Sociedad y poder

La Crónica, 8 de mayo

Un millón de pesos diarios. Esa es la cantidad que el gobernador de Jalisco ha regalado a instituciones y empresas privadas desde que tomó posesión de ese cargo, en marzo del año pasado. Los 90 millones de pesos que decidió donar a la iglesia católica para la construcción de un santuario cerca de Tlaquepaque constituyen el obsequio más cuantioso y polémico, pero no el único, que Emilio González Márquez ha otorgado con dinero público.

Donativos a las televisoras, transferencias a firmas privadas, un regalito que mandó hacer para entregarle al Papa en El Vaticano y gratificaciones varias a fundaciones identificadas con grupos católicos, son parte del derroche del cual se ufana el gobernador de Jalisco. Se trata de 420 millones de pesos hasta fines de abril. El reportero Alejandro Almazán hizo el detallado recuento de esos gastos en la edición más reciente de la revista emeequis.

A quienes han cuestionado la discrecionalidad con que gasta dinero que no es suyo, sino de los ciudadanos, el gobernador González Márquez respondió el 23 de abril con la ordinariez que ha sido profusamente comentada en todo el país. Las mentadas de madre le han sido revertidas por muchos de sus conciudadanos en diversos actos públicos realizados para reclamarle no sólo por lenguaraz, sino por abusar de su cargo al frente del gobierno jalisciense.

También debido a la presunción de uso inadecuado de recursos públicos los donativos del gobernador, especialmente los 90 millones de pesos que prometió al llamado Santuario de los Mártires, han sido causa de una averiguación que la Cámara de Diputados solicitó, por unanimidad, la semana pasada. Esa indagación, que les fue requerida a las secretarías de Gobernación y de la Función Pública, tiene sustento en la normatividad para el ejercicio de recursos a cargo de los gobiernos estatales y, además, en la legislación para las corporaciones eclesiásticas.

Aunque dice que es para alentar al turismo, el donativo de 90 millones de pesos estará destinado a respaldar la construcción de un recinto religioso (“el más grande de América Latina”, se ufana la jerarquía de la iglesia católica en Jalisco) en el cerro del Tesoro, cerca de la capital tapatía. Quizá al gobernador González Márquez y a quienes con tanto fanatismo como el suyo defienden esa donación les resultaría útil atender al artículo 3 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público expedida en 1992:

“El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derechos de terceros. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa”.

Evidentemente la entrega de una suma de dinero, del monto que fuese pero especialmente si asciende a la cantidad que González Márquez autorizó para sus amigos de la Diócesis de Guadalajara, constituye un gesto de favoritismo. Cualquier otra corporación eclesiástica podría considerarse con derecho a recibir un regalito similar para no padecer discriminación por parte del gobernador de Jalisco.

Con ese donativo, González Márquez confirma la subordinación que tiene respecto del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, el jactancioso patriarca de la iglesia católica en Jalisco. La proclividad de ese personaje para lucrar políticamente con el falseamiento de asuntos públicos se ha confirmado con las versiones distorsionadas que ha propalado acerca del asesinato de su antecesor, el arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo.

Así también, la construcción del llamado Santuario de los Mártires dista de ser un proyecto para favorecer al turismo en Jalisco. Se trata de una obra para respaldar a los segmentos más conservadores de la iglesia católica. Es decir, el gobernador González Márquez no solamente ha transgredido la Ley de Asociaciones Religiosas al destinar dinero público a una corporación eclesiástica. Además apoya, con recursos del Estado, a una de las facciones más retardatarias de la iglesia católica. Eso es jugar con fuego.

Los mártires a los que se pretende recordar con el presunto santuario no se distinguieron por sus obras piadosas, ni por contribución alguna a la doctrina de la iglesia católica. Se trata de fieles que se alzaron en armas contra el Estado mexicano con motivo de las restricciones al ejercicio de los ritos religiosos que impuso el gobierno de Calles a fines de los años 20 del siglo pasado.

El encono entre defensores y antagonistas de la iglesia católica constituyó una fase de auténticos desgarramientos en la sociedad mexicana hace ocho décadas. En ambas partes de ese diferendo hubo fanatismo y excesos, en ocasiones de notable violencia y arbitrariedad. Con la construcción del Santuario en Tlaquepaque el clero de Jalisco reanima esas discrepancias y lo hace de la peor manera, exaltando a personajes respecto de los cuales existen juicios históricos bastante contradictorios.

Los llamados mártires de Jalisco fueron víctimas pero, antes que nada, corresponsables de la conflagración social y política que anidó en ese y otros estados en los años de la guerra cristera. Entre la docena de militantes católicos que recientemente fueron beatificados y en cuyo honor se quiere erigir el nuevo monumento, destacan José Anacleto González Flores y Miguel Gómez Loza. El primero de ellos apuntaló en Jalisco uno de los bastiones más intolerantes y –literalmente– belicosos de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Gómez Loza lo respaldó y según diversos testimonios participó en acciones de violencia como el asalto, el 19 de abril de 1927, al ferrocarril que iba a la ciudad de México.

La historiadora Laura Campos Jiménez, en su libro Los nuevos beatos cristeros. Crónica de una guerra santa en México, relata que Gómez Loza respaldó a los sacerdotes José Reyes Vega, Jesús Angulo y Aristeo Pedroza así como al guerrillero Victoriano Ramírez, apodado “El Catorce”, que descarrilaron el tren a 7 kilómetros de La Barca, en Jalisco.

Al día siguiente, 20 de abril de 1927, El Universal Gráfico reseñó: “El criminal acto que hizo víctimas no sólo a la escolta, que se batió heroicamente, sino a una parte del pasaje, fue consumado por la gavilla capitaneada por los curas Vega, Pedroza y Angulo, el licenciado Loza y el cabecilla apodado ‘El Catorce’. La escolta sucumbió ante la superioridad numérica de los levantados y la fiereza de estos que hizo víctimas, en forma espantosa y con una crueldad subleva, a una parte del pasaje”.

Campos Jiménez explica: “La gavilla de cristeros que llevó a cabo este salvaje atraco, tuvo conocimiento de primera mano a través de Miguel Gómez Loza (ahora beato) que la sucursal Guadalajara del Banco de México, enviaría por ferrocarril una importante suma de dinero a México el citado 19 de abril, el cual habrían de asaltar y hurtar”.

Allí mismo se transcribe el testimonio del miliciano cristero Luis Rivero del Val: “Los cristeros se apostaron bien parapetados en ambos lados de la vía, dominando el convoy. El destacamento a cuyo cuidado iban los pertrechos se diseminó por todos los carros y ocupó las ventanillas, desde las cuales hicieron fuego incesantemente, sin importarles la seguridad del pasaje, el cual tirado contra el piso de los mismos carros, quedó expuesto a las balas de los atacantes. El combate duró casi tres horas, hasta que sucumbió el último hombre de la escolta, que dicho sea en su honor, se portó con fiera valentía. Una vez dominada la situación subieron los rebeldes al tren, se apoderaron de las armas, pertrechos y dinero que en él se conducían… posteriormente regaron los carros con el combustible de la máquina y les prendieron fuego”.

Lo hicieron con todo y muchos de sus ocupantes. El Universal Gráfico del 21 de abril informó: “Subieron los rebeldes sin escuchar a las mujeres que pedían piedad. Bajaron del tren los pasajeros que pudieron hacerlo, pero se quedaron los niños y heridos. Los asaltantes, sin miramiento alguno, regaron de chapopote los carros y les prendieron fuego, consumiéndose por completo y oyéndose en medio de la hoguera los gritos de quienes se quemaban vivos”.

La investigación de Campos Jiménez ofrece otros ejemplos de la saña de quienes luego serían beatificados por la iglesia católica. Seguramente de la otra parte también hubo excesos. Así fue, deplorable y absurdamente, la guerra cristera.

Esas cenizas son las que remueve el “santuario” de Sandoval Íñiguez. Esos abusos de los cristeros en Jalisco son los que respalda el gobernador Emilio González Márquez. El gobernador de Jalisco no solamente utiliza dinero público para respaldar una causa particular. Además a esa causa la singularizan la división y el odio entre los mexicanos.

Versión ampliada de la participación preparada para una mesa redonda sobre el conflicto post-electoral a la que convocó el Partido Alternativa y que se realizó el jueves 27 de julio.

 El 2 de julio tuvimos elecciones limpias, legítimas, legales. Votamos 6 de cada 10 mexicanos inscritos en el padrón. Los sufragios fueron contados y el cómputo fue conocido de acuerdo con las previsiones que la ley establece. Los principales grupos de observadores internacionales ponderaron la transparencia de estas elecciones. Ni durante la jornada electoral, ni en los días posteriores, se supo de un solo incidente que pusiera en riesgo la integridad o el cómputo de los sufragios. Las reglas que tenemos para elegir a nuestros gobernantes –y que, como se sabe, establecen sofisticados y  profusos candados para evitar el fraude– funcionaron al pie de la letra. Hacia la media noche del domingo 2, el presidente del IFE se abstuvo de ofrecer las tendencias registradas en los conteos rápidos de la votación por la Presidencia de la República porque la diferencia entre los dos candidatos punteros era tan estrecha que no permitía establecer un claro ganador. Durante las horas y días siguientes se fueron propagando, sin cesar, los resultados en cada una de las más de 130 mil casillas instaladas en todo el país. El Programa de Resultados Preliminares permaneció abierto durante casi todo el lunes hasta reunir datos del 98.37% de las casillas. El miércoles 5 de julio, cuando fueron computados los resultados de cada casilla, esa información también se conoció de manera inmediata conforme era confirmada en cada uno de los 300 distritos electorales. Con esos datos, la tarde del jueves 5 el IFE pudo dar a conocer de manera oficial, y siempre en cumplimiento de su obligación legal, los resultados de la votación. Gracias a esa información se confirmó que el candidato que había recibido más votos y con una diferencia de menos del 0.6% respecto de su rival más cercano era el panista Felipe Calderón Hinojosa.

   Nadie ignoraba que la declaración formal que confiere el nombramiento de presidente electo la extiende el Tribunal Federal Electoral, una vez desahogadas las impugnaciones que se le hubieran presentado. Pero saber con toda precisión la suma de los votos en las 130 mil 477 casillas que funcionaron el 2 de julio era un derecho de la sociedad que la autoridad electoral tenía la responsabilidad de acatar.

   En ese proceso el IFE sufrió dos equivocaciones. Una, cuando la noche del 2 de julio no explicó, con el detalle que hubiera sido necesario, la decisión que le impusieron los partidos para no dar a conocer los resultados de los conteos rápidos porque la distancia entre los dos candidatos que iban adelante era demasiado pequeña. La otra, al no informar con claridad ni oportunidad el procedimiento que la autoridad electoral, con acuerdo de los partidos, seguiría para separar de la contabilidad del Programa de Resultados Preliminares los votos contenidos en las actas que mostraban algún error cometido cuando fueron llenadas. La creación del “archivo de inconsistencias” era desconocida para la mayoría de los ciudadanos pero no así para los partidos políticos. Cuando el PRD y su candidato presidencial denunciaron el faltante de casi 3 millones de votos –en realidad eran 2 millones 581 mil– en las sumas mostradas por el PREP, actuaron de mala fe porque sabían que no se trataba de una irregularidad –más tarde se comprobaría que algunas de las consultas realizadas a ese archivo de inconsistencias que estaba disponible en Internet fueron realizadas por gente del PRD–.

Las quejas de López Obrador

   Tal vez la desconfianza condujo al dolo, o quizá fue al revés. En todo caso, desde el 3 de julio los dirigentes y el candidato presidencial de la llamada Coalición por el Bien de Todos se han empeñado en propalar una gran y muy grave cantidad de infundios acerca del proceso electoral. Una síntesis de esas acusaciones se encuentra en la carta que Andrés Manuel López Obrador le envió el 24 de julio a Felipe Calderón. Conviene revisarlas punto por punto (la numeración de esas imputaciones es nuestra) porque el litigio actual se desenvuelve, en buena medida, a partir de tales denuncias.

