Sociedad y poder

Revista emeequis, 20 de abril

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Cuando López Obrador envía a sus adelitas y a los legisladores perredistas a entorpecer la discusión a la que está obligado el Congreso no solamente estamos presenciando la reedición de una escaramuza ya conocida. La tentación de asegurar que transcurrimos de la tragedia a la comedia resulta casi inevitable, aunque aquella frase nos queda cada vez más insuficiente.

Si nuestra vida pública deambulara de la confusión trágica al despropósito cómico, tendríamos cierta evolución o al menos nos entretendríamos. Pero cada vez tenemos más afianzada la sensación de que el país no hace sino recorrer un tortuoso, si bien estridente círculo vicioso. Importa poco si estamos moviéndonos de tragedia en tragedia o de comedia en comedia. Porque, una u otra, el resultado incluye el estancamiento de la deliberación pública, la estupefacción y el hartazgo de la sociedad, así como el refocilamiento de la clase política en la rencilla improductiva.

La responsabilidad del PRD y su ex candidato presidencial sigue siendo fundamental en ese atasco de la vida pública mexicana. Empecinado en una soberbia tan, valga la redundancia, autocomplaciente como auto paralizante, Andrés Manuel López Obrador renunció hace tiempo a ser palanca de cambios para el país y considera que su misión política es fastidiar sin tregua al presidente que le ganó las elecciones hace un par de años. En eso consiste el papel de la oposición, podría decirse. Pero una cosa es mandar al diablo a las instituciones –es decir, renegar de ellas con tanta exaltación que se las considera prescindibles— y, otra, tratar de que la vida política institucional se convierta en un infierno.

Por eso el comportamiento de López Obrador y su partido ha sido tan patéticamente emblemático del estancamiento de una vida pública en donde los desplantes sustituyen a las ideas y los reparos a la deliberación. El problema no es que ese personaje insista, al estilo del priismo autoritario en el que no en balde se formó políticamente, en que no hay más verdades que las suyas. Tampoco que siga denominándose presidente legítimo.

Esas y otras extravagancias serían indicativas de la incapacidad de López Obrador para entender una realidad que le ha sido desfavorable y nada más. El problema radica en la subordinación que la mayoría de sus correligionarios, comenzando por los líderes de esas variadas y a su vez peleoneras corrientes perredistas, siguen teniendo respecto de ese caudillo.

Aun sin haber resuelto la vergonzosa disputa por sus elecciones internas, todos los grupos del PRD cerraron filas no en defensa de un proyecto para reivindicar la soberanía nacional sobre nuestro petróleo sino, simplemente, alrededor de un rechazo tajante, sin argumentos ni matices.

La propuesta que el presidente Felipe Calderón envió al Congreso tiene aristas discutibles y precisamente por ello es preciso que se le examine con todo rigor. Aunque en ella se advierte un esfuerzo para conciliar las posiciones que buscaban una apertura con pocas restricciones con aquellas que sugieren no hacer nada o hacer muy poco para renovar a la empresa petrolera y su capacidad de crecimiento, la iniciativa del gobierno deja sin resolver algunas dudas fundamentales.

Sobre todo sigue faltando información completa, pero además confiable, para saber si la participación de empresas privadas en la búsqueda y la refinación de petróleo es realmente la mejor opción para el país. Hay quienes, como Cuauhtémoc Cárdenas, proponen reforzar las finanzas de Pemex para que la alianza con empresas privadas no sea necesaria. Parece sensato, aunque esa postura deja sin resolver de dónde obtendría el país el dinero necesario para compensar la ausencia del fortísimo respaldo que los recursos petroleros le otorgan al presupuesto nacional. En todo caso allí se encuentra uno de los nudos de la discusión que hace falta.

Esa deliberación ha sido entorpecida por la taimada indefinición del PRI que sigue apostando al corto plazo, sin comprometerse y pensando únicamente en su recuperación electoral y que buscó demorarse para ofrecer una posición acerca de la propuesta del presidente Calderón.

También la desmañada táctica del gobierno, que no ha tenido una ruta clara para preparar, cabildear, publicitar y defender su iniciativa de reforma petrolera, influyó en la parálisis política que hemos advertido en las semanas recientes. Es difícil que los acercamientos con otras fuerzas políticas los pueda emprender un secretario de Gobernación que ha gestionado contratos de servicios con Pemex en beneficio de su empresa familiar y que, peor aún, inicialmente se negó a reconocer y a explicar esa situación.

Pero en la perplejidad de esta vida pública acicateada por declaraciones catastrofistas y habitualmente ayunas de ideas y propuestas la responsabilidad del PRD, al que por comodidad, costumbre o ignorancia hay quienes siguen considerando de izquierdas, ha sido esencial. Comedia y tragedia, ese partido nacional sigue sin hacerse cargo de la confianza que pese a tan notorios despropósitos le siguen dispensando muchos ciudadanos. Frenar o estorbar la discusión jamás han sido prácticas reconocidas en la izquierda y mucho menos en la política de índole democrática. Pero a López Obrador y su partido hace rato dejaron de interesarles la congruencia y mucho menos las ideas. Y esa, tragedia o comedia, es una realidad imposible de aceptar.

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Crónica, 10 de abril de 2008

Antes de conocerla, López Obrador descalificó la iniciativa de reforma petrolera que antier presentó el presidente Felipe Calderón. Si hubiera un recetario para esquivar debates, el comportamiento del ex candidato perredista sería paradigmático. Antes que argumentos, la reprobación prejuiciada. Por encima de la deliberación, el asedio a espacios parlamentarios. A falta de razones, desautorizaciones.

La precipitación de los anticipadamente adversos a la reforma petrolera confirmó que, fuese cual fuera, la iniciativa del gobierno encontraría ese flanco antagónico. Signos de los tiempos, resabios de la crispación, secuelas de la política autoritaria: las “adelitas” del Peje convertidas en adeptas maleables e incondicionales en la peor tradición del caudillismo pero, sobre todo, con los más lamentables rasgos de sumisión femenina más allá de las razones; los intelectuales que se declaran contra una privatización petrolera que definieron mal, de prisa y equívocamente, después de suscribir sus desplegados; los legisladores más aptos para asaltar la tribuna que para ocuparla con argumentos y explicaciones. Esos, junto con la simplificación mediática (no en todos los medios, sí en los más refractarios de la misma manera que en los más sumisos al gobierno actual) son rasgos de anti-clima que encuentran las propuestas del presidente Calderón.

Tarde y mal, pero a fin de cuentas de frente, Calderón se animó a presentar su propuesta de reforma legal. En realidad se trata de cinco iniciativas: una nueva Ley Orgánica para Petróleos Mexicanos, modificaciones a la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional, la creación de una Comisión del Petróleo, así como reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. En esos documentos, aun sujetos al escrutinio especializado, se pueden distinguir cuatro coordenadas para el crecimiento de la industria petrolera:

1. La transformación de Pemex en una empresa que trabaje con criterios y decisiones propios. Se trata de que esté regida por un consejo de administración en el que, además de los representantes del Estado y el sindicato petrolero, habría consejeros profesionales. El gobierno no se arriesgó a proponer la exclusión de los representantes sindicales, con lo cual mantiene una de las principales fuentes de favoritismo y desviación de recursos en la industria petrolera. Sin embargo estableció un candado parcial: las decisiones del Consejo de Administración requerirán del voto favorable de al menos dos de los cuatro consejeros profesionales en una primera sesión. Si no hay acuerdo, se decidirá por mayoría simple en una segunda reunión. La empresa tendrá autonomía para el manejo de su presupuesto.

2. La creación de nuevos mecanismos y organismos de regulación y transparencia. En Pemex habrá un Comité de Transparencia y un Comisario que vigilarán las decisiones del Consejo de Administración y del Director de la empresa. Por otra parte se crea la Comisión del Petróleo, organismo técnico asesor de la Secretaría de Energía. Esa Comisión estará integrada por 5 comisionados a los que designará el Presidente de la República. Entre otras obligaciones tendrá la cuantificación de las reservas de hidrocarburos, propondrá lineamientos para proyectos de inversión, exploración y explotación y otorgará y revocará permisos para obras de exploración y explotación. La Comisión Reguladora de Energía recibe nuevas facultades, entre otras la de establecer precios de los derivados de la petroquímica. Además sancionará violaciones a normas de seguridad.

3. Más información pública acerca de la industria petrolera, su situación y proyectos. Además de la información que provean los ya señalados organismos, Pemex deberá rendir cuentas de sus políticas y resultados a quienes tengan “bonos ciudadanos”. Esos títulos de crédito serán expedidos por Pemex y darán rendimientos de acuerdo con su desarrollo pero no implican derechos patrimoniales sobre la empresa. Como figura retórica para subrayar el carácter nacional de Pemex, los bonos son una fórmula llamativa y quizá resulten propagandísticamente eficaces. Pero pueden conducir a un endeudamiento excesivo de Petróleos Mexicanos. Por otra parte, a fin de que no se susciten falsas expectativas, es preciso que el gobierno explique los mecanismos de adquisición, las reglas para evitar su acaparamiento y los réditos posibles de tales bonos.

4. La posibilidad de contratar a empresas privadas para tareas de exploración petrolera, así como en la refinación y transporte de productos petroquímicos, siempre bajo la supervisión de Pemex. Aquí se encuentra el tema que será más debatido de entre los que componen esta colección de propuestas.

El Artículo 4º. que se propone para la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo dice:

“Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos.

“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo. Dicha contratación no podrá, en modo alguno, transmitir la propiedad del hidrocarburo al contratista, quien tendrá la obligación de entregar a Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios todos los productos y residuos aprovechables que resulten de los procesos realizados.

“Las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan…”

Y el artículo 6º. de esa misma iniciativa indica:

“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar

con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, manteniendo en todo momento el control sobre las actividades en la exploración y desarrollo de los recursos petroleros.

“Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan, serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán, por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, propiedad sobre los hidrocarburos, ya sea a través de porcentajes en los productos o de participación en los resultados de las explotaciones”.

Esas son las cartas del presidente Calderón. Decimos que las presentó mal y tarde por toda la especulación que el gobierno dejó brotar antes de decidirse a enfrentar las contingencias, pero también las ventajas políticas, de hacer una propuesta integral y clara.

Será difícil que alguien esté en contra de que Pemex trabaje con eficiencia, o de que haya más y más claros controles sobre su desempeño. Los “bonos ciudadanos” tendrán que ser evaluados independientemente de su fuerza simbólica. Y respecto de la contratación de empresas privadas para desempeñar tareas tanto en la búsqueda y obtención como en el procesamiento de crudo, subsisten preguntas básicas. ¿Pemex no puede hacerse cargo directamente de esas tareas? ¿Qué necesitaría para estar en aptitud de enfrentarlas sin subcontratar? ¿Cuánto perderemos a mediano plazo por ahorrar ahora en la inversión tanto para explorar y extraer como para refinar petróleo?

La solución a esas y las seguramente muchas otras interrogantes que suscitan las iniciativas presidenciales tendría que ocurrir en una auténtica deliberación nacional. El marco institucional deseable para ello es el Congreso y por eso ha sido pertinente que, ayer, el Senado estableciera un ambicioso temario para un debate sobre la cuestión energética. Quienesquiera que se opongan a esa discusión –y a que, al cabo de ella, los legisladores cumplan con la obligación que tienen para, valga la redundancia, tomar decisiones legislativas– estarán entorpeciendo no solamente la posibilidad de acuerdos básicos en un asunto nodal para el país. Además impedirían que en este debate los ciudadanos opinen, pregunten, entiendan y, así, se formen una posición enterada acerca de la reforma petrolera. No hay que hacer enredos de los veneros del petróleo lopezvelardianos.

