Sociedad y poder

Comentario publicado en  Nexos, octubre de 2006

El periodismo encuadernado, como en distintas ocasiones se le ha llamado a la publicación en libro y sin modificaciones de textos originalmente aparecidos en la prensa, tiene ventajas y riesgos. Entre estos últimos destaca la caducidad que adquiere un artículo periodístico cuando ha transcurrido el contexto para el que fue escrito. Entre las primeras, está la facilidad de acceso a una reflexión suscitada por acontecimientos del día tras día. Y quizá sea ventaja, pero también riesgo, la edición encuadernada de artículos de periódico inicialmente pensados para coyunturas distintas a aquellas en las que se encuentran los lectores del libro. Esa es la contingencia que enfrentan Después de la transición y su autor cuyos textos, leídos en conjunto, subrayan inquietudes manifestadas a lo largo de dos años en las colaboraciones de José Woldenberg para Reforma.

   A simple vista podría decirse que la más importante de esas preocupaciones es la complejidad y la construcción de la democracia mexicana que el autor encuentra suficientemente sólida para considerar, en uno de los primeros textos del libro, que en “las elecciones recurrentes” que tiene nuestro país se puede identificar “una escuela de democracia”. Sin embargo más allá de las reglas, de los procedimientos y la interiorización o no del compromiso democrático en los actores públicos, quizá la inquietud cardinal de Woldenberg se halla en el ejercicio y las posibilidades de la política.

   Cuando se ocupa de algunos de los conflictos más agudos durante los dos años en que aparecieron estos artículos, Woldenberg insta para que se pongan en práctica los recursos de la política a la que entiende, siguiendo a Bernard Crick, como la conciliación de intereses divergentes. Pero al mismo tiempo recela, con sobrados motivos, del empobrecimiento de la política tal y como se le ha llegado a entender. “La política de hoy en nuestro país se encuentra no sólo marcada por la coyuntura sino secuestrada por la misma” diagnostica. Y en uno de los segmentos más desencantados del libro advierte las limitaciones de los políticos, a quienes se les suele exigir más de lo que pueden dar: “se encuentran acotados, restringidos por poderes fácticos, rutinas democráticas, inercias sociales e institucionales, intereses gremiales, redes de conocimiento especializado y organismos multinacionales”. Entonces, diagnostica: “la política juega un papel subordinado en esa mecánica de fuerzas en despliegue. No guía, es guiada”.

   “La política se consume a sí misma en sus rituales” deplora Woldenberg. Y ese deterioro no es reciente. Las jornadas de 1968 fueron “el disparador de la pasión por la política” de los estudiantes de aquel tiempo, recuerda, pero uno de los “nutrientes del desencanto” que más tarde padecieron muchos de ellos “fue la sobrevaloración de las posibilidades de la propia política”.  

   Desde su imagen pública y quizá allí más que en cualquier otro ámbito, la política expresa deterioro e incompetencia. El autor de estos textos describe el reflejo de tal apariencia en los medios de comunicación: “La irritación es común denominador. La majadería y el insulto son moneda de curso común. El presente es gris y el futuro pinta peor. La complejidad de los problemas desaparece y es sólo la incompetencia, la tontería, la corrupción de los políticos la fórmula cansina para expresar nuestros males. El espíritu público expresa desencanto, cansancio, malestar”.

   Tajantemente, páginas adelante Woldenberg dictamina: “nuestra germinal democracia vive los embates de la degradación de la política”. ¿Qué podemos hacer ante ese estancamiento, si no es que retroceso, en la vida pública? El autor apunta en otro sitio del libro: “si deseamos trascender a la política como espectáculo, parece necesaria la construcción de una ciudadanía capaz de hacer suya la agenda de la política y de romper el círculo vicioso de una política que expulsa al ciudadano”.

   El marco para que se desenvuelva el ejercicio de la política tendría que ser el Derecho. Sin reglas la política se convierte en ejercicio salvaje, o resulta de tal manera condicionada por el pragmatismo que acaba quedando dominada por personajes sin escrúpulos. A eso se debe la preocupación, expresada en distintos segmentos del libro, para actualizar las normas de la competencia política. Como “la democracia porta sus propios problemas, su agenda está cargada de nuevos retos” y tropieza con “dificultades antes impensables”, el temario de nuevas asignaturas está determinado por la diversidad de opciones políticas que, gracias a la democracia electoral, alcanzan posiciones de representación y gobierno en el país.

   Las nuevas coordinadas del presidencialismo ocupan varios de los textos de Woldenberg. Antaño metapoderoso, el del Presidente ha pasado “a ser un poder más” entre las instituciones estatales. Por eso el país tiene que resolver, ante esa modificación del poder presidencial, “si no ha llegado el momento de transformarlo con algunas fórmulas del parlamentarismo”. Lamentablemente el autor no se extiende en esos temas aunque considera deseable el establecimiento de un gobierno de coalición que, no obstante la diversidad de fuerzas partidarias que hoy alcanzan posiciones de representación importantes, fuese “capaz de contar con el apoyo mayoritario del Congreso”. En cambio descarta la posibilidad de establecer una segunda vuelta para la elección presidencial (quienes la proponen, dice, “se equivocan en el diagnóstico y en la receta”), descalifica la sugerencia para que haya candidatos independientes (que lo serían respecto de los actuales partidos pero a la vez estarían generando su propio partido), concuerda con la necesidad de abreviar las campañas electorales y cuestiona el lugar común que supone que para mejorarla, hay que ciudadanizar la política (“todos los políticos son ciudadanos pero no todos los ciudadanos son ni deben ser políticos”).

Frágil ciudadanía, políticos pueriles

   Pero si no tienen por qué ser políticos, sí se echa de menos una mejor formación política en esos ciudadanos. En varias ocasiones Woldenberg deplora tales insuficiencias: “tenemos pues ciudadanos incompletos, que ejercen sus derechos con baja intensidad” dice aludiendo a la situación latinoamericana y para explicarse por qué nuestras democracias son “pobres y desiguales”. Y en otro sitio recalca: “nuestra sociedad civil es débil y sobre todo desequilibrada”. Lo peor es que a esos ciudadanos a medias y a esa sociedad endeble así como a quienes los gobiernan, las circunstancias les requieren que actúen como si fuesen políticamente adultos. “Estamos pues obligados a vivir como mayores de edad: cada uno (político o institución) haciéndose responsable de sus actos y omisiones, dado que se acabaron las entidades tutelares bajo las cuales se podía navegar como menores de edad”.

   Esas conductas pueriles alcanzan a los políticos. En uno de sus textos más vehementes Woldenberg subraya “la incapacidad profunda para reconocer faltas propias y el afán de asignar la responsabilidad siempre a otros: ex compañeros de ruta o adversarios políticos reales y/o inventados”. El síndrome del crío que, incapaz de advertir sus propias fallas, le echa a otros la culpa de todo lo que le sucede constituye, dice este autor, “una especie de minoría de edad permanente tanto política como ética… remite a esa etapa juvenil en la que el político supone que todos los valores positivos están de su parte y que sus oponentes, por supuesto, encarnan el mal”.

   Esa descripción no tiene destinatario específico pero quizá no sea casualidad la perfección con que le calza al personaje más discutido hoy en día en el panorama político de nuestro país: “Minoría de edad ética, porque la culpa, la responsabilidad, jamás es propia sino de otros… Lo más triste del espectáculo es que varios de los protagonistas ciertamente tienen energía vital, inteligencia política, y en ocasiones hasta causas que valen la pena. Lo que les falta, sin embargo, es una cualidad insignificante: menos epopéyica, más modesta: sentido de responsabilidad”.

   Varios textos en este libro fueron escritos durante el litigio acerca del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Woldenberg se opuso a esa decisión porque consideraba que hubiera implicado la exclusión, de las elecciones de 2006, de la fuerza política representada por ese personaje. Aunque en algún momento aclaró que no compartía “el poco aprecio que AMLO tiene por la legalidad”, el autor del libro consideró que el descabezamiento de dicha fuerza política podría “dinamitar mucho de lo que como país hemos construido en los últimos años”. Por eso urgía para que hubiera, como a la postre ocurrió, una solución política.

   No deja de ser paradójico que la política, a la que en algunos momentos del libro se considera subordinada a intereses facciosos e incluso autosecuestrada, fuese identificada por Woldenberg como la salida conveniente para un conflicto con tantas aristas como era el desafuero del entonces jefe de Gobierno del DF. Su llamado para que la sanción a una falta menor no se convirtiera en avasalladora crisis política resultaba entendible. Pero supeditar todo ese episodio a una solución política que, por lo demás, era favorable únicamente a uno de los sectores en litigio, quizá no resultó la mejor manera de enfrentar aquel diferendo. Las virtudes de la política solamente se pueden desplegar a plenitud cuando todos los actores de un conflicto quieren ceder parte de sus posiciones en aras del acuerdo. Si eso no es factible, el otro camino es la aplicación de la ley. En aquel episodio, como el mismo Woldenberg advirtió, había una “mecánica de polarización irresponsablemente alimentada desde ambos bandos (gobierno federal y del DF)”. Demandar el desistimiento respecto del desafuero constituía una actitud política pertinente pero que, al soslayar las faltas y sobre todo la jactancia de López Obrador contra el cumplimiento de las leyes, propiciaba un saldo parcial. En la sociedad mexicana y en los segmentos más pueriles de sus elites políticas aquel episodio dejó una lección cuyas consecuencias hemos padecido después de las elecciones del 2 de julio de 2006: la creencia en que el cumplimiento de las leyes puede esquivarse cuando hay consideraciones, prioridades o presiones de carácter político.

