Sociedad y poder

El PRI y el PRD se han aliado para impulsar una colección de reformas que rescatan viejas exigencias de los empresarios de la televisión y la radio, al mismo tiempo que reconocen algunos derechos de las radiodifusoras públicas y comunitarias. En un proyecto de dictamen que podría ser avalado hoy lunes por la Comisión de Radio y Televisión del Senado, esos legisladores adoptan los argumentos de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión a fin de que las concesiones, que han sido expedidas para uso comercial, puedan ser renovadas sin tener que pasar por una licitación.

Entre los senadores que impulsan esa propuesta destacan el priista Manlio Fabio Beltrones que coordina al grupo parlamentario del PRI, así como Carlos Sotelo, del PRD, que encabeza la Comisión de Radio y Televisión. Todavía no se conocen las opiniones del PAN, ni de otros senadores del PRD que antes han impugnado posturas como las que ahora comparten algunos de sus correligionarios.

El proyecto de dictamen que circula entre los legisladores, toma elementos de varias iniciativas presentadas en los meses recientes y propone que el gobierno prorrogue las concesiones de radio y televisión a cambio del pago de una contraprestación económica.

Está bien que quienes son agraciados con una concesión paguen por ella. Sin embargo los parámetros que el proyecto de ley establece para que la Secretaría de Hacienda determine el monto de ese pago son demasiado vagos y, sobre todo, la renovación del título de concesión ocurriría sin que las frecuencias en cuestión fuesen abiertas a concurso entre los interesados en transmitir en ellas.

En junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las concesiones de radio y televisión podrían ser refrendadas siempre y cuando hubiera una licitación. De otra manera, la adjudicación del título de concesión se volvería un privilegio prácticamente vitalicio para los empresarios que actualmente manejan estaciones de televisión y radio.

El de los refrendos, fue uno de los temas centrales en la discusión de la llamada Ley Televisa. Aquellas reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, que fueron notoriamente promovidas por Televisa y aprobadas por el Congreso entre diciembre de 2005 y marzo de 2006, establecían un procedimiento administrativo para renovar las concesiones. Ese refrendo automático fue, más tarde, uno de los asuntos que la Corte consideró inconstitucionales y lo suprimió de la ley.

En aquella decisión, los ministros de la Corte consideraron que el refrendo sin que hubiese licitación, establecido en el artículo 16 de aquellas reformas a la Ley de Radio y Televisión, era anticonstitucional, porque los concesionarios no tendrían exigencias para presentar planes financieros y de desarrollo tecnológico que resultasen competitivos y porque se anularía el derecho de terceros para acceder a la operación de tales concesiones. Ahora, la propuesta de priistas y perredistas soslaya los argumentos fundamentales de la Corte para suprimir el segmento esencial del Artículo 16.

Esos legisladores manifiestan, incluso, que el interés principal de la Corte al invalidar ese párrafo se debía a la preocupación de los ministros porque el Estado no recibiría un pago económico por la renovación de las concesiones. Pero no fue así. El dictamen de la SCJN es suficientemente explícito. Los ministros consideraron que debe haber concurso entre los interesados en manejar una frecuencia de radiodifusión fundamentalmente por tres causas: 1) para que haya equidad entre quienes ya tienen concesiones y aquellos que no disfrutan de esa prerrogativa, 2) para que de esa manera se propicie la competencia y así la diversidad de opciones en el campo de la radio y la televisión y 3) para que el Estado ejerza las potestades que tiene en la administración del espacio radioeléctrico sin las restricciones que le imponía la renovación sin condiciones de los títulos de concesión.

La propuesta que se discutirá esta semana en el Senado, establece algunas condiciones para la renovación de las concesiones, pero siempre en un procedimiento cerrado a cualquier otro participante que no sea el beneficiario del título de concesión. Para eludir las consecuencias jurídicas de la sentencia de la Corte, los autores de esa propuesta de reformas simplemente de denominan “prórroga” a lo que hasta ahora se ha conocido como refrendo.

A cambio de ese obsequio al afán patrimonialista de los consorcios de comunicación, los senadores que promueven tales reformas añadieron algunas más para los medios de carácter público, a los que se les autorizaría a recibir patrocinios (es decir, menciones de instituciones o empresas que los respaldan económicamente) pero no a difundir anuncios comerciales que ha sido la petición más reiterada de las radiodifusoras y televisoras culturales y de instituciones públicas.

A las radiodifusoras comunitarias, se les reconoce como medios “de uso social sin fines de lucro” y tampoco se les permitiría difundir mensajes pagados. Además, se les cancela la posibilidad de recibir aportaciones de organismos extranjeros interesados en la promoción de tales medios.

La iniciativa tiene aspectos plausibles, como la obligatoriedad del Estado para garantizar el financiamiento de los medios públicos y comunitarios, o la creación de consejos consultivos en las televisoras y radiodifusoras de instituciones estatales. Pero en contraste con esas disposiciones, a los medios públicos y sociales se les discrimina respecto de los medios de carácter comercial. Para la renovación de sus concesiones, como hemos señalado, los medios comerciales se someterían a evaluaciones cerradas a la concurrencia de otros interesados. Pero los medios sin fines de lucro (públicos o comunitarios) sí tendrían que concursar para mantener su frecuencia cada vez que caducara el permiso de transmisiones.

Otra innovación sería la modificación de los parámetros tecnológicos para que, en los cuadrantes radiofónicos, la separación entre una y otra estaciones sea de 400 khz y no de 800 khz como sucede hasta ahora. De esa manera cabrían más estaciones en el espectro radioeléctrico de cada localidad. Sin embargo no se precisan las reglas para que las nuevas frecuencias sirvieran a nuevos operadores y no a quienes ya disfrutan de concesiones de radio.

Esos reconocibles aunque insuficientes avances, son la zanahoria que los senadores del PRI, con la vergonzante complacencia de algunos legisladores del PRD, colocan delante de ese paquete de reformas para ganar la adhesión de los medios públicos y comunitarios, así como de quienes han simpatizado con el desarrollo de esas opciones de comunicación.

La alianza de los senadores Beltrones y Sotelo, priista y perredista respectivamente, es significativa tanto de la influencia que han afianzado los consorcios radiofónicos en segmentos destacados de la clase política, como de la necesidad que todos ellos advierten para edulcorar ante la sociedad el amargo obsequio que les quieren hacer a los radiodifusores.  Los cambios que proponen para la radiodifusión comunitaria y pública no están mal, pero son limitados. El refrendo sin licitación, es un tributo a los empresarios de ese ramo.