No sería una novedad que López Obrador prefiriera las medidas de fuerza a la deliberación. El debate de ideas no es ni ha sido su fuerte. Pero no es la capacidad ni mucho menos la lucidez de ese dirigente lo que está a prueba, sino la aptitud del país para tomar decisiones a pesar de los segmentos más cerriles de la sociedad. La mitad del PRD que en el reciente y desastrado proceso electoral de ese partido se manifestó contra el caudillismo del ex candidato presidencial tendrá algo que decir en ese debate, a menos que involucione de nuevo y otra vez se mimetice con el inmovilismo político que, hipotecado únicamente a la expresión callejera, propone López Obrador. Los intelectuales que con este motivo refrendaron su adhesión al que unos cuantos de ellos consideran presidente legítimo, están ante la valiosa oportunidad de volver a las ideas. Las adelitas, como ellas mismas se denominan en autoflagelatorio vasallaje, tienen la ocasión de reivindicarse como mujeres plenas, dispuestas a actuar pero antes que nada a razonar, a diferencia de aquellas señoras que no acompañaban sino que simplemente seguían a sus hombres en la Revolución de hace casi un siglo. A ver si quieren.

La Crónica, jueves 20 de marzo

   En este 70 aniversario de aquella decisión valiente del general Lázaro Cárdenas se reiteró la fuerte carga simbólica que la nacionalización del petróleo sigue teniendo para los mexicanos. Recordar es reconocerse y en la remembranza del 18 de marzo nos advertimos como parte de una historia que no comienza ni termina ahora. Pero ningún país puede vivir de sus recuerdos. Y respecto del petróleo, la necesidad de tomar decisiones pronto y con seriedad condicionó las tres principales ceremonias con las que se conmemoró la expropiación de 1938.

   Andrés Manuel López Obrador ofreció, en el Zócalo de la ciudad de México, una visión del petróleo fundamentalmente anclada en la retórica y mirando hacia el pasado. El presidente Felipe Calderón Hinojosa mostró en Paraíso, Tabasco, una actitud de reconocimiento a la gesta histórica pero tan ayuna de definiciones sustanciales que resultó fundamentalmente estática respecto de los retos que hoy tiene nuestra industria petrolera. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano presentó en Morelia, Michoacán, una perspectiva fincada en la historia pero orientada a la solución de los problemas nodales de Petróleos Mexicanos. Paradójicamente, de esos tres mensajes el que menos se refociló en la épica de 1938 fue el que presentó el hijo del general Cárdenas.

   La de López Obrador, delante de un auditorio enardecido y complaciente, fue una postura cuya enjundia resultó inversamente proporcional a las ideas. El “presidente legítimo” se construye como referencia política a partir de la denostación de sus adversarios. En el mensaje del martes pasado abundaron expresiones al estilo de “¡ésos políticos y tecnócratas corruptos, acomplejados y vende patrias!”.

   Antes de que exista una propuesta formal y pública sobre ese tema, López Obrador ya decidió que Calderón y sus colaboradores quieren privatizar la industria petrolera. Él se opone por tres motivos: “la primera razón es la defensa de nuestra soberanía nacional”; “la segunda razón…es que sería una violación infame a nuestra Constitución Política”; “la tercera razón es que detrás de la privatización está el interés de un grupo para hacer negocios privados al amparo del poder público”.

   Como no discute con un proyecto ya conocido sino con el fantasma del que él asegura es el propósito de Calderón, la eficacia del discurso de López Obrador radica únicamente en sus coartadas autorreferenciales. Ciertamente la falta de definiciones del gobierno federal, reiterada en el mensaje que el presidente Calderón ofreció en Tabasco, alimenta esas especulaciones. Pero en todo caso, la postura de López Obrador no enfrenta los problemas actuales de la empresa petrolera.

   La administración de Pemex y diversos especialistas sostienen que a México se le está haciendo tarde para explorar las aguas profundas del Golfo de México. López Obrador simplemente considera que las principales reservas de crudo no están allí.

   Ante la preocupación de numerosos analistas de la cuestión petrolera por la extracción subrepticia de petróleo mexicano que podrían estar realizando empresas estadounidenses en los límites territoriales en el Golfo, López Obrador se limita a descalificar “la vacilada del ‘efecto popote’, para tratar de justificar la pretendida reforma a las leyes y permitir la asociación con empresas extranjeras”.

   Allí se agota el discurso, ayuno de propuestas, del despechado ex candidato presidencial. Esas limitaciones no le impiden llamar a una campaña nacional contra una privatización todavía incierta.

   El mensaje del presidente de la República, en Tabasco, no fue mucho más puntual en las propuestas aunque sí en el diagnóstico de la industria petrolera. Después de afirmar que “Petróleos Mexicanos no se privatizará”, Calderón ofreció datos alarmantes: al ritmo de producción actual, las reservas probadas nos durarán apenas 9 años; la producción diaria cayó en 300 mil barriles entre 2004 y 2007 y seguirá reduciéndose porque el yacimiento de Cantarell, de donde se extraía el 62% de la producción petrolera nacional, está extinguiéndose;  hoy en día tenemos que importar y subsidiar la venta de 4 de cada 10 litros de la gasolina que consumimos en México.

   El presidente anunció inversiones para respaldar a Pemex y, sin precisar plazos ni sitio, ordenó que se realicen estudios para construir una nueva refinería. Todo ello es importante pero no enfrenta las principales carencias de la paraestatal. Faltaron definiciones claras cuando dijo que es preciso “transformar a Pemex en una empresa que tenga la libertad suficiente en la toma de decisiones para que pueda utilizar mejor sus recursos y contratar, en las condiciones que más le convenga, a los mejores en su especialidad”.

   Con la campaña que despliega en numerosos medios audiovisuales, Pemex ha sembrado la inquietud acerca de la exploración en aguas profundas. Cabe preguntarse por qué la empresa petrolera dilapida centenares de millones de pesos en esa campaña en vez de utilizar el tiempo al que tiene derecho el Estado en las emisoras de radio y televisión.

   El presidente Calderón estima que Pemex debería “contar con el soporte técnico y operativo de empresas especializadas, que le permitan superar su rezago tecnológico y multiplicar su capacidad financiera y de ejecución”. Nadie se opondría a ello. El problema es en qué condiciones, a qué precio y con qué compromisos, Pemex recibiría ese respaldo.

   Y a propósito de compromisos y costos, el mensaje presidencial en Tabasco dejó ver uno de los lastres que el gobierno ha decidido seguir cargando en cualquier eventual renovación de Pemex cuando Calderón reconoció “la responsabilidad en la defensa de sus agremiados, la responsabilidad con la empresa y con el país, con la cual se ha conducido el sindicato, su dirigencia y su líder Carlos Romero Deschamps”. Tan inciertas y quizá tan costosas como los tratos que pretende con empresas extranjeras, son las alianzas que el gobierno panista ha decidido mantener con el sindicalismo de origen priista, ideología convenenciera y acreditada corrupción.

   Frente a la demagogia de López Obrador y las indefiniciones de Calderón, el discurso de Cuauhtémoc Cárdenas en Morelia fue de agradecible mesura y seriedad. Gran parte de las carencias que se deploran hoy, subrayó, se deben a la exacción que el país ha hecho de su industria petrolera. Ahora, sin embargo, los yacimientos se están agotando y no hemos tenido una política para restituir las reservas.

   El cuestionamiento de Cárdenas va más allá de la situación petrolera e involucra a la política económica: “La ineficiencia de las autoridades recaudadoras para cobrar impuestos  se ha resuelto imponiendo a Pemex un sistema de pagos por adelantado y con una fiscalidad que absorbe el 74 % de sus ingresos por la venta de crudo y algo más por otros conceptos. La pregonada estabilización macroeconómica y el equilibrio en las finanzas públicas, no provienen de una mayor eficiencia en el gasto, sino del embargo del presupuesto de las empresas públicas, en especial Pemex y Comisión Federal de Electricidad, a las que se impide disponer de recursos autorizados de inversión…”

   Igual que Calderón, Cárdenas destaca la dependencia mexicana respecto de las empresas de refinación extranjeras y ofrece otro dato: la importación de gasolinas nos cuesta 15 mil millones de dólares al año. Pero además, alerta, nuestras refinadoras están diseñadas para  crudo ligero y no pueden procesar el de tipo pesado por lo que es indispensable modificar el sistema nacional de refinación y construir dos nuevas refinerías (Calderón anunció al menos una de ellas).

   La petroquímica, indicó Cárdenas, “acumula más de quince años de estancamiento, deterioro, baja utilización de su capacidad instalada, ruptura de cadenas productivas nacionales y crecimiento de las importaciones, cuya factura supera ya los diez mil millones de dólares anuales”. La organización de Pemex en varias empresas ha significado “una separación rígida y una relación comercial entre filiales que las hace conducirse como si se tratara de negocios separados y en competencia”.

   La deuda de Pemex, documentada en los llamados pidiregas que han alcanzado los 50 mil millones de dólares, “no es sino una doble contabilidad que lleva el gobierno para cuadrar las cuentas que oficialmente rinde a los organismos internacionales, que no ignoran la existencia de esa deuda pero se engañan a sí mismos al no registrarla como tal”. Esa deuda, dice Cárdenas, “debiera ser absorbida y en su caso renegociada por el gobierno federal, descargando de ese pesado lastre al sector energético”.

   La exploración en aguas profundas en el Golfo, a juicio del hijo del General, es necesaria pero no tiene por qué realizarse con contratos de riesgo como sugiere el video gubernamental que todos conocemos. Esos contratos, recuerda Cárdenas, “están expresamente prohibidos por nuestra Constitución”.

   Para Cuauhtémoc Cárdenas esa exploración puede realizarse con tecnologías compradas o contratadas pero sin compartir riesgos e inversiones con empresas privadas: “no existe razón para que la industria nacionalizada no sea la que reciba el 100% de los beneficios del petróleo que se extraiga de las aguas profundas”. De cualquier forma, si esos trabajos de exploración comenzaran hoy tendríamos que aguardar 8 o 10 años antes de que se extrajera el primer barril de petróleo.

   De allí la insistencia del fundador del PRD –un partido hoy tan lejano de cualquier deliberación seria y atrapado por el canibalismo de las corrientes que lo están despedazando– en que, además de la exploración profunda, la empresa petrolera emprenda otras tareas: “construir refinerías, extender la red de ductos, modernizar terminales de almacenamiento, explorar en aguas someras, reactivar campos maduros, explotar los yacimientos en tierra, conceder autonomía presupuestal y liberar de la deuda en pidiregas a Pemex”.

   Además, Cárdenas Solórzano apremió al gobierno mexicano para que acuerde con Estados Unidos las condiciones de explotación de los yacimientos submarinos en la zona transfronteriza en el Golfo de México.  

   Allí hay una opción integral para que conmemoremos las 7 décadas de petróleo nacionalizado pensando responsablemente en el futuro sin darle la espalda a la historia. Por desgracia, es altamente posible que la obcecación revanchista de López Obrador y la perspectiva limitada que hasta ahora ha mostrado el presidente Calderón les impidan aquilatar la propuesta que presenta Cárdenas.      

La Crónica de Hoy, jueves 27 de septiembre de 2007

   El manotazo que el presidente Calderón dio el viernes sobre la mesa del escenario público mexicano tendría que suscitar más inquietudes y, sobre todo, decisiones más claras por parte del poder político. Ante un heterogéneo elenco integrado por mujeres y hombres a quienes una revista presuntamente especializada en ese tema ha calificado como líderes mexicanos, el presidente de la República enderezó una vehemente serie de reproches que dejaron aturdida a su audiencia y confundidos a la mayor parte de los medios de comunicación.