Medios, montados en el escándalo

   La búsqueda de soluciones para resolver esa minoría de edad de los ciudadanos origina, al menos en parte, la reiterada preocupación de Woldenberg por las insuficiencias en los medios de comunicación: “montados sobre el escándalo, son ineficientes para explicar y ofrecer sentido a lo que acontece en el escenario político”; existe “la tendencia a convertir a la política en una actividad emparentada con el espectáculo y modulada por los códigos de los grandes medios”; “al apostar sólo a la coyuntura, a la especulación con agendas llamativas pero efímeras, a la multiplicación del alboroto, hacen un flaco favor a la causa de hacer inteligible la política”. Pero como con esos medios tenemos que arar, anticipa: “de la calidad de nuestros partidos políticos y de nuestros medios de comunicación dependerá la calidad de nuestra de nuestra democracia”.

   Pesimista en su diagnóstico, esa fórmula resulta fatalista en el pronóstico. Si el mejoramiento de nuestra imperfecta democracia depende de partidos tan descosidos como la mayoría de los que dominan el escenario político y de medios tan desastrados como los que con tanta puntualidad define Woldenberg, es claro que no podemos tener demasiada esperanza en ella.

Apuesta por las ideas

   A pesar de su inicial cometido, atado a la coyuntura, los textos reunidos en Después de la transición pasan la prueba del tiempo gracias a la agudeza de José Woldenberg para, en todo momento, mirar más allá de las circunstancias inmediatas. Por muy específico y acotado que sea el tema del que se ocupa, sabe encontrarle significado y perspectivas que trasciendan a esa situación precisa. Superando provechosamente el parloteo con que los medios atienden a los asuntos públicos, Woldenberg mantiene una fértil apuesta por las ideas, con una racionalidad que desmonta fundamentalismos y oportunismos. Gracias a ello, los artículos compendiados en este libro pueden ser leídos a pesar de las situaciones durante las cuales o ante las cuales fueron escritos. En un ambiente público tan reacio a la deliberación, tan condicionado por intolerancias de todos los signos y tan repleto de posiciones rígidas, el ejercicio analítico de José Woldenberg resulta semanalmente agradecible y, ahora, es motivo para que lo apreciemos en libro.

 
José Woldenberg, Después de la transición. Gobernabilidad, espacio público y derechos. Ediciones Cal y Arena. México, 2006, 384 pp.

 Un manido refrán, cargado de voluntarismo y en ocasiones candoroso sostiene que de las crisis, nacen las oportunidades. Desde luego, suponer que siempre hay circunstancias propicias es mejor que encerrarse en la desconfianza y la parálisis. Pero para comprender un escenario político repleto de tantas paradojas y complejidades como el que tenemos hoy se precisa de optimismo y, además, de una preventiva pizca de realismo.

   Considerar que la transición mexicana se encuentra en riesgo es, a la vez, diagnóstico y conclusión inicial. Pero habría que aquilatar en qué han consistido los avances de esa transición para entender qué es lo que está peligrando y cuáles opciones tenemos ante ese apuro.

   El eje del cambio político mexicano en los años recientes fue la construcción de un sistema electoral ejemplar y confiable, cuya solidez ha dependido de reglas muy detalladas y del compromiso de todos los actores políticos con tales normas. La identificación mecánica de la democracia con la competitividad y la transparencia electorales condujo a no pocos observadores de nuestra vida pública a considerar que la transición política podía darse por concluida sin reparar en sus varias asignaturas pendientes: entre ellas se encuentran la insuficiente y a veces inexistente democracia en los sindicatos y otros organismos de la sociedad, la concentración y el autoritarismo de los medios de comunicación más influyentes y el ingente déficit que padece la cultura cívica de los mexicanos. Sin atender esos rezagos, para no referirnos a la desigualdad social que constituye el principal factor de escisión en el país, era demasiado ilusorio considerar que la transición democrática había concluido.

   Ahora, cuando la coalición perdedora en las elecciones del 2 de julio y sus simpatizantes cuestionan agriamente al sistema electoral y colocan a la política mexicana en el desafío más espinoso que haya enfrentado durante esta transición, vale la pena preguntarnos qué es lo que realmente ha entrado en crisis y qué es lo que se encuentra en riesgo.

Reformar, sin desdeñar

lo que ahora tenemos

   Se está volviendo lugar común hablar del deterioro de nuestras instituciones políticas. Son caducas, han sido desbordadas, no dan para más, se dice quizá con indocumentada ligereza. Evidentemente nos encontramos en una situación difícil. Pero, justamente por ello, habría que incorporar al análisis al menos parte de la prudencia que les requerimos a los actores políticos para no arrojar por la ventana el agua de estos turbulentos tiempos, el niño que es nuestra inmadura democracia y de paso también la bañera institucional que encauza, cobija y legitima al juego político.

   La confianza e incluso el respeto de un segmento importante de los mexicanos hacia el sistema político y específicamente hacia las instituciones electorales se encuentran notoriamente erosionados. Pero esas instituciones han cumplido con sus obligaciones, han acatado las leyes y están funcionando. Conforme el proceso de la calificación electoral ha avanzado se ha podido ratificar no solamente el resultado de la votación del 2 de julio sino, junto con ello, el desempeño en términos generales escrupuloso del Instituto Federal Electoral.

   Lo que falló no fueron el IFE ni las reglas electorales sino el compromiso de uno de los actores de la competencia política con esas reglas y con los resultados de la votación del 2 de julio. El resto de las instituciones del Estado mexicano también continúa en marcha. Las dos cámaras del Congreso federal ha quedado instaladas y en ellas se encuentran representadas todos los partidos. En pocos días más tendremos presidente de la República formalmente electo. El país está cruzado por la inquietud y por una sensación de malestar que nos ha traído de la crispación al pesimismo pero la economía funciona y la vida cotidiana de la gente sigue. No hay que menospreciar la protesta del candidato presidencial que perdió las elecciones pero, más que por la cantidad de mexicanos a los que pueda representar, el arrebato de  López Obrador es preocupante porque puede está conduciendo al PRD hacia un despeñadero político.

   El hecho de que las instituciones políticas no se encuentren paralizadas no significa que respondan cabalmente a las nuevas realidades del entramado partidario y de la sociedad mexicanos. El presidencialismo está definitivamente agotado, por lo menos con la omnímoda concentración de poder y con las forzosas capacidades de arbitraje que tuvo en otros tiempos de la vida política mexicana. La construcción de un nuevo perfil, más moderno, acotado, dialoguista y flexible para el Poder Ejecutivo Federal, quedó arruinada con las cotidianas torpezas, los compromisos facciosos, las palmarias insuficiencias personales y el patético desempeño del presidente Vicente Fox. Sería injusto condenar a la institución presidencial por todos los desatinos de quien la ha ocupado en los últimos seis años. Pero el solo hecho de que a la Presidencia de la República haya llegado un personaje con las limitaciones que han sido tan ostensibles en este sexenio confirma que el país necesita de un esquema de gobierno diferente, capaz de racionar la responsabilidad del gobierno en diferentes fuerzas y poderes y que, sobre todo, obligue a los acuerdos y compromisos políticos.

Partidos inmaduros para

el parlamentarismo

   Cuando nos preguntamos cuál es el modelo de organización institucional más apropiada para México es frecuente voltear la mirada hacia los regímenes parlamentarios. Pero resulta un tanto aterrador imaginar al gobierno del país aherrojado a las cadencias y costumbres de partidos tan atrasados, inorgánicos y escindidos como los que dominan en el actual escenario político. El hecho de que el PAN siga conducido por una dirigencia de vocación fundamentalista, el PRI esté representado –como ocurre ahora en el Congreso– por personajes más proclives a la picardía que a la política y el PRD se empeñe en padecer el síndrome de Estocolmo que lo sujeta al personaje que secuestró el proyecto de las antiguas izquierdas para reemplazarlo por una grotesca reedición del viejo caudillismo caciquil, permiten desconfiar de cualquier esquema que dependa de la interacción cotidiana entre tales actores políticos.

   Es cierto que con esos partidos tenemos que arar. Pero si son indispensables y si su funcionamiento y vigencia resultan incluso deseables para que no lleguemos a tener, entonces sí, una auténtica y acaso irreversible crisis de nuestro modelo político, parece necesario que no nos conformemos con ellos. Junto a la solidificación de opciones políticas nuevas –como la que representa, destacada y meritoriamente el Partido Alternativa– es preciso que mantengamos y profundicemos las apreciaciones críticas acerca de todos y cada uno de los partidos y fuerzas políticas del país.

   La mejor opción para que México supere creativa y provechosamente la crisis actual tendría que pasar por la coincidencia de todos esos partidos y fuerzas políticas en torno a una diversa colección de compromisos. Ojalá hubiera sensatez y generosidad suficientes, en esas fuerzas políticas y en la sociedad, para alcanzar y afianzar un acuerdo nacional capaz de involucrarlos a todos. Esa es la meta deseable y cualquier esfuerzo hacia ella resultará plausible. Pero también es necesario plantearnos la posibilidad de que no todas las fuerzas políticas entiendan la necesidad nacional de tales compromisos.

   Todos los días constatamos, en todos los partidos principales, la enorme dificultad que sus dirigentes y representantes tienen para mirar más allá de sus intereses y antojos inmediatos. Su extraordinaria dificultad para tener una perspectiva de largo o aunque sea mediano plazo, siempre ha sido un defecto de la clase política mexicana. Por eso no sería remoto que, a pesar de la palmaria necesidad para que formen parte de un acuerdo amplio, magnánimo e incluyente, alguno o algunos de los partidos principales antepongan la confrontación o, en otro caso, supongan que pueden sortear los actuales aprietos sin necesidad de establecer compromisos con sus ahora adversarios.

