Sociedad y poder

La Ley Televisa sigue ocasionando estropicios. Además de los inadmisibles privilegios que concedía a las empresas televisoras, aquella reforma a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión estaba tan mal escrita, plagada de tantas confusiones, que ahora suscitó un enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo Federal. La Suprema Corte resolvió, ayer y antier, derogar varios artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque consideró que le adjudican a esa dependencia facultades que ahora son de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Requeridos por la Cámara de Diputados que planteó una controversia constitucional contra ese Reglamento, los ministros de la Corte tuvieron que dedicar dos sesiones, los días 23 y 24 de noviembre, para desenredar el galimatías que crearon los diputados y que avalaron los senadores que entre diciembre de 2005 y marzo de 2006 aprobaron aquellas reformas conocidas como Ley Televisa.

Esas reformas aparentemente conferían más atribuciones a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que se encargara de regular a la televisión y la radio. Pero lo hacían con tales titubeos y sin retirarle con toda claridad esas facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que, en vez de crear una autoridad con jurisdicción plena, lo único que lograron fue establecer dos polos de poder respecto de la regulación para la radio y la televisión.

A través de sus 107 artículos, la Ley Federal de Radio y Televisión constantemente repite que la regulación para esos medios corre a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, las reformas de 2006 transfirieron parte de esas tareas a la Cofetel pero no en esa Ley sino en la Ley Federal de Telecomunicaciones que en el apartado XVI de su artículo 9-A señala que, entre las atribuciones de esa Comisión se encuentran: “Las facultades que en materia de radio y televisión le confieren a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la Ley Federal de Radio y Televisión, los tratados y acuerdos internacionales, las demás leyes, reglamentos…”

En vez de modificar uno por uno los artículos de la Ley de Radio y Televisión en donde se menciona a la SCT para que en vez de esa Secretaría se especificara que tales atribuciones serían de la Cofetel, los legisladores o quienes hayan redactado la llamada Ley Televisa optaron por esa oblicua transferencia de facultades.

Pero no lo hicieron de manera absoluta. La confusión entre potestades de la SCT y la Cofetel se incrementó porque, en ambas leyes federales, varias de las atribuciones de la Comisión quedaron supeditadas a la decisión final que tomase la Secretaría.

Así, por ejemplo, el artículo 178-J de la Ley Federal de Radio y Televisión establece que para la asignación de una concesión, después de todo el proceso que debe organizar la Cofetel, “la resolución que declare al ganador de la licitación deberá ser presentada al Secretario de Comunicaciones y Transportes para la emisión del título de concesión”. Es decir, la última palabra es del titular de la Secretaría.

En otro caso, la Ley Federal de Telecomunicaciones en el ya mencionado artículo 9-A establece que entre las atribuciones de la Cofetel está la de “someter a la aprobación de la Secretaría, el programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico… así como coordinar los procesos de licitación correspondientes”.

Animado por esas disposiciones, que ampliaron las capacidades de la Cofetel pero que dejaban muchas de sus decisiones respecto de la radio y la televisión en manos de la SCT, a comienzos de 2009 el titular de esa secretaría, que en esa época todavía era Luis Téllez, logró que el presidente de la República expidiera un Reglamento Interior en donde se hacían explícitas tales facultades del Secretario de ese ramo.

Allí, entre las atribuciones del Secretario de Comunicaciones y Transportes, se incluía el otorgamiento y la prórroga, refrendo o revocación de concesiones y permisos de radiodifusión, la aprobación del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y de los programas para utilizar frecuencias de radiodifusión.

Esas disposiciones del Reglamento Interior de la SCT fueron impugnadas por la Cámara de Diputados a propuesta del grupo parlamentario del PRI. El pleno de la Suprema Corte, por mayoría, resolvió que tales atribuciones que en el Reglamento se le reconocen al secretario de Comunicaciones, le corresponden a la Cofetel.

Sin embargo cada título de concesión expedido o refrendado, o el Cuadro Nacional de Frecuencias, tendrán que seguir siendo suscritos o aprobados por el mismo titular de la SCT.

Hace casi un año, al secretario Téllez le interesaba reafirmar su capacidad de decisión en esos asuntos porque, aunque formalmente subordinada a la SCT, la Comisión Federal de Telecomunicaciones estaba enfrentada con él debido a las diferencias de apreciación en varios casos relacionados con la regulación de la telefonía.

Posteriormente, los diputados del PRI aprovecharon las contradicciones entre el Reglamento y las dos leyes federales para crearle un nuevo frente de impugnaciones al presidente Felipe Calderón.

Ahora la decisión de la Corte, que en realidad no establece novedad alguna, ha sido presentada como una derrota del gobierno federal. Así lo indicaron varios encabezados de primera plana. El Universal proclamó “Ejecutivo no podrá decidir concesiones”. Milenio anunció “Quita la Corte a SCT concesiones en radiodifusión”. Reforma casi se vanaglorió: “Pierde Calderón frente a Cofetel”. La Crónica consideró: “Propina la Corte revés a FCH y al titular de SCT”.

Pero la derrota es relativa no solamente porque, dígase lo que se diga, la legislación actual sigue subordinando las decisiones de la Cofetel al arbitrio de la SCT. Y sobre todo, no hay disminución alguna de las facultades del Ejecutivo Federal porque la Comisión Federal de Telecomunicaciones está subordinada al Presidente de la República.

Tormenta en un vaso de agua o, para decirlo con más elegancia, escaramuza interburocrática, este episodio tiene más trascendencia política que jurídica. Seguramente si la imagen presidencial no estuviera tan alicaída en la percepción de los medios, los diarios que hemos mencionado no habrían destacado de manera tan notoria esa decisión de la Corte.

Los diputados que impugnaron el reglamento de la SCT, en vez de distraer a la Corte con disputas cicateras podrían haber reformado la legislación para darle plena autonomía a la Cofetel. O podrían haber esclarecido las muchas contradicciones y duplicidades que hay en las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, sustituyéndolas por una legislación integral, moderna y capaz no solamente de precisar reglas claras para la asignación y renovación de concesiones, sino para promover la diversidad y la calidad en los medios electrónicos. Pero, claro, la grilla y el escándalo son más atractivos, y requieren menos esfuerzo, que la construcción de auténticas opciones legislativas.

La crítica mediática se solazó durante el extendido fin de semana en la peculiar concepción del tiempo elástico que auspiciaban los diputados. Agotado el plazo constitucional, aunque el reloj del mundo real marcaba las 12, la una, las tres como en aquella celebrada y sabinesca interpretación, el cronómetro en San Lázaro quedó trabado en el 15 de noviembre. Nada hay de extraordinario en ese recurso parlamentario para, habiendo iniciado a tiempo la sesión, prorrogarla durante varios días para que pueda decirse que el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobó en la asamblea del día 15. Lo extravagante es la facilidad con que esas prácticas se vuelven habituales. Los legisladores ofrecen al resto de la sociedad una lección de simulación reglamentaria, para que el marco jurídico sea solamente parapeto de sus decisiones.

A las manecillas del reloj de San Lázaro hubiera sido pertinente detenerlas a fin de que los diputados tomaran acuerdos con un sentido auténticamente nacional. Las grandes decisiones, a veces requieren de procedimientos infrecuentes. Si los legisladores que en los días anteriores forzaron los plazos constitucionales hubieran empleado ese tiempo extra para reorientar la economía del país, reconstruir de manera drástica los criterios que definen el empleo de los recursos fiscales y para trasladar dinero de una partida a otra con propósitos realmente trascendentes, a nadie le inquietarían minucias como la elasticidad de las horas en el Palacio Legislativo.

Motivos para un cambio contundente en la estructura del gasto público, no faltan en el panorama de estos días. Más pobres en peores condiciones, menos empleos en una economía estancada, exigencias mayúsculas por parte de un sistema de salud rezagado y de un entramado educacional anclado en el pasado… hay abundantes requerimientos para que los recursos fiscales sean eje de una política social extensa e intensa, así como de un desarrollo económico distinto. Pero la muy limitada reforma fiscal que ellos mismos aprobaron, junto con los senadores, conformó un contexto de auto restricciones para los diputados. Y además los grupos parlamentarios, especialmente el mayoritario, no quisieron tomar decisiones pensando en el país, ni en el futuro, sino únicamente en sus estrechos intereses políticos y de corto plazo.

Precisamente cuando la situación nacional y global les exigía elevar la mirada, los diputados del PRI apenas acertaron a contemplarse los cordones de los zapatos. El tema de discusión más relevante en los días recientes no fue de qué manera destinar recursos al combate a la pobreza, o a empujar el crecimiento, sino cómo transferir a los gobernadores dinero y decisiones que hasta ahora recaían en la presidencia de la República. Habrá quienes consideren que en esas reasignaciones hay una expresión de federalismo hacendario, pero antes que nada se trata de un cuantioso y ostentoso tráfico de recursos e intereses con propósitos de clientelismo político.

A los gobernadores, que movieron hilos e intereses de los diputados de sus estados para obtener ese triunfo, les interesa manejar directamente programas de asistencia social que hasta ahora podían ser administrados al margen de los intereses locales. Y no se trata únicamente de más dinero bajo el control de cada estado. Además, la fiscalización sobre esos recursos se debilita y crecen las posibilidades de que sean utilizados sin transparencia ni rendición de cuentas. El Presupuesto de Egresos para 2010 es un retroceso no solamente por la reducción de partidas importantes sino, antes que nada, por los criterios partidarios y clientelares que animaron su negociación.

No se aprobaron reducciones drásticas como las que se temían para la educación superior, pero tampoco hay un gasto público esencialmente distinto al que hasta ahora hemos tenido. Los diputados se dieron tiempo para repartir sanciones y premios: menos dinero al IFE porque pese a que los cambiaron recientemente allí todavía hay consejeros y funcionarios respondones, pero cero reducción al Tribunal Electoral que ha sido tan aquiescente con los intereses del PRI y de las televisoras. Como ese, hay otros casos del empleo politizado del presupuesto federal.

Los priistas encabezaron esos cambios, pero supieron incorporar a ellos a panistas y perredistas. La aprobación con 437 votos que amalgamó a diputados de todos los partidos (con 25 solitarios votos de algunos perredistas y del PT) expresa un importante consenso parlamentario… para que todo siga, fundamentalmente, igual. Es decir, peor.