   Evidentemente el presidente Felipe Calderón estaba molesto. Quizá lo estaba con la ceremonia misma, en donde le ratificaban el reconocimiento como líder nacional frente a 300 personas catalogadas con la misma distinción. Posiblemente no se consideró idéntico a todas ellas, lo cual es comprensible si se advierte que en ese grupo había empresarios, comunicadores, políticos, deportistas y artistas, entre otros, de muy variadas aptitudes pero sobre todo de diversas y hasta contradictorias condiciones y famas públicas.

   También es probable que el presidente de la República haya desahogado en aquel encuentro la irritación acumulada por simulaciones y excesos de no pocos miembros de las elites económicas y políticas que suelen acudir a los gobernantes en busca de mayores privilegios. La recriminación a quienes se enriquecen a costa del esfuerzo de otros fue insoslayable: “Cuántas veces en nuestro México se ha roto nuestro tiempo, cuántas veces hemos perdido, cuántas crisis económicas en nuestro México reciente han mandado a más de la mitad de los mexicanos a la miseria otra vez. Cuántas fortunas se han construido sobre la sangre y sobre el dolor de esa mitad de mexicanos”.

   No sabemos cuántas, aunque no es difícil identificar a varios de los beneficiarios de tales fortunas. Con esa admonición el presidente convirtió a una ceremonia rutinaria en lo que posiblemente será uno de los momentos de inflexión más importantes en el transcurso de su gobierno.

   El presidente habló de congruencia. Jorge Ferráez, uno de los editores de la revista Líderes mexicanos, había dicho que los entrevistados en esa publicación suelen tener un sueño. Pero, dijo Calderón, “creer en algo implica también tener la fuerza para sostenerlo, no sólo la fuerza, sino la congruencia vital, escasa en nuestro tiempo, de ser coherente entre lo que se piensa y lo que se dice y todavía más escasa y quizá especie en extinción, la congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace”.

   Más tarde, aunque en una alusión un tanto oscura (aparentemente se refería al poeta T.S. Eliot) recalcó: “cuando el que es congruente es capaz de sacrificar y de mover, y cuando el que piensa, cree y hace lo que es congruente, es capaz de escapar a lo que los demás dicen, es capaz de ser, como dice Eliot, el fugitivo”.

   Así que si es consecuente con ese elogio de la congruencia, los hechos próximos del presidente Calderón tendrían que ser resultado de los dichos que con tanta elocuencia expresó. Decir que tenemos una sociedad profundamente desigual se ha convertido en lugar común. Pero que el presidente de la República cuestione las fortunas amasadas a costa del sacrificio de los mexicanos no es poca cosa.

   La consecuencia de ese diagnóstico, para que hubiera congruencia, necesitaría traducirse en una política económica capaz de redistribuir aunque sea parte de las fortunas que tienen unos cuantos en beneficio de los muchos que tienen casi nada. Y en una sociedad moderna y a la vez democrática únicamente hay un camino para emprender una operación redistributiva de esa índole: que el Estado tenga más recursos de origen fiscal.

   Quizá la exasperación del presidente Calderón esté relacionada con las egoístas reticencias de los dueños y beneficiarios del dinero para admitir del todo la tímida reforma fiscal que el gobierno propuso hace algunos meses. Las decisiones que, en ese terreno, tomó hace dos semanas el Congreso, significan un paliativo importante pero sobre todo insuficiente para que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de política social.

   El pequeño aumento que se dispuso al precio de la gasolina –y que ayer el presidente anunció que sería efectivo hasta el año próximo– fue una medida obligada por los tijeretazos que los grupos parlamentarios le impusieron a la propuesta inicial del Poder Ejecutivo. Todos los partidos son exigentes cuando señalan rezagos en las políticas públicas pero, en México, ninguno de ellos se arriesga con aumentos de impuestos como los que resultarían necesarios para proporcionarle al Estado una auténtica plataforma que le permitiera atender a la sociedad. La falta de compromiso con la cuestión fiscal es uno de los comportamientos que impiden considerar al PRD como auténtico partido de izquierda. Y en la reserva del PAN y el PRI para entrar a una verdadera reforma fiscal suelen influir los intereses de grupos empresariales.

   No sería inverosímil que esas circunstancias hayan estado presentes en el ánimo del presidente Calderón cuando expuso su concepción sobre el liderazgo que requiere el país. Los líderes que estaban presentes en aquella reunión y los que han sido catalogados como tales por la mencionada revista tuvieron, dijo, “más posibilidades que una niña que ni siquiera llegó a los dos años de edad en la montaña de Guerrero”. Todos ellos, disfrutaron de “más oportunidades que una joven en las orillas de Chimalhuacán que ha sido prostituida a sus 13 años en La Merced en la ciudad de México”.

   El país, de acuerdo con el razonamiento social del presidente, tiene más exigencias hacia ellos que para mexicanos como esas niñas. De allí que “esta minoría selecta, esta élite, tiene una responsabilidad enorme con su generación y con nuestro tiempo; pienso que esta minoría selecta que a final de cuentas marca cadencias en una generación, tiene mucho más que hacer que los demás”.

   A esas alturas de su discurso, que fue improvisado según las escasas crónicas periodísticas sobre ese acto, Calderón estaba claramente disgustado. No por la riqueza y las virtudes desarrolladas por tan variados dirigentes nacionales sino por la ausencia, o la insuficiencia, de su compromiso social. Entonces acudió a José Ortega y Gasset para hablar de las generaciones que se abandonan a un destino arrellanado y transcurren sin dejar huella en la historia: “se pierden, se hunden, se callan, se opacan en la mediocridad, se opacan en el miedo, en el temor, en la desesperanza, en la inercia”, dijo.

   No hay duda de que la que hemos tenido hasta ahora en la conducción de los asuntos nacionales –y no nos referimos únicamente al gobierno sino también a los negocios, los gremios e incluso el pensamiento crítico, entre otras áreas– ha sido una generación de miras estrechas en comparación con los desafíos del país. Cuando Ortega y Gasset se refería a ese asunto (especialmente en El tema de nuestro tiempo, publicado en 1923) era para explicar que una generación son las masas y los sujetos destacados que las componen. Aunque esa distinción entre “los individuos superiores y la muchedumbre vulgar” es bastante chocante, precisamente porque no reconoce la disparidad de oportunidades que hay en toda sociedad desigual, a Ortega le sirve para no incurrir en una interpretación colectivista ni individualista de la historia.

   A Calderón lo que le interesaba subrayar en su alocución del viernes 21 de septiembre era el exiguo compromiso de los líderes y su reticencia para coincidir en una idea común acerca del país que pretenden. A veces, recordó, “ese pequeño grupo de periodistas y de deportistas y de artistas y de políticos y de servidores públicos y de trabajadores, hace a un lado la gran tentación humana de quedarse sentado a la orilla del camino”. Entonces es “cuando esas minorías selectas y sus muchedumbres que la siguen transforman la historia”.

   La preeminencia de intereses particulares por encima de lo que a falta de mejor definición podríamos denominar como el interés nacional así como la profusión de rencillas, confusiones e incluso simplezas y torpezas que dominan el escenario público, son para inquietar a cualquiera que intente pensar en el futuro del país más allá de la agobiada coyuntura de todos los días. No sólo carecemos de liderazgos dignos de ese nombre. Tampoco tenemos un proyecto de país en torno al cual podamos articular decisiones y compromisos de los sectores fundamentales.

   Apenas unos días antes de su severo discurso, el presidente Calderón conoció las presiones de los dueños de las empresas mediáticas más importantes que han intentado frenar el proceso de reformas constitucionales en materia de comunicación y política. Por esas mismas fechas las fotografías del rancho de Vicente Fox ya eran escándalo mediático y político. El discurso del presidente, en cambio, pasó desapercibido en muchos noticieros y periódicos.

   Quién sabe en qué medida la codicia de los barones mediáticos y la impudicia de Fox y su esposa influyeron en el ánimo presidencial. Pero sin duda a unos y otros les quedaba como mandada a hacer la descripción que Calderón hizo, aparentemente recordando a Gandhi, de las faltas en las que pueden incurrir quienes tienen a su cargo decisiones importantes: “pecados nuestros verdaderamente son: uno, hacer política sin principios; hacer comercio sin moral, hacer oración sin sacrificio”.

   No conocemos a ciencia cierta a qué personas o instituciones se refería. Pero podríamos pensar en algunos comunicadores destacados cuando Calderón ambiciona “un México distinto al de la oruga docta que pontifica y se sube allá a su torre de marfil y que tarde o temprano queda convertida en pedestal de imbéciles”.

   Son palabras durísimas. No tardaremos en saber si obedecieron a convicciones ya decantadas o simplemente a un arrebato momentáneo. Cuando vienen del poder político, no es difícil advertir la distancia de los dichos a los hechos. Al presidente Calderón, que por lo visto es aficionado a ese pensador español, quizá no le resulte ajena esta frase de Ortega y Gasset cuando decía que, en su país: “A la república solo ha de salvarla pensar en grande, sacudirse de lo pequeño y proyectar hacia lo porvenir”. Si el presidente se resolviera, está a tiempo de emprender o al menos de intentar con seriedad un cambio de esa índole. Claro, si realmente eso es lo que quiere.

La Crónica de Hoy, 21 de junio de 2007

Decepcionante. Limitada. Tímida. A las iniciativas de ingresos que presentó ayer el gobierno federal es difícil denominarlas reforma fiscal, por lo menos de acuerdo con el sentido transformador y casi redentor que se le ha adjudicado a ese término. Los nuevos impuestos en realidad no son tales: funcionarán, en lo fundamental, como instrumentos para garantizar el pago de los gravámenes que ya existen. A la economía informal únicamente se la condena a dosificar sus depósitos bancarios o a prescindir de ellos. A los estados y municipios se les confieren atribuciones un poco más amplias pero siempre dentro del mismo esquema fiscal que ha existido hasta ahora.

   Con el más importante de los impuestos cuya aprobación le propuso ayer la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión, así como con las tímidas medidas contra la evasión fiscal que forman parte de ese paquete de iniciativas, el gobierno espera aumentar sus ingresos en 1.5 puntos del PIB en 2008 para llegar a 2.8 puntos en 2012.

   Toda la arquitectura del paquete fiscal se encuentra articulada por esos objetivos. Y ellos, dependen del éxito que tengan las estimaciones realizadas por el secretario Agustín Carstens y su equipo.

   Para que esas metas pudieran alcanzarse, sería necesario que la nueva “Contribución empresarial a tasa única” realmente sirva, según se indica en la iniciativa correspondiente, “como un impuesto de control para el ISR, gravando con una tasa del 19% los ingresos después de deducir la inversión y la adquisición o renta de los bienes y servicios independientes”.

   Las empresas y las personas físicas con actividad empresarial tendrán que pagar ese porcentaje (que será inicialmente del 16% para aumentar tres puntos hasta 2009) a cuenta del impuesto sobre la renta que deberían entregar tanto por sus propios ingresos como por los que retienen a sus clientes. Pero aunque se dice que ese impuesto “hace más equitativa la tributación”, influirá fundamentalmente sobre aquellos que ya cumplen con sus obligaciones fiscales y no implica un paso sustancial para forzar al pago de contribuciones al amplio universo de evasores.

   Esa contribución podría ser atenuada con un crédito para estimular la creación de empleos pero cuyas reglas (establecidas en el “Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y se Establece el Subsidio para el Empleo”, ¡uf!) son inversamente proporcionales a cualquier intento para simplificar los procedimientos fiscales.

   La “CETU”, que es como se abrevia la nueva contribución, sustituiría al Impuesto al Activo. Pero los cálculos que se hacen acerca de su eficacia son mucho más difusos que las obligaciones inmediatas que impondrá a quienes ya son contribuyentes.