   1. Durante la campaña el Consejo General del IFE actuó de manera facciosa [1]. Esa es, antes que nada, una acusación extemporánea. Durante toda la campaña, López Obrador y la coalición que lo respaldó reconocieron el trabajo de las autoridades electorales y en varias ocasiones se comprometieron a respetarlo. El hecho de que ahora subrayen tal imputación, sin prueba alguna que la respalde pero repitiéndola con asiduidad, permite reconocer que ese candidato y su coalición no quieren una revisión seria de los resultados en las urnas sino la descalificación de todo el proceso electoral, comenzando por desacreditar a las autoridades que lo rigieron.

   2. La publicidad en los medios de comunicación no fue equitativa. Esa afirmación se desmorona cuando se examinan los resultados del monitoreo que el IFE encargó para contabilizar la propaganda política transmitida en los medios electrónicos entre enero y junio. La contratación de mensajes promocionales fue decisión de cada partido, de acuerdo con sus estrategias de campaña y sin más limitación que los recursos financieros de los que cada uno de ellos pudo disponer. De todos los mensajes en televisión pagados y específicamente destinados a promover a los candidatos a la Presidencia (los cuales sumaron un total de 40 mil 305 anuncios) el 25.86% era de la campaña de Roberto Madrazo, el 29.53% de la campaña de Felipe Calderón y el 40.48% eran anuncios pagados de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. El 3.6% de esos mensajes anunciaba la campaña de Roberto Campa del Partido Nueva Alianza y el 0.51% la campaña de Patricia Mercado, de Alternativa.

   Esos anuncios ocuparon un tiempo total 904 607 segundos, o sea algo más de 251 horas. De ese tiempo de publicidad pagada en televisión el 30.54% correspondió a la campaña del candidato presidencial del PRI, el 30.43% a la promoción del candidato del PAN y el 35.28% a la campaña del candidato a la Presidencia que postuló la Coalición por el Bien de Todos.

   En el caso de la radio, en cambio, la campaña de Felipe Calderón tuvo una presencia mayor: ocupó el 45.83% del total de anuncios pagados y el 39.66% del tiempo en el que fueron transmitidos esos mensajes. Se trató de un total de 233 352 mensajes pagados por todos los partidos y que ocuparon algo más de 4 millones 763 mil segundos (es decir, 1323 horas). De esos mensajes el 25.46% fueron de la campaña de Roberto Madrazo y el 25.88% de la campaña de López Obrador. El 1.44% de los anuncios en radio fueron contratados por la campaña de Campa y el 1.37% por la campaña de Patricia Mercado.

   En otros términos, la campaña del candidato presidencial del PRD pagó 4 de cada 10 anuncios en televisión y 2 y medio de cada 10 anuncios en radio. Es difícil hablar de inequidad cuando esa publicidad se pudo contratar libremente y especialmente cuando en el medio más costoso, que es la televisión, López Obrador fue el candidato presidencial que más recursos invirtió.

   3. Se gastó dinero a raudales, de procedencia desconocida, y se rebasaron por mucho los topes establecidos por la ley, dice López Obrador en relación a la campaña de Calderón. Pero hasta ahora no se han conocido datos que sustenten esa afirmación. Al menos en la contratación de espacio en medios electrónicos, que distintas estimaciones consideraron que habría ocupado entre el 60% y el 70% de los gastos de los partidos durante las campañas de 2006, López Obrador desembolsó más recursos que Calderón.

   4. Grupos de intereses creados pusieron en práctica un activismo ilegal. Durante las campañas, y especialmente en los últimos días antes del 2 de julio, se conocieron expresiones de sectores que se alineaban con algunos de los principales candidatos presidenciales. El Consejo Coordinador Empresarial pagó anuncios en televisión para alertar acerca del riesgo que supondría la modificación del modelo que ha orientado a la economía del país. Esos mensajes, aunque no mencionaban a candidato alguno, pudieron ser entendidos como respaldo a Calderón. Junto a ellos, se conocieron las expresiones de distintos grupos sociales –entre ellos los dirigentes de algunos sindicatos– que expresaron abiertamente su adhesión a López Obrador. Desde luego hubo grupos de intereses, como les llama ese candidato, que se manifestaron políticamente. Pero entre tales expresiones algunas favorecieron al candidato del PAN y otras al candidato del PRD.

   5. Se recurrió a la “guerra sucia”, a la mentira y a las campañas del miedo. En eso tiene toda la razón López Obrador, aunque si fuésemos rigurosos sería excesivo hablar de guerra sucia que es un término que remite a épocas y prácticas de represión que por fortuna hace tiempo dejamos de padecer en México y América Latina. A ese candidato se le olvida decir que las tres principales fuerzas políticas, incluyendo la que lo respalda, emplearon la infamación y la exageración como recursos de campaña. Contra él, se recordaron acciones y omisiones suyas especialmente cuando fue jefe de Gobierno de la ciudad de México y se le tildó de ser una amenaza para México. Esas podían ser –y fueron– afirmaciones discutibles. Pero hasta donde recordamos la propaganda contra López Obrador no estuvo sustentada en mentiras –seguramente fue exagerada, pero no necesariamente falsa, la equiparación de ese candidato con el estridente mandatario venezolano Hugo Chávez–.

   En cambio la campaña que los partidarios de ese candidato enderezaron contra Calderón sí dependió, en buena medida, de la utilización de falsedades. Los publicistas de la Coalición por el Bien de Todos manipularon, colocándolas fuera de contexto, escenas y frases de Calderón. A ese candidato, López Obrador lo culpó de haber favorecido ilegalmente a varios de sus familiares y nunca demostró tal acusación. Las versiones sobre los negocios presuntamente sucios de Hildebrando, así como la especie de que esa empresa tenía acceso al padrón electoral –lo cual, dicho sea de paso, no hubiera implicado irregularidad formal ni posibilidad de manipulación algunas– resultaron vistosos artificios propagandísticos que ocuparon amplio espacio en los medios y repercutieron en contra de la campaña de Calderón pero nunca fueron demostrados. Si alguien puede quejarse de una campaña sucia y mentirosa en su contra antes e incluso después del 2 de julio, es el candidato del PAN y no López Obrador. Luego de las elecciones, el empleo de la insidia por parte de algunos simpatizantes de López Obrador se ha extendido en cierta medida, en este caso con endebles argumentos misóginos y sectarios, en contra del Partido Alternativa y de su candidata presidencial.

   6. Se usaron los programas sociales del Gobierno federal y otros recursos públicos en apoyo a su candidatura. Tampoco esa afirmación ha sido demostrada. Hablar de “los” programas sociales, es decir de todos ellos, resulta por lo menos desmedido. El empleo de recursos de la política social para favorecer a los candidatos del gobierno en turno era frecuente cuando no se podía asegurar la secrecía y la libertad del voto. En la medida en que el sufragio lo decide cada ciudadano, las presiones de índole clientelar dejan de ser eficaces. En todo caso, si se hubiera de revisar el empleo de recursos gubernamentales para apoyar a un candidato sería preciso incluir en esas prácticas al gobierno de la ciudad de México.

   7. Fue pública y notoria la injerencia del Presidente de la República para golpearnos. Lo notorio y público fue el activismo del presidente Vicente Fox, pero no existen evidencias de que sus alusiones en supuesto respaldo al candidato de su partido hayan, realmente, golpeado a López Obrador. Incluso, quizá podría establecerse alguna relación entre las declaraciones del presidente y la intención de voto a favor del candidato de la Coalición por el Bien de Todos. Mientras más hablaba, el presidente Fox más perjudicaba al candidato del PAN. En todo caso, alusiones como las que formulaba Fox pueden haber sido incómodas, obtusas e incluso ordinarias, pero no fueron ilegales.

   8. Hubo manipulación en los sistemas de cómputo electoral y se falsificaron resultados en miles de actas de escrutinio. Las especulaciones y necedades que se han propagado a este respecto han sido tan asombrosas como dañinas para la confianza social en las elecciones. Durante varias semanas, alentada por la especulación mediática pero sobre todo por especialistas de dudosas calificaciones académicas, se habló de la existencia de un “algoritmo” que habría modificado el cómputo de la votación presidencial –aunque nadie explicó por qué quienes podrían haber querido favorecer de esa manera a Calderón se tomaron tanta molestia para que solamente ganara por una pequeña diferencia de votos–. Se diseñaron embrolladas versiones acerca del comportamiento en el flujo de la información de las casillas como si se tratase de datos que brotaban al azar y no, como sucedió, de acuerdo a diversas y nada aleatorias circunstancias –la ubicación geográfica de las casillas, la lentitud o presteza de los responsables de cada una de ellas para contar los votos, la decisión o no de los consejos distritales para abrir los paquetes, etcétera–.

   La especie de la manipulación cibernética ha estado apuntalada en la suspicacia pero no en hechos verificables cuando, de haber existido, nada sería más rastreable que cualquier alteración informática porque las modificaciones de esa índole siempre dejan huellas. Lamentablemente para quienes invirtieron imaginación y fantasía acerca de una falsificación tecnológica, el propio López Obrador declaró el 17 de julio que el fraude había sido “a la antigüita” y no cibernético.

Incongruencias, incompetencias

   Como en esa, en cada vez más ocasiones el candidato del PRD se contradice, se enmienda a sí mismo, tropieza con sus declaraciones, lo mismo reivindica que vilipendia a quienes lo representaron en las casillas, un día insiste en que nadie puede declararse ganador y al otro se proclama presidente de México. La irritabilidad, las contradicciones, su patética ausencia de proyecto político, el patente caudillismo que ejerce sobre sus seguidores, el rechazo a la autoridad electoral cuando se supo perdedor, la reticencia a comprometerse con la decisión del Tribunal, confirman las aprensiones de quienes hace largo rato alertaron –advertimos– contra las carencias y excesos políticos y personales del candidato presidencial del PRD.

   Hay quienes encuentran en López Obrador la recuperación del componente popular que hace tiempo perdió gran parte de la política mexicana. Algunos, se reconocen en las promesas de política social que han aderezado su discurso, aunque sin las medidas de política económica que harían posible un gasto público capaz de satisfacer las muchas promesas que hizo en su campaña. Muchos de sus simpatizantes le agradecen a López Obrador ayudas como la que estableció para los viejos, como si se tratara de recursos suyos de los cuales se hubiera desprendido para socorrer a los pobres. Hay quienes lo respaldan porque lo identifican con la izquierda.

   Entre los diversos perfiles que ha logrado construir, el más exitoso es aquel que lo presenta como redentor de los mexicanos más desamparados. El solo hecho de que hablar de los pobres haya sido una novedad, da cuenta de la indiferencia de las campañas de todos los partidos respecto de los rezagos sociales que agobian al país. López Obrador supo dar la impresión de que mientras la mayoría de los políticos se dedicaban a lucrar y maltratarse entre ellos, él se afanaba en socorrer a los necesitados. Que esa imagen prenda en sectores de la población abandonados o desengañados ante los fracasos del PRI y el PAN, ha sido comprensible. Los numerosos abusos perpetrados por gobernantes que llegaron al poder gracias al Revolucionario Institucional y las imperdonables ineptitudes de no pocos gobernantes miembros de Acción Nacional –comenzando por el presidente Fox– pavimentaron el camino electoral de López Obrador y su partido. En esas condiciones de disgusto ante la política convencional y desagrado con los saldos de la política económica se pudo consolidar la figura mesiánica, que aprovecha recursos del viejo clientelismo y moderniza algunos rasgos del ya conocido populismo, de Andrés Manuel López Obrador.

