legitima la programación de las televisoras comerciales. ¿Qué es más importante para la sociedad, mirar la telenovela de más rating y las noticias tamizadas por el interés corporativo junto con las dosis de sensacionalismo que les imprime cualquiera de las dos televisoras nacionales, o que se garantice el cumplimiento irrestricto de las disposiciones en materia de propaganda electoral? Diputados y senadores aparentemente se inclinan por la primera opción. Con ello, contradicen la disposición que ellos mismos votaron hace dos meses y medio y que después de prohibir la contratación de propaganda política y establecer que la difusión de mensajes de campaña se realizará en los tiempos estatales en radio y televisión, indica al finalizar la tercera fracción del nuevo artículo 41 de la Constitución: “Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley”.

   El Código Federal Electoral tendría que reglamentar, pero no avalar o soslayar ese mandato constitucional. La cancelación de transmisiones debería ser una medida perentoria, que se aplicara solamente a quienes quebrantaran la ley una y otra vez.

   Ese viraje al menos inicial de los legisladores ocurre después de una semana de amagos mediáticos por parte de las televisoras y de algunas casas editoriales que difundieron versiones incompletas, o falsas, de las reformas que han sido consideradas para el Código Electoral. En varios medios se dijo que habría impedimentos a la libre expresión en programas de discusión política en radio y televisión pero nunca, uno solo de quienes hacían tales afirmaciones fue capaz de precisar en qué artículo de esos presuntos proyectos estaba contemplada una disposición tan ominosa.

   También hubo referencias, como si fuera nueva, a la cláusula que anticipa la presentación, antes de cada campaña electoral federal, de los lineamientos que los partidos sugieren para la cobertura de sus actividades en los medios de radiodifusión. Ya se aclaró que esa previsión se encuentra establecida desde hace más de una década en el inciso 10 del artículo 48 del Código Federal Electoral. Allí se dice que los partidos representados en el IFE se reunirán con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión “para sugerir” tales lineamientos. Aparentemente en alguna de las propuestas que circularon entre los legisladores en vez de “sugerir” se decía “presentar” o algo así, de tal manera que en vez de una recomendación, como ha venido ocurriendo durante por lo menos cuatro elecciones federales, podría tratarse de una instrucción que hubiera atentado contra la libertad editorial e informativa de los medios de comunicación.

   Los legisladores han vuelto a la fórmula actual y ahora prevén que esa disposición establecerá que el IFE, y su Comisión de Radiodifusión, “sugerirán” pautas para el manejo informativo de las campañas. Aun así, se trata de una norma innecesaria. Los partidos y la autoridad electoral no necesitan estar expresamente facultados por la ley para hacer todas las recomendaciones que quieran. La legislación existe para establecer derechos, obligaciones y sanciones. Si se trata únicamente de exhortaciones, no hace falta que estén previstas en el Código Electoral.

   De hecho, desde hace años hemos considerado que esa disposición del Cofipe resulta innecesaria e inútil. El ejercicio retórico que cada tres años hacen la autoridad electoral y los partidos para que los medios se conduzcan con equidad, objetividad, claridad y respeto en la cobertura de las campañas resulta anodino pero, además, parte de una suposición harto discutible. Ni los partidos ni la autoridad electoral debieran entrometerse en las decisiones de los medios aunque se trate de la cobertura de asuntos de tanto interés público como son las campañas electorales.

   Cada empresa de radiodifusión debe tener toda la libertad necesaria para informar o incluso dejar de informar acerca de esos temas. Si un noticiero decide darle voz o imagen solamente a algunos candidatos y no a todos, o si en vez de reportar los discursos de un mitin de campaña se ocupa de otros asuntos, sería resultado del punto de vista que decida tomar al respecto.

   Desde luego si en esa cobertura hay mentiras, distorsiones o difamaciones, la televisora o radiodifusora estará obligada a presentar aclaraciones de acuerdo con las disposiciones que ya existen en la actual ley electoral para que los partidos tengan derecho a réplica y ahora, además, gracias a la reglamentación que tendrá que garantizar a todos los ciudadanos ese mismo derecho recientemente incorporado a la Constitución.

   Es explicable que los partidos quieran hacer sugerencias acerca de la difusión de sus campañas. Para eso no necesitan respaldarse en un artículo de la ley electoral. Y en todo caso, tales recomendaciones seguirán siendo emblemáticas e inocuas. Los medios de comunicación que son manejados con responsabilidad, no necesitan admoniciones de esa índole. Y aquellos que prefieren la distorsión, el sensacionalismo y la parcialidad como divisas de su comportamiento informativo, seguirán haciéndolo así al menos hasta que encuentren un nuevo contexto de exigencia y competencia.

   Si los legisladores están realmente preocupados por la información y el desempeño de los medios, lo mejor que podrían hacer es, en el plano de los asuntos electorales, dotar al IFE de los mejores recursos de supervisión y sanción. Y más allá de los comicios, tendrían que asumir con seriedad la asignatura pendiente que es la legislación para las telecomunicaciones y la radiodifusión. El único camino para que tengamos medios con la diversidad y la calidad que merece la sociedad mexicana radica en abrir más opciones en la televisión nacional, crear un auténtico y autónomo sistema nacional de medios públicos y propiciar la evaluación crítica de los propios medios por parte de los ciudadanos.