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Al menos de cinco maneras, Televisa hace negocio con el Teletón.

1. Evasión fiscal. Las aportaciones que entrega la gente que contribuye de manera individual con el Teletón, son deducibles de impuestos. Pero si usted o yo entregamos algunos pesos para esa causa, seguramente no nos expedirán un recibo fiscal. Las empresas que contribuyen con el Teletón posiblemente si requieren un comprobante que les permitirá deducir esa aportación de sus impuestos. Es decir, cada peso que un empresario entrega al Teletón es un peso que deja de recibir el Estado mexicano.

Habrá quienes consideren que ese dinero tiene mejor destino para una causa altruista que en manos de nuestros gobernantes. Pero las carencias fiscales que padece el país tendrían un paliativo nada desdeñable si los consorcios, que suelen deducir impuestos gracias a exenciones como las que les permite hacer el Teletón, pagaran sus impuestos cabalmente y sin subterfugios.

De la recaudación que cada año hace el Teletón, la mayor parte no proviene de empresas sino de pequeñas contribuciones realizadas por ciudadanos a título personal. Esas aportaciones manifiestan un generoso compromiso con causas sociales. Pero es altamente posible que Televisa las aproveche para eludir obligaciones fiscales. Se ha dicho que alrededor del 70% de las aportaciones salen del bolsillo de ciudadanos de a pie. Si consideramos que el año pasado el Teletón recaudó 443 millones de pesos, podemos estimar que los organizadores de esa campaña no expidieron recibos fiscales por aproximadamente 310 millones de pesos. Al invertir tal cantidad en centros de rehabilitación y otras obras sociales, Televisa pudo deducir de su contabilidad ese monto.

Los reiterados señalamientos de evasión fiscal que se le han formulado a Televisa acerca del Teletón, nunca han sido fehacientemente aclarados.

2. Venta de publicidad. Durante los dos días del Teletón, los canales de Televisa se encadenan para transmitir una programación especial. La expectación que desde meses antes se infunde en el público, la presencia de artistas y personajes que acuden a participar en ese evento, así como la imposibilidad de sintonizar otra programación en los canales de televisión abierta de ese consorcio, llevan a decenas de millones de telespectadores a presenciar al menos algunos segmentos del Teletón. En el transcurso de esas horas la publicidad que se difunde en dichos canales, de esa manera encadenados y promocionados, es más costosa que en épocas regulares. Televisa gana más en la venta de anuncios en esos días.

3. Perfil público. Todas las empresas que respaldan el Teletón, pero Televisa antes que ninguna otra, construyen una fama pública de nobleza, desprendimiento y compromiso al promover y organizar ese evento. Esos valores, Televisa no los pone en práctica cuando definen la programación que difunde en los canales que tiene concesionados. Pero se vale del Teletón para prestigiarse ante la sociedad.

4. Centralidad política. El Teletón le ofrece a Televisa una extraordinaria oportunidad para afianzar su papel como eje de una buena parte de la vida pública mexicana y para exigir la presencia y el acatamiento de otros actores políticos. Gobernadores, legisladores, funcionarios públicos y desde luego el presidente de la República, suelen acudir sin chistar (de hecho, la mayor parte de ellos van radiantes a recibir la bendición mediática) a ese evento de Televisa. Allí, el consorcio comunicacional ejerce vetos pero sobre todo publicita a sus favoritos. Los minutos que reciben en pantalla, son sintomáticos de la complacencia que suscitan en Televisa los personajes públicos con mayores ambiciones políticas.

5. Ideología conservadora. La atención a la salud y especialmente a los grupos más vulnerables tiene que ser responsabilidad del Estado. La sociedad no puede reemplazar a la acción estatal en el cumplimiento de esas tareas. El Teletón se contrapone con el desarrollo de políticas públicas en ese campo y, como hemos visto, priva al Estado de ingresos fiscales significativos.

La solidaridad y la caridad son actitudes siempre plausibles. Pero cuando sirven de coartada pública a un consorcio como Televisa,  tan comprobadamente equidistante de esas conductas, los fines aparentes del Teletón se pervierten y resultan sospechosos. Pocas empresas, como Televisa, se encuentran empeñadas actualmente en minar y desacreditar a la institucionalidad estatal. El Teletón es parte de ese eslabón ideológico, pero desde luego también con afanes políticos. En el Teletón, más que altruismo hay utilitarismo. Allí se comprueba de qué manera los caminos más aviesos están empedrados de buenas intenciones.

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La multa por 47 millones de pesos que la Comisión Federal de Competencia le impuso a Televisa pesará poco en las ganancias de ese consorcio. Pero tiene una relevancia simbólica y política que contribuye a la diversidad y al contraste en el adocenado panorama de la televisión mexicana.

Apenas ayer, 1 de diciembre, se dio a conocer el expediente merced al cual la Cofeco resolvió esa multa, aunque la decisión fue tomada el 20 de noviembre. La parte demandante es Tele Cable Centro Occidente, una empresa de televisión de paga que da servicio en estados como Michoacán y Guanajuato, entre otros. Tele Cable había incluido en su programación los canales de televisión abierta de Televisa (que tienen como frecuencias matrices los canales 2, 4, 5 y 9). Sin embargo a comienzos de 2006 Televisa le anunció que dejaría de ofrecerle ese servicio, con lo cual perjudicó a dicha empresa y a sus suscriptores.

En aquella decisión, Televisa se comportó con la prepotencia y arbitrariedad que conocen muchos de sus clientes. A cambio de la autorización para que incluyan sus canales de televisión abierta, que son los de más audiencia, ese consorcio les exige a los proveedores de televisión por cable que compren, además, las señales de canales de menor relevancia. La venta en paquete es, por sí misma, una práctica contraria a la diversidad en el mercado televisivo.

Pero en esa ocasión, Televisa simplemente no quiso autorizarle a Tele Cable la renovación del contrato que tenían para la reproducción de sus señales porque tenía el propósito de promover el servicio de televisión satelital Sky entre los clientes de la empresa cablera. Entre febrero de 2006 y marzo de 2008, Tele Cable fue perdiendo suscriptores. Uno de los motivos era la cancelación de tal servicio por parte de quienes habían dejado de encontrar en el paquete de esa empresa las señales de Televisa, las cuales sí formaban parte de la programación de Sky. La Cofeco estima que tan solo en enero de 2006, Telecable perdió al 11.6% de sus clientes y en octubre de ese año un 5.8% adicional.