   La reivindicación de los pobres es un acierto en la actitud de ese candidato. Pero a los pobres López Obrador los quiere como clientela más que como destinatarios de políticas sociales específicas.  Y ese comportamiento, el talante personal de su dirigente y candidato, la oquedad de su programa político, la veleidad en su desempeño, la heterodoxia de sus alianzas y el mesianismo con que actúa especialmente cuando se enfrenta a situaciones difíciles, hacen imposible considerar, con seriedad, a López Obrador como un político de izquierda. A menos que las izquierdas hayan cambiado tanto que hayan perdido el perfil, el proyecto y sobre todo la ética que las definía, resulta insostenible reconocerle esa calidad al candidato de la Coalición por el Bien de Todos.

   Por lo pronto, López Obrador se muestra como un político ambicioso y ansioso, incapaz de capitalizar los nada desdeñables triunfos que su partido logró en las elecciones del 2 de julio. Consolidarse como la segunda fuerza política del país con 127 diputados y 29 senadores (en comparación con los 97 y 15 que tenía en la Legislatura que está concluyendo) [2] además de haber conservado el gobierno de la ciudad de México, son logros de los cuales el PRD se podría ufanar si no fuese un partido concentrado en un solo objetivo y orientado por una sola voluntad personal.

   Lo mismo se puede decir del despeñadero a donde López Obrador está llevando a su partido. Al negarse a respetar a una autoridad electoral que cumplió con las tareas y los plazos que le indica la ley, López Obrador se enfila a un callejón sin salidas legales ni políticas. Una primera víctima en este embrollo ha sido nuestro sistema electoral, cuya confiabilidad radica en dos grandes puntales. El primero de ellos es la existencia de normas capaces de garantizar la soberanía del voto de los ciudadanos. El otro pilar del sistema electoral mexicano es el compromiso de todos los actores políticos con esas reglas. Hasta ahora las reglas han funcionado. Lo que no se ha mantenido es el respeto de una de las principales fuerzas políticas del país al pacto que implica la competencia con esas normas. Desde el día siguiente a la elección, una vez que sus dirigentes supieron que no tenían la mayoría de los votos, la Coalición por el Bien de Todos emprendió una campaña para desnaturalizar y desconocer ese resultado.

El PAN, la derecha, Calderón

   Si hacemos énfasis en las inconsecuencias y los riesgos que implican el comportamiento de López Obrador y la coalición que lo respalda, es porque de allí ha provenido el desafío a las reglas y la institucionalidad electorales que están por convertirse en la más aguda crisis política que el país haya experimentado en varias décadas. De esa crisis nos puede librar la resistencia, todavía verificable, de las instituciones políticas y especialmente de las que están encargadas de sustentar y sancionar el  proceso electoral. Desde luego, no podemos olvidar que en el otro flanco del escenario político también hay preocupantes desatinos.

   Al comportarse como presidente electo sin haber recibido formalmente esa investidura, Felipe Calderón ha añadido elementos de tensión adicionales a un escenario público de por sí desastrado por profusas acusaciones y suspicacias. La noche del 2 de julio, después de que López Obrador dijo que él había ganado con una diferencia de por lo menos medio millón de votos, era inevitable que el candidato del PAN reclamase, también, ese triunfo. Lo que hizo Calderón fue leer los resultados de media docena de conteos rápidos y encuestas de salida para, con esos datos, considerar que era él quien había vencido en la competencia presidencial. Más tarde, el todavía aspirante presidencial ha procedido de manera equívoca. A veces recuerda que la última palabra sobre el proceso electoral la tendrá el Tribunal Federal. Pero en otras ocasiones se comporta y acepta ser tratado como si ya hubiera recibido la confirmación como presidente electo.

   En ese comportamiento errático, Calderón y su equipo de campaña manifiestan la insuficiente experiencia con la que están enfrentando esta ciertamente inédita y compleja circunstancia. Aunque aguardan la resolución del Trife con suficientes elementos para tener confianza –si bien nadie puede estar seguro del sentido que tendrá esa decisión– Calderón y su equipo también han querido jugar a la presión mediática. En ese afán ha aceptado los parabienes de actores sociales y políticos muy diversos, para afianzar la impresión de que su consenso aumenta. Pero es muy discutible el beneficio que le pueden significar respaldos de dirigentes sindicales tan desacreditados como el que encabeza a los ferrocarrileros o la profesora que detenta el cacicazgo en el gremio magisterial. Esa reedición, sintetizada y edulcorada pero finalmente grotesca de la vieja cargada priista, suscita reservas fundadas sobre la política y las alianzas que definirán al próximo presidente en el muy posible escenario de una ratificación de los datos que señalan a Calderón como el triunfador del 2 de julio.

   La fuerte posibilidad de que sea él quien gobierne a este país durante los próximos seis años, hacen más inquietantes el desempeño reciente y el desafiante cuan adelantado triunfalismo de Calderón. Esa posibilidad tendría que ser correspondida con una actitud más responsable, a diferencia de la que singulariza al candidato de la Coalición por el Bien de Todos. Sin embargo Calderón, aunque en menor medida, también ha contribuido a la polarización que abruma hoy a la sociedad mexicana con decisiones como la prematura e innecesaria designación de un “equipo de transición” o con exhortaciones simbólicas pero promotoras de nueva discordia como la invitación a portar una pulsera blanca en pueril contraposición a la de tonos tricolores que llevan los defensores de López Obrador.

   Desde una perspectiva analítica y un tanto maniquea, a Calderón y a su partido se les identifica con la derecha conservadora. Las frecuentes reticencias que él y su partido han manifestado para respetar algunos derechos individuales básicos  y el compromiso que asumieron con intereses no solo empresariales sino incluso facciosos como los que impulsaron la Ley Televisa ratifican esa filiación. Sin embargo en otros campos (política social, política exterior, reformas institucionales) el proyecto de Calderón podría considerarse como de centro. Si desde el campo social carece de contrapesos suficientes y sobre todo de exigencias específicas, podría ocurrir que los adeudos políticos que tiene con intereses y facciones conservadores terminasen por circunscribirlo totalmente.

Voto por voto

   La exigencia para que se cuente voto por voto ha sido propagandísticamente eficaz –al menos entre un significativo segmento de ciudadanos que sigue simpatizando con López Obrador– pero es políticamente incierta y jurídicamente limitada. Desde luego, como ese candidato se empeña en decir, si Calderón ganó la elección de manera legítima no tendría por qué oponerse a que los votos fuesen contados por instrucciones del Tribunal.

   Un primer problema radica en que ese cómputo, sufragio por sufragio, ya ocurrió y estuvo a cargo de los ciudadanos que formaron parte de las 130 mil 477 mesas de casilla. Podría suponerse que en aras de una absoluta claridad y de la conciliación política un recuento de todos los votos resultaría pertinente. Pero hay que recordar que la Coalición por el Bien de Todos solo ha requerido la apertura y el recuento de votos en aproximadamente 50 mil urnas de la votación presidencial; es decir, menos del 39% de todas las casillas. Aunque se le pueda tildar de esquizofrénico porque en el terreno político demanda que se cuenten todos los votos y en el jurídico solamente de cuatro de cada 10 de ellos, ese es el discurso del PRD. El otro problema es que López Obrador no se ha comprometido con el resultado que surgiría del recuento voto por voto.

   En esas circunstancias, la apuesta política de López Obrador y las fuerzas que lo respaldan parece desmesurada. No quieren clarificar, sino descalificar la elección presidencial. Al tiempo que afrentan al IFE, presionan al Tribunal Electoral. Más que argumentos y evidencias de carácter jurídico, han propuesto un litigio político. Tienen derecho a defender sus votos. Pero es discutible que lo tengan para arruinar un proceso político necesario y genuino. Los escenarios que propicia esa actitud son, en todos los casos, maniqueos y riesgosos. Aun si abriera todas las urnas, la decisión del Trife sería insatisfactoria para la Coalición por el Bien de Todos que solamente estaría conforme si se proclamara el triunfo de López Obrador. El cómputo voto por voto en una cantidad importante de casillas, pero inferior a las que ha exigido esa Coalición, es una de las opciones más factibles para el Tribunal, que está comprometido no con un partido ni un candidato sino con el acatamiento a la ley.

   Abrir todas las urnas y contar cada una de las papeletas de la elección presidencial, podría ser resultado del análisis que haga el Tribunal de las objeciones y pruebas que le han presentado. Es una posibilidad que tiene esa autoridad. Exigir el recuento voto por voto como si fuese la única vía legítima implica encasillar al Trife y cancelarle las opciones de las que dispone en el de por sí muy acotado escenario jurídico y político que enfrenta. Hay que respaldar al Tribunal Federal Electoral y a la decisión que tome, independientemente del método que utilice para llegar a ella y del desenlace que de allí resulte para la elección presidencial.

Trascender la crispación

   La defensa de nuestras instituciones electorales es, hoy en día, una causa que trasciende banderías y ambiciones políticas. Sería preciso mirar más allá de esta coyuntura para pensar en los acuerdos posibles, recuperar las capacidades de la política, buscar el hilado fino que reivindica los acuerdos capaces de articular algunos de los cambios –por ejemplo y especialmente el tránsito de nuestro enmohecido presidencialismo a un régimen de rasgos parlamentarios que reconozca y potencie la diversidad de opciones que hoy son políticamente competitivas en México–. Sin embargo tan solo ese ejercicio es difícil porque la crispación que define a nuestro escenario político ha trasminado a todas las áreas de la vida social. Resulta peliagudo pensar en acuerdos cuando una de las fuerzas políticas centrales en este país parece empeñada en imponerse incluso a pesar del veredicto en las urnas. Hoy el requisito central para estar en condiciones de articular consensos es la defensa del voto y de las instituciones encargadas de reivindicar la libertad y claridad del sufragio. Una vez que el Tribunal Electoral extienda su veredicto, el país contará con decisiones que serán el soporte para, entonces sí, preparar la hora de los acuerdos.

Julio 27 de 2006.

[1] Las frases en cursivas están tomadas, textualmente, de la carta que Andrés Manuel López Obrador le dirigió a Felipe Calderón Hinojosa el lunes 24 de julio.

[2] Estimaciones tomadas de Grupo Consultor Interdisciplinario, Lectura política número 365, 26 de julio de 2006.

La Crónica, mayo 29 de 2005

¿Cual es el meollo del conflicto entre López Obrador y el presidente Fox?
   La disputa por el poder en México. Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno de la capital del país, es el político con más posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de julio de 2006. Ese es el origen del diferendo. Para sus partidarios, la probabilidad de ese triunfo se ha convertido en motivo adicional de anticipadas ilusiones y, desde luego, en factor que solidifica esa de por sí puntera candidatura. Para sus adversarios López Obrador es un auténtico riesgo no tanto por sus definiciones políticas ­–que son tan pragmáticas que resulta imposible encuadrarlas en una línea ideológica consistente— sino por la veleidad, el caudillismo y la inestabilidad de su conducta política. Desde luego, para los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional las posibilidades electorales de ese personaje les impedirían conservar o recuperar el poder en este país.

   El presidente Vicente Fox aprovechó omisiones y transgresiones legales de López Obrador para impulsar una demanda judicial que, de haber prosperado, podría haber impedido que el alcalde de la ciudad de México fuera candidato presidencial. La demanda, en sentido estricto, era legítima pero los simpatizantes de López Obrador consideraban que el gobierno podría haber dejado de cumplir con la ley y hacerse de la vista gorda como ocurre en numerosos casos de menor importancia.

   Esa fue una cara de la moneda. Junto con ella hay que recordar que en numerosas ocasiones López Obrador ha violado leyes, cuando le parecen que no son adecuadas o no se ajustan a sus intereses. Esa actitud forma parte de un talante autoritario y caudillista.

   Si López Obrador no hubiera desatendido una orden judicial (para suspender unas obras en un terreno privado) el presidente Fox no habría podido echar adelante el proceso judicial. El alcalde del Distrito Federal, por omisión pero también por acción, ofreció motivos suficientes para que sus adversarios impulsaran el proceso al cabo del cual la Cámara de Diputados le retiró la inmunidad constitucional para que pudiera ser juzgado en un tribunal ordinario. Ahora, como es sabido, ese proceso quedó cancelado.

