Sociedad y poder

Varios senadores de Acción Nacional se inconformaron con el epíteto que anticipadamente les endosó Pablo Gómez Álvarez a quienes virarían en beneficio de Televisa.

Esa fue la calificación que merecieron algunos de los 66 senadores, de casi todos los partidos, que aprobaron el artículo primero transitorio de la Ley Federal de Derechos. Como se ha explicado, esa disposición exenta del pago de derechos por dos años a las empresas que resulten beneficiadas con la concesión para utilizar dos nuevas bandas para telefonía celular.

Cuantificada en 5726 millones de pesos, la exención beneficiará al consorcio Televisa cuyos directivos han reconocido estar interesados en explotar esos valiosos segmentos del espacio radioeléctrico para incursionar en el negocio de la telefonía celular. No en balde, durante los días recientes empleados de Televisa desplegaron una activa labor de presiones y cabildeo para modificar el voto de algunos de los senadores que habían rechazado tal exención.

Cualquiera que fuese el destinatario de esa dispensa fiscal, se trata de una decisión harto cuestionable y que no tiene sustento económico, ni técnico. El único o el principal motivo que llevó a la mayoría de los legisladores del PAN y a prácticamente todos los del PRI a respaldar esa exención, primero en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado, es la gana para congraciarse con Televisa.

El Senado había manifestado una actitud distinta cinco días antes, la mañana del sábado 31 de octubre, cuando 58 de sus integrantes rechazaron la exención en ese pago de derechos, en tanto que 49 la respaldaron. En la votación de este jueves 5 de noviembre, al menos 15 senadores cambiaron de parecer y se sumaron los votos, además, de varios que no estaban presentes en la primera ocasión.

A esos legisladores que cambiaron su voto sin explicar tal mudanza el senador Pablo Gómez, con toda propiedad, les llamó “rajones”: “Como en este país los poderes oligárquicos sustituyen con una reciente rapidez a los poderes representativos del Estado, pues cualquier poder oligárquico convierte a la bancada más picuda, a la del gobierno, en un montón de rajones que no aguantan la requisitoria de un monopolio, estrictamente hablando, un duopolio. Así está todo México, ya veremos cuándo estalla”, dijo ese senador por el PRD.

Gómez se negó a retirar ese calificativo cuando el senador panista Ángel Alonso Díaz Caneja le pidió que se desdijera. Más tarde, el también panista Jorge Ocejo Moreno se inconformó explicando: “La expresión rajones en el lenguaje y en la realidad de nuestro país es una palabra que se dice en forma injuriosa al individuo que no cumple un pacto y entonces se le injuria  diciéndole: ‘oye no cumpliste’, sino se le dice: ‘rajón’. Y eso  es una injuria”. Tampoco así convenció al senador Gómez.

Tanto Alonso como Ocejo, votaron el sábado por cancelar la exención fiscal a Televisa. El primero de  ellos modificó su voto. El otro, lo mantuvo.

Ayer jueves hubo rajones en varios partidos, incluso en el que forma filas el senador Pablo Gómez.

Doce senadores del PAN que el sábado votaron contra la exención fiscal, ayer viraron su decisión para apoyarla. Se trata de los senadores Ángel Alonso Díaz Caneja, Humberto Andrade Quezada, Javier Castelo Parada, Blanca Díaz Delgado, Fernando Elizondo Barragán, José González Morfín, Emma Lucía Larios Gaxiola, Gustavo Madero Muñoz, Ramón Muñoz Gutiérrez, Adrián Pérez Rivera, Gabriela Ruiz del Rincón y Ricardo Torres Origel.

Pero no fueron los únicos. También cambiaron  su voto, de esa manera, Dante Delgado y Eugenio Govea, del Partido Convergencia. Otros cuatro senadores de ese partido, que se ausentaron de la votación del sábado, se definieron ayer a favor de la exención a Televisa. Se trata de Francisco Berganza, Gabino Cué, José Luis Lobato y Luis Maldonado Venegas.

Y en las filas del PRD, hubo una deserción. René Arce, que el sábado votó contra le exención, ayer se abstuvo. Cinco días antes, 18 senadores perredistas formaron parte del bloque contra la exención. Ayer fueron solamente 13. Hubo, de una manera u otra, quienes se abstuvieron de abstenerse.

Por otra parte dos senadores del PAN que inicialmente respaldaron la exención fiscal, ayer votaron contra ella. Se trata de Jaime Rafael Díaz Ochoa y Eduardo Nava Bolaños.

En total, 66 senadores avalaron la dispensa fiscal, 38 se opusieron a ella y 3 se abstuvieron.

Quienes respaldaron la exención, no adujeron una sola razón para ello. Sí presentaron argumentos, en cambio, el ya mencionado Gómez Álvarez y el senador panista Ricardo García Cervantes, opuestos ambos al obsequio de 5726 millones de pesos.

No hay justificación alguna para que Televisa –y/o las empresas que ganen la licitación para las nuevas bandas de radiocomunicación– dejen de pagar los derechos que establece la ley cuando, al mismo tiempo, decenas de millones de mexicanos tendremos que pagar más impuestos. Rajón, se le dice “a una persona que incumple lo prometido”, precisa el indispensable Diccionario de la RAE. Así que se puede hablar de rajones, no por haber modificado una posición lo cual es de lo más legítimo en cualquier parlamento, sino por hacerlo sin explicar sus motivos y a favor de una posición inicua, que se contradice con el interés popular que esos legisladores presumen representar.

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La casi monolítica unidad de la Cámara de Diputados para aprobar las nuevas disposiciones fiscales, se rompió cuando varias docenas de legisladores del PRI y el PAN se opusieron a una disposición que presuntamente beneficiará a Televisa.

17 diputados del PRI y 33 del PAN votaron en contra del artículo 244 – E, así como del primer transitorio de la Ley Federal de Derechos que permitirá que la empresa que resulte beneficiaria de una nueva concesión para servicios digitales inalámbricos difiera por varios años el pago de los derechos por esa licencia.

Cuando esa disposición fue votada, ya avanzada la madrugada del miércoles 21 de octubre, otros 10 diputados del PRI y 14 del PAN se abstuvieron. De esa manera, se sumaron al desacuerdo con esos artículos.

