Sociedad y poder

La Crónica de Hoy, jueves 30 de agosto de 2007

   Cuando diseñaron las reglas para la autoridad electoral todos los partidos políticos estaban de acuerdo en que tenía que ser independiente respecto de cualquier otro poder. Soberanía, solidez, albedrío, fueron adjetivos reiterados tanto en las difíciles discusiones para elaborar la iniciativa de reformas constitucionales como en los discursos que la respaldaron en la tribuna de la Cámara de Diputados. En los últimos días de julio de 1996 desde todos los ámbitos del entramado político había coincidencia en que la reforma era provechosa porque, entre otros temas, garantizaba la autonomía de los consejeros electorales que encabezarían al IFE.

   Esa autonomía ha sido uno de los valores fundamentales de la normatividad electoral. Y en ella, como tanto se ha dicho, ha radicado la clave inicial de la transición política mexicana de los años recientes. Gracias a esa autonomía, la autoridad electoral ha podido organizar los comicios sin injerencias como las que antaño imponían el interés y la discrecionalidad del gobierno. Y ha estado en capacidad de sancionar a los partidos cuando han infringido las reglas de las elecciones.

   Tal autonomía de la autoridad electoral está a punto de ser quebrantada, de manera quizá irremediable, por la torpeza y la obcecación en algunos casos, o por la pusilanimidad o la avidez en otros, de los dirigentes y legisladores de nuestros partidos políticos. Será un error histórico, de cuyas dimensiones no pueden o no quieren darse cuenta aquellos que hoy, con demasiada ligereza, insisten en destituir a todos o algunos de los consejeros electorales.

   Es natural que a los partidos no les gusten muchas de las decisiones del IFE. En esa tensión inevitable entre la autoridad electoral y los actores que compiten en los comicios se encuentra una de las claves que garantizan comicios limpios y confiables. Los partidos compiten bajo el escrutinio de un árbitro cuyas decisiones pueden no agradarles pero que tienen que respetar –y respecto de las cuales pueden inconformarse ante el Tribunal Electoral–. En los 11 años que llevamos con ese régimen de equilibrios y recursos ha sido frecuente que los partidos discrepen de las decisiones que toman las autoridades electorales. Pero las han tenido que acatar y ese respeto, aunque sea mantenido a regañadientes, ha sido garantía de democracia.

   Ahora sin embargo, los partidos quieren remover a los consejeros electorales. El PRD quiso echarles la culpa del desenlace de la elección presidencial del año pasado; inicialmente aquel desplante contra el Consejo General podía entenderse como la reacción del que está tan seguro de ganar que de pronto, enfrentado a la realidad de la derrota, no encuentra mejor justificación que desquitarse con el árbitro. Ya hemos comprobado, no sin tristeza, que ese partido es notoriamente refractario a la reflexión y a la sensatez. Pero aun así, sacrificar a los consejeros del IFE solamente porque han sido vistos como chivos expiatorios del fracaso que ese partido tuvo en las urnas, constituye un nuevo error mayúsculo de los perredistas.

   Durante años el PRD peleó por la independencia de la autoridad electoral. La autonomía del IFE respecto del gobierno y otros poderes fue elemento fundamental en las propuestas de reforma electoral de ese partido. Ha sido, sobre todo, garante de la capacidad del Instituto para tomar decisiones al margen del interés de las fuerzas políticas.

   Gracias a esa autonomía, el IFE pudo sancionar al PRI cuando se comprobó que en la campaña de ese partido en 2000 había ingresado dinero de manera ilegal. Y pudo multar al PAN debido a los manejos irregulares del grupo Amigos de Fox.

   Ahora el PRD es el primero en promover la destitución de los actuales consejeros. Y no porque hayan cometido irregularidad alguna. A esos funcionarios electorales los quieren hacer víctimas de una revancha política.

   Lo peor es que se trata de una venganza equivocada. Si los consejeros del IFE hubieran cometido alguna ilegalidad, seguramente los partidos afectados los habrían sometido a juicio político. Ciertamente se equivocaron en algunos momentos después de las votaciones del 2 de julio del año pasado, pero se trató de yerros magnificados por la estridencia del PRD cuando se empeñaba en propalar la versión de un fraude electoral que nunca pudo demostrar.

   El PRI, por su parte, ahora tampoco quiere a los consejeros pero también debido al discurso ideologizado y falaz que construyó acerca de ellos. Los líderes de ese partido consideran que Luis Carlos Ugalde, el presidente consejero, es un alfil de Elba Esther Gordillo y a fuerza de repetirla le han conferido a esa versión una verosimilitud que no tiene suficiente respaldo en los hechos. Si el presidente del IFE guardara algún aprecio por la “maestra” ese sería problema suyo mientras tal propensión no afectara el cumplimiento de sus obligaciones. Y nadie ha demostrado que Ugalde haya tomado o propiciado decisiones favorables a esa señora o al partido del que se hizo propietaria. La versión de que entre los funcionarios designados para encabezar las casillas de la elección de 2006 había una gran proporción de líderes del SNTE jamás fue comprobada y, en todo caso, dejaba a un lado el hecho de que tales designaciones fueron resultado de un amplio proceso en el que participaron todos los partidos.

   En el PRI se les olvida que la postulación de Ugalde fue, precisamente, sugerida por ese partido. Elba Esther Gordillo era coordinadora de los diputados priistas. Pero si recordamos la zarandeada y en varios momentos vergonzosa sesión del 31 de octubre de 2003 en San Lázaro, cuando fueron designados los actuales consejeros electorales, podremos advertir que el doctor Ugalde no era el principal candidato de la maestra Gordillo para ocupar la presidencia del IFE. Los regateos entre partidos, no alrededor de los méritos académicos o políticos sino acerca de las fidelidades que se les adjudicaban a los candidatos para llegar al IFE, definieron la lista finalmente aprobada por el PAN y el PRI. El PRD había promovido una conformación más diversa para el Consejo General del organismo electoral pero cuando sus diputados se empecinaron en un solo candidato para la presidencia del Instituto terminaron marginándose de esa votación. Al despotricar contra los consejeros los líderes priistas tratan de exorcizar el fiasco electoral y las querellas internas de su partido. En ambos casos se equivocan. Y en ese error, resquebrajan la institucionalidad electoral que el PRI tuvo el gran mérito de admitir y contribuir a edificar.

   El PAN, por su parte, se ha dejado convertir en rehén de la animosidad de los otros dos partidos. La necesidad del gobierno para que se aprueben algunas reformas fundamentales y ahora, antes que nada, la prisa para que se definieran las condiciones del informe de pasado mañana, han llevado a Acción Nacional a aceptar caprichos y revanchas perredistas y priistas. El PAN ha perdido la perspectiva que permite distinguir entre lo inmediato y lo indispensable. Si el presidente Calderón está detrás de ese comportamiento timorato que consiente en la destitución de los consejeros con tal de evitar abucheos en la ceremonia del sábado, habrá privilegiado la aclamación por encima de la transición.

   La remoción de todos o algunos de los consejeros no sucedería como resultado de una reforma electoral articulada y coherente, porque ninguna de las medidas que se proponen para actualizar las reglas de la competencia política en México hacen necesario el desplazamiento de los actuales directivos del IFE. Si en ese proyecto de reforma queda incluida la sustitución de los consejeros se deberá, exclusivamente, a la rabieta del PRD y el PRI.

   De ocurrir así, resultará imposible seguir hablando de autonomía de la autoridad electoral. Sería muy difícil que las nuevas autoridades del IFE, cualesquiera que sean sus nombres y prendas, se aventurasen a sancionar a los partidos sin temer por la estabilidad de sus cargos y de la institución toda.

   Lo mismo en otros órganos formal o pretendidamente autónomos: después de este episodio a ver quiénes son los valientes que en instituciones como el IFAI, o la CNDH, se animan a desafiar el interés de los partidos políticos a riesgo de fraguar su propia destitución.

   Las reformas legales son plausibles cuando permiten adecuar el sistema jurídico a las nuevas realidades de la sociedad. En este caso, sin embargo, estaríamos ante una medida sin más propósito que desahogar rencores de la élite partidaria. Se trataría, por sus implicaciones, del suicidio de esta transición política.

La Crónica, marzo 20 de 2005

La disputa por el desafuero ha sido causa de estridencia pero, también, de distracciones. Gracias a ella hemos dejado de advertir el que quizá constituya el problema central de nuestra vida política y que es la superficialidad y debilidad de nuestros partidos.

Entretenidos en las acusaciones mutuas entre el gobierno federal y Andrés Manuel López Obrador, observadores profesionales y ciudadanos han soslayado las cada vez más frecuentes inconsistencias de los partidos que, hipotéticamente, tendrían que ser pilares y a la vez motores de la institucionalidad política que hemos creado.

Ninguno de los tres partidos nacionales está siendo capaz de resolver ordenadamente sus respectivas contradicciones internas. Ninguno, por lo tanto, está contribuyendo a la distensión y al reencauzamiento que hacen falta en la desbordada vida pública mexicana.

En algunos casos la ausencia de auténtica vida interna para la que no cuentan con tradiciones ni prácticas sólidas; en otros la inestabilidad de proyectos y convicciones y en varios más simplemente la falta de certidumbre por parte de sus dirigentes y militantes en los compromisos básicos que siempre requiere la política organizada, hacen de nuestros partidos organizaciones vistosas y estrepitosas pero, por dentro, profundamente huecas y con frecuencia inoperantes.

Nuevos espacios

El surgimiento y la expansión de cauces no tradicionales para expresar algunas de las tensiones de la vida pública han contribuido al debilitamiento de los partidos. En todo el mundo la proliferación de movimientos sociales y ciudadanos –que emplean mecanismos tan heterodoxos como la creación de redes apuntaladas en la Internet o, más recientemente, el envío de mensajes de texto por teléfonos celulares– afecta a los partidos, sobre todo cuando no saben cómo imbricarse con esas nuevas realidades.

La insoslayable presencia de los medios de comunicación de masas forma parte de ese nuevo contexto en donde los partidos tienden a ser desplazados como instrumentos privilegiados en la presión y la expresión públicas. Algunas de las funciones tradicionales de los partidos –como la representación directa de intereses comunitarios o la deliberación de los asuntos públicos más importantes– se cumplen en espacios mediáticos como la televisión y la radio o, a veces, son reemplazadas por cabildeos privados o apremios en la prensa. Los escenarios y de alguna manera también las rutinas del quehacer político han cambiado y en los partidos pocas veces existe sensibilidad suficiente para advertir esas condiciones.

Tenemos, así, nuevos espacios para hacer política con políticos hechos en estilos arcaicos. Los dirigentes formados en la vieja escuela están habituados al desplante autoritario o al clientelismo pero pocas veces anteponen la deliberación y el diálogo que suelen ser el corazón de la política. De allí, junto con causas como las antes mencionadas, el desbordamiento que padecen los partidos debido a sus zozobras internas.

PRD, caudillismo

Con distintas causas pero similares tendencias, los tres partidos nacionales han manifestado en días recientes las dificultades que experimentan para resolver sus conflictos domésticos. Decisiones ambiguas en un PRI que no aprende a discutir y resolver democráticamente sus diferendos; posiciones refractarias a la democracia en Acción Nacional; caudillismo y avasallamiento de cualquier disidencia dentro del PRD: ese es el panorama que ofrecen hoy los grandes partidos a una sociedad que cotidianamente encuentra nuevos motivos para desconfiar de ellos.

El de la Revolución Democrática es un partido definido por la inconsecuencia. No solo es ajeno, hoy en día, al nombre que solo por costumbre todavía lo identifica. También le ha dado la espalda a las tradiciones políticas a partir de las cuales fue creado y a no pocos de sus militantes más empeñosos.