   Una segunda iniciativa que el Congreso tiene desde ayer bajo su consideración es la “Ley del impuesto contra la informalidad” que gravaría con una tasa del 2% los impuestos en efectivo cuyo monto acumulado sea mayor a 20 mil pesos y que, en un mes, sean realizados en la o las cuentas bancarias de personas físicas o morales. Ese también es un impuesto de control con el que se pretende fiscalizar las actividades de quienes, encontrándose en la economía informal, no suelen hacer declaración fiscal.

   De inicio, ese impuesto reconoce el fracaso en el seguimiento de las cuentas bancarias que la Secretaría de Hacienda anunció hace varios años que emprendería precisamente para determinar si el pago de impuestos correspondía a los ingresos que declarasen o dejasen de manifestar los contribuyentes. La nueva medida podría desalentar la utilización de cuentas bancarias y quizá propiciar el surgimiento de otros mecanismos para guardar e invertir el dinero de quienes tienen ganancias en actividades por las cuales no declaran impuestos.

   Los estados y municipios reciben una parcial satisfacción al perenne reclamo para intervenir más y con mejores beneficios en la recaudación fiscal. Una propuesta de reforma constitucional que forma parte del paquete anunciado ayer les permitiría a los estados crear impuestos para la venta final de gasolinas, diesel, tabacos y cervezas. Los municipios recibirían al menos la quinta parte de esa recaudación. También se propone sustituir la tenencia vehicular con impuestos estatales pero… hasta el año 2014.

   En otra iniciativa, el gobierno propone gravar con un recargo del 20% la participación en juegos con apuestas y sorteos. Y, sorprendentemente, se propone una tasa del 50% a la venta de pinturas en aerosol. Los motivos para ese inesperado cuan elevado impuesto no son financieros sino patrimoniales y, quizá, estéticos: se busca, dice uno de los documentos de Hacienda, “desalentar la pinta de bienes inmuebles públicos y privados, en algunos casos monumentos históricos, oficinas, fábricas, casas habitación y medios de transporte público y privado”.

   El impuesto anti graffiti podría inaugurar una curiosa filosofía fiscal. Para evitar los accidentes automovilísticos se podrían incrementar los gravámenes a las gasolinas (mientras menos coches más peatones a salvo); o para que lleguemos a estar a salvo de las marchas callejeras podría haber un impuesto especial a los zapatos, de tal manera que los marchistas consuetudinarios lo pensaran dos veces antes de gastar las suelas así encarecidas.

   Ya en serio, la debilidad fundamental de las propuestas que ayer presentó el gobierno del presidente Felipe Calderón es la ausencia de intención alguna para gravar los ingresos de quienes más dinero ganan en este país.

   Las iniciativas del Dr. Carstens y sus asesores son muy imaginativas. Pero le dan la vuelta a los únicos mecanismos fundamentales que existen para expandir la recaudación. El primero de ellos, Perogrullo dixit, es aumentar los impuestos. El otro, es combatir la evasión.

   Para aumentar los impuestos (asunto que a nadie le gusta pero que suele definir la diferencia entre los gobiernos que toman decisiones necesarias y los que solamente deciden cuando con ello quedan bien con la sociedad o algunos de sus grupos de interés) solamente hay dos caminos básicos: gravar el consumo o gravar los ingresos.

   La primera posibilidad ha sido vetada por algunos de los partidos nacionales, a pesar de los estudios que han demostrado que la generalización del IVA haría pagar mucho más a los que más gastan que a los pobres. La otra, consiste en gravar las ganancias. Sobre todo las ganancias más altas comenzando, por ejemplo, por aquellas que resultan de actividades especulativas como sucede con las inversiones en las bolsas de valores.

   Esa es la reforma fiscal que el doctor Carstens y el maestro Calderón se han negado a impulsar. En vez de ella presentaron las ingeniosas propuestas que desde ayer deben estar estudiando senadores y diputados. El diagnóstico que se ofrece en la presentación de tales iniciativas quizá es impecable: la recaudación en México es menor al 10% del PIB, la tercera parte de los ingresos del sector público provienen del petróleo, la tasa de evasión en el pago del ISR y el IVA es del 27% sobre la recaudación potencial. Tenemos muchas necesidades e insuficientes ingresos.

   Si la propuesta fiscal presentada ayer tiene éxito significaría, en el mejor de los casos, un incremento, dentro de 5 años, de aproximadamente el 10% en los ingresos del sector público. Actualmente, con datos para 2006, el total de esos ingresos equivalen al 24.7% del Producto Interno Bruto. La estimación de Hacienda supone que entre CETU y mejorías en la eficiencia recaudatoria, la Federación podría recibir ingresos adicionales equivalentes al 2.8% del PIB para 2012.

   En 2008, esos rubros significarían una mejoría del 1.5% –siempre respecto del PIB– que equivalen más o menos a la séptima parte del total de los ingresos no petroleros que recibe el gobierno federal (y que ascienden a 11 puntos del PIB).

   Desde luego, no se trata de montos desdeñables. El 1.5% del PIB equivale a casi todo el gasto educativo que la Federación realizó el año pasado. El 2.8%, que es la meta para 2012, equivaldría al gasto programable que el año pasado ejerció el gobierno federal en Agricultura y Desarrollo Rural, Educación, Desarrollo Social y Salud (rubros que significaron, respectivamente, 0.5%, 1.6%, 0.3% y 0.4% del PIB). No es poco, pero no basta. Esa, junto con la razonable incertidumbre que se puede tener respecto de las metas que anuncia, es la otra flaqueza de la propuesta fiscal del gobierno.

La Crónica, 15 de agosto de 2004

El México que añora Carlos Slim era mucho más desigual, atrasado y ensimismado que el que tenemos ahora. El llamado milagro mexicano que el dueño de Telmex reivindicó con intencionado énfasis el jueves anterior, solamente resultó providencial para los poderosos. La clase gobernante y quienes se enriquecían a su amparo y/o junto con ella, fueron los beneficiarios fundamentales de la extensa fase de estabilidad social y crecimiento económico que el país experimentó entre los años cuarenta y sesenta del siglo XX.

La vuelta al pasado que propone el más acaudalado de los empresarios mexicanos significaría una catástrofe económica, política y social para el país.

El desarrollo de las décadas que tanto le llaman la atención al ingeniero Slim logró poco contra la reducción de la pobreza y estaba sustentado en el proteccionismo estatal, para que las escasas industrias que tenían rendimientos sustanciales se encontrasen a salvo de la competencia extranjera.

Ese desarrollo era posible gracias al monopolio de la política ejercido por el viejo PRI. La dupla partido acaparador y presidencialismo omnipotente garantizaba la estabilidad que para algunos fue modelo en América Latina, pero que mantuvo aherrojadas a nuestras instituciones políticas durante más de treinta años.

La sociedad mexicana de esa época, mucho más pequeña pero también más conservadora que la que tenemos ahora, se debatía entre el paternalismo estatal y la coerción a sus manifestaciones disidentes. Las expresiones culturales que discrepaban con el canon oficial eran censuradas o marginadas. La represión de octubre de 1968 fue culminación de esa sorda tensión entre una sociedad que pugnaba por florecer en la diversidad y un Estado cuyo autoritarismo se alimentaba en la paranoia y el alejamiento de sus gobernantes.

Que haya acuerdos

Ese es el país al que, ante la anuencia del rector Juan Ramón de la Fuente, propuso retrotraernos Carlos Slim el jueves 12 de agosto en la sala Miguel Covarrubias, del Centro Cultural en Ciudad Universitaria.

El accionista principal del Grupo Carso se refirió a la necesidad que México tiene para que sus principales fuerzas políticas y sociales se pongan de acuerdo. Sería deseable, dijo, que “en aquellas áreas que pueden ser de consenso de la población y en la que los distintos sectores, los distintos partidos políticos convocados por el gobierno federal, encabezado por el Presidente Vicente Fox, pudieran tener esa reconciliación”.

En ese llamado, Slim coincide con muchas de las voces que desde muy variados campos del panorama nacional han emplazado a los partidos para que hagan política creativa en vez del desgaste al que someten al país.

Que haya acuerdos, es una aspiración generalizada en nuestra sociedad. Pero si no los hay es porque cada uno de los actores principales de la vida pública mexicana parece tener una idea diferente sobre el propósito de esos arreglos.

Para Slim, es necesario que haya “políticas de Estado” que impulsen “el desarrollo económico y social, además de alcanzar acuerdos nacionales”. Tales acuerdos, consideró, deberían propiciar la seguridad jurídica y física y el crecimiento con empleo y estabilidad y una educación de calidad en todos los niveles.

Se trata de aspiraciones incontestables. No habrá mexicano, o fuerza política nacional, que no esté de acuerdo con ellas.

Pero con qué política económica, con cuál presencia y dimensiones del Estado, con cuáles políticas públicas y desde luego para qué sociedad se piensa con tan plausibles metas, constituyen temas en cuya definición se perfilarían proyectos distintos.

Pero sin retrocesos

Slim presentó su paradigma. Él considera que ese esfuerzo de acuerdos políticos y conducción gubernamental debiera servir para que “se retome el ejemplo del milagro mexicano, crear ese clima, y retomar la senda del crecimiento”.

La “unidad nacional” así alcanzada, habría de servir ”para que la construcción y la infraestructura pudieran volver a surgir como en aquella época”.

Esa época es la del periodo que transcurrió entre los años 40 y 60 del siglo XX. Slim se refirió a ella con motivo del homenaje que la UNAM le ofreció al empresario Bernardo Quintana, al cumplirse 20 años de su fallecimiento. Creador del emporio más importante en la industria de la construcción en México y posiblemente en América Latina Quintana fue, en opinión de Slim, ”uno de los más queridos, destacados y respetados titanes de la posguerra en México”.

Slim mencionó al de Manuel Ávila Camacho como el primero de cinco gobiernos durante los cuales se mantuvo aquel desarrollo. Entre las pautas de esa época recordó la existencia de claras políticas de Estado, la unidad nacional y la existencia de “un ambiente importante para el desarrollo sostenido”. Ese fue el contexto para “el desarrollo de esos grandes empresarios, pero también la modernidad de México”, dijo Slim de acuerdo con las notas periodísticas.

Aval del Rector

Anfitrión de esa ceremonia, el rector Juan Ramón de la Fuente se sumó a la exhortación del empresario: “Urgen en México políticas de Estado; políticas que nos permitan imaginar al país a mediano y largo plazo, políticas que nos saquen de la coyuntura y la inmediatez que no trascienden”.

El Rector De la Fuente no respaldó de manera explícita el retorno al pasado que sugirió Slim. Pero tampoco estableció una postura distinta. Dijo que hace falta ”un rencuentro de la política con la sociedad; poner a la política al servicio de la sociedad para que entienda, interprete y haga realidad sus anhelos”. Y para todo eso se requieren “’nuevos pactos y políticas de Estado”.

Desde luego que todo eso es necesario. Pero a estas alturas del estancamiento político del país, decir que se necesitan acuerdos ya no basta para contribuir a que se construyan esos nuevos consensos.

Hablar de acuerdos en medio de la estridencia de partidos, gobernantes y dirigentes que parecen empeñados en desgarrar a la política y sus instituciones, resulta apropiado. Constituye, incluso, una postura elegante.

Pero hacerlo sin precisiones, puede conducir a que con ese motivo se considere que cualquier acuerdo, y cualquier modelo, serían capaces de sacar al país del atasco político, social e intelectual que ha venido padeciendo.

Hablar de acuerdos sin precisiones puede servir, incluso, para favorecer ilusiones como la que propone el ingeniero Slim cuando considera que nuestro tiempo pasado fue mejor.

