Sociedad y poder

Las cifras macroeconómicas parecen mejorar, pero la sociedad se vuelve más arisca respecto del gobierno. La confianza en la capacidad del presidente Calderón para enfrentar la crisis económica y los desajustes políticos ha decrecido de manera apreciable. Los ciudadanos que desaprueban el desempeño del presidente aumentaron, entre agosto y noviembre, de 37% a 46% de acuerdo con la encuesta de Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA) para el Grupo de Economistas y Asociados.

Cuando a los ciudadanos les preguntan si la situación económica actual es resultado de las condiciones de la economía mundial o de las decisiones del gobierno, la mitad (exactamente el 50%) considera que los problemas actuales se deben al gobierno. Hace tres meses, solamente el 39% atribuía este panorama al comportamiento gubernamental. La gente identifica cada vez más a la conducción presidencial con las vicisitudes económicas cotidianas y allí hay un cambio en comparación con la confianza mayoritaria que la sociedad le había dispensado al gobierno del presidente Felipe Calderón.

En varias entrevistas con motivo de la primera mitad de su sexenio, que se cumplirá el martes, el presidente de la República sugiere que no le gustaría ser recordado como un mandatario gris, ni ineficiente. Lamentablemente, no solo para el registro histórico de esta gestión sino antes que nada para el país, Calderón se ha comportado como si quisiera ser etiquetado como un mal presidente.

El gobierno bajo su conducción ha tomado determinaciones económicas desafortunadas, como con atingencia recordó el premio Nobel Joseph Stiglitz, al cuestionar indecisiones como las que han dejado prácticamente sin regulación al poderoso y en muchos sentidos impune sistema financiero que se encuentra en manos privadas. La respuesta gubernamental fue torpe y simplista. Algún secretario de Estado mandó al premiado economista a que se pusiera a estudiar. El presidente mismo, quiso minimizar esas críticas. En materia económica, igual que en otras asignaturas, Calderón y sus colaboradores más cercanos han querido ser indiferentes a las voces críticas que le sugieren cambios drásticos tanto en la política económica como en otras áreas de la vida pública.

La indiferencia del gobierno a posturas que no coinciden con su rigidez conceptual ni con las estrechas miras con las que está adoptando decisiones, coincide con la prematura ambición para “no pasar como un presidente más”. A todo gobernante le interesa el sitio que ocupará en la memoria de sus gobernados. Pero a Calderón se le olvida que la mejor (realmente la única) manera de construir su propia historia, consiste en tomar decisiones atinadas… sin temer las consecuencias presentes o históricas que puedan tener.

Un gobernante con presencia en el destino de un país tiene que ser un estadista. Y no hay visión de Estado cuando las perspectivas de los gobernantes se agotan en el calendario de un solo año, o cuando están hipotecadas a los indicadores de popularidad en las encuestas o a los aplausos efímeros y siempre interesados de los consorcios comunicacionales.

El presidente Calderón no ha podido o no ha querido entender que, más allá del juicio del futuro, tiene responsabilidades que no está cumpliendo hoy por querer congraciarse con los poderes fácticos que constituyen los conglomerados empresariales, entre ellos los que negocian con la comunicación social.

Cuando, en semanas recientes, manifestó la molestia que le causan la evasión y la simulación fiscales de algunas de tales empresas, Calderón confirmó que no ignora la existencia, ni las consecuencias de esos comportamientos corporativos. Pero cuando ese reclamo ciertamente estruendoso se quedó en el plano simplemente retórico y tanto el presidente de la República como su partido político y sus aliados aprobaron reglas fiscales que siguen admitiendo muchos de los incumplimientos empresariales en el pago de impuestos y que, sobre todo, no modificaron el esquema de recaudación que elude gravar el ingreso y apunta fundamentalmente al consumo, Calderón y los suyos siguieron siendo cómplices de los abusos que él mismo denuncia.

Por eso los compromisos del presidente para combatir la pobreza y emprender un esfuerzo realmente significativo en esa línea durante la inminente segunda mitad de su gobierno, suscitan más dudas que adhesiones. No podría ser de otra manera, cuando a la enjundia retórica del presidente le siguen faltando proyectos precisos y, sobre todo, decisiones prácticas. Es muy pertinente, plausible incluso, que el presidente Calderón afirme que “la superación de la pobreza es el mayor reto de nuestra generación y constituye ahora la primera prioridad del gobierno federal”, como dijo el miércoles 25 de noviembre en un encuentro, precisamente, sobre la pobreza extrema. Pero cuando anuncia que “es hora de enderezar el rumbo social del país y ofrecer y comprometernos a soluciones de fondo, radicales, para combatir la pobreza y la desigualdad”, para los ciudadanos es tiempo de exigir algo más que discursos y palabras. Hace falta que el presidente diga y, sobre todo, haga para remediar la desigualdad social. Y al licenciado Calderón, lamentablemente, le cuesta enorme trabajo pasar del dicho, al hecho.

Publicado en eje central

La crítica mediática se solazó durante el extendido fin de semana en la peculiar concepción del tiempo elástico que auspiciaban los diputados. Agotado el plazo constitucional, aunque el reloj del mundo real marcaba las 12, la una, las tres como en aquella celebrada y sabinesca interpretación, el cronómetro en San Lázaro quedó trabado en el 15 de noviembre. Nada hay de extraordinario en ese recurso parlamentario para, habiendo iniciado a tiempo la sesión, prorrogarla durante varios días para que pueda decirse que el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobó en la asamblea del día 15. Lo extravagante es la facilidad con que esas prácticas se vuelven habituales. Los legisladores ofrecen al resto de la sociedad una lección de simulación reglamentaria, para que el marco jurídico sea solamente parapeto de sus decisiones.

A las manecillas del reloj de San Lázaro hubiera sido pertinente detenerlas a fin de que los diputados tomaran acuerdos con un sentido auténticamente nacional. Las grandes decisiones, a veces requieren de procedimientos infrecuentes. Si los legisladores que en los días anteriores forzaron los plazos constitucionales hubieran empleado ese tiempo extra para reorientar la economía del país, reconstruir de manera drástica los criterios que definen el empleo de los recursos fiscales y para trasladar dinero de una partida a otra con propósitos realmente trascendentes, a nadie le inquietarían minucias como la elasticidad de las horas en el Palacio Legislativo.

Motivos para un cambio contundente en la estructura del gasto público, no faltan en el panorama de estos días. Más pobres en peores condiciones, menos empleos en una economía estancada, exigencias mayúsculas por parte de un sistema de salud rezagado y de un entramado educacional anclado en el pasado… hay abundantes requerimientos para que los recursos fiscales sean eje de una política social extensa e intensa, así como de un desarrollo económico distinto. Pero la muy limitada reforma fiscal que ellos mismos aprobaron, junto con los senadores, conformó un contexto de auto restricciones para los diputados. Y además los grupos parlamentarios, especialmente el mayoritario, no quisieron tomar decisiones pensando en el país, ni en el futuro, sino únicamente en sus estrechos intereses políticos y de corto plazo.