   Las transgresiones de López Obrador en contra de la ley quedarán sin ser castigadas. Y en el terreno político, la sumisión del presidente Fox a las exigencias de ese rival suyo ha conformado un panorama sustancialmente distinto. Hoy en día el alcalde de la ciudad de México no solo encabeza las preferencias electorales y se encuentra a un paso de obtener la Presidencia de la República. Además ha demostrado que puede engañar, contravenir leyes e intimidar a las instituciones del Estado con una hasta ahora completa impunidad.

   ¿Como definiría políticamente a López Obrador? A su juicio, ¿se acerca a un Lula o a un Kirchner?

   Los presidentes brasileño y argentino Luis Inacio da Silva “Lula” y Néstor Carlos Kirchner, tienen sendos programas políticos que, si bien con diferencias entre ellos, reivindican posiciones de izquierda. Aunque desde la izquierda misma se les discute postulan la solidificación del Estado, el respeto a los derechos humanos y sobre todo propuestas de justicia social.

   En cambio López Obrador no tiene un proyecto de esa índole. Su única propuesta para reactivar la economía mexicana radica en aumentar el aprovechamiento del petróleo, lo cual nos acercaría más a una venezolanización que a un modelo de izquierdas. Los pocos planteamientos de ese personaje para el gobierno que eventualmente encabezaría son de un atraso político muy notable. No tiene idea –o no la manifiesta en sus documentos— de las condiciones y opciones en la globalización contemporánea, mucho menos de las posibilidades de conducción de la economía que tendrá cualquier gobierno, independientemente de quién lo encabece, para los próximos años en México. López Obrador ha ofrecido ampliar el gasto social aunque sin precisar en qué rubros lo haría. Lo más preocupante es que jamás ha dicho cómo obtendría, realistamente, los recursos para ese gasto adicional.

   En el campo de los derechos humanos su actitud ha sido de desatención a esas reivindicaciones como gobernador de la capital del país. No creo que López Obrador sea de izquierda pero hay quienes lo consideran así por la tradición del partido que lo apoya. En ese partido, el de la Revolución Democrática, López Obrador ha impuesto medidas del todo contrarias a las prácticas habitualmente reivindicadas por las izquierdas.

   La democracia quedó borrada, si es que la había, dentro del PRD. El actual dirigente de ese partido es un ex gobernador sin militancia de izquierdas e impuesto por López Obrador como presidente nacional perredista. El partido ha quedado sometido al talante y las necesidades de López. Y en su administración al frente del gobierno de la capital del país ha sido sistemáticamente reacio a rendir cuentas como hacen los gobernantes de otras entidades del país y el gobierno federal mismo. Los ciudadanos del Distrito Federal no sabemos, bien a bien, cómo se gastan los impuestos que pagamos a la autoridad local.

   Se podrían mencionar muchos otros rasgos del autoritario comportamiento político y el obtuso horizonte ideológico de López Obrador. Si hemos de ser rigurosos, no es posible afirmar que tenga un proyecto de izquierdas. Creo que es injusto con Lula y Kirchner que se le compare con ellos.

   ¿A que obedecen los cuestionamientos o resquemores frente a López Obrador?

   En parte a circunstancias y conductas como las que he mencionado. Pero sobre todo a la actitud, fuera de cualquier parámetro democrático, que suele asumir López Obrador. La política se ha convertido para él en instrumento para cumplir ambiciones personales.

   La reivindicación del interés popular la utiliza como pretexto para alcanzar tales fines. La política social que impulsa para la ciudad de México ha quedado limitada, en lo fundamental, a la entrega de remuneraciones mensuales a los ancianos, con lo cual ha convertido a muchos de ellos en clientela política forzada a respaldarlo. En lugar de ofrecerles tareas que les permitieran ser útiles a la sociedad, López Obrador ha tratado a los ancianos como menesterosos.

   Cuando hay expresiones de desacuerdo con sus acciones y omisiones López Obrador suele descalificarlas (como ocurrió, hace once meses, con la marcha contra la inseguridad en la ciudad de México que ha sido la movilización social más concurrida en la historia del país).

   López Obrador cumple las leyes cuando le viene en gana y ahora ha confirmado que para desatenderlas tiene el recurso de llamar a manifestaciones y otras formas de presión política. El resquemor, como usted le llama, que ya existía respecto de López Obrador, se ha
reforzado en los días recientes ante la capitulación del presidente Fox que admitió todas las exigencias de ese personaje, dispensó las comprobadas faltas que había cometido López Obrador y que comprometió, en esa rendición política, a los poderes Legislativo y Judicial.

   ¿Está en crisis la democracia mexicana?

   Más bien se encuentra en una situación de estancamiento. Nuestra democracia, como todas, ha evolucionado dentro de un proceso al cual a veces hemos considerado transición. Ese tránsito nunca es lineal pero ahora parece entrampado tanto por el desgaste que recientemente han experimentado algunas de nuestras instituciones políticas básicas como por el incumplimiento de la legalidad por parte de algunos de los principales actores políticos. Además padecemos una mezcla de cansancio, aturdimiento y hastío ante los asuntos públicos.

   Una de las claves de la transición mexicana había sido el desarrollo de una cultura de la legalidad. Primero entre los actores políticos y muy paulatinamente y con insuficiencias graves en la sociedad, la promoción de compromisos y convicciones respecto del marco jurídico permitió que, por ejemplo, llegásemos a tener una normatividad para la competencia electoral con la que todos estaban de acuerdo.

   Es posible que esa coincidencia básica haya quedado gravemente erosionada a partir de los acontecimientos recientes. Cuando hay un personaje político como López Obrador que se ufana de cumplir las leyes nadamás cuando le conviene y cuando el resto del sistema político –encabezado por el Presidente de la República– se le rinde debido a la capacidad de presión que ha ejercido, el pronóstico que se puede hacer sobre la democracia mexicana no puede ser, me temo, sino pesimista.

   Habría otros factores que incluir en este panorama: la frivolidad de la mayoría de los medios de comunicación que además se han convertido en poderes sin contrapesos delante suyo, el allanamiento de intelectuales y pensadores antaño críticos que se han sometido a la moda de posiciones comodinamente consideradas políticamente correctas, la confusión que prevalece en la mayor parte de la sociedad… pero esta respuesta ya ha sido demasiado extensa.

   EEUU no se quedará de brazos cruzados ante la emergencia de gobiernos de izquierdista en América Latina. ¿Se sospecha de la “mano oscura” estadounidense en las acusaciones de juego sucio contra López Obrador?

   Como he apuntado, no encuentro motivos para considerar “izquierdista” a López Obrador. Incluso en su trato con algunos de los empresarios más prominentes (comenzando por el más poderoso en México y América Latina que es Carlos Slim, el dueño de Telmex y muchos otros negocios) López Obrador no se ha comportado precisamente como promotor de políticas distributivas ni de reivindicación del papel del Estado sino como aquiescente colaborador para la expansión de intereses y negocios de esos personajes.

   A López Obrador le resultó cómodo hablar de una conspiración en contra suya para atribuir a una maniobra política las acusaciones que, de haber prosperado, hubieran afectado su candidatura presidencial. Les echó la culpa, todos juntos, a dirigentes actuales y del pasado reciente, a partidos de discrepantes posiciones, a algunos empresarios que han tomado distancia respecto de sus propuestas, a los escasos medios de comunicación y analistas que han mantenido una posición crítica ante sus excesos… Culpó sin evidencias a diestra y siniestra pero en todo momento se cuidó mucho de no inmiscuir, en esa pretendida conjura, al gobierno de Estados Unidos. López Obrador no quiere problemas con Washington. Sabe que una posición contestataria respecto de nuestro poderoso vecino del Norte podría suscitar incomodidades respecto de su candidatura. Pero, sobre todo, las posiciones anti estadounidenses no forman parte de su escaso bagaje ideológico.

   López Obrador no cuestiona las políticas de la Casa Blanca y cuando ha descalificado a alguna empresa extranjera ha sido para favorecer intereses de sus simpatizantes mexicanos (por ejemplo, de cuando en cuando se refiere con desdén a las empresas telefónicas que operan en México con capital extranjero porque afectan los negocios de su antiguo aliado Carlos Slim). Por esa, entre otras razones, es exagerado considerar que López Obrador tendría posiciones similares a las de Hugo Chávez en Venezuela o Fidel Castro en Cuba. Para ser como Castro tendría que haber pasado por una intensa lucha de resistencia antiimperialista. Para ser como Chávez debería haber encabezado un movimiento de reivindicaciones nacionales en una sociedad profundamente polarizada. Pero a López Obrador el gobierno estadounidense no lo acosa –lo cual, desde luego, sería absolutamente inaceptable–. Y la derecha mexicana no lo ve con la aprensión que ha tenido la derecha en Venezuela –al contrario, como señalé antes hay importantes empresarios que están calculando qué tan ventajoso sería para sus negocios un gobierno con ese presidente–. Si queremos encontrar similitudes entre López Obrador y otros gobernantes latinoamericanos quizá sea preciso voltear al pasado reciente. Quizá, toda proporción guardada, está llamado a ser la versión mexicana del infausto peruano Alberto Fujimori.

Hace algunas semanas el periodista chileno Andrés Pérez G., que colabora con la revista Ercilla, me envió un cuestionario sobre el jefe de Gobierno de la ciudad de México y su presencia en la vida pública mexicana. Esta es una versión ligeramente ampliada de mis respuestas.

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Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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La Crónica, 1 de junio de 2004

Al renunciar como secretario de Energía, Felipe Calderón Espinosa emprende un camino político sin retorno –por lo menos a corto plazo–.

   Miembro destacadísimo del PAN, del que fue dirigente nacional cuando tenía 33 años, Calderón ha decidido pasar a la oposición dentro de ese partido.

   Así puede entenderse la dimisión que le presentó ayer al presidente Vicente Fox. Después de haber sido parte del equipo presidencial, Calderón podría intentar aglutinar a los no pocos panistas que se encuentran disgustados con la gestión del presidente de la República.

   Puede considerarse que después de la insólita descalificación que antier le enjaretó el presidente, Calderón no podía hacer mas que renunciar. Cuando consideró imprudente y fuera de lugar el mitin de los panistas de Guadalajara para promover al secretario de Energía como precandidato presidencial, el licenciado Fox le retiró la confianza que deben merecerle sus colaboradores. Así lo destaca el renunciante en la carta de la que entregó copia a los medios.

   Esa renuncia ubica a Calderón en una posición notoria, difícil y arriesgada, pero diferente respecto de otros aspirantes a la candidatura presidencial del PAN. Fuera del gobierno, carecerá de las ataduras institucionales que sigue teniendo Santiago Creel.

   Sobre todo Calderón se beneficiará, dentro de su partido, de la equívoca pero en ocasiones eficaz reputación que disfrutan aquellos que, por disentir, sacrifican una posición política.

   Al hasta ayer secretario se le considerará abanderado del panismo que, sin desatender la doctrina y tradiciones de ese partido, encuentra en el gobierno de Vicente Fox errores que perjudican al país y sobre todo, deterioran la presencia pública de Acción Nacional.

   A diferencia de Fox –y, por cierto, también de Santiago Creel– Calderón no es nuevo en la militancia panista. Hace 20 años –cuando tenía 22– ya era consejero nacional en ese partido. En aquel tiempo el ahora presidente de la República seguía dedicado a sus negocios y el ahora secretario de Gobernación únicamente atendía los asuntos de su despacho de abogado.

   Más tarde Calderón encabezó al PAN en una fase de notable desarrollo electoral de ese partido. Su desempeño como legislador fue notorio y cuando en 2003 concluyó su segundo periodo en San Lázaro, parecía evidente que ocuparía una posición destacada en el gobierno. La dirección de Banobras, que desempeñó entre febrero y septiembre del año pasado, era un encargo menor para sus capacidades y experiencia. Por eso no fue una sorpresa su ascensión al gabinete, hace nueve meses, como secretario de Energía.

