Sociedad y poder

Revista emeequis, 20 de abril

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Cuando López Obrador envía a sus adelitas y a los legisladores perredistas a entorpecer la discusión a la que está obligado el Congreso no solamente estamos presenciando la reedición de una escaramuza ya conocida. La tentación de asegurar que transcurrimos de la tragedia a la comedia resulta casi inevitable, aunque aquella frase nos queda cada vez más insuficiente.

Si nuestra vida pública deambulara de la confusión trágica al despropósito cómico, tendríamos cierta evolución o al menos nos entretendríamos. Pero cada vez tenemos más afianzada la sensación de que el país no hace sino recorrer un tortuoso, si bien estridente círculo vicioso. Importa poco si estamos moviéndonos de tragedia en tragedia o de comedia en comedia. Porque, una u otra, el resultado incluye el estancamiento de la deliberación pública, la estupefacción y el hartazgo de la sociedad, así como el refocilamiento de la clase política en la rencilla improductiva.

La responsabilidad del PRD y su ex candidato presidencial sigue siendo fundamental en ese atasco de la vida pública mexicana. Empecinado en una soberbia tan, valga la redundancia, autocomplaciente como auto paralizante, Andrés Manuel López Obrador renunció hace tiempo a ser palanca de cambios para el país y considera que su misión política es fastidiar sin tregua al presidente que le ganó las elecciones hace un par de años. En eso consiste el papel de la oposición, podría decirse. Pero una cosa es mandar al diablo a las instituciones –es decir, renegar de ellas con tanta exaltación que se las considera prescindibles— y, otra, tratar de que la vida política institucional se convierta en un infierno.

Por eso el comportamiento de López Obrador y su partido ha sido tan patéticamente emblemático del estancamiento de una vida pública en donde los desplantes sustituyen a las ideas y los reparos a la deliberación. El problema no es que ese personaje insista, al estilo del priismo autoritario en el que no en balde se formó políticamente, en que no hay más verdades que las suyas. Tampoco que siga denominándose presidente legítimo.

Esas y otras extravagancias serían indicativas de la incapacidad de López Obrador para entender una realidad que le ha sido desfavorable y nada más. El problema radica en la subordinación que la mayoría de sus correligionarios, comenzando por los líderes de esas variadas y a su vez peleoneras corrientes perredistas, siguen teniendo respecto de ese caudillo.

Aun sin haber resuelto la vergonzosa disputa por sus elecciones internas, todos los grupos del PRD cerraron filas no en defensa de un proyecto para reivindicar la soberanía nacional sobre nuestro petróleo sino, simplemente, alrededor de un rechazo tajante, sin argumentos ni matices.

La propuesta que el presidente Felipe Calderón envió al Congreso tiene aristas discutibles y precisamente por ello es preciso que se le examine con todo rigor. Aunque en ella se advierte un esfuerzo para conciliar las posiciones que buscaban una apertura con pocas restricciones con aquellas que sugieren no hacer nada o hacer muy poco para renovar a la empresa petrolera y su capacidad de crecimiento, la iniciativa del gobierno deja sin resolver algunas dudas fundamentales.

Sobre todo sigue faltando información completa, pero además confiable, para saber si la participación de empresas privadas en la búsqueda y la refinación de petróleo es realmente la mejor opción para el país. Hay quienes, como Cuauhtémoc Cárdenas, proponen reforzar las finanzas de Pemex para que la alianza con empresas privadas no sea necesaria. Parece sensato, aunque esa postura deja sin resolver de dónde obtendría el país el dinero necesario para compensar la ausencia del fortísimo respaldo que los recursos petroleros le otorgan al presupuesto nacional. En todo caso allí se encuentra uno de los nudos de la discusión que hace falta.

Esa deliberación ha sido entorpecida por la taimada indefinición del PRI que sigue apostando al corto plazo, sin comprometerse y pensando únicamente en su recuperación electoral y que buscó demorarse para ofrecer una posición acerca de la propuesta del presidente Calderón.

También la desmañada táctica del gobierno, que no ha tenido una ruta clara para preparar, cabildear, publicitar y defender su iniciativa de reforma petrolera, influyó en la parálisis política que hemos advertido en las semanas recientes. Es difícil que los acercamientos con otras fuerzas políticas los pueda emprender un secretario de Gobernación que ha gestionado contratos de servicios con Pemex en beneficio de su empresa familiar y que, peor aún, inicialmente se negó a reconocer y a explicar esa situación.

Pero en la perplejidad de esta vida pública acicateada por declaraciones catastrofistas y habitualmente ayunas de ideas y propuestas la responsabilidad del PRD, al que por comodidad, costumbre o ignorancia hay quienes siguen considerando de izquierdas, ha sido esencial. Comedia y tragedia, ese partido nacional sigue sin hacerse cargo de la confianza que pese a tan notorios despropósitos le siguen dispensando muchos ciudadanos. Frenar o estorbar la discusión jamás han sido prácticas reconocidas en la izquierda y mucho menos en la política de índole democrática. Pero a López Obrador y su partido hace rato dejaron de interesarles la congruencia y mucho menos las ideas. Y esa, tragedia o comedia, es una realidad imposible de aceptar.

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La Crónica, jueves 27 de marzo.

   Uno.  Al menos dos empresas de comunicación, Televisión Azteca y el Grupo Imagen, se negaron de manera explícita a difundir los spots de los partidos políticos que hace varias semanas les envió el IFE. Otros consorcios mediáticos, como Televisa, simplemente se hicieron remolones y, aunque sin manifestar rebeldía expresa, en la práctica desatendieron esas instrucciones de la autoridad electoral.

   Desde hace años el IFE está facultado para emplear parte del tiempo de transmisiones al que tiene derecho el Estado en todas las estaciones de televisión y radio en la difusión. Aunque la legislación electoral era muy clara al adjudicar tales atribuciones a la autoridad en ese ramo, de cuando en cuando algunos concesionarios se negaban a cumplir dicha obligación. La reforma constitucional promulgada el 13 de noviembre pasado robusteció y aclaró, a fin de que no quedase duda alguna, las facultades del IFE para disponer de tiempo estatal en todas las radiodifusoras y televisoras.

   El Artículo 41 de la Carta Magna señala en su tercera sección: “El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio de los derechos de los partidos políticos nacionales”.

   Allí se establece la proporción que, del tiempo que corresponde al Estado, el IFE puede ejercer tanto en periodos regulares como durante campañas electorales. También se indica que, de considerarlo necesario, la autoridad electoral puede disponer de más tiempo de transmisión.

   Ahora únicamente el IFE puede administrar y gestionar la transmisión de mensajes “dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos” en los medios electrónicos. Esas transmisiones “se harán en el horario que determina el Instituto”, indica el mismo apartado Constitucional.

   No hay vuelta de hoja: en materia de mensajes de los partidos el IFE dispone dentro de los parámetros indicados por la Constitución –y que el Código Federal Electoral reitera–  y los concesionarios de radio y televisión están obligados a obedecer.

   Sin embargo las autoridades del IFE comenzando por su nuevo presidente, el doctor Leonardo Valdés, presenciaron prácticamente impávidos durante varias semanas el desacato de las televisoras, las convocaron no a cumplir la ley sin chistar sino a una curiosa y extralegal negociación y finalmente establecieron una comisión en la que participan radiodifusores, gobierno y autoridad electoral,  a través de la cual gestionarán la difusión de los mensajes políticos.

   El temor de las nuevas autoridades del IFE para hacer cumplir la ley resulta inquietante. Ojalá sea expresión sólo de novatez y no de precoz cuan innecesaria rendición al poder mediático.

   De acuerdo con el Código Electoral el IFE puede multar y, si reinciden, puede ordenar la suspensión de entre una y 36 horas del tiempo comercializable en las estaciones de radio o televisión que se nieguen a difundir los mensajes proporcionados por la autoridad electoral. Y también está facultado, de acuerdo con el 41 Constitucional, para emprender “procedimientos expeditos que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones de radio y televisión de concesionarios y permisionarios que resulten violatorias de la ley”.

   Recursos legales y motivos, no les faltan para sancionar a las empresas de comunicación que se niegan a cumplir con esas obligaciones. ¿Qué esperan los consejeros del IFE para hacer valer su autoridad?

   Dos. El zipizape dentro del PRD es lastimoso, patético, de escándalo. El caudillismo que ejerce López Obrador es el motivo central, pero no el único, que ha propiciado la descomposición hoy evidente entre los perredistas. A las mañas y tretas que llevaron al PRD no pocos de los ex priistas se convirtieron en su columna vertebral, se añade el clientelismo embaucador de grupos como los que han sido la base social fundamental del perredismo en la ciudad de México. Personajes como Bejarano siguen siendo algo más que despreciable anécdota gracias al respaldo que en ellos tienen dirigentes como López Obrador y, ahora, Alejandro Encinas.

   Algún día habrá que recapitular sobre la trayectoria de Encinas, a quien todos sus adversarios respetan aunque no sean igualmente respetables muchos de sus operadores políticos. Cuando resulta que un sujeto conocido por su talante provocador y de personalidad tan viscosa como Gerardo Fernández Noroña es vocero de Encinas, parece claro que el horizonte de ese aspirante a la presidencia del PRD quedó lejos, muy lejos, de la izquierda que se quería distinguir por sus convicciones democráticas y por su integridad moral.

   A casi dos semanas de que se realizaron el 16 de marzo, nadie sabe quién ganó las elecciones en el PRD. Encinas, Noroña y socios se amparan en los conteos rápidos que, desde aquella noche, indicaron que ellos habían ganado. A esa posición debe haberle caído como balde de agua no helada, sino hirviente, la explicación que ayer ofreció en El Universal Roy Campos, responsable de uno de esos conteos:  “las irregularidades de la contienda rebasaron a los conteos rápidos y al PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) para ponerla en el camino de la calificación y el recuento, o tal vez la anulación”.

   El director de Consulta Mitofsky puntualiza que, al fluir los datos del cómputo, “con 35% de avance Encinas aventajaba con 3.5 puntos; con 60% Ortega iba adelante con 3.1 puntos de ventaja; y finalmente, con 71%, Encinas mostraba 0.4 puntos más que Ortega”. Entonces, las autoridades del PRD suspendieron la publicación de esos datos.

   El grupo de Jesús Ortega insiste en que el cómputo prosiga. Encinas y su vocero se aferran a conteos como el ahora descalificado por el especialista que lo realizó. Lo único claro es que la diferencia entre los dos principales candidatos a la presidencia del PRD es de pocos votos. Tan pocos, que cuando el cómputo termine nadie quedará del todo satisfecho y el perdedor muy posiblemente demandará la intervención del Tribunal Federal Electoral.

   Sí, el mismo TRIFE al que, junto con el resto de las instituciones estatales, muchos de los perredistas mandaron al diablo hace menos de año y medio.

   Tres. Pero en materia de pena, no ajena sino propia para quienes alguna vez consideramos que podría ser congruente con su nombre, Alternativa Socialdemócrata está a punto de perpetrar su suicidio político.