Equívocos del PRD,

dilemas de Calderón

   El PRD aparentemente mantiene una posición ambigua. El candidato presidencial derrotado está a punto de proclamarse alteza inserenísima al mismo tiempo que los senadores y diputados de ese partido, legítimamente electos, asumen sus tareas legislativas. Mientras en el Zócalo llaman a la asonada, en San Lázaro juran la Constitución. Hay quienes confían en que dentro de ese partido se impongan la sensatez y el realismo para que el PRD coseche y usufructúe los nada despreciables triunfos que logró en la elección del 2 de julio. Pero como a la vez que sus nuevos legisladores reciben sus credenciales y se aprestan para el primer periodo de sesiones el PRD prepara una supuesta convención cuyo resultado ya ha sido anunciado y que lo afianzará en una ruta de muy difícil retorno, a estas alturas podemos preguntarnos si en ese partido dominarán la responsabilidad y el realismo, o la esquizofrenia, la insensatez y el resentimiento políticos.

   Felipe Calderón, al parecer más en el plano de las declaraciones que en una auténtica operación de acercamientos y pactos políticos de largo alcance, ha seguido insistiendo en la creación de acuerdos. No es demasiado relevante si esa búsqueda se debe a la seriedad  con que contempla el desastrado panorama que deja la elección o a la necesidad de compromisos que le impone ese mismo contexto. Lo importante es que, en el actual clima de confrontación, esa búsqueda de Calderón puede quedarse sin interlocutores suficientes. Si no se convierte en una operación de cara y hacia el país, los márgenes del presidente electo quedarán acotados por la soberbia y la intolerancia que campean en las fracciones que siguen dominando en Acción Nacional y por el convenencierismo de los aliados de ocasión que encuentre en el PRI.

Los acuerdos necesarios

   En este escenario, discutir propuestas puntuales aparentemente resulta anticlimático pero, por eso mismo, puede contribuir a la distender la crispación que sigue imperando quizá no en todo el país pero sí en los segmentos más activos y políticamente interesados de la sociedad mexicana. Sería deseable pensar en un gran acuerdo para renovar la política y otro para el crecimiento económico. Política y economía se encuentran imbricadas como nunca antes. Uno de estos acuerdos, sería irrealizable si no existe el otro. Es imperioso, además, un acuerdo muy puntual y con metas definidas para restablecer la seguridad pública y contra la delincuencia.

   En el plano de la economía el tema de la reforma hacendaria –que incluya significativos ajustes fiscales y recaudatorios– parece imprescindible. Si el Estado no cuenta con más recursos será imposible desplegar la política redistributiva que prácticamente todos reconocen como necesaria. Metas, pautas y beneficiarios de esa política tendrían que ser la otra cara del acuerdo económico.

   Las reformas en el plano específicamente político tendrían que sustituir lo que resulta insuficiente y fortalecer lo que funciona bien. Si, como señalamos antes, no parece pertinente pensar en un sistema político de índole parlamentaria al menos por ahora, habría que considerar la construcción de contrapesos y de esquemas de responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo. La necesidad, por ejemplo, de que algunos secretarios de Estado sean aprobados por el Congreso a partir de propuestas del Presidente de la República, la creación de mecanismos más ágiles y transparentes para la rendición de cuentas de ambos poderes, el establecimiento de reglas actuales y eficaces para el trabajo parlamentario y la revisión del funcionamiento y la situación legal de comisiones y organismos autónomos en cuya designación participan Ejecutivo y Legislativo, constituirían algunas de las pautas en esa reforma de la institucionalidad política.

   Sería imprudente trastocar el trabajo de los organismos electorales simplemente porque el partido que perdió la elección, y sus simpatizantes, quieren culpar a las autoridades del IFE de la decisión que los votantes definieron en las urnas. Lo que hace falta es emprender reformas hace tiempo requeridas para solidificar y mejorar la competencia electoral, comenzando con la sustitución de la propaganda pagada en radio y televisión por la apertura de franjas destinadas a los partidos en los medios electrónicos.

   La reforma de los medios para establecer límites a la inusitada concentración de muchas frecuencias en pocas manos, propiciar el desempeño responsable de las empresas de comunicación y garantizar que sean regulados por un organismo verdaderamente autónomo –a diferencia de la mascarada de reforma que todos los partidos aprobaron hace pocos meses con la Ley Televisa– forma parte ineludible de esas transformaciones para la competitividad y la convivencia políticas.

Ante mesianismos

y fundamentalismos

   Indudablemente, hay áreas del entramado estatal y especialmente de su relación con la sociedad que requieren de importantes actualizaciones y renovaciones. Para ello hace falta el acuerdo de todas o, si no fuera posible, de algunas de las principales fuerzas políticas del país. Pero no hay que olvidar que también se requiere el compromiso de todas esas fuerzas con las reglas que ahora tenemos para la competencia y la representación políticas. Hace falta, para decirlo en términos más llanos, de un expreso y productivo compromiso con la política.

Es momento de la política, mas no de la politiquería de miras estrechas y afanes mezquinos con que tan a menudo se la confunde. Las oportunidades para el país, si las hay al cabo de esta crisis, no llegarán solas. El campo de la política es el único en donde pueden procesarse diferencias y edificarse compromisos. Pero además, en el campo de la política quedan aislados tanto el fundamentalismo conservador como el mesianismo populista: es el terreno cuya naturaleza excluye a los excluyentes.

Texto preparado para el foro “La transición en riesgo: retos y oportunidades” organizado por el Partido Alternativa el 30 de agosto en la ciudad de México.

La Crónica, febrero 13 de 2005

La mitad de los senadores presentes en la sesión del jueves por la tarde se negó a respaldar la iniciativa que hubiera permitido la reelección de los miembros del Congreso. La otra mitad apoyó esa posibilidad.

   A la mitad que discrepó con esa propuesta les han llovido descalificaciones no siempre escrupulosas. En cambio los legisladores que respaldaron esa propuesta están siendo considerados como impulsores de la democracia y el cambio político.

   Los votos de los 51 senadores que simpatizaron con esa iniciativa no fueron suficientes porque, tratándose de una reforma constitucional, se requería el respaldo de dos terceras partes de los legisladores de esa Cámara. En contra estuvieron 50 senadores y hubo una abstención.

   Partido en dos en ese tema, el Senado fue representativo de las adhesiones, dudas y francas discrepancias que suscita la posibilidad de que los legisladores sean reelectos. La Constitución Política permite que quienes han sido diputados federales o senadores vuelvan a desempeñar esa responsabilidad pero no el periodo inmediato.

Dos concepciones

   Las resistencias a la reelección forman parte de la historia, pero también de los equilibrios del sistema político mexicano. Es imposible olvidar la intensa convicción con la que, durante y después de la revolución de hace casi un siglo, se extendió el rechazo a la reelección. Hermanarla con la efectividad del sufragio ha sido uno de los apotegmas de la vida política nacional que comparten muchos mexicanos, más allá de las adhesiones partidarias que puedan tener.

   Otros, consideran que la imposibilidad para que se reelijan de manera inmediata constituye un obstáculo a la solidificación del Congreso como auténtico contrapeso al Poder Ejecutivo y al desarrollo de una verdadera carrera parlamentaria.

   Ambas posiciones se expresaron el jueves 10 de febrero, en uno de los debates más maduros que se han escuchado recientemente en el Congreso mexicano.

   Buena parte de los comentarios que se han dicho y publicado en los días recientes no toman en cuenta los argumentos expresados aquel día en el Senado. Se ha extendido la impresión de que la reelección inmediata de los legisladores es requisito indispensable en el avance democrático del país. Y al considerar que se trata de una posición  políticamente correcta –con su correspondiente contraparte– se tiende a soslayar los puntos de vista razonados que también se expresan  contra la reelección inmediata.

   La que se discutió y finalmente resultó aplazada el jueves, es una iniciativa de varios senadores para reformar los artículos 59 y 116 de la Constitución. Con ese cambio el primero de tales artículos hubiera establecido: “Los Senadores podrán ser electos de manera inmediata hasta por un periodo adicional. Los diputados podrán ser reelectos hasta en tres períodos consecutivos”.

   Actualmente el 59 Constitucional indica que “los senadores y diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el periodo inmediato”.

Sauri: moda e ilusiones

   El debate en Xicoténcatl comenzó con una ordenada intervención de la senadora priista Dulce María Sauri quien consideró que la reelección puede ser una necesidad pero, también, se ha convertido en una moda. Esa legisladora expresó seis objeciones a otras tantas “ilusiones”, como las consideró, que suelen apuntalar la reelección inmediata de senadores. Es pertinente detenernos en ellas porque sintetizan con claridad las objeciones a esa iniciativa.

   Sauri rechazó el argumento de quienes sostienen que la reelección les ofrece a los ciudadanos un mecanismo para sancionar a los legisladores. Al contrario, dijo, a quienes puede servir la permanencia de senadores o diputados es a grupos cuyos intereses coincidan con esos legisladores: “Se asume que al existir un Poder Legislativo con reelección continua, los legisladores responderán únicamente a los intereses de sus electores, pues sólo estos tendrán la posibilidad de ratificarlos con su voto. Poco se ha debatido sobre el riesgo que representan los poderosos e influyentes grupos de poder y de interés, con importantes recursos económicos para asegurar la reelección de los legisladores que le son afines y eliminar a los que le son incómodos. Intentarían y eventualmente lograrían cortar a grupos de legisladores para representar y proteger sus intereses, muy probablemente en demérito de los intereses colectivos de amplios grupos sociales”.