ALACENA: Un ciudadano para el IFE

   Seguramente cuando, mañana viernes, se cierre la inscripción de autopostulaciones para formar parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral, habrá suficientes opciones respetables e interesantes para que la Cámara de Diputados designe a los tres nuevos miembros de ese organismo. Entre ellas se encuentra la candidatura que ha presentado Arturo Martínez Nateras.

   Luchador social toda su vida, Martínez Nateras fue dirigente estudiantil en los años sesenta y preso político durante tres años, después de la represión al movimiento de 1968. Fue dirigente en el Partido Comunista Mexicano, en 1976 coordinó la campaña presidencial de Valentín Campa –cuya candidatura sin registro contribuyó a impulsar la reforma electoral– y una década más tarde participó en la dirección del Frente Democrático Nacional que respaldaba a Cuauhtémoc Cárdenas.

   Editor de revistas y libros, autor él mismo de textos importantes para entender el tránsito político del país en las décadas recientes, sus convicciones lo llevaron a colaborar con Luis Donaldo Colosio a comienzos de los años 90. En 1989 organizó el Seminario Internacional sobre Sistemas Electorales y entre sus libros se encuentra El sistema electoral mexicano. Entre 1990 y 1991 fue presidente municipal de su natal Tuxpan, en Michoacán.

   Acerca del proceso en el que ahora participa, Martínez Nateras considera: “En la elección de consejeros del nuevo IFE está en juego la voluntad de los actores políticos, la capacidad de los diputados para restituir a la sociedad una parte del poder y de la soberanía delegada. Todavía ahora y espero que por última vez, los ocho diputados de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, son depositarios del patrimonio de la construcción del acuerdo. Sin embargo en nuestro país ya nada se puede hacer al modo de las cúpulas sin la intervención de la sociedad”.

   Y de sí mismo, apunta: “No soy un improvisado ni mucho menos un advenedizo. Soy un demócrata experimentado,  con más de 40 años de una todavía breve hoja de vida”. Si los legisladores están buscando a un ciudadano con experiencia política, probadas cartas democráticas y conocimiento institucional pero que además quiera ser consejero electoral, allí tienen a uno.

La Crónica, 8 de noviembre de 2007

La próxima reforma legal para los medios de comunicación tiene que ser integral, incluyente y ambiciosa. De otra manera no tendría sentido la extensa discusión que se mantiene ahora mismo y que se reavivó hace algunos meses cuando la Suprema Corte de Justicia desechó los artículos más importantes de la ley Televisa. A raíz de aquella decisión judicial, el Senado de la República conformó un “grupo de trabajo plural” integrado por los coordinadores y varios legisladores de cada uno de los grupos parlamentarios así como por los presidentes de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos. El Grupo elaboró una agenda de temas a discutir en la revisión de la legislación para las telecomunicaciones y la radiodifusión y desde el mes pasado ha invitado a varias organizaciones e instituciones a que presenten puntos de vista al respecto.
Ayer, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) entregó en el Senado sus propuestas para esa reforma legal. Junto con otros miembros de la Asociación tuve el privilegio de acompañar a Javier Corral Jurado, presidente de la Asociación, en la presentación de ese documento.
En ese texto manifestamos que la reforma legal para los medios y las telecomunicaciones no tendría sentido si no se la reconoce como uno de los pasos más importantes para construir en México una auténtica sociedad de la información. Los grandes medios de comunicación han permanecido acaparados por un puñado de concesionarios. El privilegio de difundir por radio y televisión ha estado supeditado al capricho o la conveniencia del poder político. Los contenidos en muchos de esos medios han estado definidos por el afán de lucro y no por la responsabilidad social. El acaparamiento y la incapacidad para enfrentar el contraste y la diversidad han llevado a las corporaciones mediáticas más influyentes a oponerse militantemente a cualquier apertura que propicie la competencia, especialmente en la televisión abierta.