   La Asamblea Nacional que el próximo domingo elegirá (o más bien reelegirá) al presidente de ese partido estará trozada por la mitad. El sector más destacado, empeñoso e influyente de ese partido, encabezado por Patricia Mercado, no estará plenamente representado en dicha Asamblea a la cual llegarán, sin embargo, delegados que fueron nombrados en reuniones de dudosa legalidad.

   Vaya, ni siquiera Patricia Mercado, que sin lugar a dudas es la figura cardinal de ese partido, tendrá acceso a dicha asamblea porque hace dos semanas la reunión para elegir a los delegados por el Distrito Federal fue saboteada por miembros del grupo afín al presidente del partido, Alberto Begné.

   Alternativa pudo sortear con enormes esfuerzos las dificultades iniciales de la construcción del partido. Luego padeció una dolorosa pero necesaria escisión, cuando la corriente de origen aparentemente campesino que participó en su fundación quería imponer una candidatura presidencial incongruente con los principios socialdemócratas que animan a Mercado y sus compañeros.

   Por decisión de Mercado y ese grupo, la dirección de Alternativa quedó a cargo de Begné durante la campaña electoral pero después de ella se fueron agudizando diferencias a veces por el manejo interno del partido, en ocasiones por las políticas de alianzas. En vez de que se consolidara un solo cuerpo de principios y propuestas, dentro de Alternativa decantaron dos grupos que no encontraron mejor solución que confrontarse en una elección nacional.

   Si el camino a esa elección hubiera sido escrupuloso, estaríamos ante un desenlace difícil pero en todo caso democrático. Sin embargo, a decir de Mercado y sus compañeros, la corriente de Begné utilizó prácticas tramposas y de manipulación para tener más delegados en la asamblea del próximo domingo.

   Así ocurrió cuando los representantes de los comités de acción política del partido, electos para la asamblea estatal del Distrito Federal, se reunieron el pasado 16 de marzo en el Hotel Crowne Plaza en la Colonia Nápoles. El Notario Luis Eduardo Zuno Chavira atestiguó el registro de esos delegados y los incidentes de la, a la postre, fallida asamblea.

   Aunque había 324 delegados, cuando se realizó una votación inicial para designar escrutadores se registraron 160 votos por una fórmula y 129 por la otra. Como la ausencia de votos suscitó sospechas que fueron debatidas por largo rato, hubo una segunda votación en la que, en total, se contabilizaron 331 votos. Es decir, había más votos que boletas de participación expedidas.

   Esas irregularidades, en un clima tenso y difícil, exasperaron los ánimos tanto entre partidarios de Begné que iban de playera blanca como entre adherentes de Mercado que portaban vestimenta roja. El Notario certificó que algunas personas de playera blanca impedían el cómputo de los votos. También registró el exabrupto de un miembro del otro grupo que azotó contra el suelo la mesa del presídium. El Notario indica en su recuento de hechos que ante esas circunstancias el presidente de la Asamblea, Humberto Trujillo, “me manifiesta que se suspende la Asamblea por no haber condiciones de seguridad”.

   En ese momento la Asamblea dejó de tener validez. Inmediatamente después se generalizó una trifulca. En distintos testimonios periodísticos se ha narrado cómo resultaron lesionados varios partidarios de Mercado. Aunque la Asamblea ya había sido levantada los partidarios de Begné la reinstalaron varias horas más tarde, ya sin miembros del otro grupo. De 324 delegados que había por la mañana, en esa segunda asamblea permanecían únicamente 140 –luego llegaron unos cuantos más–. Esos fueron los delegados que eligieron como nuevos dirigentes de Alternativa en el DF a Enrique Pérez Correa y José Carlos Díaz Cuervo, simpatizantes de Begné.

   Rota su legalidad interna, el partido a cuyos dirigentes nacionales elija la asamblea del domingo próximo quizá será otro, muy distinto, al que quisimos, respaldamos y defendimos los ciudadanos que en julio de 2006 votamos por Patricia Mercado. Será, en ese caso, un partido de usurpadores.

La Crónica, 24 de enero de 2008

El video de René Núñez Cosío, o de quien aparenta ser él, ya no se encuentra en YouTube. El lunes pasado ese archivo en Internet había sido buscado por 6 mil personas. Ayer miércoles eran más de 24 mil. La mayoría se quedó con la intención de ver las escenas íntimas en donde aparecen un hombre y una mujer y que han sido utilizadas para desacreditar a ese candidato a la alcaldía de Los Cabos, en Baja California Sur. Tales escenas fueron suprimidas del video, al menos en el mencionado sitio de Internet.

   La noticia del video circuló ampliamente por la Red desde la semana pasada. A los domicilios electrónicos de millares de sudcalifornianos llegaban las ligas que conducían a ese archivo digital. Uno de los temas de la campaña de Núñez Cosío ha sido la reivindicación de los valores familiares. Al comienzo de la grabación se le veía refiriéndose a ese tema. Luego, de pronto, eran insertadas las escenas privadas. Los autores del video quisieron evidenciar la real o presunta contradicción entre el discurso y la vida personal de Núñez.

   Ese candidato aseguró que el video era un montaje. Entrevistado en radio por Ciro Gómez Leyva primero negó y luego dudó cuando le preguntaron si el individuo que aparece en tales escenas era él. Eso es lo de menos. Si a Núñez Cosío le tendieron una celada y lo grabaron sin su consentimiento, se trata de una trasgresión a su privacía. Si el video es falso y fue producido para engañar, estaríamos ante una difamación audiovisual. Cualquiera que sea la índole de ese delito, además fue perpetrado para tener consecuencias políticas.

   El domingo 3 de febrero habrá elecciones en Baja California Sur. Serán renovados el Congreso local y los cinco ayuntamientos de esa entidad. En el municipio de Los Cabos las preferencias ciudadanas han favorecido al candidato de la coalición que integran PRD, PT y Convergencia. De acuerdo con la encuesta que levantó Consulta Mitofsky en los primeros días del año, Óscar René Núñez Cosío tenía el 38.2% en la intención de voto. El candidato de la coalición PRI y PVEM, Ángel Salvador Ceseña, tenía 24.9% y Francisco García Valdez, postulado por el PAN, alcanzaba 12.7%.

   Posiblemente esas estimaciones influyeron para que algunos de los adversarios de Núñez Cosío hicieran y promovieran el video. En todo caso, la competencia política en Baja California Sur ha sido afectada por ese incidente. Fuera y posiblemente dentro de esa entidad nadie o casi nadie conoce las propuestas de los candidatos a gobernar Los Cabos y el resto de los municipios sudcalifornianos. Pero en muy diversos medios se habla del video erótico, por lo general con más sorna que desaprobación.

   Por eso tanto como el video mismo, que es expresión de una política vulgar y despreciable, suscita preocupación la indiferencia de los partidos políticos y sus dirigentes no solo en Baja California Sur. El episodio que mencionamos tendría que haber originado una inmediata y categórica condena de todos los partidos pero se le ha querido ver solamente como un asunto aislado o provinciano.

   Puede ser expresión de algo más importante. Cuando a la competencia política se incorporan elementos disruptivos como el que estamos comentando, no solamente resultan perjudicados los personajes directamente involucrados en una contienda electoral específica. También terminan por ser afectados todos los protagonistas del escenario partidario y, junto con ellos, la política misma. Quizá ante la noticia del video haya ciudadanos que se pregunten por la congruencia del candidato Núñez. Pero sobre todo, habrá quienes constaten la ordinariez de los recursos y la ausencia de argumentos no de uno solo, sino del conjunto de los candidatos y partidos que compiten en esas y otras elecciones. Habrá perdido, a la postre, la imagen y la respetabilidad de la política.

   El caso que mencionamos confirma, además, la versatilidad que tiene el aprovechamiento político de las nuevas tecnologías de la comunicación. Internet y sus cada vez más accesibles recursos audiovisuales pueden ser empleados de manera perversa pero también virtuosa. El problema no son esos medios de comunicación e interacción sino la manera como se les utiliza. En YouTube por ejemplo, las campañas presidenciales en Estados Unidos han tenido un espacio inédito para la difusión de mensajes que complementan la propaganda en medios convencionales. En España, ahora mismo, la televisión pública se asoció con YouTube para recabar en ese sitio las preguntas que los ciudadanos quieran presentar a los candidatos del PSOE y el Partido Popular. Una selección de ellas serán planteadas en entrevistas de dicha televisora.

   Los escándalos de contenido sexual son tan antiguos como la política moderna pero han adquirido mayor notoriedad gracias a los medios de comunicación. Sus efectos pueden ser contradictorios e incluso distintos a los que pretenden quienes los provocan. En su célebre investigación sobre El escándalo político el investigador británico John B. Thompson recuerda: “Una de las razones por la que los escándalos sexuales tienen la capacidad potencial de producir perjuicios a las figuras políticas, a sus partidarios y a los gobiernos de los que puedan formar parte, es la que se relaciona con el factor de la hipocresía. La revelación de actividades sexuales ilícitas puede ser políticamente perjudicial si pone en compromiso las políticas que abrazan en público las figuras políticas (o bien sus partidos o gobiernos) –y puede ser perjudicial en este sentido incluso en aquellas circunstancias en que la capacidad vinculante de las normas y los códigos relevantes sea débil–. En otros casos, la posición de una figura política puede verse socavada por un escándalo que se produce como consecuencia de una actividad sexual ilícita pero que es alimentado por una mezcla de hilaridad y resentimiento. Puede que muchas personas no encuentren chocante la actividad que se les acaba de revelar, y puede que en la conducta práctica de sus propias vidas no se adhieran (o no se adhieran coherentemente) a esas normas y códigos relevantes. Sin embargo, puede ocurrir perfectamente que sientan un resentimiento hacia los políticos que tienen la temeridad de prescribir a otras personas formas de conducta a las que ellos mismos no se adhieren”. (El escándalo político, Paidós, Barcelona, 2001).

   Ese es el resultado que buscaron los autores del video relacionado con el candidato Núñez Cosío. Sin embargo en ocasiones las revelaciones o imputaciones de esa índole se revierten contra quienes las propagan. Hace exactamente 10 años, en los últimos días de enero de 1998, el presidente Bill Clinton era el centro de un intenso escándalo cuando se conocieron las travesuras que practicaba con la joven Mónica Lewinski en la trastienda del Despacho Oval. Los medios de comunicación más influyentes en Estados Unidos desataron entonces una indignada campaña moralista, acusando a Clinton por esa conducta personal. No obstante, las encuestas mostraron que la confianza de los estadounidenses hacia su presidente no se había modificado de manera sustancial: mientras gobierne bien que haga lo que quiera en su vida personal, consideró la mayoría de los ciudadanos.

   Aquel incidente permitió constatar que los escándalos políticos, incluso si tienen rasgos tan personales como cuando se entremeten en asuntos privados, pueden alcanzar efectos paradójicos. La madurez de la sociedad llega a ser un dique al tráfico político con la vida privada.