Varios senadores de Acción Nacional se inconformaron con el epíteto que anticipadamente les endosó Pablo Gómez Álvarez a quienes virarían en beneficio de Televisa.

Esa fue la calificación que merecieron algunos de los 66 senadores, de casi todos los partidos, que aprobaron el artículo primero transitorio de la Ley Federal de Derechos. Como se ha explicado, esa disposición exenta del pago de derechos por dos años a las empresas que resulten beneficiadas con la concesión para utilizar dos nuevas bandas para telefonía celular.

Cuantificada en 5726 millones de pesos, la exención beneficiará al consorcio Televisa cuyos directivos han reconocido estar interesados en explotar esos valiosos segmentos del espacio radioeléctrico para incursionar en el negocio de la telefonía celular. No en balde, durante los días recientes empleados de Televisa desplegaron una activa labor de presiones y cabildeo para modificar el voto de algunos de los senadores que habían rechazado tal exención.

Cualquiera que fuese el destinatario de esa dispensa fiscal, se trata de una decisión harto cuestionable y que no tiene sustento económico, ni técnico. El único o el principal motivo que llevó a la mayoría de los legisladores del PAN y a prácticamente todos los del PRI a respaldar esa exención, primero en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado, es la gana para congraciarse con Televisa.

El Senado había manifestado una actitud distinta cinco días antes, la mañana del sábado 31 de octubre, cuando 58 de sus integrantes rechazaron la exención en ese pago de derechos, en tanto que 49 la respaldaron. En la votación de este jueves 5 de noviembre, al menos 15 senadores cambiaron de parecer y se sumaron los votos, además, de varios que no estaban presentes en la primera ocasión.

A esos legisladores que cambiaron su voto sin explicar tal mudanza el senador Pablo Gómez, con toda propiedad, les llamó “rajones”: “Como en este país los poderes oligárquicos sustituyen con una reciente rapidez a los poderes representativos del Estado, pues cualquier poder oligárquico convierte a la bancada más picuda, a la del gobierno, en un montón de rajones que no aguantan la requisitoria de un monopolio, estrictamente hablando, un duopolio. Así está todo México, ya veremos cuándo estalla”, dijo ese senador por el PRD.

Gómez se negó a retirar ese calificativo cuando el senador panista Ángel Alonso Díaz Caneja le pidió que se desdijera. Más tarde, el también panista Jorge Ocejo Moreno se inconformó explicando: “La expresión rajones en el lenguaje y en la realidad de nuestro país es una palabra que se dice en forma injuriosa al individuo que no cumple un pacto y entonces se le injuria  diciéndole: ‘oye no cumpliste’, sino se le dice: ‘rajón’. Y eso  es una injuria”. Tampoco así convenció al senador Gómez.

Tanto Alonso como Ocejo, votaron el sábado por cancelar la exención fiscal a Televisa. El primero de  ellos modificó su voto. El otro, lo mantuvo.

Ayer jueves hubo rajones en varios partidos, incluso en el que forma filas el senador Pablo Gómez.

Doce senadores del PAN que el sábado votaron contra la exención fiscal, ayer viraron su decisión para apoyarla. Se trata de los senadores Ángel Alonso Díaz Caneja, Humberto Andrade Quezada, Javier Castelo Parada, Blanca Díaz Delgado, Fernando Elizondo Barragán, José González Morfín, Emma Lucía Larios Gaxiola, Gustavo Madero Muñoz, Ramón Muñoz Gutiérrez, Adrián Pérez Rivera, Gabriela Ruiz del Rincón y Ricardo Torres Origel.

Pero no fueron los únicos. También cambiaron  su voto, de esa manera, Dante Delgado y Eugenio Govea, del Partido Convergencia. Otros cuatro senadores de ese partido, que se ausentaron de la votación del sábado, se definieron ayer a favor de la exención a Televisa. Se trata de Francisco Berganza, Gabino Cué, José Luis Lobato y Luis Maldonado Venegas.

Y en las filas del PRD, hubo una deserción. René Arce, que el sábado votó contra le exención, ayer se abstuvo. Cinco días antes, 18 senadores perredistas formaron parte del bloque contra la exención. Ayer fueron solamente 13. Hubo, de una manera u otra, quienes se abstuvieron de abstenerse.

Por otra parte dos senadores del PAN que inicialmente respaldaron la exención fiscal, ayer votaron contra ella. Se trata de Jaime Rafael Díaz Ochoa y Eduardo Nava Bolaños.

En total, 66 senadores avalaron la dispensa fiscal, 38 se opusieron a ella y 3 se abstuvieron.

Quienes respaldaron la exención, no adujeron una sola razón para ello. Sí presentaron argumentos, en cambio, el ya mencionado Gómez Álvarez y el senador panista Ricardo García Cervantes, opuestos ambos al obsequio de 5726 millones de pesos.

No hay justificación alguna para que Televisa –y/o las empresas que ganen la licitación para las nuevas bandas de radiocomunicación– dejen de pagar los derechos que establece la ley cuando, al mismo tiempo, decenas de millones de mexicanos tendremos que pagar más impuestos. Rajón, se le dice “a una persona que incumple lo prometido”, precisa el indispensable Diccionario de la RAE. Así que se puede hablar de rajones, no por haber modificado una posición lo cual es de lo más legítimo en cualquier parlamento, sino por hacerlo sin explicar sus motivos y a favor de una posición inicua, que se contradice con el interés popular que esos legisladores presumen representar.

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Con un día de diferencia, Televisa tropezó y se repuso en el Congreso. La exención por 5726 millones de pesos establecida en la Ley Federal de Derechos para las empresas que reciban la concesión de dos nuevas bandas de telefonía celular, fue rechazada en las primeras horas del sábado por 58 votos a 50 en el Senado. La Cámara de Diputados, en la madrugada del domingo, enmendó esa decisión por 252 a 143 votos.

La moneda o, mejor dicho, la prebenda, está en el aire. El Senado tendrá que revisar nuevamente esa dispensa por la cual pugna Televisa. Aunque las bases para licitar las bandas de 1710 y 2110 Megahertz aún no son publicadas, es ampliamente sabido que estarían dedicadas a esa empresa. Los propios ejecutivos de ese consorcio reconocieron que están muy interesados en tales frecuencias que les permitirían incursionar en la telefonía inalámbrica de banda ancha.

Los lectores de esta columna conocieron la semana pasada la conformación y utilidad de las frecuencias por cuya explotación la Ley Federal de Derechos establece, en su artículo 244 – E, un pago de 5 mil 726 millones de pesos. El interés por asegurar la exención de ese pago, señalada en el multicitado artículo transitorio, desató en los días recientes una de las campañas de presiones más intensas que haya desplegado Televisa sobre la clase política mexicana.

A juzgar por los resultados, hasta ahora, el PRI se doblegó y se hizo partícipe de los intereses del consorcio mediático. El PAN, se dividió ante ellos y en la Cámara de Diputados la mayoría de los legisladores de ese partido votó contra la exención fiscal. El PRD ha mantenido un homogéneo rechazo a tales privilegios.

A los amagos que Televisa ejerce respecto de los legisladores, se les podría llamar cabildeo pero también chantaje. Esa empresa tiene derecho a pugnar por sus intereses, así sean tan contrarios al interés de la sociedad como cuando pretende que se le exima del pago de varios miles de millones de pesos mientras la mayoría de los contribuyentes en este país tendrá que destinar más recursos al pago de sus impuestos.

Sin embargo cuando, en busca del voto de senadores y diputados, Televisa ofrece tratamientos mediáticos preferenciales a quienes colaboren con ella, está lucrando doblemente con el espectro radioeléctrico que tiene concesionado para difundir señales de televisión pero que además aprovecha para gestionar favores políticos.

La columna de información política de eje central, en un recuento del tira y afloja en el Senado, reseñó el sábado: “Varios senadores, como Santiago Creel, recibieron amenazas políticas si rechazaba el transitorio del 244. Pero la presión más fuerte se dio una hora antes de que pasara a votación. Por una decisión del pleno de los senadores panistas, se había decidido que votarían en bloque en contra de ese transitorio, pero durante la intensidad del cabildeo, cuando menos un senador habló directamente con el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, quien le pidió que aprobara el dictamen. Al final de la votación se rechazó el transitorio, pero 12 panistas, incluido Ulises Ramírez, que fue coordinador de asesores del ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, se replegaron ante Televisa”.

Una presión similar experimentaron los diputados. La cancelación del contenido principal del artículo Primero Transitorio de la Ley Federal de Derechos formó parte de las enmiendas que, enviadas por el Senado la mañana del sábado 31 de octubre, la Cámara de Diputados tenía que desahogar ese mismo día. Aparentemente la primera decisión de los grupos parlamentarios fue avalar ese cambio. En el dictamen que elaboró y fue publicado el sábado 31 de octubre en la Gaceta Parlamentaria, la Comisión de Hacienda de esa Cámara estaba de acuerdo con la enmienda que hizo el Senado para eliminar la exención establecida en el transitorio. Unas horas después, sus integrantes cambiaron de opinión.

Durante la discusión en el pleno, la madrugada del domingo, se confrontaron la defensa del interés de la sociedad y la defensa de los privilegios para Televisa. Con abundantes argumentos, los opositores a la exención dijeron que no es admisible que a una empresa, cualquiera que sea, se le dispense el pago de derechos y menos aún por varios miles de millones de pesos. Con menos recursos argumentales, pero a la postre con más votos, los promotores de la exención repitieron que sería un recurso para “estimular” la inversión privada en telecomunicaciones.

El cuestionamiento a ese privilegio fiscal fue encabezado por el diputado Javier Corral Jurado, de Acción Nacional. Lo respaldaron José Narro del PRD, Jaime Cárdenas, del PT y Guillermo José Zavaleta, del PAN. La defensa del artículo transitorio, que establece la exención, la hicieron Alberto Cano Vélez y Roberto Gil Zuarth. El primero, es el priista sonorense que propuso el Artículo 244 – E junto con la discutida dispensa fiscal y cuya cercanía con Manlio Fabio Beltrones, el líder de ese partido en el Senado, no ha sido un secreto. Roberto Gil ha defendido notoriamente los puntos de vista empresariales en el grupo parlamentario del PAN.