Milagro para pocos

Los gobernantes que sucedieron a Ávila Camacho y a los cuales aludió el propietario de Telmex fueron Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Ubicados entre 1940 y 1970, los sexenios de esos cinco presidentes estuvieron definidos por un crecimiento económico real pero junto con una profunda desigualdad social.

En los terrenos político, cultural y social, el México de esos tiempos era más atrasado que el de nuestros días. El “milagro mexicano”, aunque era encomiado por las élites políticas y empresariales y por algunos observadores fuera del país, había sido profundamente costoso para los trabajadores mexicanos y sus familias.

El México de esos años no padecía los problemas de inseguridad tanto personal y física como económica, y en sus expectativas de desarrollo, que tienen nuestros compatriotas –especialmente los jóvenes– al comenzar el siglo 21. Era, con excepciones, un país detenido en la complacencia provinciana. Al México de esos tiempos, para recordar al recientemente fallecido Ismael Rodríguez, se le puede identificar en el pesado tránsito entre “Allá en el rancho grande” y “Pepe el Toro”.

Ese México que para algunos era de milagro económico, para los más seguía siendo de aspiraciones permanentemente inalcanzadas. Había una auténtica clase media porque la brecha entre ricos y pobres era prácticamente insalvable. Tener un título universitario, por ejemplo, por lo general era garantía de prestigio social y estabilidad financiera. Pero el acceso a la educación superior era mucho más difícil de lo que fue a partir de los años setenta.

Economía feudal

A fines de la década de los sesenta el economista Enrique Padilla Aragón escribió un libro de título impecablemente expresivo: México, desarrollo con pobreza (Siglo XXI, 1969). Allí se mencionaba, entre otras consecuencias de la insuficiente distribución del ingreso: “El desarrollo económico que impulsa a la economía mexicana se ha concentrado en extensiones geográficas reducidas del país, creando graves desequilibrios regionales con zonas prósperas a niveles de alto desarrollo económico y zonas deprimidas que sufren las condiciones de atraso de una economía meramente feudal”.

Un par de años después un estudioso insospechable de parcialidad política, el profesor Roger D. Hansen de la Universidad de Yale, escribió en un libro que de inmediato se volvió clásico sobre ese periodo de la economía mexicana: “Entre 1940 y los primeros años de la séptima década, en México los ricos se han vuelto más ricos y los pobres más pobres, algunos en un sentido relativo y otros en forma absoluta. Los datos sobre distribución del ingreso en las décadas recientes indican que, cuando menos hasta 1963, México seguía a la cabeza de casi todos los países latinoamericanos, en lo que respecta a lo inequitativo del ingreso” (Roger D. Hansen, La política del desarrollo mexicano. Siglo XXI, México, 1971).

El profesor Hansen identificaba tres rasgos en la distribución del ingreso en nuestro país: “1) Ingresos rápidamente crecientes de las empresas, 2) entradas per cápita derivadas e los salarios y sueldos, con un lento incremento y 3) una reducción de las tasas del salario real”.

Más adelante diagnosticaba: “El grado de desigualdad existente en la distribución mexicana del ingreso, como quiera que se mida, excede de la que impera en la mayoría de los países en desarrollo del mundo. Tan sólo en el 5 por ciento superior de los niveles de ingreso de México se puede notar una tendencia hacia la distribución más equitativa. Las familias que se hallan en los dos o tres deciles inferiores, claramente han retrocedido en forma relativa y, quizá absoluta, desde que se inicio el ‘milagro’ mexicano”.

Crecimiento desigual

Al cabo de esa contradictoria etapa, el economista Fernando Carmona ofrecía abundantes datos para subrayar la desigualdad que abrumaba al país. En 1963, el 62% de las familias mexicanas –con una remuneración inferior a 600 pesos mensuales– recibía solo el 15.9% de los ingresos totales en el país. En tanto, el 0.9% de las familias acaparaba otro tanto, el 15.6%, con ingresos superiores a 10 mil de aquellos pesos cada mes (Fernando Carmona y otros, El milagro mexicano. Nuestro Tiempo, México, 1970).

Años después, con mayor distancia analítica, Carlos Tello Macías abundó en ese diagnóstico: al comenzar la década de los setenta México tenía una imagen de país afortunado, con “crecimiento económico, solidez monetaria, solvencia crediticia y estabilidad política” (La política económica en México. 1970-1976. Siglo XXI, México, 1979). Había desarrollo, pero no en beneficio de todos.

Durante los años 60 México creció a una tasa promedio de 7% anual. Entre 1935 y 1970, de acuerdo con ese autor, el crecimiento mexicano fue de 6% en promedio. El país estaba en paz y había transitado de una economía fundamentalmente agrícola y rural, al entorno industrial y urbano. “Mientras que en 1935 poco más del 34% del total de la población del país vivía en localidades de 2 500 y más habitantes, en 1970 el 60% habitaba en ellas”, recuerda Tello.

Para 1970, México “era para muchos el país subdesarrollado que en ciertos aspectos podía compararse con los desarrollados en sus mejores épocas: dinámico, moneda sólida, buen pagador y ‘todo controlado’. Pero esa imagen de México al final de la década pasada –escribió a fines de los setenta– sólo correspondía a una parte de la verdad”.

Continúa ese autor: “El reverso de la medalla, hacia el año de 1970, era que los desempleados se acumulaban rápidamente y la satisfacción de las necesidades de servicios educativos, médicos, sanitarios y de vivienda tenía un retraso de lustros. El desarrollo del transporte por carretera no había arrancado de la marginación a vastas áreas rurales del país y el estancamiento de los ferrocarriles se convertía en un cuello de botella para las actividades ya establecidas”.

Proteccionismo estatal

A fines de los años sesenta, el desarrollo energético y el mercado interno habían quedado estancados. Seguimos con Tello: “El crecimiento, la solidez monetaria, la solvencia crediticia y el control político eran muy convenientes para los negocios de los que ya eran ricos, aunque su horizonte para invertir se fuera reduciendo. Mientras tanto, millones de mexicanos empobrecían en términos relativos o absolutos y apenas les quedaban alternativas inaceptables: quedarse en el campo sin recursos para producir o emigrar a la marginación y el desempleo urbanos”.

Los pocos que tenían recursos para invertir, por lo general no encontraban opciones atractivas debido a la estrechez del mercado: “Sólo quedaban los pequeños negocios, en tanto no llegara una cadena internacional a absorberlos, o quedar como socio muy minoritario, prácticamente como gestor nativo, de un consorcio internacional”.

Encerrada en las fronteras nacionales, la expansión mexicana comenzaba a ahogarse a sí misma. Las empresas con éxito se beneficiaban de una política económica extraordinariamente generosa, que subsidiaba gran parte de la infraestructura y que mantuvo aranceles y regulaciones que la libraban de competencias foráneas.

Muchos empresarios dejaron, precisamente, de emprender. No tenían necesidad de arriesgar porque el proteccionismo estatal les aseguraba servicios básicos, mercado cautivo y, por añadidura, impuestos bajos.

Auspicio presidencial

No era sorprendente que hubiera quienes, en tales condiciones se regocijaran ante el “milagro mexicano”.

De hecho, el empresario más acaudalado de nuestra historia llegó a esa posición gracias a una discutible derivación de aquellos años de éxito garantizado y mercado resguardado para la industria mexicana. Carlos Slim transitó de la especulación financiera al señorío de la telecomunicaciones gracias a la decisión del presidente Carlos Salinas en 1990 para transferirle Teléfonos de México a costo de ganga.

Ya no eran los años del milagro mexicano pero aquella decisión, insertada en las más autoritarias costumbres del presidencialismo mexicano, hizo de Slim el hombre más adinerado de América Latina. Según el periodista Rafael Rodríguez Castañera, el Grupo Carso adquirió por 442.8 millones de dólares el control de Telmex que tenía un valor oficial estimado en más de 7 mil millones de dólares (Operación Telmex. Contacto en el poder. Grijalbo, México, 1995).

Al presidente Salinas, como parte de una estrategia que posiblemente tenía aristas virtuosas pero que fue insuficiente, le interesaba que el país tuviera empresarios poderosos, capaces de competir con los que llegarían de otras latitudes. Pero a la postre no hubo varios empresarios de ese corte sino uno solo. Y en gran medida la fuerza económica de Slim se ha debido al monopolio que ha ejercido sobre la telefonía local en nuestro país.

Interesados aplausos

Quizá por eso, ahora que se acerca la apertura de todos los servicios de la telefonía en México, a Carlos Slim le interesa que el país regrese a los tiempos de las empresas protegidas y las fronteras impermeables a la competencia.

La elegía que el propietario de Telmex hizo de la política económica entre 1940 y 1970 fue tomada con exiguo contexto crítico y en algunos medios, fue aplaudida como si se tratara de la solución providencial a los problemas mexicanos de nuestros días. El Grupo Carso constituye hoy el principal anunciante en la prensa y la radiodifusión mexicanos.

Por supuesto, las orientaciones que tuvo la economía mexicana en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo y, con otros sesgos, a partir del sexenio de Miguel de la Madrid, también tienen rasgos profundamente discutibles. Pero no por rechazarlos es preciso retornar a los tiempos del inequitativo desarrollo estabilizados.

Por supuesto en la economía, como en tantas otras asignaturas, México necesita cambios. Pero en la definición de un nuevo modelo, hay que tener cuidado para que no nos deslumbre la interesada glorificación de un pasado ya superado y harto discutible.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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La Crónica, 22 de junio de 2003

El gobierno tuvo demasiada prisa para dar a conocer las nuevas estimaciones sobre la pobreza. Ni siquiera los miembros del Comité Técnico, integrado por especialistas invitados a establecer los parámetros para esas mediciones, sabían que la Secretaría de Desarrollo Social anunciaría esos resultados el miércoles pasado. Varios de ellos han expresado su extrañeza ante tal precipitación.

   Tanta prisa, despierta suspicacias especialmente cuando estamos a dos semanas de las elecciones federales. Quizá la prontitud para anunciar que de acuerdo con las estimaciones oficiales hay menos mexicanos en condiciones de pobreza extrema se debió al entusiasmo del gobierno para compartir con el resto del país una noticia tan estupenda.

   Posiblemente el presidente Vicente Fox y quienes lo acompañaron en esa decisión consideraron que esa noticia contribuiría a impulsar el optimismo nacional que tanto hace falta en las más variadas actividades en todo el país.

   Pero también es factible suponer que la celeridad para anunciar cálculos que unos días antes todavía no estaban listos (de acuerdo con el doctor Rodolfo de la Torre, uno de los miembros del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza) pudo haber tenido propósitos políticos. Las elecciones están muy cerca.

Incredulidad

   En todo caso todo es política, siempre, en las decisiones del poder. Sorprenderse ante ello no resuelve los dilemas que abre la utilización de logros del Estado como los que podrían existir en el plano de la política social.

   En el campo de las percepciones públicas, que siempre son subjetivas y suelen estar sujetas a vaivenes e influencias muy variados, ha destacado la extendida incredulidad ante las cifras que proporcionó el gobierno.

   Muchos mexicanos, y de ello dan cuenta los recelos manifestados en los medios de comunicación, no creen que la pobreza sea, hoy, menor que hace dos o tres años. Esa sensación no se apoya en instrumentos estadísticos sino en la impresión personal de la gente sobre su propia situación y la de su entorno.

   En el plano del debate político, distintos adversarios y críticos del gobierno han aprovechado esa percepción, aparentemente extendida en la sociedad, para refutar las cifras que ofrecieron el presidente Fox y la secretaria Josefina Vázquez Mota.

   Esa es una confrontación sin remedio posible. Unos, de acuerdo con su sensación personal o la que recogen entre la colectividad, dicen que no hay más pobres. Otros, con datos en la mano, aseguran que la indigencia está disminuyendo.