   La reforma de la industria eléctrica y la apertura de Pemex, que eran las tareas principales que tenía Calderón, parecían difíciles desde que fue designado pero transcurridos estos meses se han convertido en uno de los principales escollos de las fuerzas políticas del país. No se le puede achacar a Calderón el fracaso de esas reformas. Pero tampoco se puede considerar que haya tenido un desempeño destacado para hacerlas posibles. Así que parte de los fiascos que se le pueden imputar al gobierno del que hasta ayer formaba parte, han sido corresponsabilidad de suya.

   La decisión de Calderón profundiza las fracturas en el PAN cuya dirección nacional parecía pasmada, todavía anoche, ante ese acontecimiento. El mitin del sábado cerca de Guadalajara fue un albazo el estilo –y con los modos– del priismo más tradicional. Durante mucho tiempo se discutirá si fue una decisión oportuna, o si Calderón y sus partidarios violentaron innecesariamente el proceso político en Acción Nacional.

   Apenas el 15 de enero pasado el gobernador Francisco Ramírez Acuña aseguraba que el momento para que se manifestaran posibles candidaturas sería hasta 2005: “Los que tengan ganas tienen que trabajar fuertemente todavía éste y el próximo año, los adelantados han salido vituperados por todos lados, pero además han salido con acciones muy lamentables en sus tareas, tanto dirigentes de partidos como funcionarios del gobierno federal”. Poco más de cuatro meses después el gobernador jalisciense promovió a su propio adelantado y ambos se expusieron a la reprimenda presidencial.

   Seguramente Calderón tenía ganas, y prisa, para hacer evidentes sus aspiraciones políticas. Aun así, es difícil entender por qué se apoyó, para su lanzamiento, en el panismo de Guadalajara que ha sido uno de los segmentos política e ideológica más retardatarios –y autoritarios– dentro de Acción Nacional.

   Ese respaldo oscurece el perfil de Calderón, un político que alguna vez se describió como de centro izquierda y que ahora se resguarda en compañías de signo contrapuesto a esa preferencia.

La Crónica, 12 de marzo de 2002

Únicamente la traslación al plano político de rencillas que no han podido resolverse en el terreno personal y la estrecha visión que muchos panistas aun tienen de su partido explican la cerrada votación que el sábado favoreció a Luis Felipe Bravo Mena para reelegirse como presidente nacional del PAN frente a la postulación de Carlos Medina Plascencia.

   En cualquier partido del mundo se hubiera premiado sin duda la gestión de la dirigencia que lo encabezó hasta obtener el mayor triunfo político de su historia. Sin embargo parecía que muchos panistas no reconocían méritos sino defectos en Bravo Mena, que dirigió a esa organización en la fase de mayor crecimiento orgánico y cosecha electorales que haya tenido en sus casi 63 años. La autonomía sin rupturas que supo darle al PAN delante del gobierno de Vicente Fox fue vista como equivocación y el retroceso que ese partido ha tenido en algunos comicios locales le fue atribuido, por distintos segmentos de sus militantes, a la dirección del partido y no al gobierno federal.

   Para oponerse a Bravo Mena un grupo muy destacado de funcionarios y legisladores panistas apoyó a Medina Plascencia. El libre juego que se dio entre ellos, sin línea explícita del presidente, indica un comportamiento saludable para el PAN y el país. La votación a cargo de los miembros del Consejo Nacional de ese partido fue muy cerrada y se resolvió en orden y civilidad.

   Después de los votos, quedan las propuestas de ambos candidatos. Entre las alocuciones de Medina y Bravo frente a sus compañeros consejeros hay una distancia enorme.

   El discurso de Carlos Medina fue ampuloso, anclándose en la tradición panista con citas a costa del fundador de ese partido, Manuel Gómez Morín y sin relación con los problemas actuales del PAN y el país. Por ejemplo:

   “En el presente para el futuro, con la tan anhelada conquista del poder, después de someternos al más indignante de los abusos, el del silencio forzado, debemos entonces acudir a la cita como personas; debemos, como partido, acudir ya a la cita con la historia”.

   Se necesita algo de cara dura para decirles a los dirigentes de un partido que si por algo se ha singularizado es por su capacidad de denuncia, que han estado silenciados. O para decirle al  partido que ganó la votación de julio de 2000 que ya es tiempo de hacer historia.

   Medina apostó a la retórica y se enredó en ella. Llegó a decir que no se conforma “sólo con la política, que es academia” (sic). Sus propuestas carecieron de horizonte: “la defensa de nuestro partido, de nuestros principios… la no claudicación…”.

   El de Luis Felipe Bravo Mena fue, en cambio, un mensaje político pensado para su partido pero en el contexto del país actual. Después del imprescindible recuerdo de Gómez Morín, sin cuyas frases los panistas estarían desamparados a la hora de hacer sus discursos, precisó tres coordenadas en su análisis: “revalorizar la política, consolidar el sistema democrático y fortalecer la cultura democrática”.

   En la descripción de esos ejes Bravo Mena ofreció un tono autocrítico: “hemos de reconocer que en nuestro país, como en el resto del mundo, el sentido de la política tiende a degradarse. El aprecio social por la política, los políticos, los gobernantes y los partidos es bajo y provoca el sentimiento de que la política es prescindible por inútil”.

   A nombre del PAN y asumiendo que ese partido y el gobierno tienen los mismos interlocutores Bravo Mena ofreció: “Queremos la eliminación de los desgarramientos y confrontaciones innecesarias en la búsqueda de las soluciones a los problemas del país.
Pero aquello no significa admitir un trueque de diálogo por impunidad, ni tolerancia con la regresión autoritaria que se está dando en varios estados de la República, en franca perversión del federalismo”.

   Luego esbozó “cuatro ejes estratégicos” en el quehacer de su partido: definir para el PAN y el gobierno un plan político conjunto, el “impulso a la vertebración democrática de la sociedad”, la “expansión de la capacidad política del partido” y la construcción de un nuevo discurso político: “Muchas cosas han cambiado en México y en el mundo. Nuestro partido requiere de poner al día sus tesis doctrinales y programáticas para orientar con una nueva tonalidad la acción del panismo. Es primordial elevar el debate político con tesis y posiciones que superen trivialidades y cuestiones insustanciales y así contribuir también a la revitalización de la política”.

   A Bravo Mena se le pueden cuestionar muchas de sus declaraciones y decisiones de ayer y ahora. Pero en las alocuciones del sábado la suya destacó en su búsqueda de un horizonte político más allá de las menudencias internas de su partido. Finalmente, como se sabe, Bravo fue reelecto como presidente nacional por 152 a 124 votos. Pero todavía hoy sorprende que tantos y tan destacados panistas hayan avalado a la otra opción.

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La Crónica de Hoy, 12 de julio de 2001

A comienzos de mayo todos vimos, día tras día, la atención que el noticiero de Joaquín López Dóriga le dedicó a Jimmy, el niño tapatío de 9 años afectado por el síndrome de Fanconi –una extraña enfermedad del riñón que afecta el proceso de crecimiento–.

   La simpatía natural, realzada por sus limitaciones físicas, hacía del niño un personaje atractivo en la televisión y sus cándidas ilusiones –entre otras conocer al cantante “Pedrito” Fernández– fueron seguidas por millones de conmovidos espectadores.

   La exposición televisiva del niño, más intensa de lo que hubiera sido deseable, redituó en mayor audiencia para ese noticiero y en una notoriedad insospechada para el pequeño Jimmy Huitrón. El y su familia obtuvieron una casa en Guadalajara y la Fundación Teletón ofreció colaborar para atender su enfermedad degenerativa.

   Jimmy era, como López Dóriga dijo tantas veces, “un personajazo”. Vivió sus 15 minutos de fama y la televisión se ocupó luego de otros asuntos del “México real” como ahora se suele decir.

   Ya fuera de las pantallas, lamentablemente para él aunque su familia lo considerase una inesperada fortuna, Jimmy no ha tenido una vida normal. Antier los administradores del Teletón anunciaron que fue sido suspendido en el Centro de Rehabilitación de ese nombre porque no acudió a las terapias que le habían prescrito.

   Jimmy no ha seguido el tratamiento porque su familia lo tiene muy ocupado exhibiéndolo en palenques y ferias por todo el país.

   Pero aparte de espectáculo circense, el pequeño niño enfermo ha sido utilizado con propósitos de proselitismo político.

   Hace pocas semanas, según se dijo, uno de los candidatos al gobierno de Yucatán pensó llevarlo a uno de sus mítines pero la reacción de la prensa local fue tan adversa que ese proyecto se canceló.

   En cambio en el norte del país, en Monterrey, el pequeño Huitrón fue utilizado por las autoridades del municipio de Guadalupe para promover un parque de diversiones y el subsecretario de Seguridad Pública de Nuevo León lo presentó en un acto con policías.

   La utilización política de Jimmy ha sido especialmente escandalosa en la campaña del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, en donde habrá elecciones locales el próximo 7 de octubre.

   El periódico quincenal Hora Cero que se edita en Reynosa publica en su edición más reciente, bajo el encabezado “Jimmy en la grilla”, una crónica del mitin que realizó el 20 de junio el candidato del PAN en Matamoros, Jorge Almanza. Allí se relata:

   “Ese miércoles 20 de junio en Matamoros, una estridente voz preguntaba a Jimmy: ¿A la alianza con quién, Jimmy? El niño, a veces sentado sobre una tarima y otras en los brazos de su madre y su representante, respondía: ‘¡Con Almanza! ¡A la alianza con Almanza! ¡Arriba Jorge!’ Como en un circo romano, los casi 200 asistentes, todos simpatizantes del candidato del PAN, festejaban a grito abierto las ocurrencias de Jimmy”.

   La nota de la reportera Nora González, añade:

   “En esta ciudad fronteriza de México, el candidato a la presidencia municipal del Partido Acción Nacional, Jorge Almanza Armas, lo presentó como invitado especial a la inauguración de sus oficinas de campaña ubicadas en las calles Sexta y Bilbao.

   “Casualmente la canción favorita de Jimmy es también la que el candidato del albiazul ha elegido para promocionar su campaña, así que lo invitó para que la interpretara durante el evento.

   “La visita del pequeño a Matamoros estuvo totalmente patrocinada y coordinada por el equipo de campaña de Jorge Almanza y por lo menos en el evento se logró el objetivo, ya que hubo mucha gente que sólo acudió para conocer al admirador de Pedro Fernández”.

   La estancia del niño en Matamoros estuvo supeditada a las decisiones del candidato panista. El conductor del noticiero local de Televisa, Martín Sifuentes explicó que para entrevistarlo en su programa “nos comunicamos con la gente del equipo de campaña de Jorge Almanza, porque ellos son quienes lo trajeron a la frontera”.

   Hora Cero recoge también la opinión del candidato, Jorge Almanza Armas, para quien “traer al pequeño a un evento político donde inauguró sus oficinas de campaña, no significa que pueda estar utilizándolo para atraer el voto de la gente”.

   Nadie, desde luego tampoco quienes mostraron su desgracia y simpatía en televisión, imaginaron el uso que se haría de ese “personajazo”. Los responsables de esa explotación son sus padres y desde luego, aquellos que han querido beneficiarse comercial y políticamente con la imagen del niño enfermo.

   En el caso de Jimmy se han entremezclado el sensacionalismo mediático, la inescrupulosidad mercantil y ahora el entrecruce de la política con el espectáculo: triste y patético espectáculo, en esta ocasión.

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La Crónica de Hoy, 14 de enero de2001

No hay democracia, ni convivencia social, sin instituciones. Tampoco hay Estado, ni gobierno, ni representación, ni solución de conflictos, sin el entramado institucional que les ofrezca cauces, procedimientos e incluso respetabilidad pública. Las instituciones canalizan las voluntades particulares, articulan las decisiones colectivas y ofrecen garantías de que los asuntos públicos funcionarán. Son algo así, dice Cerroni citando a Emerson, como “las sombras alargadas de los hombres”. Una democracia es sólida en la medida en que sus instituciones funcionen y sean respetadas. De la misma manera, el debilitamiento de un régimen político lo es inevitablemente de sus instituciones.