La negativa a ofrecer el servicio de señales de televisión para así favorecer a una empresa de su propiedad, constituyó una práctica monopólica que, a juicio de la Cofeco, amerita una multa por 47 millones 513 mil 600 pesos. Televisa impugnará esa sanción y el desenlace de ese litigio es difícil de prever. Por una parte, la Comisión de Competencia tiene argumentos sólidos para sostener que hubo una transgresión, que por lo demás no es infrecuente, a la diversificación en el mercado de la televisión. Pero, por otra, la legislación mexicana no impone a las empresas de televisión abierta la obligación para ofrecer sus señales a los operadores de televisión por cable.

En muchos países, las empresas de televisión de paga tienen el deber de incluir en sus paquetes de programación las señales de la TV abierta. Y las televisoras de señal abierta están obligadas, a su vez, a permitir la reproducción de sus señales. A esas prácticas, en la jerga de las telecomunicaciones se las denomina must carry y must offer. Por lo general, los precios por la conducción de señales de TV abierta son establecidos por las autoridades que regulan la radiodifusión y las telecomunicaciones.

En México, en cambio, las televisoras se han opuesto a que existan esas reglas porque quieren seguir acaparando el mercado audiovisual. La multa que acaba de imponer la Comisión Federal de Competencia es pertinente porque subraya la necesidad de que existan reglas para atajar a los monopolios en los medios, pero ocurre de manera tardía y, además, resulta contradictoria con otras definiciones recientes de ese organismo.

Hace algo más de 5 años, la empresa DirecTV que ofrecía televisión satelital en todo México tuvo que marcharse de nuestro país debido a que Televisa le impedía incluir sus canales de televisión abierta. Al no contar con esos contenidos, muchos suscriptores de DirecTV se hicieron clientes de Sky que sí les ofrecía todos los canales de televisión abierta y que forma parte del Grupo Televisa.

En los años recientes, la Comisión Federal de Competencia había tomado decisiones notoriamente favorables a Televisa, cuya expansión y fortalecimiento ese organismo ha considerado conveniente para que pueda enfrentarse a Telmex. A partir de ese discutible cuan socialmente costoso criterio, la Cofeco autorizó a Televisa a comprar un buen número de empresas de cable en todo el país, las cuales han comenzado a ofrecer servicios de telefonía. La Cofeco no ha sido equitativa en sus decisiones porque, mientras tanto, a Telmex le sigue impidiendo que proporcione servicios de televisión.

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Dentro de una o dos semanas tendré mil amigos en Facebook. Al momento de escribir estas líneas ya suman 902. Comencé con un espacio en esa red social a mediados de 2006 pero en aquel tiempo no encontré interés en compartir mis preferencias musicales, cinematográficas o sibaríticas como me pedía ese sitio.

A mediados del año pasado un colega uruguayo, especialista en sicología del uso de Internet, me dijo que si no utilizaba mi espacio en Facebook alguien más podría abrir una página con mi nombre e inclusive utilizando, sin permiso, una fotografía mía. La idea de que alguien se hiciera pasar por mí, amparado en mi imagen y diciendo cosas que me serían atribuidas, debería haber resultado suficientemente enigmática para abstenerme de usar el espacio que ya tenía registrado en Facebook. El yo de la vida fuera de línea podría tener en esa red dentro de Internet un alter ego totalmente fuera de mi control con resultados imprevisibles. Con el tiempo, quizá, podría culpar al yo digital de mis desventuras presenciales. Sin embargo el miedo no a la suplantación sino al ridículo motivado por alguien más, fue más intenso. Quizá, sobre todo, supuse que las aprensiones de mi colega uruguayo eran exageradas y que nadie querría tomarse la molestia de falsear mi personalidad digital. Para evitar esa decepción, yo mismo me hice cargo de la página en Facebook.

Llené los espacios que requieren anotar preferencias, coloqué una fotografía y me dispuse a esperar. En Facebook se estila que uno busque conocidos para pedirles que acepten ser nuestros amigos. Sin embargo, la idea enviarle a alguien un mensaje electrónico y solicitarle el favor de su amistad, me parecía semejante a recorrer los edificios cercanos al mío para tocar las puertas de los vecinos y pedirles que sean mis amigos. No por soberbia, sino por timidez, me dispuse a esperar que otros se apiadaran de mi precaria lista de amigos cibernáuticos y me añadieran a sus respectivas redes.

Durante los primeros meses tuve la amable sorpresa de encontrar a antiguos amigos de la vida presencial, junto a algunos colegas y ex alumnos que fueron nutriendo mi lista de contactos en Facebook. Aunque a varios de ellos les tengo confianza y afecto personales, me parecía un exceso hacerles saber mi “estado”, es decir, lo que me encontraba haciendo o pensando a cada momento. Cada vez que me asomaba al sitio me sorprendía con la franqueza, para decirle de alguna manera, que algunos miembros de la red de amigos demostraban para manifestar pensamientos, proyectos, acciones o frustraciones que en algunos casos resultaban embarazosamente íntimos.

La gana de manifestar en público circunstancias o contenidos que en otras condiciones serían propios únicamente del ámbito privado, es uno de los rasgos de Internet. Hace ya más de una década, el anonimato hizo de los salones de chat espacios abiertos a la desinhibición más explícita, en ocasiones demasiado. Pero en Facebook casi todo mundo da la cara y, cada vez que quiere, proclama sus vicisitudes con la misma franqueza de quienes se asoman a la ventana para gritarle sus emociones –o sus reflexiones, aunque estas son más escasas– a cualquiera que pase por la calle.

Por eso, hasta ahora, únicamente de manera ocasional coloco alguna frase que indique mi estado en Facebook. He compartido algunos acontecimientos con amigos conectados al mismo tiempo que yo, por ejemplo en enero cuando tomó posesión el presidente Obama o  en septiembre, cuando varios sitios en la Red transmitieron el concierto por la paz en La Habana. En otras ocasiones, he manifestado opiniones instantáneas como cuando el gobierno intervino abruptamente las instalaciones de Luz y Fuerza. Las reacciones de quienes comentan esas impresiones, las matizan, confirman o contrastan.