   Quienes no alcanzan esa madurez son algunos dirigentes políticos nacionales. Hace algunos días Leonel Cota, presidente del PRD, dijo acerca del comentado video: “que me digan qué hombre o qué mujer no ha tenido relaciones sexuales extramaritales; el ser humano tiene derecho a ejercer su sexualidad, no creo que en este mundo deban criticarse las preferencias sexuales”.

   De esa manera, el también ex gobernador de Baja California Sur contradijo los desmentidos que el candidato René Núñez  había presentado acerca de ese video. Pero, peor aún, al tratar de restarle importancia Cota incurrió en una expresión de mal gusto y ofensiva para las mujeres cuando dijo que el video, “más que perjudicar a René, lo beneficia, sobre todo con el género femenino”.

   Política sucia y políticos torpes: qué combinación.

La Crónica, diciembre 20 de 2007

   Atrapada en las indecisiones de sus grupos parlamentarios, al postergar la designación de los nuevos consejeros del IFE la Cámara de Diputados violó por lo menos cuatro disposiciones de la reforma constitucional que sus integrantes habían aprobado tres meses antes.

   Esa transgresión forma parte del vergonzoso espectáculo que ofrecieron los diputados –y con ellos los dirigentes nacionales de los partidos representados en San Lázaro– al enredarse en una ya proverbial incapacidad para tomar acuerdos cuando están en juego cuotas de poder que cada segmento de la llamada clase política considera irrenunciables.

   Apenas un mes antes, el 13 de noviembre, había quedado promulgada la reforma constitucional que a mediados de septiembre fue aprobada por los mismos diputados que ahora la infringieron. Junto con las importantes modificaciones constitucionales en materia electoral, allí estaban contenidas las disposiciones transitorias para la sustitución de los consejeros del IFE que serían destituidos sin que jamás hubiera explicación política expresa ni justificación legal alguna para ello.

   El Artículo Cuarto Transitorio dice con toda claridad que, en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de esa reforma constitucional, la Cámara de Diputados tendría que haber integrado el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Ese plazo se cumplió el 13 de diciembre.

   Los legisladores tenían tan presente esa fecha que desde comienzos de la semana pasada intensificaron sus negociaciones para designar a los consejeros del IFE. El calendario que establecieron incluyendo el proceso de auto postulaciones, la inopinada descalificación de buena parte de los inscritos y la extravagante pasarela a la que fueron sometidos quienes llegaron a esa fase, estaban diseñados precisamente para respetar el plazo que concluía el día 13.

   Ahora sin embargo, en una mezcla de cinismo y prevaricación a la cual los diputados han querido denominar realismo político, sostienen que no quebrantaron la ley. Además de tramposos han resultado mentirosos.

   Junto al incumplimiento del plazo legal, la Cámara de Diputados contravino la reforma constitucional al no haber designado al nuevo presidente del IFE. Una tercera infracción ha sido el desacato al mandato para que, además, eligiera a dos nuevos consejeros electorales. Y una cuarta, la omisión para elegir a quienes, de entre los actuales consejeros, terminarán su mandato en agosto de 2008 y a los que continuarán hasta octubre de 2010.

   Como resultado de esa indolencia de los diputados, el Instituto Federal Electoral quedó descabezado. Luis Carlos Ugalde no podía seguir al frente de esa institución porque la reforma constitucional le había puesto plazo fijo a la arbitraria terminación de su encargo.

   Los líderes parlamentarios quisieron justificar su propia incuria para acordar la designación de los nuevos consejeros acudiendo a una leguleyada que ni siquiera ellos mismos se creen. El Artículo Cuarto Transitorio, que establece los plazos para la integración del Consejo General del IFE, incluye en su último párrafo la siguiente disposición:

   “Los consejeros electorales y el consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán en sus encargos hasta en tanto la Cámara de Diputados da cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo”.

   Ese párrafo ha sido esgrimido por algunos de los diputados federales, especialmente por Emilio Gamboa que coordina la fracción del PRI, para manifestar que no hay ilegalidad al postergar la designación de los nuevos consejeros electorales. Somos tan previsores, han dicho esos legisladores, que al redactar los transitorios incluimos una cláusula de seguridad por si nos demorábamos en la designación de los consejeros.

   También en eso mienten tales diputados. La reforma constitucional no la diseñaron ellos sino los senadores. La Cámara de Diputados aprobó sin modificación alguna la minuta que le envió su colegisladora. Y la previsión que incluye el citado párrafo del Cuarto Transitorio no deja lugar a dudas. Allí se aclara que los consejeros electorales que ya ocupaban esos cargos al momento de la promulgación de la reforma constitucional, seguirían en ellos durante los 30 días que, cuando mucho, transcurrirían hasta la designación de los nuevos funcionarios del IFE. Allí seguirían, se dice, “hasta en tanto la Cámara de Diputados da cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo”. ¿Y qué es lo que dispone tal artículo? Pues precisamente los plazos para esos nombramientos: 30 días a partir de la publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial.

   Los legisladores, cuando redactaron la reforma constitucional, estaban tan seguros de que en 30 días lograrían los acuerdos suficientes para designar a las nuevas autoridades electorales que, además de señalar un plazo específico, dejaron sin efectos los nombramientos de consejeros suplentes que el Congreso aprobó en octubre de 2003 cuando eligió a Luis Carlos Ugalde y al resto de los miembros del Consejo General del IFE.

   Así que por donde se le mire no había manera de evitar, dentro de la ley, el cumplimiento de esa disposición. Los diputados la transgredieron a sabiendas de lo que estaban haciendo. Y actuaron así ante la incapacidad de sus dirigentes parlamentarios para ponerse de acuerdo en la designación de tres ciudadanos para el IFE.

   Esa infracción crea una situación de incertidumbre tanto para la autoridad electoral como para el sistema político mismo. Seguramente nadie declarará ilegal al actual Consejo del IFE aunque habría motivos jurídicos para hacerlo. Pero la erosión política que se infligen a sí mismos y que propagan por el resto del entramado legislativo e institucional señala ya los límites de la extraordinaria capacidad de acuerdos que el Congreso había demostrado tanto en la reforma constitucional como en la elaboración del nuevo Código Federal Electoral.

   No es de extrañar que los inmediatamente afectados por esa reforma, que son los propietarios de las cadenas de la televisión privada, señalen de manera acusadora, e incluso festejen marrulleramente, el desatino de los diputados al postergar la designación de los consejeros electorales. Lo menos que podría decirse es que esos legisladores les regalan a sus adversarios una espléndida ocasión para denostar al Congreso. Pero es inevitable recordar que las posiciones más críticas respecto de las empresas de radiodifusión privada se han extendido especialmente en el Senado y mucho menos en la Cámara de Diputados. Y uno de los operadores del fallido intento para acordar la designación de los consejeros electorales ha sido nada menos que Emilio Gamboa Patrón, el coordinador priista a quien por muchos motivos se ha podido considerar, en distintas circunstancias, como abanderado de Televisa.

   Claro que si Gamboa y su fracción han desempeñado un papel central en este diferendo ha sido por omisiones de los partidos que tienen más representantes en San Lázaro. Según distintas versiones, el desencuentro de los diputados se originó en la obcecación del PRD para no aceptar como presidente del IFE a nadie que no fuera don Genaro Góngora Pimentel. Los motivos del PAN para oponerse a ese ministro de la Corte no han sido claros y aparentemente están más fundados en suposiciones acerca de las simpatías de Góngora que en hechos o decisiones verificables.

   Pero como quiera que fuese, era un hecho que ese personaje no reunía el consenso de los tres partidos que se ha considerado necesario para que la nueva autoridad electoral tenga suficiente respaldo político. Al aferrarse a una sola opción el grupo parlamentario del PRD, comenzando por su coordinador Javier González Garza, se convirtió en simple correa de transmisión de las fobias y los vetos de Andrés Manuel López Obrador. Gracias a ellos, el ex candidato presidencial consiguió boicotear la designación de la autoridad electoral.

   Los diputados del PRI y el PAN, al carecer de una política precisa que orientara esa decisión, quedaron atrapados en el regateo por posiciones coyunturales. Con el vulgar trapicheo al que quedó supeditada esa designación y junto con los ya mencionados atropellos legales, el IFE quedó más maltratado que nunca.

   En ese contexto adquiere mayor sentido la decisión de Luis Carlos Ugalde. Con su renuncia, anunciada el viernes 14 de diciembre, el consejero presidente les reviró a los diputados la bofetada política que le habían propinado al destituirlo. Quienes han incumplido la ley y ponen en riesgo la estabilidad del IFE son ellos. Los promotores de la remoción jamás demostraron que Ugalde hubiera cometido alguna falta legal. En cambio, quienes lo separan de ese cargo no son siquiera capaces de cumplir los plazos y las formas de las modificaciones constitucionales que ellos mismos aprobaron.

   La renuncia de Ugalde tiene alcances políticos y también éticos. Allí se dice, con toda razón: “El IFE no puede ser sujeto de los vaivenes y desacuerdos de los partidos. El IFE merece respeto porque lleva a cabo una función central en beneficio de los ciudadanos. La dignidad del IFE está por encima de los intereses de los partidos”.

   La torpeza política de los diputados le dio al doctor Ugalde la oportunidad de reivindicar una dignidad que nunca dejó de tener como presidente del IFE pero que ha sido especialmente ostensible en la última decisión que tomó al ejercer esa responsabilidad. Luis Carlos Ugalde se va del IFE con la certeza de que cumplió razonablemente bien con las complejas obligaciones de ese cargo. Las equivocaciones políticas que pudo haber tenido nunca fueron resultado de la mala fe y jamás implicaron contravención de la ley.

   El patético espectáculo que ofrecieron los consejeros electorales, que cuando tuvieron necesidad de reemplazar a su presidente se interesaron más en dirimir rencillas domésticas que en preocuparse por el IFE, contribuye a explicar algunas de las dificultades que enfrentó Ugalde durante su gestión. Es difícil llegar lejos con la mayor parte de esos consejeros, que no han sido capaces de mirar más allá de la esquina de Tlalpan y Periférico Sur. Andrés Albo, uno de los más rescatables de entre ellos y que en distintas circunstancias ha manifestado prudencia y talento, quedó provisionalmente a cargo de la presidencia.

La Crónica, jueves 13 de diciembre de 2007

   Una de las mejores noticias en los tiempos recientes había sido la decisión de casi 500 ciudadanos para competir por las tres posiciones que el revanchismo de los partidos dejó vacantes en el Consejo General del IFE. El rango de habilidades disciplinarias y experiencias políticas de esos aspirantes era muy amplio: abogados, politólogos, profesores, economistas; especialistas en temas electorales; viejos y recientes luchadores sociales; comentaristas con alguna presencia mediática; antiguos consejeros del propio IFE y ex funcionarios de organismos electorales en los estados; investigadores universitarios; miembros del sistema judicial… Evidentemente no todos tenían méritos suficientes pero entre esos casi 5 centenares había una pléyade sorprendentemente cuantiosa.