La acumulación de muchos recursos comunicacionales en pocas manos reforzó el poder que de por sí confiere siempre el privilegio de acceder a una concesión de radio o televisión. Y esa capacidad de influencia, convirtió a los principales concesionarios en un poder que en ocasiones se ha colocado al margen del Estado y ha querido sobresalir por encima de las instituciones legales. Ese afán acaparador les permitió incluso, a los consorcios comunicacionales, promover y lograr la aprobación de una reforma legal que ampliaba los privilegios que ya tenían.
Aquellos excesos, sumados a los que han cometido cuando han tratado de subordinar a sus designios a segmentos importantes de la clase política mexicana, han encontrado resistencias y respuestas muy importantes. Hace año y medio, cuando estaba a discusión la contrarreforma a las leyes federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones a las que no resultó exagerado denominar como ley Televisa, no fueron pocos los legisladores que, especialmente en el Senado de la República, se manifestaron en contra. La acción de inconstitucionalidad promovida por casi medio centenar de ellos permitió que, un año después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara los puntos más relevantes de aquellas modificaciones legales.
Esa histórica decisión de la Corte contribuyó a crear un contexto propicio a la reforma constitucional en materia electoral que en septiembre pasado aprobó el Congreso de la Unión y la cual, a pesar del tosco rechazo que le opusieron algunos concesionarios de televisión y radio, fue impulsada por los partidos políticos más importantes. La consecuencia necesaria de tales decisiones es ahora la instauración de una auténtica reforma para las leyes que regulan a las telecomunicaciones y la radiodifusión. Esa, lejos del abuso en beneficio de unos cuantos que constituía la ley Televisa, tendrá que propiciar una modificación decisiva y en beneficio de la pluralidad y la democracia en el panorama actual de los medios de comunicación en México.
El avance tecnológico de los años recientes ha favorecido la existencia de nuevos y cada vez más difundidos recursos para almacenar, propagar y reproducir cantidades de información crecientemente cuantiosas. Sin embargo, el desarrollo en nuestro país de esos recursos ha sido limitado y desigual. No han existido políticas públicas suficientemente amplias y capaces de proporcionar a la mayoría de los mexicanos acceso franco, constante y de calidad lo mismo a tecnologías interactivas como Internet y la telefonía que a medios de difusión como la televisión y la radio. La brecha digital se ha añadido a otros factores de escisión social que ya padecíamos. Los proyectos estatales para utilizar Internet se han limitado a promover la administración y la gestión electrónicas pero no han propiciado el aprovechamiento de tales recursos por parte de los ciudadanos. La telefonía, tanto fija como celular, ha tenido una expansión considerable aunque hay zonas del país en donde se han desarrollado de manera irregular. También en esta área de las comunicaciones el interés monopólico ha obstaculizado la diversificación de empresas que, junto con una auténtica y eficaz regulación estatal, podría mejorar la calidad y reducir los precios al consumidor de tales servicios.
La revisión de la legislación para las telecomunicaciones y la radiodifusión tiene que estar orientada por la búsqueda de un auténtico proyecto de sociedad de la información para este país. Por tal proyecto, entendemos al contexto de normas jurídicas y políticas públicas que pretenda la equidad, la participación, la construcción del conocimiento y la solidificación de la cultura cívica de los mexicanos.
En su propuesta de reforma integral para los medios de comunicación y las telecomunicaciones, la Amedi reivindica antes que nada derechos de los ciudadanos como los de réplica, expresión e información. También considera que a la radiodifusión se la debe reconocer como servicio público.
El espectro radioeléctrico es y debe seguir siendo propiedad de la nación: cualquier usufructo con propósitos comerciales tiene que ser a cambio de una contraprestación económica pero los criterios para asignar la concesión deben tomar en cuenta, antes que nada, el servicio que recibirá la sociedad.
A la convergencia digital se la debe aprovechar plenamente, siempre a partir de las políticas que establezca la autoridad reguladora y privilegiando, por encima de cualquier otro, el interés público. Y para que haya congruencia entre el desarrollo tecnológico que hoy amalgama formatos, canales y modalidades para la difusión de los mensajes, se propone la creación de una sola ley federal tanto para la radiodifusión como para las telecomunicaciones.
La regulación de tales áreas tendría que estar a cargo, siempre en concordancia con esos principios, por un órgano autónomo respecto de los poderes estatales como, por supuesto, de las empresas a las que normaría. La creación de ese organismo haría necesaria una reforma constitucional para que la asignación de concesiones no sea privilegio del Ejecutivo Federal sino responsabilidad de la nueva entidad autónoma.
Acceso, conectividad y diversidad son otros principios que normarían el nuevo marco legal, siempre de acuerdo con la propuesta de la Amedi. La garantía de acceso universal requiere políticas de Estado a fin de diversificar la educación, el aprovechamiento y los recursos para acceder a Internet y aprovechar creativa y participativamente sus contenidos, así como la obligación para que los contenidos de televisión y radio que se propagan en señales abiertas sean incluidos en todos los servicios que difunden a esos medios de manera codificada o de paga. La conectividad, exige de la mayor flexibilidad posible para la interconexión de las redes digitales, independientemente del formato o de los contenidos que propaguen. La diversidad, implica entre otras consecuencias que en la asignación de concesiones se tomen en cuenta requerimientos de grupos étnicos, universidades e instituciones educativas y organismos comunitarios.
La legislación deberá garantizar los principios de pluralidad, libertad de expresión y derecho a la información con responsabilidad. Se sugiere, por ejemplo, que en la radiodifusión haya pautas para clasificar la programación. También hacen falta reglas para que el derecho de réplica recientemente consagrado en la Constitución sea realidad. En otro tema, se considera que los productores tienen derecho a que los contenidos de su autoría sean difundidos sin censura, modificaciones o confiscaciones de cualquier índole.
La Amedi propone que en la radiodifusión pueda haber inversión extranjera directa, con límites precisos, con lo cual terminaría la simulación que significa la inversión enmascarada a la que hoy en día acuden empresas extranjeras para participar en medios de nuestro país.
Y de manera especial, la Asociación promueve la existencia de medios de radiodifusión auténticamente públicos: con autonomía funcional respecto del resto del Estado, financiamiento versátil que incluya recursos fiscales junto con el derecho a comercializar espacios y vinculación con la sociedad que sea un referente para afianzar calidad y variedad de sus contenidos.
Esos son los principios que orientan las propuestas de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información entregadas ayer, en un documento de 66 cuartillas, al Grupo Plural de senadores. El texto completo estará disponible en los sitios del grupo senatorial: http://www.senado.gob.mx/telecom_radiodifusion/ y de la propia Amedi: http://www.amedi.org.mx Estas propuestas seguramente no ganarán consenso en Televisa ni en Televisión Azteca. Pero ya se ha demostrado que la animosidad de esas empresas (que, por cierto, cada vez tienen menos respaldo entre otros radiodifusores) no es indispensable para abrir espacios a la democracia. Lo que se requiere es decisión y cohesión de los legisladores para completar la delimitación del poder mediático que iniciaron en junio pasado los ministros de la Corte al invalidar la contrarreforma del año pasado y prosiguieron en septiembre los propios senadores y diputados con las reformas constitucionales que moderan la influencia política de la radio y la televisión.