Lo que hago de manera regular es colocar ligas a los artículos que escribo tres veces a la semana para el sitio ejecentral.com.mx  y los que aparecen cada dos semanas en emeequis. Así, compartiendo puntos de vista en un océano digital más propicio a las emociones que a las reflexiones, he llegado casi al millar de amigos en Facebook. A algunos de ellos los conozco de manera personal. A muchos más únicamente en línea, pero la sinceridad con que comparten emociones y experiencias me compromete a seguir lo que dicen y eventualmente a dejarles algún comentario. Siempre me sorprenden, y a veces todavía me abochornan ligeramente, algunas de las llanezas que encuentro cada vez que entro a Facebook. Pero la curiosidad, que es una forma elegante de llamarle al entremetimiento, resulta más poderosa que cualquier reparo.

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La Ley Televisa sigue ocasionando estropicios. Además de los inadmisibles privilegios que concedía a las empresas televisoras, aquella reforma a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión estaba tan mal escrita, plagada de tantas confusiones, que ahora suscitó un enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo Federal. La Suprema Corte resolvió, ayer y antier, derogar varios artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque consideró que le adjudican a esa dependencia facultades que ahora son de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Requeridos por la Cámara de Diputados que planteó una controversia constitucional contra ese Reglamento, los ministros de la Corte tuvieron que dedicar dos sesiones, los días 23 y 24 de noviembre, para desenredar el galimatías que crearon los diputados y que avalaron los senadores que entre diciembre de 2005 y marzo de 2006 aprobaron aquellas reformas conocidas como Ley Televisa.

Esas reformas aparentemente conferían más atribuciones a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que se encargara de regular a la televisión y la radio. Pero lo hacían con tales titubeos y sin retirarle con toda claridad esas facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que, en vez de crear una autoridad con jurisdicción plena, lo único que lograron fue establecer dos polos de poder respecto de la regulación para la radio y la televisión.

A través de sus 107 artículos, la Ley Federal de Radio y Televisión constantemente repite que la regulación para esos medios corre a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, las reformas de 2006 transfirieron parte de esas tareas a la Cofetel pero no en esa Ley sino en la Ley Federal de Telecomunicaciones que en el apartado XVI de su artículo 9-A señala que, entre las atribuciones de esa Comisión se encuentran: “Las facultades que en materia de radio y televisión le confieren a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la Ley Federal de Radio y Televisión, los tratados y acuerdos internacionales, las demás leyes, reglamentos…”

En vez de modificar uno por uno los artículos de la Ley de Radio y Televisión en donde se menciona a la SCT para que en vez de esa Secretaría se especificara que tales atribuciones serían de la Cofetel, los legisladores o quienes hayan redactado la llamada Ley Televisa optaron por esa oblicua transferencia de facultades.

Pero no lo hicieron de manera absoluta. La confusión entre potestades de la SCT y la Cofetel se incrementó porque, en ambas leyes federales, varias de las atribuciones de la Comisión quedaron supeditadas a la decisión final que tomase la Secretaría.

Así, por ejemplo, el artículo 178-J de la Ley Federal de Radio y Televisión establece que para la asignación de una concesión, después de todo el proceso que debe organizar la Cofetel, “la resolución que declare al ganador de la licitación deberá ser presentada al Secretario de Comunicaciones y Transportes para la emisión del título de concesión”. Es decir, la última palabra es del titular de la Secretaría.

En otro caso, la Ley Federal de Telecomunicaciones en el ya mencionado artículo 9-A establece que entre las atribuciones de la Cofetel está la de “someter a la aprobación de la Secretaría, el programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico… así como coordinar los procesos de licitación correspondientes”.

Animado por esas disposiciones, que ampliaron las capacidades de la Cofetel pero que dejaban muchas de sus decisiones respecto de la radio y la televisión en manos de la SCT, a comienzos de 2009 el titular de esa secretaría, que en esa época todavía era Luis Téllez, logró que el presidente de la República expidiera un Reglamento Interior en donde se hacían explícitas tales facultades del Secretario de ese ramo.

Allí, entre las atribuciones del Secretario de Comunicaciones y Transportes, se incluía el otorgamiento y la prórroga, refrendo o revocación de concesiones y permisos de radiodifusión, la aprobación del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y de los programas para utilizar frecuencias de radiodifusión.

Esas disposiciones del Reglamento Interior de la SCT fueron impugnadas por la Cámara de Diputados a propuesta del grupo parlamentario del PRI. El pleno de la Suprema Corte, por mayoría, resolvió que tales atribuciones que en el Reglamento se le reconocen al secretario de Comunicaciones, le corresponden a la Cofetel.

Sin embargo cada título de concesión expedido o refrendado, o el Cuadro Nacional de Frecuencias, tendrán que seguir siendo suscritos o aprobados por el mismo titular de la SCT.

Hace casi un año, al secretario Téllez le interesaba reafirmar su capacidad de decisión en esos asuntos porque, aunque formalmente subordinada a la SCT, la Comisión Federal de Telecomunicaciones estaba enfrentada con él debido a las diferencias de apreciación en varios casos relacionados con la regulación de la telefonía.

Posteriormente, los diputados del PRI aprovecharon las contradicciones entre el Reglamento y las dos leyes federales para crearle un nuevo frente de impugnaciones al presidente Felipe Calderón.

Ahora la decisión de la Corte, que en realidad no establece novedad alguna, ha sido presentada como una derrota del gobierno federal. Así lo indicaron varios encabezados de primera plana. El Universal proclamó “Ejecutivo no podrá decidir concesiones”. Milenio anunció “Quita la Corte a SCT concesiones en radiodifusión”. Reforma casi se vanaglorió: “Pierde Calderón frente a Cofetel”. La Crónica consideró: “Propina la Corte revés a FCH y al titular de SCT”.

Pero la derrota es relativa no solamente porque, dígase lo que se diga, la legislación actual sigue subordinando las decisiones de la Cofetel al arbitrio de la SCT. Y sobre todo, no hay disminución alguna de las facultades del Ejecutivo Federal porque la Comisión Federal de Telecomunicaciones está subordinada al Presidente de la República.

Tormenta en un vaso de agua o, para decirlo con más elegancia, escaramuza interburocrática, este episodio tiene más trascendencia política que jurídica. Seguramente si la imagen presidencial no estuviera tan alicaída en la percepción de los medios, los diarios que hemos mencionado no habrían destacado de manera tan notoria esa decisión de la Corte.