   Por eso tenía gran importancia el proceso de selección a cargo de los partidos en la Cámara de Diputados. Sabiéndose culposos de la decisión para remover al todavía hoy presidente del IFE y a dos consejeros más, los diputados montaron un dispositivo en donde el show prevaleció sobre la deliberación.

   Desde el primer momento fue claro que la designación de los consejeros sería una decisión política como siempre ha ocurrido. No puede suceder de otra manera porque se trata de responsabilidades eminentemente políticas por mucho que, además, se requieran cualidades específicas para fungir como autoridad electoral. El problema es que el nombramiento de estos tres consejeros y la selección de aquellos que tendrán que ser destituidos antes de cumplir los siete años para los que fueron designados en 2003 está condicionada por una decisión injusta.

   La venganza política impulsada atrabiliariamente por el PRD, admitida marrulleramente por el PRI y admitida dócilmente por el PAN para deponer al presidente del IFE y a dos consejeros más, llevó a los diputados a improvisar un mecanismo de selección que supuestamente sería cristalino y pulcro. Pero de los 500 iniciales, los filtros establecidos para llegar a 106 candidatos fueron tan crípticos como caprichosos.

   En el poco más de un centenar de ciudadanos admitidos para ser entrevistados por las comisiones de diputados quedaron mexicanos notables por su conocimiento del tema electoral así como, en algunos otros casos, por su respetabilidad personal y política. El problema de esa lista no eran tanto los agraciados con un sitio en ella como varios de los excluidos, que tenían tantas o mejores credenciales que la mayor parte de aquellos 106.

   Nadie en San Lázaro ha sido capaz de explicar por qué de esa selección fueron apartados académicos de tan puntual conocimiento de los temas electorales como Álvaro Arreola Ayala y Yolanda Meyenberg Leycegui, investigadores en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Arreola tiene varios años estudiando las legislaciones electorales del país y cuenta con experiencia práctica pues fue consejero electoral en el Estado de México. Meyenberg ha trabajado temas de cultura política y reformas institucionales y participó en la oficina de Comunicación del pasado gobierno federal.

   Como ellos, hay varios casos notorios de aspirantes que reunían todas las condiciones formales y varias de las cualidades políticas pertinentes para formar parte del cuerpo directivo del IFE pero que fueron inopinadamente descartados de esa posibilidad. Otro de ellos,  Pablo Javier Becerra Chávez, investigador y profesor en la UAM Iztapalapa, considera en una carta publicada este miércoles en el diario Reforma: “Los ciudadanos descartados nunca fuimos informados puntualmente de las razones de nuestra exclusión ni de los requisitos que, supuestamente, no cumplimos. No pretendo que mi participación en dicho proceso deba concluir necesariamente con mi inclusión entre los finalistas, pero me parece inaceptable que la Comisión de Gobernación pase por encima de mi trayectoria y de la de colegas de gran valía…”

   Esa queja y otras similares quedarán sin respuesta porque si algo define al proceso de selección que montaron los diputados, es la discrecionalidad. Las entrevistas con los 106 aspirantes fueron públicas pero no por ello hubo mayor transparencia. Gracias a que se difundieron en el Canal del Congreso fueron públicos méritos y personalidades de todos ellos pero, sobre todo, la ordinariez que desplegaron algunos legisladores contra los aspirantes que quisieron suponer adversarios suyos.

   La retahíla de insolencias que la diputada Layda Sansores descargó contra la doctora María Marván Laborde dibujó con nitidez la vergonzosa carga de necedad que sigue existiendo en nuestro Poder Legislativo. Heredera, literal y políticamente, del viejo caciquismo priista, si algo ha definido durante los años recientes a la ahora diputada Sansores es la carencia de principios a la que, en estos tiempos de difuminación de la realidad en aras de la corrección política, algunos denominan simplemente pragmatismo. Esa fue la diputada que, sin credencial democrática alguna y para sonrojo de la mayoría de sus colegisladores, propició con sus agresiones que la doctora Marván desistiera de seguir participando en el proceso para la llegar al Consejo del IFE.

   Con sinrazones y contradicciones, la nómina de 106 quedó reducida a 39. Y otra vez, los motivos para seleccionar a unos sí y a otros no quedaron en la oscuridad. Puesto que no se conocieron los criterios que supuestamente utilizaron los diputados para calificar a más de 100 aspirantes, puede suponerse que hubo alguna dosis de ignorancia y antipatía para descartar a varios de ellos.

   Nos quedamos sin saber por qué fueron excluidos ciudadanos como Mireille Rocatti, ex presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Rosa María Mirón Lince, investigadora en asuntos electorales y ex consejera del Instituto Electoral del DF; Fernando Serrano Migallón, sobresaliente director de la Facultad de Derecho de la UNAM y autor de obras sobre legislación electoral o Arturo Martínez Nateras, que además de ofrecer como aval su trayectoria política personal hizo propuestas muy puntuales sobre lo que hubiera hecho de llegar al IFE.

   A pesar de todo ello, si anoche los diputados responsables de la designación seguían entrampados, acaso no era por falta de opciones interesantes para cubrir las tres posiciones en el Instituto Federal Electoral. Entre los aspirantes que se mantuvieron hasta la fase final hay ciudadanos de largo y respetado recorrido en el servicio público como los ex embajadores Jorge Eduardo Navarrete y Ricardo Valero. Está el ministro de la Suprema Corte Genaro Góngora Pimentel, a quien se le atribuyen simpatías políticas que él no ha querido tomarse la molestia de esclarecer. Hay varios ex funcionarios electorales como el ex presidente del IEDF Javier Santiago Castillo, la ex consejera de ese mismo Instituto María Elena Homs Tirado, el ex presidente del Tribunal Electoral José Fernando Ojesto y los ex consejeros del IFE Virgilio Rivera –que por algo habrá obtenido la mayor calificación en la puntuación que adjudicaron los diputados– y Mauricio Merino Huerta, mencionado desde hace varias semanas entre quienes tenían más posibilidades de ser seleccionados y que ayer en su artículo de El Universal advirtió a los partidos: “El consenso político que han venido anunciando no puede ser un asunto cosmético ni trivial, sino el principio de la reconstrucción de los acuerdos que le permitan a México volver a la ruta de la consolidación democrática”.

   También hay académicos de sólida obra en el campo de la ciencia política y la sociología como Víctor Alarcón Olguín, José Fernández Santillán y Leonardo Valdés Zurita, éste último además ex consejero electoral en el IEDF. Similar es la experiencia de Pablo Arredondo Ramírez que, a su desempeño como investigador y funcionario académico en la Universidad de Guadalajara, aúna la experiencia que tuvo durante tres elecciones como consejero en el Consejo Local del IFE en Jalisco. Arredondo podría aportar la visión de los estados del país que no siempre está presente en el organismo electoral pero, sobre todo, el conocimiento que tiene como especialista en la influencia política de los medios de comunicación.

   Y está desde luego, ampliamente conocido gracias a la comprensión especializada pero también a la sensatez que ha manifestado en el análisis de asuntos electorales el jurista y politólogo Lorenzo Córdova Vianello, cuya colaboración en varios medios de comunicación no le ha impedido desarrollar una fructífera carrera en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Lorenzo Córdova conoce los entresijos del IFE ya que fue asesor del presidente de ese Instituto durante los primeros años de esta década. Luego se fue a hacer su doctorado de Investigación en Turín. Córdova Vianello sabe de esos temas, está en una edad en donde la juventud comienza a ser una ventaja, cuenta con respeto y reconocimiento de los partidos, es inteligente y tiene sentido del humor.

La Crónica, 29 de noviembre de 2007

   El agreste cabildeo de las televisoras, la intencionada confusión que han suscitado acerca de la reforma electoral y la indecisión de un buen número de legisladores están rindiendo frutos importantes: el amortiguamiento de las sanciones previstas en el proyecto de modificaciones al Código Electoral para las estaciones de televisión y radio que transgredan las nuevas disposiciones en materia de propaganda política constituye un retroceso respecto de la reciente reforma constitucional.

   Entre las sanciones que contemplaba el proyecto que está siendo elaborado por senadores y diputados de los principales partidos estaba la suspensión, durante varios días, de las transmisiones de aquellas emisoras que difundieran propaganda pagada en beneficio de algún partido o candidato. Ese castigo únicamente sería aplicado a las estaciones que reincidieran en dicha conducta. Es decir, se hubiera tratado de una sanción extrema para un comportamiento excesivo: si un concesionario decide transmitir mensajes pagados sabiendo que está prohibido y lo hace de manera reiterada, estará infringiendo la ley deliberadamente.

   Ahora esa conducta, de acuerdo con algunos legisladores, sería sancionada únicamente con la suspensión de la publicidad de la estación infractora durante un día o un día y medio. Senadores y diputados consideran que es preferible atacar el interés financiero de las televisoras, que depende en buena medida de la publicidad, antes que privar al público de sus telenovelas y espectáculos favoritos.

   Al admitir ese argumento de los concesionarios, el Congreso legitima la programación de las televisoras comerciales. ¿Qué es más importante para la sociedad, mirar la telenovela de más rating y las noticias tamizadas por el interés corporativo junto con las dosis de sensacionalismo que les imprime cualquiera de las dos televisoras nacionales, o que se garantice el cumplimiento irrestricto de las disposiciones en materia de propaganda electoral? Diputados y senadores aparentemente se inclinan por la primera opción. Con ello, contradicen la disposición que ellos mismos votaron hace dos meses y medio y que después de prohibir la contratación de propaganda política y establecer que la difusión de mensajes de campaña se realizará en los tiempos estatales en radio y televisión, indica al finalizar la tercera fracción del nuevo artículo 41 de la Constitución: “Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley”.

   El Código Federal Electoral tendría que reglamentar, pero no avalar o soslayar ese mandato constitucional. La cancelación de transmisiones debería ser una medida perentoria, que se aplicara solamente a quienes quebrantaran la ley una y otra vez.

   Ese viraje al menos inicial de los legisladores ocurre después de una semana de amagos mediáticos por parte de las televisoras y de algunas casas editoriales que difundieron versiones incompletas, o falsas, de las reformas que han sido consideradas para el Código Electoral. En varios medios se dijo que habría impedimentos a la libre expresión en programas de discusión política en radio y televisión pero nunca, uno solo de quienes hacían tales afirmaciones fue capaz de precisar en qué artículo de esos presuntos proyectos estaba contemplada una disposición tan ominosa.

   También hubo referencias, como si fuera nueva, a la cláusula que anticipa la presentación, antes de cada campaña electoral federal, de los lineamientos que los partidos sugieren para la cobertura de sus actividades en los medios de radiodifusión. Ya se aclaró que esa previsión se encuentra establecida desde hace más de una década en el inciso 10 del artículo 48 del Código Federal Electoral. Allí se dice que los partidos representados en el IFE se reunirán con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión “para sugerir” tales lineamientos. Aparentemente en alguna de las propuestas que circularon entre los legisladores en vez de “sugerir” se decía “presentar” o algo así, de tal manera que en vez de una recomendación, como ha venido ocurriendo durante por lo menos cuatro elecciones federales, podría tratarse de una instrucción que hubiera atentado contra la libertad editorial e informativa de los medios de comunicación.