   Al buscar su reelección, se dice también, los senadores o diputados tratarán de acercarse a los votantes. Pero ese es un recurso de doble filo. Pretender la reelección inmediata podría llevar a los legisladores a tratar de congraciarse, más allá de principios o proyectos, con los ciudadanos: “Se presume que al existir reelección continua los legisladores establecerán relaciones políticas cercanas a sus electores y lejos de los intereses de los partidos políticos, ‘partidocracias clientelares’, se les llama. Es factible suponer que los mecanismos de negociación política y los canales de expresión de las demandas de las organizaciones populares, obreras, campesinas se trasladarían al Congreso de la Unión y se reflejarían en su relaciones con la administración pública. Podríamos ver nacer una nueva categoría política, el denominado ‘clientelismo legislativo’ ”.

Carrera parlamentaria

   Otro motivo frecuentemente esgrimido a favor de la reelección es la posibilidad de que haya una carrera parlamentaria. Suele sostenerse, explicó Sauri, “que los legisladores no tienen conocimiento de los temas que manejan, porque no tienen tiempo de aprender. Ese estereotipo ha sido cultivado por el Ejecutivo Federal para erosionar la imagen del Congreso ante la sociedad”.

   Y abundó la senadora: “Sin dejar a un lado la necesidad de fortalecer la profesionalización, vale la pena detenerse a pensar si esta justa demanda de la sociedad se resolvería por la permanencia de individuos en sus cargos o si tiene que ver, principalmente, con el diseño y operación institucional del propio Poder Legislativo”.

   En cuarto lugar la senadora recordó que la iniciativa que estaba a discusión proponía únicamente la reelección de los miembros del Congreso de la Unión. “Los defensores de la reelección inmediata aseguran que esta sólo se plantea para los legisladores federales, incluso el dictamen lo establece con claridad y deja libre la situación de definición en las constituciones de los estados a los congresos de las entidades federativas. De ninguna manera evolucionaría hacia una reelección presidencial”.

¿Y el Presidente?

   Algunos de los argumentos por la reelección senatorial y de diputados federales podrían tomarse en cuenta para proponerla, además, en otros poderes. Sauri lo explicó así: “No podemos dejar de considerar que en el mediano plazo muy probablemente surgiría el tema de la reelección del Ejecutivo. Ya se ha planteado la demanda de reelección continua de presidentes municipales, después puede presentarse como una necesidad la reelección del Presidente de la República con argumentos quizá muy semejantes a los que ahora se presentan: Rendición de cuentas, decisión de los electores, premio a la eficacia de sugestión, entre otros. La reelección continua de legisladores abre paso en forma por demás natural a la reelección presidencial, tal como ha sucedido en los últimos años en Perú, Argentina, Brasil, Colombia por sólo mencionar algunos ejemplos de América Latina”.

   Allí se encuentra uno de los tabúes que ni siquiera los promotores de la iniciativa recién discutida han enfrentado. El peso de la anti reelección sigue siendo tal que la sola posibilidad de extenderla a la Presidencia de la República intimida a la mayoría de quienes consideran que sería pertinente en el Congreso.

Ser o no distintos

   Otro argumento cuestionado por esa senadora sugiere que la reelección facilitaría la construcción de acuerdos entre el Congreso y el Ejecutivo. Sin embargo al tratar con legisladores que podrían permanecer en sus cargos el siguiente sexenio o trienio, mientras que él únicamente puede completar una gestión, habría un factor adicional de disparidad entre ambos poderes.

   En sexto lugar Sauri se ocupó de quienes sostienen que la reelección legislativa es necesaria para no ser, en ese aspecto, distintos a otros países. “Se ha subrayado que solamente México y Costa Rica prohíben la reelección continua de legisladores. Curiosamente son, asimismo, los dos países de mayor estabilidad política en América Latina y el Caribe en la segunda mitad del siglo XX. Ser diferentes en cuanto al sistema electoral mixto desde 1962, cuando se creó la figura de diputados de partido, también nos ha distinguido. Lo importante es cambiar porque ese cambio le sirve a la sociedad mexicana, no solo por dejar de ser distintos”.

Reforma integral

   La pregunta que los legisladores tendrían que hacerse, enfatizó Sauri, es si la reelección continua sirve “para que el gobierno esté a la altura de las expectativas de la gente o es tan solo un distractor y paliativo para no enfrentar los graves problemas que padecemos”.

   Lo importante, sugirió, es pensar en el diseño constitucional que requiere el sistema político mexicano. En ese plano la senadora fue más audaz que la iniciativa a la cual se oponía: “Existe un consenso en la necesidad de transitar de un sistema presidencial fuertemente centralizado en la figura del Presidente de la República, hacia un régimen semi presidencial en que el Poder Legislativo tenga corresponsabilidad en la ejecución de sus decisiones, a través de la obligación de formar gobiernos en función de la integración de una mayoría”.

   Esa es, ciertamente, una idea que ha circulado con insistencia. Pero no hay elementos para considerar que haya “consenso” en torno a ella. La posibilidad de que tengamos un régimen se mipresidencial, con contrapesos que ahora no existen delante del Poder Ejecutivo, ha sido atractiva. Pero no se puede decir que esa, igual que en el tema de la reelección legislativa, sea una discusión concluida.

   En todo caso la senadora Sauri no acompañó su adhesión a la semi parlamentarización del régimen mexicano con una propuesta. Pero sí consideró que “en un nuevo régimen político constitucional de estas características, la reelección continua tendría un propósito y una perspectiva diferentes”.

Amplio debate

   Trece senadores más subieron a la tribuna para discutir la reelección en el Congreso. César Jáuregui Robles del PAN, Demetrio Sodi del PRD y Genaro Borrego del PRI la apoyaron.

   Para Sodi, en contraposición con una de las opiniones de la senadora priista, la reelección les daría a los legisladores ventajas sobre los poderes económicos porque ya los conocerían los ciudadanos y no requerirían apoyos externos. Sin embargo, por muy famosos que sean, al tratar de permanecer en el escaño o la curul esos legisladores tendrían que hacer campañas que, en circunstancias como las actuales, son muy costosas.

   “La reelección –dijo Sodi– da autonomía de cualquier interés económico, porque tenemos la seguridad de una carrera legislativa. Y no lo que pasa ahora que todos los legisladores estamos preocupados (pensando) y después del 2006 qué”.

   Borrego anunció que disentiría de la mayor parte de los senadores priistas y que respaldaba la reelección porque en el país ya no existen las condiciones que la hicieron necesaria en los años treinta, cuando teníamos otro sistema político. “Ese sistema basado en la centralización del poder, en la figura del Presidente de la República ya no existe y ya no existirá. Es menester, por tanto, en coherencia con el espíritu original de los principios de la República –no los principios de ningún partido– redistribuir el poder en los espacios institucionales y ciudadanos que les corresponde”.

Razones y retórica

   Los priistas Humberto Roque Villanueva, Silvia Hernández, Óscar Cantón Zetina y David Jiménez González cuestionaron la reelección.    El primero de ellos se lució citando al filósofo político Edmund Burke y al sociólogo Karl Deutsch, así como al ex presidente estadounidense Woodrow Wilson y al politólogo Samuel Huntington. Consideró que más que profesionalismo y rendición de cuentas, lo que consigue la reelección “es una vinculación extraordinaria con los intereses económicos locales”. Y más que pensar en ella como mecanismo de rendición de cuentas, dijo ese legislador, sería preciso plantearse la revocación del mandato constitucional.

   La senadora Hernández advirtió el riesgo de que, con esa reforma constitucional, en los congresos locales proliferasen regímenes distintos para permitir, o impedir, la permanencia inmediata de los legisladores.

   Cantón Zetina se apartó de la discusión conceptual y ofreció una arenga política para considerar que la reelección legislativa “abriría la puerta para modificar la Constitución vigente, y desaparecer, totalmente, el Estado social; se busca lograr por la vía legislativa, lo que no se ha podido hacer por la vía de la alternancia en el Ejecutivo”. No explicó por qué la reelección le sirve a las derechas pero su alocución indicó la malquerencia que la reelección había suscitado en el priismo intolerante y duro que sigue habiendo en el Congreso. A diferencia de otros senadores de ese partido, a la intervención de Cantón Zetina le faltaron argumentos y le sobraron adjetivos.

   Jiménez González advirtió que, con la reelección inmediata, se fortalecerían cotos de poder en el Congreso y se evitaría la movilidad política al cerrarles el paso a quienes no han tenido la oportunidad de ser legisladores.

Cambio aislado, limitado

   También se expresó contra la reelección Raúl Ojeda Zubieta, senador por el PRD. Descalificó la creencia de que así habría profesionalización de los legisladores. Quienes llegan a las cámaras ya tienen conocimientos y experiencia políticos y además hay asesores que los respaldan.

   Lo que sería necesario, consideró Ojeda, es impulsar cambios más ambiciosos: “la verdadera reforma de fondo del sistema político mexicano, un paquete integral que abarque desde reforma electoral (hasta la) reforma de la Ley de Radio; que la ciudadanía vea que no sólo logramos acuerdos cuando el beneficio es nuestro”. Si la reelección se aprobara, anticipó Ojeda, los ciudadanos considerarían que los senadores solamente aprueban reformas para su conveniencia. Más tarde el senador Javier Corral, del PAN, recordó que la iniciativa establecía, en un artículo transitorio, que la reelección podría beneficiar a los miembros de la Legislatura que la aprobase.

   En respaldo de la propuesta hablaron la senadora Sara Castellanos del Partido Verde y los panistas Jorge Zermeño y Javier Corral. Los ciudadanos deben tener la capacidad de decidir, en las urnas, si sus representantes permanecen o no en el Congreso, dijo Zermeño. Corral, por su parte, exhortó para que al votar los senadores tomasen en cuenta el futuro y no solamente la situación circunstancial de nuestro sistema político.