Los diputados que impugnaron el reglamento de la SCT, en vez de distraer a la Corte con disputas cicateras podrían haber reformado la legislación para darle plena autonomía a la Cofetel. O podrían haber esclarecido las muchas contradicciones y duplicidades que hay en las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, sustituyéndolas por una legislación integral, moderna y capaz no solamente de precisar reglas claras para la asignación y renovación de concesiones, sino para promover la diversidad y la calidad en los medios electrónicos. Pero, claro, la grilla y el escándalo son más atractivos, y requieren menos esfuerzo, que la construcción de auténticas opciones legislativas.

Varios senadores de Acción Nacional se inconformaron con el epíteto que anticipadamente les endosó Pablo Gómez Álvarez a quienes virarían en beneficio de Televisa.

Esa fue la calificación que merecieron algunos de los 66 senadores, de casi todos los partidos, que aprobaron el artículo primero transitorio de la Ley Federal de Derechos. Como se ha explicado, esa disposición exenta del pago de derechos por dos años a las empresas que resulten beneficiadas con la concesión para utilizar dos nuevas bandas para telefonía celular.

Cuantificada en 5726 millones de pesos, la exención beneficiará al consorcio Televisa cuyos directivos han reconocido estar interesados en explotar esos valiosos segmentos del espacio radioeléctrico para incursionar en el negocio de la telefonía celular. No en balde, durante los días recientes empleados de Televisa desplegaron una activa labor de presiones y cabildeo para modificar el voto de algunos de los senadores que habían rechazado tal exención.

Cualquiera que fuese el destinatario de esa dispensa fiscal, se trata de una decisión harto cuestionable y que no tiene sustento económico, ni técnico. El único o el principal motivo que llevó a la mayoría de los legisladores del PAN y a prácticamente todos los del PRI a respaldar esa exención, primero en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado, es la gana para congraciarse con Televisa.

El Senado había manifestado una actitud distinta cinco días antes, la mañana del sábado 31 de octubre, cuando 58 de sus integrantes rechazaron la exención en ese pago de derechos, en tanto que 49 la respaldaron. En la votación de este jueves 5 de noviembre, al menos 15 senadores cambiaron de parecer y se sumaron los votos, además, de varios que no estaban presentes en la primera ocasión.

A esos legisladores que cambiaron su voto sin explicar tal mudanza el senador Pablo Gómez, con toda propiedad, les llamó “rajones”: “Como en este país los poderes oligárquicos sustituyen con una reciente rapidez a los poderes representativos del Estado, pues cualquier poder oligárquico convierte a la bancada más picuda, a la del gobierno, en un montón de rajones que no aguantan la requisitoria de un monopolio, estrictamente hablando, un duopolio. Así está todo México, ya veremos cuándo estalla”, dijo ese senador por el PRD.

Gómez se negó a retirar ese calificativo cuando el senador panista Ángel Alonso Díaz Caneja le pidió que se desdijera. Más tarde, el también panista Jorge Ocejo Moreno se inconformó explicando: “La expresión rajones en el lenguaje y en la realidad de nuestro país es una palabra que se dice en forma injuriosa al individuo que no cumple un pacto y entonces se le injuria  diciéndole: ‘oye no cumpliste’, sino se le dice: ‘rajón’. Y eso  es una injuria”. Tampoco así convenció al senador Gómez.

Tanto Alonso como Ocejo, votaron el sábado por cancelar la exención fiscal a Televisa. El primero de  ellos modificó su voto. El otro, lo mantuvo.

Ayer jueves hubo rajones en varios partidos, incluso en el que forma filas el senador Pablo Gómez.

Doce senadores del PAN que el sábado votaron contra la exención fiscal, ayer viraron su decisión para apoyarla. Se trata de los senadores Ángel Alonso Díaz Caneja, Humberto Andrade Quezada, Javier Castelo Parada, Blanca Díaz Delgado, Fernando Elizondo Barragán, José González Morfín, Emma Lucía Larios Gaxiola, Gustavo Madero Muñoz, Ramón Muñoz Gutiérrez, Adrián Pérez Rivera, Gabriela Ruiz del Rincón y Ricardo Torres Origel.

Pero no fueron los únicos. También cambiaron  su voto, de esa manera, Dante Delgado y Eugenio Govea, del Partido Convergencia. Otros cuatro senadores de ese partido, que se ausentaron de la votación del sábado, se definieron ayer a favor de la exención a Televisa. Se trata de Francisco Berganza, Gabino Cué, José Luis Lobato y Luis Maldonado Venegas.

Y en las filas del PRD, hubo una deserción. René Arce, que el sábado votó contra le exención, ayer se abstuvo. Cinco días antes, 18 senadores perredistas formaron parte del bloque contra la exención. Ayer fueron solamente 13. Hubo, de una manera u otra, quienes se abstuvieron de abstenerse.

Por otra parte dos senadores del PAN que inicialmente respaldaron la exención fiscal, ayer votaron contra ella. Se trata de Jaime Rafael Díaz Ochoa y Eduardo Nava Bolaños.

En total, 66 senadores avalaron la dispensa fiscal, 38 se opusieron a ella y 3 se abstuvieron.

Quienes respaldaron la exención, no adujeron una sola razón para ello. Sí presentaron argumentos, en cambio, el ya mencionado Gómez Álvarez y el senador panista Ricardo García Cervantes, opuestos ambos al obsequio de 5726 millones de pesos.

No hay justificación alguna para que Televisa –y/o las empresas que ganen la licitación para las nuevas bandas de radiocomunicación– dejen de pagar los derechos que establece la ley cuando, al mismo tiempo, decenas de millones de mexicanos tendremos que pagar más impuestos. Rajón, se le dice “a una persona que incumple lo prometido”, precisa el indispensable Diccionario de la RAE. Así que se puede hablar de rajones, no por haber modificado una posición lo cual es de lo más legítimo en cualquier parlamento, sino por hacerlo sin explicar sus motivos y a favor de una posición inicua, que se contradice con el interés popular que esos legisladores presumen representar.

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Con un día de diferencia, Televisa tropezó y se repuso en el Congreso. La exención por 5726 millones de pesos establecida en la Ley Federal de Derechos para las empresas que reciban la concesión de dos nuevas bandas de telefonía celular, fue rechazada en las primeras horas del sábado por 58 votos a 50 en el Senado. La Cámara de Diputados, en la madrugada del domingo, enmendó esa decisión por 252 a 143 votos.