   México, como mucho nos dijeron gobernantes, estudiosos y próceres de nuestro sistema político, es un país de instituciones. Los poderes federales, las fuerzas armadas, los principales organismos de salud y educación y el andamiaje legal en el cual se sustentan, suelen funcionar incluso a pesar de crisis económicas, incertidumbres sociales o transformaciones políticas. La solidez de las instituciones ha sido uno de los apoyos principales, quizá el que más, para que México haya podido sortear dificultades que en otras naciones hubieran sido devastadoras.

   Pero ese reconocimiento de las instituciones que tenemos y que funcionan, no debiera llevar a suponer que su desempeño se mantiene en las mejores condiciones. Hoy en día nos encontramos ante un panorama contradictorio. Por una parte los diagnósticos voluntaristas u optimistas consideran que con el cambio de gobierno se abren expectativas de mayor democracia y equidad. Pero más allá de la generosidad incluso acrítica con que en distintos espacios de la sociedad se evalúa hoy a la administración del presidente Vicente Fox, lo que puede apreciarse es cierto descaecimiento en la capacidad de maniobra e incluso en el prestigio social de algunas de las instituciones básicas del sistema político mexicano. Esa debilidad institucional puede convertirse en un gran riesgo de involución para la democracia que hemos venido construyendo.

Partidos políticos sin proyecto de país

   Supeditados a conflictos coyunturales en los cuales se desgastan, los partidos suelen extraviar el rumbo, se comportan solamente a partir de consideraciones pragmáticas y han dejado de lado el programa político. Esa es la triste realidad de todos ellos o, al menos, de los tres partidos nacionales que cuentan en el juego político.

   Atribulado por una orfandad que no hace lo posible por superar, el PRI se rehúsa a convertirse en el partido de oposición responsable que, pese a muchas de sus costumbres, podría ser en el panorama actual. Los impulsos dinosáuricos siguen teniendo más fuerza que las tendencias a la modernización. Estancado en una situación de la que solo podría salir reagrupándose e incluso apostando a una refundación (para lo cual requeriría de un liderazgo que ahora no tiene) el Revolucionario Institucional parece apostar solamente a desempeñarse como grupo en contra de la política del nuevo gobierno pero sin una alternativa propia. Los gobernadores priistas parecieran ser el núcleo más sólido de ese partido gracias al poder real que están en capacidad de ejercer, pero sin proyecto político no pueden constituir mas que un núcleo de presión.

   No es muy diferente la crisis en el PRD. Si alguna vez lo tuvo, se ha quedado sin derrotero y se ha convertido en un partido atrapa-todo. Basta con ser tránsfuga de otro partido, especialmente del PRI para que cualquier personaje, independientemente de su trayectoria política, sea erigido estrella del firmamento perredista. De izquierda, al PRD no le queda mas que una incumplida definición en sus estatutos. Mucho menos conserva la congruencia ética que, junto con el compromiso con la democracia y la justicia social, constituye el rasgo definitorio de las izquierdas en la historia y en el mundo.

   Acción Nacional es, desde luego, beneficiario de los cambios recientes pero más en apariencia que en términos de conquistas políticas. Enemigo del clientelismo, ahora el PAN corre el riesgo de no ser mas que comparsa de un gobierno tan o más populista que los regímenes priistas a los que tanto combatió. El bagaje ideológico, que había constituido el patrimonio principal de los panistas, se encuentra difuminado entre la transacción coyuntural y la deificación de la calidad total propuesta en la visión empresarial que orienta, al menos supuestamente, al actual gobierno. El PAN no ha podido definir un perfil propio, distinto aunque no sea distante de la administración del licenciado Fox.

Congreso estancado, Ejército maltratado

   Los partidos disminuyen su presencia social y también su eficacia política. Ese estrechamiento se advierte en el Congreso, a pesar de los empeños de los legisladores más lúcidos en ambas cámaras. Mientras el Poder Legislativo no ha podido construir una agenda propia, el presidente de la República le exige que tome decisiones al vapor como en el caso de la ley sobre indígenas. Aunque en San Lázaro y Xicoténcatl hay un trabajo sostenido, varios de los legisladores más conspicuos se han encargado de propiciar una imagen de indolencia política, e incluso de pataletas frívolas, en sus comparecencias en los medios de comunicación.

   Otra institución fundamental, el Ejército Mexicano, ha sido maltratada por decisiones poco y mal explicadas (además de profundamente discutibles) como la que llevó al presidente Fox a ordenar el repliegue militar en Chiapas. Es claro que el titular del Ejecutivo quiere propiciar una negociación pronta y eficaz con el EZLN. Pero en ese propósito, ha soslayado el esfuerzo que durante siete años mantuvo el Ejército Mexicano al resguardar la paz chiapaneca, a pesar de numerosos obstáculos. El respeto que proverbialmente se le tiene en toda la sociedad a esa institución, queda mermado cuando el Presidente de la República se refiere al Ejército en términos no solo coloquiales sino, al menos políticamente, ofensivos. Un comentarista habitualmente enterado de la circunstancia militar, Javier Ibarrola, escribió que en efecto el Ejército Mexicano está “de pelos”, pero de “pelos de punta ante las disposiciones del comandante supremo”.

Estilo presidencial que enoja y confunde

   El estilo personal del Presidente de la República se está convirtiendo en uno de los principales factores de debilitamiento institucional, en primer lugar de la misma institución presidencial. El talante dicharachero y despreocupado del licenciado Fox no tendría mayor relevancia si no fuese porque causa confusiones y desatinos innecesarios. Su trato con los partidos y el Congreso sería menos ríspido si prescindiera de expresiones frívolas. Su relación con el Ejército no se habría deteriorado si no hubiera empleado términos tan ordinarios para referirse a los militares. Su comunicación con la sociedad, que al Presidente le importa tanto, sería más eficaz si no buscase la omnipresencia que parece pretender en la radio y la televisión; más apariciones mediáticas no están significando mejor capacidad de comunicación sino más oportunidades para equivocarse.

   De hecho no existe un estilo personal de gobernar como quería don Daniel Cosío Villegas sino el despliegue de un comportamiento personal que no es, propiamente, el de un gobernante.

   El titular del Ejecutivo está debilitando a la institución presidencial aunque, en ese proceso y paradójicamente, él mismo fortalezca su imagen delante de la sociedad.

   Al menos, se debilita el presidencialismo acotado y respetado (respetado, por acotado) que se había venido construyendo en los últimos años. En su lugar Fox está propiciando un presidencialismo tan dependiente de su imagen personal que la institución, entonces, tiende a quedar opacada por quien la encabeza.

El Trife deteriora la confianza electoral

   El más grave y evidente caso de debilitamiento institucional es el que padece, como resultado de sus propios excesos, el Tribunal Federal Electoral.

   La imagen de organismo politizado y al servicio de intereses políticos facciosos que esa institución se ha creado debido al desempeño de la mayoría de sus magistrados, no solamente desacredita el Tribunal mismo. Además perjudica al conjunto del sistema electoral que con tanto esfuerzo y recursos hemos llegado a consolidar.

   Los excesos del Trife en el caso Tabasco, en donde los magistrados tomaron decisiones por encima de sus facultades legales, son aprovechados para invalidar sus acuerdos en el caso Yucatán.

   En Yucatán, a diferencia de Tabasco, el Tribunal Federal Electoral actuó de acuerdo con la ley que lo faculta para intervenir en procesos locales cuando las normas jurídicas no han sido cumplidas. Es evidente que la mayoría priista en el Congreso yucateco transgredió en varias ocasiones la Constitución y el Código Electoral del estado (sobre ese asunto nos ocupamos en la columna del domingo 17 de diciembre).

   En cambio en Tabasco, aunque puedan ser impopulares ante numerosos sectores, las decisiones del Congreso local estuvieron ceñidas a la ley. No puede decirse lo mismo del comportamiento del Trife que, sorprendentemente, anuló una elección legal a partir de consideraciones subjetivas (como se relató detalladamente el 31 de diciembre en esta columna).

   El comportamiento del Trife respecto de las elecciones en Tabasco erosiona la confianza que se puede tener en los procesos electorales en todo el país. Los magistrados que votaron por el desconocimiento de la elección legal no tenían derecho a deteriorar de esa manera el prestigio que se han ganado las instituciones electorales en México.

Un desgaste que nadie está evitando

   El litigio en Chiapas quizá algún día se resuelva. La crisis política en Yucatán posiblemente encuentre pronto cauces como los que ya existen para el desarreglo tabasqueño. Los partidos seguirán en lo suyo y los legisladores legislarán, de una u otra manera. El gobierno, casi a pesar de sí mismo, funcionará y tendrá réditos políticos para los que son necesarios los de carácter social.

   Lo que quizá no se restaure, si no hay una clara intención de hacerlo, es el deterioro que experimentan algunas de nuestras instituciones básicas. Ese desgaste no es atribuible solamente al gobierno actual, desde luego. Pero no parece existir el propósito de la nueva administración para evitar tal desgaste. A ratos pareciera que en vez de servir a las instituciones, el nuevo gobierno simplemente quisiera servirse, instrumentalmente, de ellas.

Arreglos, antecedentes de instituciones

   La capacidad para que haya acuerdos políticos entre las distintas fuerzas que lo conforman es uno de los rasgos de un sistema democrático. Pero ningún régimen es estable si se sustenta solamente en pactos coyunturales; entonces el gobierno no sirve para encauzar al país sino simplemente para tratar de apagar incendios políticos.

   De todos modos, la aptitud para los acuerdos puede llevar a tener instituciones sólidas. Así lo considera el profesor Robert Dahl, que es quizá el principal estudioso de los regímenes políticos contemporáneos y que distingue los arreglos, de las instituciones:

   ” ‘Arreglos’ políticos suena a algo más bien provisional, que bien podrían darse en un país que acaba de abandonar el gobierno no democrático. Tendemos a pensar en las ‘prácticas’ como algo más habitual y, por tanto, más duradero. Generalmente pensamos en las ‘instituciones’ como algo que se ha asentado después de un largo itinerario, que pasan de una generación a otra. Cuando un país avanza desde un gobierno no democrático a otro democrático, los tempranos ‘arreglos’ democráticos se convierten gradualmente en ‘prácticas’, que a su debido tiempo desembocan en ‘instituciones’ asentadas”.

   Sin embargo en México no partimos de cero. A menos que haya quien piense que es preciso sustituir del todo a la institucionalidad política que ya teníamos, podrá aceptarse que lo más conveniente para afianzar el tránsito a la democracia es fortalecer las instituciones que ya tenemos. Y lo que está ocurriendo es precisamente lo contrario.

   De esta situación, como sugiere Dahl, quizá podremos salir con instituciones consolidadas y más confiables. Hacia esa meta sería pertinente que apostaran todos.

   Pero el desarreglo actual no solo puede tener como desenlace nueva solidez institucional. También podríamos padecer un desgaste mayor. El caudillismo y el ensalzamiento de figuras pretendidamente providenciales llega a ser una de los principales causas para el deterioro de las instituciones y así, de la democracia. Y hoy, en México, más que las instituciones políticas parece fortalecerse el presidencialismo personalista. Cuidado.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

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Publicado el 16 de enero de 2000

Seis candidatos a la Presidencia de la República solicitaron su registro, como tales, ante la autoridad electoral. Aunque son candidatos desde que sus partidos los designaron, el IFE debe revisar si cumplen los requisitos para reconocerles formalmente esa calidad.

Pasado mañana, martes, el Consejo General del Instituto Electoral aprobará los registros de esos seis candidatos. En los últimos días cada uno de ellos acudió a presentar sus documentos, incluso la plataforma electoral que junto con su candidatura, proponen a los ciudadanos.