El resto de los votos en contra fueron 62 del PRD, 1 del PVEM, 8 del PT, 5 de Nueva Alianza y 3 de Convergencia, para sumar 129. Una decena de diputados más, que había estado presente en la votación anterior pocos minutos antes, se ausentó del salón de sesiones. Con esos datos se puede decir que al menos la cuarta parte de los legisladores, en una infrecuente coincidencia multipartidaria, tuvo una posición adversa a la reforma al 244 – E. Vale la pena revisar de qué se trata esa dispensa fiscal.

Dentro de pocas semanas, la Comisión Federal de Telecomunicaciones pondrá a licitación dos segmentos del espectro radioeléctrico en los que podrán difundirse señales de telefonía celular. Se trata de las frecuencias que van de los 1710 a los 1770 Megahertz (o, en otros términos, de 1.7 Gigahertz) y de los 2110 (o 2.1 Ghz) a los 2170 Megahertz.

La importancia de esas bandas es tal que en mayo pasado, cuando anunció su licitación, la Cofetel estimó: “En el caso específico de la banda 1.7 GHz, los concursos se diseñaron para promover la entrada de al menos un nuevo competidor a nivel nacional en el mercado, ofertando para tal efecto un ancho de banda suficiente (40 MHz) para desplegar una red técnica y económicamente competitiva”.

Esas frecuencias servirán para crear una nueva red nacional de telefonía celular en la cual podrán propagarse, además, señales de otros servicios digitales. Se trata, en otras palabras, de crear un competidor de las dimensiones de Telcel.

La capacidad para crear una red telefónica celular de alcance nacional no está en las manos de cualquier firma. Por eso diversos comentaristas han estimado que la única empresa interesada en esas frecuencias es Televisa. En julio pasado el profesor Gabriel Sosa Plata, especialista en telecomunicaciones, consideró:

“Este nuevo competidor será, por lo visto, Televisa. No hay que tener una gran imaginación para llegar a esa conclusión. De hecho, hay quienes aseguran que las bases fueron preparadas ex profeso para ese ‘concursante’ y el ‘convidado’, obvio, ya se prepara para el reparto del apetitoso pastel. Una nota difundida por Reuters el 11 de junio lo confirma: ‘Televisa podría lanzar su propia red de telefonía inalámbrica en México’ y se encuentra lista para participar en la licitación de espectro, así como de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad”.

Si Televisa es beneficiaria o no de esa concesión, dependerá de las bases para esa licitación y de la decisión de la Cofetel y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero independientemente de a qué empresa le sea adjudicada la prerrogativa de usufructuar esas bandas, resulta desmedido el favor anticipado que le hicieron los diputados.

La utilización de tales frecuencias requiere del pago de derechos, que no son pocos porque se trata de segmentos del espacio radioeléctrico que son muy disputados. El multialudido artículo 244-E establece el mecanismo para calcular el monto de esos derechos. Por cada una de las bandas mencionadas, el beneficiario de la licitación tendría que pagar, utilizándolas en todo el país, 1909 millones de pesos anuales.

La cifra es, exactamente, 1908 millones 877 mil 800 pesos.

Y allí se encuentra la cuantiosa facilidad que acordaron los diputados. El Transitorio Primero de la Ley Federal de Derechos indica que la obligación para hacer esos pagos tendrá vigencia a partir de 2012 o  de 2013, dependiendo de la fecha en que sean otorgadas. El mismo artículo estima que eso ocurrirá a fines de 2010.

Es decir, el mencionado artículo transitorio dispensa entre uno y dos años el pago de 1909 millones de pesos anuales por cada uno de los dos paquetes de 60 megahertz que serán licitados.

Esa decisión, significa para la o las empresas beneficiarias de tales licitaciones un ahorro de entre 3 mil 818 y 7636 millones de pesos, dependiendo del momento en que sean asignadas las frecuencias.

Durante la atormentada sesión la madrugada del miércoles, los diputados José Narro Céspedes del PRD y Javier Corral Jurado de Acción Nacional, se manifestaron contra esa escandalosa exención. Se trata “prácticamente es un robo a la nación, porque éste es un bien de los mexicanos”, dijo Narro. “Nadie se engañe, este artículo tiene un destinatario que es la empresa de televisión Televisa, la única empresa que hasta ahora ha mostrado interés por la licitación de dos redes nacionales de 30 megahertz cada una en el espectro radioeléctrico para servicios móviles incluida la telefonía”, precisó Corral.

La oposición de esos legisladores a la dispensa fiscal multi millonaria no fue sorpresiva. Pero quizá sí lo fue el respaldo que encontró en legisladores de todos los partidos.

A favor de la Ley Federal de Derechos habían votado 403 diputados a favor, 39 en contra y 15 se abstuvieron.

Pero los artículos impugnados por Corral y Narro tuvieron únicamente 294 votos a favor, 129 en contra y hubo 24 abstenciones.

Entre 17 los diputados del PRI que rechazaron con su voto esa excepción tributaria se encuentran Miguel Ángel García Granados, Héctor Ramírez Puga, César Augusto Santiago y José Francisco Yunes. Entre los 33 panistas, además del mencionado Corral votaron en contra Pablo Escobar, Laura Elena Estrada, Gastón Luken, Marcos Pérez Esquer y Marcela Torres Peimbert.

Otra legisladora que se manifestó en contra, solitaria en ese voto dentro del Partido Verde, fue la diputada Ninfa Clara Salinas Sada, cuya identificación con TV Azteca la llevó a considerar que no se vale un favorcito tan multi millonario que puede beneficiar a Televisa.

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¿Cuántas veces se ha dicho, deplorado y demostrado que las leyes para los medios de comunicación en México son atrasadas, obsoletas e injustas? ¿Cuántas quejas, consultas, iniciativas, acuerdos y discrepancias se habrán reiterado desde que hace más de tres décadas hubo quien, con realista cinismo, dijo que la legislación para los medios era tan compleja que los diputados no le hallaban la cuadratura al círculo? Da grima reiterar la necesidad de modernizar las reglas para la radiodifusión y ahora, puesto que sus soportes y contenidos están emparentados por la convergencia digital, para las telecomunicaciones. Pero pocos y temas son, a pesar de la indolencia de los legisladores de, para emplear su lenguaje, tan urgente resolución como el que plantean las obsoletas reglas que tenemos en ese campo.