Otrora comprometido con la democracia –o eso, al menos, creían muchos de sus integrantes– el PRD se ha convertido en la organización política nacional más distanciada de ese valor de la vida pública. La condicionada participación, la deliberación escasa y desde luego las decisiones y expresiones de ese partido, se encuentran hoy en día fundamentalmente definidas por la subordinación a un personaje autoritario y caudillesco.

Andrés Manuel López Obrador es el hombre que quizá podría darle al PRD un triunfo nacional pero que, al mismo tiempo, acabará con ese partido político como tal. La vida interna, las designaciones de candidatos y dirigentes y las prioridades del PRD se encuentran supeditadas a los intereses políticos del jefe de Gobierno de la ciudad de México. Hoy en día allí no se toma una sola decisión relevante si no es consultada en las oficinas de López Obrador.

Al gusto de AMLO

Así como en el viejo aunque no del todo desplazado régimen las acciones del PRI eran diseñadas o al menos autorizadas en Los Pinos, actualmente las determinaciones del PRD tienen que ser avaladas en el Zócalo en donde tiene sus oficinas el jefe del gobierno local.

La apropiación del PRD por parte de López Obrador y sus intereses apenas comienza. El día de hoy se formalizará la designación de Leonel Cota Montaño como presidente nacional de ese partido. Es posible que la participación de militantes del PRD sea escasa. No suele haber interés en un proceso de elección partidaria cuando el resultado puede anticiparse con tanta certeza. Pero, sobre todo, es difícil que aun los más abnegados miembros de un partido se involucren en una votación tan vacía de propuestas.

Nadie sabe qué ha propuesto el hasta hace poco gobernador de Baja California Sur para que lo elijan presidente del PRD. Qué ideas, cuál visión del partido, qué diagnóstico de la situación del país… prácticamente nada ha dicho el inminente líder nacional perredista en parte porque no le hace falta.

Para encabezar a ese partido Leonel Cota no necesita demasiados votos. En realidad solamente le ha hecho falta uno, el de López Obrador.

No han sido necesariamente sus méritos como estratega político y mucho menos el conocimiento que tiene de ese partido los atributos gracias a los cuales esta noche a Cota se le proclamará como presidente nacional electo del PRD.

Su mérito principal y prácticamente el único será haber resultado beneficiario de la confianza del caudillo más influyente en ese partido. Por lo demás, sería difícil que Cota Montaño tuviera propuestas especialmente enteradas acerca de lo que quiere para el PRD. No conoce al partido. Hace poco más de seis años era miembro del PRI y, después, ese lapso lo dedicó fundamentalmente a gobernar Baja California Sur.

El PRD elegirá hoy como presidente nacional a un personaje ajeno a su historia y desarrollo pero que ha sido consagrado por López Obrador.

Vieja estructura

Las cosas no son tan simples en el Partido Acción Nacional que no logra transitar del autoritarismo familiar en el que pudo vivir durante varias décadas al diseño de un partido moderno, amplio y diverso.

En el transcurso de los años recientes el PAN ha crecido tanto en cantidad de afiliados como en presencia pública pero sus normas internas no se han modificado de manera similar a ese desarrollo. Aunque han experimentado algunos cambios los Estatutos panistas mantienen la estructura vertical, que concentraba una gran cantidad de atribuciones en unos cuantos dirigentes, que le permitieron estabilidad y cohesión durante largo tiempo. La recientemente ejercida facultad del presidente nacional para designar al coordinador de los diputados federales es uno de los muchos resabios de aquella estructura autoritaria que se mantiene en dicho partido.

En otras épocas, Acción Nacional estaba fundamentalmente acotado a unos cuantos grupos que se ponían de acuerdo sin necesidad de llevar sus diferencias a los órganos formales de deliberación. No había auténticos litigios internos, al menos de manera frecuente. De cuando en cuando algunos inconformes con esos procedimientos se marchaban del partido –como hicieron en octubre de 1992 los militantes encabezados por Pablo Emilio Madero– gracias a lo cual en vez de fracturarlo le daban nueva estabilidad al PAN.

Ese era un partido de posiciones políticas claras –más allá de que con frecuencia pudieran resultar profundamente discutibles– y de actitudes que procuraba identificar con la moralidad pública. De esa manera el PAN se contraponía a la fama y las prácticas del PRI y la mayoría de sus gobernantes.

Pero el partido creció, se volvió exitoso, conquistó posiciones de poder. Y sin embargo, internamente no se ajustó a esas nuevas condiciones. Por un lado, la presencia pública del PAN comenzó a estar matizada por los logros y muy especialmente los tropiezos de sus gobernantes más emblemáticos. Por otro y a consecuencia de su crecimiento en Acción Nacional se han desarrollado grupos de interés que no siempre encuentran cauces para tener presencia y hacer política.

En vez de cosechar el prestigio que podría resultar del primer gobierno no priista en la historia contemporánea de México, Acción Nacional comenzó a padecer el descrédito suscitado por los notorios errores del presidente y sus colaboradores. Peor aún, al quedar cercado por un grupo cuyos intereses no pasan necesariamente por reivindicaciones panistas Fox se apartó del partido e incluso en algunas ocasiones lo ha visto como fuente de reproches a su gobierno.

Desconcierto panista

La reciente elección de un nuevo presidente nacional podía haber sido motivo de cohesión para los panistas. Sin embargo el triunfo de Manuel Espino, que provenía de un grupo distinto a los que tradicionalmente habían dominado en el PAN, fue recibido con desconfianza e intolerancia por los perdedores y quienes simpatizan con ellos.

Así como en los mentideros mediáticos se esparció la versión de que esa elección interna la ganaría Carlos Medina Plascencia, dentro del PAN los grupos dominantes estaban convencidos de que el presidente del partido sería el político guanajuatense. Cuando la mayoría de los consejeros nacionales votó por Espino, algunos de los panistas que perdieron fueron incapaces de elaborar una explicación congruente para ese resultado.

Varios de ellos han sostenido que en ese partido hay un viraje a la derecha. Quizá así ocurrirá pero ese argumento no esclarece por qué la mayoría de los miembros del Consejo Nacional respaldaron a Manuel Espino Barrientos.

Luego se ha dicho que ese era el candidato de Vicente Fox y su esposa y que en los días previos hubo una intensa labor desde la Presidencia de la República para persuadir a los consejeros panistas a favor de Espino.

Si esa fue la causa de aquella votación entonces la mayoría de los consejeros son dirigentes de endebles convicciones políticas y se dejan manipular, o amedrentar, por unas cuantas llamadas telefónicas.

Entre esa facha del PAN y la supeditación que el PRI tuvo durante décadas a las prescripciones que le impartían desde Los Pinos, no habría diferencia alguna. Los panistas que para descalificar la elección de Espino han sostenido que se debió a una maniobra del presidente y su esposa están logrando desacreditar a su partido con mayor contundencia que ninguna de las escisiones, anteriores o recientes, que ha experimentado Acción Nacional.

Sin novedad en el PRI

En el PRI nada ha cambiado excepto la subordinación al Presidente de la República. La culminación de la XIX Asamblea Nacional de ese partido, a comienzos de este mes, parecía la desembocadura de un proceso de reconsideraciones y ajustes para modernizarlo después de la derrota de 2000 y ponerlo a tono con la nueva competitividad de la política mexicana.

Pero prácticamente nada cambió en el PRI. El más publicitado de los acuerdos recientes fue el texto sobre política energética en su Programa de Acción. Aunque ya no defiende la inmovilidad de las disposiciones constitucionales sobre la exclusividad del Estado en el petróleo y la electricidad, la nueva definición tampoco propone la apertura a la inversión privada como inicialmente se dijo en una lectura apresurada en numerosos medios e incluso por parte del secretario de Gobernación que se precipitó al aplaudir ese supuesto cambio.

Nada sustancial cambia en el PRI, comenzando por la costumbre de aparentar que hay novedades cuando realmente solo se modifican detalles cosméticos. El nuevo PRI no existe mas que en la propaganda de quienes hacen negocio con los abundantes recursos que ese partido y sus dirigentes están invirtiendo para que parezca que a su interior hay competencia política.

Las componendas por encima de los principios siguen definiendo conductas, orientación y destino del Revolucionario Institucional. Esa es la política que sabe hacer Roberto Madrazo Pintado y a la cual, con tal de recuperar el gobierno, se subordinará la mayoría de los miembros de ese partido.

Tenemos tres partidos nacionales ensimismados en sus propios litigios, los tres de miras cortas y ambiciones intensas. El horizonte de todos ellos apenas llega hasta julio de 2006. Sus metas los empequeñecen. Sus insuficiencias pesan sobre una vida pública a la que no tienen aptitud para dar aliento ni perspectivas.

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La Crónica, 1 de febrero de 2005

Les da pena decir que se trata de un partido político pero consideran que han cubierto los requisitos legales para ser registrados como eso: los dirigentes de Nueva Alianza, cuya asamblea constitutiva tuvo lugar el sábado 29 de enero, aparentemente apuestan a una política distinta a la convencional. Sin embargo sus antecedentes políticos, cuando los tienen, se encuentran en el circuito de las rutinas priistas más ordinarias.

   A Guillermo Xiuh Tenorio Antiga, que a sus 27 años ha sido dirigente de la agrupación política nacional Conciencia Política y ahora es coordinador de Vinculación de Nueva Alianza, le parece que en el emblema de esa recién creada organización no debe aparecer la palabra partido porque tiene una “connotación negativa”. Ese término, “si acaso lo pondremos en letras chiquitas y hasta abajo”, le dijo a la reportera Claudia Herrera de La Jornada.

   Esos nuevos políticos que abominan de la política, aparentemente lograron la hazaña de satisfacer los complejos y costosos requisitos que la ley federal electoral establece para el registro de nuevos partidos. El IFE dirá si lo consiguieron pero mientras tanto comienzan a figurar en el elenco partidario nacional.

   La primera duda sobre esa organización es cómo logró reunir los afiliados y asambleas necesarios para el registro. La explicación que se ha propalado al respecto, aunque los dirigentes de ese grupo lo niegan, es que se trata de un partido patrocinado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

   En varios casos, de acuerdo con notas periodísticas que se pueden localizar en los últimos seis meses, a las asambleas de Nueva Alianza asistieron importantes grupos de profesores del SNTE. Otra vinculación importante es la colaboración cercana que algunos dirigentes de Nueva Alianza han tenido con la profesora Elba Esther Gordillo.

   Miguel Ángel Jiménez Godínez, politólogo de 38 años, es el presidente del nuevo partido. Igual que varios de sus compañeros en esta aventura es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

   Varios diarios señalaron ayer y antier que Jiménez Godínez es casi desconocido en el escenario político mexicano. Pero en un reportaje de Alberto Aguirre y Marco A. Martínez publicado en diciembre pasado en Reforma él mismo describe su trayectoria profesional: al egresar del ITAM en 1991 fue contratado por el también politólogo Leo Zuckerman para colaborar en la asesoría técnica de la Presidencia de la República. “He trabajado en Presidencia y en la Secretaría de Gobernación, di clases en el ITAM y después me fui a estudiar a Inglaterra, trabajé en el Banco Mundial y de regreso se me abrió la oportunidad de reinsertarme en México entre otras cosas como asesor del SNTE. Es un vínculo profesional y político desde hace muchos años”.

   Cuando le preguntaron si ha trabajado con la profesora Gordillo, el hoy dirigente de Nueva Alianza respondió: “Tengo una consultoría que fundé en 1994, que ha seguido vigente, me he especializado en estudios de opinión, yo soy encuestólogo. Soy del circuito de los encuestólogos. Desde hace muchos años, ha sido mi parte de vinculación profesional con el SNTE. Desde hace muchos años hago estudios de opinión de los candidatos del sindicato a las elecciones”.

   Sin embargo otras fuentes mencionan a Jiménez como uno de los operadores políticos que más cercanía han tenido, en los años recientes, con la maestra Gordillo. En un estudio sobre el panorama electoral mexicano, publicado en 2003, el especialista estadounidense George W. Grayson describe a Jiménez como un “experimentado jefe del equipo” de Elba Esther Gordillo. Y aunque no se trate de una fuente respetable, se puede recordar que una de la conversaciones telefónicas que le fueron grabadas de manera ilegal a la profesora Gordillo era con Miguel Ángel Jiménez.