Precisamente cuando la situación nacional y global les exigía elevar la mirada, los diputados del PRI apenas acertaron a contemplarse los cordones de los zapatos. El tema de discusión más relevante en los días recientes no fue de qué manera destinar recursos al combate a la pobreza, o a empujar el crecimiento, sino cómo transferir a los gobernadores dinero y decisiones que hasta ahora recaían en la presidencia de la República. Habrá quienes consideren que en esas reasignaciones hay una expresión de federalismo hacendario, pero antes que nada se trata de un cuantioso y ostentoso tráfico de recursos e intereses con propósitos de clientelismo político.

A los gobernadores, que movieron hilos e intereses de los diputados de sus estados para obtener ese triunfo, les interesa manejar directamente programas de asistencia social que hasta ahora podían ser administrados al margen de los intereses locales. Y no se trata únicamente de más dinero bajo el control de cada estado. Además, la fiscalización sobre esos recursos se debilita y crecen las posibilidades de que sean utilizados sin transparencia ni rendición de cuentas. El Presupuesto de Egresos para 2010 es un retroceso no solamente por la reducción de partidas importantes sino, antes que nada, por los criterios partidarios y clientelares que animaron su negociación.

No se aprobaron reducciones drásticas como las que se temían para la educación superior, pero tampoco hay un gasto público esencialmente distinto al que hasta ahora hemos tenido. Los diputados se dieron tiempo para repartir sanciones y premios: menos dinero al IFE porque pese a que los cambiaron recientemente allí todavía hay consejeros y funcionarios respondones, pero cero reducción al Tribunal Electoral que ha sido tan aquiescente con los intereses del PRI y de las televisoras. Como ese, hay otros casos del empleo politizado del presupuesto federal.

Los priistas encabezaron esos cambios, pero supieron incorporar a ellos a panistas y perredistas. La aprobación con 437 votos que amalgamó a diputados de todos los partidos (con 25 solitarios votos de algunos perredistas y del PT) expresa un importante consenso parlamentario… para que todo siga, fundamentalmente, igual. Es decir, peor.

Varios días seguidos, antes de la aprobación del paquete fiscal, el presidente Calderón despotricó contra los empresarios más poderosos. Los acusó de evadir impuestos, mencionó porcentajes ominosos aunque jamás precisó nombres, habló de evasiones multimillonarias y contrastó el incumplimiento de esos acaudalados personajes con el pago puntual que tienen que hacer los contribuyentes cautivos.

Esos cuestionamientos respecto del gran capital parecían indicar un viraje. Los ardides de las corporaciones más poderosas para pagar menos impuestos y que con frecuencia aprovechan lagunas o privilegios expresos en las normas fiscales, han sido bien conocidos. Pero que el presidente de la República hiciera suyas esas denuncias, informando que los corporativos más relevantes únicamente trasladan al fisco el 1.7% de sus ganancias, lo colocaba en un terreno políticamente equidistante respecto de los jeques patronales.

Habiendo reconocido –al fin– que la pobreza constituye el problema de mayor gravedad entre la constelación de dificultades que le ha tocado enfrentar, el presidente tropezó con el dique de la intransigencia empresarial cuando propuso leves incrementos a diversos impuestos y nuevas reglas para atemperar la consolidación fiscal –esa práctica de las corporaciones que trasladan a algunas de sus empresas débiles las ganancias de los negocios prósperos de tal manera que, compensando ingresos y egresos, terminan casi por no pagar impuestos–.

Tal constatación del egoísmo empresarial, más dolida que indignada, se asemejaba a los distanciamientos que han tenido otros presidentes que se han dicho traicionados por el poder patronal después de haber contemporizado con él.

Luis Echeverría sorprendió al país expropiando latifundios en el norte del país, para luego padecer una campaña de desestabilización que incluyó rumores de un golpe de Estado. José López Portillo constató, también en las postrimerías de su gobierno, que la especulación había mermado unas finanzas nacionales por añadidura lastimadas por el dispendio y la falta de política industrial durante su gobierno. Miguel de la Madrid no pudo ocultar desencuentros con los empresarios más notorios cuando estableció los Pactos de Estabilidad con los que pretendía normalizar las aflicciones de la economía.

Con Carlos Salinas hubo una tensa calma, asegurada en parte gracias al respaldo gubernamental a Carlos Slim y algún otro empresario, pero los programas sociales como Solidaridad suscitaron frecuentes inconformidades en ese gremio. A Ernesto Zedillo le tocó paliar con una crisis que primero contuvo pero luego, con instrumentos como el Fobaproa, se desató la ambición de algunos de los empresarios más voraces.

De alguna manera, todos esos presidentes de la era del PRI compartieron la irritación del general Lázaro Cárdenas cuando, en 1936, les dijo a los industriales que mantenían un paro patronal en Monterrey que quienes se sintieran fatigados podían entregarle sus empresas al gobierno.

El presidente Calderón no comparte la matriz ideológica de aquellos gobernantes priistas pero tampoco podía decirse, hasta hace unas cuantas semanas, que estuviera gobernando de manera expresamente favorable a los intereses empresariales.

Los reproches que manifestó en los últimos días de octubre tendrían que haberse traducido en la construcción de nuevas alianzas con otros sectores de la sociedad. Pero un par de días más tarde, Calderón dio reversa cuando aclaró que casi todos los empresarios pagan impuestos y que no es momento de confrontaciones: no ofreció disculpas simplemente porque los destinatarios de  ese discurso de reconciliación no se lo exigieron.

De esos nuevos dichos, pasó a los hechos con una diligencia que no ha tenido con otros interlocutores sociales. Cuando el Senado discutió la exención fiscal por 5700 millones de pesos a las empresas que obtendrán nuevas concesiones de telefonía celular el presidente Calderón promovió, personalmente, el voto de los legisladores de su partido para asegurar ese privilegio –que beneficiará especialmente al consorcio televisivo de Emilio Azcárraga­–.

Esa exención no fue propuesta por el gobierno, sino por el PRI. La oposición del PAN y el PRD habría permitido atajarla en el Senado. Pero de repente, el presidente Calderón se convirtió en cabildero de Televisa. Tanto para nada.

Publicado en emeequis

Varios senadores de Acción Nacional se inconformaron con el epíteto que anticipadamente les endosó Pablo Gómez Álvarez a quienes virarían en beneficio de Televisa.