Ya casi nadie se acuerda de ella e incluso hay quienes creen que ya no existe, pero la Ley de Imprenta promulgada en 1917, de inspiración decimonónica y proclividad ultraconservadora, sigue normando, al menos formalmente, el desempeño de los medios impresos en este país. Quienes escriben en diarios y revistas suelen ignorar, u olvidar, que ese ordenamiento prescribe sanciones de cárcel para quienes incurran ataques a la moral, a la vida privada o a la paz pública. La Ley de Imprenta no se cumple pero allí está, vigente y amenazadora.

A estas alturas, no es menos obsoleta la legislación para los medios electrónicos. El próximo año la Ley Federal de Radio y Televisión cumplirá medio siglo. Es tan arcaica que no regula a la televisión por cable, o a la radio digital, simplemente porque esos desarrollos tecnológicos no existían cuando fue creada durante el gobierno de Adolfo López Mateos. En esas cinco décadas, las únicas reformas importantes que se le han incorporado fueron las que pudieron ser denominadas como “Ley Televisa” y que constituyeron un viraje respecto de la indolencia que las corporaciones mediáticas habían mantenido acerca del régimen legal para la radiodifusión.

Durante largo tiempo, los principales empresarios de la televisión y la radio rechazaron cualquier reforma a esa legislación porque consideraban que la discrecionalidad, y sobre todo el pasmo gubernamental hacia los medios electrónicos, era preferible a cualquier actualización del régimen jurídico. Pero al comenzar el nuevo siglo, los operadores de las televisoras resolvieron que las innovaciones tecnológicas les abrían posibilidades de negocio para las cuales requerían ajustes legales.

De allí se derivaron las coordenadas de la Ley Televisa, que pretendía facultar a las empresas televisoras para que dispusieran a su antojo de las frecuencias que tenían concesionadas para difundir señales de radiodifusión. El cabildeo que ejercieron sobre todos los partidos políticos condujo a la aprobación de aquellas reformas, la mayor parte de las cuales fueron desechadas en 2007 por la Suprema Corte de Justicia en una meticulosa y valiente intervención.

Desde entonces, la Ley de Radio y Televisión está trasquilada y no hay reglas para asuntos como el refrendo de concesiones o la licitación de nuevas frecuencias. La acción depuradora que emprendió la Corte, no fue complementada por reformas capaces de enmendar esos huecos legales y crear un orden jurídico actual y completo para la radiodifusión.

Las televisoras insistirán en promover una legislación benigna para sus negocios. Ahora no solamente seguirán procurando la aquiescencia de los partidos nacionales con intermitentes dosis de zanahoria y palo que van desde espacios en pantalla, hasta campañas de descrédito. Hoy en día tienen sus propios diputados, la mayor parte de los cuales forma filas en la bancada del Verde Ecologista aunque en otros partidos también hay legisladores que obedecen a los dictados de Televisa o TV Azteca.

Esos diputados (telebancada, les dicen) no se bastan por sí solos para impulsar reforma alguna. Nada de lo que hagan en el Congreso tendrá importancia si no es con el beneplácito del PRI. Tener la mayoría implica privilegios pero también responsabilidades. Reformar y actualizar leyes rancias y aviesas, tendría que ser del mayor interés para los priistas si quieren gobernar un país que en donde ya no encaja la comunicación autoritaria y que necesita contraste, diversidad y calidad en los medios. Pero no podemos dejar de recordar que fueron priistas quienes diseñaron y mantuvieron ese régimen legal y quienes hace cuatro décadas no quisieron cuadrar, volviéndola círculo vicioso, la legislación para los medios.                -

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Empeñado en un viraje sustancial respecto de varias de las inercias y de los estancamientos que han definido la casi cumplida primera mitad de su gobierno, el presidente Felipe Calderón despliega una intensa y hasta ahora desconocida vocación propositiva. La crisis económica y los desarreglos políticos se conjuntaron para persuadirlo de que, si no es con cambios serios –y en serio– su gobierno habrá significado un retroceso para el país.

A la oferta de propuestas que presentó hace una semana, el miércoles 2 de septiembre, se le puede tomar con escepticismo pero es imposible no reconocer que abren nuevos márgenes a la deliberación y, eventualmente, a las decisiones políticas. Aún así hay quienes han querido encontrar solamente retórica en el anuncio de definiciones del presidente Calderón. Se trata, todavía, de enunciados que solamente cobrarán sentido –y entonces los desconfiados ratificarán o verán contrariado su actual recelo– en la medida en que el presidente los nutra de contenido. Ayer presentó el paquete de política económica que será necesario examinar con detenimiento. Ayer mismo, en su discurso con motivo de las propuestas hacendarias, el presidente Calderón anunció nuevamente una “reforma al sector de telecomunicaciones”. Lo había dicho ya en el mensaje de la semana pasada, en el sexto punto de sus 10 anuncios.

“Una reforma al Sector de las Telecomunicaciones –prometió Calderón el 2 de septiembre– porque México requiere que este sector realmente responda a las necesidades del desarrollo, garantice una mayor cobertura de los servicios, la convergencia de las tecnologías disponibles y la competencia entre los actores”.

Y propuso: “Que sea, precisamente, México un país que pueda acceder para el mayor número de sus habitantes a la telefonía, al Internet, al radio, la televisión, a todos los servicios de telecomunicaciones, que son detonantes de desarrollo. Que lo haga en un ambiente de verdadera competencia, que brinde a empresas y hogares la oportunidad de tener acceso a servicios de calidad y a precios accesibles”.

Ayer ya no mencionó a los medios de radiodifusión pero insistió en una reforma “que garantice y acelere la convergencia de tecnologías, la cobertura de los servicios y la competencia equitativa entre los participantes para mejorar los precios y la calidad a todos los consumidores”.

Cada una de las 10 reformas sugeridas por el presidente requiere de acuerdos con fuerzas políticas distintas a su partido. La actual composición del Congreso obliga a Calderón a negociar y pactar, condición que sin duda ha influido en la audacia propositiva que, al menos en un principio, ha demostrado en estos días. Esa circunstancia compromete además al resto de los partidos, comenzando por el PRI que tiene en la Cámara de Diputados una mayoría que tendría que servirle para algo más que preparar su retorno a Los Pinos.

En el plano de las telecomunicaciones, los retos que el presidente decida asumir para compartirlos o desafiar con ellos a los partidos políticos se apreciarán en las iniciativas de reforma legal que le presente al Congreso. Desde hace tiempo el país padece una legislación atrasada, insuficiente y en varios sentidos inequitativa en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Pero un cambio auténtico en ese terreno, podría surgir tan solo con decisiones firmes del presidente de la República aunque no tuviera el apoyo de los partidos ni del Congreso.