La votación, realizada pocos minutos antes de las 4 de la mañana, refrendó por mayoría el respaldo que la propia Cámara de Diputados había otorgado días antes a la exención que podrá beneficiar a Televisa. El PRI votó casi en bloque a favor de esa postura: 180 diputados estuvieron contra la reforma del Senado, 4 en contra y 11 se abstuvieron.

Tampoco fue una sorpresa la votación unánime del PRD, el PT y Convergencia a favor de la reforma aprobada por los senadores –es decir, contra la millonaria exención–. Ni el respaldo igualmente homogéneo del Partido Verde y de Nueva Alianza a los intereses del consorcio mediático.

Pero la votación de los diputados del PAN indica el disgusto de muchos legisladores en ese partido en contra de las adhesiones forzosas y las decisiones incómodas que sus dirigentes les han apremiado para que compartan. 68 legisladores panistas votaron por la reforma senatorial (es decir, contra la franquicia fiscal), 14 se abstuvieron y 47, entre ellos la coordinadora Josefina Vázquez y el dirigente nacional César Nava­, respaldaron el artículo transitorio que con tanto ahínco, y esa madrugada con éxito, defendió Televisa.

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El jueves próximo, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión realizará su encuentro anual con el presidente de la República. La reunión de los empresarios de un sector destacado de la economía y el titular del Ejecutivo Federal, no sería de especial relevancia. Pero en varias ocasiones durante los años recientes, los radiodifusores más prominentes en ese gremio han querido hacer de su semana anual un momento para presionar al gobierno –con declaraciones e incluso amagos retóricos a veces muy enfáticos– o conquistando medidas legales como hace siete años, cuando el presidente Fox expidió un decreto al contentillo de las televisoras para anular el 90% del tiempo fiscal del que hasta entonces disponía el Estado en los medios electrónicos.

La semana próxima se verá si, más allá de las frases de cortesía y los lugares comunes, el presidente Felipe Calderón está dispuesto a emprender algunos cambios en la relación de su gobierno con los consorcios de televisión y radio como pareció sugerir su discurso del 2 de septiembre pasado, cuando incluyó a esos medios entre los sectores de las telecomunicaciones en los que es preciso, según dijo, que haya competencia y calidad.

También se verá en qué medida los partidos y sus legisladores están dispuestos a emprender una reforma seria en la legislación para los medios, o de qué tamaño es la subordinación que habrían resuelto ofrecerle a Televisa y Televisión Azteca. El viernes de la semana próxima por la mañana, según la agenda de la CIRT, los directivos de esa Cámara recibirán a los líderes de las fracciones parlamentarias tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República.

Hace apenas dos años, las relaciones entre el Congreso y los jeques de la radiodifusión eran notoriamente ásperas. En el otoño de 2007, las fracciones parlamentarias más importantes desataron la furia de los poderes mediáticos cuando aprobaron la reforma constitucional en materia electoral que, entre otras cosas, inhibía la contratación de propaganda política en la radio y la televisión. Un año antes, durante el proceso electoral de 2006, la influencia de los consorcios mediáticos en las decisiones políticas e institucionales había sido tan intensa que no solamente cobijaron y en ocasiones amplificaron las campañas de encono promovidas por los principales partidos políticos. Además, como podemos recordar, aquella temporada electoral fue aprovechada por los medios para impulsar, con afrentoso éxito, las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión que por su paternidad, por el cabildeo que las impulsó y los beneficiarios que tenían, pudieron ser calificadas como Ley Televisa.

Los rasgos más escabrosos de aquellas reformas fueron anulados por la Suprema Corte de Justicia en junio de 2007. En ese contexto de revisión crítica de los excesos del poder mediático, tres meses más tarde el Senado propuso y aprobó la creación de un nuevo régimen de comunicación electoral que tenía como eje la cancelación de las viejas prácticas de compra–venta de espacios en los medios electrónicos. El traslado de recursos públicos que por esa vía beneficiaba a los medios privados, no solamente encarecía las campañas políticas sino que llegó a propiciar formas de relación perversas entre los partidos y los consorcios comunicacionales.

Las quejas de las empresas mediáticas, preocupadas por el negocio que habían perdido y que en las campañas de 2006 ascendió a 2 mil millones de pesos pero sobre todo disgustadas porque sin la posibilidad de admitir y pautar la propaganda de los partidos se debilitaban sus capacidades de presión política, fueron ampliamente propagadas pero no convencieron a la sociedad mexicana.

En el transcurso de casi dos años, desde que la reforma constitucional fue  promulgada en noviembre de 2007, hemos asistido a infructuosos diálogos de sordos acerca de esas reglas. Las televisoras, estruendosas y en ocasiones calumniosas cuando desfiguran opiniones y trayectorias de quienes las cuestionan, se negaron a abrir espacios para la deliberación plural y abierta entre los puntos de vista que había sobre esa reforma.

Las nuevas reglas en materia de comunicación y elecciones han tenido su primera prueba en las recientes campañas políticas. Los partidos ya no dependen de la aquiescencia las corporaciones comunicacionales para colocar sus mensajes en tiempos preferentes, ni para obtener tarifas más bajas, porque ahora se difunden en tiempos estatales y en espacios gestionados por el IFE.

Sin embargo esas nuevas reglas han sido transgredidas de varias y en ocasiones desfachatadas modalidades. Por otra parte, las nuevas condiciones para la comunicación electoral no auspiciaron una competencia electoral más civilizada porque fueron utilizadas únicamente para incrementar los spots de los partidos hasta extremos de hartazgo para los televidentes y radioescuchas.

Tales exageraciones y distorsiones, no debieran empañar los rasgos esenciales de la reforma electoral: el uso de tiempo estatal para difundir contenidos de campañas y el impedimento a particulares y partidos para contratar espacios de propaganda política. Esos son los rasgos torales que es indispensable preservar y apuntalar, ajustando los hilos sueltos y las insuficiencias que ha confirmado este estreno de la reforma electoral.

El Congreso de la Unión tiene, en ese terreno, una responsabilidad que sus integrantes no han querido cumplir. Hay garantías y obligaciones establecidas en la reforma constitucional, como el derecho de réplica y la abolición de la propaganda personalizada que se financia con recursos públicos, que no se han puesto en práctica porque los diputados y los senadores no han aprobado sus leyes reglamentarias. Y se mantiene el enorme, ominoso y en varios sentidos costoso hueco jurídico y político que significa la inexistencia de una legislación integral, complementaria de la electoral, para la radiodifusión y las telecomunicaciones.

México necesita un régimen legal que atempere, pluralizándolo, el poder mediático, que estimule la competencia de opciones en el terreno de la comunicación como ha sucedido antes en el de la política, que garantice derechos de los ciudadanos frente a los medios, que promueva la existencia de auténticos medios públicos.

(La segunda mitad de este texto forma parte de la intervención que ofrecí a fines de agosto pasado, a nombre de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, en la apertura del Seminario “Democracia y Reglas del Juego” organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas e inaugurado por el Rector de la UNAM en el Palacio de Minería).

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Conocedores, como nadie, de que la forma es fondo –o, por lo menos, de que la forma puede contribuir a moldear la impresión que la gente tiene acerca del fondo– los priistas enviaron anoche a la discusión del Informe, para representarlos, a una mujer joven, atractiva e inteligente. Luz Carolina Gudiño Corro le permitió a ese partido recuperar, en julio pasado, uno de los distritos más difíciles de Veracruz. Ahora la recompensaron con la presencia estelar en la inauguración de la nueva Legislatura.

El contraste no podía ser más evidente. Frente al PAN que busca reafirmarse en un pasado que algunos de sus integrantes todavía consideran insigne y que envió a la tribuna a Manuel de Jesús Clouthier –hijo de aquel candidato presidencial que destacó por bravucón, quedó en tercer lugar en la elección presidencial cuando la confrontación Salinas-Cárdenas y falleció hace dos décadas en un accidente de carretera–, los priistas parecían sugerir que miran hacia adelante. El hijo de aquel Clouthier, ahora diputado, habló de diálogo y dijo que ningún tema es tabú para los panistas. Ya se verá.

Frente a Alejandro Encinas, viejo lobo de la política de izquierdas y uno de los pocos dirigentes del actual PRD que se formó en el antiguo Partido Comunista, el contraste que hacía la joven priista era igualmente drástico. El ex jefe de Gobierno del DF y ahora líder de los diputados perredistas acuñó dos fórmulas vistosas pero a final de cuentas huecas, porque serán entendidas según las convicciones y la conveniencia de cada quien: “tanta negociación como sea posible pero también tanta firmeza como sea necesaria” y, también, “tanto parlamento como sea posible y tanta movilización como sea necesaria”. De esa manera, Encinas buscaba diferenciarse del ala troglodita pero también del segmento que en el PRD hay quienes ven como demasiado condescendiente con otras fuerzas políticas. La joven Gudiño Corro, en cambio, no tuvo que hacer alusión a ningún sambenito y a ninguna escisión en su partido.

Y desde luego el contraste era marcado si se recordaba que alrededor de una hora antes, la tribuna de San Lázaro la había ocupado Porfirio Muñoz Ledo, que a su larga cuan pragmática hoja de servicios políticos ahora añade la circunstancia de representar al Partido del Trabajo. Sea cual sea el partido con cuyas siglas logra posiciones políticas, Muñoz Ledo siempre es notable artífice de la retórica y la política. Su alocución anoche en la Cámara de Diputados fue brillante y enjundiosa. Entró con filo a la delicada y urgente cuestión fiscal y proclamó que el dinero hay que tomarlo de donde abunda, no arrebatárselo a los desposeídos.

Muñoz Ledo era dueño, como pocos, del escenario parlamentario. Exigió que el Poder Legislativo les exija más a las grandes empresas, a la banca ahora desnacionalizada y al gobierno, cuya alta burocracia hace gastos ofensivos. Abrió su intervención con una reprimenda al poder incontrolado de las televisoras. Pintó su raya, así, en uno de los temas delicados en la nueva fase del Congreso y respecto del cual la mayoría de los legisladores tiene demasiado temor a comprometerse con una agenda de reformas.