Esa fue la calificación que merecieron algunos de los 66 senadores, de casi todos los partidos, que aprobaron el artículo primero transitorio de la Ley Federal de Derechos. Como se ha explicado, esa disposición exenta del pago de derechos por dos años a las empresas que resulten beneficiadas con la concesión para utilizar dos nuevas bandas para telefonía celular.

Cuantificada en 5726 millones de pesos, la exención beneficiará al consorcio Televisa cuyos directivos han reconocido estar interesados en explotar esos valiosos segmentos del espacio radioeléctrico para incursionar en el negocio de la telefonía celular. No en balde, durante los días recientes empleados de Televisa desplegaron una activa labor de presiones y cabildeo para modificar el voto de algunos de los senadores que habían rechazado tal exención.

Cualquiera que fuese el destinatario de esa dispensa fiscal, se trata de una decisión harto cuestionable y que no tiene sustento económico, ni técnico. El único o el principal motivo que llevó a la mayoría de los legisladores del PAN y a prácticamente todos los del PRI a respaldar esa exención, primero en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado, es la gana para congraciarse con Televisa.

El Senado había manifestado una actitud distinta cinco días antes, la mañana del sábado 31 de octubre, cuando 58 de sus integrantes rechazaron la exención en ese pago de derechos, en tanto que 49 la respaldaron. En la votación de este jueves 5 de noviembre, al menos 15 senadores cambiaron de parecer y se sumaron los votos, además, de varios que no estaban presentes en la primera ocasión.

A esos legisladores que cambiaron su voto sin explicar tal mudanza el senador Pablo Gómez, con toda propiedad, les llamó “rajones”: “Como en este país los poderes oligárquicos sustituyen con una reciente rapidez a los poderes representativos del Estado, pues cualquier poder oligárquico convierte a la bancada más picuda, a la del gobierno, en un montón de rajones que no aguantan la requisitoria de un monopolio, estrictamente hablando, un duopolio. Así está todo México, ya veremos cuándo estalla”, dijo ese senador por el PRD.

Gómez se negó a retirar ese calificativo cuando el senador panista Ángel Alonso Díaz Caneja le pidió que se desdijera. Más tarde, el también panista Jorge Ocejo Moreno se inconformó explicando: “La expresión rajones en el lenguaje y en la realidad de nuestro país es una palabra que se dice en forma injuriosa al individuo que no cumple un pacto y entonces se le injuria  diciéndole: ‘oye no cumpliste’, sino se le dice: ‘rajón’. Y eso  es una injuria”. Tampoco así convenció al senador Gómez.

Tanto Alonso como Ocejo, votaron el sábado por cancelar la exención fiscal a Televisa. El primero de  ellos modificó su voto. El otro, lo mantuvo.

Ayer jueves hubo rajones en varios partidos, incluso en el que forma filas el senador Pablo Gómez.

Doce senadores del PAN que el sábado votaron contra la exención fiscal, ayer viraron su decisión para apoyarla. Se trata de los senadores Ángel Alonso Díaz Caneja, Humberto Andrade Quezada, Javier Castelo Parada, Blanca Díaz Delgado, Fernando Elizondo Barragán, José González Morfín, Emma Lucía Larios Gaxiola, Gustavo Madero Muñoz, Ramón Muñoz Gutiérrez, Adrián Pérez Rivera, Gabriela Ruiz del Rincón y Ricardo Torres Origel.

Pero no fueron los únicos. También cambiaron  su voto, de esa manera, Dante Delgado y Eugenio Govea, del Partido Convergencia. Otros cuatro senadores de ese partido, que se ausentaron de la votación del sábado, se definieron ayer a favor de la exención a Televisa. Se trata de Francisco Berganza, Gabino Cué, José Luis Lobato y Luis Maldonado Venegas.

Y en las filas del PRD, hubo una deserción. René Arce, que el sábado votó contra le exención, ayer se abstuvo. Cinco días antes, 18 senadores perredistas formaron parte del bloque contra la exención. Ayer fueron solamente 13. Hubo, de una manera u otra, quienes se abstuvieron de abstenerse.

Por otra parte dos senadores del PAN que inicialmente respaldaron la exención fiscal, ayer votaron contra ella. Se trata de Jaime Rafael Díaz Ochoa y Eduardo Nava Bolaños.

En total, 66 senadores avalaron la dispensa fiscal, 38 se opusieron a ella y 3 se abstuvieron.

Quienes respaldaron la exención, no adujeron una sola razón para ello. Sí presentaron argumentos, en cambio, el ya mencionado Gómez Álvarez y el senador panista Ricardo García Cervantes, opuestos ambos al obsequio de 5726 millones de pesos.

No hay justificación alguna para que Televisa –y/o las empresas que ganen la licitación para las nuevas bandas de radiocomunicación– dejen de pagar los derechos que establece la ley cuando, al mismo tiempo, decenas de millones de mexicanos tendremos que pagar más impuestos. Rajón, se le dice “a una persona que incumple lo prometido”, precisa el indispensable Diccionario de la RAE. Así que se puede hablar de rajones, no por haber modificado una posición lo cual es de lo más legítimo en cualquier parlamento, sino por hacerlo sin explicar sus motivos y a favor de una posición inicua, que se contradice con el interés popular que esos legisladores presumen representar.

Publicado en eje central

Con un día de diferencia, Televisa tropezó y se repuso en el Congreso. La exención por 5726 millones de pesos establecida en la Ley Federal de Derechos para las empresas que reciban la concesión de dos nuevas bandas de telefonía celular, fue rechazada en las primeras horas del sábado por 58 votos a 50 en el Senado. La Cámara de Diputados, en la madrugada del domingo, enmendó esa decisión por 252 a 143 votos.

La moneda o, mejor dicho, la prebenda, está en el aire. El Senado tendrá que revisar nuevamente esa dispensa por la cual pugna Televisa. Aunque las bases para licitar las bandas de 1710 y 2110 Megahertz aún no son publicadas, es ampliamente sabido que estarían dedicadas a esa empresa. Los propios ejecutivos de ese consorcio reconocieron que están muy interesados en tales frecuencias que les permitirían incursionar en la telefonía inalámbrica de banda ancha.

Los lectores de esta columna conocieron la semana pasada la conformación y utilidad de las frecuencias por cuya explotación la Ley Federal de Derechos establece, en su artículo 244 – E, un pago de 5 mil 726 millones de pesos. El interés por asegurar la exención de ese pago, señalada en el multicitado artículo transitorio, desató en los días recientes una de las campañas de presiones más intensas que haya desplegado Televisa sobre la clase política mexicana.

A juzgar por los resultados, hasta ahora, el PRI se doblegó y se hizo partícipe de los intereses del consorcio mediático. El PAN, se dividió ante ellos y en la Cámara de Diputados la mayoría de los legisladores de ese partido votó contra la exención fiscal. El PRD ha mantenido un homogéneo rechazo a tales privilegios.