   Los legisladores han vuelto a la fórmula actual y ahora prevén que esa disposición establecerá que el IFE, y su Comisión de Radiodifusión, “sugerirán” pautas para el manejo informativo de las campañas. Aun así, se trata de una norma innecesaria. Los partidos y la autoridad electoral no necesitan estar expresamente facultados por la ley para hacer todas las recomendaciones que quieran. La legislación existe para establecer derechos, obligaciones y sanciones. Si se trata únicamente de exhortaciones, no hace falta que estén previstas en el Código Electoral.

   De hecho, desde hace años hemos considerado que esa disposición del Cofipe resulta innecesaria e inútil. El ejercicio retórico que cada tres años hacen la autoridad electoral y los partidos para que los medios se conduzcan con equidad, objetividad, claridad y respeto en la cobertura de las campañas resulta anodino pero, además, parte de una suposición harto discutible. Ni los partidos ni la autoridad electoral debieran entrometerse en las decisiones de los medios aunque se trate de la cobertura de asuntos de tanto interés público como son las campañas electorales.

   Cada empresa de radiodifusión debe tener toda la libertad necesaria para informar o incluso dejar de informar acerca de esos temas. Si un noticiero decide darle voz o imagen solamente a algunos candidatos y no a todos, o si en vez de reportar los discursos de un mitin de campaña se ocupa de otros asuntos, sería resultado del punto de vista que decida tomar al respecto.

   Desde luego si en esa cobertura hay mentiras, distorsiones o difamaciones, la televisora o radiodifusora estará obligada a presentar aclaraciones de acuerdo con las disposiciones que ya existen en la actual ley electoral para que los partidos tengan derecho a réplica y ahora, además, gracias a la reglamentación que tendrá que garantizar a todos los ciudadanos ese mismo derecho recientemente incorporado a la Constitución.

   Es explicable que los partidos quieran hacer sugerencias acerca de la difusión de sus campañas. Para eso no necesitan respaldarse en un artículo de la ley electoral. Y en todo caso, tales recomendaciones seguirán siendo emblemáticas e inocuas. Los medios de comunicación que son manejados con responsabilidad, no necesitan admoniciones de esa índole. Y aquellos que prefieren la distorsión, el sensacionalismo y la parcialidad como divisas de su comportamiento informativo, seguirán haciéndolo así al menos hasta que encuentren un nuevo contexto de exigencia y competencia.

   Si los legisladores están realmente preocupados por la información y el desempeño de los medios, lo mejor que podrían hacer es, en el plano de los asuntos electorales, dotar al IFE de los mejores recursos de supervisión y sanción. Y más allá de los comicios, tendrían que asumir con seriedad la asignatura pendiente que es la legislación para las telecomunicaciones y la radiodifusión. El único camino para que tengamos medios con la diversidad y la calidad que merece la sociedad mexicana radica en abrir más opciones en la televisión nacional, crear un auténtico y autónomo sistema nacional de medios públicos y propiciar la evaluación crítica de los propios medios por parte de los ciudadanos.

ALACENA: Un ciudadano para el IFE

   Seguramente cuando, mañana viernes, se cierre la inscripción de autopostulaciones para formar parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral, habrá suficientes opciones respetables e interesantes para que la Cámara de Diputados designe a los tres nuevos miembros de ese organismo. Entre ellas se encuentra la candidatura que ha presentado Arturo Martínez Nateras.

   Luchador social toda su vida, Martínez Nateras fue dirigente estudiantil en los años sesenta y preso político durante tres años, después de la represión al movimiento de 1968. Fue dirigente en el Partido Comunista Mexicano, en 1976 coordinó la campaña presidencial de Valentín Campa –cuya candidatura sin registro contribuyó a impulsar la reforma electoral– y una década más tarde participó en la dirección del Frente Democrático Nacional que respaldaba a Cuauhtémoc Cárdenas.

   Editor de revistas y libros, autor él mismo de textos importantes para entender el tránsito político del país en las décadas recientes, sus convicciones lo llevaron a colaborar con Luis Donaldo Colosio a comienzos de los años 90. En 1989 organizó el Seminario Internacional sobre Sistemas Electorales y entre sus libros se encuentra El sistema electoral mexicano. Entre 1990 y 1991 fue presidente municipal de su natal Tuxpan, en Michoacán.

   Acerca del proceso en el que ahora participa, Martínez Nateras considera: “En la elección de consejeros del nuevo IFE está en juego la voluntad de los actores políticos, la capacidad de los diputados para restituir a la sociedad una parte del poder y de la soberanía delegada. Todavía ahora y espero que por última vez, los ocho diputados de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, son depositarios del patrimonio de la construcción del acuerdo. Sin embargo en nuestro país ya nada se puede hacer al modo de las cúpulas sin la intervención de la sociedad”.

   Y de sí mismo, apunta: “No soy un improvisado ni mucho menos un advenedizo. Soy un demócrata experimentado,  con más de 40 años de una todavía breve hoja de vida”. Si los legisladores están buscando a un ciudadano con experiencia política, probadas cartas democráticas y conocimiento institucional pero que además quiera ser consejero electoral, allí tienen a uno.

La Crónica, jueves 13 de septiembre de 2007

   Desafiados por las televisoras, los senadores manifestaron una cohesión jamás vista al menos en los años recientes. Con alusiones a la entereza de Belisario Domínguez invocada por el perredista Carlos Navarrete o recordatorios del panista Santiago Creel y el priista Manlio Fabio Beltrones al poder fáctico de los consorcios comunicacionales, la sesión de anoche en Xicoténcatl se convirtió en enfática respuesta del poder político a las bravatas de la mediocracia.

   Horas antes, los jeques del poder mediático, ahora acompañados por algunos jeques empresariales, habían reiterado y profundizado sus reproches contra los legisladores. Igual que el día anterior, les sobró retórica y les faltaron argumentos. El presidente de la Cámara de la Industria de la Radiodifusión advirtió que, de aprobarse, la reforma constitucional “acotaría la libertad de expresión”. El presidente de la Concamín denunció que “los legisladores están agarrando de rehén a este país”. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial consideró “inaceptable que se pretenda privar a la sociedad de la posibilidad de expresar libremente sus puntos de vista”. Y dos voceros de TV Azteca exigieron posponer la aprobación de esa reforma.

   Desmesurados, acaso porque no tienen más contraste que el espejo de autocomplacencias que ellos mismos han creado, los concesionarios de la televisión, respaldados por la quizá desinformada aquiescencia de numerosos concesionarios de radio, tensaron al máximo su desafío al poder político. Sergio Sarmiento sintetizó ese encrespado estado de ánimo: “no podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos cuantos dirigentes de partidos políticos”.

   Sin embargo la presuntamente secuestrada parece tomar con serenidad el diferendo entre el poder político y la mediocracia. Las arengas soliviantadoras, que han sido especialmente agresivas en los canales concesionados a Ricardo Salinas Pliego, no tendrán más consecuencia que el berrinche expresado de esa tan patente cuan patética manera. La respuesta de los legisladores, unificados gracias a la altanería de los consorcios televisivos, fue la votación que, al filo de las 10 de la noche aprobó, en lo general, el dictamen para reformar varios artículos constitucionales. 110 votos a favor y 11 en contra corroboraron ese viraje del Senado respecto del poder mediático.

   Los empresarios de la radiodifusión, en este episodio, han sido tan quejumbrosos como mentirosos. Saben muy bien que en el dictamen votado ayer en el Senado no hay una sola disposición que restrinja la libertad de expresión. La frase que podría haber implicado alguna limitación en ese terreno fue modificada el día anterior. Al contrario, una de las reformas incorpora al artículo 6º. Constitucional el derecho de réplica, que es una reivindicación de la sociedad que hasta ahora solo había sido reconocido de manera parcial por las leyes en este país.

   La reforma aprobada anoche y que ahora deberá pasar la prueba de una Cámara de Diputados quizá más susceptible a presiones mediáticas y corporativas tiene dos ejes principales. Uno de ellos es la modificación radical en las relaciones entre partidos y medios de comunicación electrónicos, que hasta ahora han sido determinadas por el dinero. Con tal de recabar fondos para comprar espacios en televisión y radio, candidatos y dirigentes políticos establecían los más variados compromisos con adinerados de toda índole. Y con tal de obtener descuentos y sitios preferentes para la difusión de sus spots, los partidos se consideraban obligados a tener un comportamiento obsequioso y de cuando en cuando sometido al interés de los consorcios de la radiodifusión. Ayer mismo (“autocríticamente”, dijo) el senador Navarrete admitió acerca de esa relación entre partidos y televisoras que, hasta hace poco, “todos fuimos a tocar las puertas traseras de las empresas para entrar a la competencia electoral”.

   Esa peregrinación no se repetirá. La contratación de propaganda política queda prohibida. Quizá los empresarios de la radiodifusión confunden la libertad de expresión con las prerrogativas del dinero para adquirir espacios en los medios electrónicos. Pero esa no es una libertad de la sociedad. Durante las campañas del año pasado los partidos gastaron al menos 589 millones de pesos en la contratación de tiempos en radio y 1384 millones de pesos en la compra de espacios en televisión.

   El país ya no tendrá que hacer gastos como esos. Pero lo más importante es la modificación que esa reforma impondrá en la relación entre la política y los medios de comunicación. Las radiodifusoras y especialmente las televisoras tendrán que dejar de ver a los partidos como clientes y quizá comiencen a considerarlos como interlocutores.

   Hoy en día los ven como adversarios. Pero no quieren acordarse de la escandalosa docilidad con que esos partidos y el gobierno anterior hicieron suyas, a veces sin siquiera aderezarlas con un mínimo rigor jurídico, las leyes y reglamentos que salían de las corporaciones mediáticas. Los “unos cuantos dirigentes de partidos” de los que hoy se quejan las televisoras, les parecían prohombres de la edificación democrática cuando se comportaban como personeros suyos.

   Separar al dinero de la política mediática no es atentar contra la libertad de expresión. Pero si la prohibición para comprar propaganda en medios electrónicos fuese desatendida, ameritaría sanciones que podrían llegar a “la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley”. Es natural que los hasta ahora intocados concesionarios de la radiodifusión se inquieten ante una advertencia como esa. Pero no tendrían de qué inquietarse si no tienen previsto transgredir la ley.

   El otro polo de esta reforma es el esfuerzo de los partidos para tener mayores controles sobre la autoridad electoral. La creación de una contraloría designada por la Cámara de Diputados y de un “órgano técnico” para fiscalizar a los partidos nombrado por el Consejo del IFE pero separado de él son dos medidas que limitan la independencia de la autoridad electoral. Y sobre todo la destitución de tres de los actuales consejeros, entre ellos el Presidente del IFE, sigue siendo una decisión caprichosa e inopinada.