La moneda o, mejor dicho, la prebenda, está en el aire. El Senado tendrá que revisar nuevamente esa dispensa por la cual pugna Televisa. Aunque las bases para licitar las bandas de 1710 y 2110 Megahertz aún no son publicadas, es ampliamente sabido que estarían dedicadas a esa empresa. Los propios ejecutivos de ese consorcio reconocieron que están muy interesados en tales frecuencias que les permitirían incursionar en la telefonía inalámbrica de banda ancha.

Los lectores de esta columna conocieron la semana pasada la conformación y utilidad de las frecuencias por cuya explotación la Ley Federal de Derechos establece, en su artículo 244 – E, un pago de 5 mil 726 millones de pesos. El interés por asegurar la exención de ese pago, señalada en el multicitado artículo transitorio, desató en los días recientes una de las campañas de presiones más intensas que haya desplegado Televisa sobre la clase política mexicana.

A juzgar por los resultados, hasta ahora, el PRI se doblegó y se hizo partícipe de los intereses del consorcio mediático. El PAN, se dividió ante ellos y en la Cámara de Diputados la mayoría de los legisladores de ese partido votó contra la exención fiscal. El PRD ha mantenido un homogéneo rechazo a tales privilegios.

A los amagos que Televisa ejerce respecto de los legisladores, se les podría llamar cabildeo pero también chantaje. Esa empresa tiene derecho a pugnar por sus intereses, así sean tan contrarios al interés de la sociedad como cuando pretende que se le exima del pago de varios miles de millones de pesos mientras la mayoría de los contribuyentes en este país tendrá que destinar más recursos al pago de sus impuestos.

Sin embargo cuando, en busca del voto de senadores y diputados, Televisa ofrece tratamientos mediáticos preferenciales a quienes colaboren con ella, está lucrando doblemente con el espectro radioeléctrico que tiene concesionado para difundir señales de televisión pero que además aprovecha para gestionar favores políticos.

La columna de información política de eje central, en un recuento del tira y afloja en el Senado, reseñó el sábado: “Varios senadores, como Santiago Creel, recibieron amenazas políticas si rechazaba el transitorio del 244. Pero la presión más fuerte se dio una hora antes de que pasara a votación. Por una decisión del pleno de los senadores panistas, se había decidido que votarían en bloque en contra de ese transitorio, pero durante la intensidad del cabildeo, cuando menos un senador habló directamente con el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, quien le pidió que aprobara el dictamen. Al final de la votación se rechazó el transitorio, pero 12 panistas, incluido Ulises Ramírez, que fue coordinador de asesores del ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, se replegaron ante Televisa”.

Una presión similar experimentaron los diputados. La cancelación del contenido principal del artículo Primero Transitorio de la Ley Federal de Derechos formó parte de las enmiendas que, enviadas por el Senado la mañana del sábado 31 de octubre, la Cámara de Diputados tenía que desahogar ese mismo día. Aparentemente la primera decisión de los grupos parlamentarios fue avalar ese cambio. En el dictamen que elaboró y fue publicado el sábado 31 de octubre en la Gaceta Parlamentaria, la Comisión de Hacienda de esa Cámara estaba de acuerdo con la enmienda que hizo el Senado para eliminar la exención establecida en el transitorio. Unas horas después, sus integrantes cambiaron de opinión.

Durante la discusión en el pleno, la madrugada del domingo, se confrontaron la defensa del interés de la sociedad y la defensa de los privilegios para Televisa. Con abundantes argumentos, los opositores a la exención dijeron que no es admisible que a una empresa, cualquiera que sea, se le dispense el pago de derechos y menos aún por varios miles de millones de pesos. Con menos recursos argumentales, pero a la postre con más votos, los promotores de la exención repitieron que sería un recurso para “estimular” la inversión privada en telecomunicaciones.

El cuestionamiento a ese privilegio fiscal fue encabezado por el diputado Javier Corral Jurado, de Acción Nacional. Lo respaldaron José Narro del PRD, Jaime Cárdenas, del PT y Guillermo José Zavaleta, del PAN. La defensa del artículo transitorio, que establece la exención, la hicieron Alberto Cano Vélez y Roberto Gil Zuarth. El primero, es el priista sonorense que propuso el Artículo 244 – E junto con la discutida dispensa fiscal y cuya cercanía con Manlio Fabio Beltrones, el líder de ese partido en el Senado, no ha sido un secreto. Roberto Gil ha defendido notoriamente los puntos de vista empresariales en el grupo parlamentario del PAN.

La votación, realizada pocos minutos antes de las 4 de la mañana, refrendó por mayoría el respaldo que la propia Cámara de Diputados había otorgado días antes a la exención que podrá beneficiar a Televisa. El PRI votó casi en bloque a favor de esa postura: 180 diputados estuvieron contra la reforma del Senado, 4 en contra y 11 se abstuvieron.

Tampoco fue una sorpresa la votación unánime del PRD, el PT y Convergencia a favor de la reforma aprobada por los senadores –es decir, contra la millonaria exención–. Ni el respaldo igualmente homogéneo del Partido Verde y de Nueva Alianza a los intereses del consorcio mediático.

Pero la votación de los diputados del PAN indica el disgusto de muchos legisladores en ese partido en contra de las adhesiones forzosas y las decisiones incómodas que sus dirigentes les han apremiado para que compartan. 68 legisladores panistas votaron por la reforma senatorial (es decir, contra la franquicia fiscal), 14 se abstuvieron y 47, entre ellos la coordinadora Josefina Vázquez y el dirigente nacional César Nava­, respaldaron el artículo transitorio que con tanto ahínco, y esa madrugada con éxito, defendió Televisa.

Publicado en eje central

Ha sido sorprendente, e incluso inexplicable, el silencio de las revistas ante la posibilidad de que sea cancelada la publicidad del gobierno federal para esos medios de comunicación. Pareciera que no lo quieren creer y que sus editores reaccionan negando un hecho tan avasallador que prefieren ignorar. O quizá muchos de ellos confían negociar, cada uno por su parte, condiciones de excepción que les permitan sortear el brete en el que las coloca la decisión de la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

También podría ocurrir que esa decisión no sea del todo firme y que la versión publicada por la revista etcétera en su edición de octubre, no fuese más que un buscapiés de Los Pinos para evaluar la reacción de editores y lectores. Esa versión dio cuenta de las instrucciones recibidas por varios jefes de prensa, en al menos ocho secretarías de Estado, para cancelar la contratación de publicidad en revistas.