A los amagos que Televisa ejerce respecto de los legisladores, se les podría llamar cabildeo pero también chantaje. Esa empresa tiene derecho a pugnar por sus intereses, así sean tan contrarios al interés de la sociedad como cuando pretende que se le exima del pago de varios miles de millones de pesos mientras la mayoría de los contribuyentes en este país tendrá que destinar más recursos al pago de sus impuestos.

Sin embargo cuando, en busca del voto de senadores y diputados, Televisa ofrece tratamientos mediáticos preferenciales a quienes colaboren con ella, está lucrando doblemente con el espectro radioeléctrico que tiene concesionado para difundir señales de televisión pero que además aprovecha para gestionar favores políticos.

La columna de información política de eje central, en un recuento del tira y afloja en el Senado, reseñó el sábado: “Varios senadores, como Santiago Creel, recibieron amenazas políticas si rechazaba el transitorio del 244. Pero la presión más fuerte se dio una hora antes de que pasara a votación. Por una decisión del pleno de los senadores panistas, se había decidido que votarían en bloque en contra de ese transitorio, pero durante la intensidad del cabildeo, cuando menos un senador habló directamente con el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, quien le pidió que aprobara el dictamen. Al final de la votación se rechazó el transitorio, pero 12 panistas, incluido Ulises Ramírez, que fue coordinador de asesores del ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, se replegaron ante Televisa”.

Una presión similar experimentaron los diputados. La cancelación del contenido principal del artículo Primero Transitorio de la Ley Federal de Derechos formó parte de las enmiendas que, enviadas por el Senado la mañana del sábado 31 de octubre, la Cámara de Diputados tenía que desahogar ese mismo día. Aparentemente la primera decisión de los grupos parlamentarios fue avalar ese cambio. En el dictamen que elaboró y fue publicado el sábado 31 de octubre en la Gaceta Parlamentaria, la Comisión de Hacienda de esa Cámara estaba de acuerdo con la enmienda que hizo el Senado para eliminar la exención establecida en el transitorio. Unas horas después, sus integrantes cambiaron de opinión.

Durante la discusión en el pleno, la madrugada del domingo, se confrontaron la defensa del interés de la sociedad y la defensa de los privilegios para Televisa. Con abundantes argumentos, los opositores a la exención dijeron que no es admisible que a una empresa, cualquiera que sea, se le dispense el pago de derechos y menos aún por varios miles de millones de pesos. Con menos recursos argumentales, pero a la postre con más votos, los promotores de la exención repitieron que sería un recurso para “estimular” la inversión privada en telecomunicaciones.

El cuestionamiento a ese privilegio fiscal fue encabezado por el diputado Javier Corral Jurado, de Acción Nacional. Lo respaldaron José Narro del PRD, Jaime Cárdenas, del PT y Guillermo José Zavaleta, del PAN. La defensa del artículo transitorio, que establece la exención, la hicieron Alberto Cano Vélez y Roberto Gil Zuarth. El primero, es el priista sonorense que propuso el Artículo 244 – E junto con la discutida dispensa fiscal y cuya cercanía con Manlio Fabio Beltrones, el líder de ese partido en el Senado, no ha sido un secreto. Roberto Gil ha defendido notoriamente los puntos de vista empresariales en el grupo parlamentario del PAN.

La votación, realizada pocos minutos antes de las 4 de la mañana, refrendó por mayoría el respaldo que la propia Cámara de Diputados había otorgado días antes a la exención que podrá beneficiar a Televisa. El PRI votó casi en bloque a favor de esa postura: 180 diputados estuvieron contra la reforma del Senado, 4 en contra y 11 se abstuvieron.

Tampoco fue una sorpresa la votación unánime del PRD, el PT y Convergencia a favor de la reforma aprobada por los senadores –es decir, contra la millonaria exención–. Ni el respaldo igualmente homogéneo del Partido Verde y de Nueva Alianza a los intereses del consorcio mediático.

Pero la votación de los diputados del PAN indica el disgusto de muchos legisladores en ese partido en contra de las adhesiones forzosas y las decisiones incómodas que sus dirigentes les han apremiado para que compartan. 68 legisladores panistas votaron por la reforma senatorial (es decir, contra la franquicia fiscal), 14 se abstuvieron y 47, entre ellos la coordinadora Josefina Vázquez y el dirigente nacional César Nava­, respaldaron el artículo transitorio que con tanto ahínco, y esa madrugada con éxito, defendió Televisa.

Publicado en eje central

Ha sido sorprendente, e incluso inexplicable, el silencio de las revistas ante la posibilidad de que sea cancelada la publicidad del gobierno federal para esos medios de comunicación. Pareciera que no lo quieren creer y que sus editores reaccionan negando un hecho tan avasallador que prefieren ignorar. O quizá muchos de ellos confían negociar, cada uno por su parte, condiciones de excepción que les permitan sortear el brete en el que las coloca la decisión de la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

También podría ocurrir que esa decisión no sea del todo firme y que la versión publicada por la revista etcétera en su edición de octubre, no fuese más que un buscapiés de Los Pinos para evaluar la reacción de editores y lectores. Esa versión dio cuenta de las instrucciones recibidas por varios jefes de prensa, en al menos ocho secretarías de Estado, para cancelar la contratación de publicidad en revistas.

La suspensión de la presencia pagada del gobierno en las revistas se debe, aparentemente, a los apremios financieros de la administración pública. Sin embargo la Presidencia, desde donde se organiza el gasto publicitario de las dependencias gubernamentales, estaría emprendiendo ahorros en el extremo más débil, y financieramente menos significativo, del ciertamente cuantioso desembolso que hace en medios de comunicación de toda índole.

De acuerdo con datos de la misma etcétera, para 2009 el gobierno federal presupuestó una erogación publicitaria de 3 mil 704 millones de pesos. Solamente 89 de esos millones de pesos estaban previstos para ser gastados en revistas. Pero la mitad de esos más de 3700 millones de pesos, fue destinada a la televisión y la radio privadas, especialmente a Televisa y Televisión Azteca.

La contratación de publicidad ha sido un instrumento de doble filo en la perversa relación entre el gobierno y los medios en este país. Con las inserciones que paga en ellos, el poder político busca la complacencia de medios tanto impresos como electrónicos.

Centenares de diarios y revistas, en todo el país, dependen mucho más de la publicidad de origen estatal que de inserciones comerciales o de la venta de ejemplares. En muchos casos se trata de una prensa sin lectores, a la que no le interesa llegar al público porque su única motivación radica en facturar publicidad que será pagada con recursos fiscales.