   La mayoría de los legisladores panistas respaldó la reforma. Pero Luisa María Calderón Hinojosa votó por la abstención porque, a su juicio, la profesionalización y el fortalecimiento del Congreso no se lograrían con una “reforma aislada”. Lo que haría falta son reformas para que los legisladores rindan cuentas efectivas a sus electores. “¿Quién nos dice que en vez de lograr la profesionalización no estaremos incentivando las tareas de gestoría, que se alejan de la verdadera responsabilidad del legislador, y que son mucho más redituables, electoralmente hablando?” insistió esa senadora por Acción Nacional.

   Devuelta a comisiones, la iniciativa sobre la reelección inmediata de los legisladores tendrá que aguardar a otro momento. Promotores e impugnadores de esa propuesta ofrecieron ideas. De ambas partes hay razones atendibles. Quizá lo pertinente sea ubicar esa medida dentro de una colección más ambiciosa de reforma institucional para el sistema político mexicano.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

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La Crónica, 10 de enero de 2005

El spot de televisión de la Cámara de Diputados que tanto estruendo causó la semana pasada, era tan críptico que difícilmente debe haber afectado la imagen pública de los tres personajes del PAN exhibidos de esa manera: el presidente Vicente Fox, el senador Carlos Medina Plascencia y el secretario de Gobernación Santiago Creel.

En 30 segundos, de manera atropellada, ese anuncio reproduce sendas frases de esos personajes cuando eran diputados federales. Aparentemente se trata de mostrarlos en contradicción con las posiciones recientes de por lo menos dos de ellos en el reciente litigio por el presupuesto federal entre el gobierno y la Cámara de Diputados.

Sin embargo es preciso conocer el contexto de esa discusión para entender tales alusiones.

La transmisión del anuncio de 30 segundos causó disgusto en el gobierno y en Acción Nacional. Algunos de sus voceros consideraron que la Cámara excedía sus funciones al destinar parte de su presupuesto a pagar mensajes de impugnación política cuyo contenido no comparten todos los partidos en San Lázaro. Otros comentarios consideraron que con ese mensaje la mayoría en la Cámara entraba al terreno de las confrontaciones personales.

Quizá algunas de esas opiniones no tomaron en cuenta el contenido del anuncio. Por eso vale la pena recordarlo.

El medio minuto comienza con la frase “Se dice fácil” resaltada sobre fondo negro.

A continuación aparece Vicente Fox cuando era diputado federal en 1988, en mangas de camisa y hablando aparentemente en la tribuna de la Cámara. Mientras dice tres palabras (“comuniquen, razonen, legislen”) esa imagen se va difuminando para que aparezca de traje negro y ya como presidente de la República.

En segundo lugar se muestra a Carlos Medina Plascencia, a quien se identifica como diputado federal 1998. Esa imagen se traslapa con una más reciente junto a la cual se le reconoce en un rótulo que dice “precandidato a la presidencia 2004”. También aparece el logotipo del PAN. En esa transición de escenas se le escucha decir: “nos hemos enfrentado a las mas groseras presiones del gobierno y su partido. ¡En la cámara de diputados qué no manda el presidente!” (sic).

El tercer término aparece Santiago Creel que dice “debatidas y aprobadas por esta soberanía” mientras se le identifica: “diputado federal 1997”. Luego se le ve en una escena reciente, aparentemente refiriéndose al actual litigio mientras dice: “este procedimiento está poniendo a cada cual en su lugar”. Un letrero lo señala como “precandidato a la presidencia 2004” junto a un emblema de su partido. Durante un segundo y medio, todavía con el secretario de Gobernación a cuadro, aparece escrita la frase: “se olvida pronto”.

Finalmente se lee sobre fondo negro mientras se escucha una voz en off: “La Cámara de Diputados trabaja con seriedad y tiene memoria…”. El logotipo de esa cámara rubrica el anuncio.

Esas frases dicen nada, o algo, según la interpretación que les de cada telespectador. Confuso y hasta anodino, el spot provocó indignaciones políticas, vestiduras desgarradas y protestas enfáticas. Pero es difícil que haya alterado la apreciación pública, cualquiera que sea, del diferendo entre los diputados y el presidente.

Algunos dirigentes del PAN se quejaron por el empleo del emblema de su partido sin recordar que se trata de un símbolo público y no se engañaba a los televidentes al colocarlo junto a panistas notables.

Todo parece indicar que el anuncio es parte de la publicidad institucional de la Cámara de Diputados. En ese caso sería importante que se aclarase si fue difundido en ejercicio del tiempo estatal en televisión o si fue pagado con dinero de esa Cámara. El asunto es más confuso porque algún diputado del PRI aseguró que el spot fue pagado por varios partidos.

La Crónica, 10 de enero de 2005

El spot de televisión de la Cámara de Diputados que tanto estruendo causó la semana pasada, era tan críptico que difícilmente debe haber afectado la imagen pública de los tres personajes del PAN exhibidos de esa manera: el presidente Vicente Fox, el senador Carlos Medina Plascencia y el secretario de Gobernación Santiago Creel.

En 30 segundos, de manera atropellada, ese anuncio reproduce sendas frases de esos personajes cuando eran diputados federales. Aparentemente se trata de mostrarlos en contradicción con las posiciones recientes de por lo menos dos de ellos en el reciente litigio por el presupuesto federal entre el gobierno y la Cámara de Diputados.

Sin embargo es preciso conocer el contexto de esa discusión para entender tales alusiones.

La transmisión del anuncio de 30 segundos causó disgusto en el gobierno y en Acción Nacional. Algunos de sus voceros consideraron que la Cámara excedía sus funciones al destinar parte de su presupuesto a pagar mensajes de impugnación política cuyo contenido no comparten todos los partidos en San Lázaro. Otros comentarios consideraron que con ese mensaje la mayoría en la Cámara entraba al terreno de las confrontaciones personales.

Quizá algunas de esas opiniones no tomaron en cuenta el contenido del anuncio. Por eso vale la pena recordarlo.

El medio minuto comienza con la frase “Se dice fácil” resaltada sobre fondo negro.

A continuación aparece Vicente Fox cuando era diputado federal en 1988, en mangas de camisa y hablando aparentemente en la tribuna de la Cámara. Mientras dice tres palabras (“comuniquen, razonen, legislen”) esa imagen se va difuminando para que aparezca de traje negro y ya como presidente de la República.

En segundo lugar se muestra a Carlos Medina Plascencia, a quien se identifica como diputado federal 1998. Esa imagen se traslapa con una más reciente junto a la cual se le reconoce en un rótulo que dice “precandidato a la presidencia 2004”. También aparece el logotipo del PAN. En esa transición de escenas se le escucha decir: “nos hemos enfrentado a las mas groseras presiones del gobierno y su partido. ¡En la cámara de diputados qué no manda el presidente!” (sic).

El tercer término aparece Santiago Creel que dice “debatidas y aprobadas por esta soberanía” mientras se le identifica: “diputado federal 1997”. Luego se le ve en una escena reciente, aparentemente refiriéndose al actual litigio mientras dice: “este procedimiento está poniendo a cada cual en su lugar”. Un letrero lo señala como “precandidato a la presidencia 2004” junto a un emblema de su partido. Durante un segundo y medio, todavía con el secretario de Gobernación a cuadro, aparece escrita la frase: “se olvida pronto”.

Finalmente se lee sobre fondo negro mientras se escucha una voz en off: “La Cámara de Diputados trabaja con seriedad y tiene memoria…”. El logotipo de esa cámara rubrica el anuncio.

Esas frases dicen nada, o algo, según la interpretación que les de cada telespectador. Confuso y hasta anodino, el spot provocó indignaciones políticas, vestiduras desgarradas y protestas enfáticas. Pero es difícil que haya alterado la apreciación pública, cualquiera que sea, del diferendo entre los diputados y el presidente.

Algunos dirigentes del PAN se quejaron por el empleo del emblema de su partido sin recordar que se trata de un símbolo público y no se engañaba a los televidentes al colocarlo junto a panistas notables.

Todo parece indicar que el anuncio es parte de la publicidad institucional de la Cámara de Diputados. En ese caso sería importante que se aclarase si fue difundido en ejercicio del tiempo estatal en televisión o si fue pagado con dinero de esa Cámara. El asunto es más confuso porque algún diputado del PRI aseguró que el spot fue pagado por varios partidos.

La Crónica, 5 de septiembre de 2004

Con todo desparpajo, algunos de los diputados que vociferaban el miércoles en la sesión de Congreso General admitieron cuál era su propósito: “queríamos reventar al Presidente” –le dijeron varios de ellos al reportero de Crónica Francisco Reséndiz–. A fuerza de gritos y aspavientos intentaban distraer, turbar o de plano desalentar al presidente Vicente Fox antes y durante la lectura del mensaje que presentó con motivo del cuarto informe de su gobierno.

   Los improperios y la intolerancia de esos legisladores desbordaron las fronteras de la libertad que siempre será exigible para que diputados y senadores cumplan con sus responsabilidades. Al abuchear y desfilar por el recinto mientras el presidente leía su documento quebrantaron las reglas más elementales de la actividad parlamentaria. Si el Congreso es para deliberar –parlamentar, precisamente– la noche del primero de septiembre hubo un franco sabotaje a la posibilidad de intercambio político.

   Habrá quienes consideren que no es para tanto. El comportamiento altisonante se ha expresado en muchas ocasiones y otros presidentes, antes que el actual, han padecido escarnio y descortesías al presentar sus informes. Quizá allí radica lo más lamentable del espectáculo que se pudo presenciar el miércoles. El estrépito ya no es insólito sino un componente habitual en la actividad política mexicana.