   En los artículos transitorios del dictamen se dice cuándo deberán ser designados, de manera escalonada, los consejeros que tendrá el organismo electoral durante los siguientes seis años. Pero no se establece con qué procedimiento serán seleccionados los tres que dejarán el cargo en cuanto la reforma constitucional sea aprobada y los otros 3 cuya gestión, en vez de concluir en 2010 como estaba previsto, llegará únicamente hasta el año próximo.

   Ese es el haz y el envés de la reforma electoral. La cancelación de la propaganda pagada en medios electrónicos constituye una de las medidas más importantes que se han tomado, durante varios años, en la ya larga cadena de modificaciones legales para facilitar la competencia política. La destitución de varios consejeros electorales (al menos ya no todos ellos como se pretendía la semana pasada) constituye un exceso imprudente y revanchista por parte de los partidos contra la autoridad electoral.

   Pero no hay abuso contra la libertad de expresión ni contra los medios de comunicación. Los espantajos creados por la CIRT y las televisoras terminarán por desmoronarse. Quizá entonces pueda comenzar a reconstruirse una relación hasta ahora convenenciera y perversa entre el mundo político y los medios de comunicación más influyentes. Anoche mismo el senador Pedro Joaquín Coldwell les ofrecía una salida decorosa cuando estimaba que, ya sin el dinero público que reciben por motivos políticos, “los medios ganarán calidad y estatura moral para criticar al poder”.

   El acceso a los medios continuará siendo importante para los partidos. Candidatos y dirigentes seguirán buscando espacios en noticieros y programas de distinta índole pero ya no tendrán que comprar publicidad para contentar a esas corporaciones. La propaganda política seguirá resultando fundamental en las campañas electorales pero ahora no será pagada con dinero público porque se transmitirá en espacios del Estado en los medios electrónicos.

   Durante las campañas (que en el caso de las elecciones presidenciales serán de 90 días) los partidos tendrán acceso, entre todos, a 41 minutos diarios en cada estación de radio y televisión. El IFE dispondrá, para difundir mensajes de promoción electoral, de otros 7 minutos diarios.

   Y ya que no gastarán en la contratación de medios electrónicos, es pertinente que los partidos reciban menos dinero. La nueva fórmula para definir cuántos pesos le entregará el Estado a cada partido implica ahorros como los que también anoche, al refutar las mentiras de un asesor jurídico de Televisa, explicaba en la tribuna de Xicoténcatl en senador Ricardo García Cervantes. Si la reforma no se aprueba, en las campañas de 2009 los partidos recibirán 2670 millones de pesos (que significarían, con campañas de 71 días, casi 38 millones de pesos diarios). Con las nuevas reglas, dentro de dos años los partidos recibirán 800 millones de pesos que, gracias a la reducción en los plazos para campañas, equivaldrán a 13.3 millones de pesos diarios.

   La reforma constitucional tiene otras consecuencias sobre las que será preciso detenerse más adelante. Entre ellas se encuentran la reglamentación de precampañas, nuevas atribuciones del IFE para organizar elecciones locales y prohibición para que los sindicatos puedan formar partidos políticos.

   Cara y cruz de una reforma contradictoria: por un lado es preciso advertir la iniquidad que cometen los partidos con el árbitro electoral. Y al mismo tiempo, se puede reconocer un saludable desplante de emancipación de esos partidos respecto de la inmoderada mediocracia. Quizá sea, decía anoche el senador Pablo Gómez, “el principio del fin del miedo de la clase política a los concesionarios de la televisión”. Quizá.

La Crónica de Hoy, jueves 6 de agosto de 2007

   Sacar a la diputada Zavaleta de la transmisión televisiva de la ceremonia del sábado en San Lázaro fue una inexcusable torpeza de la Secretaría de Gobernación. La protesta de todos los grupos parlamentarios ha sido entendible e inevitable, máxime porque la censura no solo afectaba a una legisladora del PRD sino, antes que nada, a la presidenta de la Cámara de Diputados.

   Ahora sin embargo los partidos, o al menos PRD y PRI, insisten en perpetrar, en contra de la autoridad electoral, un abuso mucho más grave. La destitución de los consejeros del IFE sería un acto de revancha política por motivos desdichadamente impolíticos, como se comentaba hace una semana en esta página.

   Los legisladores que han clamado su legítima indignación por la exclusión electrónica al discurso de la diputada Ruth Zavaleta miran la paja en el veto ajeno. No quieren percatarse del tremendo atropello que están a punto de formalizar al incluir la remoción forzosa de los consejeros entre los cambios que implicaría la nueva reforma electoral.

   El desagravio a la presidenta de la Cámara fue del tamaño de la falta cometida contra su investidura. El breve mensaje censurado en la transmisión oficial fue incluido horas más tarde, en medio de la programación habitual de los canales de televisión. Gracias a ello tuvo una audiencia muy superior a la que hubiera logrado en los minutos previos a la llegada del presidente Calderón para entregar su informe de Gobierno.

   No era gran cosa lo que decía Zavaleta en ese mensaje. Las machincuepas retóricas para justificar su ausencia de la Cámara hubieran sido incomprensibles fuera del marco de acontecimientos absurdos, algunos de ellos rayanos en la esquizofrenia política, que ha singularizado al comportamiento de los partidos y especialmente al PRD. Durante varias semanas la sociedad mexicana, inerme ante las andanadas de inconsecuencias que le propina la llamada clase política, presenció el extravagante regateo por la ceremonia del informe.

   Los acuerdos finales, francamente nimios, fueron tomados unos minutos antes de que el presidente llegara a San Lázaro. Esa premura explica en parte la omisión del discurso de la diputada Zavaleta en la transmisión para los canales de televisión. Pero no hay duda de que se trataba de una decisión explícita. Manuel Feregrino, periodista de Radio Fórmula, ha narrado cómo los conductores de la transmisión televisiva estaban listos para aparecer en pantalla en cuanto comenzara la intervención de la diputada del PRD. Ya estaba previsto sacarla del aire.

   Ese desacierto, cometido por alguien con alta capacidad de decisión en el círculo cercano al presidente de la República, afectó mucho más al gobierno que al partido de Zavaleta. El mensaje que al día siguiente leyó Calderón en Palacio Nacional fue desplazado, en muchos medios, por la murmuración acerca de la censura a la legisladora perredista. Ese discurso, con miga y formulaciones interesantes, fue desatendido también debido al contexto autolaudatorio en donde lo expuso el presidente Calderón.

   No cabe duda de que la ceremonia de cada 1 de septiembre tiene que cambiar. La obligación constitucional para que el titular del Ejecutivo le informe al Congreso acerca de la situación del país es uno de los pocos puentes institucionales que hay entre ambos poderes. Conviene vigorizarla con mecanismos de interlocución en donde, junto con el intercambio, se aseguren respeto y reconocimiento mutuos. Si se acuerdan de atender ese tema, los legisladores podrían resolverlo antes de que, el año próximo, el 1 de septiembre se les venga encima. Faltan 360 días para esa fecha. Sería imperdonable que los dilapidaran en nuevos dimes y diretes.

   Aunque quién sabe. La capacidad de buena parte de esa llamada clase política para magnificar las disputas pequeñas y perder el horizonte de los asuntos realmente importantes parece inagotable. A menudo pareciera que sus integrantes se empeñan en ponerse zancadillas unos a otros y no en reconocer que los avances, cuando los hay, pueden legítimamente ser reivindicados por todos.

   Esa ineptitud para el acuerdo está atrancando las dos reformas que todos han considerado indispensables pero que se han enredado en disputas mezquinas y de exiguo aliento. La reforma fiscal, que de por sí era limitada y luego fue mermada por presiones empresariales y recelos partidarios, ahora se encuentra amenazada por las dificultades para acordar la reforma electoral. PRD y PRI insisten en negociar aspectos de una con cargo a la otra. Si no hay acuerdo en todo, amagan, no habrá acuerdo en nada.

   Al revolver ambas discusiones los partidos extravían el sentido de cada una de tales reformas. Resulta aberrante que los recursos para el gasto público dependan del regateo alrededor de prerrogativas electorales o, peor aún, de la vendetta política contra los consejeros del IFE. Pero en eso están.

   La iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral incluye medidas sustanciales como la reducción del dinero que se destina a los partidos y de los plazos para las campañas. Pero otras de esas propuestas pueden tener un carácter regresivo.

   Actualmente el financiamiento a los partidos tiene dos componentes: el 30% se distribuye de manera igual entre todos los partidos y el 70% de acuerdo con los porcentajes de votación que hayan obtenido. La iniciativa mantiene solamente el segundo de esos criterios, con lo cual serían afectados los partidos más pequeños.

   Más preocupante es la creación de dos organismos que limitan las facultades del Consejo General del IFE. Se propone que haya una Contraloría, designada por la Cámara de Diputados, que fiscalizaría los gastos del Instituto. Si el Instituto es autónomo el Congreso no tiene por qué designar a su contralor. Con el mismo criterio los diputados podrían nombrar a la contraloría de la UNAM, por ejemplo.

   Por otro lado se establece que la fiscalización de las finanzas de los partidos estaría a cargo de “un órgano técnico del Consejo General”. En sus indagaciones, ese órgano técnico no estaría limitado por los secretos bancario y fiscal. Pero esa atribución, que ciertamente es de gran importancia, queda restringida a dicho organismo en vez de que se trate de una facultad del propio Consejo General.

   En otra de las enmiendas constitucionales se prohíbe “la propaganda electoral que denigre a las instituciones, los partidos o las personas”. Es entendible el propósito para evitar las campañas descalificatorias. Sin embargo en las campañas políticas son frecuentes las asperezas y las imputaciones mutuas. ¿Cómo se calificará cuándo una afirmación es denigratoria (es decir, que ofende la fama pública de alguien)?. La mejor manera de sortear o al menos disminuir la agresividad en las campañas radica en propiciar espacios para la deliberación y el intercambio de ideas. Pero nada de eso hay en la iniciativa.

   No hay una sola palabra acerca de la regulación para el acceso de los partidos a la televisión y la radio. Algunos legisladores han dicho que ese tema lo excluyeron de la propuesta que circula desde hace varios días para evitar presiones de las televisoras. Pero parece que sucedió lo contrario: es decir, que debido al cabildeo y los amagos de las empresas de televisión y radiodifusión la iniciativa de reformas constitucionales no precisa cómo habría de garantizarse la presencia de los partidos en tales medios.

   La única fórmula para que modifiquemos la dependencia que hoy tienen los partidos respecto de las empresas mediáticas consiste en cancelar cualquier tipo de contratación para espacios de propaganda política. Los partidos podrían anunciarse en espacios gratuitos, a cargo de los tiempos estatales que todavía existen en la televisión y la radio y con mediación de la autoridad electoral.