La Crónica, jueves 11 de octubre 2007

     Quién sabe si el presidente Calderón sabía, mientras hablaba ayer ante los radiodifusores, que su discurso no estaba siendo transmitido en directo por la mayoría de las estaciones de televisión y radio. Tan prestas como fueron hace exactamente un mes para encadenarse mientras protagonizaban ante los senadores el patético espectáculo que tantas recriminaciones les ha propiciado, ayer los dueños de las radios y televisoras privadas dispusieron que la comida anual de la Cámara Nacional que las reúne, y en la que es tradición la presencia del titular del Ejecutivo Federal, fuese difundida con hora y media de retraso.

   Únicamente una de las frecuencias de Radio Fórmula y XEW y quizá alguna otra emisora transmitieron, en la ciudad de México, el discurso presidencial mientras ocurría. Muchas otras estaciones y un canal de cada una de las televisoras privadas lo hicieron de manera diferida. En ningún caso, hasta donde pudimos apreciar, esas estaciones advirtieron a sus audiencias que no se trataba de una transmisión en vivo.

   Tan desusado tratamiento al discurso presidencial puede tener varias explicaciones. Quizá los radiodifusores decidieron no alterar la hora de la comida de la mayoría de los televidentes y radioescuchas y por eso dejaron el mensaje del presidente Felipe Calderón para después de los postres. Pero es inevitable suponer que tal decisión estuvo relacionada con las secuelas de la fallida campaña que esos empresarios levantaron contra las reformas constitucionales que los dejaron sin el gasto que hacían los partidos en la contratación de propaganda electoral.

   Posiblemente los radiodifusores quisieron supervisar el discurso presidencial antes de transmitirlo. Quizá temían que el presidente de la República apoyara el proceso de reformas constitucionales que acaba de terminar con el voto favorable de 30 legislaturas estatales y que fue impulsado por los tres partidos más importantes del país. De haber sabido que sería tan complaciente con ellos, es altamente probable que lo hubieran difundido en directo y por muchas más frecuencias.

   El mensaje del presidente Calderón era esperado porque su gobierno no ha manifestado con claridad una posición pública ante esa reforma, aunque es evidente que el voto del PAN tuvo que haber contado con su anuencia.

   Hubiera sido una oportunidad relevante para que, más allá de expresar una definición acerca de las modificaciones constitucionales, el presidente alzara la mira y ofreciera algunas definiciones para las fases próximas en ese proceso legislativo que son las reformas al Código Electoral –en donde habrá un capítulo especial para normar las nuevas relaciones entre procesos políticos y medios de comunicación– y, después a la legislación para los medios y las telecomunicaciones.

   El presidente, sin embargo, decidió desaprovechar esa ocasión. En vez de un discurso que le permitiera contribuir a esa discusión nacional –y con el que pudiera afianzar la vocación de liderazgo que dice tener pero con la que solamente cumple de manera retórica y a veces ni siquiera en ese plano– Calderón ofreció una alocución ritual, solícita casi, y muy parecida a las que dirigían sus antecesores en otras celebraciones de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.

   Sin contexto crítico ni analítico, las exhortaciones que formuló a la responsabilidad y a un ejercicio comprometido de la libertad resultaron equívocas. Decir que es preciso ejercer la libertad de expresión con respeto a los demás sin recordar, aunque fuese de manera general, las reiteradas transgresiones a esa norma –por ejemplo, por parte de Televisión Azteca– hizo de tal señalamiento una formulación protocolaria.

   Repetir que concesionarios y permisionarios de la radiodifusión se encargan de un servicio de interés público que influye en la cultura cívica sin advertir que la gran mayoría de los contenidos en la televisión no se hace cargo de esa función, fue como decir nada ante un auditorio colmado de empresarios que no han querido distinguirse por la autoevaluación y mucho menos por la autocrítica.

   La transición de la radio analógica a la digital, que suscita inquietudes y confusión entre los radiodifusores que han sido causantes de que el gobierno no defina el estándar tecnológico que será utilizado en México para ese cambio, el presidente la abordó en busca del aplauso de los concesionarios pero sin ofrecer una solución. No es claro el alcance de la promesa presidencial cuando dijo que habrá mecanismos para que “todos los radiodifusores, desde la televisión hasta las más modestas estaciones de amplitud modulada” emprendan el tránsito tecnológico. Lo que México tiene que hacer es decidir cuál o cuáles de los formatos digitales que ahora existen será utilizado para sustituir a las bandas de AM y FM. Y si alguien requeriría de apoyo para renovar sus equipos a fin de sintonizarse con la nueva radio digital serían los radioescuchas, mucho más que los empresarios.

   La otra promesa de Calderón se refirió a las concesiones vencidas o que están por vencerse. Es natural que entre los radiodifusores cuyos títulos de concesión han caducado o están por llegar a su término exista “incertidumbre y zozobra” como dijo el presidente. Pero incurrió en una eventual contradicción, que puede tener consecuencias graves, cuando consideró: “Nuestro deber como gobierno de la República es conciliar los legítimos intereses de todos los que participan en la industria con las disposiciones contenidas en las leyes sobre la materia y las resoluciones judiciales en la misma”.