Seis candidatos aparecerán, de esa manera, en las boletas electorales. Aunque las opciones realmente competitivas son tres, el resto de los candidatos actuarán como contrapesos y estarán en capacidad de imponer matices a una temporada electoral que será tan intensa como difícil.

Esa conflictualidad previsible en las campañas que formalmente comenzarán dentro de tres días, podrá ser contrastada con los compromisos para acatar la ley y las declaraciones de fe cívica que los seis candidatos y sus partidos, formularon al acudir al Instituto Federal Electoral a solicitar su registro.

Primicia y parquedad de Cárdenas

El 5 de enero, quizá recordando la ayuda que suelen recibir los que madrugan, el primero en cumplir con ese trámite fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal es candidato de la Alianza por México que reúne a los partidos de la Revolución Democrática, Alianza Social, Convergencia por la Democracia, Sociedad Nacionalista y del Trabajo.

A diferencia de la mayor parte de los candidatos que se presentarían en los siguientes días, en la postulación de Cárdenas no hubo discursos. Quizá porque en ese caso tendrían que haber intervenido dirigentes de las cinco agrupaciones que integran esa coalición, los proponentes de Cárdenas se limitaron a decir que cumplían con los requisitos de ley en voz de Jesús Ortega, representante de la Alianza por México ante el IFE.

Poco después, Cárdenas tuvo una intervención en el auditorio del IFE pero ya no delante de las autoridades electorales sino solamente rodeado de simpatizantes suyos y periodistas.

La sobriedad en su presentación como candidato coincide con el estancamiento perceptible, al menos hasta ahora, en la presencia pública de Cuauhtémoc Cárdenas. Es candidato por cuarta ocasión en doce años. Hace dos años, ganó las elecciones para el gobierno de la ciudad de México. Antes, en 1988 y 1994, fue aspirante a la Presidencia de la República.

Ningún otro personaje político en el país, ha tenido una exposición delante de la sociedad tan intensa y extensa como Cárdenas. Durante doce años ha sido una figura de primer nivel, a pesar de limitaciones propias y de la animosidad de numerosos adversarios suyos. En esa perseverancia, hay ventajas y menoscabos para la nueva campaña del ingeniero. En doce años, se ha consolidado como dirigente indiscutible de una influyente corriente política nacional. Pero junto con ello, las antipatías en contra suya se han acumulado.

El reto principal de Cuauhtémoc Cárdenas, hoy en día, es mostrarse, a la vez, como abanderado de una causa histórica y como dirigente moderno, capaz de superar las limitaciones de la izquierda tradicional a la que representa ahora y del priismo ortodoxo del cual proviene. Por lo pronto, sigue sin superar el límite del 15% que las encuestas le asignan en la intención de voto de los ciudadanos.

Camacho, siempre en domingo

El segundo candidato en solicitar su registro fue Manuel Camacho Solís. Anunció que llegaría al IFE en domingo, el 9 de enero. Atento como suele ser a la influencia de los medios de comunicación, quizá pensó que como los fines de semana hay menos noticias, los diarios del lunes destacarían de manera especial su petición de registro. Sin embargo, no tomó en cuenta que los domingos hay menos noticieros televisivos y radiofónicos, así que perdió la ocasión de tener presencia en tales espacios.

El candidato del Partido Centro Democrático dijo que no tenía previsto decir un discurso en esa ceremonia, pero nadie tuvo que insistirle para que se animara a hacerlo. Después de una breve presentación a cargo de José Angel Avila Pérez, el ex Regente de la ciudad de México elogió la imparcialidad del IFE en el proceso para que el PCD obtuviera su registro: “Fue la institución imparcial única en el país de la cual vimos que había voluntad de democracia y que había equidad. No puedo decir lo mismo de otras instituciones del Ejecutivo Federal, ni de muchos de los Ejecutivos Locales”.

El desacuerdo de Vicente Fox con la decisión del Tribunal Electoral para modificar el emblema de la coalición que lo apoya, le dio a Camacho oportunidad para presentarse al mismo tiempo como defensor de la legalidad electoral y como impugnador de las insuficiencias del régimen político. Consideró que el candidato panista tenía razón en su queja, pero lo exhortó a que respetase el marco jurídico: “Yo desde aquí invito a Vicente Fox, para que luchemos juntos dentro de la ley y dentro de las instancias, y para que denunciemos los asuntos realmente graves que están ocurriendo en el país. Lo grave no es que no se permita utilizar una fotografía, lo grave son las injusticias políticas, las arbitrariedades que se siguen cometiendo en el país… si estudiamos la ley, si conocemos la ley y actuamos dentro de ella, vamos a ser más eficaces en la lucha contra un aparato autoritario”.

Comprometido así con el cumplimiento de la ley, Manuel Camacho ya es, por fin, candidato a la Presidencia de la República. Quiso serlo con el apoyo de una amplia coalición opositora, suponiendo que los partidos se rendirían ante su reciente experiencia como antipriista. Como no los convenció para que declinaran en su favor y puesto que no encontró acomodo en la coalición de Cárdenas, no tuvo mejor opción que presentarse como candidato de su pequeño y nuevo partido.

Fox, confianzudo con los consejeros

Al día siguiente en ese mismo sitio –el vestíbulo de uno de los edificios del IFE– compareció el candidato de la Alianza por el Cambio. Vicente Fox Quesada fue presentado por el diputado panista Germán Martínez Cazares.

Jorge González Torres y Luis Felipe Bravo Mena, dirigentes del PAN y el PVEM que integran esa alianza, pronunciaron sendos discursos. Luego el ex gobernador de Guanajuato habló, como era previsible, para reiterar su protesta por la decisión del Tribunal Electoral que enmendó el emblema con su fotografía y que había sido inicialmente aceptado por los consejeros del IFE.

Quién sabe si el hecho de hablar delante de algunos de esos consejeros, que habían votado a favor de su primer emblema, llevó a Fox a dirigirse a ellos con curiosa familiaridad. Después de una breve introducción, inició su discurso diciendo: “El cambio que a ti te conviene ya está en marcha y ya nadie lo para. El próximo 2 de julio todos tenemos un gran reto, el reto de ganar la confianza, el reto de creer en nosotros mismos, el reto de alcanzar un cambio seguro”.

Las transcripciones de esa sesión no registran la expresión de los funcionarios del IFE sometidos a tan comprometedora y autopromocional arenga. Fox, en ese momento, se comportaba como si hiciera proselitismo delante de ellos, o como si no existieran, hablando solamente para las cámaras y micrófonos que recogían sus palabras.

Luego, el candidato panista y pevemista correspondió a la decisión del Consejo del IFE respecto de su emblema, con un reconocimiento que lo llevó a considerar pertinente: “Construir la confianza en elecciones justas e integrar un Instituto Federal Electoral independiente, fuerte, profesional y confiable, como ha sido hasta la fecha, al que reiteramos nuestro respaldo y confianza total. Sin embargo, en un solo día pueden tomarse decisiones parciales, partidistas y no apegadas a la ley, como la tomada recientemente por el Tribunal Federal Electoral, que minan el esfuerzo de millones de mexicanos”.

Rincón Gallardo, difícil apuesta

Cuarto candidato en solicitar su registro, Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, igual que Cuauhtémoc Cárdenas, se abstuvo de tomar la palabra al presentar sus documentos a las autoridades del IFE. De la misma forma, después de esa ceremonia pronunció un mensaje. Ese martes 11 de enero, el candidato de Democracia-Social-Partido-Político, como sus dirigentes insisten que se les diga, atestiguó las intervenciones de sus compañeros Ricardo Raphael y Jorge Javier Romero, Secretario General y Secretario de Construcción Ideológica.

Romero ubicó el sitio que Democracia Social aspira a ocupar en un panorama aparentemente copado ya por tres grandes partidos nacionales: “Los partidos que han dominado hasta ahora la escena política mexicana, se han caracterizado por poseer visiones de corto plazo en las que sólo imperan los intereses inmediatos, la necesidad de derrotar al contrincante y el salirle al paso a los problemas, mientras que han carecido de una visión de Estado que les llevara a emprender una reforma a fondo para construir un nuevo régimen, capaz no sólo de darle cabida a las distintas expresiones políticas, sino de conducir al país hacia la solución de sus históricos problemas de desigualdad y pobreza”.

El problema para Democracia Social, consiste ahora en lograr espacio para sus argumentos y propuestas en un clima no sólo dominado por tres grandes partidos nacionales sino, peor aún, condicionado a la estridencia mediática y no a la discusión de ideas. Racional y seria, la apuesta de ese partido y sus dirigentes se enfrenta a las tradiciones y, también, a las nuevas costumbres de un sistema político y una cultura ciudadana que distan de ser receptivos a los contenidos programáticos.

Labastida: acarreo, debate y programa

Quinto en ese desfile ante la autoridad electoral, Francisco Labastida Ochoa y los operadores de su campaña quisieron que a nadie le quedara inadvertida la presentación de su candidatura. El acarreo de miles de ciudadanos y no pocos menores de edad, fue constatado por los medios y padecido por funcionarios y empleados del IFE que no deben haber visto con mucha simpatía el abuso que los priistas hicieron de las instalaciones de esa institución el pasado jueves 13 de enero.

La explanada del IFE quedó ocupada por los presuntos simpatizantes labastidistas, muchos de los cuales no sabían para qué habían sido llevados, como quedó registrado en la oportuna encuesta del noticiero del Canal 40. Dentro del recinto en donde fueron entregados los documentos del candidato priista hablaron el diputado Enrique Ibarra, representante de ese partido ante el IFE y la presidenta nacional del Revolucionario Institucional, Dulce María Sauri.

En su turno, Labastida aludió al affaire sobre el emblema de la coalición panista-pevemista para darle una repasadita a Vicente Fox y mostrarse, él sí, como respetuoso de las leyes. “El sistema y las instituciones electorales de México no pueden ser objeto de cuestionamiento o desconfianza por el sentido de sus actos o resoluciones. El criterio para evaluar su desempeño no es a qué partido dan la razón, sino si sus actos y decisiones se apegan estrictamente a la Ley”, indicó el ex gobernador de Sinaloa.

Insistió Labastida: “Superemos la estrecha visión que juzga a las autoridades electorales en función de los particulares intereses de quien ve sus intereses juzgados, para aplaudir cuando se les da la razón y condenar cuando ésta no les asiste. Vamos a la campaña con la fuerza de nuestras ideas”. Para ello, convocó a todos los candidatos presidenciales “a realizar campañas de ideas, de propuestas, siempre en un clima de respeto y tolerancia” y a debatir las posiciones de cada partido.

Ese llamado, compromete antes que nada al mismo Labastida y a su equipo de campaña. En los siguientes meses, es posible que la polarización de la competencia electoral lleve a la tentación de olvidar la tolerancia y el respeto que ahora se postulan como ordenadores de las relaciones políticas en estas campañas. Será pertinente, ante tal riesgo, que se recuerde ese compromiso.

El debate directo entre candidatos será inevitable. Labastida prefiere confrontarse con todos juntos para diluir la presencia de sus adversarios principales, Fox y Cárdenas.

Ese jueves, el candidato presidencial del PRI entregó la Plataforma Electoral Federal 2000-2006 que su partido había aprobado el día anterior. Se trata de un documento de una densidad y una riqueza inesperadas, al menos si se les compara con el tono que ha tenido el discurso priista en los meses recientes. La Plataforma del PRI, es muy posiblemente el documento más complejo, y completo, entre los programas que los partidos políticos han presentado para las próximas elecciones. Con ese PRI que apuesta a las ideas, contrasta el mismo PRI que recurre al acarreo, incluso de manera tan vulgar como la que se apreció el día de la presentación de Francisco Labastida en el IFE.