   Sin solución, ese debate indica que si al proporcionar las cifras sobre pobreza en los meses recientes quería ganar más aceptación social, el gobierno se equivocó. La impugnación retórica y mediática a esos datos parece ser mayor que el rédito que pudieran significar en la imagen del presidente y su administración.

Discrepancias

   En otro plano de esta discusión se encuentran los especialistas en temas de política social. Entre ellos, hay quienes rechazan la información del gobierno debido a discrepancias o imprecisiones técnicas. Sin embargo ese es un debate que apenas comienza.

   Los datos recientemente conocidos se originan en dos fuentes. La primera de ellas es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática levantó en el último trimestre de 2002. Se trata de un enorme ejercicio para medir la situación económica de los mexicanos, que continúa el esfuerzo de encuestas anteriores aunque su metodología no es idéntica a la de otras mediciones.

   A partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en hogares, cuyos datos se dieron a conocer el pasado martes 17 de junio, la Secretaría de Desarrollo Social hizo las estimaciones que anunció al día siguiente, miércoles 18.

   Así que la discusión acerca de los rasgos técnicos de la medición de la pobreza tiene que distinguir entre esos dos documentos.

   Una es la información del INEGI, cuya seriedad suele ser reconocida por quienes utilizan estadísticas sobre la situación del país. Otra, es la elaboración que a partir de esos datos hizo la Sedesol.

   Esa elaboración fue realizada, según se ha dicho, a partir de los criterios que estableció el Comité Técnico designado en 2001 para diseñar parámetros confiables en la medición de la pobreza. Hasta ahora los integrantes de ese Comité no han dicho que esos lineamientos no hayan sido utilizados aunque varios de ellos se han declarado sorprendidos por la prisa que había para presentar esos resultados.

Transferencias

   Julio Boltvitnik, conocido investigador de la pobreza en México y actualmente candidato a diputado del PRD, señala que la Encuesta del INEGI ha tenido modificaciones sustanciales que hacen difícil su comparación con los anteriores ejercicios de medición ingreso-gasto. Entre los ingresos ese especialista advirtió, por ejemplo, un inexplicado aumento en el rubro de “regalos” que las familias habrían recibido según la encuesta. También ha señalado dificultades para calcular, a partir de esos datos, las dimensiones y variaciones de la pobreza en el país. En un texto publicado el viernes 20 en La Jornada Boltvitnik cuestiona la seriedad de los datos de la Sedesol.

   Otra opinión, también crítica, es la del senador Carlos Rojas Gutiérrez, cuya experiencia en política social es indiscutible y que en un oportuno artículo publicado el jueves en La Crónica dice que los segmentos de menores ingresos en la población mexicana tuvieron un ligero alivio gracias al dinero que algunos de sus familiares les envían desde Estados Unidos. Esas transferencias, dice Rojas, no implican que la situación económica en el país haya mejorado.

   Sin embargo en la información del INEGI el rubro denominado “ingresos provenientes de otros países” representa solamente el 1.33% del total de ingresos de las familias mexicanas y el 2.2% en los ingresos de las familias más pobres.

Caída y redistribución

   Acerca de la distribución del ingreso, esta semana se hicieron dos grandes anuncios, sustentados primero en la Encuesta del INEGI y luego en la elaboración de la Sedesol.

   El primero de ellos fue la divulgación de dos grandes tendencias que indica la  Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos.

   De allí resulta que entre 2000 y 2002, los ingresos totales de las familias del país cayeron un 2.6%.

   Ese dato expresa la recesión que ha experimentado al menos parte de la economía mexicana.

   Sin embargo, al examinar la situación en distintos sectores de la población resulta que el segmento de mexicanos que acapara una mayor parte de los recursos tuvo a fines de 2002, una participación menor a la que había tenido dos años antes.

   Y, al contrario, las familias de menores ingresos lograron una mayor tajada de las ganancias y los beneficios obtenidos en conjunto en todos los hogares del país.

   Para poder hacer esas comparaciones al total de familias del país se le divide entre 10. Cada uno de tales segmentos conforma uno de los deciles que se utilizan para estos ejercicios estadísticos.

   El decil de mayores ingresos, que en 2000 había concentrado el 38.7% del ingreso total de las familias mexicanas, recibió dos años después el 35.6%.

   En cambio los mexicanos ubicados en los seis deciles de menores ingresos, que en 2000 recibieron el 25.1%, en 2002 percibieron el 26.8%.

   Dicho de manera más simple: los más ricos son ahora un poco menos ricos. Y los más pobres son ahora un poco menos pobres.

   Esas tendencias serían suficientes para considerar que, aunque de manera muy modesta, existe un cambio en la distribución del ingreso y por lo tanto en la inequidad económica que padece la mayoría de los mexicanos.

   Sin embargo las explicaciones a esa modificación en el reparto del ingreso pueden ser varias. Es posible que para ser un poco menos pobres los más necesitados de la sociedad mexicana hayan tenido que trabajar más. O, como se ha señalado, quizá mejoraron su situación gracias al dinero que les envían familiares en Estados Unidos.

   Sin tomar en cuenta esas y otras posibilidades, el gobierno se apresuró a festejar esa modificación de 1.7 puntos porcentuales como si fuera uno de los resultados de la actual política social.

   Luego, con esos datos, la Sedesol nutrió los parámetros ya establecidos para evaluar la pobreza y concluyó que, en lo que va de la administración actual, 3 millones 400 mil mexicanos han superado las condiciones consideradas como de pobreza alimentaria.

Mala señal

   Allí es en donde comienzan las discrepancias. Hará falta que quienes diseñaron la metodología para calcular la pobreza expliquen si sus criterios han sido respetados o no en la evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social.

   Pero, más allá de esa discusión y para no quedarnos en espera del dictamen de los expertos, supongamos que esas apreciaciones son correctas y que, en buena hora, la pobreza de los más pobres haya comenzado a disminuir.

   De esa constatación no se concluye, automáticamente, que la situación de los mexicanos haya mejorado gracias a las políticas sociales del gobierno actual.

   Mucho menos puede considerarse que la economía del país esté funcionando menos mal que en el pasado reciente.

   Al contrario: la caída del 2.6% en el ingreso total de las familias mexicanas, si bien constituye un menoscabo antes que nada para quienes tienen más recursos, es un hecho terrible para todo el país.

   Aunque no se trata de un dato sorprendente porque ya se le esperaba, esa disminución en el ingreso de los mexicanos está relacionado tanto con el estancamiento de la economía mundial como con la ausencia de una auténtica estrategia de desarrollo en nuestro país.

   Ese dato confirma advertencias y aprensiones de economistas de distintas posiciones doctrinarias así como de empresarios notables. El país no marcha bien. La economía no solo sigue al garete de las vicisitudes globales sino que nuestro país no hace lo suficiente para paliar tal dependencia.

   La restricción del gasto público, que se traduce en una lamentable ausencia de inversiones, lejos de contribuir a la estabilidad macroeconómica se está constituyendo en uno de los principales factores de estancamiento.  Sin inversión –vale la pena subrayarlo aunque sea tan obvio– no hay producción ni desarrollo. Y sin ellos ninguna política social puede ser exitosa.

Mucho optimismo

   Es de justicia admitir que cuando presentó, el miércoles, los resultados de la estimación que sus asesores hicieron a partir de los datos del INEGI, la secretaria Vázquez Mota no propaló el triunfalismo que luego se apoderaría del presidente.

   Luego de recordar que el entorno mundial había sido desfavorable para México, la secretaria de Desarrollo Social consideró que la reducción de la pobreza era un logro de muchos. “Es el resultado de la suma de voluntades y esfuerzos de gobiernos estatales y municipales y del gobierno nacional, del gobierno de la República; es la suma de las decisiones responsables del Poder Legislativo, de las acciones con compromiso social del sector privado y de la creatividad de iniciativas de la sociedad civil organizada”.

   También reconoció que los mexicanos en el extranjero “también han puesto su parte”.

   Otro, fue el tono con que el presidente Fox se ufanó de esa noticia. Habló más de su gobierno que de los pobres.

   Durante varios días, varias veces al día, el presidente de la República celebró el aumento de 1.7% respecto del ingreso nacional, por parte del 60% de las familias del país, como un logro de su administración.

   Ayer en su programa de radio el presidente Fox pareció incorporar una dosis de realismo a ese diagnóstico al decir que es resultado de un esfuerzo más amplio.

   Pero de inmediato se dejó llevar por un optimismo otra vez sin sustento sólido. El presidente dijo que con ese ritmo, en 15 años es posible que los mexicanos “cantemos victoria” en la lucha contra la pobreza.

   ¿Qué proyectos de desarrollo, qué inversiones, con qué monto, con cuáles cifras de empleo, en qué sitios, para cuántos mexicanos, con qué política social, explican ese entusiasmo del presidente?

   Mucho nos tememos –y, sinceramente, nos gustaría equivocarnos– que el presidente Fox no cuenta con datos, ni hechos –y menos aun con proyectos de desarrollo– capaces de respaldar ese optimismo.

Otras lecturas

   Las cifras del INEGI permiten constatar que hay alguna movilidad en la distribución del ingreso. Pero sin una verdadera estrategia de desarrollo económico que esté acompañada de una auténtica política social, esos datos que tanto regodeo causan en el gobierno serán solo variaciones momentáneas y no expresión de una tendencia de redistribución de la riqueza.

   Esas cifras, de cualquier manera y más allá del dato que el gobierno ha celebrado con tan intencionado énfasis, también ratifican la profunda desigualdad que tenemos en México.

   A partir de los datos del INEGI se puede apreciar que las familias que constituyen el 10% de las más pobres del país recibe únicamente el 1.59% del total del ingreso nacional.

   En contrapartida, las familias ubicadas en el decil de mayores ingresos concentran el 37% de todo ese ingreso.

   Más aun: ese 10% de hogares más ricos tiene un ingreso superior al que, en conjunto, percibe el 70% de todas las familias.

   2 millones 465 mil familias (el 10% de los 24 millones 650 mil hogares que el INEGI contabilizó el último trimestre del año pasado) reciben 241 mil 423 millones 482 mil pesos.

   Mientras tanto, 17 millones 255 mil familias (el 70% de todos los hogares mexicanos) reciben menos de 231 mil millones de pesos.

Inmensa desigualdad

   Entre aquel 10% de las familias con más recursos seguramente hay, a su vez, numerosas disparidades. El promedio de ingreso mensual de esa décima parte de los hogares mexicanos fue de 32 mil 600 pesos. Sería preciso conocer con mayor detalle la composición de dicho segmento para apreciar mejor la concentración extrema de la riqueza.

   Las familias ubicadas en los primeros siete deciles recibieron, en promedio, un ingreso de 4 mil 462 pesos mensuales. Y en el decil de menores recursos el ingreso fue de mil 400 pesos al mes.

   Más allá de la discusión metodológica y a pesar del litigio político acerca del combate a la pobreza, los datos del INEGI muestran la radiografía de un país escindido por sus desigualdades. No hay auténticos motivos para el optimismo.

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La Crónica, 8 de junio de 2003

Para que no haya dudas, varios de los más destacados empresarios mexicanos han precisado que Vicente Fox pudo haber sido su candidato pero eso no los compromete con el actual gobierno.

   La discusión entre dirigentes patronales y funcionarios de la administración gubernamental es ilustrativa. Los empresarios quieren más, pero no se comprometen en la medida de tales aspiraciones. El gobierno, a su vez, carece de una clara política de desarrollo económico.

   El intercambio de los días recientes no solo indica que hay libertad de expresión, como con tan retórica impericia responde el secretario de Economía a las quejas de los empresarios. Además manifiesta la disputa, no siempre explícita, que se mantiene en torno a la política económica. Alentar y precisar ese debate, airearlo y nutrirlo de contenidos y razones, tendría que ser tarea de partidos comprometidos con ideas y de los medios capaces de dar contexto a los asuntos públicos.