   Así como fuera y dentro de San Lázaro hay gritería cada primero de septiembre, en otros espacios de la vida pública la algarabía y los empellones forman parte del antagonismo entre las fuerzas políticas. Gritarle al presidente se ha convertido en parte de la costumbre con que las oposiciones –o al menos los segmentos más estridentes y cerriles que hay entre ellas– subrayan un deterioro político cuya gravedad no pueden, ni quieren, ni aciertan a entender.

Reglas arcaicas

   Las burlas y vociferaciones en San Lázaro se manifiestan desde hace tres sexenios. El mismo Vicente Fox cuando era flamante diputado, en 1988, un día se puso unas orejas de burro, no en premonición autocrítica sino para llamar la atención en una de las sesiones del colegio electoral que calificó aquellos comicios presidenciales. Otro personajes han increpado, se han enmascarado o han mostrado pancartas en numerosas sesiones de la Cámara.

   Este año el escándalo en el salón de sesiones fue de tal magnitud que ha suscitado una inquietud sincera en algunos, fingida en otros, que han identificado el jaleo del miércoles con las limitaciones del tradicional formato con que se realizan los informes presidenciales.

   Las reglas para la ceremonia del informe resultan arcaicas en comparación con el desarrollo político del país. Durante largo tiempo ese estilo fue congruente con el autoritarismo de un poder presidencial casi absoluto, al cual se padecía todos los días pero se le festejaba expresamente cada primero de septiembre. La subordinación de la elite y las instituciones políticas al presidente en turno se manifestaba, como en ningún otra fecha, en las acríticas aclamaciones y más tarde en las obsequiosas salutaciones el día del informe.

   El país, la clase política y el presidencialismo mexicano son, ahora, muy distintos. Por eso ha sido pertinente que se cuestione la celebración de una ceremonia en donde el Congreso en pleno se reúne para escuchar las cuentas que entrega el Presidente pero sin auténtica posibilidad de interlocución.

   Un Congreso que escucha sin poder preguntar ni replicar a un titular del Ejecutivo Federal que, a su vez, debe conformarse con la única pero parcial retroalimentación que significa la respuesta protocolaria del presidente en turno de la cámara de diputados, es expresión de un régimen con reglas atrasadas.

   Pero esas son las reglas para la presentación del informe y, por cierto, los únicos facultados para modificarlas se han negado a emprender esa actualización. Diputados y senadores han postergado, una y otra vez, las reformas al reglamento del Congreso que podrían hacer menos unilateral –y menos difícil– la ceremonia del primero de septiembre.

Cambios posibles

   Si la ceremonia no ha cambiado, ha sido porque los legisladores no lo han considerado necesario –o no se han puesto de acuerdo para ello–. Por eso resulta exagerado considerar, ante el escándalo del miércoles, que la presentación del informe presidencial ha llegado a ser innecesaria.

   Eso han dicho numerosos diputados, senadores, dirigentes y comentaristas políticos a partir del zipizape del día primero. El bullicio que trastornó la presentación del mensaje presidencial fue tan notorio, y suscitó tanto rechazo, que hay quienes prefieren, de plano, acabar con la ceremonia anual.

   El formato del Informe ya no funciona, se dice con insistencia. Y en efecto, hay rutinas que podrían cambiar para que esa obligación anual, impuesta por la Constitución, se cumpliera con menos autoritarismo y reconociendo el derecho de los legisladores a hablar delante del presidente cuando él acude a visitarlos en su casa.

   Podrían establecerse reglas, por ejemplo, para que el presidente escuchara una ronda de intervenciones. O para que, unos días después de la presentación de su mensaje, él acudiera a intercambiar puntos de vista con los diputados y senadores.

   Habría distintos esquemas para que la presentación del informe resultase más flexible –menos hierática, quizá– y para facilitar el diálogo entre esos dos Poderes de la Unión.

   Se podrían modernizar varias de esas costumbres. Sin embargo ninguno de esos cambios resolvería el comportamiento pendenciero de algunos legisladores.

Intolerancia política

   Por muchas actualizaciones que se le hagan, la ceremonia del Informe seguirá siendo un pequeño pandemónium mientras los integrantes de las principales fuerzas políticas del país no admitan la necesidad de reconocerse como interlocutores, a pesar de las diferencias que puedan tener entre sí.

   En tanto se mantenga la idea de que al adversario político es necesario devastarlo, como si se pudiera prescindir de él, ningún cambio formal será suficiente para resolver la barahúnda en la que se está convirtiendo la vida pública mexicana.

   Los gritones del miércoles y quienes piensan, desprecian y se comportan como ellos –y que no son pocos, los hay en prácticamente todos los partidos políticos– parecen estar convencidos de que a su antagonista –en este caso el presidente de la República– hay que liquidarlo.

   La pretensión de reventar al presidente, además del profundo rencor que le tienen, expresa una actitud de intolerante soberbia política.

   Los gritones del miércoles, y quienes los respaldan, no sólo consideran innecesario el respeto a las personas e instituciones sin el cual es imposible cualquier intercambio civilizado.

   Además suponen que el presidente, y la fuerza partidaria que lo llevó al gobierno, podrían ser prescindibles en una recomposición política del país.

   No han podido entender que, hoy en día, nadie puede gobernar sólo a este país. Tampoco comprenden las responsabilidades que adquirieron al ser electos y, luego, cuando juraron que cumplirían la Constitución.

   Quizá no es casual el hecho de que muchos de los vocingleros del miércoles sean diputados que nunca han tenido oportunidad ni aptitud para elaborar una iniciativa de ley, o para defender sus opiniones en la tribuna de San Lázaro.

   Algunos de ellos forman filas en las infanterías legislativas. Son diputados con escasas opciones (o no las tienen, o no las buscan, o no se las facilitan) para figurar en el trabajo de la Cámara. Eso no disculpa que pretendan, a gritos, lograr la notoriedad que no han conseguido en las tareas específicamente legislativas.

Incultura del rompimiento

   Esos diputados expresan el profundo atraso político que cruza por todos los partidos. La incultura del abuso, el madruguete, el agandalle y el estropicio, no es patrimonio de ningún partido en especial. Forma parte de las distorsiones del quehacer político nacional y encuentra afluentes, así como repercusiones, en comportamientos similares y muy arraigados en la sociedad mexicana.

   Que entre los ciudadanos existan actitudes de abuso es, sin duda, muy lamentable pero forma parte de la naturaleza humana. Pero que esos comportamientos primitivos se manifiesten en quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones nacionales resulta especialmente aciago.

   Se podrá decir que no es la primera vez que entre los legisladores se manifiestan conductas de ese corte. Es cierto, pero siempre es necesario esperar que el comportamiento cívico mejore en vez de empeorar como ha venido ocurriendo en el Congreso.

   El problema es esa incultura política. No nos referimos solamente a la falta de cortesía, que por sí misma describe a quienes la practican. Es deplorable, sobre todo, esa concepción del quehacer político como la búsqueda del sometimiento del adversario y no como la construcción de puentes para dialogar con él.

   El presidente Fox y su gobierno han tenido un desempeño sumamente cuestionable. El bajo perfil de esta administración no solo es síntoma de la falta de proyecto nacional, sino también de una enorme y a veces casi increíble impericia.

   Pero ninguna de esas fallas justifica que se le trate de reventar, como tan ordinariamente explicaron algunos legisladores del Partido de la Revolución Democrática.

Indignos diputados

   Hay excepciones. En algunos segmentos del PRD existe un sentimiento de molestia por la mala imagen que ofrecieron los diputados camorristas. La mayoría de esas opiniones encuentra inadecuada esa exhibición porque perjudica al partido, más que por la incivilidad que significó. Algunos de esos perredistas deploran los efectos, pero no necesariamente la descortesía con el presidente de la República.

   En ese partido además se ha expresado la opinión, inteligente y crítica pero a contracorriente del fundamentalismo perredista, del senador Demetrio Sodi. En un artículo que apareció el viernes 3 de septiembre en El Universal ese legislador dice, sin rodeos: “Fue vergonzoso ver cómo varios diputados y diputadas actuaban como si estuvieran en un palenque, interrumpiendo y ofendiendo al Presidente”.

   Con una franqueza infrecuente en un partido cuyos valores parecen involucionar cada vez más para quedar supeditados al culto al nuevo caudillismo, Sodi aprecia de la siguiente manera el comportamiento de aquellos perredistas:

   “Estos legisladores no son dignos de estar en el Congreso de la Unión. Probablemente en un sistema político cerrado se tenga que llegar a esos extremos para hacerse oír, pero no es el caso de México; en nuestro país existen los espacios necesarios para que los legisladores denunciemos todo aquello en lo que no estamos de acuerdo”.

   El ejercicio crítico del senador Sodi lo lleva, también, a reconocer la actitud que el titular del Ejecutivo Federal mantuvo ante esas provocaciones: “El presidente Vicente Fox se comportó con respeto en el Congreso, por lo que no son justificables las interrupciones y ofensas que se le hicieron durante su informe. Estas posiciones, indignas de un legislador, desprestigian al Congreso y a la clase política, y ponen en riesgo nuestra transición democrática pacífica. La política y la democracia florecen en el diálogo, en el respeto y en la búsqueda de coincidencias; los radicalismos, las ofensas y el rechazo al diálogo niegan la política y ponen en riesgo cualquier sistema democrático”.

Sociedad disgustada

   Lástima que muy pocos legisladores –tanto en el PRD como en el resto de los partidos– tienen el sentido institucional de la política y la perspicacia suficiente para reconocer méritos e interlocución en el adversario como hace el senador Sodi.