   Sus dirigentes dicen que Nueva Alianza es resultado de la fusión de tres agrupaciones. Jiménez dirigía la Asociación Ciudadana del Magisterio. Conciencia Política, encabezada por Tenorio, tenía entre sus propósitos estudiar y promover políticas públicas hacia los jóvenes. Y al Movimiento Indígena Popular lo encabeza Enrique Ku Herrera, que ha sido diputado federal por el PRI, secretario de Acción Indígena en ese partido y Secretario de Trabajo y Conflictos de Educación Indígena en el comité nacional SNTE.

   El secretario general del nuevo partido es Alberto Cinta Martínez, director del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Varias notas en la prensa estadounidense identifican a alguien de ese nombre como responsable del restaurante de la Casa Lamm. Refiriéndose a la arquitectura de ese inmueble, Cinta considera: “Algunas personas en México han pasado de la Edad de Piedra a la Edad Media destruyendo edificios sin consideración. Este edificio es un gran clásico. La nueva generación de arquitectos puede proporcionar más a los sentimientos de un lugar sin convertirse en intrusos”.

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El Correo de Guanajuato y otros diarios, 26 de junio de 2005

Es altamente posible que Marcos solo esté buscando parte de los reflectores que ha perdido. Conocedor de los impulsos mediáticos, sabe que en el fárrago de murmuraciones, reproches y amonestaciones que abundan en la escena pública mexicana solamente el estruendo es capaz de abrirse paso en el interés de la prensa. Pero también hay la probabilidad de que el dirigente guerrillero realmente esté anunciando una nueva etapa en el movimiento que encabeza desde hace dos décadas –y que todos conocimos junto con el comienzo de 1994–.

Confuso como muchos de sus comunicados pero más sibilino que de costumbre, el texto del “subcomandante” publicado el viernes pasado deja abiertas numerosas preguntas sobre el destino que busca para su movimiento. Allí anuncia una próxima decisión que, como es su costumbre, atribuirá a las “bases” indígenas de las que se dice solamente vocero aunque es ampliamente sabido que él encabeza la dirección del Ejército Zapatista.

“Ahora –dice Marcos– estamos consultando nuestro corazón para ver si vamos a decir y hacer otra cosa. Si la mayoría dice que sí, pues vamos a hacer todo lo posible por cumplir. Todo, hasta morir si es preciso. No queremos parecer dramáticos. Lo decimos nada más para que quede claro hasta dónde estamos dispuestos a llegar”.

Ineludible dramatismo

Por la temporada en la que aparece, dicho anuncio pareciera indicar que por fin el EZLN se va a dedicar a la lucha política de carácter institucional. Pero a continuación el dirigente acota: “O sea que no ‘hasta que nos den un puesto, una cantidad de dinero, una promesa, una candidatura’ ”.

Más adelante y aunque había señalado que no sería dramático, el enmascarado que tanto interés suscitó hace once años y medio y que de manera cíclica ha regresado a la escena política insiste: “Será una decisión difícil y dura, como de por sí ha sido nuestra vida y nuestra lucha. Durante cuatro años hemos estado preparando las condiciones para presentarle a nuestros pueblos puertas y ventanas, para que, llegado el momento, tuvieran todos los elementos para elegir por cuál ventana asomarse y cuál puerta abrir. Y es que así es nuestro modo. O sea que la dirección del EZLN no dirige, sino que busca caminos, pasos, compañía, orientación, ritmo, destino. Varios. Y entonces le presenta a los pueblos esos caminos y analiza con ellos qué pasa si seguimos uno u otro rumbo. Porque, según el camino que andamos, hay cosas que serán buenas y cosas que serán malas, o sea que no hay camino que puras cosas buenas. Y entonces ellas, las comunidades zapatistas, dicen su pensamiento y deciden, después de discutir y por mayoría, por dónde vamos todos. Y entonces pues dan la orden”.

Más allá de la demagogia populista de esas líneas, pareciera que anuncian un viraje o al menos un cambio significativo en el comportamiento del EZLN y su dirigente más notorio. Al no indicar de manera clara a qué se refiere Marcos deja abierta la posibilidad de numerosas especulaciones ante esa decisión que dice inminente. Esa vaguedad se afianza en la despedida del comunicado, que La Jornada publicó el viernes 24 de junio: “He dicho, al inicio de esta carta, que no era una despedida. Bueno, pues resulta que para algunos sí lo es. Aunque para otros será lo que es en realidad, es decir, una promesa…”

Alerta inexplicada

Unos días antes el dirigente neozapatista había anunciado un estado de alerta que también ocasionó abundantes especulaciones. Numerosas voces piadosas, dentro y fuera del país, clamaron contra la presunta agresión que, se creía, estaban a punto de sufrir los militantes del EZLN.

Marcos no aclaró los motivos de esa situación de urgencia aunque al parecer estaban relacionados con el hallazgo de sembradíos de droga que, según se dijo inicialmente, había efectuado el Ejército Mexicano en la zona de influencia neozapatista. El gobierno informó luego que tales cultivos no estaban en esa área. No ha quedado claro si esa precisión se debió a una decisión política para evitar querellas con el neozapatismo o si el Ejército Mexicano se equivocó al informar de esa operación antinarcóticos.

En todo caso y en el transcurso de la misma semana, Marcos buscó notoriedad con dos asuntos distintos. El anuncio de la alerta en territorios zapatistas conmovió a los medios de manera muy curiosa. De pronto se extendió un vivo interés ante la posibilidad de un asunto dramático y acaso violento pero nadie sabia, a ciencia cierta, a qué se debía tal alarma.

Luego, cuando Marcos hace un anuncio de mayor trascendencia política porque podría significar un cambio sustancial en el comportamiento del EZLN, los medios casi no le hicieron caso. Le ocurrió como a Pedro, el del lobo. A fuerza de anunciar falsamente una tragedia, cuando avisó de un asunto de veras grave ya no le hicieron caso.

Pasamontañas y paliacates

El comportamiento actual de Marcos puede entenderse mejor si recordamos la manera como conquistó hace once años la atención de los medios. En aquellas fechas, en el libro Chiapas, la comunicación enmascarada que apareció a mediados de 1994, escribimos lo siguiente acerca de él.

La imagen y los textos del “subcomandante” Marcos han despertado interés, controversias, animadversiones, adhesiones, descalificaciones e ilusiones de lo más variadas. La presencia de este personaje en el imaginario colectivo como le dicen los especialistas en cultura popular, tiene numerosas aristas.

A pesar de la variedad de significados e incluso de discursos en los versátiles comunicados y en las asiduas comparecencias mediáticas del subcomandante Marcos, no dejan de llamar la atención dos vertientes en los mensajes del EZLN. Por un lado se encuentran las demandas, las urgencias y hasta las miserias de los campesinos indígenas que estarían constituyendo las bases del grupo armado. Por otro se encuentra el líder, uno sólo, que destaca notablemente dentro del grupo dirigente de tal suerte que puede ser identificado como algo más que vocero.

El pasamontañas de Marcos adquiere una definición, y una notoriedad, más intensas que los paliacates de los campesinos indígenas. Hubo, entonces, una mezcla de sentido común y de sinsentido, junto con la amalgama de simplificada sabiduría milenaria y enteradas coartadas posmodernas, que formaba parte de la complejidad del subcomandante, de su imagen, que los medios rescataron de maneras muy diversas.

Su fuerte es la emoción

Incluso Octavio Paz, autor de algunos de los textos más severos con la fascinación que en una parte del mundo intelectual despertaba el pasamontañas, llegó a reconocerle méritos al estilo de Marcos, a diferencia de la retórica de nuestra politiquería tradicional:

“El lenguaje de los líderes del PRI es un lenguaje de funcionarios: frases hechas de cartón y de plástico; el sub-comandante Marcos, aunque desigual y lleno de subidas y caídas como un tobogán de montaña rusa, es imaginativo y vivaz. … A veces es chabacano y chocarrero; otras brioso y elocuente; otras satírico y realista: otras machacón y sentimental. Una prosa accidentada: elevaciones y batacazos. Su fuerte no es el razonamiento sino la emoción y la unción: el púlpito y el mitin” (Vuelta núm. 208, marzo de 1994).

En su revista, Paz reconocía el triunfo de la retórica y del talento teatral que le habían permitido a Marcos ganar los primeros meses del conflicto, al menos en la batalla sentimental, pero real, por la llamada opinión pública. Delante de la palabrería con frecuencia hueca del poder político y sobre todo, añadimos nosotros, en un panorama de desconfianza por parte de un amplio sector de ciudadanos, las epístolas del subcomandante y sus comparecencias en los medios fueron atractivas para muchos entre quienes buscaban nuevas certezas.

Hay quienes consideraban que la postmodernidad era coartada para abandonar todos los paradigmas, lo cual significaba hacer a un lado todas las utopías. El ya mencionado Paz recordó en aquellos años que, por lo pronto, en las reacciones estupefactas o apresuradas ante la crisis de Chiapas, que llegaron a legitimar a la violencia como método, asistíamos “a la entronización del lugar común y a la canonización de la ligereza intelectual”.

Información y confusión

Los medios de comunicación, en aquel 1994 cumplieron un importantísimo papel para promover una conciencia nacional en contra de una solución armada al conflicto en Chiapas. La preocupación social ante la eventualidad de una solución de fuerza apareció rescatada, y reflejada, en los medios de comunicación de masas. Esa, fue una de las contribuciones más trascendentes de los medios y sus operadores, que desde el inicio del conflicto respaldaron y quizá acaso también propiciaron, la actitud del gobierno para concertar y no tratar de doblegar al EZLN.

Al mismo tiempo, en la divulgación muy amplia de lo que ocurría a partir del levantamiento armado, los medios propiciaron un nuevo reconocimiento, social y nacional, de la pobreza que se padece en ese y en otros estados del país. No es que la pobreza no existiera, o que no se tuviera conciencia de ella. Sin embargo la crisis de Chiapas obligó a voltear hacia el México más desposeído pero que, a pesar de la modernidad que en tantos sentidos define al país (entre otros, en la existencia de medios de comunicación tecnológicamente muy avanzados) no siempre era recordado, o tomado en cuenta por la sociedad misma.

Pero los medios, también, contribuyeron a divulgar la confusión sobre lo que sucedía en Chiapas y varios de ellos, en su complacencia y falta de distancia crítica, formaron parte de las condiciones, y de los actores, que animaron esa ligereza intelectual a la que se refería Octavio Paz. La facilidad con que fue admitida la popularidad entre mítica y milenarista del subcomandante, nos recordaba las limitaciones que se mantenían en el desarrollo de la cultura política mexicana.

El personaje Marcos, por lo demás, ha podido ser evaluado de muchas formas. Compartimos la impresión que, breve y contundentemente, fue descrita por Luis Miguel Aguilar (en nexos núm. 196, abril de 1994): “Marcos remite más bien al sujeto que saca una pistola en el restaurante y entre tiro y tiro nos tiene de rehenes durante horas contándonos su vida, cómo ha luchado por su familia, lo buen hombre que ha sido y, además, nos inflige varios ‘chistes’ “.

Durante varios años, Marcos y el movimiento neozapatista mantuvieron como rehén a una sociedad sorprendida y preocupada. Junto con ella los medios de comunicación, aunque con excepciones, por su encandilamiento y apresuramiento fueron también rehenes (pero sobre todo, rehenes de sus propias limitaciones) en la crisis de Chiapas.