Ahora mismo, con la ley en la mano, ejerciendo algunas de sus atribuciones, el presidente Calderón podría emprender una decena de cambios fundamentales para airear, ensanchar, diversificar y sobre todo para actualizar y poner al servicio de la sociedad a las telecomunicaciones y los medios electrónicos.

Nuevas concesiones para crear una o dos nuevas cadenas nacionales de televisión, respaldo auténtico a los medios públicos, eliminación de las simulaciones y los excesos en la difusión de publicidad, competencia en los servicios de telecomunicaciones con precios más bajos a los usuarios, serían algunas de esas medidas. Las comentaremos, con detalle, pasado mañana.

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Inercia o cambios, administración o transformación, renovación o resignación… las disyuntivas que presentó el presidente Calderón en el discurso del miércoles 2 de septiembre parecieran excluyentes, en una nueva versión del habitualmente antoinmolatorio “todo o nada” que deja tan escaso espacio a la construcción de acuerdos y que rehúyen los políticos en todas las latitudes.

El presidente Felipe Calderón busca todo lo contrario. Está urgido por entablar alianzas tanto en el mundo político como en el entramado social. Ha insistido en que, especialmente en las circunstancias creadas por la crisis económica y la recomposición política, son pocos los cambios de fondo que puede lograr.

En busca de tales acuerdos, presentó un panorama de apremios nacionales. “Es la hora de cambiar, y es la hora de cambiar a fondo”, insistió. “Es hora dejar atrás nuestros miedos y ponernos seria y profundamente a discutir aquello que tiene que cambiar a fondo y de lo que cada quien puede y debe aportar para que los cambios sucedan”, dijo delante de representantes o gobernantes de todos los partidos y de numerosas organizaciones de la sociedad.

Pero si esa exhortación conduce a nuevas cuan previsiblemente cansinas deliberaciones, será como si quedase en el vacío. Foros nacionales, espacios de consulta, peroratas parlamentarias y hasta campañas mediáticas acerca de los más variados temas, hemos conocido de sobra en los años recientes. Las opciones de cambio ya están definidas en prácticamente cada asunto de la agenda nacional. El presidente Calderón sin duda lo sabe, pero quizá hubiera sido poco delicado que se extendiera en la precisión de propuestas durante el discurso que ofreció antier en Palacio Nacional.

Los acuerdos difícilmente se construyen a partir de iniciativas ya terminadas, y posiblemente la necesidad de negociar detalles, y sin duda la incertidumbre acerca de las posiciones que habrán de asumir los partidos políticos, llevaron a Calderón a quedarse en el plano de la formulación general.

Aún así, el carácter perentorio de su convocatoria puede interesar e incluso entusiasmar a no pocos ciudadanos, porque siempre es preferible un presidente propositivo, echado para adelante y dispuesto a ser un líder para el cambio, a un gobernante abatido por circunstancias mucho más difíciles que las que pudo haber imaginado hace tres años y paralizado por la ausencia de alianzas políticas suficientemente eficaces.

Pero ese tono de apremio, que obedece a las condiciones del país, también puede alejar a las fuerzas políticas cuyo compromiso es necesario para muchos de los cambios que Calderón esbozó. Si no fue suficientemente persuasivo y si entre los legisladores y dirigentes del PRI y el PRD, pero incluso el PAN, no hay clara conciencia de la necesidad de acuerdos, las exhortaciones del presidente habrán quedado en una razonable pero infructuosa pieza oratoria.

De allí el riesgo del todo o nada. Los ciudadanos y los dirigentes políticos solamente estarán persuadidos de la urgencia de cambios profundos en la orientación de la economía, las prioridades de la educación, el combate al crimen o las reformas políticas, entre otros tema que apuntó, si comparten el diagnóstico de estancamiento y dificultades que Calderón describió someramente. Si no están convencidos de tales premuras, menos lo estarán para consentir a las medidas que propondrá el gobierno.

Los partidos y fuerzas y actores sociales que se negaran a tales transformaciones, padecerían algo o mucho de ofuscación para entender la situación actual del país e inscribirse en una oleada de cambios. Podrá decirse que actuarían con mezquindad. Y no sería sorprendente, en un panorama tan crispado como el que define a nuestra vida pública desde hace años. Habrá quienes, confundiendo al Estado con la fuerza que coyunturalmente lo encabeza, consideren que si admiten el llamado de Calderón para llegar a acuerdos estarán haciéndole el juego a un partido con el cual discrepan.

Ayer mismo se pudieron apreciar distintas posturas acerca del llamado del presidente. En la prensa de la ciudad de México, hubo periódicos como El Universal o Milenio que anunciaron en sus encabezados principales: “FCH: Las cosas no pueden seguir igual” y “Calderón lanza última llamada”. Esos titulares retratan la urgencia del llamado presidencial, independientemente del ánimo crítico que tales periódicos inviertan para analizarlo.

Otros medios impresos, desdeñaron la convocatoria de Calderón. Reforma dijo en su titular principal: “Taparía boquete recorte al gasto”, en un esfuerzo para imponer su agenda, y la agenda del núcleo más económicamente influyente de sus lectores y patrocinadores, en la discusión acerca de las propuestas del presidente. Justo al día siguiente de que Calderón dijo con toda puntualidad que “un Estado moderno requiere un sistema recaudatorio que garantice finanzas públicas sólidas”, Reforma propone –y no en cualquier nota sino en su encabezado principal– que basta que el gobierno ahorre para enfrentar todos sus compromisos con la sociedad y que no hacen falta incrementos fiscales. Se trata de una apreciación simplista, a contrapelo de la discusión internacional que en todas las latitudes está subrayando la pertinencia de incrementar impuestos para fortalecer las capacidades estatales respecto de cada economía nacional.

Un sesgo similar, no contra cualquier aumento de impuestos sino a propósito de uno de ellos, definió la posición de La Jornada también en su titular principal: “Slim: error, el IVA en comida y medicinas”. Quizá es una opinión interesante, pero no hay justificación periodística alguna para ubicarla como nota principal de un diario que se pretende nacional. Darle ese espacio al poderoso empresario por encima del mensaje presidencial más importante en mucho tiempo manifiesta una excesiva ideologización del trabajo periodístico.