La diputada Gudiño Corro coincidiría con Muñoz Ledo y otros representantes partidarios que se apresuraron a subrayar que no admitirán incrementos de impuestos a costa de la economía de los más desamparados. Como declaración de principios, se trata de una definición que siempre concitará aplausos. Pero de allí a la indiferencia o incluso el abucheo de la sociedad más inquieta por la cuesta abajo sobre la que corre nuestra política económica, habrá poca distancia si esos legisladores no arriban a propuestas específicas para mejorar los ingresos del Estado –y, desde luego, para propiciar una auténtica redistribución de tales recursos–.

Por eso cuando la representante del PRI anunció, aludiendo al presidente Felipe Calderón como si estuviera presente en el salón de sesiones, “no permitiremos la creación de impuestos a los que menos tienen”, cosechó ovaciones incluso entre diputados de otros partidos. ¿Y luego? La diputada veracruzana enumeró algunas medidas rutinarias. Pero más de uno de quienes la escuchaban alzó la ceja cuando propuso “Menos gasto en publicidad y más inversión social”.

Ojalá y así fuera. Ojalá y los diputados del PRI legislaran para impedir el derroche de recursos fiscales en la contratación de anuncios que ponderan la imagen de los gobernantes. Ahora mismo, en ocasión de la presentación de su Tercer Informe, la oficina de comunicación del presidente Calderón nos atosiga con mensajes radiofónicos y hasta con incómodas y seguramente contraproducentes llamadas telefónicas.

Pero el abuso publicitario no lo practica únicamente el gobierno federal. De hecho, se trata de un recurso intensa cuan dispendiosamente desplegado desde que el PRI ocupaba la presidencia. Y ahora mismo, el gobernante que no solamente gasta en propaganda con notorio exceso sino que además se ha granjeado el respaldo de Televisa, es Enrique Peña Nieto, anticipado pretendiente a la candidatura presidencial en el partido donde forma filas la simpática diputada Gudiño.

Esa legisladora no tendría que mirar demasiado lejos para encontrar ejemplos de propaganda intensa y ofensiva. En su propio estado, el gobernador Fidel Herrera mantiene una constante promoción tanto de sí mismo como del color rojo con el que se ha querido identificar, uniformando personas, edificios públicos, propaganda, paisaje y medios de comunicación.

Así que la diputada Gudiño Corro tuvo que hacer gala de indiferencia política (que es una manera elegante de llamarle al descaro) cuando le reclamó al gobierno del presidente Calderón una conducta que numerosos y notorios gobernadores del PRI no han tenido empacho en practicar.

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La Crónica, jueves 17 de julio

La revolución soviética había triunfado y era momento para probar su fuerza en el resto de Europa. Lenin había decidido reclamar por la vía de las armas los territorios que le disputaba Polonia. El 5 de mayo de 1920, delante del célebre teatro Bolshoi, el caudillo ruso arengó a sus tropas antes de que marcharan al campo de batalla. La fotografía de aquel momento circuló ampliamente como emblema de la nueva revolución. Lenin aparece de perfil, inclinado hacia adelante, colocando ambas manos sobre el templete de madera. A sus espaldas, en la escalera que conduce al estrado, aparece el comisario del pueblo para asuntos militares, León Trotsky. Junto a él, con los brazos cruzados, está Lev Kamenev, antiguo presidente del Comité Central.

No pasarían muchos años para que esos tres personajes desaparecieran del escenario soviético. Lenin murió en 1924. Cuatro años más tarde Trotsky fue expulsado del Partido Comunista y luego del territorio ruso. Kamenev sufrió peor suerte una década más tarde. José Stalin quería borrar toda huella de sus antiguos camaradas y a quienes no desterraba, los encarcelaba o mandaba asesinar.

La decisión de Stalin para extirpar cualquier presencia de Trotsky y Kamenev llegó a los registros históricos. La imagen de los viejos bolcheviques fue suprimida de multitud de cuadros y fotografías. Aquella gráfica frente al Bolshoi volvió a circular, pero modificada. En lugar del barbado Kamenev y de Trotsky con su célebre piocha, aparecían vacíos los cinco escalones del templete.

La obsesión de Stalin para borrar a sus antiguos camaradas era parte de una patología absolutista y maniática. Al pretender que podía modificar la historia con la misma petulancia con que reprimía y asesinaba a quienes no se subordinaban a sus caprichos, se construía una realidad a modo y trataba de persuadir a los rusos de que esa era la versión auténtica del pasado y el presente.

En el transcurso de la historia y con diversos recursos técnicos, otros líderes autocráticos y distintos personajes e instituciones, con un empleo desmedido del poder, también han querido alterar la historia como si de esa manera desterrasen de la realidad a quienes les incomodan.

La alteración de fotografías y pinturas fue un recurso reiterado por distintos sátrapas del mal llamado socialismo real –que en rigor debiera ser denominado despotismo real–. Milán Kundera abre con este relato su memorable novela El libro de la risa y el olvido:

“En febrero de 1948, el líder comunista Klement Gottwald salió al balcón de un palacio barroco de Praga para dirigirse a los cientos de miles de personas que llenaban la Plaza de la Ciudad Vieja. Aquel fue un momento crucial de la historia de Bohemia. Uno de esos instantes decisivos que ocurren una o dos veces por milenio.

“Gottwald estaba rodeado por sus camaradas y justo a su lado estaba Clementis. La nieve revoloteaba, hacia frío y Gottwald tenía la cabeza descubierta. Clementis, siempre tan atento, se quitó su gorro de pieles y se lo colocó en la cabeza a Gottwald.

“El departamento de propaganda difundió en cientos de miles de ejemplares la fotografía del balcón desde el que Gottwald, con el gorro en la cabeza y los camaradas a su lado, habla a la nación. En ese balcón comenzó la historia de la Bohemia comunista. Hasta el último niño conocía aquella fotografía que aparecía en los carteles de propaganda, en los manuales escolares y en los museos.

“Cuatro años más tarde a Clementis lo acusaron de traición y lo colgaron. El departamento de propaganda lo borró inmediatamente de la historia y, por supuesto, de todas las fotografías. Desde entonces Gottwald está solo en el balcón. En el sitio en el que estaba Clementis aparece sólo la pared vacía del palacio. Lo único que quedó de Clementis fue el gorro en la cabeza de Gottwald”.

El de Stalin, como el de Gottwald y todos aquellos que de la misma manera han querido dar de baja la imagen de sus adversarios, es un comportamiento intolerante y paranoico. Hay una enorme dosis de prepotencia, pero también de berrinche infantil, en esa inquietud para borrar a sus antagonistas.

A comienzos de los años 70 –claro, del siglo pasado– el historiador David King se dio a la tarea de buscar testimonios gráficos de la represión estalinista y comenzó a interesarse en las fotografías alteradas por disposición de la dictadura soviética. Reunió decenas de miles de imágenes, algunas de las cuales ha mostrado en diferente exhibiciones y en 1997 publicó en Londres el libro El Comisario desaparece La falsificación de fotografías y obras artísticas en la Rusia de Stalin.

Además de la abundancia de esos documentos gráficos, a King le llamó la atención la falta de cuidado con que fueron alterados muchos de ellos. A diferencia de la foto de Lenin arengando a las tropas del Ejército Rojo a punto de ir al frente polaco, en donde hay un trabajo de modificación tan meticuloso que no queda huella de la presencia de Kamenev y Trotsky, en los retratos que ese investigador fue localizando por toda Rusia las enmiendas con frecuencia eran burdas. En algunas, los rostros de aquellos a quienes se quería excluir habían sido difuminados con algún producto químico. En otros casos se trataba de vulgares tijeretazos. Incluso cuando había un trabajo de fotocomposición, para superponer una imagen a otra, quedaban huellas de la alteración.

Esos vestigios llevaron a King a hacerse varias preguntas en la introducción de su libro: “La habilidad en el retoque fotográfico depende, como cualquier artesanía antes del advenimiento de la tecnología de la computación, de la habilidad de la persona que lleve a cabo la tarea y del tiempo que ella o él tengan para terminarla. Pero ¿por qué el estándar del retoque en los libros y periódicos soviéticos era a menudo tan burdo? ¿Querían los estalinistas que sus lectores vieran la eliminación que habían realizado, como una atemorizante y ominosa advertencia? O el ligero rastro de un comisario casi desvanecido, intencionalmente dejado por el retocador, ¿podría convertirse en un fantasmal recordatorio de que el reprimido todavía podría regresar”.

Así de burdo, así de notoria, es la difuminación de la imagen del senador Santiago Creel en el video que el noticiero matutino de Televisa transmitió el pasado miércoles 2 de julio. Se trata de una reseña del foro sobre reforma petrolera que tuvo lugar el día anterior. En una nota de 4 minutos con 50 segundos, se da cuenta de las intervenciones de distintos ponentes. Entre escenas de archivo con vistas de instalaciones petroleras, de cuando en cuando se muestran detalles del público. La cámara recorre el auditorio pero casi siempre de la mitad del presídium hacia la izquierda, o de la mitad hacia la derecha. Y es que en el centro de la mesa está el presidente del Senado, Santiago Creel, a quien las televisoras decidieron excluir de la pantalla.

En dos ocasiones, al minuto con 42 segundos y a los 3 minutos con 31, se abre la toma y aparece casi todo el estrado. Al centro, en donde gracias a otros videos y fotografías sabemos que estaba Creel, aparece una silueta sin rostro. Se ven las caras de otros legisladores y ponentes pero no la del presidente del Senado. Una mancha difusa, como borrón de trabajo escolar, lo ha retirado del video.

Televisa dice que se trata de “un error de edición”. No es cierto. La edición de video suprime o añade segmentos enteros, no porciones de una misma imagen. Tampoco pudo haber sido un defecto de la lente, porque de todas las escenas que fueron tomadas únicamente cuando aparece Creel ocurre ese problema.

Los dos momentos en los que se suprime la imagen del senador panista están tomados, cada uno, desde emplazamientos diferentes. En ambos casos, independientemente del sitio desde donde se le enfocara, el rostro de Creel desaparece. No es error, sino revancha.

Televisa y Televisión Azteca decidieron vetar al senador Creel en represalia por el impulso que contribuyó a dar a las reformas constitucionales que restringen privilegios y negocios de la radiodifusión durante los procesos electorales. La animosidad de las televisoras fue tan notoria que no solamente, durante varios meses, el presidente del Senado ha estado ausente de las cadenas nacionales. Además, atemorizados por esa reacción, el presidente de la República y el presidente del PAN destituyeron a Creel como coordinador de los senadores de ese partido.