El gobierno federal pero también los gobiernos de los estados, los municipios más importantes, los poderes Legislativo y Judicial, así como organismos como las comisiones de derechos humanos y las principales universidades públicas, gastan recursos anunciándose en medios de todo tipo. Los funcionarios a cargo de esas dependencias e instituciones, suelen dilapidar recursos públicos para comunicarle a la sociedad que están cumpliendo el trabajo para el cual fueron designados.

Pero la publicidad oficial también sirve para sostener publicaciones que de otra manera no existirían, o que lo harían en condiciones mucho más precarias. Prácticamente no hay revista de contenido político y/o cultural que pudiera subsistir si no fuese por la publicidad oficial.

Hace un par de semanas, el 63% de las inserciones publicitarias que aparecieron en Proceso era de origen estatal. En esa estimación incluimos anuncios de gobiernos federal, estatales y de diversos organismos e instituciones públicas.

En sus ediciones de octubre, la revista Nexos tenía un 70% de publicidad estatal y Letras Libres, el 49%.

Si el gobierno quiere ahorrar, podría comenzar por cancelar la publicidad en televisión y radio, medios en los cuales dispone de varios minutos al día para difundir sus mensajes. Y si quisiera modificar en serio el tráfico de intereses y la relación malévola con los medios propiciados por el gasto publicitario, podría cancelar toda compra de espacios de promoción oficial en todos los medios de comunicación.

Para que esa decisión no implicara la desaparición de medios social, periodística y culturalmente necesarios como las revistas mencionadas y otras más, podría haber una política de ayudas a la prensa similar a la que existe en varios países europeos. Una comisión independiente podría asignar recursos públicos no para comprar publicidad sino para que, apoyando al periodismo de calidad, el Estado cumpliera su responsabilidad de auspiciar la difusión de contenidos útiles a la información y la educación de la sociedad.

Publicado en emeequis

Anoche, varios miles de usuarios mexicanos de Internet comenzaban a festejar el posible rechazo del Senado al impuesto del 3% a las telecomunicaciones. Se trataba apenas de las posiciones manifestadas por PRD y PRI en las comisiones que revisan los documentos de política fiscal que les envió la Cámara de Diputados. Pero esas declaraciones iniciales, la necesidad que tienen los senadores para modificar aunque sea parcialmente los impopulares nuevos impuestos y la simpatía que despertó el movimiento de usuarios de Internet, permitían sostener tal conjetura.

El impuesto a las telecomunicaciones no movilizó a los usuarios de telefonía fija o celular, ni a los suscriptores de televisión por cable a quienes, de ser aprobado, ese impuesto afectará con el mismo porcentaje. Fue en la Red de redes –específicamente en Twitter, ese sitio habilitado para el intercambio de mensajes cortos y contundentes que se ha puesto de moda desde hace un par de años– en donde rápidamente prendió el descontento contra ese gravamen. Quizá por ello el impuesto sea cancelado para Internet, aunque podría mantenerse en otros servicios de telecomunicaciones.

Los seguidores del movimiento #internetnecesario se expresaron con eficacia, claridad y contundencia, aunque varias de sus premisas resultaran equívocas. El impuesto, previsto en la iniciativa del gobierno para ser del 4%, no hubiera detenido significativamente el desarrollo de Internet, ni habría desalentado a quienes hoy en día pagan por conectarse a la Red.

Pero no fue en las matemáticas, sino el corazón, en donde estuvo el motor de ese movimiento ciudadano.

En el ánimo de esos internautas enojados influyeron tres factores. En primer lugar, la sensación de que además de muchas otras e injustas cargas fiscales, el poder político se entremetía para encarecer un territorio libre, abierto y en muchos sentidos noble como es el de la Red de redes.

En segundo término, la defensa de Internet fue el catalizador para el descontento que, por otros y muy variados motivos, tienen muchos de esos internautas en contra del poder y las instituciones políticas. Los improperios a los legisladores con los que fueron aderezados muchos de sus mensajes dan cuenta de ese ánimo contestatario, de clara desafección respecto de la política.

En tercer lugar, la molestia contra el impuesto fue alimentada por las empresas de telecomunicaciones que, más por motivos ideológicos que financieros, alegaron que dicha industria quedaría paralizada, o casi, debido a la nueva carga fiscal.

En todo caso la convicción que desplegaron en defensa de un instrumento que consideran suyo y del cual, en efecto, se han apropiado con provecho cívico; la eficaz promoción de sus inquietudes que llegó en decenas de miles de mensajes y luego presencialmente hasta las oficinas de los legisladores; la originalidad y el carácter desinteresado de su protesta, les permitió a impulsores y seguidores de ese movimiento obtener un triunfo al menos inicial.

Sea cual sea el desenlace de este episodio, lo más importante ha sido la reivindicación de Internet como un bien público. Para que lograr y afianzar esa cualidad, sería pertinente que #internetnecesario se preocupara por algo más que los impuestos.

El problema esencial que mantiene estancado al servicio de Internet en México, es la ausencia de una política pública para respaldar, extender y garantizar lo mismo conexiones de calidad, que la dotación de equipos y la capacitación suficientes. En este país, el Estado ha dejado el desarrollo de Internet al garete del interés empresarial.

En México, como hemos insistido hace ya buen rato, las tarifas de conexión a Internet son de las más altas y la velocidad de los enlaces de las más lentas, tanto entre los países de la OCDE como en América Latina. Padecemos precios caros y enlaces malos, debido a la falta de competencia para proveernos de ese servicio pero, antes que nada, a causa de la intencional omisión del Estado para ocuparse de tales asuntos.

La semana pasada, el gobierno de Brasil anunció que invertirá 5740 millones de dólares para, en asociación con varias empresas, llevar Internet de banda ancha a todo ese país. En plena crisis global, los brasileños se dan espacio y recursos para ofrecer Internet rápida y para todos.

En México, lejos de fomentar telecomunicaciones para la sociedad se favorece el negocio de las grandes corporaciones. Entre las disposiciones a consideración del Senado se encuentra la exención por 5726 millones de pesos a la o las empresas que serán beneficiadas con la licitación de nuevos segmentos del espectro radioeléctrico en los cuales se transmitirán señales de telefonía celular e Internet.

Esos son asuntos que podrían interesar a quienes han desplegado un creativo entusiasmo al destacar a Internet como un recurso necesario.

Publicado en eje central

La casi monolítica unidad de la Cámara de Diputados para aprobar las nuevas disposiciones fiscales, se rompió cuando varias docenas de legisladores del PRI y el PAN se opusieron a una disposición que presuntamente beneficiará a Televisa.

17 diputados del PRI y 33 del PAN votaron en contra del artículo 244 – E, así como del primer transitorio de la Ley Federal de Derechos que permitirá que la empresa que resulte beneficiaria de una nueva concesión para servicios digitales inalámbricos difiera por varios años el pago de los derechos por esa licencia.