Trillado sentimentalismo

Eso, palabras más o menos, decíamos hace once años. En el transcurso de ese tiempo la capacidad de Marcos para soliviantar a los medios se ha desgastado. Indudablemente conserva algunos de los resortes retóricos y dramáticos que ha sabido utilizar con tanta eficacia. Pero todo por lucir se acaba y los reflectores que tanto han alumbrado y posiblemente encandilado al dirigente del EZLN ahora tienen otros motivos de atracción.

La explicación de Octavio Paz sigue siendo valiosa para comprender la eficacia pero también las limitaciones mediáticas y acaso también políticas de Marcos: su fuerte no es el razonamiento sino la emoción. Pero, puede añadirse ahora, las emociones solas no sirven para mantener tensión y atención mediáticas.

Además la presencia de Marcos compite ahora con otras figuras. Hoy en día el escenario público mexicano está copado por personajes que, como el dirigente guerrillero, unen los atributos del púlpito y el mitin. Si lo llegó a tener, Marcos ya no cuenta con el patrimonio de la capacidad de exaltación en los medios ni es el único que busca atraer estrujando el sentimentalismo de la gente.

Las epístolas del subcomandante hace tiempo dejaron de emocionar incluso entre sus partidarios. Precursor en la declinación y el enrarecimiento del debate público, Marcos paga hoy las consecuencias de una situación de deterioro político que él contribuyó, como pocos, a crear y usufructuar.

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La Crónica, abril 17 de 2005

El desafuero –hay que repetirlo una, otra y otra vez porque en esta feria de necedades y ensimismamientos cada quien construye la historia reciente como si no hubiera testimonios de ella en las hemerotecas– fue posible porque el jefe de Gobierno del Distrito Federal desatendió algunas de sus obligaciones legales. Por descuido, o por decisión deliberada, López Obrador decidió no hacer caso a las reiteradas indicaciones de un juez para que suspendiera una obra pública en un terreno privado.

   Hay quienes consideran que el asunto de la calle en Santa Fe no ameritaba que a López Obrador le retirasen la inmunidad constitucional. Cuando se presenta ese argumento la discusión abandona el terreno de las leyes y se sumerge en los pantanos de la subjetividad. ¿Cuándo la violación del orden jurídico se vuelve suficiente para ameritar una sanción? ¿En qué momento una falta deja de ser menor y quien la comete entra, entonces, en el terreno de las penalizaciones? O, como diría algún cómico en la radio, ¿qué tanto es tantito?

   A algunos ciudadanos les puede parecer que el asunto de El Encino no ameritaba una reacción tan drástica de la Procuraduría General ni, luego, de los diputados. Pero olvidan dos hechos básicos. Uno, que la PGR no actuó como resultado de una ocurrencia súbita sino a petición del juez cuya orden había desobedecido el gobierno de la ciudad de México. Y dos, que lo que está en litigio no es la construcción de una calle sino el desacato a esa orden judicial.

   Nos puede parecer que ese tantito no es para tanto. Quizá. Pero ¿quién puede decidir hasta dónde una falta amerita ser sancionada o, en todo caso, qué tan atenuantes son las circunstancias en las que esa infracción se cometió? ¿Quién puede decidir si la construcción de la calle amerita una multa administrativa, una pena mayor o si no es materia suficiente para configurar un delito?

   En ese tema todos han expresado pareceres. El veleidoso tribunal de la opinión pública parece haber dictaminado que no es para tanto. Los diputados de la Sección Instructora se comportaron como si el proceso judicial se librase en ese espacio legislativo –acumularon pruebas, reunieron testimonios, emprendieron peritajes– cuando lo único que tendrían que haber hecho era decidir si, en su opinión, el asunto ameritaba el desafuero.

   Todos opinan. Pero la única posición que valdrá en este litigio será la del juez. Ese es el paso que sigue.

La ruta al desafuero

   Ante la discusión sobre las dimensiones de la falta en la construcción de El Encino la única opinión a final de cuentas válida es la que surja de la autoridad judicial. Para eso sirve el desafuero. Pero se trata, como sabemos, de una medida que tiene consecuencias políticas indeseables –y, desde el punto de vista de muchos, altamente cuestionables–.

   ¿Era el desafuero un desenlace inevitable? Indudablemente no. La PGR pudo haber desatendido la petición del juez y pudo no haber turnado a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero. Posiblemente en ese caso la Procuraduría habría incurrido en una falta y, en la práctica, se habría convertido en cómplice de las infracciones del gobierno del DF en El Encino. Pero habría evitado el fortísimo conflicto político en que hoy nos encontramos.

   Durante largos meses el gobierno federal tuvo la oportunidad de eludir el cumplimiento de la ley para, así, sortear un problema político. Hay quienes consideran que el presidente Vicente Fox debió haber tenido perspicacia suficiente para advertir el terremoto que sobrevendría con el desafuero. Pero la visión política no se le da mucho al gobierno actual, de tal manera que hubiera sido algo ingenuo esperar una actitud así de previsora por parte de la administración federal.

   La ruta al desafuero estuvo abonada tanto por la decisión presidencial para avanzar en ella como por la decisión de López Obrador para precipitar el desenlace judicial.

   Esa es la vertiente que soslaya la gran mayoría de los actuales defensores del jefe de Gobierno –suspendido en sus funciones– del Distrito Federal. En muchos de los comentarios que se han publicado y dicho en estos días se cargan las tintas contra el gobierno por la decisión de precipitar el desafuero. Pero se olvida que Andrés Manuel López Obrador buscó el desafuero porque en la notoriedad que logre gracias a este episodio cifra sus principales posibilidades para ganar las elecciones presidenciales del año próximo.

Victimismo y emociones

   Se trata, ciertamente, de una apuesta política demasiado aventurada. Pero la prudencia no se encuentra entre las virtudes que mejor se le dan a ese político tabasqueño. De hecho, resulta difícil traer al campo del análisis estrictamente político las motivaciones y el comportamiento de López Obrador. Los desplantes de ese personaje rompen frecuentemente la racionalidad que suele definir a las decisiones políticas. Los políticos habitualmente acostumbran ir al enfrentamiento contra otras fuerzas solo cuando les resulta inevitable o cuando tienen la certeza de ganar. En cambio en López Obrador hay una mezcla de mesianismo y fanfarronería que se entremezcla con cierta propensión al victimismo. Le gusta colocarse, o imaginarse al menos, en situaciones límite.

   López Obrador no se ve a sí mismo como gobernante sino como personaje de estampitas escolares. El Juárez o, ahora, el Madero que reivindica, no son los gobernantes que se enfrascaron en tediosas tareas de conducción política y en la construcción de opciones para la nación sino únicamente los próceres que, situados en momentos drásticos, sufrieron aflicciones y persecuciones. Su idea del heroísmo radica en la reivindicación a ultranza de lo que él considera justo aunque implique la transgresión de las leyes e incluso el abuso sobre los derechos de otros. López Obrador jamás apuesta a las ideas pero exprime con habilidad las emociones. Por eso encuentra en el desafuero un horizonte y no la fractura de sus posibilidades para llegar a la Presidencia.

Un juicio ya juzgado

   Orientado por esa imagen de político perseguido por el sistema que se ha querido forjar –y que enjuagaría aunque fuese solo parcialmente los varios años que hizo política al servicio del viejo sistema encabezado por el PRI– López Obrador desatendió requerimientos judiciales, instruyó a sus abogados para que eludieran cualquier solución en el terreno de la ley, dejó de ejercer derechos como el de amparo, reventó las negociaciones políticas que pudieron haber resuelto el litigio antes de llegar a los tribunales. Estaba clarísimo: quería que le retirasen el fuero y hará todo lo posible para que el juez lo ponga en prisión. Esa ha sido, hasta ahora al menos, su estrategia de promoción política.

   Además de colocarlo en la cumbre de las encuestas ese comportamiento le ha permitido a López Obrador poner al gobierno federal entre la justicia y la pared. Hoy en día, para muchos, el acusado no es él sino el presidente Fox. Una parte –no mayoritaria pero sí activa y vistosa de la sociedad y la opinión publicada– corea acríticamente las proclamas y propala los intereses de López Obrador.

   Antes de que comience, el proceso judicial ya ha sido juzgado –de manera condenatoria– por ese segmento de la opinión publicada. No se discuten las posibles faltas del suspendido jefe de Gobierno del DF sino la eventualidad de que, a causa del juicio, en enero próximo esté legalmente impedido para ser registrado como candidato presidencial del PRD.

Exclusión o exageración

   En esa posibilidad radica la preocupación más extendida entre quienes cuestionan el encausamiento contra López Obrador. Si se le suspende el derecho a ser candidato –se dice– se estará privando a un segmento muy importante de mexicanos del derecho a votar por él.

   Las vertientes desde las que se defiende ese argumento han sido variadas. La especie más difundida señala, acusadoramente, que el desafuero y la posible inhabilitación constituyen una maniobra para marginar a López Obrador de la disputa por la presidencia. Le quieren ganar a la mala, se dice.

   Al gobierno y al PRI, se asegura también, les da tanto miedo la posibilidad de que gane las elecciones que antes de ella quieren impedir que López Obrador aparezca en las boletas.

   Otros comentarios, más elaborados, expresan inquietud por la exclusión, de la contienda electoral, de la opción política representada por López Obrador. Sería inaceptable, se dice, una elección en la que no participase el PRD. El proceso de consolidación de la democracia mexicana quedaría interrumpido o estallaría hecho añicos, se añade con diferentes énfasis de acuerdo con las dimensiones del catastrofismo en el que se ubique cada analista.

   Tales opiniones hacen a un lado –con un desparpajo que resulta preocupante, así como significativo de la ligereza con que muchos están contemplando este episodio– por lo menos cuatro elementos:

   A) Para que pierda sus derechos políticos hace falta que López Obrador sea juzgado y que el juicio dure tantos meses que, cuando llegue en momento del registro de candidatos presidenciales, el proceso aun no haya concluido o que, habiendo terminado, desembocara en una sentencia condenatoria de carácter penal.

   B) El desafuero y el juicio, cuando comience, habrán ocurrido de acuerdo con mecanismos establecidos en la legislación mexicana; no puede decirse que el orden jurídico ha sido violentado aunque, como es evidente, a muchos mexicanos les parece que la ley está siendo aprovechada para perjudicar a un político destacado. Hay quienes afirman que con esta medida no se fortalece el Estado de Derecho. Tienen razón. Pero eso no significa que lo debilite. ¿El hecho de eludir el desafuero y el juicio hubiera reforzado a ese Estado de Derecho? ¿Debemos considerar que el orden jurídico es más consistente cuando más gente aplaude las decisiones legales? ¿La aplicación de la ley, entonces, ha de estar sometida a los índices de popularidad o a los resultados de las encuestas? Esas son preguntas que no suelen plantearse quienes, preocupados por la reivindicación del Estado de Derecho, expresan inquietudes ante su vigencia debido al conflicto que afecta al suspendido jefe de Gobierno del DF.

El PRD es más que AMLO

   C) López Obrador, como hemos apuntado, propició el desafuero y tiene, respecto del juicio, una obsesión realmente digna de mejores causas. Él mismo contribuyó, de manera muy importante, a llegar a esta situación en la que pueden estar en riesgo sus derechos políticos al momento en el que los partidos deban registrar sus candidatos presidenciales ante la autoridad electoral. Si queda fuera de la competencia rumbo a julio de 2006 será, en parte, debido a su estrategia  de victimismo político y coacción propagandística.

   D) La inhabilitación política de López Obrador –si llegase a ocurrir– no tendría por qué significar la supresión electoral del PRD. Dentro y fuera de ese partido habría otros personajes –comenzando por Cuauhtémoc Cárdenas aunque las opciones quizá no se agoten allí– que podrían asumir con integridad y eficacia políticas la postulación presidencial. Evidentemente López Obrador es el personaje de ese partido que hoy tendría más posibilidades de ganar los comicios. Pero considerar que sin López Obrador en las boletas electorales el PRD estaría excluido del juego político implica una visión demasiado simple de las tendencias e intereses que se mueven dentro de ese partido. Hoy en día casi cualquier miembro del PRD sostendrá, como es natural, que López Obrador debe ser su candidato. Pero ¿realmente representa ese personaje a las vertientes políticas que convergen allí? Y en todo caso, ¿esas tendencias y esos grupos solamente pueden ser abanderados por López Obrador? Llama la atención que los comentaristas que en estos días han expresado pesadumbre por la posible marginación del PRD de la competencia política no digan una palabra acerca del caudillismo que ese personaje ha comenzado a ejercer dentro de dicho partido.