Pero no fue suficiente. Televisa pretendía quitarle poder político pero además despojar de su imagen pública al senador Creel: sacarlo de las pantallas, impedir a los ciudadanos que se enteren de su desempeño legislativo, tacharlo de la historia. Pero lo hizo de manera tan torpe que el resultado se ha convertido en uno de los mayores tropiezos políticos (y ya son varios) de esa televisora.

El borrón a la imagen de Creel causa enojo, risa y lástima. Qué mal que a cualquier ciudadano, pero peor aún a uno de los más destacados legisladores del país, se les vete en la información de una televisora nacional. Qué ridículo el que hace Televisa borroneando la imagen de un personaje político al que pretende estigmatizar. Qué vergüenza que en esa empresa haya quienes consideren que, expulsándolo de sus pantallas, a Creel le restarán ascendiente político –hasta ahora han conseguido precisamente lo contrario–.

Y qué vulgar manera de esconderle al público la imagen del senador. Tanto, que uno no puede sino recordar la observación del historiador King: el retoque es tan burdo que, más que ocultar al personaje así afectado, pareciera que se trataba fundamentalmente de amenazar y atemorizar. Los destinatarios de esa artimaña serían otros legisladores y personajes políticos: si se meten con las televisoras los borrarán de la pantalla.

Creel está demostrando, a pesar de las venganzas de Salinas Pliego y Azcárraga Jean y no obstante los desasosiegos de Felipe Calderón y Germán Martínez, que sí hay vida política a pesar de las televisoras: mientras más lo tratan de borrar, mejor le va en las encuestas.

Comentario publicado en  Nexos, octubre de 2006

El periodismo encuadernado, como en distintas ocasiones se le ha llamado a la publicación en libro y sin modificaciones de textos originalmente aparecidos en la prensa, tiene ventajas y riesgos. Entre estos últimos destaca la caducidad que adquiere un artículo periodístico cuando ha transcurrido el contexto para el que fue escrito. Entre las primeras, está la facilidad de acceso a una reflexión suscitada por acontecimientos del día tras día. Y quizá sea ventaja, pero también riesgo, la edición encuadernada de artículos de periódico inicialmente pensados para coyunturas distintas a aquellas en las que se encuentran los lectores del libro. Esa es la contingencia que enfrentan Después de la transición y su autor cuyos textos, leídos en conjunto, subrayan inquietudes manifestadas a lo largo de dos años en las colaboraciones de José Woldenberg para Reforma.

   A simple vista podría decirse que la más importante de esas preocupaciones es la complejidad y la construcción de la democracia mexicana que el autor encuentra suficientemente sólida para considerar, en uno de los primeros textos del libro, que en “las elecciones recurrentes” que tiene nuestro país se puede identificar “una escuela de democracia”. Sin embargo más allá de las reglas, de los procedimientos y la interiorización o no del compromiso democrático en los actores públicos, quizá la inquietud cardinal de Woldenberg se halla en el ejercicio y las posibilidades de la política.

   Cuando se ocupa de algunos de los conflictos más agudos durante los dos años en que aparecieron estos artículos, Woldenberg insta para que se pongan en práctica los recursos de la política a la que entiende, siguiendo a Bernard Crick, como la conciliación de intereses divergentes. Pero al mismo tiempo recela, con sobrados motivos, del empobrecimiento de la política tal y como se le ha llegado a entender. “La política de hoy en nuestro país se encuentra no sólo marcada por la coyuntura sino secuestrada por la misma” diagnostica. Y en uno de los segmentos más desencantados del libro advierte las limitaciones de los políticos, a quienes se les suele exigir más de lo que pueden dar: “se encuentran acotados, restringidos por poderes fácticos, rutinas democráticas, inercias sociales e institucionales, intereses gremiales, redes de conocimiento especializado y organismos multinacionales”. Entonces, diagnostica: “la política juega un papel subordinado en esa mecánica de fuerzas en despliegue. No guía, es guiada”.

   “La política se consume a sí misma en sus rituales” deplora Woldenberg. Y ese deterioro no es reciente. Las jornadas de 1968 fueron “el disparador de la pasión por la política” de los estudiantes de aquel tiempo, recuerda, pero uno de los “nutrientes del desencanto” que más tarde padecieron muchos de ellos “fue la sobrevaloración de las posibilidades de la propia política”.  

   Desde su imagen pública y quizá allí más que en cualquier otro ámbito, la política expresa deterioro e incompetencia. El autor de estos textos describe el reflejo de tal apariencia en los medios de comunicación: “La irritación es común denominador. La majadería y el insulto son moneda de curso común. El presente es gris y el futuro pinta peor. La complejidad de los problemas desaparece y es sólo la incompetencia, la tontería, la corrupción de los políticos la fórmula cansina para expresar nuestros males. El espíritu público expresa desencanto, cansancio, malestar”.

   Tajantemente, páginas adelante Woldenberg dictamina: “nuestra germinal democracia vive los embates de la degradación de la política”. ¿Qué podemos hacer ante ese estancamiento, si no es que retroceso, en la vida pública? El autor apunta en otro sitio del libro: “si deseamos trascender a la política como espectáculo, parece necesaria la construcción de una ciudadanía capaz de hacer suya la agenda de la política y de romper el círculo vicioso de una política que expulsa al ciudadano”.

   El marco para que se desenvuelva el ejercicio de la política tendría que ser el Derecho. Sin reglas la política se convierte en ejercicio salvaje, o resulta de tal manera condicionada por el pragmatismo que acaba quedando dominada por personajes sin escrúpulos. A eso se debe la preocupación, expresada en distintos segmentos del libro, para actualizar las normas de la competencia política. Como “la democracia porta sus propios problemas, su agenda está cargada de nuevos retos” y tropieza con “dificultades antes impensables”, el temario de nuevas asignaturas está determinado por la diversidad de opciones políticas que, gracias a la democracia electoral, alcanzan posiciones de representación y gobierno en el país.

   Las nuevas coordinadas del presidencialismo ocupan varios de los textos de Woldenberg. Antaño metapoderoso, el del Presidente ha pasado “a ser un poder más” entre las instituciones estatales. Por eso el país tiene que resolver, ante esa modificación del poder presidencial, “si no ha llegado el momento de transformarlo con algunas fórmulas del parlamentarismo”. Lamentablemente el autor no se extiende en esos temas aunque considera deseable el establecimiento de un gobierno de coalición que, no obstante la diversidad de fuerzas partidarias que hoy alcanzan posiciones de representación importantes, fuese “capaz de contar con el apoyo mayoritario del Congreso”. En cambio descarta la posibilidad de establecer una segunda vuelta para la elección presidencial (quienes la proponen, dice, “se equivocan en el diagnóstico y en la receta”), descalifica la sugerencia para que haya candidatos independientes (que lo serían respecto de los actuales partidos pero a la vez estarían generando su propio partido), concuerda con la necesidad de abreviar las campañas electorales y cuestiona el lugar común que supone que para mejorarla, hay que ciudadanizar la política (“todos los políticos son ciudadanos pero no todos los ciudadanos son ni deben ser políticos”).

Frágil ciudadanía, políticos pueriles

   Pero si no tienen por qué ser políticos, sí se echa de menos una mejor formación política en esos ciudadanos. En varias ocasiones Woldenberg deplora tales insuficiencias: “tenemos pues ciudadanos incompletos, que ejercen sus derechos con baja intensidad” dice aludiendo a la situación latinoamericana y para explicarse por qué nuestras democracias son “pobres y desiguales”. Y en otro sitio recalca: “nuestra sociedad civil es débil y sobre todo desequilibrada”. Lo peor es que a esos ciudadanos a medias y a esa sociedad endeble así como a quienes los gobiernan, las circunstancias les requieren que actúen como si fuesen políticamente adultos. “Estamos pues obligados a vivir como mayores de edad: cada uno (político o institución) haciéndose responsable de sus actos y omisiones, dado que se acabaron las entidades tutelares bajo las cuales se podía navegar como menores de edad”.

   Esas conductas pueriles alcanzan a los políticos. En uno de sus textos más vehementes Woldenberg subraya “la incapacidad profunda para reconocer faltas propias y el afán de asignar la responsabilidad siempre a otros: ex compañeros de ruta o adversarios políticos reales y/o inventados”. El síndrome del crío que, incapaz de advertir sus propias fallas, le echa a otros la culpa de todo lo que le sucede constituye, dice este autor, “una especie de minoría de edad permanente tanto política como ética… remite a esa etapa juvenil en la que el político supone que todos los valores positivos están de su parte y que sus oponentes, por supuesto, encarnan el mal”.

   Esa descripción no tiene destinatario específico pero quizá no sea casualidad la perfección con que le calza al personaje más discutido hoy en día en el panorama político de nuestro país: “Minoría de edad ética, porque la culpa, la responsabilidad, jamás es propia sino de otros… Lo más triste del espectáculo es que varios de los protagonistas ciertamente tienen energía vital, inteligencia política, y en ocasiones hasta causas que valen la pena. Lo que les falta, sin embargo, es una cualidad insignificante: menos epopéyica, más modesta: sentido de responsabilidad”.

   Varios textos en este libro fueron escritos durante el litigio acerca del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Woldenberg se opuso a esa decisión porque consideraba que hubiera implicado la exclusión, de las elecciones de 2006, de la fuerza política representada por ese personaje. Aunque en algún momento aclaró que no compartía “el poco aprecio que AMLO tiene por la legalidad”, el autor del libro consideró que el descabezamiento de dicha fuerza política podría “dinamitar mucho de lo que como país hemos construido en los últimos años”. Por eso urgía para que hubiera, como a la postre ocurrió, una solución política.