Equidad, preocupación de Muñoz Ledo

El viernes 14 de enero acudió al IFE el sexto de los candidatos presidenciales, Porfirio Muñoz Ledo. Fue presentado por Carlos Guzmán Pérez del Comité Ejecutivo Nacional del PARM, pero habló en representación de ese partido y del grupo Nueva República, que encabeza desde que estaba en el PRD.

Su satisfacción era inocultable. Muñoz Ledo, por fin, es candidato presidencial. No pudo serlo hace un cuarto de siglo, cuando pugnó por afianzarse como delfín del echeverrismo. Tampoco hace dos sexenios, en la hora de la Corriente Democrática que se escindió del PRI. Nunca podría haberlo sido en el PRD, al menos mientras prevaleciera la hegemonía cardenista. Muñoz Ledo ya es candidato, aunque sea por un partido menor y desprestigiado al cual intentará resucitar para apropiárselo.

Además del gusto, ese candidato tiene preocupaciones que manifestó en el IFE. En su discurso, defendió la igualdad de los partidos políticos con tanto énfasis que aseguró: “El tema de nuestro tiempo es la equidad”. Quizá lo sea, pero no de manera predominante en el sentido que al candidato del PARM le interesó destacar cuando exhortó a las autoridades electorales, “para que sean no sólo garantes de la igualdad, la imparcialidad y la certeza, sino también activos promotores de la equidad en estas elecciones”.

Equidad electoral, para Muñoz Ledo, significa que todos los aspirantes presidenciales reciban el mismo trato: “A todos los candidatos nos asisten los mismos derechos fundamentales, y sólo al ciudadano corresponde, al término del proceso, definir el sentido de la preferencia pública y, por lo tanto, escoger, entre los candidatos, a quienes habrán de ser sus mandatarios”.

En tal virtud, igual que Labastida, sugirió debates entre todos los candidatos. Allí, su capacidad oratoria y su ingenio le permitirán a Muñoz Ledo salir airoso delante de candidatos menos diestros en la confrontación verbal. Pero que haya debate, todos juntos o unos con otros, no significa que en las elecciones, equidad sea idéntica a igualdad.

Las prerrogativas que la ley establece benefician a los partidos que han demostrado, en las urnas, tener mayor arraigo entre los ciudadanos. Las coaliciones cardenista y foxista y el PRI, reciben mucho más dinero y recursos propagandísticos que los partidos de Camacho, Rincón Gallardo y Muñoz Ledo. Allí no hay vuelta de hoja, al menos para estas elecciones.

Esas son las reglas y esos, los candidatos. Seis, para el 2 de julio.

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Publicado el 23 de julio de 2000 en La Crónica de Hoy

El problema de los partidos políticos, es que la gente no les cree.

   Durante mucho tiempo, los mexicanos consideraron a los partidos como un mal necesario. Ahora, es posible que comiencen a considerarlos como un mal prescindible.

   Tenemos una sociedad cansada de la política y desconfiada respecto de los asuntos públicos. Esos rasgos, que son consecuencia del abuso y el lucro que los partidos han hecho respecto de los ciudadanos, también son manifestaciones de inmadurez.

   Una sociedad políticamente inmadura, es una sociedad débil. No cuenta con la cohesión suficiente para enfrentar amenazas o desafíos relevantes y es vulnerable a influencias manipuladoras, o autoritarias.

   Esa es, hoy, la condición de la sociedad mexicana. Cuenta con más información que nunca, pero no por ello con más claridad sobre su situación actual y sus posibilidades de desarrollo. Mira con interés la competencia política e incluso la respalda al ir a las urnas, pero luego presencia como algo ajeno las secuelas de las elecciones.

El 36% de los ciudadanos, dejó de votar

   El 64% de los ciudadanos registrados en las listas de electores, acudió a votar el 2 de julio. El otro 36%, constituye un segmento de enorme importancia en el que nadie ha querido pensar. ¿Cuáles fueron las causas, o las dificultades, por las cuales 3.6 de cada 10 ciudadanos decidieron no ir a las urnas?

   En todos los comicios, en todas partes, siempre hay un porcentaje de abstención. En las sociedades contemporáneas, los no votantes tienden a crecer por motivos muy diversos. A veces, la excesiva confianza en los resultados o la anticipación estadística de ellos conduce a la gente a pensar que, puesto que su participación no es indispensable, pueden ahorrarse la molestia de ir a votar. En otras ocasiones, una intensa disputa entre los candidatos principales, más que movilizar aleja a de las urnas a los ciudadanos.

   No tenemos sustento estadístico suficiente para saber por qué más de la tercera parte de los mexicanos que podían votar, no ejerció ese derecho. Puede pensarse que algunos de ellos, se hastiaron del encono entre los dos partidos principales y ninguna de las otras opciones los convenció.

   Las campañas recientes, se desplegaron fundamentalmente en los medios electrónicos de comunicación. Gracias a ellos, los candidatos fueron conocidos por la gran mayoría de los mexicanos. Pero los medios masivos, al mismo tiempo que multiplican las imágenes de los personajes públicos, las alejan de la vida cotidiana de los electores. Quizá más de un ciudadano habrá mirado con extrañeza los esfuerzos de los candidatos para convencer a los mexicanos, pero sin ofrecer compromisos específicos, tangibles, en la mayor parte de los temas que estuvieron a discusión durante las campañas.

7 de cada 10, sin interés en la política

   La mayoría de los mexicanos considera que la política, no les interesa. Entre enero y febrero pasado, el equipo de investigación del diario Reforma levantó un sondeo que forma parte del proyecto Encuesta Mundial de Valores de la Universidad de Michigan. Allí, se encontró que el 65% de los ciudadanos, en nuestro país, declara estar “poco interesado” (35%), o “nada interesado” (30%) en la política. La encuesta, coordinada por Alejandro Moreno, consignó la cantidad de mexicanos que se consideran “muy interesados” en la política: solamente en 7%. (”El jaloneo de la democracia”, en Reforma del 13 de mayo de 2000).

   Otro sondeo levantado por ese diario, como parte de sus encuestas preelectorales, preguntó en febrero pasado “¿qué tan interesado está usted en la política?”. El 6% respondió que mucho. El 22%, dijo estar algo interesado. El 40%, manifestó que estaba “poco interesado”. El 31%, eligió “nada interesado” (”Política que no interesa”, en Reforma del 15 de marzo de 2000).

   Ese 71% de quienes admiten un nulo o escaso interés por la política, se registraba ya en plena temporada de campañas, con todos los candidatos presidenciales haciendo proselitismo.

   Desde luego, el desinterés o la apatía respecto de la política, no necesariamente conducen a los ciudadanos a no participar. Pero inevitablemente, matizan la intensidad e incluso, el tipo de participación política que puedan tener. El 2 de julio pasado, la asistencia a las urnas de 64 de cada 100 ciudadanos, constituyó un espléndido referéndum a favor de la democracia y especialmente, una señal de confianza en las elecciones y en la autoridad electoral.

   Los resultados de esos comicios, dieron como triunfador al candidato presidencial que más había cuestionado al sistema político mexicano. La paradoja es solo aparente. Los ciudadanos que apoyaron a Fox, lo hicieron en contra de los aspectos más tradicionales del régimen político que hasta ahora hemos tenido pero se apoyaron, para ello, en el sistema electoral que forma parte de ese régimen político.

Confianza de la sociedad en algún cambio

   El candidato ganador, recibió el 42.5% de los votos. Ese porcentaje superó, incluso, las expectativas de su equipo de campaña. Poco antes de las elecciones, un segmento significativo de los ciudadanos que no habían decidido por quién votar, o que en las encuestas no querían manifestar su preferencia de voto, resolvió hacerlo a favor de Vicente Fox.

   Aparentemente, según la lectura que ahora puede hacerse de las encuestas preelectorales, desde comienzos de este año Fox estaba a la cabeza, pero por un margen muy pequeño, por encima del candidato presidencial del PRI. Ese margen, al final creció. De cualquier manera, tomando en cuenta la abstención y los votantes por otros partidos, puede reconocerse que a Fox, apenas lo apoyó un poco más de la cuarta parte de los ciudadanos con derecho a voto.

   Hoy, sin embargo, existe una curiosa atmósfera de expectación e incluso, de confianza dentro de la sociedad mexicana. Incluso muchos de quienes no votaron por el candidato presidencial ganador, ahora consideran que el resultado de las elecciones no es tan desfavorable, después de todo. Hay que darle el beneficio de la duda, concede la mayoría, con realismo e incluso con alguna dosis de esperanza. No hay mal que por bien no venga dicen, resignados, algunos otros.

   No es exagerado considerar que la mayoría de los ciudadanos, ahora, espera cambios positivos por parte del próximo gobierno. Los votantes de Fox, desde luego, además del sentimiento de triunfo que tienen desde hace tres semanas, son los primeros en considerar que el país cambiará drásticamente en el futuro inmediato, porque entre ellos prevalecía la suposición de que los principales males de la nación mexicana se han debido al PRI y a los gobernantes que surgieron de ese partido. Muchos más, habiendo sufragado por otros partidos, quieren creer que el cambio no será tan desfavorable.

Comienzan a poner los pies en la tierra

   Todos, en todo caso, esperan cambios.

   El compromiso del gobierno próximo es mayúsculo, en ese sentido. La gente que votó por Fox, pero además los ciudadanos que mantienen hoy en día una actitud de optimista expectación, anhelan y aguardan transformaciones importantes.

   Y, paradójicamente, Fox y su equipo comienzan a poner los pies (o las botas) sobre la tierra y a reconocer que las promesas de campaña no podrán ser cumplidas al menos de inmediato y que el cambio, ni será tan súbito, ni tan intenso como habían asegurado.

   Al candidato presidencial electo y a sus colaboradores, se les podrían reprochar sus nuevas retractaciones. Cuando estaban en campaña prometieron un crecimiento económico del 7% anual y ahora, dicen que será mucho menor. Pero ese realismo, es preferible al sostenimiento de expectativas que no serán cumplidas, o que implicarían un enorme desgaste para la economía y la sociedad mexicanas. Más vale tener metas prudentes, y aclarar desde ahora que los objetivos de los cuales se ufanaban en la campaña no son alcanzables. Insistir en objetivos incumplibles, sería todavía más irresponsable.

Fox tiene un formidable capital político

   La esperanza de todos esos mexicanos, votantes o no del partido que lo llevó al triunfo, está concentrada en Vicente Fox. El presidencialismo mexicano, con toda su tradición de liderazgo desmedido, encarna hoy en el candidato de la Alianza por el Cambio.

   La imagen social de ese candidato, fortalecida por el triunfo electoral, constituye un enorme patrimonio político que no es de un grupo y ni siquiera de un partido: el único dueño de ese capital es Vicente Fox Quesada. Y las atribuciones legales que asumirá dentro de cuatro meses, junto con la fe sincera o convenenciera que su triunfo suscita en mucha gente, hacen de él un líder de enorme poder político. Quizá demasiado.

   Unas cuantas fallas o inconsecuencias en los primeros meses del gobierno, podrían restarle a Fox buena parte de esa adhesión social que ahora le beneficia. La simpatía de los ciudadanos es tan veleidosa que lo mismo premia con facilidad, que sanciona con severidad. De la misma manera unos cuantos aciertos iniciales, incluso medidas que significasen pocos cambios en la estructura económica o la del poder político, pero que fuesen espectaculares, podrían mantener esa adhesión.

   Allí encontrará Fox una de sus primeras dificultades. Tendrá que decidir si va a gobernar para propiciar cambios en serio, o solamente cambios cosméticos. Los primeros no siempre son populares e incluso, cuando los afectan aunque sea temporalmente, se traducen en incomodidad de los ciudadanos. Los cambios más aplaudidos son aquellos que aparentemente resuelven algunos problemas, aunque no los ataquen desde su raíz.

Cambios o populismo, con o sin Congreso

   Gobernar para el aplauso fácil, sería una política populista, cercana a la demagogia… y al caudillismo. En numerosas ocasiones, esos son rasgos que han podido identificarse en la personalidad del ahora candidat