   Actualmente, de 1488 concesiones y permisos que existen para radio en Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada en todo el país, hay aproximadamente 54 que vencieron el año pasado y otras 69 que habrán vencido en 2007. Antes el gobierno federal renovaba sin chistar esos títulos de concesión. Con la Ley Televisa, los radiodifusores pretendieron que las concesiones fueran por 20 años y que su refrendo fuese automático. Sin embargo la decisión de la Suprema Corte de Justicia que modificó esa reforma legal y que indica que las renovaciones deben estar sujetas a licitación dejó en la penumbra legal a las concesiones que no fueron refrendadas por el gobierno anterior ni por la actual administración.

   Asegurar que conciliará el interés de los radiodifusores colocados en ese trance y las decisiones judiciales fue un exceso del presidente Calderón porque las reglas a las que habrán de sujetarse las renovaciones de los títulos de concesión no las define él sino el Poder Legislativo. Así que no sólo eludió respaldar las reformas constitucionales recientes sino, además, presentó una postura que podría ser contraria a la de la Suprema Corte y se inmiscuyó en el proceso legislativo que se encuentra en curso para renovar las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones.

   Repitió, eso sí, que las pautas de su gobierno en ese terreno están definidas por tres “C”: cobertura, convergencia y competencia. Pero quizá ese encomiable propósito carece de otro atributo que tiene la misma inicial: congruencia. No la hay cuando, hace unos días, su secretario de Comunicaciones anunció que el año próximo no habrá nuevas concesiones de televisión. ¿Cómo, entonces, aumentará la cobertura y, sobre todo, cómo habrá competencia en ese medio de comunicación si el gobierno desalienta la posibilidad de que haya nuevas frecuencias?

   Con razón al término de la emisión diferida, más de 90 minutos después del momento en que Calderón había dicho esas palabras aunque a radioescuchas y televidentes se les hizo creer que se trataba de un evento en tiempo real, el conductor de la transmisión en radio, Iñaki Manero, de Grupo ACIR, pudo concluir que había sido “un discurso conciliador, un discurso amigable”.

   No tenía por qué ser agresivo. Pero el presidente pudo haber pensado no solamente en el reconocimiento de la audiencia que tenía delante suyo sino en los intereses de la sociedad radioescucha y televidente.

   Intentando, en cambio, congraciarse con los radiodifusores, Calderón dijo que su gobierno ha cerrado “más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal” y que hará lo mismo con varias docenas más. Enhorabuena si se trata de emisoras que han querido hacer negocio a costa de una frecuencia que no les había sido adjudicada. Pero en años anteriores las acciones del gobierno contra estaciones sin licencia intentaron afectar a pequeñas radiodifusores comunitarias que no habían tramitado su permiso debido a las enormes complicaciones administrativas que encontraban para ello. Una docena de estas radios comunitarias, no obstante, obtuvo permisos legales durante el gobierno anterior.

   El presidente Calderón afirmó, antes de recibir una emocionada ovación: “no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos, nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”.

   Tiene toda la razón. Sin embargo no quedó claro si se refería a las radiodifusoras que el año pasado fueron ocupadas en Oaxaca o al violento asalto que hace menos de 5 años, en diciembre de 2002, ordenó el empresario Ricardo Salinas Pliego contra las instalaciones de transmisión del Canal 40.

   Si el presidente Calderón toma en serio sus propias palabras, su gobierno tendría que revisar el litigio, aun no concluido, entre Televisión Azteca y el concesionario legítimo del Canal 40.

   Todavía está por verse si, en sus relaciones con los consorcios de televisión y radio, el gobierno promoverá el cumplimiento y la actualización de la ley o se conformará con un poder y una presencia política diferidos.