   No deja de ser paradójico que la política, a la que en algunos momentos del libro se considera subordinada a intereses facciosos e incluso autosecuestrada, fuese identificada por Woldenberg como la salida conveniente para un conflicto con tantas aristas como era el desafuero del entonces jefe de Gobierno del DF. Su llamado para que la sanción a una falta menor no se convirtiera en avasalladora crisis política resultaba entendible. Pero supeditar todo ese episodio a una solución política que, por lo demás, era favorable únicamente a uno de los sectores en litigio, quizá no resultó la mejor manera de enfrentar aquel diferendo. Las virtudes de la política solamente se pueden desplegar a plenitud cuando todos los actores de un conflicto quieren ceder parte de sus posiciones en aras del acuerdo. Si eso no es factible, el otro camino es la aplicación de la ley. En aquel episodio, como el mismo Woldenberg advirtió, había una “mecánica de polarización irresponsablemente alimentada desde ambos bandos (gobierno federal y del DF)”. Demandar el desistimiento respecto del desafuero constituía una actitud política pertinente pero que, al soslayar las faltas y sobre todo la jactancia de López Obrador contra el cumplimiento de las leyes, propiciaba un saldo parcial. En la sociedad mexicana y en los segmentos más pueriles de sus elites políticas aquel episodio dejó una lección cuyas consecuencias hemos padecido después de las elecciones del 2 de julio de 2006: la creencia en que el cumplimiento de las leyes puede esquivarse cuando hay consideraciones, prioridades o presiones de carácter político.

Medios, montados en el escándalo

   La búsqueda de soluciones para resolver esa minoría de edad de los ciudadanos origina, al menos en parte, la reiterada preocupación de Woldenberg por las insuficiencias en los medios de comunicación: “montados sobre el escándalo, son ineficientes para explicar y ofrecer sentido a lo que acontece en el escenario político”; existe “la tendencia a convertir a la política en una actividad emparentada con el espectáculo y modulada por los códigos de los grandes medios”; “al apostar sólo a la coyuntura, a la especulación con agendas llamativas pero efímeras, a la multiplicación del alboroto, hacen un flaco favor a la causa de hacer inteligible la política”. Pero como con esos medios tenemos que arar, anticipa: “de la calidad de nuestros partidos políticos y de nuestros medios de comunicación dependerá la calidad de nuestra de nuestra democracia”.

   Pesimista en su diagnóstico, esa fórmula resulta fatalista en el pronóstico. Si el mejoramiento de nuestra imperfecta democracia depende de partidos tan descosidos como la mayoría de los que dominan el escenario político y de medios tan desastrados como los que con tanta puntualidad define Woldenberg, es claro que no podemos tener demasiada esperanza en ella.

Apuesta por las ideas

   A pesar de su inicial cometido, atado a la coyuntura, los textos reunidos en Después de la transición pasan la prueba del tiempo gracias a la agudeza de José Woldenberg para, en todo momento, mirar más allá de las circunstancias inmediatas. Por muy específico y acotado que sea el tema del que se ocupa, sabe encontrarle significado y perspectivas que trasciendan a esa situación precisa. Superando provechosamente el parloteo con que los medios atienden a los asuntos públicos, Woldenberg mantiene una fértil apuesta por las ideas, con una racionalidad que desmonta fundamentalismos y oportunismos. Gracias a ello, los artículos compendiados en este libro pueden ser leídos a pesar de las situaciones durante las cuales o ante las cuales fueron escritos. En un ambiente público tan reacio a la deliberación, tan condicionado por intolerancias de todos los signos y tan repleto de posiciones rígidas, el ejercicio analítico de José Woldenberg resulta semanalmente agradecible y, ahora, es motivo para que lo apreciemos en libro.

 
José Woldenberg, Después de la transición. Gobernabilidad, espacio público y derechos. Ediciones Cal y Arena. México, 2006, 384 pp.

 Un manido refrán, cargado de voluntarismo y en ocasiones candoroso sostiene que de las crisis, nacen las oportunidades. Desde luego, suponer que siempre hay circunstancias propicias es mejor que encerrarse en la desconfianza y la parálisis. Pero para comprender un escenario político repleto de tantas paradojas y complejidades como el que tenemos hoy se precisa de optimismo y, además, de una preventiva pizca de realismo.

   Considerar que la transición mexicana se encuentra en riesgo es, a la vez, diagnóstico y conclusión inicial. Pero habría que aquilatar en qué han consistido los avances de esa transición para entender qué es lo que está peligrando y cuáles opciones tenemos ante ese apuro.

   El eje del cambio político mexicano en los años recientes fue la construcción de un sistema electoral ejemplar y confiable, cuya solidez ha dependido de reglas muy detalladas y del compromiso de todos los actores políticos con tales normas. La identificación mecánica de la democracia con la competitividad y la transparencia electorales condujo a no pocos observadores de nuestra vida pública a considerar que la transición política podía darse por concluida sin reparar en sus varias asignaturas pendientes: entre ellas se encuentran la insuficiente y a veces inexistente democracia en los sindicatos y otros organismos de la sociedad, la concentración y el autoritarismo de los medios de comunicación más influyentes y el ingente déficit que padece la cultura cívica de los mexicanos. Sin atender esos rezagos, para no referirnos a la desigualdad social que constituye el principal factor de escisión en el país, era demasiado ilusorio considerar que la transición democrática había concluido.

   Ahora, cuando la coalición perdedora en las elecciones del 2 de julio y sus simpatizantes cuestionan agriamente al sistema electoral y colocan a la política mexicana en el desafío más espinoso que haya enfrentado durante esta transición, vale la pena preguntarnos qué es lo que realmente ha entrado en crisis y qué es lo que se encuentra en riesgo.

Reformar, sin desdeñar

lo que ahora tenemos

   Se está volviendo lugar común hablar del deterioro de nuestras instituciones políticas. Son caducas, han sido desbordadas, no dan para más, se dice quizá con indocumentada ligereza. Evidentemente nos encontramos en una situación difícil. Pero, justamente por ello, habría que incorporar al análisis al menos parte de la prudencia que les requerimos a los actores políticos para no arrojar por la ventana el agua de estos turbulentos tiempos, el niño que es nuestra inmadura democracia y de paso también la bañera institucional que encauza, cobija y legitima al juego político.

   La confianza e incluso el respeto de un segmento importante de los mexicanos hacia el sistema político y específicamente hacia las instituciones electorales se encuentran notoriamente erosionados. Pero esas instituciones han cumplido con sus obligaciones, han acatado las leyes y están funcionando. Conforme el proceso de la calificación electoral ha avanzado se ha podido ratificar no solamente el resultado de la votación del 2 de julio sino, junto con ello, el desempeño en términos generales escrupuloso del Instituto Federal Electoral.

   Lo que falló no fueron el IFE ni las reglas electorales sino el compromiso de uno de los actores de la competencia política con esas reglas y con los resultados de la votación del 2 de julio. El resto de las instituciones del Estado mexicano también continúa en marcha. Las dos cámaras del Congreso federal ha quedado instaladas y en ellas se encuentran representadas todos los partidos. En pocos días más tendremos presidente de la República formalmente electo. El país está cruzado por la inquietud y por una sensación de malestar que nos ha traído de la crispación al pesimismo pero la economía funciona y la vida cotidiana de la gente sigue. No hay que menospreciar la protesta del candidato presidencial que perdió las elecciones pero, más que por la cantidad de mexicanos a los que pueda representar, el arrebato de  López Obrador es preocupante porque puede está conduciendo al PRD hacia un despeñadero político.

   El hecho de que las instituciones políticas no se encuentren paralizadas no significa que respondan cabalmente a las nuevas realidades del entramado partidario y de la sociedad mexicanos. El presidencialismo está definitivamente agotado, por lo menos con la omnímoda concentración de poder y con las forzosas capacidades de arbitraje que tuvo en otros tiempos de la vida política mexicana. La construcción de un nuevo perfil, más moderno, acotado, dialoguista y flexible para el Poder Ejecutivo Federal, quedó arruinada con las cotidianas torpezas, los compromisos facciosos, las palmarias insuficiencias personales y el patético desempeño del presidente Vicente Fox. Sería injusto condenar a la institución presidencial por todos los desatinos de quien la ha ocupado en los últimos seis años. Pero el solo hecho de que a la Presidencia de la República haya llegado un personaje con las limitaciones que han sido tan ostensibles en este sexenio confirma que el país necesita de un esquema de gobierno diferente, capaz de racionar la responsabilidad del gobierno en diferentes fuerzas y poderes y que, sobre todo, obligue a los acuerdos y compromisos políticos.

Partidos inmaduros para

el parlamentarismo

   Cuando nos preguntamos cuál es el modelo de organización institucional más apropiada para México es frecuente voltear la mirada hacia los regímenes parlamentarios. Pero resulta un tanto aterrador imaginar al gobierno del país aherrojado a las cadencias y costumbres de partidos tan atrasados, inorgánicos y escindidos como los que dominan en el actual escenario político. El hecho de que el PAN siga conducido por una dirigencia de vocación fundamentalista, el PRI esté representado –como ocurre ahora en el Congreso– por personajes más proclives a la picardía que a la política y el PRD se empeñe en padecer el síndrome de Estocolmo que lo sujeta al personaje que secuestró el proyecto de las antiguas izquierdas para reemplazarlo por una grotesca reedición del viejo caudillismo caciquil, permiten desconfiar de cualquier esquema que dependa de la interacción cotidiana entre tales actores políticos.

   Es cierto que con esos partidos tenemos que arar. Pero si son indispensables y si su funcionamiento y vigencia resultan incluso deseables para que no lleguemos a tener, entonces sí, una auténtica y acaso irreversible crisis de nuestro modelo político, parece necesario que no nos conformemos con ellos. Junto a la solidificación de opciones políticas nuevas –como la que representa, destacada y meritoriamente el Partido Alternativa– es preciso que mantengamos y profundicemos las apreciaciones críticas acerca de todos y cada uno de los partidos y fuerzas políticas del país.

   La mejor opción para que México supere creativa y provechosamente la crisis actual tendría que pasar por la coincidencia de todos esos partidos y fuerzas políticas en torno a una diversa colección de compromisos. Ojalá hubiera sensatez y generosidad suficientes, en esas fuerzas políticas y en la sociedad, para alcanzar y afianzar un acuerdo nacional capaz de involucrarlos a todos. Esa es la meta deseable y cualquier esfuerzo hacia ella resultará plausible. Pero también es necesario plantearnos la posibilidad de que no todas las fuerzas políticas entiendan la necesidad nacional de tales compromisos.

   Todos los días constatamos, en todos los partidos principales, la enorme dificultad que sus dirigentes y representantes tienen para mirar más allá de sus intereses y antojos inmediatos. Su extraordinaria dificultad para tener una perspectiva de largo o aunque sea mediano plazo, siempre ha sido un defecto de la clase política mexicana. Por eso no sería remoto que, a pesar de la palmaria necesidad para que formen parte de un acuerdo amplio, magnánimo e incluyente, alguno o algunos de los partidos principales antepongan la confrontación o, en otro caso, supongan que pueden sortear los actuales aprietos sin necesidad de establecer compromisos con sus ahora adversarios.