Medida –claro– política

   Otro cuestionamiento al gobierno y los partidos que respaldaron el desafuero insiste en que la causa contra López Obrador ha sido de carácter político. Quienes así lo afirman no hacen mas que descubrir el hilo negro. Pero en ese señalamiento se han invertido millares de líneas ágata y de horas de discusión en medios impresos y electrónicos.

   Por supuesto que el desafuero, para colocar a López Obrador ante la soberanía de un juez, ha sido una decisión política. Eso no significa que haya sido una decisión ilegal. Se trata de una decisión que aprovechó cauces, procedimientos y circunstancias legales –comenzando por los errores y omisiones de López Obrador en el terreno de la ley– para golpear políticamente al hoy suspendido jefe de Gobierno del DF.

   Se puede discutir si esa decisión política fue pertinente o no. Aquí, como los lectores de esta columna han podido constatar, hemos sostenido insistentemente que el desafuero ha sido una decisión errónea, riesgosa, impertinente y torpe. De esa manera o en términos similares lo dijimos meses antes del desafuero, lo reiteramos en esos días y lo hemos sostenido después.

   El estruendo mediático y la preocupación social que se han desatado luego del juicio de procedencia en la Cámara de Diputados confirman aquellas aprensiones. Ni al gobierno, ni a los partidos que lo aprobaron y mucho menos al país, les hacía falta pasar por la tensión y polarización políticas que ha implicado el desafuero.

   La Presidencia de la República actuó de manera imprudente, con una visión estrecha y posiblemente movida más por el rencor personal que por los cálculos políticos.

   En el PRI, Roberto Madrazo simplemente busca beneficiarse por partida doble: el costo político del desafuero está afectando únicamente al presidente Fox y de manera complementaria al PAN pero casi nada al Revolucionario Institucional –el mismo López Obrador ahora menciona poco a ese partido y ha vuelto a su antigua cantinela sobre la nunca demostrada pero propagandísticamente vistosa conspiración del presidente Fox y el ex presidente Carlos Salinas–.

Pertinencia discutible

   Quienes consideraron que con el desafuero desplazarían a López Obrador del escenario político se equivocaron palmariamente. Era previsible que con el desafuero el principal ganador, por lo pronto al menos, sería el hoy desplazado pero de ninguna manera descartado jefe de Gobierno del DF. Como recurso para apartar a López Obrador de la competencia política el desafuero constituyó un desatino. Aquellos que respaldaron dicha medida no hicieron –por lo ponto al menos– mas que afianzar a ese personaje como eje de la escena pública nacional.

   Pero una cosa es reconocer que fue equivocada y otra, rasgarse las vestiduras por el hecho de que el desafuero obedeció a motivaciones políticas.

   Claro que así fue. Y claro que en estos asuntos la legalidad, aquí como en todo el mundo, es aprovechada con propósitos políticos. En ese aspecto, lo que distingue a una democracia de un régimen autoritario es el cumplimiento, o no, de las normas cuando se hace política –y desde luego, la existencia de normas y cauces institucionales suficientes para encauzar el quehacer político–. Pero esperar que en la lucha por conquistar o conservar el poder haya actores políticos que dejen de hacer política es, por lo menos, candoroso.

   En este caso, hasta ahora, las leyes han sido respetadas aunque a algunos les disguste porque han servido para poner a un paso del juzgado a un posible candidato presidencial. Son discutibles la eficacia y la pertinencia del desafuero. Pero el hecho de que unos actores de la lucha política hayan aprovechado esa oportunidad para hacer política –disculpen la inevitable redundancia– en contra de otro, resulta plenamente explicable.

Coalición profética

   No estamos refiriéndonos a la política que prescinde de valores éticos porque esa no ha sido la discusión en este caso. Nos referimos a la política que se mantiene en los marcos institucionales que todavía, como se decía aquí hace una semana, siguen funcionando. Claro que el desafuero ha sido una acción política. Fue la respuesta de sus adversarios a la actitud de enfrentamiento político que López Obrador ha desplegado con machacona perseverancia. ¿No lleva meses y años agregando a gobernantes actuales y del pasado, a caciques gremiales y mediáticos, a empresarios notorios y especuladores prominentes, a líderes legislativos de casi todas las filiaciones, entre muchos otros, a la conspiración que según dice han orquestado en su contra? De tanto insistir en ella, aunque al comienzo no haya sido mas que delirio y paranoia suyos, no será extraño que López Obrador haya logrado reunir en su contra a algunos de esos personajes.

   Si se le evaluara en términos de inversiones y rendimientos lo menos que se podría decir es que López Obrador se ganó el desafuero y el juicio. Pero esa, que en aquellos parámetros sería conclusión, en el campo de la política es una premisa insoslayable. Él buscó llegar a esta situación. Sus adversarios le hicieron el juego. Ahora no se trata de calibrar la culpa de cada quien sino de entender cómo salimos, todos, del atolladero.

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La Crónica, mayo 29 de 2005

¿Cual es el meollo del conflicto entre López Obrador y el presidente Fox?
   La disputa por el poder en México. Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno de la capital del país, es el político con más posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de julio de 2006. Ese es el origen del diferendo. Para sus partidarios, la probabilidad de ese triunfo se ha convertido en motivo adicional de anticipadas ilusiones y, desde luego, en factor que solidifica esa de por sí puntera candidatura. Para sus adversarios López Obrador es un auténtico riesgo no tanto por sus definiciones políticas ­–que son tan pragmáticas que resulta imposible encuadrarlas en una línea ideológica consistente— sino por la veleidad, el caudillismo y la inestabilidad de su conducta política. Desde luego, para los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional las posibilidades electorales de ese personaje les impedirían conservar o recuperar el poder en este país.

   El presidente Vicente Fox aprovechó omisiones y transgresiones legales de López Obrador para impulsar una demanda judicial que, de haber prosperado, podría haber impedido que el alcalde de la ciudad de México fuera candidato presidencial. La demanda, en sentido estricto, era legítima pero los simpatizantes de López Obrador consideraban que el gobierno podría haber dejado de cumplir con la ley y hacerse de la vista gorda como ocurre en numerosos casos de menor importancia.

   Esa fue una cara de la moneda. Junto con ella hay que recordar que en numerosas ocasiones López Obrador ha violado leyes, cuando le parecen que no son adecuadas o no se ajustan a sus intereses. Esa actitud forma parte de un talante autoritario y caudillista.

   Si López Obrador no hubiera desatendido una orden judicial (para suspender unas obras en un terreno privado) el presidente Fox no habría podido echar adelante el proceso judicial. El alcalde del Distrito Federal, por omisión pero también por acción, ofreció motivos suficientes para que sus adversarios impulsaran el proceso al cabo del cual la Cámara de Diputados le retiró la inmunidad constitucional para que pudiera ser juzgado en un tribunal ordinario. Ahora, como es sabido, ese proceso quedó cancelado.

   Las transgresiones de López Obrador en contra de la ley quedarán sin ser castigadas. Y en el terreno político, la sumisión del presidente Fox a las exigencias de ese rival suyo ha conformado un panorama sustancialmente distinto. Hoy en día el alcalde de la ciudad de México no solo encabeza las preferencias electorales y se encuentra a un paso de obtener la Presidencia de la República. Además ha demostrado que puede engañar, contravenir leyes e intimidar a las instituciones del Estado con una hasta ahora completa impunidad.

   ¿Como definiría políticamente a López Obrador? A su juicio, ¿se acerca a un Lula o a un Kirchner?

   Los presidentes brasileño y argentino Luis Inacio da Silva “Lula” y Néstor Carlos Kirchner, tienen sendos programas políticos que, si bien con diferencias entre ellos, reivindican posiciones de izquierda. Aunque desde la izquierda misma se les discute postulan la solidificación del Estado, el respeto a los derechos humanos y sobre todo propuestas de justicia social.

   En cambio López Obrador no tiene un proyecto de esa índole. Su única propuesta para reactivar la economía mexicana radica en aumentar el aprovechamiento del petróleo, lo cual nos acercaría más a una venezolanización que a un modelo de izquierdas. Los pocos planteamientos de ese personaje para el gobierno que eventualmente encabezaría son de un atraso político muy notable. No tiene idea –o no la manifiesta en sus documentos— de las condiciones y opciones en la globalización contemporánea, mucho menos de las posibilidades de conducción de la economía que tendrá cualquier gobierno, independientemente de quién lo encabece, para los próximos años en México. López Obrador ha ofrecido ampliar el gasto social aunque sin precisar en qué rubros lo haría. Lo más preocupante es que jamás ha dicho cómo obtendría, realistamente, los recursos para ese gasto adicional.

   En el campo de los derechos humanos su actitud ha sido de desatención a esas reivindicaciones como gobernador de la capital del país. No creo que López Obrador sea de izquierda pero hay quienes lo consideran así por la tradición del partido que lo apoya. En ese partido, el de la Revolución Democrática, López Obrador ha impuesto medidas del todo contrarias a las prácticas habitualmente reivindicadas por las izquierdas.

   La democracia quedó borrada, si es que la había, dentro del PRD. El actual dirigente de ese partido es un ex gobernador sin militancia de izquierdas e impuesto por López Obrador como presidente nacional perredista. El partido ha quedado sometido al talante y las necesidades de López. Y en su administración al frente del gobierno de la capital del país ha sido sistemáticamente reacio a rendir cuentas como hacen los gobernantes de otras entidades del país y el gobierno federal mismo. Los ciudadanos del Distrito Federal no sabemos, bien a bien, cómo se gastan los impuestos que pagamos a la autoridad local.

   Se podrían mencionar muchos otros rasgos del autoritario comportamiento político y el obtuso horizonte ideológico de López Obrador. Si hemos de ser rigurosos, no es posible afirmar que tenga un proyecto de izquierdas. Creo que es injusto con Lula y Kirchner que se le compare con ellos.

   ¿A que obedecen los cuestionamientos o resquemores frente a López Obrador?

   En parte a circunstancias y conductas como las que he mencionado. Pero sobre todo a la actitud, fuera de cualquier parámetro democrático, que suele asumir López Obrador. La política se ha convertido para él en instrumento para cumplir ambiciones personales.

   La reivindicación del interés popular la utiliza como pretexto para alcanzar tales fines. La política social que impulsa para la ciudad de México ha quedado limitada, en lo fundamental, a la entrega de remuneraciones mensuales a los ancianos, con lo cual ha convertido a muchos de ellos en clientela política forzada a respaldarlo. En lugar de ofrecerles tareas que les permitieran ser útiles a la sociedad, López Obrador ha tratado a los ancianos como menesterosos.

   Cuando hay expresiones de desacuerdo con sus acciones y omisiones López Obrador suele descalificarlas (como ocurrió, hace once meses, con la marcha contra la inseguridad en la ciudad de México que ha sido la movilización social más concurrida en la historia del país).

   López Obrador cumple las leyes cuando le viene en gana y ahora ha confirmado que para desatenderlas tiene el recurso de llamar a manifestaciones y otras formas de presión política. El resquemor, como usted le llama, que ya existía respecto de López Obrador, se ha
reforzado en los días recientes ante la capitulación del presidente Fox que admitió todas las exigencias de ese personaje, dispensó las comprobadas faltas que había cometido López Obrador y que comprometió, en esa rendición política, a los poderes Legislativo y Judicial.

   ¿Está en crisis la democracia mexicana?