   La propuesta de reforma constitucional, por otra parte, precisa y amplía facultades del Tribunal Federal Electoral aunque reduce a 9 años el encargo (ahora es de 10 años) de los magistrados que lo integran. Igual que para los consejeros del IFE, se establece que la renovación de los magistrados del Tribunal sería de manera escalonada.

   Esa modificación no tendría que conducir a la sustitución, ahora mismo, de los consejeros del IFE. Pero si así ocurriera no habría motivo para que no fueran reemplazados, también, todos los miembros del Tribunal. Si los partidos insisten en remover ahora a los consejeros no será por necesidades de la reforma electoral sino por el pueril aunque muy costoso afán de venganza que mantienen algunos de sus dirigentes.

   De hecho, la propuesta de reforma constitucional establece plazos nada apremiantes para que entren en vigor varias de las nuevas reglas. Los cambios al régimen de financiamiento público para los partidos comenzarían a aplicarse en 2010. Si aguardarán hasta entonces para que funcione el nuevo régimen de dinero público, ¿por qué no pueden esperar también para iniciar la designación escalonada de consejeros electorales? Ya lo sabemos, aunque ahora se rehúsan a reconocerlo: con esta reforma los partidos –al menos PRD y PRI– no pretenden fortalecer sino minar a la autoridad electoral. Por eso la defenestración de los consejeros les resulta fundamental.

   Junto con su autonomía, habrán tirado por la ventana la respetabilidad de la autoridad electoral que contrasta de manera tan ventajosa con la estropeada fama pública de los partidos políticos.

La Crónica de Hoy, jueves 30 de agosto de 2007

   Cuando diseñaron las reglas para la autoridad electoral todos los partidos políticos estaban de acuerdo en que tenía que ser independiente respecto de cualquier otro poder. Soberanía, solidez, albedrío, fueron adjetivos reiterados tanto en las difíciles discusiones para elaborar la iniciativa de reformas constitucionales como en los discursos que la respaldaron en la tribuna de la Cámara de Diputados. En los últimos días de julio de 1996 desde todos los ámbitos del entramado político había coincidencia en que la reforma era provechosa porque, entre otros temas, garantizaba la autonomía de los consejeros electorales que encabezarían al IFE.

   Esa autonomía ha sido uno de los valores fundamentales de la normatividad electoral. Y en ella, como tanto se ha dicho, ha radicado la clave inicial de la transición política mexicana de los años recientes. Gracias a esa autonomía, la autoridad electoral ha podido organizar los comicios sin injerencias como las que antaño imponían el interés y la discrecionalidad del gobierno. Y ha estado en capacidad de sancionar a los partidos cuando han infringido las reglas de las elecciones.

   Tal autonomía de la autoridad electoral está a punto de ser quebrantada, de manera quizá irremediable, por la torpeza y la obcecación en algunos casos, o por la pusilanimidad o la avidez en otros, de los dirigentes y legisladores de nuestros partidos políticos. Será un error histórico, de cuyas dimensiones no pueden o no quieren darse cuenta aquellos que hoy, con demasiada ligereza, insisten en destituir a todos o algunos de los consejeros electorales.

   Es natural que a los partidos no les gusten muchas de las decisiones del IFE. En esa tensión inevitable entre la autoridad electoral y los actores que compiten en los comicios se encuentra una de las claves que garantizan comicios limpios y confiables. Los partidos compiten bajo el escrutinio de un árbitro cuyas decisiones pueden no agradarles pero que tienen que respetar –y respecto de las cuales pueden inconformarse ante el Tribunal Electoral–. En los 11 años que llevamos con ese régimen de equilibrios y recursos ha sido frecuente que los partidos discrepen de las decisiones que toman las autoridades electorales. Pero las han tenido que acatar y ese respeto, aunque sea mantenido a regañadientes, ha sido garantía de democracia.

   Ahora sin embargo, los partidos quieren remover a los consejeros electorales. El PRD quiso echarles la culpa del desenlace de la elección presidencial del año pasado; inicialmente aquel desplante contra el Consejo General podía entenderse como la reacción del que está tan seguro de ganar que de pronto, enfrentado a la realidad de la derrota, no encuentra mejor justificación que desquitarse con el árbitro. Ya hemos comprobado, no sin tristeza, que ese partido es notoriamente refractario a la reflexión y a la sensatez. Pero aun así, sacrificar a los consejeros del IFE solamente porque han sido vistos como chivos expiatorios del fracaso que ese partido tuvo en las urnas, constituye un nuevo error mayúsculo de los perredistas.

   Durante años el PRD peleó por la independencia de la autoridad electoral. La autonomía del IFE respecto del gobierno y otros poderes fue elemento fundamental en las propuestas de reforma electoral de ese partido. Ha sido, sobre todo, garante de la capacidad del Instituto para tomar decisiones al margen del interés de las fuerzas políticas.

   Gracias a esa autonomía, el IFE pudo sancionar al PRI cuando se comprobó que en la campaña de ese partido en 2000 había ingresado dinero de manera ilegal. Y pudo multar al PAN debido a los manejos irregulares del grupo Amigos de Fox.

   Ahora el PRD es el primero en promover la destitución de los actuales consejeros. Y no porque hayan cometido irregularidad alguna. A esos funcionarios electorales los quieren hacer víctimas de una revancha política.

   Lo peor es que se trata de una venganza equivocada. Si los consejeros del IFE hubieran cometido alguna ilegalidad, seguramente los partidos afectados los habrían sometido a juicio político. Ciertamente se equivocaron en algunos momentos después de las votaciones del 2 de julio del año pasado, pero se trató de yerros magnificados por la estridencia del PRD cuando se empeñaba en propalar la versión de un fraude electoral que nunca pudo demostrar.

   El PRI, por su parte, ahora tampoco quiere a los consejeros pero también debido al discurso ideologizado y falaz que construyó acerca de ellos. Los líderes de ese partido consideran que Luis Carlos Ugalde, el presidente consejero, es un alfil de Elba Esther Gordillo y a fuerza de repetirla le han conferido a esa versión una verosimilitud que no tiene suficiente respaldo en los hechos. Si el presidente del IFE guardara algún aprecio por la “maestra” ese sería problema suyo mientras tal propensión no afectara el cumplimiento de sus obligaciones. Y nadie ha demostrado que Ugalde haya tomado o propiciado decisiones favorables a esa señora o al partido del que se hizo propietaria. La versión de que entre los funcionarios designados para encabezar las casillas de la elección de 2006 había una gran proporción de líderes del SNTE jamás fue comprobada y, en todo caso, dejaba a un lado el hecho de que tales designaciones fueron resultado de un amplio proceso en el que participaron todos los partidos.

   En el PRI se les olvida que la postulación de Ugalde fue, precisamente, sugerida por ese partido. Elba Esther Gordillo era coordinadora de los diputados priistas. Pero si recordamos la zarandeada y en varios momentos vergonzosa sesión del 31 de octubre de 2003 en San Lázaro, cuando fueron designados los actuales consejeros electorales, podremos advertir que el doctor Ugalde no era el principal candidato de la maestra Gordillo para ocupar la presidencia del IFE. Los regateos entre partidos, no alrededor de los méritos académicos o políticos sino acerca de las fidelidades que se les adjudicaban a los candidatos para llegar al IFE, definieron la lista finalmente aprobada por el PAN y el PRI. El PRD había promovido una conformación más diversa para el Consejo General del organismo electoral pero cuando sus diputados se empecinaron en un solo candidato para la presidencia del Instituto terminaron marginándose de esa votación. Al despotricar contra los consejeros los líderes priistas tratan de exorcizar el fiasco electoral y las querellas internas de su partido. En ambos casos se equivocan. Y en ese error, resquebrajan la institucionalidad electoral que el PRI tuvo el gran mérito de admitir y contribuir a edificar.

   El PAN, por su parte, se ha dejado convertir en rehén de la animosidad de los otros dos partidos. La necesidad del gobierno para que se aprueben algunas reformas fundamentales y ahora, antes que nada, la prisa para que se definieran las condiciones del informe de pasado mañana, han llevado a Acción Nacional a aceptar caprichos y revanchas perredistas y priistas. El PAN ha perdido la perspectiva que permite distinguir entre lo inmediato y lo indispensable. Si el presidente Calderón está detrás de ese comportamiento timorato que consiente en la destitución de los consejeros con tal de evitar abucheos en la ceremonia del sábado, habrá privilegiado la aclamación por encima de la transición.

   La remoción de todos o algunos de los consejeros no sucedería como resultado de una reforma electoral articulada y coherente, porque ninguna de las medidas que se proponen para actualizar las reglas de la competencia política en México hacen necesario el desplazamiento de los actuales directivos del IFE. Si en ese proyecto de reforma queda incluida la sustitución de los consejeros se deberá, exclusivamente, a la rabieta del PRD y el PRI.

   De ocurrir así, resultará imposible seguir hablando de autonomía de la autoridad electoral. Sería muy difícil que las nuevas autoridades del IFE, cualesquiera que sean sus nombres y prendas, se aventurasen a sancionar a los partidos sin temer por la estabilidad de sus cargos y de la institución toda.

   Lo mismo en otros órganos formal o pretendidamente autónomos: después de este episodio a ver quiénes son los valientes que en instituciones como el IFAI, o la CNDH, se animan a desafiar el interés de los partidos políticos a riesgo de fraguar su propia destitución.

   Las reformas legales son plausibles cuando permiten adecuar el sistema jurídico a las nuevas realidades de la sociedad. En este caso, sin embargo, estaríamos ante una medida sin más propósito que desahogar rencores de la élite partidaria. Se trataría, por sus implicaciones, del suicidio de esta transición política.

La Crónica, marzo 20 de 2005

La disputa por el desafuero ha sido causa de estridencia pero, también, de distracciones. Gracias a ella hemos dejado de advertir el que quizá constituya el problema central de nuestra vida política y que es la superficialidad y debilidad de nuestros partidos.

Entretenidos en las acusaciones mutuas entre el gobierno federal y Andrés Manuel López Obrador, observadores profesionales y ciudadanos han soslayado las cada vez más frecuentes inconsistencias de los partidos que, hipotéticamente, tendrían que ser pilares y a la vez motores de la institucionalidad política que hemos creado.

Ninguno de los tres partidos nacionales está siendo capaz de resolver ordenadamente sus respectivas contradicciones internas. Ninguno, por lo tanto, está contribuyendo a la distensión y al reencauzamiento que hacen falta en la desbordada vida pública mexicana.

En algunos casos la ausencia de auténtica vida interna para la que no cuentan con tradiciones ni prácticas sólidas; en otros la inestabilidad de proyectos y convicciones y en varios más simplemente la falta de certidumbre por parte de sus dirigentes y militantes en los compromisos básicos que siempre requiere la política organizada, hacen de nuestros partidos organizaciones vistosas y estrepitosas pero, por dentro, profundamente huecas y con frecuencia inoperantes.