   El texto que sigue, es parte de un ensayo más amplio que el autor de esta columna escribió para el número 184 de revista Nueva Sociedad que se publica en Caracas y que comenzó a circular esta semana. He prescindido de las notas para facilitar su lectura en este espacio.

El México de Fox

   México y su presidente han constatado que no es lo mismo prometer, que estar en capacidad de cumplir. A dos años y medio de gobierno Vicente Fox ha tenido que admitir que muchas de las ofertas que hizo para que lo eligieran en julio de 2000 se encuentran lejos de las posibilidades de su administración y del país. La más importante de ellas es el 7% de crecimiento económico que prometió durante su campaña electoral.

   Para lograr aquella meta en el Producto Interno Bruto, Fox se proponía eliminar la corrupción en la administración pública, atraer más inversión extranjera, emprender una profunda reforma fiscal y estimular el ahorro del sector público. Cuando era candidato se burlaba del crecimiento logrado por los gobiernos del PRI que había sido de, en promedio, 3.5% durante la administración de su antecesor, Ernesto Zedillo. Postulado por Acción Nacional, el partido de mayor tradición opositora en México, Fox ofrecía un crecimiento equivalente al doble.

Economía inmovilizada

   Una vez en la presidencia, el nuevo gobernante encontró que las cosas eran más arduas. Además los primeros meses de la administración de Vicente Fox, iniciada en diciembre de 2000, coincidieron con una fase de recesión internacional que afectó a la economía mexicana. Casi dos años más tarde, durante una visita a la OCDE en París, el presidente mexicano admitió: “Ahora me arrepiento un poco de haberme comprometido a ese crecimiento del 7 por ciento porque todos los días la gente, la opinión pública, los medios, me recuerdan mi compromiso. El año pasado nuestro crecimiento fue cero, ningún crecimiento. Este año terminaremos con cerca del dos por ciento… la realidad es muy diferente al optimismo que tuvimos hace dos años”.

   Esa sinceridad, inusitada en el ambiente político mexicano, fue muy breve. Pocas horas después de aquella intervención, también en la capital francesa, Fox dijo que no había hecho esas declaraciones y negó haber hablado de arrepentimiento. Sin embargo sus palabras estaban registradas en las grabadoras de los reporteros que cubrían aquel recorrido por varios países europeos.

   El episodio en las oficinas de la OCDE fue sintomático de dos de los más grandes problemas que ha tenido Fox como presidente de México. Uno de ellos ha sido su difícil relación con los medios de comunicación y, a través de ellos, con la sociedad. Se ha vuelto habitual que, disgustado porque no subrayan logros sino tropiezos de su gobierno, el presidente Fox descalifique a la prensa.

   Su otra contrariedad permanente es la economía. La situación ha sido peor que como la describía aquella mañana de noviembre en París. Bajo el primer año de gobierno de Fox el PIB mexicano no se quedó estancado en crecimiento cero sino que retrocedió un 0.3%. Y en 2002, en vez del 2% que casi al terminar ese año auguraba el presidente, la economía de este país apenas se desarrolló 0.9%.

   Al terminar el primer cuatrimestre del incierto 2003, distintos observadores estiman un crecimiento del 2.3% aunque, otra vez dominado por un indocumentado optimismo, el gobierno mexicano prevé un PIB mayor en 3%.

   La política económica tampoco ha sido tan exitosa para controlar la inflación como el presidente había propuesto. Aunque en sus compromisos de campaña ofreció una inflación anual menor al 3%, el incremento en los precios al consumidor durante los dos primeros años del gobierno de Fox fue de 6.4% y 5%. Se trata de una inflación menor a la que México padeció en los años anteriores –durante los seis años del gobierno anterior la inflación promedio fue de 22%–. También ha sido más baja que el incremento en los precios al consumidor padecidos en otras naciones latinoamericanas: tan solo en 2002, 26% en Argentina, 22.4% en Venezuela, 14% en Uruguay, 12.6% en Ecuador y 8.4% en Brasil. Pero no deja de ser contrastante la diferencia entre las expectativas y los resultados del gobierno mexicano en materia de política económica.

Insuficientes empleos

   Estancada, la economía mexicana no ha tenido capacidad para responder al crecimiento demográfico. Pero el país tampoco se encuentra en las condiciones de devastación que han afectado a otras naciones latinoamericanas. Entre 2000 y 2001, la cantidad de mexicanos de 12 años o más, considerados en edad de trabajar, aumentó en más de un millón 776 mil personas. No todos esos mexicanos querían encontrar empleo. Una gran parte de ellos siguió estudiando o se dedicó a actividades no remuneradas.

   La población mayor de 12 años se incrementa constantemente: creció 1.44% entre 1998 y 1999, 1.86% al siguiente año, 2% entre 2000 y 2001 y 2.4% entre 2002 y 2001. Ese aumento en la población en edad de laborar constituye uno de los desafíos mayores para el país. Sin embargo, lejos de crecer, los nuevos empleos quedaron estancados, en números relativos, durante los dos primeros años del gobierno de Fox. En 2001 el desempleo abierto en áreas urbanas aumentó 2.4% y en 2002, 2.9% según estimaciones preliminares.

   Durante el anterior gobierno, en el periodo 1994-2000, el empleo había crecido a un promedio de 422 mil nuevas plazas de trabajo anuales, en promedio. A pesar de la terrible crisis financiera de 1995, que estuvo a punto de hundir al país en una recesión que hubiera durado quizá varias décadas, la recuperación auspiciada por el respaldo estadounidense y otras medidas de política económica del gobierno mexicano lograron que, en el saldo de esa gestión, hubiera una creación real de empleos.

   Sin embargo el primer año de la administración Fox los puestos de trabajo, contabilizados según la membresía al Seguro Social, se redujeron en casi 66 mil empleos. Al año siguiente hubo un incremento en 66 mil 800 empleos, apenas suficiente para compensar la caída de 2001 pero no para atender la demanda de fuentes laborales proveniente, sobre todo, de la población joven.

   Es posible tener otro acercamiento a la desocupación  gracias a la Encuesta Nacional de Empleo que se realiza periódicamente. Esa investigación no registra todos los puestos de trabajo en el país pero sus datos son representativos de la situación mexicana. La cantidad de población desocupada inventariada por esa encuesta disminuyó 23% entre 1998 y 1999. Entre 1999 y 2000 se redujo en 5.2%. Sin embargo, ya en el gobierno de Fox, la población sin empleo aumentó 4.26% en el primer año y 14% en el segundo año.

   No se le puede atribuir al gobierno toda la responsabilidad en esa situación. Sin embargo la ausencia de una política de desarrollo industrial, la excesiva apuesta a una reforma fiscal que al menos durante la primera mitad de su gobierno el presidente no pudo lograr y la sobrestimación en las capacidades de una economía que sigue requiriendo de la inversión y el aliciente estatales, han figurado entre los motivos de las dificultades productivas de México.

Desconfianza y respaldo

   Los mexicanos, sin embargo, han mantenido el respaldo a Vicente Fox. En febrero de 2003, de acuerdo con una encuesta del diario Reforma, el 58% de los ciudadanos aprobaba la gestión del presidente, en tanto que el 32% la desaprobaba. Esos porcentajes indican un soporte social importante pero son menores al 70% de aprobación que Fox tenía dos años antes, cuando su gobierno apenas comenzaba.

   Otra encuesta, de la empresa Consulta-Mitofsky encontró, también en febrero de 2003, que el 53.2% de los mexicanos de 18 o más años decía estar de acuerdo con la gestión del presidente, mientras que el 43.4% expresaba un desacuerdo total o en parte.

   Calificada del 1 al 10, la administración Fox recibe un promedio del 6.5 según la primera encuesta citada y de 6.4 en la otra. Dos años antes esa evaluación era de 7.5.

   La apreciación de los mexicanos acerca de su gobierno y del país que esa administración está encabezando, es contradictoria. Por una parte, resulta innegable el respaldo social que el presidente mantiene a pesar de las vicisitudes económicas. Solo el 39% considera “bueno” el manejo de la economía y el 42% encuentra “mala” la política hacia el desempleo en la encuesta de Reforma. En la encuesta de Consulta, el 52% se expresó en desacuerdo con la forma en que el presidente se ocupa de la economía.

   Al mismo tiempo, los mexicanos mayores de edad encuentran crecientes motivos para dudar de las capacidades de su presidente para enfrentar las responsabilidades de gobierno. En el sondeo de Reforma el 50% dijo que cree poco o nada en las explicaciones de Fox acerca de sus acciones de gobierno. Se trata del índice de desconfianza más alto que se ha registrado en el transcurso de esa administración. En el sondeo de Consulta, a la pregunta “¿Usted cree que el gobierno de Vicente Fox tiene las riendas del país o las cosas están saliendo de su control?” solamente el 29% eligió la primera opción. El 53.3% opinó que la situación está saliendo del control del presidente.

   Los mexicanos que consideran que el presidente “tiene las riendas del país” eran el 59% en febrero de 2001, 47% en agosto de ese año y 35% en febrero de 2002. Aumentaron al 39% en noviembre de 2002 y cayeron 10 puntos para la encuesta de febrero de 2003. En contraste, aquellos que contestaron que al presidente la situación del país se le escapa de su control eran apenas 28% en febrero de 2001, 39% en agosto de ese año y 54.3% en febrero de 2002. Para noviembre de 2003 eran 49% y, como señalamos antes, 53.3% en febrero de 2003.

   Esos porcentajes variarán de acuerdo con numerosos factores. En una sociedad abierta a la discusión de los más diversos temas y en donde los personajes públicos se encuentran sometidos a una constante exposición delante de los ciudadanos las circunstancias coyunturales –e incluso anecdóticas– alcanzan tanta relevancia como las tendencias estructurales de la economía. Sometida a numerosas presiones e influencias, la opinión pública puede cambiar de una ocasión a otra.

   En todo caso el crecimiento en el número de ciudadanos que sin regatearle el apoyo al presidente comienza a recelar de la manera como conduce los asuntos públicos indica una tendencia exigente –o crítica– al desempeño del gobierno que tendrá consecuencias electorales.

Democracia y pobreza

   Las dificultades económicas no han sido tan graves que deshagan la estabilidad mexicana. Pero si los rezagos sociales no comienzan a ser resueltos, todo ese panorama podría cambiar.

   Aunque las metas de crecimiento no se han cumplido, el entorno foráneo es desfavorable y el desempleo aumenta, la economía del país marcha. El problema es en beneficio de quiénes va a desarrollarse.

   El presidente mantiene altos índices de respaldo en la sociedad pero no logra avanzar en el terreno de la operación política. México no padece una crisis política porque sus instituciones y los cauces de participación funcionan pero estamos ante dificultades serias para que la democracia conduzca a algo más que elecciones confiables y representativas.

   La democracia electoral no necesariamente conduce al bienestar pero allí se encuentra el reto más importante para el país. Un grupo de diagnóstico auspiciado por el gobierno (Fernando Cortés Cáceres, et. al., “Evolución y características de la pobreza en México en la última década del siglo XX”) ha estimado que en 2000, con una población de casi 100 millones de personas, el 53.7% de los mexicanos se encontraba en condiciones de pobreza. El segmento más depauperado, en situación de pobreza extrema, alcanzaba al 24.2% de la población. Sin embargo la desigualdad social no ha llegado a convertirse en uno de los temas centrales en el discurso del gobierno, ni de los partidos

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La Crónica, 14 de marzo de 2002

“No celebro la muerte. Yo celebro la vida”. Con una serenidad que solo ha podido ser resultado de una vida de trabajo y responsabilidad cumplidos, José Ayala Espino miró a sus muchos alumnos y colegas que ayer llenaron el auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía para ofrecerle un homenaje.