Equívocos del PRD,

dilemas de Calderón

   El PRD aparentemente mantiene una posición ambigua. El candidato presidencial derrotado está a punto de proclamarse alteza inserenísima al mismo tiempo que los senadores y diputados de ese partido, legítimamente electos, asumen sus tareas legislativas. Mientras en el Zócalo llaman a la asonada, en San Lázaro juran la Constitución. Hay quienes confían en que dentro de ese partido se impongan la sensatez y el realismo para que el PRD coseche y usufructúe los nada despreciables triunfos que logró en la elección del 2 de julio. Pero como a la vez que sus nuevos legisladores reciben sus credenciales y se aprestan para el primer periodo de sesiones el PRD prepara una supuesta convención cuyo resultado ya ha sido anunciado y que lo afianzará en una ruta de muy difícil retorno, a estas alturas podemos preguntarnos si en ese partido dominarán la responsabilidad y el realismo, o la esquizofrenia, la insensatez y el resentimiento políticos.

   Felipe Calderón, al parecer más en el plano de las declaraciones que en una auténtica operación de acercamientos y pactos políticos de largo alcance, ha seguido insistiendo en la creación de acuerdos. No es demasiado relevante si esa búsqueda se debe a la seriedad  con que contempla el desastrado panorama que deja la elección o a la necesidad de compromisos que le impone ese mismo contexto. Lo importante es que, en el actual clima de confrontación, esa búsqueda de Calderón puede quedarse sin interlocutores suficientes. Si no se convierte en una operación de cara y hacia el país, los márgenes del presidente electo quedarán acotados por la soberbia y la intolerancia que campean en las fracciones que siguen dominando en Acción Nacional y por el convenencierismo de los aliados de ocasión que encuentre en el PRI.

Los acuerdos necesarios

   En este escenario, discutir propuestas puntuales aparentemente resulta anticlimático pero, por eso mismo, puede contribuir a la distender la crispación que sigue imperando quizá no en todo el país pero sí en los segmentos más activos y políticamente interesados de la sociedad mexicana. Sería deseable pensar en un gran acuerdo para renovar la política y otro para el crecimiento económico. Política y economía se encuentran imbricadas como nunca antes. Uno de estos acuerdos, sería irrealizable si no existe el otro. Es imperioso, además, un acuerdo muy puntual y con metas definidas para restablecer la seguridad pública y contra la delincuencia.

   En el plano de la economía el tema de la reforma hacendaria –que incluya significativos ajustes fiscales y recaudatorios– parece imprescindible. Si el Estado no cuenta con más recursos será imposible desplegar la política redistributiva que prácticamente todos reconocen como necesaria. Metas, pautas y beneficiarios de esa política tendrían que ser la otra cara del acuerdo económico.

   Las reformas en el plano específicamente político tendrían que sustituir lo que resulta insuficiente y fortalecer lo que funciona bien. Si, como señalamos antes, no parece pertinente pensar en un sistema político de índole parlamentaria al menos por ahora, habría que considerar la construcción de contrapesos y de esquemas de responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo. La necesidad, por ejemplo, de que algunos secretarios de Estado sean aprobados por el Congreso a partir de propuestas del Presidente de la República, la creación de mecanismos más ágiles y transparentes para la rendición de cuentas de ambos poderes, el establecimiento de reglas actuales y eficaces para el trabajo parlamentario y la revisión del funcionamiento y la situación legal de comisiones y organismos autónomos en cuya designación participan Ejecutivo y Legislativo, constituirían algunas de las pautas en esa reforma de la institucionalidad política.

   Sería imprudente trastocar el trabajo de los organismos electorales simplemente porque el partido que perdió la elección, y sus simpatizantes, quieren culpar a las autoridades del IFE de la decisión que los votantes definieron en las urnas. Lo que hace falta es emprender reformas hace tiempo requeridas para solidificar y mejorar la competencia electoral, comenzando con la sustitución de la propaganda pagada en radio y televisión por la apertura de franjas destinadas a los partidos en los medios electrónicos.

   La reforma de los medios para establecer límites a la inusitada concentración de muchas frecuencias en pocas manos, propiciar el desempeño responsable de las empresas de comunicación y garantizar que sean regulados por un organismo verdaderamente autónomo –a diferencia de la mascarada de reforma que todos los partidos aprobaron hace pocos meses con la Ley Televisa– forma parte ineludible de esas transformaciones para la competitividad y la convivencia políticas.

Ante mesianismos

y fundamentalismos

   Indudablemente, hay áreas del entramado estatal y especialmente de su relación con la sociedad que requieren de importantes actualizaciones y renovaciones. Para ello hace falta el acuerdo de todas o, si no fuera posible, de algunas de las principales fuerzas políticas del país. Pero no hay que olvidar que también se requiere el compromiso de todas esas fuerzas con las reglas que ahora tenemos para la competencia y la representación políticas. Hace falta, para decirlo en términos más llanos, de un expreso y productivo compromiso con la política.

Es momento de la política, mas no de la politiquería de miras estrechas y afanes mezquinos con que tan a menudo se la confunde. Las oportunidades para el país, si las hay al cabo de esta crisis, no llegarán solas. El campo de la política es el único en donde pueden procesarse diferencias y edificarse compromisos. Pero además, en el campo de la política quedan aislados tanto el fundamentalismo conservador como el mesianismo populista: es el terreno cuya naturaleza excluye a los excluyentes.

Texto preparado para el foro “La transición en riesgo: retos y oportunidades” organizado por el Partido Alternativa el 30 de agosto en la ciudad de México.

La Crónica, febrero 13 de 2005

La mitad de los senadores presentes en la sesión del jueves por la tarde se negó a respaldar la iniciativa que hubiera permitido la reelección de los miembros del Congreso. La otra mitad apoyó esa posibilidad.

   A la mitad que discrepó con esa propuesta les han llovido descalificaciones no siempre escrupulosas. En cambio los legisladores que respaldaron esa propuesta están siendo considerados como impulsores de la democracia y el cambio político.

   Los votos de los 51 senadores que simpatizaron con esa iniciativa no fueron suficientes porque, tratándose de una reforma constitucional, se requería el respaldo de dos terceras partes de los legisladores de esa Cámara. En contra estuvieron 50 senadores y hubo una abstención.

   Partido en dos en ese tema, el Senado fue representativo de las adhesiones, dudas y francas discrepancias que suscita la posibilidad de que los legisladores sean reelectos. La Constitución Política permite que quienes han sido diputados federales o senadores vuelvan a desempeñar esa responsabilidad pero no el periodo inmediato.

Dos concepciones

   Las resistencias a la reelección forman parte de la historia, pero también de los equilibrios del sistema político mexicano. Es imposible olvidar la intensa convicción con la que, durante y después de la revolución de hace casi un siglo, se extendió el rechazo a la reelección. Hermanarla con la efectividad del sufragio ha sido uno de los apotegmas de la vida política nacional que comparten muchos mexicanos, más allá de las adhesiones partidarias que puedan tener.

   Otros, consideran que la imposibilidad para que se reelijan de manera inmediata constituye un obstáculo a la solidificación del Congreso como auténtico contrapeso al Poder Ejecutivo y al desarrollo de una verdadera carrera parlamentaria.

   Ambas posiciones se expresaron el jueves 10 de febrero, en uno de los debates más maduros que se han escuchado recientemente en el Congreso mexicano.

   Buena parte de los comentarios que se han dicho y publicado en los días recientes no toman en cuenta los argumentos expresados aquel día en el Senado. Se ha extendido la impresión de que la reelección inmediata de los legisladores es requisito indispensable en el avance democrático del país. Y al considerar que se trata de una posición  políticamente correcta –con su correspondiente contraparte– se tiende a soslayar los puntos de vista razonados que también se expresan  contra la reelección inmediata.

   La que se discutió y finalmente resultó aplazada el jueves, es una iniciativa de varios senadores para reformar los artículos 59 y 116 de la Constitución. Con ese cambio el primero de tales artículos hubiera establecido: “Los Senadores podrán ser electos de manera inmediata hasta por un periodo adicional. Los diputados podrán ser reelectos hasta en tres períodos consecutivos”.

   Actualmente el 59 Constitucional indica que “los senadores y diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el periodo inmediato”.

Sauri: moda e ilusiones

   El debate en Xicoténcatl comenzó con una ordenada intervención de la senadora priista Dulce María Sauri quien consideró que la reelección puede ser una necesidad pero, también, se ha convertido en una moda. Esa legisladora expresó seis objeciones a otras tantas “ilusiones”, como las consideró, que suelen apuntalar la reelección inmediata de senadores. Es pertinente detenernos en ellas porque sintetizan con claridad las objeciones a esa iniciativa.

   Sauri rechazó el argumento de quienes sostienen que la reelección les ofrece a los ciudadanos un mecanismo para sancionar a los legisladores. Al contrario, dijo, a quienes puede servir la permanencia de senadores o diputados es a grupos cuyos intereses coincidan con esos legisladores: “Se asume que al existir un Poder Legislativo con reelección continua, los legisladores responderán únicamente a los intereses de sus electores, pues sólo estos tendrán la posibilidad de ratificarlos con su voto. Poco se ha debatido sobre el riesgo que representan los poderosos e influyentes grupos de poder y de interés, con importantes recursos económicos para asegurar la reelección de los legisladores que le son afines y eliminar a los que le son incómodos. Intentarían y eventualmente lograrían cortar a grupos de legisladores para representar y proteger sus intereses, muy probablemente en demérito de los intereses colectivos de amplios grupos sociales”.

   Al buscar su reelección, se dice también, los senadores o diputados tratarán de acercarse a los votantes. Pero ese es un recurso de doble filo. Pretender la reelección inmediata podría llevar a los legisladores a tratar de congraciarse, más allá de principios o proyectos, con los ciudadanos: “Se presume que al existir reelección continua los legisladores establecerán relaciones políticas cercanas a sus electores y lejos de los intereses de los partidos políticos, ‘partidocracias clientelares’, se les llama. Es factible suponer que los mecanismos de negociación política y los canales de expresión de las demandas de las organizaciones populares, obreras, campesinas se trasladarían al Congreso de la Unión y se reflejarían en su relaciones con la administración pública. Podríamos ver nacer una nueva categoría política, el denominado ‘clientelismo legislativo’ ”.