   Pero igual que él y sin estar involucrados en la confrontación política, muchos ciudadanos consideraron excesiva la gritería del miércoles. Al día siguiente del informe la empresa Delfos, que levantó una encuesta telefónica en el Distrito Federal encontró que el 87% de los ciudadanos considera malo, o muy malo, el comportamiento de los legisladores en la ceremonia del primero de septiembre.

   El 79% consideró que los diputados y senadores de oposición no tienen derecho a interrumpir con abucheos la lectura del mensaje presidencial. El 71% dijo que esa conducta le parece inadecuada. El 86%, a pregunta expresa, estimó que al comportarse como lo hicieron los legisladores demuestran poca ética.

   El disgusto de la sociedad es evidente. Los datos anteriores, levantados en la entidad que mayoritariamente respalda a Andrés Manuel López Obrador son contundentes. Cuando Delfos preguntó si el presidente merece el trato que le dieron los legisladores el 73% consideró que no. Pero al 26% le pareció que sí: los abucheos tienen una base social que comparte esa impolítica del exceso y la ruptura.

El verdadero impedimento

   En todos los parlamentos del mundo existen desavenencias que, a veces, se manifiestan de manera destemplada. Pero en México, como apuntábamos antes, la estridencia se ha vuelto constante y no complemento del quehacer político.

   Esa conducta no se resolvería con un formato diferente. En cualquier encuentro o ceremonia sucedería lo mismo aunque las reglas fuesen distintas.

   En otros países los gobernantes presentan informes anuales y los legisladores, que a veces tienen tremendas discrepancias con ellos, los escuchan con respeto a la representación ciudadana que ejercen unos y otros.

   Aquí, suponer que grescas como la del miércoles se resuelven modificando el formato del informe equivale a desconocer la dificultad principal. La descomposición de la política mexicana no se remedia acotando el tiempo y las normas del mensaje o abriendo espacio para interlocuciones. Esos cambios serían pertinentes en un contexto de competencia en la civilidad. Y no es ese el estilo de la confrontación política imperante en este país.

   La función del Congreso es deliberar y decidir a partir del diálogo. El Informe anual es un reconocimiento a la investidura y las funciones de los legisladores y constituye una expresión, aunque rudimentaria y perfectible, de rendición de cuentas.

   Querer suspender la ceremonia del Informe por motivos como el desaguisado del día primero implicaría preocuparse por un asunto menor y no por el verdadero impedimento que padece hoy la política en México. Cancelar el informe para que no haya gritería sería como si fuera suficiente dejar de leer los periódicos para que las malas noticias no nos afecten, o como si se pretendiera cerrar los bancos para evitar que los asalten.

¿Régimen agotado?

   El problema no es el desgaste del formato sino el escaso respeto y el creciente déficit de tolerancia que han acumulado, en rencillas interminables, nuestros actores políticos.

   El formato, en todo caso, es consecuencia de un tipo de régimen político que posiblemente se está agotando. El presidencialismo todopoderoso ya no tiene presencia real pero las leyes que lo animaban se mantienen, en lo fundamental. Algunas voces sugieren voltear hacia otras experiencias nacionales y estudiar la conveniencia de establecer en México un régimen parlamentario o, quizá, un sistema semi presidencialista.

   Esa sería una discusión realmente importante. Pero es difícil pesar en asuntos de ingeniería política institucional cuando hay legisladores interesados no en parlamentar, sino en reventar a quienes no comparten sus puntos de vista.

   Hay mucho por cambiar y actualizar en las reglas de la política mexicana –o, mejor aún, para que este maremágnum pueda ser sustituido por un ejercicio creativo de la política–. La gritería de unos y otros impide que la sociedad, y sus fuerzas políticas, adviertan el deterioro creciente que puede acabar por desmantelar al sistema político con todo y reglas, protagonistas y formatos.

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La Crónica, 21 de diciembre de 2003

El desacuerdo entre los diputados es tal que ni siquiera se sabe, a ciencia cierta, cuáles son, qué dicen y qué efectos tendrían las iniciativas de ley sobre reforma hacendaria que están en juego. No es únicamente culpa de ellos. La ausencia de rumbo, la impericia política y las contradicciones del gobierno han tenido tanta relevancia en esta crisis como la indecisión de los diputados federales para constituirse en sustento de un Poder Legislativo autónomo y fuerte. La debilidad de los partidos principales, cruzados todos ellos por conflictos internos que en ningún caso se deben a diferencias ideológicas sino a codicias políticas, cancela los espacios naturales en donde se podrían ventilar esas discrepancias.

   Colocados en el centro del huracán político en el que se ha convertido la dificultad para aterrizar en una reforma fiscal razonable, los diputados han sido satanizados en exceso por el presidente de la República y su imagen mediática está por los suelos.

   No nos referimos solamente a los legisladores del PRI, cuya división en San Lázaro es premonitoria de una fractura mucho más vasta que posiblemente cause una desgarradura histórica a ese partido. La fama pública desfavorable afecta a diputados de todos los partidos aunque es claro que algunas fracciones parlamentarias se han empeñado con mayor tenacidad en propiciar ese deterioro político.

Las cosas secundarias

   Priistas y no priistas podrían encontrar provecho en la lectura del texto que reproducimos a continuación. Se trata de una pieza oratoria de don Jesús Reyes Heroles, pensada para circunstancias muy peculiares pero que mantiene una significativa actualidad.

   El 22 de marzo de 1973 el entonces dirigente nacional del Revolucionario Institucional se dirigió en Guadalajara a los candidatos a diputados federales de ese partido en esa región. El autor de El liberalismo mexicano buscaba infundir entusiasmo, pero también convicciones, a esos aspirantes a legisladores federales.

   La descripción puntual de las tareas que debiera emprender un diputado, la explicación de su papel como legisladores y especialmente la insistencia en que antes que nada quienes tienen esa representación social han de hacer política, le confieren a ese documento una especial vigencia.

   Reyes Heroles les hacía a los futuros legisladores de su partido las siguientes recomendaciones:

   “No ignoramos y queremos que ustedes estén conscientes de las dificultades que tienen que vencerse para ser diputados. No nos referimos solamente a la elección, a la lucha interna dentro de nuestro Partido para lograr la postulación, a la lucha fuera de nuestro Partido para que el pueblo ratifique o rectifique su decisión. Nos referimos a lo que verdaderamente se requiere para, una vez electo, una vez apoyado por el pueblo, ser diputado.

   “Hay quienes, alucinados por las cosas secundarias de una representación federal, olvidan o ponen en el último rincón de su memoria las tareas fundamentales que corresponde realizar a quien representa una circunscripción territorial en el Congreso de la Unión.

   “Nuestro régimen federal quiere equilibrar los altos objetivos de la política nacional con los objetivos municipales, estatales y regionales; quiere subordinar a los altos intereses nacionales, aquellos que, siendo de alta estirpe, tienen una prioridad menor o jerarquía derivada. Esto no significa, bajo ningún concepto, subestimar o rebajar intereses u objetivos genuinos de colectividades regionales, municipales o estatales. Se trata, simple y sencillamente, de una coordinación de intereses, conscientes de que el auténtico interés nacional tiene que traducirse, inexorablemente, en beneficio de los intereses regionales, estatales o municipales”.

Nación y circunscripción

   El equilibrio deseable entre la representación de los intereses nacionales y la que tienen al ser electos en un distrito –o, como ahora ocurre en el caso de los plurinominales, en una circunscripción– a menudo causa confusión en los diputados. Reyes Heroles, que para entonces había sido director general de Pemex y años después sería secretario de Gobernación y Educación Pública, resolvía ese dilema en los siguientes términos:

   “De aquí la doble función, constitucional y tradicional, a que los diputados federales deben abocarse. Por una parte, ser legisladores, en el pleno sentido de esta palabra, tener ideales que perseguir a través de la ley, buscar, con su iniciativa o con su colaboración, elaborar leyes que contengan estos ideales y, al mismo tiempo, medir, sopesar las resistencias que a la transformación legal puedan oponerse, de manera que en la función de legislar no se peque ni de exceso ni de inhibición; no se den ni pasos en falso, contrarios a los ideales que se persigue, por chocar con la resistente realidad, con los innegables hechos, ni tampoco se peque de timidez, de parálisis, por temor a los cambios indispensables para moldear un mejor futuro para nuestra patria.

   “Por otra parte, aun cuando el diputado representa la voluntad nacional, es elegido por una circunscripción territorial, por una parte de la voluntad nacional y, por consiguiente, si tiene obligaciones ante la voluntad nacional, también las tiene ante la voluntad parcial, ante el pedazo de esa voluntad, ante la circunscripción territorial que él representa. Si bien esta no es una función constitucional, sí lo es tradicional en nuestra realidad política y frecuentemente este papel ha sido criticado.

   “El diputado se debe a la nación, pero también se debe a su circunscripción, a su distrito. El diputado debe, por igual, en nuestra teoría y en nuestra práctica, ser legislador, atender al interés general y ser gestor. Y que no nos asuste la palabra gestor. No se trata de ser tra-mitador de negocios, sino de algo mucho mayor: de ser procurador de pueblos, del bien de pequeñas colectividades que han confiado sus intereses a quien, representando a la nación, representa aquello que para muchos es poco, pero para quienes lo requieren o demandan es muy grande: el pequeño beneficio colectivo, la obra común, el servicio social. Nuestros diputados tienen un mandato de la voluntad nacional y están obligados a ser juristas, a ser procuradores de los distritos, de las colectividades, puesto que aunque carezcan al respecto de un mandato constitucional, tienen un mandato popular”.