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Conocedores, como nadie, de que la forma es fondo –o, por lo menos, de que la forma puede contribuir a moldear la impresión que la gente tiene acerca del fondo– los priistas enviaron anoche a la discusión del Informe, para representarlos, a una mujer joven, atractiva e inteligente. Luz Carolina Gudiño Corro le permitió a ese partido recuperar, en julio pasado, uno de los distritos más difíciles de Veracruz. Ahora la recompensaron con la presencia estelar en la inauguración de la nueva Legislatura.

El contraste no podía ser más evidente. Frente al PAN que busca reafirmarse en un pasado que algunos de sus integrantes todavía consideran insigne y que envió a la tribuna a Manuel de Jesús Clouthier –hijo de aquel candidato presidencial que destacó por bravucón, quedó en tercer lugar en la elección presidencial cuando la confrontación Salinas-Cárdenas y falleció hace dos décadas en un accidente de carretera–, los priistas parecían sugerir que miran hacia adelante. El hijo de aquel Clouthier, ahora diputado, habló de diálogo y dijo que ningún tema es tabú para los panistas. Ya se verá.

Frente a Alejandro Encinas, viejo lobo de la política de izquierdas y uno de los pocos dirigentes del actual PRD que se formó en el antiguo Partido Comunista, el contraste que hacía la joven priista era igualmente drástico. El ex jefe de Gobierno del DF y ahora líder de los diputados perredistas acuñó dos fórmulas vistosas pero a final de cuentas huecas, porque serán entendidas según las convicciones y la conveniencia de cada quien: “tanta negociación como sea posible pero también tanta firmeza como sea necesaria” y, también, “tanto parlamento como sea posible y tanta movilización como sea necesaria”. De esa manera, Encinas buscaba diferenciarse del ala troglodita pero también del segmento que en el PRD hay quienes ven como demasiado condescendiente con otras fuerzas políticas. La joven Gudiño Corro, en cambio, no tuvo que hacer alusión a ningún sambenito y a ninguna escisión en su partido.

Y desde luego el contraste era marcado si se recordaba que alrededor de una hora antes, la tribuna de San Lázaro la había ocupado Porfirio Muñoz Ledo, que a su larga cuan pragmática hoja de servicios políticos ahora añade la circunstancia de representar al Partido del Trabajo. Sea cual sea el partido con cuyas siglas logra posiciones políticas, Muñoz Ledo siempre es notable artífice de la retórica y la política. Su alocución anoche en la Cámara de Diputados fue brillante y enjundiosa. Entró con filo a la delicada y urgente cuestión fiscal y proclamó que el dinero hay que tomarlo de donde abunda, no arrebatárselo a los desposeídos.

Muñoz Ledo era dueño, como pocos, del escenario parlamentario. Exigió que el Poder Legislativo les exija más a las grandes empresas, a la banca ahora desnacionalizada y al gobierno, cuya alta burocracia hace gastos ofensivos. Abrió su intervención con una reprimenda al poder incontrolado de las televisoras. Pintó su raya, así, en uno de los temas delicados en la nueva fase del Congreso y respecto del cual la mayoría de los legisladores tiene demasiado temor a comprometerse con una agenda de reformas.

La diputada Gudiño Corro coincidiría con Muñoz Ledo y otros representantes partidarios que se apresuraron a subrayar que no admitirán incrementos de impuestos a costa de la economía de los más desamparados. Como declaración de principios, se trata de una definición que siempre concitará aplausos. Pero de allí a la indiferencia o incluso el abucheo de la sociedad más inquieta por la cuesta abajo sobre la que corre nuestra política económica, habrá poca distancia si esos legisladores no arriban a propuestas específicas para mejorar los ingresos del Estado –y, desde luego, para propiciar una auténtica redistribución de tales recursos–.

Por eso cuando la representante del PRI anunció, aludiendo al presidente Felipe Calderón como si estuviera presente en el salón de sesiones, “no permitiremos la creación de impuestos a los que menos tienen”, cosechó ovaciones incluso entre diputados de otros partidos. ¿Y luego? La diputada veracruzana enumeró algunas medidas rutinarias. Pero más de uno de quienes la escuchaban alzó la ceja cuando propuso “Menos gasto en publicidad y más inversión social”.

Ojalá y así fuera. Ojalá y los diputados del PRI legislaran para impedir el derroche de recursos fiscales en la contratación de anuncios que ponderan la imagen de los gobernantes. Ahora mismo, en ocasión de la presentación de su Tercer Informe, la oficina de comunicación del presidente Calderón nos atosiga con mensajes radiofónicos y hasta con incómodas y seguramente contraproducentes llamadas telefónicas.

Pero el abuso publicitario no lo practica únicamente el gobierno federal. De hecho, se trata de un recurso intensa cuan dispendiosamente desplegado desde que el PRI ocupaba la presidencia. Y ahora mismo, el gobernante que no solamente gasta en propaganda con notorio exceso sino que además se ha granjeado el respaldo de Televisa, es Enrique Peña Nieto, anticipado pretendiente a la candidatura presidencial en el partido donde forma filas la simpática diputada Gudiño.

Esa legisladora no tendría que mirar demasiado lejos para encontrar ejemplos de propaganda intensa y ofensiva. En su propio estado, el gobernador Fidel Herrera mantiene una constante promoción tanto de sí mismo como del color rojo con el que se ha querido identificar, uniformando personas, edificios públicos, propaganda, paisaje y medios de comunicación.

Así que la diputada Gudiño Corro tuvo que hacer gala de indiferencia política (que es una manera elegante de llamarle al descaro) cuando le reclamó al gobierno del presidente Calderón una conducta que numerosos y notorios gobernadores del PRI no han tenido empacho en practicar.

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El actor Raúl Araiza fue, junto con la señorita Maite Perroni, la imagen del Partido Verde en la reciente campaña electoral. Sus retratos luciendo el emblema del Tucán, la promoción que hicieron de la pena de muerte e incluso después de los comicios el agradecimiento a los despistados ciudadanos que votaron por ese partido, no dejan dudas sobre la identificación de ese actor con el PVEM.

Araiza no es un hombre especialmente interesado en la política. Tampoco es militante del Partido Verde. En alguna entrevista admitió que aparecía en los spots de ese partido por indicaciones de Televisa, la empresa para la que trabaja.