Texto publicado el jueves 20 de septiembre en La Crónica de Hoy

Hechos, mentiras y aspavientos

Raúl Trejo Delarbre

Los dueños de las televisoras y sus voceros dicen que las reformas en materia electoral atentan contra la libertad de expresión. No es cierto: lo que impedirán esas modificaciones, cuando se complete el proceso de reforma constitucional, será que los particulares contraten propaganda política. Allí no hay novedad alguna.
Desde hace 14 años el Código Federal Electoral reserva para los partidos el privilegio de contratar ese tipo de mensajes. Sin embargo, no existía una sanción expresa contra esa disposición. Por eso el año pasado las autoridades del IFE no pudieron tomar medidas específicas cuando el Consejo Coordinador Empresarial patrocinó anuncios en televisión para descalificar a uno de los candidatos presidenciales. Con la reforma constitucional y luego, con las modificaciones que tendrán que ser establecidas a la legislación reglamentaria, esas actitudes ahora recibirían sanciones importantes.
No es la libertad de los ciudadanos lo que impide esa reforma constitucional sino el privilegio de los adinerados para pagar spots en televisión en caso de que quisieran hacerlo. Se trata, por ello, de una modificación legal que refuerza la equidad en la competencia electoral.
Los dueños de las televisoras no quieren mirarlo así. De la misma manera que están acostumbrados a considerar que la televisión y la radio son propiedad suya (sin reconocer que se trata de medios que difunden a través del espacio radioeléctrico que es patrimonio de la Nación), ahora suponen que la libertad política puede tasarse en pesos y centavos. Con ese mismo desparpajo, creen que la cultura política de los ciudadanos es la que permite forjar los programas de mayor rating y peor calidad —que transmiten por las frecuencias de las que son concesionarios.
Acaso por ello, los dueños de tales empresas mediáticas consideran que sus televidentes y radioescuchas creerán a pie juntillas la sarta de mentiras que insisten en propalar a través de esas frecuencias. De repente las televisoras, que durante tantos años se han beneficiado de una relación convenenciera con el poder político, descubrieron que los dirigentes de los partidos y los legisladores tienen intenciones perversas y autoritarias. De pronto despotrican en contra del sistema político del que durante tanto tiempo y de manera tan constante y sonante se han beneficiado.
Quizá los dueños de tales empresas suponen que sus televidentes y radioescuchas les creen. Posiblemente, encarrerados en el vértigo autorreferencial que han construido, piensan que los locutores a los que han habilitado como presentadores y comentaristas más destacados suscitan suficiente confianza. No pueden advertir que la gente no cambia de canal simplemente porque no hay más opciones en el dial de la televisión nacional. Los telespectadores padecen, pero no necesariamente comparten los juicios sumarios y los dicterios atrabiliarios que ahora pululan en algunos de los principales noticieros.
Envalentonados con la inercia de la audiencia cautiva y confundiendo el rating con el consenso ciudadano, los magnates mediáticos tuvieron motivos para esperar que la hegemonía de la pantalla y el dial sería imperecedera. La clase política les ha demostrado que no. La reacción de algunos de los jeques mediáticos se parece a la de esos dictadorzuelos africanos o caribeños a quienes la ira popular depone de manera tan fulminante que durante mucho tiempo siguen ordenando, exigiendo y disparatando como si nada hubiese ocurrido.
La diferencia es que estos magnates mediáticos conservan el poder enorme que significa el acaparamiento de frecuencias televisivas y mediáticas. El desconcierto ante la mutación de un escenario social y político que no aciertan a entender redobla su arrogancia. Su capacidad de hegemonía ideológica está socavada pero de ninguna manera ha desaparecido. Su propia soberbia los condujo a perder algunos de los aliados que durante tanto tiempo los favorecieron desde el poder político. Sin embargo mantienen frecuencias y, aunque crecientemente críticas, también audiencias.
Los concesionarios que ahora se encuentran en vilo tropiezan con sus propias mentiras. Propalan versiones falsas acerca de la reforma constitucional, en parte confiando en aquella máxima goebbelsiana acerca de la patraña que se repite hasta ser tenida como cierta. Pero sobre todo, esos radiodifusores apuestan a lo que mejor saben hacer que es atolondrar, saturar, aturdir al teleauditorio. El mensaje antipolítico que propagan resulta inverosímil y carece de autoridad ética alguna. Los símiles que emplean son caricaturas de su propio discurso.
Con una retórica golpista, algunos de los concesionarios le llaman chavista a la reforma constitucional que desazolvará la competencia política, cuya dependencia respecto al poder del dinero y las exigencias del rating se ha vuelto insufrible para nuestro país. Pero los chavistas son ellos.
La figura y las acciones del presidente de Venezuela son harto cuestionables. Atenido al predominio carismático que mantiene respecto de una buena parte de la población en esa nación, Chávez ha querido prescindir del Congreso, se ha negado a someterse al orden legal, ha querido sustituir con una visión única a la diversidad que hay en la clase política y la sociedad venezolanas y parece determinado a que en ese país no haya más discurso que el suyo. A Chávez los partidos políticos le parecen prescindibles y quiere suplantarlos con una sola opción para la vida pública en Venezuela: la que representa él mismo.
En México, las televisoras despliegan un discurso chavista. Con motivo de la reforma constitucional en materia electoral se han ubicado en contra de la división de poderes, las decisiones del Congreso, el régimen de partidos y, por lo tanto, en contra de la diversidad en la vida pública mexicana. En varias ocasiones se han opuesto, con enorme agresividad, a que haya nuevas cadenas de televisión. El chavismo de algunos concesionarios y muy especialmente de Televisión Azteca reproduce algunos de los rasgos mesiánicos, intolerantes y fundamentalistas del cacique venezolano.
A ese discurso y esos intereses se allanan algunos gobernadores. El coahuilense Humberto Moreira perdió una de las mejores oportunidades que jamás ha tenido para quedarse callado. Aparentemente confiado en congraciarse con las televisoras o quizá, también, esperanzado en acaudillar una revuelta de mandatarios estatales contra un peregrino centralismo en materia electoral, ese gobernador se colocó en el flanco de la contrarreforma, en una posición adversa a la modernización del sistema político. Al anunciar la decisión que según él tomarán los diputados locales en Coahuila acerca de la reforma constitucional violentó la soberanía de esos legisladores y reprodujo un comportamiento caciquil muy parecido por cierto, y toda proporción guardada, al absolutismo del venezolano Chávez.
Aunque inicialmente mencionó el tema de la libertad de expresión, atendiendo al guión que con tanto empeño propagan las televisoras en el estéril intento para detener las decisiones de los congresos locales, Moreira también alude a una supuesta pretensión de los políticos del DF para violentar el federalismo en materia electoral. Se refiere a la propuesta para incorporar al artículo 41 constitucional, entre otras, la siguiente medida:
“El Instituto Federal Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable”.
En otras palabras, el IFE se encargaría de organizar comicios estatales siempre y cuando se lo pidan los estados. No existe intromisión alguna porque la participación de ese Instituto dependerá de una invitación previa. De aprovecharse esa disposición la experiencia y la capacidad operativa, pero sobre todo la respetabilidad del IFE, estarían al servicio de los procesos electorales en los estados. Desde luego, hará falta que en el siguiente paso de la reforma electoral, que serán los ajustes necesarios en el Código Federal de esa materia, se establezca en qué condiciones, con qué reglas y a cargo de qué autoridades (tendrían que ser, deseablemente, los congresos locales) los estados pueden solicitarle al IFE ese respaldo.
La transparencia y la equidad electorales ganarían, en cada entidad, con esa posibilidad. Por eso es natural que se inquieten los gobernadores que están acostumbrados a que, en sus estados, las elecciones sigan a cargo de organismos electorales a los que ellos controlan.
Esas y otras inconsecuencias atestiguaremos en los próximos días. Quizás cuando se apacigüen los vendavales desatados por la reforma constitucional en materia electoral y su fundamentalismo se haya atenuado, los radiodifusores ahora encrespados entiendan que en México existen nuevas condiciones de la competencia política que no han sido dictadas por una oligarquía partidaria sino que han sido exigencia de una sociedad cada vez más harta, lo mismo de los mandamases políticos que de los tiranuelos mediáticos.