Nuevos espacios

El surgimiento y la expansión de cauces no tradicionales para expresar algunas de las tensiones de la vida pública han contribuido al debilitamiento de los partidos. En todo el mundo la proliferación de movimientos sociales y ciudadanos –que emplean mecanismos tan heterodoxos como la creación de redes apuntaladas en la Internet o, más recientemente, el envío de mensajes de texto por teléfonos celulares– afecta a los partidos, sobre todo cuando no saben cómo imbricarse con esas nuevas realidades.

La insoslayable presencia de los medios de comunicación de masas forma parte de ese nuevo contexto en donde los partidos tienden a ser desplazados como instrumentos privilegiados en la presión y la expresión públicas. Algunas de las funciones tradicionales de los partidos –como la representación directa de intereses comunitarios o la deliberación de los asuntos públicos más importantes– se cumplen en espacios mediáticos como la televisión y la radio o, a veces, son reemplazadas por cabildeos privados o apremios en la prensa. Los escenarios y de alguna manera también las rutinas del quehacer político han cambiado y en los partidos pocas veces existe sensibilidad suficiente para advertir esas condiciones.

Tenemos, así, nuevos espacios para hacer política con políticos hechos en estilos arcaicos. Los dirigentes formados en la vieja escuela están habituados al desplante autoritario o al clientelismo pero pocas veces anteponen la deliberación y el diálogo que suelen ser el corazón de la política. De allí, junto con causas como las antes mencionadas, el desbordamiento que padecen los partidos debido a sus zozobras internas.

PRD, caudillismo

Con distintas causas pero similares tendencias, los tres partidos nacionales han manifestado en días recientes las dificultades que experimentan para resolver sus conflictos domésticos. Decisiones ambiguas en un PRI que no aprende a discutir y resolver democráticamente sus diferendos; posiciones refractarias a la democracia en Acción Nacional; caudillismo y avasallamiento de cualquier disidencia dentro del PRD: ese es el panorama que ofrecen hoy los grandes partidos a una sociedad que cotidianamente encuentra nuevos motivos para desconfiar de ellos.

El de la Revolución Democrática es un partido definido por la inconsecuencia. No solo es ajeno, hoy en día, al nombre que solo por costumbre todavía lo identifica. También le ha dado la espalda a las tradiciones políticas a partir de las cuales fue creado y a no pocos de sus militantes más empeñosos.

Otrora comprometido con la democracia –o eso, al menos, creían muchos de sus integrantes– el PRD se ha convertido en la organización política nacional más distanciada de ese valor de la vida pública. La condicionada participación, la deliberación escasa y desde luego las decisiones y expresiones de ese partido, se encuentran hoy en día fundamentalmente definidas por la subordinación a un personaje autoritario y caudillesco.

Andrés Manuel López Obrador es el hombre que quizá podría darle al PRD un triunfo nacional pero que, al mismo tiempo, acabará con ese partido político como tal. La vida interna, las designaciones de candidatos y dirigentes y las prioridades del PRD se encuentran supeditadas a los intereses políticos del jefe de Gobierno de la ciudad de México. Hoy en día allí no se toma una sola decisión relevante si no es consultada en las oficinas de López Obrador.

Al gusto de AMLO

Así como en el viejo aunque no del todo desplazado régimen las acciones del PRI eran diseñadas o al menos autorizadas en Los Pinos, actualmente las determinaciones del PRD tienen que ser avaladas en el Zócalo en donde tiene sus oficinas el jefe del gobierno local.

La apropiación del PRD por parte de López Obrador y sus intereses apenas comienza. El día de hoy se formalizará la designación de Leonel Cota Montaño como presidente nacional de ese partido. Es posible que la participación de militantes del PRD sea escasa. No suele haber interés en un proceso de elección partidaria cuando el resultado puede anticiparse con tanta certeza. Pero, sobre todo, es difícil que aun los más abnegados miembros de un partido se involucren en una votación tan vacía de propuestas.

Nadie sabe qué ha propuesto el hasta hace poco gobernador de Baja California Sur para que lo elijan presidente del PRD. Qué ideas, cuál visión del partido, qué diagnóstico de la situación del país… prácticamente nada ha dicho el inminente líder nacional perredista en parte porque no le hace falta.

Para encabezar a ese partido Leonel Cota no necesita demasiados votos. En realidad solamente le ha hecho falta uno, el de López Obrador.

No han sido necesariamente sus méritos como estratega político y mucho menos el conocimiento que tiene de ese partido los atributos gracias a los cuales esta noche a Cota se le proclamará como presidente nacional electo del PRD.

Su mérito principal y prácticamente el único será haber resultado beneficiario de la confianza del caudillo más influyente en ese partido. Por lo demás, sería difícil que Cota Montaño tuviera propuestas especialmente enteradas acerca de lo que quiere para el PRD. No conoce al partido. Hace poco más de seis años era miembro del PRI y, después, ese lapso lo dedicó fundamentalmente a gobernar Baja California Sur.

El PRD elegirá hoy como presidente nacional a un personaje ajeno a su historia y desarrollo pero que ha sido consagrado por López Obrador.

Vieja estructura

Las cosas no son tan simples en el Partido Acción Nacional que no logra transitar del autoritarismo familiar en el que pudo vivir durante varias décadas al diseño de un partido moderno, amplio y diverso.

En el transcurso de los años recientes el PAN ha crecido tanto en cantidad de afiliados como en presencia pública pero sus normas internas no se han modificado de manera similar a ese desarrollo. Aunque han experimentado algunos cambios los Estatutos panistas mantienen la estructura vertical, que concentraba una gran cantidad de atribuciones en unos cuantos dirigentes, que le permitieron estabilidad y cohesión durante largo tiempo. La recientemente ejercida facultad del presidente nacional para designar al coordinador de los diputados federales es uno de los muchos resabios de aquella estructura autoritaria que se mantiene en dicho partido.

En otras épocas, Acción Nacional estaba fundamentalmente acotado a unos cuantos grupos que se ponían de acuerdo sin necesidad de llevar sus diferencias a los órganos formales de deliberación. No había auténticos litigios internos, al menos de manera frecuente. De cuando en cuando algunos inconformes con esos procedimientos se marchaban del partido –como hicieron en octubre de 1992 los militantes encabezados por Pablo Emilio Madero– gracias a lo cual en vez de fracturarlo le daban nueva estabilidad al PAN.

Ese era un partido de posiciones políticas claras –más allá de que con frecuencia pudieran resultar profundamente discutibles– y de actitudes que procuraba identificar con la moralidad pública. De esa manera el PAN se contraponía a la fama y las prácticas del PRI y la mayoría de sus gobernantes.

Pero el partido creció, se volvió exitoso, conquistó posiciones de poder. Y sin embargo, internamente no se ajustó a esas nuevas condiciones. Por un lado, la presencia pública del PAN comenzó a estar matizada por los logros y muy especialmente los tropiezos de sus gobernantes más emblemáticos. Por otro y a consecuencia de su crecimiento en Acción Nacional se han desarrollado grupos de interés que no siempre encuentran cauces para tener presencia y hacer política.

En vez de cosechar el prestigio que podría resultar del primer gobierno no priista en la historia contemporánea de México, Acción Nacional comenzó a padecer el descrédito suscitado por los notorios errores del presidente y sus colaboradores. Peor aún, al quedar cercado por un grupo cuyos intereses no pasan necesariamente por reivindicaciones panistas Fox se apartó del partido e incluso en algunas ocasiones lo ha visto como fuente de reproches a su gobierno.

Desconcierto panista

La reciente elección de un nuevo presidente nacional podía haber sido motivo de cohesión para los panistas. Sin embargo el triunfo de Manuel Espino, que provenía de un grupo distinto a los que tradicionalmente habían dominado en el PAN, fue recibido con desconfianza e intolerancia por los perdedores y quienes simpatizan con ellos.

Así como en los mentideros mediáticos se esparció la versión de que esa elección interna la ganaría Carlos Medina Plascencia, dentro del PAN los grupos dominantes estaban convencidos de que el presidente del partido sería el político guanajuatense. Cuando la mayoría de los consejeros nacionales votó por Espino, algunos de los panistas que perdieron fueron incapaces de elaborar una explicación congruente para ese resultado.

Varios de ellos han sostenido que en ese partido hay un viraje a la derecha. Quizá así ocurrirá pero ese argumento no esclarece por qué la mayoría de los miembros del Consejo Nacional respaldaron a Manuel Espino Barrientos.

Luego se ha dicho que ese era el candidato de Vicente Fox y su esposa y que en los días previos hubo una intensa labor desde la Presidencia de la República para persuadir a los consejeros panistas a favor de Espino.

Si esa fue la causa de aquella votación entonces la mayoría de los consejeros son dirigentes de endebles convicciones políticas y se dejan manipular, o amedrentar, por unas cuantas llamadas telefónicas.

Entre esa facha del PAN y la supeditación que el PRI tuvo durante décadas a las prescripciones que le impartían desde Los Pinos, no habría diferencia alguna. Los panistas que para descalificar la elección de Espino han sostenido que se debió a una maniobra del presidente y su esposa están logrando desacreditar a su partido con mayor contundencia que ninguna de las escisiones, anteriores o recientes, que ha experimentado Acción Nacional.

Sin novedad en el PRI

En el PRI nada ha cambiado excepto la subordinación al Presidente de la República. La culminación de la XIX Asamblea Nacional de ese partido, a comienzos de este mes, parecía la desembocadura de un proceso de reconsideraciones y ajustes para modernizarlo después de la derrota de 2000 y ponerlo a tono con la nueva competitividad de la política mexicana.

Pero prácticamente nada cambió en el PRI. El más publicitado de los acuerdos recientes fue el texto sobre política energética en su Programa de Acción. Aunque ya no defiende la inmovilidad de las disposiciones constitucionales sobre la exclusividad del Estado en el petróleo y la electricidad, la nueva definición tampoco propone la apertura a la inversión privada como inicialmente se dijo en una lectura apresurada en numerosos medios e incluso por parte del secretario de Gobernación que se precipitó al aplaudir ese supuesto cambio.

Nada sustancial cambia en el PRI, comenzando por la costumbre de aparentar que hay novedades cuando realmente solo se modifican detalles cosméticos. El nuevo PRI no existe mas que en la propaganda de quienes hacen negocio con los abundantes recursos que ese partido y sus dirigentes están invirtiendo para que parezca que a su interior hay competencia política.

Las componendas por encima de los principios siguen definiendo conductas, orientación y destino del Revolucionario Institucional. Esa es la política que sabe hacer Roberto Madrazo Pintado y a la cual, con tal de recuperar el gobierno, se subordinará la mayoría de los miembros de ese partido.

Tenemos tres partidos nacionales ensimismados en sus propios litigios, los tres de miras cortas y ambiciones intensas. El horizonte de todos ellos apenas llega hasta julio de 2006. Sus metas los empequeñecen. Sus insuficiencias pesan sobre una vida pública a la que no tienen aptitud para dar aliento ni perspectivas.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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