Legisladores y juristas

   También de la diferencia entre legislador y jurista se ocupó Reyes Heroles en esa disertación. El texto, que tomamos de los Discursos Políticos, 1972-1975 de ese dirigente, continúa:  

   “Únicamente si logramos imponernos al presente, podremos coordinar y dirigir el futuro; solamente si dominamos el hoy, podremos conformar, configurar, hacer el mañana.

   “¿Cómo puede un diputado ser auténtico legislador? ¿Necesariamente tiene que ser jurista? La experiencia de los pueblos, su evolución histórica, demuestra que no. Es más, frecuentemente los legisladores más innovadores, más dispuestos a modificar el contexto en que viven, son aquellos que no están constreñidos por la prudencia que exige el saber jurídico. Frecuentemente, a los juristas les toca conservar, más que transformar, y a los no juristas hacer que éstos, los juristas, acoplen su espíritu de lógica formal a las ansias de transformación.

   “El jurista está preocupado, sobre todo, por mantener la vigencia del orden legal en que vive; busca interpretar las leyes, desentrañando su sentido, precisando sus orígenes y determinando su alcance. El jurista puede ser revolucionario, pero no por ser jurista, sino cuando supera las limitaciones propias de esta vieja profesión, y de jurista pasa a revolucionario. Son los juristas que, viendo un orden legal artrítico, asfixiante de las inquietudes espirituales, plantean su transformación, su cambio; agobiados por las necesidades de una sociedad, trascienden los límites estrictos, formales del derecho, y entran en el amplio campo de la sociología, de la economía, de la historia, de la política, y así pasan a poner la técnica y la ciencia del derecho al servicio de los ideales de una colectividad, de un conglomerado humano.

   “El jurista, encerrado con rigor en los cánones de su vocación, puede contagiarse de la enfermedad profesional de la abogacía: erigir el derecho en la última barrera –convencerse de que a él le toca, no eliminar la injusticia, sino la violación de lo que es norma, no buscar la equidad, sino dar certidumbre, seguridad a quienes viven bajo un orden jurídico”.

Con mano temblorosa

   Más que cambiar las leyes sin ton ni son, los responsables de actualizarlas tendrían que partir de un profundo respeto por el sistema jurídico. Estos párrafos de Reyes Heroles podrían aplicarse letra por letra a la compulsión legisladora que en ocasiones domina a nuestros Congresos. También podrían recordarse ante la costumbre de algunos medios de comunicación que miden el rendimiento de los legisladores según la cantidad de iniciativas de ley que hayan aprobado en cada periodo de sesiones.

   “No ironicemos –continuaba ese político veracruzano– sobre el temor del jurista ante las modificaciones legales. Es un temor altamente justificable. Montesquieu, jurista entre juristas, dijo que las leyes deben tocarse con mano temblorosa. O, en otras palabras, que ante toda ley, ante toda norma, debía irse con exceso de prudencia, prefiriendo pecar de cautela y no de falta de ecuanimidad. Tocar las leyes con mano temblorosa, midiendo los males que su modificación puede engendrar, con miedo a los males a que una modificación precipitada puede dar origen.

   “El jurista está consciente que detrás de un precepto hay toda una larga evolución en ideas, en costumbres, en hábitos, en técnicas, en modos de hacer y en medios de convivir. De aquí el temor natural, profesional, a la modificación de las leyes.

   “El espíritu de moderación debe ser el del legislador, pues el bien público tiene dos límites: el del exceso y el de la falta, el de lo mucho y el de lo poco.

   “Saber y técnica, medios y fines, que frecuentemente se juzgaron incompatibles, actividades sólo en apariencia contradictorias, se unen fecundamente para dar lugar al legislador revolucionario: jurista por su prudencia, revolucionario por su audacia”.

Entre el idealista y el práctico

   Más adelante en ese discurso, Reyes Heroles subrayó el carácter político que tiene la encomienda de los diputados. Aunque pareciera evidente ese reconocimiento no lo es tanto. Con frecuencia hay diputados para quienes la habilidad técnica –por ejemplo en asuntos económicos–, la destreza oratoria o el conocimiento jurídico son más relevantes que la capacidad para definir posiciones, dialogar acerca de ellas y alcanzar acuerdos con otros –es decir, para hacer política–. En ese campo, Reyes Heroles decía:

   “Para ser legisladores se requiere ser político. Entre el idealista puro y el pragmático puro se da el político. El primero quiere encerrar el mundo en sus ideas; con la palabra, con la letra, cree que es posible acomodar lo que existe a lo que piensa, lo real a lo ideal. Si sus ideas no coinciden con la realidad, de golpe quiere modificarla. El idealista puro ni mide resistencias ni recuenta fuerzas, ni calcula los efectos de los medios de acción: agudiza, en lugar de limar asperezas; ni matiza ni criba. Frente a él está el práctico puro, el que, en el fondo, no persigue ideas, trata siempre de acomodarse a los hechos, a las realidades, de sumarse o supeditarse a las resistencias, de eludir problemas y seguir, simple y sencillamente, la corriente. Entre el idealista puro y el práctico puro está el político. Sin un pensamiento que perseguir, sin una acción regida por el pensamiento, no hay político posible. Pero sin medir las resistencias, sin estar dispuesto a eliminar obstáculos, sin saber beneficiarse del transcurso del tiempo, tampoco hay político.

   “El político debe, por igual, perseguir un pensamiento y sopesar la realidad, los obstáculos que se oponen a la realización cabal de su ideario, de su modo de pensar. Por una parte, le dice al idealista puro: tus ideas son correctas, pero hay que determinar el cómo y el cuándo, hay que saber el por dónde y en qué momento: el tiempo en política es definitivo, el no dar pasos contraproducentes es decisivo, si se quiere luchar, en verdad, por las ideas en que se cree.

   “Y el político le dice al práctico puro: lo que tú haces es mero oportunismo; no gobiernas, eres gobernado, eres esclavo de los intereses creados; flotas, si acaso, no nadas, no avanzas, te estacionas. Si algo entraña la política es la posibilidad de hacer, y tú no haces.

   “El político debe situar, por encima de sus intereses particulares, los intereses generales. No es un especialista en nada; sabe un poco de todo e ignora mucho de todo. A él le toca, frente a la realidad, moderar, atemperar los rigores del ideólogo y de los técnicos, midiendo los obstáculos de todo orden que se oponen a alguna modificación, derivada de razones ideológicas o de propósitos meramente técnicos. El político tiene que anticipar los resultados favorables o desfavorables de las medidas que se adoptan; por eso es un idealista operante y un práctico con ideales”.

Lo que hay, lo que debe haber

   Políticos con ideas y con ideales: esa era la aspiración –difícil de cumplir, como se podía constatar hace tres décadas y se sigue deplorando hoy en día– de un dirigente con vocación y aptitud de estadista como era don Jesús Reyes Heroles. A sus candidatos en aquella ceremonia les dijo también:

   “Ustedes, para ser legisladores, deben ser, como lo han sido hasta hoy, plenamente políticos y, además, en el México de nuestros días, les toca ser políticos revolucionarios, lo cual implica cambiar, mediante las leyes y las instituciones, lo que deba cambiarse, conservar mucho de lo que hemos logrado con los esfuerzos de los mexicanos, de la colectividad a que pertenecemos. Deberán tener la audacia de aquel que ignora el derecho y la prudencia del que vive para el derecho. Han sido políticos en la cátedra, en el agro, en la lucha obrera, en la investigación científica, en el ejercicio de su profesión. Han conocido lo que es más difícil de conocer: el ser humano.

   “Sólo siendo políticos, con esa fuerza interior que esta actividad requiere, con esa identificación espiritual, con esa segunda naturaleza que el ejercicio de la política produce, podrán llegar a ser legisladores. Citando a un jalisciense que ha sido mi maestro directo por muchos años, a pesar de la distancia temporal que nos separa, ampliamente compensada por la cercanía espiritual, Mariano Otero, pensamos que: ‘…el legislador debe mirar lo que hay y plantear las instituciones como un germen de lo que debe haber…’ Sólo sabiendo lo que hay se puede aspirar, con eficacia, a lo que debe haber; sólo creyendo en algo que debe haber se puede comprender e interpretar lo que hay”.

Ambición de la buena

   Antes de una arenga específica con vistas a las elecciones que tenía por delante, Reyes Heroles terminaba de esta manera su explicación sobre el quehacer de los diputados:

   “Ciertamente que sin ambición no se puede ser político, y sería ofenderlos suponer que carecen de ambición. Porque tienen ambición son nuestros candidatos; pero, entiéndase bien, ambición de la buena, de la firme, de la que busca ser y no parecer, actuar y no figurar, hacer y no dejar que lo hagan a uno. La ambición es móvil de la acción política; pero la ambición de buena ley, la ambición humana de servir y destacar, no de servirse y parecer”.

   Cuántos diputados no hay, en el PRI así como en otros partidos, que desconocen la ambición de la buena como la llamaba ese dirigente e intelectual mexicano. En estos días de desconcierto y bulla en San Lázaro, o quizá durante el intermedio navideño que tendremos hacia la mitad de la semana, quizá algunos de esos legisladores, y quienes contemplan con preocupación su desempeño, podrían encontrar provecho en aquellas palabras de Reyes Heroles.

ALACENA: Óscar Hinojosa

Egresado de la escuela Carlos Septién, fogueado en El Día, con experiencia en Canal 11 y consagrado como reportero en los mejores momentos de Proceso, Óscar Hinojosa falleció ayer, a los 53 años. Desde hace casi un lustro era directivo en El Universal  y fue autor de varios libros de actualidad política.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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