La Crónica, jueves 13 de septiembre de 2007

   Desafiados por las televisoras, los senadores manifestaron una cohesión jamás vista al menos en los años recientes. Con alusiones a la entereza de Belisario Domínguez invocada por el perredista Carlos Navarrete o recordatorios del panista Santiago Creel y el priista Manlio Fabio Beltrones al poder fáctico de los consorcios comunicacionales, la sesión de anoche en Xicoténcatl se convirtió en enfática respuesta del poder político a las bravatas de la mediocracia.

   Horas antes, los jeques del poder mediático, ahora acompañados por algunos jeques empresariales, habían reiterado y profundizado sus reproches contra los legisladores. Igual que el día anterior, les sobró retórica y les faltaron argumentos. El presidente de la Cámara de la Industria de la Radiodifusión advirtió que, de aprobarse, la reforma constitucional “acotaría la libertad de expresión”. El presidente de la Concamín denunció que “los legisladores están agarrando de rehén a este país”. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial consideró “inaceptable que se pretenda privar a la sociedad de la posibilidad de expresar libremente sus puntos de vista”. Y dos voceros de TV Azteca exigieron posponer la aprobación de esa reforma.

   Desmesurados, acaso porque no tienen más contraste que el espejo de autocomplacencias que ellos mismos han creado, los concesionarios de la televisión, respaldados por la quizá desinformada aquiescencia de numerosos concesionarios de radio, tensaron al máximo su desafío al poder político. Sergio Sarmiento sintetizó ese encrespado estado de ánimo: “no podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos cuantos dirigentes de partidos políticos”.

   Sin embargo la presuntamente secuestrada parece tomar con serenidad el diferendo entre el poder político y la mediocracia. Las arengas soliviantadoras, que han sido especialmente agresivas en los canales concesionados a Ricardo Salinas Pliego, no tendrán más consecuencia que el berrinche expresado de esa tan patente cuan patética manera. La respuesta de los legisladores, unificados gracias a la altanería de los consorcios televisivos, fue la votación que, al filo de las 10 de la noche aprobó, en lo general, el dictamen para reformar varios artículos constitucionales. 110 votos a favor y 11 en contra corroboraron ese viraje del Senado respecto del poder mediático.

   Los empresarios de la radiodifusión, en este episodio, han sido tan quejumbrosos como mentirosos. Saben muy bien que en el dictamen votado ayer en el Senado no hay una sola disposición que restrinja la libertad de expresión. La frase que podría haber implicado alguna limitación en ese terreno fue modificada el día anterior. Al contrario, una de las reformas incorpora al artículo 6º. Constitucional el derecho de réplica, que es una reivindicación de la sociedad que hasta ahora solo había sido reconocido de manera parcial por las leyes en este país.

   La reforma aprobada anoche y que ahora deberá pasar la prueba de una Cámara de Diputados quizá más susceptible a presiones mediáticas y corporativas tiene dos ejes principales. Uno de ellos es la modificación radical en las relaciones entre partidos y medios de comunicación electrónicos, que hasta ahora han sido determinadas por el dinero. Con tal de recabar fondos para comprar espacios en televisión y radio, candidatos y dirigentes políticos establecían los más variados compromisos con adinerados de toda índole. Y con tal de obtener descuentos y sitios preferentes para la difusión de sus spots, los partidos se consideraban obligados a tener un comportamiento obsequioso y de cuando en cuando sometido al interés de los consorcios de la radiodifusión. Ayer mismo (“autocríticamente”, dijo) el senador Navarrete admitió acerca de esa relación entre partidos y televisoras que, hasta hace poco, “todos fuimos a tocar las puertas traseras de las empresas para entrar a la competencia electoral”.

   Esa peregrinación no se repetirá. La contratación de propaganda política queda prohibida. Quizá los empresarios de la radiodifusión confunden la libertad de expresión con las prerrogativas del dinero para adquirir espacios en los medios electrónicos. Pero esa no es una libertad de la sociedad. Durante las campañas del año pasado los partidos gastaron al menos 589 millones de pesos en la contratación de tiempos en radio y 1384 millones de pesos en la compra de espacios en televisión.