Cuando esa disposición fue votada, ya avanzada la madrugada del miércoles 21 de octubre, otros 10 diputados del PRI y 14 del PAN se abstuvieron. De esa manera, se sumaron al desacuerdo con esos artículos.

El resto de los votos en contra fueron 62 del PRD, 1 del PVEM, 8 del PT, 5 de Nueva Alianza y 3 de Convergencia, para sumar 129. Una decena de diputados más, que había estado presente en la votación anterior pocos minutos antes, se ausentó del salón de sesiones. Con esos datos se puede decir que al menos la cuarta parte de los legisladores, en una infrecuente coincidencia multipartidaria, tuvo una posición adversa a la reforma al 244 – E. Vale la pena revisar de qué se trata esa dispensa fiscal.

Dentro de pocas semanas, la Comisión Federal de Telecomunicaciones pondrá a licitación dos segmentos del espectro radioeléctrico en los que podrán difundirse señales de telefonía celular. Se trata de las frecuencias que van de los 1710 a los 1770 Megahertz (o, en otros términos, de 1.7 Gigahertz) y de los 2110 (o 2.1 Ghz) a los 2170 Megahertz.

La importancia de esas bandas es tal que en mayo pasado, cuando anunció su licitación, la Cofetel estimó: “En el caso específico de la banda 1.7 GHz, los concursos se diseñaron para promover la entrada de al menos un nuevo competidor a nivel nacional en el mercado, ofertando para tal efecto un ancho de banda suficiente (40 MHz) para desplegar una red técnica y económicamente competitiva”.

Esas frecuencias servirán para crear una nueva red nacional de telefonía celular en la cual podrán propagarse, además, señales de otros servicios digitales. Se trata, en otras palabras, de crear un competidor de las dimensiones de Telcel.

La capacidad para crear una red telefónica celular de alcance nacional no está en las manos de cualquier firma. Por eso diversos comentaristas han estimado que la única empresa interesada en esas frecuencias es Televisa. En julio pasado el profesor Gabriel Sosa Plata, especialista en telecomunicaciones, consideró:

“Este nuevo competidor será, por lo visto, Televisa. No hay que tener una gran imaginación para llegar a esa conclusión. De hecho, hay quienes aseguran que las bases fueron preparadas ex profeso para ese ‘concursante’ y el ‘convidado’, obvio, ya se prepara para el reparto del apetitoso pastel. Una nota difundida por Reuters el 11 de junio lo confirma: ‘Televisa podría lanzar su propia red de telefonía inalámbrica en México’ y se encuentra lista para participar en la licitación de espectro, así como de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad”.

Si Televisa es beneficiaria o no de esa concesión, dependerá de las bases para esa licitación y de la decisión de la Cofetel y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero independientemente de a qué empresa le sea adjudicada la prerrogativa de usufructuar esas bandas, resulta desmedido el favor anticipado que le hicieron los diputados.

La utilización de tales frecuencias requiere del pago de derechos, que no son pocos porque se trata de segmentos del espacio radioeléctrico que son muy disputados. El multialudido artículo 244-E establece el mecanismo para calcular el monto de esos derechos. Por cada una de las bandas mencionadas, el beneficiario de la licitación tendría que pagar, utilizándolas en todo el país, 1909 millones de pesos anuales.

La cifra es, exactamente, 1908 millones 877 mil 800 pesos.

Y allí se encuentra la cuantiosa facilidad que acordaron los diputados. El Transitorio Primero de la Ley Federal de Derechos indica que la obligación para hacer esos pagos tendrá vigencia a partir de 2012 o  de 2013, dependiendo de la fecha en que sean otorgadas. El mismo artículo estima que eso ocurrirá a fines de 2010.

Es decir, el mencionado artículo transitorio dispensa entre uno y dos años el pago de 1909 millones de pesos anuales por cada uno de los dos paquetes de 60 megahertz que serán licitados.

Esa decisión, significa para la o las empresas beneficiarias de tales licitaciones un ahorro de entre 3 mil 818 y 7636 millones de pesos, dependiendo del momento en que sean asignadas las frecuencias.

Durante la atormentada sesión la madrugada del miércoles, los diputados José Narro Céspedes del PRD y Javier Corral Jurado de Acción Nacional, se manifestaron contra esa escandalosa exención. Se trata “prácticamente es un robo a la nación, porque éste es un bien de los mexicanos”, dijo Narro. “Nadie se engañe, este artículo tiene un destinatario que es la empresa de televisión Televisa, la única empresa que hasta ahora ha mostrado interés por la licitación de dos redes nacionales de 30 megahertz cada una en el espectro radioeléctrico para servicios móviles incluida la telefonía”, precisó Corral.

La oposición de esos legisladores a la dispensa fiscal multi millonaria no fue sorpresiva. Pero quizá sí lo fue el respaldo que encontró en legisladores de todos los partidos.

A favor de la Ley Federal de Derechos habían votado 403 diputados a favor, 39 en contra y 15 se abstuvieron.

Pero los artículos impugnados por Corral y Narro tuvieron únicamente 294 votos a favor, 129 en contra y hubo 24 abstenciones.

Entre 17 los diputados del PRI que rechazaron con su voto esa excepción tributaria se encuentran Miguel Ángel García Granados, Héctor Ramírez Puga, César Augusto Santiago y José Francisco Yunes. Entre los 33 panistas, además del mencionado Corral votaron en contra Pablo Escobar, Laura Elena Estrada, Gastón Luken, Marcos Pérez Esquer y Marcela Torres Peimbert.

Otra legisladora que se manifestó en contra, solitaria en ese voto dentro del Partido Verde, fue la diputada Ninfa Clara Salinas Sada, cuya identificación con TV Azteca la llevó a considerar que no se vale un favorcito tan multi millonario que puede beneficiar a Televisa.

Publicado en eje central.

Este mes, tuve que pagar 989 pesos por la cuenta del teléfono celular. Ese pago  subió algo más que de costumbre debido a las llamadas de larga distancia que hice en un viaje reciente. En casa, donde suelo trabajar y por eso el teléfono y la conexión a Internet que viene contratada junto con él me resultan indispensables, pagué 1926 pesos, IVA incluido. El servicio de televisión por cable me cuesta 869 pesos al mes. Además estoy suscrito a un paquete de mediano costo de la televisión satelital, gracias al cual puedo ver los partidos de futbol de la liga española, que cuesta 437 pesos.

En total, por esos cuatro servicios de telecomunicaciones este mes pagué 4221 pesos.