Esa televisora respaldó al PVEM con tanto ahínco que, para ello, violó la legislación electoral de varias maneras. Semanas antes de las elecciones, Televisa difundió anuncios de la revista TV y Novelas en donde se entrevistaba a Araiza y Perroni haciendo elogiosas declaraciones sobre el Partido Verde. La autoridad electoral sancionó esos anuncios no porque tales actores no tengan derecho a expresar sus preferencias políticas sino porque aquellas entrevistas eran pretexto para mostrar emblema y lemas del PVEM en televisión.

El respaldo de Televisa al Partido Verde llegó al extremo de presentar a Araiza, en una telenovela en la cual actuaba, vistiendo una camiseta en donde anunciaba “Soy Verde”. Durante varios días el personaje interpretado por Araiza en la telenovela “Un gancho al corazón” apareció con esa indumentaria. En capítulos precedentes, se había presentado con una camiseta idéntica pero con otra leyenda.

El afán para hacer propaganda política con ese telenovelesco recurso resultó evidente. El actor conocido por ser promotor del PVEM, cuya imagen asociada a ese partido fue intensamente publicitada por Televisa, apareció en una telenovela de esa empresa con una leyenda que recordaba tal identidad política.

El IFE discutió antier, miércoles, un proyecto de resolución para sancionar esa propaganda ilegal del PVEM y Televisa. De acuerdo con la síntesis que leyó Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo de esa institución y autor del proyecto, “el actor Raúl Araiza en el tiempo del proceso electoral se convirtió en icono de los promocionales, los espectaculares, los carteles y en general, de toda la propaganda que desplegó el Partido Verde Ecologista de México en este año electoral. Su figura devino claramente distintiva del partido, a todo lo largo y ancho del país y en plena actuación, acabó apareciendo dentro de una telenovela, transmitiendo a las cámaras y al público una de las frases inequívocas de la campaña y que a su vez, fueron utilizadas simultáneamente por el Verde Ecologista dentro de su propia estrategia electoral”.

El proyecto de resolución les proponía a los consejeros electorales “dilucidar si en la transmisión, los días 22, 23 y 24 de junio, de la telenovela ‘Un gancho al corazón’ con el actor portando una ostensible playera con la leyenda ‘Soy Verde’, infringía o no la normatividad electoral. Y si era el caso, debíamos determinar a quién le es imputable la violación”.

Al parecer esa propaganda, impresa de tal forma en la vestimenta del actor, no solamente apareció en los días antes mencionados. La proclama verde de Araiza en la telenovela se difundió además en otras fechas, por ejemplo el 18 de junio, como se puede apreciar en el ubicuo YouTube.

En todo caso, habría bastado un día para que se pudiera acreditar la transgresión a la ley electoral. Las normas actuales, como es sabido, prohíben la contratación de propaganda política en radio y televisión. Si pagó por esos anuncios en la telenovela, el PVEM violó la ley lo mismo que Televisa por aceptar esa contratación. Si se trató de publicidad otorgada de manera gratuita, habría sido una forma de contribución no legal a la campaña de ese partido.

Sin embargo, displicentes como han decidido ser con las televisoras, cinco de los 9 consejeros del IFE decidieron que la exhibición de la playera verde sí constituía una falta pero no les impusieron multas sino únicamente una simbólica amonestación pública al PVEM y a Televisa.

Los mercadólogos de Televisa denominan “integración de producto” a la exhibición o mención de productos o marcas dentro de escenas que forman parte de la programación normal. Esa es una práctica cada vez más extendida dentro de la televisión internacional, aunque la posibilidad de que constituya motivo de engaños contra los televidentes ha llevado a distintos Estados a crear normas para regularla. La propuesta de dictamen del IFE hace referencia, por ejemplo, a las disposiciones en la Unión Europea que han autorizado la publicidad insertada dentro de contenidos televisivos pero siempre y cuando se le avise al telespectador que se trata de menciones pagadas por un anunciante.

Televisa no solamente no advierte a sus televidentes cuando la mención o inclusión de un producto o un nombre se deben a un acuerdo comercial, sino que enmascara intencionalmente esa práctica.

El empleo del “product placement”, o emplazamiento de producto, ha suscitado intensas discusiones en la industria de la televisión y entre los espectadores más inquisitivos de ese medio. Hace un año, en la Gran Bretaña, los directivos de la cadena de televisión privada ITV anunciaron que utilizarían dicho procedimiento para difundir publicidad y, de inmediato, las acciones de esa empresa cayeron varios puntos. En aquella ocasión el entonces secretario de Cultura británico, Andy Burnham, declaró que el product placement ponía en riesgo la ya de por sí deteriorada confianza en la televisión. El televidente “no quiere sentir que el argumento ha sido escrito por el director de mercadotecnia comercial”, dijo ese funcionario.

En México, ahora los espectadores de Televisa saben que sus telenovelas pueden estar escritas ya no solamente por publicistas de productos comerciales, sino por los propagandistas del detestable Partido Verde.

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En los días recientes he escuchado distintas interpretaciones sobre los efectos del voto nulo en las elecciones federales de hace casi cuatro semanas. Un distinguido perredista me dijo que la anulación del voto les había quitado varios puntos porcentuales a su partido y al resto de las izquierdas. A un abnegado panista, le he escuchado quejarse de que a causa del voto nulo su partido perdió casi seis puntos entre la elección anterior y la más reciente. Incluso a un voraz priista le oí comentar que de no haber sido por el voto nulo el llamado partido tricolor había logrado por sí solo la mayoría absoluta, sin tener que afianzar la comprometedora y vergonzosa alianza que ahora tiene que mantener con el Partido Verde.

El voto nulo se ha convertido en pretexto para toda clase de disculpas pero también para algunas ensoñaciones políticas. Algunos de sus promotores han proclamado, ufanos, que en la anulación del voto radican las posibilidades para renovar nuestra democracia. Entre los impugnadores de esa medida, algunos de los cuales fueron especialmente cáusticos antes de la elección, hubo una suerte de alivio cuando constataron que los votos anulados no superaron el 6%.

Los entusiastas del voto nulo dijeron que ese fue un porcentaje alto si se toma en cuenta que se trató de una iniciativa a contracorriente de la propaganda de los partidos. Sus detractores, afirman que es una cifra modesta y recuerdan que tradicionalmente hay 2 o 3% de votos anulados por equivocación de los electores.

Ahora sabemos que quienes anularon su voto no forman parte de un grupo generacional específico, ya que se distribuyen de manera similar a los rangos de edad de la población. El 23% tiene entre 18 y 25 años, otro 23% entre 26 y 35, el 19% entre 36 y 45 años.