La suspensión de la presencia pagada del gobierno en las revistas se debe, aparentemente, a los apremios financieros de la administración pública. Sin embargo la Presidencia, desde donde se organiza el gasto publicitario de las dependencias gubernamentales, estaría emprendiendo ahorros en el extremo más débil, y financieramente menos significativo, del ciertamente cuantioso desembolso que hace en medios de comunicación de toda índole.

De acuerdo con datos de la misma etcétera, para 2009 el gobierno federal presupuestó una erogación publicitaria de 3 mil 704 millones de pesos. Solamente 89 de esos millones de pesos estaban previstos para ser gastados en revistas. Pero la mitad de esos más de 3700 millones de pesos, fue destinada a la televisión y la radio privadas, especialmente a Televisa y Televisión Azteca.

La contratación de publicidad ha sido un instrumento de doble filo en la perversa relación entre el gobierno y los medios en este país. Con las inserciones que paga en ellos, el poder político busca la complacencia de medios tanto impresos como electrónicos.

Centenares de diarios y revistas, en todo el país, dependen mucho más de la publicidad de origen estatal que de inserciones comerciales o de la venta de ejemplares. En muchos casos se trata de una prensa sin lectores, a la que no le interesa llegar al público porque su única motivación radica en facturar publicidad que será pagada con recursos fiscales.

El gobierno federal pero también los gobiernos de los estados, los municipios más importantes, los poderes Legislativo y Judicial, así como organismos como las comisiones de derechos humanos y las principales universidades públicas, gastan recursos anunciándose en medios de todo tipo. Los funcionarios a cargo de esas dependencias e instituciones, suelen dilapidar recursos públicos para comunicarle a la sociedad que están cumpliendo el trabajo para el cual fueron designados.

Pero la publicidad oficial también sirve para sostener publicaciones que de otra manera no existirían, o que lo harían en condiciones mucho más precarias. Prácticamente no hay revista de contenido político y/o cultural que pudiera subsistir si no fuese por la publicidad oficial.

Hace un par de semanas, el 63% de las inserciones publicitarias que aparecieron en Proceso era de origen estatal. En esa estimación incluimos anuncios de gobiernos federal, estatales y de diversos organismos e instituciones públicas.

En sus ediciones de octubre, la revista Nexos tenía un 70% de publicidad estatal y Letras Libres, el 49%.

Si el gobierno quiere ahorrar, podría comenzar por cancelar la publicidad en televisión y radio, medios en los cuales dispone de varios minutos al día para difundir sus mensajes. Y si quisiera modificar en serio el tráfico de intereses y la relación malévola con los medios propiciados por el gasto publicitario, podría cancelar toda compra de espacios de promoción oficial en todos los medios de comunicación.

Para que esa decisión no implicara la desaparición de medios social, periodística y culturalmente necesarios como las revistas mencionadas y otras más, podría haber una política de ayudas a la prensa similar a la que existe en varios países europeos. Una comisión independiente podría asignar recursos públicos no para comprar publicidad sino para que, apoyando al periodismo de calidad, el Estado cumpliera su responsabilidad de auspiciar la difusión de contenidos útiles a la información y la educación de la sociedad.

Publicado en emeequis

Indispensables, ineludibles, irreemplazables, los medios de comunicación se han convertido en instrumentos pero también protagonistas necesarios en las democracias contemporáneas. Hoy en día la construcción de consensos no se puede emprender, ni mantener, sin la propagación de mensajes a través de los medios de comunicación de masas. Y a la vez que espacios en donde circulan informaciones y opiniones, los medios son hoy por hoy factores de poder que incorporan sus propios intereses a la agenda e incluso a la definición de los asuntos públicos.

Los medios irradian, socializan y difunden los asuntos públicos. Pero también los acotan, tamizan y en no pocas ocasiones los simplifican o distorsionan. Constituyen recursos formidables para solidificar la democracia y extender las convicciones cívicas. Pero también llegan a erigirse como uno de los impedimentos más importantes que experimenta el desarrollo de las democracias. Los medios de comunicación son, de esa manera, imprescindibles tanto para alcanzar y sostener como para debilitar e incluso amenazar la gobernabilidad.

En la construcción de la gobernabilidad es posible identificar, de inicio, tres acciones o procesos en los que resulta inevitable el concurso de los medios de comunicación. Cualquier comunidad de ciudadanos, en el ámbito de una ciudad o un país, requiere de medios como la televisión, la radio y/o la prensa tanto para enterarse del desempeño de sus instituciones de gobierno como para evaluarlo. Desde luego, el recurso esencial que tienen los ciudadanos para juzgar a sus gobernantes se encuentra en el sufragio. Pero antes y después de él e incluso para definir por quién habrá de votar en las elecciones, los ciudadanos se apoyan en los hechos y dichos que propagan los medios de comunicación acerca de las acciones y omisiones de la clase política y de quienes aspiran a formar parte de ella.

Los medios también son indispensables para propiciar la aceptación de los ciudadanos a las decisiones de sus gobernantes o, en términos más actuales, para crear los consensos sin los cuales la democracia y la gobernabilidad resultan imposibles. Los medios de comunicación no se bastan a sí solos para definir las preferencias y las opiniones de los ciudadanos acerca de los asuntos públicos. Tanto en la creación de la agenda de esos asuntos, como en la definición del imaginario social que se establece alrededor de ella, los medios tienen fuerte influencia. Pero ese ascendiente se conjuga con el que pueden ejercer otras fuentes de información, persuasión y socialización –los entornos familiar, escolar y laboral, la discusión y el intercambio en reuniones de la más diversa índole, la experiencia de los ciudadanos y desde luego su aptitud de raciocinio, etcétera–. En otras oportunidades hemos demostrado, por ejemplo, que no hay correlación directa entre la cantidad de espacios que la televisión y la radio asignan a los candidatos en las campañas electorales por la Presidencia y los resultados de las votaciones en las urnas.