Si hoy existiera el impuesto del 4% a los servicios de esa índole que ha propuesto el gobierno federal y que escandaliza a personajes de adscripciones significativamente muy variadas, mi pago mensual no variaría de manera sustancial. El 4% por el teléfono celular que utilicé el mes pasado significaría un incremento de 34.48 pesos (calculados a partir del costo del servicio, antes del IVA que ya pago hoy en día). Los servicios telefónicos y de Internet que tengo en casa habrían costado 66.99 pesos más. La renta de Cablevisión, aumentaría 30.23 pesos. La de Sky, 15.32 pesos.

En total, en vez de 4221 pesos este mes tendría que estar pagando 4368. Se trataría de un incremento de 147 pesos que desde luego preferiría gastar en otra cosa pero que no son de tales dimensiones que desmantelen mi presupuesto. Ese aumento fiscal tampoco me llevaría a prescindir de alguno de tales servicios. Además, si existiera una rendición de cuentas clara y oportuna acerca del uso que se da a nuestros impuestos, posiblemente me daría gusto saber que ese pequeño incremento fiscal es útil para respaldar la política social del Estado, en caso que ese fuera el destino que tuvieran aumentos como los que ahora se están discutiendo.

Sin embargo, el aumento de 4% a las tarifas de los servicios de telecomunicaciones ha sido presentado por muchos de sus críticos como un atentado al desarrollo de la telefonía, la televisión e incluso al derecho de información de los mexicanos. Hay quien ha anticipado que ese aumento fiscal será el camino para “Matar el Internet”.

Algunas de las coaliciones empresariales relacionadas con ese ramo, han exclamado “No al impuesto a la comunicación” en un documento que considera ese gravamen como una “medida regresiva”. Entre otros problemas, esas organizaciones sostienen que el 4% de incremento fiscal “encarece la competitividad”, “retrasa la modernización tecnológica”, “amplía la brecha digital”, “desincentiva la inversión de nuevos oferentes (sic) del servicio en el país” y “complica la capacidad para generar y conservar los empleos”. Hay, incluso, quienes consideran que el nuevo impuesto provocaría un incremento de precios de los servicios de telecomunicaciones.

Detrás de todo ese bullicio hay mucha ideología, poca reflexión y escasos números. Cualquier aumento de impuestos significa una carga para quienes lo tienen que sufragar. En este caso, se trataría de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones. Las empresas de telefonía, los proveedores de Internet o las compañías que conducen señales de televisión, no tendrían que pagar ese impuesto. Así que no hay asidero a suposiciones como las que señalan que los precios se elevarían, o que aumentaría el desempleo en el sector de las telecomunicaciones.

Desde luego, si algunas de esas empresas aprovechan la ocasión para aumentar sus precios con pretexto del incremento fiscal, entonces sí estaríamos ante una escalada de costos con perjuicios quizá impredecibles.

Resulta bastante peregrino preocuparse por la competitividad o por la brecha digital, porque las limitaciones en ese campo no se deben a las cargas fiscales sino al mantenimiento de preferencias monopólicas y a la ausencia de auténticos proyectos nacionales para desarrollar la telefonía, Internet o la cobertura de la televisión de paga. En esos tres servicios, como hemos subrayado en otras ocasiones, los mexicanos padecemos cuotas extraordinariamente altas en comparación con las que hay en otros países.

Si los ciudadanos y organizaciones que hoy se alarman ante el posible impuesto del 4% estuvieran preocupados por la cobertura de las telecomunicaciones en la sociedad mexicana, podrían interesarse en exigir una estructura de precios menos onerosa para los usuarios, un servicio de mejor calidad y sobre todo una competencia auténtica. La telefonía en México y desde hace poco la posibilidad de conectarse a Internet, se encuentran fundamentalmente acaparadas por Telmex. Hay que reconocer que sin la empresa de Carlos Slim varios millones de mexicanos carecerían de acceso a la Red de redes, porque el gobierno federal desde hace al menos una década se ha rehusado a promover la diversificación de ese servicio. Pero la Internet que tenemos es de velocidades muy bajas y de precios muy altos en comparación con los que hay en otras naciones.

La televisión de paga, por otra parte, se encuentra copada por empresas propiedad de Televisa o afines a ella. En el transcurso de los meses recientes, las firmas que manejan la mayor parte de los contratos de televisión por cable han sido adquiridas por Televisa. Y, como es sabido, ese consorcio monopolizó el mercado de la televisión satelital hasta que, muy recientemente, comenzó a funcionar el sistema Dish de la empresa Multivisión.

Apoyar el mejoramiento de las telecomunicaciones, significaría respaldar una diversidad auténtica, con actores capaces de ofrecer servicios competitivos y políticas de Estado para abatir la renta de esos servicios. Si yo viviera en algún país europeo, por ejemplo, los servicios de telefonía celular, residencial, Internet y televisión por los que ahora pago más de 4200 pesos al mes, me costarían menos de la cuarta o la quinta parte.

Me gustaría escuchar a quienes ahora se inquietan por el impuesto del 4%, levantar la voz contra las altas tarifas que padecemos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en México. Allí, y no en la propuesta fiscal, se encuentran los problemas de ese sector.

El frente contra el impuesto a las telecomunicaciones ha sido respaldado con recursos amplios, como los que financiaron el desplegado que apareció en varios periódicos el martes 15 de septiembre. No es de extrañar que esas voces, que comparten un discurso, intereses y una perspectiva ideológica proclive al control de las corporaciones privadas sobre la economía, compartan dicha campaña. Un despacho de la agencia Bloomberg explicaba la semana pasada que el cabildeo contra el impuesto ha sido promovido por firmas como la corporación NII Holdings, operadora de Nextel en América Latina.

Pero llama o debiera llamar la atención el rechazo al 4% que proviene de sectores identificados con las izquierdas. La semana pasada, cinco senadores del Partido de la Revolución Democrática propusieron un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados rechace ese impuesto. Los senadores perredistas hacen suyas, una por una, las consideraciones de las empresas telefónicas, así como de los proveedores de televisión de paga.

No sé si las corporaciones telefónicas y televisivas que hoy claman contra el impuesto esperaban encontrar una adhesión tan incondicional y sorpresiva como la que les brindan esos senadores del PRD. Tampoco sé si esos legisladores entienden con qué intereses juegan cuando avalan de manera tan enfática las exigencias de tales consorcios. Lo que sí sé es que en otros sitios del mundo las izquierdas suelen favorecer los aumentos fiscales para respaldar la política social del Estado. Aquí, como en tantas otras cosas, marchamos al revés.

Publicado en eje central

Paliar la crisis, requiere de ideas y decisión. Las primeras, pueden encontrarse en documentos como el que elaboró un grupo de especialistas convocados por la Rectoría de la UNAM y cuyo diagnóstico sintetizamos en esta columna el lunes pasado. La capacidad para poner en práctica iniciativas como las que allí se esbozan, requiere de una voluntad compartida por fuerzas políticas y sociales muy variadas. La disposición del presidente Felipe Calderón, anunciada el 2 de septiembre, para resolver el estancamiento nacional en diez áreas de la economía, la sociedad y la política, tiene puntos de encuentro con el documento “México frente a la crisis. Hacia un nuevo curso de desarrollo”.