   Más bien se encuentra en una situación de estancamiento. Nuestra democracia, como todas, ha evolucionado dentro de un proceso al cual a veces hemos considerado transición. Ese tránsito nunca es lineal pero ahora parece entrampado tanto por el desgaste que recientemente han experimentado algunas de nuestras instituciones políticas básicas como por el incumplimiento de la legalidad por parte de algunos de los principales actores políticos. Además padecemos una mezcla de cansancio, aturdimiento y hastío ante los asuntos públicos.

   Una de las claves de la transición mexicana había sido el desarrollo de una cultura de la legalidad. Primero entre los actores políticos y muy paulatinamente y con insuficiencias graves en la sociedad, la promoción de compromisos y convicciones respecto del marco jurídico permitió que, por ejemplo, llegásemos a tener una normatividad para la competencia electoral con la que todos estaban de acuerdo.

   Es posible que esa coincidencia básica haya quedado gravemente erosionada a partir de los acontecimientos recientes. Cuando hay un personaje político como López Obrador que se ufana de cumplir las leyes nadamás cuando le conviene y cuando el resto del sistema político –encabezado por el Presidente de la República– se le rinde debido a la capacidad de presión que ha ejercido, el pronóstico que se puede hacer sobre la democracia mexicana no puede ser, me temo, sino pesimista.

   Habría otros factores que incluir en este panorama: la frivolidad de la mayoría de los medios de comunicación que además se han convertido en poderes sin contrapesos delante suyo, el allanamiento de intelectuales y pensadores antaño críticos que se han sometido a la moda de posiciones comodinamente consideradas políticamente correctas, la confusión que prevalece en la mayor parte de la sociedad… pero esta respuesta ya ha sido demasiado extensa.

   EEUU no se quedará de brazos cruzados ante la emergencia de gobiernos de izquierdista en América Latina. ¿Se sospecha de la “mano oscura” estadounidense en las acusaciones de juego sucio contra López Obrador?

   Como he apuntado, no encuentro motivos para considerar “izquierdista” a López Obrador. Incluso en su trato con algunos de los empresarios más prominentes (comenzando por el más poderoso en México y América Latina que es Carlos Slim, el dueño de Telmex y muchos otros negocios) López Obrador no se ha comportado precisamente como promotor de políticas distributivas ni de reivindicación del papel del Estado sino como aquiescente colaborador para la expansión de intereses y negocios de esos personajes.

   A López Obrador le resultó cómodo hablar de una conspiración en contra suya para atribuir a una maniobra política las acusaciones que, de haber prosperado, hubieran afectado su candidatura presidencial. Les echó la culpa, todos juntos, a dirigentes actuales y del pasado reciente, a partidos de discrepantes posiciones, a algunos empresarios que han tomado distancia respecto de sus propuestas, a los escasos medios de comunicación y analistas que han mantenido una posición crítica ante sus excesos… Culpó sin evidencias a diestra y siniestra pero en todo momento se cuidó mucho de no inmiscuir, en esa pretendida conjura, al gobierno de Estados Unidos. López Obrador no quiere problemas con Washington. Sabe que una posición contestataria respecto de nuestro poderoso vecino del Norte podría suscitar incomodidades respecto de su candidatura. Pero, sobre todo, las posiciones anti estadounidenses no forman parte de su escaso bagaje ideológico.

   López Obrador no cuestiona las políticas de la Casa Blanca y cuando ha descalificado a alguna empresa extranjera ha sido para favorecer intereses de sus simpatizantes mexicanos (por ejemplo, de cuando en cuando se refiere con desdén a las empresas telefónicas que operan en México con capital extranjero porque afectan los negocios de su antiguo aliado Carlos Slim). Por esa, entre otras razones, es exagerado considerar que López Obrador tendría posiciones similares a las de Hugo Chávez en Venezuela o Fidel Castro en Cuba. Para ser como Castro tendría que haber pasado por una intensa lucha de resistencia antiimperialista. Para ser como Chávez debería haber encabezado un movimiento de reivindicaciones nacionales en una sociedad profundamente polarizada. Pero a López Obrador el gobierno estadounidense no lo acosa –lo cual, desde luego, sería absolutamente inaceptable–. Y la derecha mexicana no lo ve con la aprensión que ha tenido la derecha en Venezuela –al contrario, como señalé antes hay importantes empresarios que están calculando qué tan ventajoso sería para sus negocios un gobierno con ese presidente–. Si queremos encontrar similitudes entre López Obrador y otros gobernantes latinoamericanos quizá sea preciso voltear al pasado reciente. Quizá, toda proporción guardada, está llamado a ser la versión mexicana del infausto peruano Alberto Fujimori.

Hace algunas semanas el periodista chileno Andrés Pérez G., que colabora con la revista Ercilla, me envió un cuestionario sobre el jefe de Gobierno de la ciudad de México y su presencia en la vida pública mexicana. Esta es una versión ligeramente ampliada de mis respuestas.

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La Crónica, febrero 29 de 2004

Es difícil imaginar cuánta impudicia se necesita para reaccionar como Jorge Emilio González Martínez a la propuesta que le hicieron en el video que todos hemos presenciado. No había sangre fría, ni astucia, sino un insolente desgano en la manera como el dirigente del Partido Verde Ecologista se comporta durante varios minutos, atento al monto del negocio que le estaban ofreciendo.

   También resulta aterrador suponer cuánta perversidad se requiere para tender una trampa como la que hundió a González Martínez en una irremediable ruina política.

   Santiago León Aveleyra se hizo asesorar por un especialista en espionaje, se colocó una microcámara en la corbata (seguramente conectada a un equipo más voluminoso que debió haber llevado en el bolsillo o adherido al torso) acudió a la cita con el presidente nacional de su partido, lo saludó y le presentó al empresario que haría la propuesta indecorosa, presenció y grabó el episodio que se ha convertido en el material más visto esta semana en la televisión mexicana. Se despidió y aguardó el momento político que él y sus compañeros consideraron preciso para exhibir la proclividad de González a los negocios sucios.

   González Martínez y León Aveleyra se parecen tanto que, en la comedia mediática y política de los días recientes, ha sido difícil distinguir entre sus respectivos perfiles personales.

   Ambos, comparten la misma pobreza en el terreno de la ética, la misma indigencia en el bagaje lexicográfico. El primero, ha regenteado sin principios morales a un partido que le heredaron para que hiciera negocio. El otro ocupó un cargo de representación, estuvo cerca de la pequeña elite del PVEM y solo hasta que dejó de usufructuar ese privilegio descubrió que el partido del que se había beneficiado varios años estaba dominado por el tráfico de influencias y la corrupción.

Franquicia política

   No hay a quién irle dentro del PVEM. Seguramente, como se ha dicho, en ese partido hay militantes honestos y con un proyecto político que quisieran reivindicase las causas ambientales. Pero no se les mira por ninguna parte.

   El alcalde de Benito Juárez-Cancún, que es el miembro del PVEM más relevante que se encuentra en una posición de gobierno, ha sugerido la dimisión de González Martínez . Pero no parece interesado en la restauración de ese partido sino, simplemente, en que el Verde no termine de desmoronarse antes de que él sea candidato al gobierno de Quintana Roo.

   Los miembros del PVEM que en diversos sitios del país –Querétaro, Tamaulipas y los que se acumulen durante los próximos días– ahora denuncian irregularidades de la dirigencia nacional, tratarán de salvar a su partido no porque de repente se hayan percatado de las prácticas de quienes mandan allí sino porque no quieren perder su segmento de esa franquicia política.

   Los otros interesados en la supervivencia del Partido Verde son sus aliados en el PRI. La vinculación entre esos partidos no se ha debido a que tengan coincidencia en los programas, ni a la convicción compartida en torno a sus candidatos comunes. Se trata, simple y pragmáticamente, de una alianza en la que ambas partes han esperado obtener beneficios.

Cálculos del PRI

   El Revolucionario Institucional considera que, con esa alianza, aprovecha el 4 o 5% de la votación nacional que el Verde ha tenido en elecciones recientes. El PVEM, a su vez, gana presencia nacional y se protege contra cualquier disminución en sus votaciones.

   Hoy en día, esa alianza favorecerá mucho más al PVEM –o a lo que quede de ese partido después de esta tormenta– que al PRI.

   Roberto Madrazo ha reivindicado su alianza con el partido en desgracia. No lo mueve la solidaridad con sus inopinados compañeros de fórmula electoral sino la creencia en que el Verde, pese a todo, se repondrá del conflicto en el que se encuentra hoy.

   Es una apuesta aventurada. Posiblemente el Verde no desaparezca, al menos de aquí a las elecciones federales de 2006. Quizá, incluso, la familia González Torres consiga mantener el control sobre el partido antes de resignarse a una definitiva liquidación. Eso dependerá de las infracciones que la autoridad electoral, auxiliada por la Procuraduría General de la República, sea capaz de documentar.

   Si el IFE encuentra evidencias de un fraude sistemático y considerable, tendría elementos para disponer la cancelación del registro del Verde Ecologista. Sin embargo esa posibilidad parece remota. Hasta ahora los dirigentes del Verde han tenido suficiente cuidado para entregar en orden –al menos eso ha parecido– la documentación de sus gastos.

Dilema en el IFE

   Tendrían que aparecer pruebas muy contundentes para que la autoridad electoral se apoyase en la fracción f del artículo 66 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en donde se establece como causa para que un partido pierda el registro:

   “Incumplir de manera muy grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto Federal Electoral las obligaciones que le señala este Código”.

   Sería indispensable fundamentar ese incumplimiento respecto de las obligaciones legales del PVEM.  Pero, junto con ello, sería necesario que entre los consejeros del IFE prevaleciera la convicción de que es pertinente imponer una sanción de esas dimensiones.

   No hay que olvidar que, al PRI, el anterior consejo general del IFE le impuso una multa de mil millones de pesos por un delito que implicó financiamiento ilegítimo por la mitad de esa cantidad.

   En cambio el dirigente del PVEM, en el célebre video, no recibe dinero: simplemente se manifiesta interesado en ganar 2 millones de dólares.

   Se trata de una suma equivalente al 4% de la que el PRI ingresó de manera ilegal a su campaña en 2000. Y al Revolucionario Institucional no le quitaron el registro, aunque le impusieron una sanción multi millonaria.

   Por otro lado, el PRI tratará de cobijar a sus aliados del Partido Verde. El ascendiente que pueda tener sobre los consejeros electorales –el cual aparentemente no es poco– la dirección priista querrá ejercerlo para evitar el desvanecimiento del PVEM.

Repliegue mediático

   Todo ello, obedecerá a un pragmático y arriesgado cálculo. El PRI supone que el Verde Ecologista mantendrá, después de este incidente, el caudal de votos que ha tenido en los últimos años.

   La clave para que así ocurra se encuentra en la intensidad mediática que siga teniendo el escándalo en el PVEM. Si en los medios –especialmente en la televisión– se mantienen los cuestionamientos a González Martínez y se sigue transmitiendo el video de la propuesta de soborno, la confianza en ese partido se mantendrá por los suelos.

   Pero si el asunto comienza a disiparse es posible que, paulatinamente, el PVEM logre restaurar su imagen pública. Ello ocurriría si, como es altamente previsible, el video que retrata la avidez de González Martínez es desplazado en los siguientes días por otro escándalo mediático.

   También puede ocurrir que las empresas de comunicación más importantes decidan aminorar las críticas al “niño verde” y a su partido. Después del martes, cuando en los medios hormigueaban los cuestionamientos a González Martínez y a su partido, la intensidad de esas críticas comenzó a disminuir. Tres días más tarde la agenda mediática comenzaba a incorporar otros temas en sus apartados más relevantes y la agresividad de algunos conductores de televisión y radio respecto del dirigente del PVEM había disminuido.

Partido maltrecho

     Si ese repliegue está obedeciendo al interés, concertado o no, del gobierno y las empresas mediáticas para restarle notoriedad a las tropelías en el Verde, no sería difícil que el partido se mantenga aunque notoriamente maltrecho.