   El país ya no tendrá que hacer gastos como esos. Pero lo más importante es la modificación que esa reforma impondrá en la relación entre la política y los medios de comunicación. Las radiodifusoras y especialmente las televisoras tendrán que dejar de ver a los partidos como clientes y quizá comiencen a considerarlos como interlocutores.

   Hoy en día los ven como adversarios. Pero no quieren acordarse de la escandalosa docilidad con que esos partidos y el gobierno anterior hicieron suyas, a veces sin siquiera aderezarlas con un mínimo rigor jurídico, las leyes y reglamentos que salían de las corporaciones mediáticas. Los “unos cuantos dirigentes de partidos” de los que hoy se quejan las televisoras, les parecían prohombres de la edificación democrática cuando se comportaban como personeros suyos.

   Separar al dinero de la política mediática no es atentar contra la libertad de expresión. Pero si la prohibición para comprar propaganda en medios electrónicos fuese desatendida, ameritaría sanciones que podrían llegar a “la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley”. Es natural que los hasta ahora intocados concesionarios de la radiodifusión se inquieten ante una advertencia como esa. Pero no tendrían de qué inquietarse si no tienen previsto transgredir la ley.

   El otro polo de esta reforma es el esfuerzo de los partidos para tener mayores controles sobre la autoridad electoral. La creación de una contraloría designada por la Cámara de Diputados y de un “órgano técnico” para fiscalizar a los partidos nombrado por el Consejo del IFE pero separado de él son dos medidas que limitan la independencia de la autoridad electoral. Y sobre todo la destitución de tres de los actuales consejeros, entre ellos el Presidente del IFE, sigue siendo una decisión caprichosa e inopinada.

   En los artículos transitorios del dictamen se dice cuándo deberán ser designados, de manera escalonada, los consejeros que tendrá el organismo electoral durante los siguientes seis años. Pero no se establece con qué procedimiento serán seleccionados los tres que dejarán el cargo en cuanto la reforma constitucional sea aprobada y los otros 3 cuya gestión, en vez de concluir en 2010 como estaba previsto, llegará únicamente hasta el año próximo.

   Ese es el haz y el envés de la reforma electoral. La cancelación de la propaganda pagada en medios electrónicos constituye una de las medidas más importantes que se han tomado, durante varios años, en la ya larga cadena de modificaciones legales para facilitar la competencia política. La destitución de varios consejeros electorales (al menos ya no todos ellos como se pretendía la semana pasada) constituye un exceso imprudente y revanchista por parte de los partidos contra la autoridad electoral.

   Pero no hay abuso contra la libertad de expresión ni contra los medios de comunicación. Los espantajos creados por la CIRT y las televisoras terminarán por desmoronarse. Quizá entonces pueda comenzar a reconstruirse una relación hasta ahora convenenciera y perversa entre el mundo político y los medios de comunicación más influyentes. Anoche mismo el senador Pedro Joaquín Coldwell les ofrecía una salida decorosa cuando estimaba que, ya sin el dinero público que reciben por motivos políticos, “los medios ganarán calidad y estatura moral para criticar al poder”.

   El acceso a los medios continuará siendo importante para los partidos. Candidatos y dirigentes seguirán buscando espacios en noticieros y programas de distinta índole pero ya no tendrán que comprar publicidad para contentar a esas corporaciones. La propaganda política seguirá resultando fundamental en las campañas electorales pero ahora no será pagada con dinero público porque se transmitirá en espacios del Estado en los medios electrónicos.

   Durante las campañas (que en el caso de las elecciones presidenciales serán de 90 días) los partidos tendrán acceso, entre todos, a 41 minutos diarios en cada estación de radio y televisión. El IFE dispondrá, para difundir mensajes de promoción electoral, de otros 7 minutos diarios.

   Y ya que no gastarán en la contratación de medios electrónicos, es pertinente que los partidos reciban menos dinero. La nueva fórmula para definir cuántos pesos le entregará el Estado a cada partido implica ahorros como los que también anoche, al refutar las mentiras de un asesor jurídico de Televisa, explicaba en la tribuna de Xicoténcatl en senador Ricardo García Cervantes. Si la reforma no se aprueba, en las campañas de 2009 los partidos recibirán 2670 millones de pesos (que significarían, con campañas de 71 días, casi 38 millones de pesos diarios). Con las nuevas reglas, dentro de dos años los partidos recibirán 800 millones de pesos que, gracias a la reducción en los plazos para campañas, equivaldrán a 13.3 millones de pesos diarios.

   La reforma constitucional tiene otras consecuencias sobre las que será preciso detenerse más adelante. Entre ellas se encuentran la reglamentación de precampañas, nuevas atribuciones del IFE para organizar elecciones locales y prohibición para que los sindicatos puedan formar partidos políticos.

   Cara y cruz de una reforma contradictoria: por un lado es preciso advertir la iniquidad que cometen los partidos con el árbitro electoral. Y al mismo tiempo, se puede reconocer un saludable desplante de emancipación de esos partidos respecto de la inmoderada mediocracia. Quizá sea, decía anoche el senador Pablo Gómez, “el principio del fin del miedo de la clase política a los concesionarios de la televisión”. Quizá.