Si desde las cúpulas gubernamentales donde se han expresado elogios a la autocrítica y el talante propositivo del presidente Calderón hubiera ánimo receptivo para atender y entender la reflexión de los autores del mencionado documento, podrían construirse puentes a partir de ideas que serían útiles en la definición de acuerdos para la rehabilitación económica y social del país.

Una de las propuestas de los especialistas reunidos por la Universidad Nacional, es la creación de un Consejo Económico y Social cuya opinión sea atendida de manera obligatoria tanto por el Poder Legislativo como en la ejecución de las políticas públicas.

La reforma fiscal es reconocida como la más urgente y podría dar paso a iniciativas de auténtico dividendo social. Esa reforma tendría que incluir la decisión para que las utilidades de Petróleos Mexicanos se reinviertan en esa industria y solamente “en un segundo término en inversiones productivas, sociales y de infraestructura”.

Esa reforma fiscal tendría que buscar recursos de manera urgente y no habría de circunscribirse a cambios en un solo impuesto. “El ISR no debe ser sustituido, sino acentuarse su carácter progresivo e integral; ampliar los tramos de ingreso y elevar las tasas sobre los niveles existentes”. Los autores de la propuesta que glosamos aquí consideran que no es el momento adecuado para incrementar el IVA aunque sí para terminar con casos especiales relacionados con ese impuesto.

Sobre todo, se apunta allí, “una reforma fiscal integral debe examinar la oportunidad de introducir gravámenes a las ganancias de capital, establecer un impuesto patrimonial y gravar las transacciones financieras”.

El análisis difundido por la UNAM no hace explícitas las tasas que resultarían pertinentes para el Impuesto Sobre la Renta, ni los niveles a partir de los cuales tendría que ser más alto para que paguen más quienes más dinero tienen o reciben. Esa ausencia ofrece márgenes para la discusión, pero también constituye una omisión que aleja al documento del debate actual sobre los cambios específicos para reactivar la economía mexicana.

La contraparte de las políticas tributarias se encuentra, desde luego, en un ejercicio distinto del gasto público. A ese respecto, se proponen medidas como las siguientes: aumentar transparencia y reducir discrecionalidad del gasto, incrementar la inversión para infraestructura y “programas sociales de alto impacto, en especial salud, educación y ciencia y tecnología”, fortalecer las atribuciones del Poder Legislativo para auditar el gasto público, moderar sueldos de funcionarios públicos, “eliminar secretarías de Estado y programas redundantes” tanto en el gobierno federal como en otras áreas y niveles del Estado mexicano.

También se considera: “Debe reducirse de manera sustancial la contratación de tiempos y espacios de publicidad por parte de las diferentes instancias del sector público en los medios de comunicación”. Sin duda se trata de una sugerencia atendible. El gasto para la promoción de los funcionarios públicos no solamente está prohibido por la reforma constitucional de hace casi dos años sino, además, es una fuente de agravios cotidianos para los mexicanos más desprotegidos en materia de política social. Sin embargo, en ese tema los autores del documento se quedan cortos. ¿Por qué no pensar, si se trata de cambios en serio, en cancelar todo el gasto de cualquier instancia del Estado para la contratación de espacios y tiempos de propaganda oficial?

Algunas de esas medidas,  como se sabe, fueron anunciadas por el presidente Calderón de manera casi simultánea a la presentación, la semana pasada, del documento de los especialistas reunidos en la UNAM. Tales coincidencias ratifican la necesidad de que haya disposiciones no solamente simbólicas sino con efectos prácticos, e inmediatos, en las condiciones de vida de los mexicanos. Hacia allá apuntan otras propuestas del señalado documento.

La banca debería estar al servicio del desarrollo y no de la acumulación financiera en manos privadas. El Banco de México podría estar sujeto a un mandato “que lo obligue a considerar objetivos de crecimiento y empleo, y no solamente de inflación en la determinación de la política monetaria”.

Los autores de esa ambiciosa propuesta consideran que la nación debe recuperar “el control del sistema financiero para que responda a los objetivos del desarrollo nacional, así como fomentar la expansión de la banca mexicana”. Y hacen una denuncia, o un recordatorio, que tendría que ser imposible de soslayar: “debe atenderse la situación actual de Banamex que se encuentra en una situación de ilegalidad porque un gobierno extranjero es dueño de parte de sus acciones ordinarias”.

Una banca comercial dispuesta a otorgar crédito oportuno, suficiente y con intereses decorosos; los recursos de Afores y Sofoles canalizados a la inversión productiva; una banca de desarrollo en donde Nacional Financiera apuntale el crecimiento industrial, Financiera Rural en el campo, Banobras la infraestructura, Bancomext el comercio exterior y Federal Hipotecaria la vivienda, son elementos de esa propuesta para el sistema financiero.

También son puntuales los señalamientos en el campo de la política social. El documento en cuya elaboración participaron economistas como Carlos Tello Macías, Rolando Cordera, Jesús Silva Herzog y Ciro Murayama, considera que se debe y se puede crear un “sistema de seguridad social integrado, con un servicio único en salud”. Y explican: “La universalización de la salud y la seguridad social es una de las grandes reformas estructurales fundamentales para un nuevo curso de desarrollo económico con equidad”.

La propuesta para emprender una amplia reforma educativa y la creación de un seguro de desempleo, forman parte de los ejes para esa transformación profunda y posible de las políticas sociales. Se trataría de “un seguro, como el que ya cuentan países de desarrollo similar al nuestro, que otorgara, en promedio, dos salarios mínimos mensuales durante seis meses a un millón de mexicanos que podrían perder su empleo en una situación de crisis, costaría alrededor de 18 mil millones de pesos en un año. Esto representa menos del 0.2% del PIB y menos del 1% del gasto federal anual”.

De otra manera, tendremos más pobres, crecientemente pobres, en un país cruzado por desigualdades riesgosa e inicuamente contrastantes. Tomemos nota de realidades como la que significa el aumento de la desnutrición y el hambre en México, documentada a partir de estimaciones oficiales:

“Los mexicanos en pobreza alimentaria pasaron de 14.4 millones a 19.5 millones de personas entre 2006 y 2008 (de 13.8% a 18.2%), esto es, se han generado más de 5 millones de pobres extremos en sólo dos años. México se hace un país más desigual y también más pobre. En sentido estricto no hay una auténtica política social, sino un conjunto de programas superpuestos e inconexos”.

Publicado en eje central