   Allí es donde el cálculo de los dirigentes priistas puede fallar estrepitosamente. Suponer que este episodio será olvidado y que los votantes del PVEM ratificarán la adhesión que han tenido por ese partido, implica confiar en su flaca memoria. Para que así ocurriese, la fama pública del Verde tendría que conservar los rasgos que hasta ahora lo han singularizado, por lo menos frente a un acotado pero significativo porcentaje de votantes.

   Salvo algunas regiones del país –aquellas en donde los candidatos y líderes del PVEM han sido dirigentes sociales y/o caciques locales cuyo arraigo no depende del partido sino de otras circunstancias– es posible que el voto por el Verde haya sido uno de los menos clientelares. En una medida importante ese voto se ha originado en el deseo de algunos ciudadanos para respaldar a una opción política que consideraban distinta a las tradicionales.

   El perfil del Partido Verde estaba sustentado en tres valores: la reivindicación de las causas ambientales, la representación de los jóvenes y la apuesta por una nueva política.

   La identidad ecologista constituyó, por varios años, la mejor cobertura para ese partido. En todo el mundo las causas ambientales han llamado la atención de la sociedad. En México, ha importado poco que el PVEM habitualmente esté al margen de los principales temas en la agenda ecologista. Eso lo saben poco los votantes. Todavía algunos suponían que votar por el Verde implicaba defender la naturaleza.

Desprestigio

   Tampoco se había publicitado ampliamente el carácter familiar, además de profundamente antidemocrático, de ese partido. Los lectores de algunos periódicos han estado al tanto de la trayectoria del fundador del Verde, Jorge González Torres, y de la manera como le heredó el partido a su hijo Jorge Emilio. Pero quienes se enteran de los asuntos políticos a través de la televisión no necesariamente estaban al tanto de tales negocios. Ahora, por lo menos durante los días recientes, al PVEM se le ha asociado, de manera muy extendida, con prácticas de corrupción y nepotismo.

   Esa imagen será contradictoria con la novedad que aparentemente representaba el Verde. La campaña de hace varios años que proponía votar por un ecologista y no por un político, incluso podría revertírsele a ese partido.

   Los electores habrán constatado que los dirigentes del Verde no son menos tramposos, ni menos renuentes al tráfico de influencias, que los líderes de otras organizaciones políticas.

   Así que es difícil que, aun cuando mantenga su registro, el Verde siga siendo un asociado útil.

   Al contrario, es posible que de aquí en adelante envilezca cualquier opción política –partido, individuo, medio de comunicación o empresa– que se vincule con él. El partido que alguna vez se dijo abanderado de la limpieza ambiental, acabará siendo el que más contamine a sus aliados y a la política toda.

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La Crónica, 20 de mayo de 2004

El domingo, mientras entraba a la casa de Big Brother, el diputado Jorge Kahwagi Macari le decía a Verónica Castro que había solicitado una licencia a la Cámara para participar en ese programa. Casi al mismo tiempo el Partido Verde anunciaba que su coordinador en San Lázaro solo estaría siete días en esa encerrona, en ejercicio de su periodo vacacional.

   Al día siguiente, rodeado de sus nuevos compañeros, el diputado dijo que decidió participar en el programa porque “la imagen de los políticos está muy desgastada. Necesita… novedosas formas de oxigenación”.

   Ayer miércoles la Comisión Permanente conoció la solicitud de licencia y la aprobó para que, en palabras del senador priista César Camacho, Kahwagi “se pueda dedicar a aquello que le plazca”.

   Los cuestionamientos a la participación televisiva de ese personaje han subrayado, fundamentalmente, el incumplimiento en sus labores como legislador. Aunque en estos días no hay sesiones del pleno, los trabajos en comisiones y otras responsabilidades son constantes en la Cámara. Si ese diputado prefería exhibirse en Televisa estaba dejando de desempeñar algunas de las obligaciones para las que fue electo.

   Más allá de esa inobservancia, quizá el problema central radica en la decisión de Kahwagi para ponerse al servicio de los intereses mercantiles de Televisa –que, hasta donde sabemos, no concibe a Big Brother como un espacio para enaltecer la cultura cívica ni nada parecido–. Esa contradicción entre responsabilidades públicas y aficiones personales, resulta aun más escandalosa porque la serie en la que Kahwagi decidió participar es célebre por la acechanza y el escarnio que allí se hace de quienes son recluidos en la casa repleta de cámaras televisivas.

   El hecho de que incluso sus correligionarios del desprestigiado Partido Verde hayan desautorizado a ese programa es significativo de la heterodoxia, para llamarla de alguna manera, que Kahwagi manifiesta al preferir la casa de Big Brother a las tareas legislativas respecto de las cuales ayer se le concedió licencia.

La Crónica, 5 de septiembre de 2004

Con todo desparpajo, algunos de los diputados que vociferaban el miércoles en la sesión de Congreso General admitieron cuál era su propósito: “queríamos reventar al Presidente” –le dijeron varios de ellos al reportero de Crónica Francisco Reséndiz–. A fuerza de gritos y aspavientos intentaban distraer, turbar o de plano desalentar al presidente Vicente Fox antes y durante la lectura del mensaje que presentó con motivo del cuarto informe de su gobierno.

   Los improperios y la intolerancia de esos legisladores desbordaron las fronteras de la libertad que siempre será exigible para que diputados y senadores cumplan con sus responsabilidades. Al abuchear y desfilar por el recinto mientras el presidente leía su documento quebrantaron las reglas más elementales de la actividad parlamentaria. Si el Congreso es para deliberar –parlamentar, precisamente– la noche del primero de septiembre hubo un franco sabotaje a la posibilidad de intercambio político.

   Habrá quienes consideren que no es para tanto. El comportamiento altisonante se ha expresado en muchas ocasiones y otros presidentes, antes que el actual, han padecido escarnio y descortesías al presentar sus informes. Quizá allí radica lo más lamentable del espectáculo que se pudo presenciar el miércoles. El estrépito ya no es insólito sino un componente habitual en la actividad política mexicana.

   Así como fuera y dentro de San Lázaro hay gritería cada primero de septiembre, en otros espacios de la vida pública la algarabía y los empellones forman parte del antagonismo entre las fuerzas políticas. Gritarle al presidente se ha convertido en parte de la costumbre con que las oposiciones –o al menos los segmentos más estridentes y cerriles que hay entre ellas– subrayan un deterioro político cuya gravedad no pueden, ni quieren, ni aciertan a entender.

Reglas arcaicas

   Las burlas y vociferaciones en San Lázaro se manifiestan desde hace tres sexenios. El mismo Vicente Fox cuando era flamante diputado, en 1988, un día se puso unas orejas de burro, no en premonición autocrítica sino para llamar la atención en una de las sesiones del colegio electoral que calificó aquellos comicios presidenciales. Otro personajes han increpado, se han enmascarado o han mostrado pancartas en numerosas sesiones de la Cámara.

   Este año el escándalo en el salón de sesiones fue de tal magnitud que ha suscitado una inquietud sincera en algunos, fingida en otros, que han identificado el jaleo del miércoles con las limitaciones del tradicional formato con que se realizan los informes presidenciales.

   Las reglas para la ceremonia del informe resultan arcaicas en comparación con el desarrollo político del país. Durante largo tiempo ese estilo fue congruente con el autoritarismo de un poder presidencial casi absoluto, al cual se padecía todos los días pero se le festejaba expresamente cada primero de septiembre. La subordinación de la elite y las instituciones políticas al presidente en turno se manifestaba, como en ningún otra fecha, en las acríticas aclamaciones y más tarde en las obsequiosas salutaciones el día del informe.

   El país, la clase política y el presidencialismo mexicano son, ahora, muy distintos. Por eso ha sido pertinente que se cuestione la celebración de una ceremonia en donde el Congreso en pleno se reúne para escuchar las cuentas que entrega el Presidente pero sin auténtica posibilidad de interlocución.

   Un Congreso que escucha sin poder preguntar ni replicar a un titular del Ejecutivo Federal que, a su vez, debe conformarse con la única pero parcial retroalimentación que significa la respuesta protocolaria del presidente en turno de la cámara de diputados, es expresión de un régimen con reglas atrasadas.

   Pero esas son las reglas para la presentación del informe y, por cierto, los únicos facultados para modificarlas se han negado a emprender esa actualización. Diputados y senadores han postergado, una y otra vez, las reformas al reglamento del Congreso que podrían hacer menos unilateral –y menos difícil– la ceremonia del primero de septiembre.

Cambios posibles

   Si la ceremonia no ha cambiado, ha sido porque los legisladores no lo han considerado necesario –o no se han puesto de acuerdo para ello–. Por eso resulta exagerado considerar, ante el escándalo del miércoles, que la presentación del informe presidencial ha llegado a ser innecesaria.

   Eso han dicho numerosos diputados, senadores, dirigentes y comentaristas políticos a partir del zipizape del día primero. El bullicio que trastornó la presentación del mensaje presidencial fue tan notorio, y suscitó tanto rechazo, que hay quienes prefieren, de plano, acabar con la ceremonia anual.

   El formato del Informe ya no funciona, se dice con insistencia. Y en efecto, hay rutinas que podrían cambiar para que esa obligación anual, impuesta por la Constitución, se cumpliera con menos autoritarismo y reconociendo el derecho de los legisladores a hablar delante del presidente cuando él acude a visitarlos en su casa.

   Podrían establecerse reglas, por ejemplo, para que el presidente escuchara una ronda de intervenciones. O para que, unos días después de la presentación de su mensaje, él acudiera a intercambiar puntos de vista con los diputados y senadores.

   Habría distintos esquemas para que la presentación del informe resultase más flexible –menos hierática, quizá– y para facilitar el diálogo entre esos dos Poderes de la Unión.

   Se podrían modernizar varias de esas costumbres. Sin embargo ninguno de esos cambios resolvería el comportamiento pendenciero de algunos legisladores.

Intolerancia política

   Por muchas actualizaciones que se le hagan, la ceremonia del Informe seguirá siendo un pequeño pandemónium mientras los integrantes de las principales fuerzas políticas del país no admitan la necesidad de reconocerse como interlocutores, a pesar de las diferencias que puedan tener entre sí.

   En tanto se mantenga la idea de que al adversario político es necesario devastarlo, como si se pudiera prescindir de él, ningún cambio formal será suficiente para resolver la barahúnda en la que se está convirtiendo la vida pública mexicana.

   Los gritones del miércoles y quienes piensan, desprecian y se comportan como ellos –y que no son pocos, los hay en prácticamente todos los partidos políticos– parecen estar convencidos de que a su antagonista –en este caso el presidente de la República– hay que liquidarlo.

   La pretensión de reventar al presidente, además del profundo rencor que le tienen, expresa una actitud de intolerante soberbia política.

   Los gritones del miércoles, y quienes los respaldan, no sólo consideran innecesario el respeto a las personas e instituciones sin el cual es imposible cualquier intercambio civilizado.

   Además suponen que el presidente, y la fuerza partidaria que lo llevó al gobierno, podrían ser prescindibles en una recomposición política del país.

   No han podido entender que, hoy en día, nadie puede gobernar sólo a este país. Tampoco comprenden las responsabilidades que adquirieron al ser electos y, luego, cuando juraron que cumplirían la Constitución.

   Quizá no es casual el hecho de que muchos de los vocingleros del miércoles sean diputados que nunca han tenido oportunidad ni aptitud para elaborar una iniciativa de ley, o para defender sus opiniones en la tribuna de San Lázaro.

   Algunos de ellos forman filas en las infanterías legislativas. Son diputados con escasas opciones (o no las tienen, o no las buscan, o no se las facilitan) para figurar en el trabajo de la Cámara. Eso no disculpa que pretendan, a gritos, lograr la notoriedad que no han conseguido en las tareas específicamente legislativas.