Carrera parlamentaria

   Otro motivo frecuentemente esgrimido a favor de la reelección es la posibilidad de que haya una carrera parlamentaria. Suele sostenerse, explicó Sauri, “que los legisladores no tienen conocimiento de los temas que manejan, porque no tienen tiempo de aprender. Ese estereotipo ha sido cultivado por el Ejecutivo Federal para erosionar la imagen del Congreso ante la sociedad”.

   Y abundó la senadora: “Sin dejar a un lado la necesidad de fortalecer la profesionalización, vale la pena detenerse a pensar si esta justa demanda de la sociedad se resolvería por la permanencia de individuos en sus cargos o si tiene que ver, principalmente, con el diseño y operación institucional del propio Poder Legislativo”.

   En cuarto lugar la senadora recordó que la iniciativa que estaba a discusión proponía únicamente la reelección de los miembros del Congreso de la Unión. “Los defensores de la reelección inmediata aseguran que esta sólo se plantea para los legisladores federales, incluso el dictamen lo establece con claridad y deja libre la situación de definición en las constituciones de los estados a los congresos de las entidades federativas. De ninguna manera evolucionaría hacia una reelección presidencial”.

¿Y el Presidente?

   Algunos de los argumentos por la reelección senatorial y de diputados federales podrían tomarse en cuenta para proponerla, además, en otros poderes. Sauri lo explicó así: “No podemos dejar de considerar que en el mediano plazo muy probablemente surgiría el tema de la reelección del Ejecutivo. Ya se ha planteado la demanda de reelección continua de presidentes municipales, después puede presentarse como una necesidad la reelección del Presidente de la República con argumentos quizá muy semejantes a los que ahora se presentan: Rendición de cuentas, decisión de los electores, premio a la eficacia de sugestión, entre otros. La reelección continua de legisladores abre paso en forma por demás natural a la reelección presidencial, tal como ha sucedido en los últimos años en Perú, Argentina, Brasil, Colombia por sólo mencionar algunos ejemplos de América Latina”.

   Allí se encuentra uno de los tabúes que ni siquiera los promotores de la iniciativa recién discutida han enfrentado. El peso de la anti reelección sigue siendo tal que la sola posibilidad de extenderla a la Presidencia de la República intimida a la mayoría de quienes consideran que sería pertinente en el Congreso.

Ser o no distintos

   Otro argumento cuestionado por esa senadora sugiere que la reelección facilitaría la construcción de acuerdos entre el Congreso y el Ejecutivo. Sin embargo al tratar con legisladores que podrían permanecer en sus cargos el siguiente sexenio o trienio, mientras que él únicamente puede completar una gestión, habría un factor adicional de disparidad entre ambos poderes.

   En sexto lugar Sauri se ocupó de quienes sostienen que la reelección legislativa es necesaria para no ser, en ese aspecto, distintos a otros países. “Se ha subrayado que solamente México y Costa Rica prohíben la reelección continua de legisladores. Curiosamente son, asimismo, los dos países de mayor estabilidad política en América Latina y el Caribe en la segunda mitad del siglo XX. Ser diferentes en cuanto al sistema electoral mixto desde 1962, cuando se creó la figura de diputados de partido, también nos ha distinguido. Lo importante es cambiar porque ese cambio le sirve a la sociedad mexicana, no solo por dejar de ser distintos”.

Reforma integral

   La pregunta que los legisladores tendrían que hacerse, enfatizó Sauri, es si la reelección continua sirve “para que el gobierno esté a la altura de las expectativas de la gente o es tan solo un distractor y paliativo para no enfrentar los graves problemas que padecemos”.

   Lo importante, sugirió, es pensar en el diseño constitucional que requiere el sistema político mexicano. En ese plano la senadora fue más audaz que la iniciativa a la cual se oponía: “Existe un consenso en la necesidad de transitar de un sistema presidencial fuertemente centralizado en la figura del Presidente de la República, hacia un régimen semi presidencial en que el Poder Legislativo tenga corresponsabilidad en la ejecución de sus decisiones, a través de la obligación de formar gobiernos en función de la integración de una mayoría”.

   Esa es, ciertamente, una idea que ha circulado con insistencia. Pero no hay elementos para considerar que haya “consenso” en torno a ella. La posibilidad de que tengamos un régimen se mipresidencial, con contrapesos que ahora no existen delante del Poder Ejecutivo, ha sido atractiva. Pero no se puede decir que esa, igual que en el tema de la reelección legislativa, sea una discusión concluida.

   En todo caso la senadora Sauri no acompañó su adhesión a la semi parlamentarización del régimen mexicano con una propuesta. Pero sí consideró que “en un nuevo régimen político constitucional de estas características, la reelección continua tendría un propósito y una perspectiva diferentes”.

Amplio debate

   Trece senadores más subieron a la tribuna para discutir la reelección en el Congreso. César Jáuregui Robles del PAN, Demetrio Sodi del PRD y Genaro Borrego del PRI la apoyaron.

   Para Sodi, en contraposición con una de las opiniones de la senadora priista, la reelección les daría a los legisladores ventajas sobre los poderes económicos porque ya los conocerían los ciudadanos y no requerirían apoyos externos. Sin embargo, por muy famosos que sean, al tratar de permanecer en el escaño o la curul esos legisladores tendrían que hacer campañas que, en circunstancias como las actuales, son muy costosas.

   “La reelección –dijo Sodi– da autonomía de cualquier interés económico, porque tenemos la seguridad de una carrera legislativa. Y no lo que pasa ahora que todos los legisladores estamos preocupados (pensando) y después del 2006 qué”.

   Borrego anunció que disentiría de la mayor parte de los senadores priistas y que respaldaba la reelección porque en el país ya no existen las condiciones que la hicieron necesaria en los años treinta, cuando teníamos otro sistema político. “Ese sistema basado en la centralización del poder, en la figura del Presidente de la República ya no existe y ya no existirá. Es menester, por tanto, en coherencia con el espíritu original de los principios de la República –no los principios de ningún partido– redistribuir el poder en los espacios institucionales y ciudadanos que les corresponde”.

Razones y retórica

   Los priistas Humberto Roque Villanueva, Silvia Hernández, Óscar Cantón Zetina y David Jiménez González cuestionaron la reelección.    El primero de ellos se lució citando al filósofo político Edmund Burke y al sociólogo Karl Deutsch, así como al ex presidente estadounidense Woodrow Wilson y al politólogo Samuel Huntington. Consideró que más que profesionalismo y rendición de cuentas, lo que consigue la reelección “es una vinculación extraordinaria con los intereses económicos locales”. Y más que pensar en ella como mecanismo de rendición de cuentas, dijo ese legislador, sería preciso plantearse la revocación del mandato constitucional.

   La senadora Hernández advirtió el riesgo de que, con esa reforma constitucional, en los congresos locales proliferasen regímenes distintos para permitir, o impedir, la permanencia inmediata de los legisladores.

   Cantón Zetina se apartó de la discusión conceptual y ofreció una arenga política para considerar que la reelección legislativa “abriría la puerta para modificar la Constitución vigente, y desaparecer, totalmente, el Estado social; se busca lograr por la vía legislativa, lo que no se ha podido hacer por la vía de la alternancia en el Ejecutivo”. No explicó por qué la reelección le sirve a las derechas pero su alocución indicó la malquerencia que la reelección había suscitado en el priismo intolerante y duro que sigue habiendo en el Congreso. A diferencia de otros senadores de ese partido, a la intervención de Cantón Zetina le faltaron argumentos y le sobraron adjetivos.

   Jiménez González advirtió que, con la reelección inmediata, se fortalecerían cotos de poder en el Congreso y se evitaría la movilidad política al cerrarles el paso a quienes no han tenido la oportunidad de ser legisladores.

Cambio aislado, limitado

   También se expresó contra la reelección Raúl Ojeda Zubieta, senador por el PRD. Descalificó la creencia de que así habría profesionalización de los legisladores. Quienes llegan a las cámaras ya tienen conocimientos y experiencia políticos y además hay asesores que los respaldan.

   Lo que sería necesario, consideró Ojeda, es impulsar cambios más ambiciosos: “la verdadera reforma de fondo del sistema político mexicano, un paquete integral que abarque desde reforma electoral (hasta la) reforma de la Ley de Radio; que la ciudadanía vea que no sólo logramos acuerdos cuando el beneficio es nuestro”. Si la reelección se aprobara, anticipó Ojeda, los ciudadanos considerarían que los senadores solamente aprueban reformas para su conveniencia. Más tarde el senador Javier Corral, del PAN, recordó que la iniciativa establecía, en un artículo transitorio, que la reelección podría beneficiar a los miembros de la Legislatura que la aprobase.

   En respaldo de la propuesta hablaron la senadora Sara Castellanos del Partido Verde y los panistas Jorge Zermeño y Javier Corral. Los ciudadanos deben tener la capacidad de decidir, en las urnas, si sus representantes permanecen o no en el Congreso, dijo Zermeño. Corral, por su parte, exhortó para que al votar los senadores tomasen en cuenta el futuro y no solamente la situación circunstancial de nuestro sistema político.

   La mayoría de los legisladores panistas respaldó la reforma. Pero Luisa María Calderón Hinojosa votó por la abstención porque, a su juicio, la profesionalización y el fortalecimiento del Congreso no se lograrían con una “reforma aislada”. Lo que haría falta son reformas para que los legisladores rindan cuentas efectivas a sus electores. “¿Quién nos dice que en vez de lograr la profesionalización no estaremos incentivando las tareas de gestoría, que se alejan de la verdadera responsabilidad del legislador, y que son mucho más redituables, electoralmente hablando?” insistió esa senadora por Acción Nacional.

   Devuelta a comisiones, la iniciativa sobre la reelección inmediata de los legisladores tendrá que aguardar a otro momento. Promotores e impugnadores de esa propuesta ofrecieron ideas. De ambas partes hay razones atendibles. Quizá lo pertinente sea ubicar esa medida dentro de una colección más ambiciosa de reforma institucional para el sistema político mexicano.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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