Los medios, de tal forma, son necesarios pero no omnipotentes. La suposición de que la televisión y la radio –o, con otras modalidades, la prensa- determinan mecánicamente el comportamiento de sus audiencias como si inyectaran convicciones y persuasiones a la manera de una aguja hipodérmica, quedó superada hace largo rato en la investigación sobre comunicación de masas. Aquellas apreciaciones, de las cuales se propalaron versiones un tanto exageradas, suponían que los individuos, en la sociedad de masas, pueden ser tan idénticos entre sí que reaccionarán de la misma manera ante los mensajes de los medios de amplia difusión. Pero como cada persona tiene contextos, escolaridad, creencias, personalidad, juicios y prejuicios distintos, entre otros muchos rasgos y condiciones, los mensajes mediáticos son recibidos de muy variadas formas. Ello no significa que los medios no tienen efecto entre las personas. Simplemente, el reconocimiento de esos entornos y situaciones diversas permite admitir que los medios no lo definen todo y que sus efectos se encuentran tamizados –mediados, en sentido estricto– por variadas eventualidades.

Sin embargo, con frecuencia los gobernantes y quienes aspiran a serlo les atribuyen a los medios de comunicación una capacidad movilizadora y de manipulación prácticamente inexorables. La proclividad de no pocos operadores mediáticos –locutores, periodistas, presentadores, empresarios de ese ramo, etcétera– para mostrarse a sí mismos como indefectibles constructores de las convicciones e incluso los caprichos que predominan en las sociedades contemporáneas, contribuye a extender esa imagen de predominio comunicacional. Al ostentarse como detentadores e incluso suplantadores de la opinión pública –como si en las sociedades de hoy en día no hubiera muchas opiniones acerca de cualquier acontecimiento o tema de interés públicos– los medios y quienes los manejan acentúan las creencias en torno a su capacidad para moldear los juicios de los ciudadanos y, así, la resignación que los políticos llegan a tener delante de los medios mismos.

El texto anterior forma parte de un ensayo sobre medios de comunicación y gobernabilidad en México incluido en un libro, coordinado por el profesor Manuel Alcántara, sobre la situación mexicana reciente. El volumen, fue presentado esta semana dentro del Congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales en Salamanca, España.

Anoche, varios miles de usuarios mexicanos de Internet comenzaban a festejar el posible rechazo del Senado al impuesto del 3% a las telecomunicaciones. Se trataba apenas de las posiciones manifestadas por PRD y PRI en las comisiones que revisan los documentos de política fiscal que les envió la Cámara de Diputados. Pero esas declaraciones iniciales, la necesidad que tienen los senadores para modificar aunque sea parcialmente los impopulares nuevos impuestos y la simpatía que despertó el movimiento de usuarios de Internet, permitían sostener tal conjetura.

El impuesto a las telecomunicaciones no movilizó a los usuarios de telefonía fija o celular, ni a los suscriptores de televisión por cable a quienes, de ser aprobado, ese impuesto afectará con el mismo porcentaje. Fue en la Red de redes –específicamente en Twitter, ese sitio habilitado para el intercambio de mensajes cortos y contundentes que se ha puesto de moda desde hace un par de años– en donde rápidamente prendió el descontento contra ese gravamen. Quizá por ello el impuesto sea cancelado para Internet, aunque podría mantenerse en otros servicios de telecomunicaciones.

Los seguidores del movimiento #internetnecesario se expresaron con eficacia, claridad y contundencia, aunque varias de sus premisas resultaran equívocas. El impuesto, previsto en la iniciativa del gobierno para ser del 4%, no hubiera detenido significativamente el desarrollo de Internet, ni habría desalentado a quienes hoy en día pagan por conectarse a la Red.

Pero no fue en las matemáticas, sino el corazón, en donde estuvo el motor de ese movimiento ciudadano.

En el ánimo de esos internautas enojados influyeron tres factores. En primer lugar, la sensación de que además de muchas otras e injustas cargas fiscales, el poder político se entremetía para encarecer un territorio libre, abierto y en muchos sentidos noble como es el de la Red de redes.

En segundo término, la defensa de Internet fue el catalizador para el descontento que, por otros y muy variados motivos, tienen muchos de esos internautas en contra del poder y las instituciones políticas. Los improperios a los legisladores con los que fueron aderezados muchos de sus mensajes dan cuenta de ese ánimo contestatario, de clara desafección respecto de la política.

En tercer lugar, la molestia contra el impuesto fue alimentada por las empresas de telecomunicaciones que, más por motivos ideológicos que financieros, alegaron que dicha industria quedaría paralizada, o casi, debido a la nueva carga fiscal.

En todo caso la convicción que desplegaron en defensa de un instrumento que consideran suyo y del cual, en efecto, se han apropiado con provecho cívico; la eficaz promoción de sus inquietudes que llegó en decenas de miles de mensajes y luego presencialmente hasta las oficinas de los legisladores; la originalidad y el carácter desinteresado de su protesta, les permitió a impulsores y seguidores de ese movimiento obtener un triunfo al menos inicial.

Sea cual sea el desenlace de este episodio, lo más importante ha sido la reivindicación de Internet como un bien público. Para que lograr y afianzar esa cualidad, sería pertinente que #internetnecesario se preocupara por algo más que los impuestos.

El problema esencial que mantiene estancado al servicio de Internet en México, es la ausencia de una política pública para respaldar, extender y garantizar lo mismo conexiones de calidad, que la dotación de equipos y la capacitación suficientes. En este país, el Estado ha dejado el desarrollo de Internet al garete del interés empresarial.

En México, como hemos insistido hace ya buen rato, las tarifas de conexión a Internet son de las más altas y la velocidad de los enlaces de las más lentas, tanto entre los países de la OCDE como en América Latina. Padecemos precios caros y enlaces malos, debido a la falta de competencia para proveernos de ese servicio pero, antes que nada, a causa de la intencional omisión del Estado para ocuparse de tales asuntos.

La semana pasada, el gobierno de Brasil anunció que invertirá 5740 millones de dólares para, en asociación con varias empresas, llevar Internet de banda ancha a todo ese país. En plena crisis global, los brasileños se dan espacio y recursos para ofrecer Internet rápida y para todos.

En México, lejos de fomentar telecomunicaciones para la sociedad se favorece el negocio de las grandes corporaciones. Entre las disposiciones a consideración del Senado se encuentra la exención por 5726 millones de pesos a la o las empresas que serán beneficiadas con la licitación de nuevos segmentos del espectro radioeléctrico en los cuales se transmitirán señales de telefonía celular e Internet.

Esos son asuntos que podrían interesar a quienes han desplegado un creativo entusiasmo al destacar a Internet como un recurso necesario.

Publicado en eje central