Incultura del rompimiento

   Esos diputados expresan el profundo atraso político que cruza por todos los partidos. La incultura del abuso, el madruguete, el agandalle y el estropicio, no es patrimonio de ningún partido en especial. Forma parte de las distorsiones del quehacer político nacional y encuentra afluentes, así como repercusiones, en comportamientos similares y muy arraigados en la sociedad mexicana.

   Que entre los ciudadanos existan actitudes de abuso es, sin duda, muy lamentable pero forma parte de la naturaleza humana. Pero que esos comportamientos primitivos se manifiesten en quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones nacionales resulta especialmente aciago.

   Se podrá decir que no es la primera vez que entre los legisladores se manifiestan conductas de ese corte. Es cierto, pero siempre es necesario esperar que el comportamiento cívico mejore en vez de empeorar como ha venido ocurriendo en el Congreso.

   El problema es esa incultura política. No nos referimos solamente a la falta de cortesía, que por sí misma describe a quienes la practican. Es deplorable, sobre todo, esa concepción del quehacer político como la búsqueda del sometimiento del adversario y no como la construcción de puentes para dialogar con él.

   El presidente Fox y su gobierno han tenido un desempeño sumamente cuestionable. El bajo perfil de esta administración no solo es síntoma de la falta de proyecto nacional, sino también de una enorme y a veces casi increíble impericia.

   Pero ninguna de esas fallas justifica que se le trate de reventar, como tan ordinariamente explicaron algunos legisladores del Partido de la Revolución Democrática.

Indignos diputados

   Hay excepciones. En algunos segmentos del PRD existe un sentimiento de molestia por la mala imagen que ofrecieron los diputados camorristas. La mayoría de esas opiniones encuentra inadecuada esa exhibición porque perjudica al partido, más que por la incivilidad que significó. Algunos de esos perredistas deploran los efectos, pero no necesariamente la descortesía con el presidente de la República.

   En ese partido además se ha expresado la opinión, inteligente y crítica pero a contracorriente del fundamentalismo perredista, del senador Demetrio Sodi. En un artículo que apareció el viernes 3 de septiembre en El Universal ese legislador dice, sin rodeos: “Fue vergonzoso ver cómo varios diputados y diputadas actuaban como si estuvieran en un palenque, interrumpiendo y ofendiendo al Presidente”.

   Con una franqueza infrecuente en un partido cuyos valores parecen involucionar cada vez más para quedar supeditados al culto al nuevo caudillismo, Sodi aprecia de la siguiente manera el comportamiento de aquellos perredistas:

   “Estos legisladores no son dignos de estar en el Congreso de la Unión. Probablemente en un sistema político cerrado se tenga que llegar a esos extremos para hacerse oír, pero no es el caso de México; en nuestro país existen los espacios necesarios para que los legisladores denunciemos todo aquello en lo que no estamos de acuerdo”.

   El ejercicio crítico del senador Sodi lo lleva, también, a reconocer la actitud que el titular del Ejecutivo Federal mantuvo ante esas provocaciones: “El presidente Vicente Fox se comportó con respeto en el Congreso, por lo que no son justificables las interrupciones y ofensas que se le hicieron durante su informe. Estas posiciones, indignas de un legislador, desprestigian al Congreso y a la clase política, y ponen en riesgo nuestra transición democrática pacífica. La política y la democracia florecen en el diálogo, en el respeto y en la búsqueda de coincidencias; los radicalismos, las ofensas y el rechazo al diálogo niegan la política y ponen en riesgo cualquier sistema democrático”.

Sociedad disgustada

   Lástima que muy pocos legisladores –tanto en el PRD como en el resto de los partidos– tienen el sentido institucional de la política y la perspicacia suficiente para reconocer méritos e interlocución en el adversario como hace el senador Sodi.

   Pero igual que él y sin estar involucrados en la confrontación política, muchos ciudadanos consideraron excesiva la gritería del miércoles. Al día siguiente del informe la empresa Delfos, que levantó una encuesta telefónica en el Distrito Federal encontró que el 87% de los ciudadanos considera malo, o muy malo, el comportamiento de los legisladores en la ceremonia del primero de septiembre.

   El 79% consideró que los diputados y senadores de oposición no tienen derecho a interrumpir con abucheos la lectura del mensaje presidencial. El 71% dijo que esa conducta le parece inadecuada. El 86%, a pregunta expresa, estimó que al comportarse como lo hicieron los legisladores demuestran poca ética.

   El disgusto de la sociedad es evidente. Los datos anteriores, levantados en la entidad que mayoritariamente respalda a Andrés Manuel López Obrador son contundentes. Cuando Delfos preguntó si el presidente merece el trato que le dieron los legisladores el 73% consideró que no. Pero al 26% le pareció que sí: los abucheos tienen una base social que comparte esa impolítica del exceso y la ruptura.

El verdadero impedimento

   En todos los parlamentos del mundo existen desavenencias que, a veces, se manifiestan de manera destemplada. Pero en México, como apuntábamos antes, la estridencia se ha vuelto constante y no complemento del quehacer político.

   Esa conducta no se resolvería con un formato diferente. En cualquier encuentro o ceremonia sucedería lo mismo aunque las reglas fuesen distintas.

   En otros países los gobernantes presentan informes anuales y los legisladores, que a veces tienen tremendas discrepancias con ellos, los escuchan con respeto a la representación ciudadana que ejercen unos y otros.

   Aquí, suponer que grescas como la del miércoles se resuelven modificando el formato del informe equivale a desconocer la dificultad principal. La descomposición de la política mexicana no se remedia acotando el tiempo y las normas del mensaje o abriendo espacio para interlocuciones. Esos cambios serían pertinentes en un contexto de competencia en la civilidad. Y no es ese el estilo de la confrontación política imperante en este país.

   La función del Congreso es deliberar y decidir a partir del diálogo. El Informe anual es un reconocimiento a la investidura y las funciones de los legisladores y constituye una expresión, aunque rudimentaria y perfectible, de rendición de cuentas.

   Querer suspender la ceremonia del Informe por motivos como el desaguisado del día primero implicaría preocuparse por un asunto menor y no por el verdadero impedimento que padece hoy la política en México. Cancelar el informe para que no haya gritería sería como si fuera suficiente dejar de leer los periódicos para que las malas noticias no nos afecten, o como si se pretendiera cerrar los bancos para evitar que los asalten.

¿Régimen agotado?

   El problema no es el desgaste del formato sino el escaso respeto y el creciente déficit de tolerancia que han acumulado, en rencillas interminables, nuestros actores políticos.

   El formato, en todo caso, es consecuencia de un tipo de régimen político que posiblemente se está agotando. El presidencialismo todopoderoso ya no tiene presencia real pero las leyes que lo animaban se mantienen, en lo fundamental. Algunas voces sugieren voltear hacia otras experiencias nacionales y estudiar la conveniencia de establecer en México un régimen parlamentario o, quizá, un sistema semi presidencialista.

   Esa sería una discusión realmente importante. Pero es difícil pesar en asuntos de ingeniería política institucional cuando hay legisladores interesados no en parlamentar, sino en reventar a quienes no comparten sus puntos de vista.

   Hay mucho por cambiar y actualizar en las reglas de la política mexicana –o, mejor aún, para que este maremágnum pueda ser sustituido por un ejercicio creativo de la política–. La gritería de unos y otros impide que la sociedad, y sus fuerzas políticas, adviertan el deterioro creciente que puede acabar por desmantelar al sistema político con todo y reglas, protagonistas y formatos.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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La Crónica, 5 de julio de 2004

Parece una aberración y sería incongruente para lo que acostumbramos entender como democracia. Pero ante un panorama como el que tenemos y que, previsiblemente, se mantendrá dentro de dos años, comienza a ser tentadora la posibilidad de votar en blanco.

   Eso es lo que hacen los protagonistas de la más reciente y espléndida novela de José Saramago, Ensayo sobre la lucidez. Cansados de respaldar opciones con las que no se sienten representados, los ciudadanos resuelven depositar las boletas electorales sin haberlas cruzado. La estupefacción de los funcionarios en las casillas cuando encuentran las papeletas sin marcar precede a la indignación de la clase política que –como demostración de que en todas partes el autoritarismo experimenta síndromes de persecución– se dice víctima de un complot.

   Los partidos entre los que podían elegir los votantes en la novela de Saramago son estereotipos de los que encontramos en muchos de nuestros países. Derecha, izquierda y centro se disputan cuotas y cotos de poder más que las inquietudes de la sociedad. Las boletas en blanco suscitan una auténtica revolución política. Quizá ningún otro comportamiento de los ciudadanos habría desafiado tan ácida e hirientemente a un sistema político al que habían rebasado.

   En México no acostumbramos votar en blanco porque nuestra boleta podría ser cruzada en favor de cualquier candidato. Cuando los ciudadanos quieren expresar su descontento dejan de asistir a los comicios (y quizá por ello los índices de abstención han crecido en los años recientes), o anulan su voto cruzando los emblemas de más de un partido o anotando alguna imprecación.

   De no existir ese riesgo, votar en blanco sería una posibilidad elegante y simbólica. No se trataría de afrentar al proceso electoral, cuya legitimidad –y capacidad legitimadora– es reconocida por la sociedad. Pero tampoco de sancionar, por inercia o resignación, a candidatos o partidos que no nos convencen.

   Pensamos, para documentar el pesimismo, en el panorama político que determinará las próximas elecciones federales. El primer domingo de julio de 2006, salvo que el desafuero lo lleve a una inhabilitación definitiva, quizá el candidato con más posibilidades de ganar sea Andrés Manuel López Obrador. Los motivos para no votar por él son tan abundantes como –al menos para los habitantes del DF– lacerantes. A la demagogia y el populismo que determinan al gobierno de la ciudad de México, hay que añadir la torpeza política que ese personaje ha manifestado en las semanas recientes. Si López no pudiera postularse, cualquier candidato del PRD tendría que contar con su anuencia. En la remota hipótesis de que legalmente no pudiera registrarse como candidato, López Obrador se convertiría en el factor determinante para cualquier otra opción en su partido.

   Sufragar por el PRI, cualquiera que fuese su candidato, sería otra forma de votar por el pasado. Especialmente si la postulación la obtiene Roberto Madrazo, resultaría imposible olvidar los tráficos de influencias, las alianzas con el viejo y más desprestigiado priismo y los abusos que se le atribuyen a ese personaje cuando fue gobernador de Tabasco e incluso recientemente.

   Votar por el PAN implicaría hacerlo por Santiago Creel (cuyo desempeño en Gobernación acumula cada vez más errores), Felipe Calderón (a quien han respaldado los grupos más conservadores dentro de ese partido) o Marta Sahagún, cuya eventual participación no solo resultaría injustificable porque significaría un intento de reelección familiar. Además sería imperdonable que el actual presidente regresara al Rancho San Cristóbal sin la compañía de la hoy primera dama.

   Fuera de los tres partidos nacionales las opciones tampoco son suficientemente convincentes. Jorge Castañeda mantendrá, sin duda, una campaña inteligente y propositiva. Pero resulta imposible soslayar la oscuridad del origen de los recursos en los que se ha respaldado.

   En esas condiciones, votar en blanco sería una manera de expresar un descontento con todas las posibilidades políticas disponibles. Esa es, por cierto, una de las nuevas tendencias de la democracia contemporánea. En una entrevista reciente el politólogo Philippe Schmitter ha reconocido la búsqueda de opciones por parte de los ciudadanos que están cada vez más inconformes con sus sistemas políticos. Recientemente en Moldavia y el algunos distritos de Rusia se ha aprobado incluir en las boletas, junto a los emblemas de los partidos y los nombres de los candidatos, la opción “ninguno de ellos” (none of the above o nota por las siglas en inglés). En varias ocasiones esa ha sido la opción vencedora en las elecciones y ha sido necesario repetir los comicios.

   Con el voto en blanco la realidad alcanzaría a la ficción q