   “Tengo sentimientos encontrados ­–confesó­–. Y no es falsa modestia. Los homenajes no es lo que más me gusta. Pero me ha gustado que sea en vida”.  

   Profesor de siempre, Ayala no dejó de serlo ayer que recibió el reconocimiento de la institución en donde ha enseñado y aprendido desde hace más de tres décadas. “Esta reunión afortunadamente tan copiosa en la Facultad de Economía, refleja una suerte de renacimiento de nuestra vida colectiva por recoger nuestras tradiciones intelectuales”.

   Ayala es uno de los profesores más queridos y respetados en esa institución. Sus contribuciones al estudio de la economía mexicana, especialmente al funcionamiento del Estado en la economía, son conocidas en escuelas de esa disciplina en todo el Continente. Autor de numerosos libros (Límites del mercado, límites del Estado, Instituciones y economía, Mercado, elecciones públicas e instituciones entre tantos otros) José Ayala ha sido meticuloso analista de la economía pública de nuestro país, a la que ha entendido sin dogmatismos. Es un hombre joven: nació 1946 en Irapuato, Guanajuato. Desdichadamente su fructífera carrera académica y personal ahora tropieza debido a que padece una enfermedad terminal.

   Ayala habló de la pertinencia de reconocer “nuestras fortalezas y debilidades”. Las mías, dijo, “las acepto porque acepto mi vida tal como fue”. “Descubrí que para mí había valores irrenunciables. La libertad es algo indeclinable que está en el centro de las posibilidades de una vida civilizada, cooperativa y organizada. El pluralismo es otro de los valores a los que no podemos renunciar”.  

   Varios de sus colegas hablaron de la obra de José Ayala. Enrique González Tiburcio y Alejandro Álvarez Béjar hicieron un recorrido por la bibliografía de ese economista. El politólogo Arnaldo Córdova ofreció un recuerdo muy emocionado del grupo intelectual y político, pero antes que nada grupo de amigos, del que él y Ayala han formado parte.

   Rolando Cordera Campos destacó la contribución principal de Ayala para entender al Estado en el desarrollo de un país. El tema central, dijo, no es si tenemos más o menos Estado sino qué Estado. Esa es la conclusión “al final de su feliz viaje académico” que deja Ayala. Y describió la “cruzada” de ese autor a favor de las instituciones: “una interminable, incesante e intensa reflexión y divulgación del tema que nos permite hoy a nosotros sus colegas y amigos, pero también a los estudiantes, decir que esta materia está en la discusión actual gracias a los esfuerzos de traducción, divulgación y asimilación que ha sostenido Pepe Ayala. Esta es una de las temáticas centrales hoy de la economía política”.

   Insistió Cordera: “Hoy podemos decir como ha dicho Ayala en dos de sus textos más recientes que lo que está en la perspectiva del país es, mas que una serie interminable de reformas, la posibilidad de llevar a cabo como sugieren otros autores,  ‘la reforma de la reforma’”.

   Más que acumular varias generaciones de reformas es pertinente reconocer, dijo ese economista siguiendo el pensamiento de Ayala, que “las instituciones no solo importan sino que son cruciales y decisivas siempre y cuando encuentren un eje articulador que incorpore sociedad y política y ahora, democracia. Y ese eje, como creo que Pepe ha puesto en evidencia, no puede ser todavía otro que el Estado”.

   En su turno el director de la Facultad de Economía, Roberto Escalante, leyó segmentos del nutrido curriculum de José Ayala a quien describió como “meticuloso y exigente, serio y responsable”. Se trata de un profesor muy destacado cuyo trabajo se ha mantenido “sin estridencias pero con constancia”.

   Esa celebración de la vida a la que convoca “Pepe” Ayala no logrará que sus compañeros y amigos se sientan menos desamparados sin su contribución lúcida y crítica y sin su camaradería. Pero recordarán, junto a las ideas del economista, la templada tranquilidad que demostró ayer en el homenaje que le rindieron: es la actitud satisfecha de quien sabe que ha construido y sembrado todo lo que pudo, lo mejor que pudo, para que logremos superar uno de los impedimentos que Lord Keynes encontraba en el desarrollo intelectual: “La dificultad radica no en las nuevas ideas, sino en escapar de las viejas ideas que. en aquellos que crecieron como la mayoría de nosotros, se han ramificado en cada rincón de nuestras mentes”.

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La Crónica, 15 de marzo de 2002

La pobreza en el mundo es responsabilidad de todos, pero los que tienen más cuentan con mayores posibilidades de contribuir a resolverla. Por sí solos, los países pobres nunca saldrán de esa condición de la misma manera que la ayuda externa tampoco es suficiente para reivindicarlos.

   El reconocimiento de que la pobreza en el mundo es asunto de todos pareciera evidente pero arribar a él ha costado largos años de regateos e insistencias. La semana próxima en Monterrey tendrá lugar uno de los acontecimientos más importantes en ese proceso. La Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo examinará numerosos ángulos de la pobreza en el mundo y reconocerá el compromiso de todas las naciones para combatir los rezagos en ese terreno.

   Más allá de la deliberación se ratificarán un compromiso y un monto: que los países desarrollados destinen por lo menos el 0.7% de su producto interno bruto a la ayuda oficial para el desarrollo del resto de las naciones.

Grupo de Alto Nivel

   La radiografía de la miseria en el mundo que ha precedido al encuentro en Monterrey consigna datos estremecedores. Casi la mitad de los seres humanos viven en situación de indigencia. Uno de cada cinco habitantes de este planeta (aproximadamente mil 200 millones de personas) vive con menos de un dólar cada día.

   “En los países de bajos ingresos, habitados por 2 mil 500 millones de personas, mueren más de cien de cada mil niños que nacen, frente a apenas 6 de cada mil en los países de altos ingresos. Y en los países de bajos ingresos, cuatro de cada diez personas aún no saben leer y escribir. La distribución de los ingresos en el mundo es cada vez más desigual. Hoy en día el 80% de la población mundial vive con menos del 20% de los ingresos mundiales. La más dolorosa realidad internacional de los tres últimos decenios es el empobrecimiento de países habitados por 500 millones de personas, la mayoría de ellos en el África al sur del Sáhara. Ninguna parte del mundo necesita más que esa región de un compromiso mundial de reducir la pobreza. El África al sur del Sáhara tiene la mayor proporción de personas que viven con menos de 1 dólar diario, y, realmente, sus habitantes son casi tan pobres como 20 años atrás”.

   Esos datos forman parte del documento que a solicitud del secretario general de la ONU, Kofi Annan, elaboró el Grupo de Alto Nivel sobre Financiación para el Desarrollo encabezado por el ex presidente Ernesto Zedillo.

   Además del ex presidente mexicano en ese grupo participaron, entre otros personajes, el presidente del Fondo Árabe para el Desarrollo de Kuwait, Abdulatif Al-Hammad; el director de Oxfam del Reino Unido, David Bryer; la ex directora de la Organización Mundial del Trabajo Mary Chinery-Hess; el ex presidente de la Comisión Europea Jacques Delors; el ex Secretario del Tesoro estadounidense Robert Rubin y el ex ministro de Finanzas indio Manmohan Singh.

   A partir de diciembre de 2000 el grupo encabezado por Zedillo trabajó durante medio año en un amplio documento que el secretario general de la ONU dio a conocer en junio pasado. Ese estudio de la pobreza mundial y de las opciones que los estados tienen para cumplir la obligación de combatirla manifiesta un enfoque realista y sin tremendismos: no se asombra ante la globalización, a la que reconoce como contexto inevitable de la situación de nuestros días, pero tampoco la propone como la solución a los rezagos del mundo.

   El documento de ese grupo explica:

   “Los éxitos logrados en nuestra era en materia de desarrollo se han debido esencialmente a la mundialización, con el doble impulso de las decisiones políticas explícitas de los Estados nacionales y de un progreso tecnológico sin precedentes. La economía de mercado y la mundialización en general brindan tremendas oportunidades. Pero demasiadas personas, en demasiados países, carecen de la libertad necesaria para aprovechar esas oportunidades, y en consecuencia quedan al margen del proceso de mundialización. Las personas carecen de libertad cuando carecen de alimentos, de educación, de capacitación, de salud, de los derechos humanos y políticos fundamentales, de seguridad, de la infraestructura elemental y de oportunidades de empleo. Si a las personas se les brindan esos elementos —mediante el crecimiento económico y mediante políticas sociales que igualen las oportunidades de los distintos individuos, comunidades y naciones— se verá que quedan en posibilidad de aprovechar nuevas oportunidades y mejorar sus vidas”.

   La economía de mercado no basta para resarcir a la gente de esa desigualdad. Si así fuera, resultaría suficiente con auspiciarla para que el desarrollo floreciera.

   “Desdichadamente –añade ese informe– la polarización cada vez mayor entre los privilegiados y los desposeídos ha pasado a ser una característica del mundo en que vivimos. Revertir esa vergonzosa tendencia es el desafío moral y humanitario fundamental de nuestra era. Para los habitantes del mundo rico, también se trata de una cuestión de interés propio bien entendido. En la aldea planetaria, la pobreza de los demás se convierte rápidamente en nuestro propio problema: falta de mercados para nuestros productos, inmigración ilegal, contaminación, enfermedades contagiosas, inseguridad, fanatismo, terrorismo”.

   El informe fue presentado dos meses y medio antes de los acontecimientos del 11 de septiembre.

Consenso de Monterrey

   A partir de ese documento la secretaría general de la ONU promovió un extenso proceso de consultas para encontrar acuerdos en torno al diagnóstico y sobre todo, las medidas que propuso el grupo encabezado por Zedillo. El documento final de ese recorrido fue aprobado en enero de 2002 y ha sido denominado “Consenso de Monterrey”. Los países participantes en la Cumbre que habrá en la capital de Nuevo León ya respaldaron dicho documento y su importancia es clara. Allí se propone una nueva alianza entre los países desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo.  No sería un pacto a partir de declaraciones sino apoyado en medidas para atenuar la pobreza.

   “Nos comprometemos a adoptar políticas racionales, promover una buena gestión pública en todos los niveles y respetar el estado de derecho. También nos comprometemos a movilizar nuestros recursos internos, atraer corrientes financieras internacionales, fomentar el comercio internacional como motor del desarrollo, incrementar la cooperación financiera y técnica internacional en pro del desarrollo, promover una financiación sostenible de la deuda, adoptar medidas para el alivio de la deuda externa y aumentar la coherencia y cohesión de los sistemas monetarios, financieros y comerciales internacionales”.

   El Consenso de Monterrey es un cuidadoso documento pensado para ser aprobado por gobernantes que tienen perspectivas muy variadas pero que no se queda en los formulismos retóricos que con frecuencia tienen las declaraciones internacionales.

   Allí se precisa, por ejemplo, que la ayuda externa no es el único recurso para que las naciones logren redimirse de su pobreza: “Cada país es el principal responsable de su propio desarrollo económico y social, y nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de las políticas y estrategias nacionales de desarrollo. No obstante, las economías nacionales están ahora interrelacionadas con el sistema económico mundial; entre otras cosas, las oportunidades de comercio e inversión pueden ser una ayuda para los países en su lucha contra la pobreza. La labor de desarrollo nacional debe apoyarse en un entorno económico internacional favorable. Alentamos y apoyamos los programas de desarrollo emprendidos a nivel regional, tales como la Nueva Alianza para el Desarrollo de África y las actividades análogas emprendidas en otras regiones”.

   Los estados tienen que garantizar un funcionamiento adecuado de sus economías, pero tampoco eso será suficiente: “Reconocemos la n