Los anulistas fueron casi de la misma manera hombres (55%) que mujeres (45%). En donde hay diferencias es en el ingreso y la escolaridad de quienes eligieron esa opción para votar. El 43% de los que anularon su voto, son ciudadanos que ganan más de 7 salarios mínimos; solamente 37% dice recibir una remuneración más baja. Y el 51% de quienes anularon su voto tiene estudios universitarios.

Estos datos se conocen gracias a que la “Asamblea Nacional por el Voto Nulo”, integrada por los grupos y ciudadanos más activos en esa causa, contrató a la empresa Parametría para que realizara el 5 de julio una encuesta de salida capaz de establecer quiénes y por qué anularon su voto.

En el Informe con esos resultados, que fue presentado la semana pasada en Guadalajara, se indica que el 56% de los anuladores desaprueba la gestión del presidente Felipe Calderón. Pero además, entre quienes radican en la ciudad de México o en la capital de Jalisco, el 60% no está de acuerdo con la gestión del jefe de Gobierno o del gobernador de esas entidades.

Así que se puede decir que los ciudadanos que anularon su voto son, en términos generales, mexicanos de clase media, de alta escolaridad y críticos tanto del gobierno federal encabezado por el PAN como de los gobiernos locales que están a cargo del PRD o del mismo Acción Nacional.

Dos de cada tres ciudadanos que eligieron esa opción –exactamente el 66%– no se identifican con ningún partido. El 12% dijeron que se identifican con el PAN, el 7% con el PRD, el 4% con el PRI y el 6% con otro partido. Solamente el 5% no contestó a esa pregunta de la encuesta.

Sería exagerado considerar que de haber votado por algún partido –es decir, de no haber anulado su voto– esos ciudadanos lo habrían hecho por el partido con el que se identifican. Quizá hubiera sido al contrario. Cuando el simpatizante de un partido encuentra que está perdiéndole la confianza a la opción política por la cual habitualmente se inclina, con frecuencia vota por otras siglas ejerciendo, así, un voto de castigo.

El nulo fue, precisamente, un voto de castigo al conjunto de los partidos. Una buena parte de los casi un millón 900 mil ciudadanos que sufragaron de esa manera, lo hicieron como expresión de rechazo a todos y debido a que el partido o los partidos a los cuales suelen respaldar, los han desilusionado.

La campaña por el voto nulo influyó de manera relevante a favor de esa opción. La encuesta de GEA e ISA levantada también afuera de las casillas del 5 de julio, encontró que de quienes anularon el voto, el 43% tomó esa decisión durante las campañas; el 15% lo hizo durante la semana previa al día de la elección y el 11%, ese mismo día. El 29% manifestó que siempre anula su voto.

Esta columna dejará de publicarse durante la semana próxima. Se reanudará el lunes 10 de agosto.

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Hay una imposibilidad estructural, genética diríase, que mantiene a los partidos alejados de los ciudadanos. Pareciera que mientras más se esfuerzan para persuadir acerca de sus méritos, los dirigentes y candidatos de todos los partidos más se distancian de la gente cuyo voto quieren convocar.

Desde luego tenemos excepciones, en ambos flancos de este panorama descrito de manera tan esquemática. En algunos partidos, hay líderes y aspirantes a cargos de representación popular sintonizados con el resto de los ciudadanos porque sienten y viven como ellos. Y entre los ciudadanos, que no son políticamente pulquérrimos, también hay demagogia, tortuosidades y clientelismos.

Pero en términos generales, la incierta pero existente barrera que distancia a los ciudadanos que hacen política en posiciones directivas de los partidos de aquellos que únicamente contemplan la disputa entre los políticos, se sostiene en viejas y nuevas actitudes.

La tradicional politiquería con la que errónea pero inevitablemente se ha identificado a la política y que vive de la simulación para perpetrar constantes tráficos de influencias, atraviesa por todos los partidos. Las ofertas de campaña que nunca se cumplen y los compromisos de aspirantes a diputados a quienes los electores no vuelven a ver sino hasta tres o seis años después cuando regresan a las calles para pedir nuevamente que voten por ellos, son la expresión más evidente de tal comportamiento. Mentiras y exacciones legales para obtener beneficios personales o para algunos de sus socios políticos, son recursos no siempre documentados pero cada vez menos opacos en la conducta de las elites gobernantes.

Las nuevas imposturas de la clase política soslayan, pero en ocasiones aprovechan, las condiciones creadas por poderes no institucionales que tienen creciente influencia en las sociedades contemporáneas. Los gobernantes que hablan más de lo que hacen en el combate a la delincuencia, los que procuran el respaldo de las jerarquías eclesiásticas aunque sea a costa de favorecer la intromisión clerical en la política, aquellos que representan y acrecientan el poder del dinero y los que se someten a los dictados de los poderes mediáticos con tal de ganar unos cuantos segundos de exposición televisiva, incurren en esas actitudes que hacen de la política preponderante un instrumento al servicio de intereses facciosos y no de la sociedad.

Los ciudadanos advierten cada vez más esa realidad. Las clientelas inamovibles en los partidos son cada vez más escasas. En un mercado con varias opciones, son pocos los que no procuran beneficiarse ora de una, a veces de otra. El voto duro tiende a menguar y dispersarse a consecuencia de esa variedad de posibilidades pero también gracias a la democracia electoral. La secrecía del sufragio quebranta le inflexibilidad y la unanimidad de la votación corporativa. El ciudadano, en la soledad transitoria pero eficaz de la casilla, puede votar por quien le dé la gana por muchas presiones e incitaciones clientelares que haya padecido –e, incluso, para desquitarse de ellas–.

En otros casos, hay gente que se plantea dar un manotazo en la mesa del diferendo electoral pero con tanta prudencia que no pretende en absoluto prescindir de la mesa misma. Quienes se proponen anular su voto son ciudadanos que, antes que nada, están convencidos de que deben ir a votar. Esa es una singularidad que los dirigentes de los partidos políticos e incluso las autoridades del IFE no fueron capaces de entender. La anulación del voto implica, antes que nada, una reivindicación del sistema electoral: el menú que nos presentan no nos gusta y por eso no elegimos a ninguno; queremos que siga habiendo menú aunque con mejores opciones.

Ese llamado para que se enmienden, los partidos lo dejaron pasar. Los dirigentes políticos eligieron pertrecharse en un discurso auto justificatorio y, de pronto, persecutorio en contra de quienes convocaron a la anulación del voto.

De allí, los líderes nacionales pasaron a la autocomplacencia, como si no estuviera ocurriendo algo nuevo. Decidieron simular que la única realidad política en este periodo preelectoral es la que ellos han construido. Y se ensimismaron en los trillados discursos de siempre.

Cada uno con sus propias inflexiones, los partidos tradicionales igual que aquellos que se postulan como nuevos exhibieron la misma retórica convencional y cansina, las mismas fórmulas discursivas independientemente de las peculiaridades en trayectorias, experiencias y propuestas.

No estamos diciendo que todos esos partidos y dirigentes sean iguales. Sería un despropósito. Pero ninguno de ellos se planteó reflexionar, de manera abierta, por qué para algunos ciudadanos ninguno de tales partidos merece su voto.

El tremendismo que se ha vuelto consustancial a los medios de comunicación, contribuye a esa homogeneización perversa en la imagen de los partidos. En busca de la declaración camorrista y de la actitud de confrontación, los medios subrayan con tanta insistencia los desacuerdos que a final de cuentas todos los partidos y prácticamente todos sus candidatos cuando tienen alguna exhibición pública, resultan igual o similarmente bravucones. Con frecuencia pareciera que todos o casi todos los noticieros son monótona repetición de Las mangas del chaleco.

Ante ese repertorio político, a partir de esa pobreza informativa pero sobre todo discursiva, iremos a votar el domingo próximo. Lograr que los votos cuenten y se cuenten nos ha costado demasiado trabajo para dejar de acudir a las urnas.

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¿Cómo puede alguien votar por los partidos de López Obrador cuando ese dirigente se empecina cotidianamente en mandar al diablo a todo aquel que no se le somete? Ahora es el Tribunal Electoral: cuando denomina “achichincles de la mafia” a los magistrados del TRIFE que desconocieron las elecciones internas que favorecían a la candidata subyugada a ese líder, López Obrador confirma el síndrome autista que define su percepción de la realidad.

Para él no hay más que los suyos y los otros, los buenos y todos los demás. Ahora, en consecuencia, supone que todos los que no se comportan de acuerdo a sus preferencias forman parte de una aviesa y extendida conspiración en contra suya. La “mafia” a la que culpa de todos sus tropiezos, crece tanto como aumentan personajes e instituciones que discrepan de ese ex candidato presidencial o a los que simplemente ha decidido culpar de estar en contra suya.

En otras zonas del entramado político, la complacencia de los dirigentes también condiciona reacciones y estancamientos. Ayer mismo en Metepec, en un mitin repleto de acarreados que tuvieron que pasar lista, la dirigente nacional del Revolucionario Institucional se explayó en elogios para el gobernador del Estado de México.

“Enrique Peña es un baluarte del PRI y el PRI del siglo 21 tiene cuadros, líderes y personajes para dar y prestar”, dijo Paredes. Y aún más:”Somos un equipo convertido en partido, lo que demuestra que, juntos, nadie nos puede derrotar. El trabajo de Enrique Peña nos enorgullece y nos alienta” expresó, de acuerdo con la edición en línea del diario Reforma.

Tales apreciaciones desbordaron la cortesía que Beatriz Paredes debía tener con el anfitrión de la reunión política a la que asistía en los linderos de la capital mexiquense. Decir que el trabajo de Peña Nieto le causa orgullo, implica respaldarlo precisamente cuando el apoyo que Televisa le brinda al gobernador de esa entidad ha sido motivo de amplia discusión pública.

Paredes considera que Peña Nieto es un puntal del PRI. No es otra la implicación del término baluarte que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia tiene dos connotaciones. La primera de ellas es “Obra de fortificación que sobresale en el encuentro de dos cortinas o lienzos de muralla y se compone de dos caras que forman ángulo saliente, dos flancos que las unen al muro y una gola de entrada”.

La otra acepción es “amparo y defensa”. En cualquiera de ambas, si al gobernador del Estado de México se le califica como baluarte priista es porque se piensa que hace fuerte a ese partido, lo resguarda y protege y, además, sirve como gozne que lo solidifica.

Se podría suponer, en descargo suyo, que Beatriz Paredes se dejó llevar por el entusiasmo de los mexiquenses –forzado por el acarreo, pero quizá de todos modos contagioso– pero no es una principiante en materia de eventos políticos. Además se trata de una mujer que entiende el significado de las palabras.

Así que el espaldarazo a Peña Nieto no fue repentino, ni improvisado. Paredes sabe de lo que habla y no puede ignorar las implicaciones de esa declaración. Lo que posiblemente desconoce es que hace tres años, también en el Estado de México, el entonces candidato presidencial, Roberto Madrazo, dijo exactamente lo mismo del gobernador Peña Nieto.

El 11 de junio de 2006, en una reunión con presidentes municipales priistas de distintos sitios del país, Peña Nieto manifestó delante de Madrazo “el apoyo irrestricto, el apoyo de los mexiquenses hacia su candidatura”.

Madrazo, a su vez,  “le correspondió al calificar al Mandatario como un baluarte del PRI en procesos electorales y un amigo seguro cuando las horas son inciertas” (Miguel Zacarías, ”Respaldan alcaldes a Madrazo”, Reforma, 12 de junio de 2006).

Así que Peña Nieto es fundamental para el proyecto político que alienta Beatriz Paredes, de la misma manera que lo fue para Roberto Madrazo. Esa versatilidad es indicio de la vigencia, pero también del pragmatismo del gobernador mexiquense.

Y no son menos pródigos en el lenguaje los dirigentes de Acción Nacional. Las invectivas de Germán Martínez contra el gobernador de Sonora, reiteran la política de confrontación de ese partido una semana antes de las elecciones federales. Pero además contradijeron la distensión que buscaba suscitar el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuando dijo unas horas antes que no quería enfrentarse con el gobernador Eduardo Bours.

La agresividad de Martínez Cázares tiene propósitos electorales. Igual que el gobernador sonorense, quiere aprovechar la tragedia en la ABC. Ni el líder del PAN, ni Bours, favorecen la acción de la justicia en su burdo canje de invectivas.

El día de las elecciones, el 5 de julio, se cumplirá un mes de la catástrofe que les quitó la vida a ya casi 50 niños. Para muchos electores será imposible dejar de recordar el entramado de negligencias, complicidades y acusaciones que los dirigentes y funcionarios de varios partidos han tejido antes y después de aquel siniestro.

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